Salta: represión y dos docentes detenidas frente a la Casa de Gobierno
Los maestros reclaman paritarias y el cobro del Fondo Compensador que dejó de pagar el gobierno nacional en marzo, y sólo pedían ser recibidos por funcionarios provinciales.
Una violenta situación se vivió este miércoles en el acceso a la casa de gobierno de Salta, donde la policía provincial reprimió a los docentes durante una manifestación por el conflicto salarial iniciado la semana pasada, con un paro que ya lleva ocho días. «Es un día realmente muy triste para la docencia salteña y para el pueblo de nuestra provincia», dijo Silvia Di Piazza, de Docentes Autoconvocados, tras denunciar que «hemos sido reprimidos por policías que ni siquiera tenían identificación. Incluso mi hija de 15 años, que estaba a mi lado, fue golpeada».
La marcha, que partió desde la plaza 9 de Julio, se encontró con un vallado de efectivos policiales y hubo forcejeos, empujones, roces y golpes.
«Queríamos que alguien a cargo del gobierno nos recibiera, pero en cambio vivimos momentos de mucha tensión» con «por lo menos dos docentes que fueron o detenidas o trasladadas a algún lugar por la Policía», explicó la dirigente.
Di Piazza acotó que la ministra de Educación, Analía Berruezo, «no está a la altura» de las circunstancias, tras mantener dos reuniones con delegados luego de iniciado el conflicto, el lunes 15 de julio, cuando comenzó un paro por tiempo indeterminado, medida a la que se le suman un campamento en la plaza 9 de Julio y cortes intermitentes de ruta en el acceso a la ciudad de Salta.
La Intergremial Docente, integrada por los principales sindicatos del sector, que son la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación Docente Provincial (ADP), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación del Magisterio de la Educación Técnica (AMET), y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), expresó a través de un comunicado el repudio por «el violento accionar» de la Policía.
Los docentes piden que el gobierno provincial se haga cargo del Fondo Compensador, que abonaba el gobierno nacional, retroactivo a marzo, además de la reapertura de paritarias.
Panorama político sindical
La pesadilla continúa
Por Mario Hernández.
El 53% de los argentinos tiene problemas de empleo. El salario se hundió 8,8% en los últimos doce meses. El poder adquisitivo cayó 16,4% desde que asumió Macri. Se acentuó la desigualdad en la distribución del ingreso. La pobreza alcanzó al 35% de la población. La mitad son niños.
Empleo
Más de 50.000 trabajadores formales que quedaron desocupados pasaron a cobrar la prestación por desempleo en los últimos tres meses de 2018. Así, la cantidad de trabajadores formales despedidos sin causa que están cobrando el seguro de desempleo alcanzó a 118.268 personas, según los datos del Anses a diciembre pasado. En diciembre se otorgó a 17.276 trabajadores frente a 10.791 en diciembre de 2017.
El monto equivale a la mitad de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos 6 meses trabajados. No obstante, tiene un techo tan bajo ($ 4.428,77 a marzo 2019) que, en promedio cobraban $ 3.845, un 12% del sueldo promedio de los activos. Puede percibirse entre 2 y 12 meses como máximo.
Los alcanzados por la prestación cobran asignaciones familiares y cuentan con la cobertura de obra social y el período de cobro se reconoce como meses de servicios para la jubilación.
Según un informe difundido por el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) dependiente de la Universidad de Belgrano los argentinos que tienen problemas de empleo llegan al 52,7%. El estudio, basado en las cifras oficiales del INDEC relativas al primer trimestre de este año, incluye dentro de ese sector a aquellas personas que integrando la Población Económicamente Activa (PEA), se encuentran desocupados, un 10,1% los que se encuentran sub ocupados y demandan empleo (8,4%), los ocupados que buscan nuevas fuentes laborales de ingresos que involucran a un 9,1% de la población y, además, el 25,1% de la población que, contando con empleo considera que labora más horas de las que cree que corresponden y que, caso contrario, no podría reunir los bienes y servicios que necesita para vivir.
El informe, además, pone de relieve que, según las cifras oficiales, del total de los trabajadores asalariados un 35% no registra descuentos jubilatorios y, por lo tanto, forma parte de la población que trabaja en negro.
El director del CENE, Víctor Beker, que además que fuera Director del INDEC, detalló que “los segmentos más castigados por el desempleo son las mujeres de 14 a 29 años, con un 23,1%, y los varones de igual grupo etario, con un 18,5%.
Por último, destacó que “dadas las variaciones negativas registradas en los niveles de actividad en el período, con descensos del PIB del 5,8%, de la construcción del 6,8%, del consumo privado de 10,5%, de la industria manufacturera del 10,8%, y de la inversión de 24,6%, no debe llamar la atención su impacto en el mercado de trabajo”, completa el economista.
El presidente de Coninagro, Carlos Iannizotto, al tiempo que aseguró que el país debe avanzar con una reforma de las leyes laborales, señaló que el sector agropecuario tiene «prácticamente el 50% de los trabajadores no registrados».
Según el Boletín de Actividad mensual que publica la Asociación de la Industria Metalúrgica, Adimra, federación de cámaras que agrupa al conjunto de actividades pertenecientes a la rama metalúrgica, la actividad acumula en dos años una caída del 8,3 %.
