Francisco Lucotti / Resumen Latinoamericano / 8 de abril de 2019
En Argentina presentaron un proyecto de ley para incluir a los productos de las cooperativas en los supermercados y evitar los monopolios y el aumento indiscriminado de precios. Realizaron una instalación para comparar valores y vendieron verduras y artículos de marcas populares.
Las cajas de colores representaban los productos con los precios desproporcionados con los que se venden en las cadenas de supermercados más grandes del país. A un costado, las góndolas improvisadas tenían a precio accesible y popular los artículos de canasta básica de cooperativas y empresas pequeñas y medianas, que no tienen ninguna chance de competir en los anaqueles de las grandes tiendas minoristas, aunque no por sus precios.
El proyecto plantea que ningún grupo empresario pueda ocupar más del 30% de las estanterías de los supermercados en cada categoría de productos. Grabois dio el ejemplo de los lácteos, un mercado absolutamente dominado por la empresa local La Serenísima.
“No puede ser que haya solo una empresa que tiene cinco marcas diferentes, todas al mismo precio, y que no haya competencia y no se le permita a las marcas más pequeñas, que tienen precios más competitivos, estar en los supermercados”, dijo el dirigente a Sputnik.
Según su análisis, el Gobierno de Mauricio Macri ha destruido la industria nacional y al pequeño y mediano comerciante para beneficiar a una minoría de empresas dominantes.
“Todo se concentra en un grupo de cadenas de supermercados, en general transnacionales, de origen norteamericano y europeo, y un puñado de lo que nosotros llamamos ‘la burguesía intermediaria’, las grandes empresas nacionales que inflan artificialmente los precios, abusando de su posición”, dijo.
Argumentó que el aumento desmedido de los precios no se produce por efecto de la ley de oferta y demanda sino que responde a una “cartelización” entre las empresas encargadas de la distribución y venta al público y la consolidación voluntaria de monopolios.
© SPUTNIK / FRANCISCO LUCOTTI
Protesta contra la inflación frente al Congreso de Argentina
La suba de precios es un problema que las autoridades no han podido atacar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre febrero de 2018 y febrero del 2019, los precios aumentaron en un 51,3%, muy por encima del límite que había trazado el Gobierno en su acuerdo con el FMI (32%).
Los salarios no han crecido en igual medida y los trabajadores argentinos se han visto perjudicados por una pérdida del poder adquisitivo considerable, ya que cuando la inflación se ubicaba levemente por debajo del 50%, los sueldos subieron en un 27,9%.
Un salario mínimo cubre menos de la mitad de la canasta básica, el conjunto de bienes y servicios que una familia promedio debe adquirir para no caer en la pobreza. Además de los alimentos, los aumentos de precios han sido particularmente notorios en los servicios como el agua, la luz y el gas, debido a la quita de subsidios del Estado nacional.
Sputnik
Resumen Latinoamericano* / 8 de abril 2019.-
La BBC publicó una durísima nota sobre la crisis en Argentina donde advierte sobre el profundo deterioro social del país bajo el gobierno de Macri.
Argentina volvió a ser noticia en una de la cadena de medios más importantes del mundo. La BBC británica retrató la crisis que atraviesa el país con un panorama sombrío sobre la realidad que viven los argentinos, en especial los niños y jubilados. “¿Por qué cada vez es más difícil sobrevivir en el país sudamericano?”, se titula el artículo que grafica el efecto de la recesión en la Argentina, a través de duros testimonios.
La nota cita los últimos datos oficiales de pobreza, se refiere al proceso inflacionario, al “fuertísimo aumento del dólar” y al “estancamiento de la economía”.
A partir del relato de una empleada doméstica, relata que en la Argentina gobernada por Cambiemos hay personas “que están preocupadas por cómo llevarles un plato de comida a sus hijos o por cómo harán para pagar la cuenta de gas a medida que se acerque el invierno”. La nota da cuenta del empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos, pero subraya particularmente el padecimiento de niños y jubilados. Lo hace con datos duros: cuenta que el Indec señaló que el 32 por ciento de los argentinos es pobre, que la Unicef advirtió que “casi la mitad de los niños argentinos son pobres” y que hoy una familia tipo necesita 27.570 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. “Eso es más de dos salarios mínimos, que hoy están en 12.500 pesos”, detalla la nota.
En ese marco, también citan los desfasajes entre los haberes jubilatorios y los aumentos de precios. “Tampoco a los más ancianos les alcanza para vivir”, explica el artículo y destaca que la jubilación mínima que cobra el 70 por ciento de los cerca de 8 millones de jubilados, está en 10.400 pesos. “Para muchísima gente los números simplemente no cuadran”, ratificaron.