Además el uso de capacidad instalada se ubica en el 51,1 %, lo que implica que prácticamente la mitad del equipamiento y maquinaria existente en el sector se encuentra inactiva.
El 36 % de los empresarios consultados indicaron que, durante los cinco primeros meses del año, redujeron las horas extras; un 15% redujo la jornada laboral; mientras que el 10 % respondió que había recurrido a la solicitud del programa de recuperación productiva (Repro) o proceso preventivo de crisis. Un 7 %, en tanto, respondió que había echado mano a la suspensión de personal en los primeros cinco meses del año en curso.
Salarios
Dos encuestas que monitorean los presupuestos de las empresas destinados al pago de salarios no regulados por Convenios colectivos de trabajo muestran aumentos anuales previstos en 34 y 35,7% promedio, contra una estimación inflacionaria del 40,3%.
Según lo estimado por el Instituto Estadístico de los Trabajadores, el salario real se hundió 8,8% en los últimos 12 meses y se encuentra en su pico más bajo de la década. Así, el poder adquisitivo cayó 16,4% desde que asumió Mauricio Macri.
La devaluación, la inflación y las paritarias a la baja fueron los ingredientes clave del cóctel explosivo que pulverizó los sueldos en términos reales durante la gestión de Cambiemos. Desde su asunción, cayeron 16,4%. El declive se profundizó desde diciembre de 2017 cuando se inició una racha de diecinueve caídas en fila.
En lo económico, este deterioro salarial, sólo comparable con la caída de 2001-2002, contribuyó a agudizar la recesión mediante el derrumbe del consumo. En términos sociales, significó la incorporación de unas cuatro millones de personas a la pobreza.
Las cifras oficiales confirman que el último año los salarios perdieron por casi 20 puntos contra la inflación. En los últimos doce meses, la mejora promedio en las remuneraciones llegó en abril al 36,7% según el Indice de Salarios que mide el INDEC, contra una inflación del 55,8%.
El INDEC informó el pasado 26 de junio que en el último año se acentuó la desigualdad respecto a la distribución del ingreso. El 10% de la población con mayores ingresos obtuvo 21,2 veces más que el segmento menos favorecido durante el primer trimestre de 2019. Solo hace un año, la brecha alcanzaba un 20,2%.
El INDEC muestra que le 10% más rico de la población se apropia del 32,8%. Y el 60% de la población más humilde tiene la misma riqueza que el 10% con mayores ingresos. Algunas políticas oficiales como el incremento anticipado en los montos de la Asignación Universal por Hijo y los créditos de ANSES para adultos mayores pretenden amortiguar esta caída en vísperas de elecciones.
La consultora de recursos humanos Randstad elaboró una encuesta que arroja una preocupante conclusión: cada vez son más los argentinos que, con tal de mantener su empleo, son capaces de resignar salario. Precisamente, el 60% de las personas que participaron del trabajo manifestaron que lo más importante es la seguridad laboral en tiempos de crisis.
El documento que elaboró la compañía de RR HH ofrece otros datos significativos: de los 3.970 trabajadores encuestados, un 34% afirmó estar dispuesto a resignar entre el 1 y 10% de su salario para tener un trabajo más estable. Otro 24% afirmó estar dispuesto a resignar más del 10% de su sueldo a cambio de mayor seguridad, mientras que el 26% indicó no estar dispuesto a resignar salario en favor de una mayor estabilidad laboral.
La pobreza en Argentina tiene rostro de niñez
El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, estimó que en el primer trimestre de 2019 la pobreza alcanzaba ya a 14.175.000 argentinos, y la indigencia a casi 3.000.000 millones.
“En base a los datos de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, estimamos que en el primer trimestre de este año la pobreza alcanzó no menos del 35% y la indigencia poco más del 7%”, aseguró el investigador.
De este modo, la pobreza experimentó un incremento de al menos 3 puntos respecto al 32% que marcó el INDEC para el segundo semestre del año pasado. En tres meses, 1.200.000 personas cayeron bajo la línea.
«Este es el punto de partida para que me evalúen», dijo el presidente Mauricio Macri en 2016 cuando dio los primeros datos de pobreza e indigencia.
El Observatorio de Pobreza del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) realizó, a partir de los últimos datos del INDEC, una proyección sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en la población de 0 a 17 años, llegando a la conclusión de que el 48,47% de los niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza (6,34 millones), es decir, prácticamente la mitad de los niños y adolescentes del país, mientras el 10,98% (1,4 millones) vive en condiciones de indigencia.
Estos datos implican que, de los 13 millones de niños y adolescentes existentes en Argentina, casi la mitad (6,34 millones) viven en hogares donde, con los ingresos que se perciben, no se alcanza a adquirir una canasta básica de consumo. De esos niños y adolescentes, 1,44 millones viven en hogares donde no sólo no alcanzan a adquirir una canasta básica de consumo, sino que tampoco logran adquirir con sus ingresos una canasta básica de alimentos, es decir, no pueden cubrir sus necesidades nutricionales mínimas.
El Gobierno desfinancia el sistema jubilatorio para cumplir las metas fiscales
El gobierno comenzó a usar plata del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (FGS) para equilibrar las cuentas públicas y cumplir con las metas fiscales prometidas al Fondo Monetario Internacional. De esa manera pudo presentar su balance del primer semestre con un saldo primario favorable de $ 30.221 millones, equivalentes al 0,1% del PBI. El resultado supera el piso de $ 20.000 millones pactados con el organismo para la primera mitad del año.
El dato saliente de la presentación efectuada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue que en junio los ingresos de capital (un rubro cuyo aporte casi siempre resulta marginal para la caja oficial) significaron $ 64.572 millones. De ese monto, $ 19.647 millones (casi un tercio) se explican por la transferencia del FGS para cubrir los pagos a jubilados y pensionados en virtud de la Ley de Reparación Histórica.
Hacienda también informó que «se estiman transferencias adicionales del FGS a la Anses, de julio hasta diciembre de 2019, del orden de los $ 10.000 millones mensuales». De esa manera, hacia fin de año los giros de ese fondo totalizarían cerca de $ 80.000 millones.
La medida ya estaba en los planes oficiales. El 12 de junio del año pasado, cuando el gobierno decidió recurrir al FMI, la carta de intención firmada por Dujovne y el entonces presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger, anticipaba que «vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones». Así se refería al FGS, conformado por los títulos e inversiones que poseían las AFJP en 2008, cuando se decidió el fin de las jubilaciones privadas.
Desde entonces, ese fondo creció gracias a las inversiones de la Anses. Su uso fue mutando de fondo anticíclico para los momentos de recesión económica (así arrancó cuando la crisis de 2009) a financiar proyectos productivos y luego al propio Estado. Según el último informe del organismo, al 31 de marzo de este año el FGS estaba valuado en $ 1,863 billones, equivalentes a casi U$S 43 mil millones. Si bien uno de sus objetivos es respaldar el sistema previsional, hasta ahora sólo se habían utilizado los intereses de las inversiones financieras con ese fin. Ahora, comenzará a usarse el capital.
Además, en junio el FGS suscribió dos Letes en dólares, con vencimiento en octubre de este año y en enero de 2010, por U$S 957 millones. Y una colocación directa a la Provincia de Buenos Aires por un total de U$S 500 millones.
No obstante, el flujo de fondos que salieron del fisco fue gigantesco por los intereses de la deuda pública, que insumieron $ 317.423 millones, diez veces el superávit primario anunciado. De esa manera, el déficit financiero (saldo primario menos intereses) fue en el primer semestre del 1,3% del PBI.
Este número, al que el gobierno le resta importancia de manera sistemática, no pasó inadvertido para analistas y consultores. La calificadora estadounidense Moody’s cambió la perspectiva de la deuda argentina de estable a negativa. Fundamentó su decisión en la incertidumbre política y en la expectativa de que el próximo gobierno tenga que refinanciar sus compromisos con el FMI.
Jubilados con préstamos pero en riesgo de quedar nuevamente sin medicamentos
Tal como sucedió en los meses previos a las elecciones legislativas de 2017, el Gobierno también está haciendo de los fondos que maneja Anses una herramienta de la campaña electoral. Los préstamos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH por $ 55.000 millones, unos 1.000 millones de pesos por día que fueron directamente al consumo, provienen del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, un órgano que hoy administra 1,86 billones de pesos o 42.000 millones de dólares.
La Anses tiene presupuestado desembolsar 124.000 millones de pesos. Hasta fines de junio se habían otorgado 2.260.000 créditos: 490.721 para jubilados, pensionados 125.813, beneficiarios de la AUH 1.205.120 y quienes reciben asignaciones familiares 445.016. El 38% fueron beneficiarios de la Provincia de Buenos Aires. Uno de cada 10 créditos entregados a un bonaerense, fueron a domiciliados en La Matanza, principal fuente de votos de las fórmulas Fernández-Fernández y Kicillof-Magario.
Por otro lado, el PAMI arrastra una deuda de 4.200 millones de pesos con los laboratorios por el convenio que estaba vigente entre abril y octubre del año pasado, que se vio afectado por la corrida cambiaria. Los medicamentos en el país están fuertemente dolarizados, por lo que el acuerdo previo estalló por los aires con la disparada del dólar y el esquema de ajustes trimestrales propuesto por la Obra social de los jubilados no fue suficiente para cubrir el reclamo de los laboratorios.
Esa dinámica de reajustes y renegociaciones generó un atraso en los pagos y una deuda millonaria con los productores de medicamentos que hoy está siendo negociada. El PAMI representa el 40% de las compras de medicamentos a nivel nacional.
Desde el sector laboratorios afirman que la deuda del PAMI supera los 8.000 millones de pesos, lo que plantea una fuerte diferencia con lo que reconoce la entidad conducida por Sergio Cassinotti. Las negociaciones continuarán en los próximos días, con el riesgo de que haya desavenencias insalvables. En ese caso, otra vez los jubilados podrían quedar atrapados en la pelea entre el PAMI y los laboratorios, que en más de un momento de la historia reciente les ha generado dificultades para adquirir sus medicamentos vitales en farmacias.