El artículo también hace una dura crítica a la situación económica, al detallar que la disminución en la calidad de vida tiene su correlato “en la vertiginosa inflación del 47 por ciento –la más alta en casi tres décadas– que arrasó con los salarios” el año pasado. En esa línea, relaciona esa suba “directamente” con “el fuertísimo aumento del dólar”, al contar que el último año la moneda estadounidense duplicó su valor.
“Esto, en medio de un estancamiento de la economía –o recesión– que llevó al cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, las principales generadoras de empleo”, agrega. “Leche igual que gasolina”, dice un subtítulo en el que “explican que el precio de la leche es uno de los que más se disparó” y que hoy en el país “un sachet de leche vale lo mismo que un litro de gasolina”.
Para la cadena BBC, quizás lo más preocupante “es que el panorama para este año está lejos de ser alentador”, aunque el presidente Mauricio Macri no tiene pensado “cambiar el rumbo”.
*Nota de Página 12
Con los hijos y las hijas no
Resumen Latinoamericano, 8 abril 2019
En la edición de Página12 de hoy, más de cincuenta personalidades de la cultura, políticos y activistas firman una solicitada titulada “Con los hijos y las hijas no” para solidarizarse con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia. El texto -al que suscriben ex presidentes como Lula da Silva, Rafael Correa, Fernando Lugo, el Secretario General del partido español Podemos Pablo Iglesias, el diputado y ex candidato presidencial francés Jean Luc Mélenchon, el actor y activista afroamericano Danny Glover, entre muchos más- denuncia la persecución contra la hija de la actual senadora. “Quienes tomamos la decisión de transitar el compromiso político sabemos que conlleva enormes costos personales. Pero nuestros hijos e hijas, los de todos los que nos dedicamos de una u otra forma a estar expuestos de una manera pública, no eligieron eso y deben estar exentos de cualquier maniobra persecutoria”, dice el documento.
La solicitada hace referencia a la “feroz persecución” judicial y mediática a la que, según la ex mandataria, está siendo sometida su hija. Por este tema, tres semanas atrás, CFK publicó en sus redes sociales un video en el que explicó que su hija viajó a Cuba para tratarse problemas de salud que habrían ido empeorando por el hostigamiento mediático y judicial que sufre la joven. “Les pido a los que nos odian o nos ven como enemigos que por favor se metan conmigo pero no con ella”, había remarcado la ex presidenta en aquel video, en el que también detalló que pese a que se había solicitado a los jueces intervinientes que el tema de la salud de Florencia se manejara con reserva, la noticia de la salida del país fue difundida desde los tribunales federales de Comodoro Py.
Con los hijos y las hijas no
La persecución política, mediática y judicial se ha transformado en una constante en Latinoamérica. Estas prácticas debilitan las democracias y pretenden imponer un disciplinamiento político para todos aquellos que promovieron el inicio de transformaciones con el nacer del siglo. Quienes tomamos la decisión de transitar el compromiso político sabemos que conlleva enormes costos personales.
Pero nuestros hijos e hijas, los de todos los que nos dedicamos de una u otra forma a estar expuestos de una manera pública, no eligieron eso y deben estar exentos de cualquier maniobra persecutoria. El asedio a Florencia Kirchner es un ejemplo de estas prácticas que denunciamos y no pueden pasar desapercibidas. Por eso afirmamos: con los hijos y las hijas no.