El gobierno pretende imponer la reforma laboral por decreto
El prestigioso abogado laboralista y ex diputado nacional, Héctor Recalde, denunció que el Gobierno estaría “por dictar un decreto imponiendo la flexibilización laboral. Sería absolutamente inconstitucional y, previendo que pueda suceder, ya preparé un recurso de Amparo para impedir su vigencia”.
Un decreto serviría al oficialismo para recuperar un apoyo cerrado del bloque patronal que comenzó a dispersarse detrás de las candidaturas de Roberto Lavagna y Alberto Fernández que también han manifestado su intención de revisar la legislación laboral vigente.
Para Recalde, “(Dante) Sica hoy lo desmintió pero en una forma muy dudosa. Viniendo de este gobierno espero cualquier cosa. La pueden hacer regulando alguna ley vigente con una imaginación muy pérfida”.
De hecho el propio Dante Sica había explicado que “hay mucho que se puede mejorar dentro del marco legal existente para mejorar la competitividad» y puntualizó, “no es que hay que sacar una ley, todos los sectores deben adaptarse y hacer cambios”, en referencia a las mesas sectoriales.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, opinó que no solo hace falta una reforma laboral, sino muchas otras. «La Argentina necesita todas las reformas: laboral, previsional y que se cumpla la impositiva. No hay que tenerles miedo», dijo.
La CGT «está dispuesta a conversar» con el Gobierno sobre una reforma laboral, pero no sobre «cuestiones que son inclaudicables», afirmó Héctor Daer, uno de los titulares de la central sindical, quien puso como ejemplo que la búsqueda de formalidad en el empleo «no sea un show de pasantías».
«Hay cuestiones que para la CGT son inclaudicables, como la integralidad territorial del Convenio colectivo de trabajo y la ultra actividad del Convenio, es decir, que pueda ser superado pero que no caiga en ningún momento (en cuanto a derechos)», indicó el dirigente gremial.
Para Pablo Moyano “quieren la reforma laboral para poder echar gente cuando se les cante, y la única forma de implementarla es atacar a los dirigentes que venimos luchando contra este modelo económico”.
También se refirió a la situación de persecución que él mismo sufre desde que su padre, Hugo Moyano, se distanció de Mauricio Macri: “Hace rato que me vengo enfrentando a causas armadas, como la reventa de entradas, la venta de choripanes. Otra ridiculez para tapar el fracaso del modelo económico”.
Moyano tuvo también palabras para El Tigre Verón, la serie de Artear que denigra a los dirigentes gremiales: «Una serie de Canal 13 nunca va a hablar bien de los dirigentes gremiales. Ojalá algún día hablen de los empresarios corruptos que extorsionan a los trabajadores».
“Hoy Polka lanza su nueva ficción sobre un sindicalista malo, feo, machista, mujeriego, que anda en negocios turbios y está enfierrado. Después no pregunten cómo se construyen estereotipos. Todo muy lejos de la esclarecedora visión que Raymundo Gleyzer describió en Los traidores, una película sobre un dirigente sindical peronista, que luego de años de militancia gremial devenía en burócrata corrupto”, escribe Victorio Paulón.
“Las bases de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines (Fetsicara) del Frigorífico Ecocarne respondieron con valor y heroísmo colectivo al ataque de “malos, turbios y enfierrados” como el personaje central de El Tigre Verón de la ficción de Pol-ka, construido al estilo del Pata Medina, de la construcción de La Plata, o Juan Carlos Levi, de la Uocra Vaca Muerta, o el impresentable Caballo Suárez de marítimos. El colmo del oficialismo macrista sindical es el postulante al sillón vacante del sindicato de Minoridad, Horacio Mankowski, de quien el fiscal Alcorta Condomí acaba de requerir la detención, acusado de estafas reiteradas con tarjetas de débito para combustible a la administración bonaerense que conduce la propia María Eugenia Vidal. Las mentiras televisivas de Horacio Rodríguez Larreta (“hoy se cagaron a tiros entre ellos en un frigorífico, eso es lo que son”) son intencionales y parte de un plan para imponer la reforma laboral una vez obtenido el beneplácito de la opinión pública”, continúa Paulón.
“En la puerta de la planta de San Fernando, una patota atacó salvajemente a los trabajadores que querían ingresar. Hubo dos trabajadores heridos con balas de plomo después de que la policía de Vidal abandonó la zona durante cuatro horas, dejando una “zona liberada” para que los agresores actuaran a su antojo. Los trabajadores, que además son vecinos del lindero barrio San Jorge, salieron a rechazar la agresión y los echaron del lugar. Los agresores estaban identificados con José Beto Fantini, dirigente rosarino de la Federación de la Carne, un sindicalista ligado al gobierno macrista que, de la mano del ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, estuvo en el viaje a Europa representando a los sindicalistas oficialistas y participó en reuniones en la Casa Rosada con el presidente Macri. Es decir, que el patotero era de ellos”, remata el secretario de Derechos Humanos de la CTA.
Como hay un auge en las exportaciones cárnicas, las patronales necesitan aumentar la producción y quieren lograrlo a costa de flexibilizar a los trabajadores para embolsar toda la ganancia. En repudio a los ataques sufridos, el sindicato Capital convocó a un paro de 24 horas en todos los frigoríficos y una movilización a la Secretaría de Trabajo porteña para presentar la denuncia.
Tras reunirse en la sede de SADOP nacional la Intersindical de Comunicación llamó a “resistir la violenta campaña que busca eliminar los derechos laborales”.
Paritarias
La Mesa de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones (MUS) firmó un preacuerdo con las empresas del sector para el primer tramo de la paritaria 2019/20.
Todos los sindicatos adheridos aceptaron un aumento del 12% que será otorgado a cuenta, durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.
Se cobrará 3% cada mes que serán calculados sobre la escala vigente al 1º de julio, incluyendo la revisión del 16% obtenida en mayo pasado.
A partir de noviembre, las partes comenzarán a discutir el resto de la paritaria, que finaliza en junio del 2020.
Asimismo, los gremios fijaron que de darse variaciones significativas del índice IPC podrán solicitar negociaciones antes del plazo establecido.
El paro previsto para jueves y viernes por parte del gremio de los colectiveros fue dispar. En algunos puntos del país fue suspendido, en otros se sintió con fuerza y en algunos aparecieron guardias mínimas.
En principio los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo con la Federación de Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) donde llegaron a un acuerdo en los distritos de «Salta, Buenos Aires, San Juan, Neuquén, Misiones, Santa Fe, Corrientes y por las líneas municipales de Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Posadas», según anunció la Secretaría de Trabajo en un comunicado.
Para el resto de los distritos no hubo acuerdo, pero la Secretaría tomó la decisión de establecer por resolución un 20% de aumento y una suma fija de 16.000 pesos en tres cuotas por única vez. La UTA anunció que en las provincias que se vaya acordando se levantará la medida de fuerza.
La paritaria del Neumático está cerca de un cierre. El Sutna informó que recibió una propuesta empresaria que “iguala la inflación acumulada hasta setiembre 2019” ya que sumaría un 67% en 15 meses.
En paralelo a la actividad electoral, María Eugenia Vidal decidió actualizar los salarios de los estatales bonaerenses otorgando un aumento del 12,5%, que cobrarán días antes de las PASO. La revisión, que estaba prevista en el acuerdo paritario firmado el año pasado, debía concretarse en setiembre, pero la gobernadora adelantó los tiempos. De esta manera, en lo que va del año llega al 24,5%.
Además, la gobernadora acercó posiciones con la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud de la Provincia (CICOP) y les propuso una suba del 34% que incluye una recomposición de bonificaciones, cláusula gatillo y una suba en la categoría a partir de la cual se calcula el básico. La propuesta fue aceptada “en disconformidad” el sábado por el Congreso del gremio.
En tanto, a los trabajadores judiciales, les otorgó una suba del 13% a cuenta de un futuro acuerdo. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reclama discutir los 15 puntos perdidos por la inflación en 2018 y cláusula gatillo para 2019.
El Gobierno creó un suplemento salarial por disponibilidad permanente para el cargo o función para Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal con el «propósito de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación» de esas fuerzas de seguridad.
Para el oficialismo es una manera de reforzar, además, uno de sus ejes de campaña y tratar de abroquelar el voto de ese sector tras la fórmula Macri-Pichetto.
La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) declaró un paro de 48 horas para lunes y martes, por lo que las clases en este distrito no comenzarán el lunes 22 como estaba previsto tras el receso escolar, que se inició el 5 de julio.
ATECh fundamentó el paro en el incumplimiento del plan de reparaciones de edificios escolares comprometido durante el receso. «La otra razón es la demora para el pago de los jubilados, que recién terminarán de cobrar el fin de semana, la interrupción de las prestaciones de la obra social y el incumplimiento de la cláusula gatillo, que es el ajuste automático por inflación», informó.
Delegados autoconvocados de los docentes salteños que están impulsando un paro con movilizaciones y cortes en la Ruta Nacional 34 desde el lunes pasado informaron que el gobierno propuso la derogación del decreto Nº 974 de Urtubey que desató el conflicto. Según trascendió, la ministra de Educación, Analía Berruezo, y el secretario de Gestión Administrativa, Alejandro Gaudelli, confirmaron el pago del fondo compensador a partir de julio, que correrá por parte de la provincia luego de la cesación del pago por parte del gobierno de Macri. También, reacomodarán los gastos de traslado para docentes que trabajan en el interior y propusieron el estudio de proyectos para titularización de todos los niveles. El no descuento de los días de paro es una demanda sobre lo que no se avanzó.
Despidos
En los últimos días, 72 trabajadores recibieron los telegramas de despido debido a que los dueños decidieron el cierre definitivo de la fábrica de pinturas Belcar, ubicada en la localidad de San Justo.
La compañía está conformada por un «total de 90 trabajadores», de los cuales, a «alrededor de 72», pertenecientes a la planta de San Justo, les informaron «verbalmente» el despido el viernes pasado.
El mismo día, acudieron a una audiencia en el Ministerio de Trabajo, a la cual no se presentó Belcar. Entonces, los trabajadores decidieron permanecer en sus puestos «en espera de una respuesta».