Firmas:
Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz, Argentina), Lula da Silva (ex Presidente, Brasil), Rafael Correa (ex Presidente, Ecuador), Dilma Rousseff (ex Presidenta, Brasil), Ernesto Samper (ex Sec. Gral. de la UNASUR – ex Presidente, Colombia), Fernando Lugo (ex Presidente – Senador Nacional, Paraguay), José Manuel Zelaya Rosales (ex Presidente, Honduras), Adriana Salvatierra Arriaza (Presidenta del Senado, Estado Plurinacional de Bolivia), Ivonne Passada (Senadora Nacional, Uruguay), Pablo Iglesias (Sec. Gral. de Podemos, España), Daniel Caggiani (Presidente del Parlasur, Diputado Nacional, Uruguay), Gerardo Fernández Noroña (Diputado Nacional, México), Jean-Luc Mélenchon (Diputado Nacional, Presidente de Francia Insumisa, Francia), Cristina Cornejo (Diputada Nacional, El Salvador), Danny Glover (Actor, activista, EEUU), Gleisi Hoffmann (Senadora Nacional, Presidenta del Partido de los Trabajadores, Brasil), Gerardo Pisarello (Vicealcalde de Barcelona, España), Gabriela Montaño Viaña (Ministra de Salud, Estado Plurinacional de Bolivia), Constanza Moreira (Senadora Nacional, Uruguay), Humberto Costa (Senador Nacional, líder del bloque del Partido de los Trabajadores, Brasil), Paulo Pimenta Diputado, líder del bloque del Partido de los Trabajadores, Brasil), Juan Carlos Monedero (Co-fundador de Podemos, España), Esperanza Martínez (Senadora Nacional, Paraguay), Federico Mayor Zaragoza (ex Director General de la UNESCO, Presidente de la Fundación Cultura de Paz, España), Celso Amorim (ex Canciller, Brasil), Nilto Tatto (Diputado Nacional, Brasil) Baltasar Garzón (Jurista, España), Rogério Correa (Diputado Nacional, Brasil), Xiomara Castro de Zelaya (ex candidata a Presidenta, Honduras), Marília Arraes (Diputada Nacional, Brasil), Carlos Filizzola (Senador Nacional, Paraguay), Tarso Genro (ex Gobernador de Río Grande del Sur, Brasil), Sixto Pereira (Senador Nacional, Paraguay), Jorge Solla (Diputado Nacional, Brasil), Marco Enríquez Ominami (Cineasta – ex candidato a Presidente, Chile), Javier Couso (Eurodiputado, España), Hugo Richer (Senador Nacional, Paraguay), Margarida Salomão (Diputada Nacional, Brasil), Pablo Gentili (Jefe de Gabinete de Pablo Iglesias, Podemos, España), Jorge Querey (Senador Nacional, Paraguay), Paulão (Diputado Nacional, Brasil), Alejandro Navarro (Senador Nacional, ex candidato a Presidente, Chile), José Guimarães (Diputado Nacional, Brasil), Leonardo Rubín (Periodista – ex candidato a Vicepresidente, Paraguay), Alencar Santana (Diputado Nacional, Brasil), Ricardo Salgado (Escritor, conducción Partido Libre, Honduras), James Early (Instituto de Estudios Políticos de Washington DC, EEUU), Patricia Isabel Rodas (ex Canciller, Honduras), Guillermo Tellier (Presidente Partido Comunista, Diputado Nacional, Chile), Assis Carvalho (Diputado Nacional, Brasil), Rixi Moncada Godoy (ex Ministra de Energía, Sec. Gral. Partido Libre, Honduras), Camilo Lagos (Presidente Partido Progresista, Chile), Beto Faro (Diputado Nacional, Brasil), Lindbergh Farias (ex Senador, Brasil), Fátima Cleide (ex Senadora Nacional, Brasil), Silvia Margot Sosa (Periodista, Honduras), Luiz Fernando Mainardi (Diputado Estadual del PT en Río Grande del Sur, Brasil).
El negocio de los desalojos en el Palomar
Belén Tenaglia / Resumen Latinoamericano / 8 de abril de 2019
Más de 150 familias podrían quedar en la calle de concretarse los desalojos en el Barrio Aeronáutico de El Palomar. Denuncian que Cambiemos intenta convertir la Base Aérea, ya con vía libre para vuelos low cost, en aeropuerto internacional.
“En un principio no entendíamos por qué y hoy sabemos que ellos quieren las tierras para hacer un emprendimiento inmobiliario, hotelero, restaurantes y todo lo que necesita un Aeropuerto Internacional, sin tener en cuenta a la población y el problema ambiental que sufrimos por el despegue y aterrizaje de los aviones. Esto tiene un fin, que es limpiarle el terreno a Aeropuertos 2000, Flybondy y Smarjet. Somos familias que estamos en el medio estorbando el negocio que ellos tienen planificado y que fueron viendo que es un negocio potable”, denunció Germán Fraguera, quien vive en el barrio Aeronáutico desde hace más de una década.
Las demandas de desalojo vinieron inmediatamente después de que el intendente Ramiro Tagliaferro, por mayoría en el Concejo Deliberante de Morón y en una sesión escandalosa en la que abundaron los cruces por irregularidades, lograra aprobar la reforma del Código de Ordenamiento Urbano y sancionara la ordenanza 19.276/18. El impulso de Cambiemos le valió al intendente una denuncia penal por delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos. La demanda fue interpuesta por concejales de la oposición, quienes además motivaron una cautelar ante la Justicia por irregularidades en el proceso, faltante de fojas en el expediente e incumplimiento de una audiencia pública tal como establece la normativa vigente. Después de la sanción, vinieron los intentos de desalojos.