En las últimas horas trascendió que nuevamente la planta de Unitec Blue, ubicada en Chascomús, estaría pronta a dejar en la calle a otra tanda de trabajadores.
Si bien no hubo información oficial al respecto, las versiones que poblaron los medios locales hablan de un parate en la producción que derivaría en la baja de, al menos, 23 trabajadores. Desde 2016 a la fecha Unitec pasó de contar con 120 empleados a menos de la mitad.
El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) seccional Buenos Aires presentó en la Legislatura un proyecto de Ley Antidespidos para que en las escuelas de gestión privada de la provincia el gobierno bonaerense sancione con quitas de subvención al colegio que despida a un docente.
«En lo que va del año registramos más de 300 casos de compañeras y compañeros que se acercaron a nuestro gremio denunciando esa situación, y estimamos que existen otros 200 casos recientes en toda la provincia», precisa un comunicado gremial firmado por la Secretaria General, María Inés Busso.
«Hay un 15% de estos despidos que son por baja de matrícula, por alumnos que han emigrado a las escuelas de gestión estatal. El resto son despidos sin ningún tipo de causa, arbitrarios. Muchas son escuelas subvencionadas al 100% por el Estado, y utilizan ese dinero para pagar la indemnización», denunció la dirigente sindical.
Hace cerca de un mes, la cadena de supermercados Emilio Luque con 21 sucursales en cuatro provincias del norte del país se declaró en quiebra al anunciar que no cuenta con fondos para pagar los salarios de sus empleados ni reponer mercadería.
Miguel Zelaya, representante de los trabajadores, comentó la situación actual de sus representados como «muy crítica y cada día que pasa, empeora».
«No se despidió a nadie, seguimos conservando la misma cantidad, tratamos de garantizar los 1.200 puestos de trabajo hasta último momento», señaló el delegado y precisó que les deben el sueldo de junio y el medio aguinaldo que debían haber cobrado en las últimas semanas.
Además relató que las sucursales continúan en horario normal, con ventas disminuidas por faltante («los ingresos son destinados a los sueldos»), el expendio vía tickets está suspendido y sólo se vende por medio de efectivo y tarjetas locales.
La empresa posee veintiún sucursales: ocho supermercados, siete mayoristas, cuatro autoservicios mayoristas y dos minimercados distribuidos, en Tucumán (13), Santiago del Estero (4), Salta (1) y Catamarca (1).
Luego de un juicio sumarísimo, un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 33 obligó al lavadero de jeans Sakin S.R.L. a reincorporar al delegado despedido José Luis Arébalo y a pagar los salarios adeudados, que habían sido el origen del conflicto.
El delegado fue despedido el pasado 12 de abril por acompañar una medida de acción directa en reclamo del pago de salarios (en ese momento les debían marzo y abril), junto con otros 30 empleados de la empresa que la decidieron en asamblea. Luego fueron despedidos otros 50 trabajadores por el mismo conflicto.
La empresa de fabricación de productos químicos Tecnomyl de Río Grande (Tierra del Fuego), despidió a una docena de trabajadores en medio de la conciliación obligatoria planteada por el gobierno provincial, lo que generó un acampe aún con temperaturas que han alcanzado los 17 grados bajo cero.
Carlos Zinser, delegado de laboratorios Craveri, denunció que “desde hace casi cuatro meses atraviesan situaciones muy violentas, donde no se les ha permitido el ingreso a la planta y cinco dirigentes fueron detenidos por la policía cuando intentaron ejercer el derecho gremial, «hecho sin precedentes desde el regreso de la democracia”.
Zinser también confirmó que “los trabajadores continúan en una fuerte disputa por la reincorporación de los 47 despedidos pero también por todos sus derechos laborales, inclusive respecto a las indemnizaciones que la empresa pretende pagar sólo en un 50%”.
Una enorme movilización de distintos sectores de ATE, de la CTA-Autónoma, la CGT y la Juventud Sindical Nacional ocupó en horas de la mañana y el mediodía del viernes la entrada al histórico edificio de la Biblioteca Nacional, en el corazón del barrio porteño de Recoleta, para denunciar que los despidos en el organismo ya son más de 300 en la etapa macrista.
El conflicto llegó a su punto más alto cuando en las últimas semanas el recorte de personal alcanzó a delegados gremiales, madres sostenes de hogar y hasta a una mujer que estaba internada en grave estado y que finalmente falleció.
Los trabajadores de Tía Maruca comenzaron a analizar cómo conservar los 400 empleos a pesar de los despidos. La posibilidad de una cooperativa o de compra son las opciones. Sin embargo, la empresa fue declarada con «alta insolvencia» por la complicada deuda que mantiene.
Los trabajadores todavía no cobraron la totalidad de sus sueldos adeudados ni el aguinaldo, y de acuerdo con el registro del Banco Central, la empresa tiene una deuda de poco más de $133,7 millones.
Ya son tres las empleadas despedidas por la firma textil marplatense Textilana y la decisión empresaria hace retornar el conflicto con las obreras textiles.
«Están utilizando un método muy perverso que les dio resultado hace un año y medio atrás del despido hormiga que se terminaron sacando de encima 100 trabajadores», afirmó María Demateis, delegada de la Comisión Interna.
Y siguió: «Estamos evaluando la posibilidad de hacer algunas medidas en la puerta de la fábrica y hacer las denuncias públicas y repudiarlo».
«Nos quieren imponer un convenio de producción a destajo a un sector de la fábrica y a todo aquel que se resista va a ser reemplazado por personal nuevo. La intención es esa: la renovación del personal», concluyó.
Camuzzi cortó el suministro de gas a Unión Papelera Platense, una fábrica recuperada de La Plata, cuyos trabajadores aseguraron que reciben boletas de gas por más de $ 8.000.000. Ante el corte, salieron a protestar en los accesos a la capital bonaerense.
Reclaman los movimientos sociales
El miércoles 17, las organizaciones sociales en conjunto con obreros y obreras ceramistas realizaron una jornada de cortes en varios puntos de la ciudad patagónica de Neuquén, en reclamo de ayuda social y trabajo. Piden es que se reactive la obra pública con contratación de los integrantes de las agrupaciones y compra de material a las cerámicas bajo gestión obrera, actualización de los montos de los programas sociales de 4.000 a 7.500 pesos como abona Nación, y asistencia para enfrentar las bajas temperaturas, con la entrega normal de leña y bonos de gas, que no se cumple.
Los referentes de las organizaciones que se movilizaron vienen advirtiendo y reclamando hace mucho tiempo que no son atendidas las demandas sociales por parte del gobierno, y las familias vulnerables cada vez son más y se encuentran en peores condiciones.
Sostienen que en la provincia de Vaca Muerta la gente no recibe bonos de gas y tampoco hay viviendas. Cuestionan además que las regalías que ingresan de la actividad hidrocarburífera no se distribuye con equidad, para disminuir la desocupación generando obra pública, por ejemplo, para salvar el déficit habitacional. «El gobierno de Gutiérrez viene sosteniendo una férrea negativa de resolver las urgentes demandas en una provincia donde crece la pobreza y la miseria», señalan en un comunicado.
Reclaman además que se cumplan las reuniones pactadas que nunca se realizaron en la Subsecretaría de Trabajo, y que el ministro de Trabajo, Mariano Gaido los reciba. Las organizaciones son el Frente Darío Santillán, FOI, CTEP, la Corriente Clasista Combativa, el Polo Obrero y obreros ceramistas.
El Foro Agrario Soberano y Popular realizará el miércoles 24 desde las 11:00 un alimentazo en Plaza de Mayo, donde se venderán alimentos básicos como frutas, verduras, pan, harina y yerba al mismo precio que se paga en el campo o en las industrias.
La actividad coincide con el inicio de la exposición del campo concentrado y agroexportador en la Rural, que el Foro Agrario Soberano y Popular calificó como “la expresión de los pocos que ganan con este modelo”.
El Foro Agrario Soberano y Popular reúne a decenas de organizaciones nacionales de pequeños y medianos productores, campesinos y campesinas, cooperativas, grupos ambientales, intelectuales, cátedras de facultades de todo el país, organizaciones gremiales estatales del sector rural, que tuvieron su primer encuentro en abril de este año en el Microestadio de Ferro.
En aquella reunión establecieron el Primer Programa Agrario, que propone medidas para garantizar que la Argentina alimente de modo sano y soberano a todas y todos sus habitantes y contenga a cientos de miles de productores y campesinos.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la CTA Autónoma realizaron el miércoles una jornada nacional de ollas populares.
Reclamaron por los proyectos a la espera de tratamiento parlamentario: la emergencia de adicciones, la de emergencia alimentaria, una ley de emergencia contra la violencia de género y otra de agricultura familiar. Por último, desean obtener una prórroga para la ley de emergencia social por cuatro años más.
Esclavos del Siglo XXI: Rappi y Glovo deberán blanquear a los trabajadores
El fallo que se conoció esta semana obliga a las empresas de plataforma a poner en blanco a todo el personal, y garantizar el equipamiento necesario. El plazo que dio la Cámara de Apelaciones es de 60 días.
La Justicia porteña falló nuevamente contra las empresas de delivery y las intimó a inscribir a sus trabajadores en el registro único porteño, capacitarlos y proveerles del equipamiento necesario. Además ordena al Gobierno porteño a controlar que todos los repartidores tengan acceso a casco y demás indumentarias de seguridad vial.
Se trata de una sentencia de segunda instancia emitida por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo encabezada por Carlos Balbín, Fabiana Schafrik y Mariana Díaz.
Recordemos que meses atrás el juez Andrés Gallardo ordenó al Gobierno porteño de Rodríguez Larreta a suspender el servicio de Rappi, Glovo y Pedidos Ya por considerarlos altamente inseguro para los miles de pibas y pibes que se ganan la vida en bici o moto. El fallo informa que el 70% de los mensajeros trabajaba sin seguro alguno, y un 67% transitaba sin casco.
Paralelamente, un fallo de la Cámara Laboral favoreció a la app de delivery Rappi, rechazando que hubiera un vínculo laboral con tres trabajadores a los que había bloqueado.