El conflicto se recrudeció en diciembre de 2015 cuando 158 familias del barrio Aeronáutico, entre ellas niñxs, ancianxs, personas con discapacidades y héroes de Malvinas, fueron notificadas sobre el despojo de sus viviendas que habitan desde hace 10, 20 y hasta 30 años. Amparándose en el Decreto Ley 17.091 sancionado por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, la Fuerza Aérea, junto al Ministerio de Defensa, es el brazo ejecutor de los desalojos. “Esa ley no permite ni siquiera el derecho de defensa”, puntualizó Germán Fraguera, quien vive en el barrio desde hace más de una década. “¿Cómo puede ser que en democracia, este gobierno esté utilizando una ley de facto cercenando todos nuestros derechos?”, se preguntó.
Recientemente, la jueza Mónica Luján López, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Morón, desestimó la cautelar y consideró no advertir que “los accionantes exhiban o hayan demostrado un perjuicio personal y directo causado por el procedimiento seguido para la sanción de la Ordenanza N° 9726/2018”. Con foco en el proceso de la norma, la Justicia allanó el camino para los desalojos.
‘En menos diez’. Así califican el diálogo que hoy mantienen lxs vecinxs con la gestión de Tagliaferro, sobre todo después de que en la apertura de sesiones ordinaria el jefe comunal los acusara de “trabajar de manifestantes públicos” y, a viva voz ante la prensa local, dijera que sólo se trata un poco más de 40 familias de las cuales sólo ocho casos están pendientes de desalojo. Esta situación pasa por alto también que los intentos de expulsión comenzaron en 2012 pero dos años después lograron ser frenados a partir de un convenio entre el Municipio de Morón y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. “Le gusta mentir en público y quiere hacerle creer a la población que nosotros queremos hacer un boicot político. Acá no hay un boicot, acá hay una necesidad habitacional. Tagliaferro está totalmente ausente. Hemos intentado tener un acercamiento en varias oportunidades y lamentablemente, hasta el día de hoy, no hubo respuesta”, reclamó Fraguera y recordó que en 2015, al calor electoral, “tanto María Eugenia Vidal como Ramiro Tagliaferro, cuando simularon ser un matrimonio feliz, anduvieron en El Palomar de campaña. Ramiro estuvo en el comedor de los vecinos y dijo que si él era intendente y llegaba a existir algún desalojo, iba a ser el primero en prender una goma y cortar la calle. Tagliaferro no tiene memoria y nos da la espalda totalmente”.
También sin suerte en los intentos, lxs vecinxs pidieron reunirse con la gobernadora Vidal. Lo hicieron a través de notas formales en la Casa de la Gobernación. “Vidal derivó esa solicitud al Ministerio de Defensa. Es decir, se lavó las manos y nos entregó a uno de nuestros verdugos”.
Las intimaciones de desalojo llegan sorpresivamente y sin previo aviso. “Nunca te enterás de que se iniciaron demandas de desalojo. Te enterás cuando vienen y te pegan un papel en la puerta, un volante interno, diciéndote que en cinco días tenés que dejar la vivienda”, explicó Yorio, vecino del barrio aeronáutico. La situación de lxs vecinxs es crítica. Según explicaron, un censo realizado por la propia Fuerza releva que los vecinxs no tienen a dónde ir. “Saben que todas las familias están en situación de calle. Si yo mismo tuviera otra vivienda no me voy a estar comiendo todo esto. Le doy la casa y me voy. El problema es que todas las familias estamos en situación de calle”.
Detrás de todo, los caminos conducen al Aeropuerto de El Palomar. La ordenanza 19.276/18 prevé en su artículo nº 3, habilitaciones comerciales, dentro del ámbito del Desarrollo del Transporte Aéreo Comerciales e incluye casino, hotel y shopping, entre otros rubros. Según denuncian los vecinx, esta modificación es la punta de lanza para la instalación definitiva del Aeropuerto para vuelos internacionales. “Empezamos a atar cabos y la cronología que utilizó el gobierno nacional, provincial y local fue bien planificada. Primero quieren desalojarnos, sancionan la creación del Aeropuerto y por último, reforman el COU”, enumeró Fraguera. En esa Base Aérea funcionó también un ex centro clandestino de detención y tortura, lo que también motivó medidas judiciales por no respetar la ley de Sitio de Memoria.
Revista Cítrica
Envío:RL
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