La resolución judicial implica que la empresa no deberá desbloquear a los trabajadores, ya que considera que no existe relación de dependencia entre las partes.
Los trabajadores habían sido bloqueados por la patronal por haber participado en la organización de un sindicato para defender sus derechos laborales.
En marzo la Justicia Nacional del Trabajo había resuelto que Rappi debía reincorporar a los trabajadores o abonar una multa de $ 2.000 diarios.
La patronal decidió hacer los pagos, antes que reincorporar a los trabajadores, dando un claro mensaje antisindical.
El fallo que se conoció este viernes sostiene la inexistencia de vínculo laboral. En ese marco, establece que los denunciantes deberán restituir la multa que había sido abonada. Si no lo hacen pueden ser sancionados civil y penalmente. Según el cálculo estimado, por el tiempo transcurrido, la cifra supera $ 110.000.
La decisión judicial avala la precarización laboral que sufren los repartidores de las app de delivery, justifica la persecución anti-sindical y perjudica económicamente a los trabajadores que exigen sus derechos.
La contrarrevolución de los aviones
Mientras la Asociación Argentina de Aeronavegantes movilizaba a la Secretaría de Trabajo el viernes pasado, para protestar contra el «vaciamiento de Avianca Argentina», el gremio y los trabajadores se enteraron por los medios que en la justicia ya se tramita un concurso de acreedores.
Avianca Holdings informó que aceleró la ejecución de su plan de ajuste por una deuda total neta que -según denuncian- llegaría a unos 4.600 millones de dólares, y obligaciones totales de 7.000 millones de dólares, a marzo de 2019.
«Habiendo acabado el proceso de conciliación obligatoria y voluntaria, hemos exigido a las autoridades de la Secretaría de Trabajo que convoque a la empresa para que nos diga de qué forma va a continuar el futuro de la firma y de las compañeros que están sin cobrar», señaló Alejandro Kogan, secretario de Prensa de Aeronavegantes.
A principios de junio, Avianca había informado que cesaba sus actividades por 6 meses para evaluar la forma en la que iba a continuar su negocio en el país.
El CEO de la compañía, Carlos Colunga, había expresado en aquel momento que «no podemos competir en las condiciones actuales porque, por ejemplo, en la ruta a Mar del Plata, Aerolíneas Argentinas nos pone un vuelo encima del nuestro, con un jet, a un precio más bajo y en 12 cuotas. Es imposible para nosotros competir así. Por lo tanto, hoy presentaremos ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), una solicitud para dejar de operar los vuelos regulares, no los chárteres, por 90 días y en ese lapso veremos cómo reformulamos el negocio».
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, exhortó a los trabajadores aeronáuticos a adecuarse a las nuevas prácticas de la industria. El grupo de Sindicatos Aeronáuticos Unidos (SAU) informó que “tal como lo vienen exigiendo las principales Cámaras patronales, el ministro de Transporte dejó planteada su intención de avanzar en una reforma laboral, que no es más que un eufemismo de la precarización que intentan imponernos en el país”.
Fuentes: www.cippes.org, Clarín, Tiempo Argentino, Anred, APU, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, La Nación, Página12, Diario Popular, Resumen Latinoamericano, InfoGremiales, Canal Abierto.
Desde la CGT también exigieron medicamentos gratis para los jubilados
La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT apoyó la iniciativa del candidato presidencial Alberto Fernández con respecto a subsidiar por parte del Estado medicamentos gratuitos para los jubilados.
Desde la CGT también exigieron medicamentos gratis para los jubilados
«Ante la situación alarmante que padecen nuestros jubilados, cuyo poder adquisitivo ha sido degradado hasta sumergirlos en la pobreza y la indigencia, la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, exige al gobierno nacional que provea de manera inmediata medicamentos gratuitos a los mismos», expresó la CGT en un comunicado de prensa.
Agregaron que «tras la Reforma Previsional promovida por Macri y Pichetto en 2017, no sólo les han arrebatado 100 mil millones de pesos de sus haberes, los han sometido a afrontar una brutal inflación y les han quitado la cobertura de medicamentos gratuitos.
Nuestros jubilados no pueden adquirir sus remedios a precio de mercado, los que en promedio aumentaron 111% por encima de la inflación. Por esta causa, millones de adultos mayores han abandonado sus tratamientos o reducido el consumo de medicamentos poniendo en grave riesgo sus vidas«.
«Quienes concebimos la salud como un Derecho Humano, repudiamos toda restricción al acceso a la misma y al bien social que representan los medicamentos», dijeron.
«La mercantilización de la salud excluye a millones de argentinos de estos derechos elementales, y las políticas del actual gobierno no hacen más que generar una mayor desigualdad», detallaron.
En este sentido concluyeron que «por lo expuesto, la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, no sólo apoya la iniciativa del candidato presidencial Alberto Fernández con respecto a subsidiar por parte del Estado medicamentos gratuitos para los jubilados; exige que dicha medida sea implementada ya mismo por el actual gobierno».
«La vida de nuestros mayores está en riesgo. No hay tiempo que perder», expresaron desde la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT.
Alimentazo: “Ya no podemos más con la suba del alquiler y la luz, estamos a la deriva»
La acción fue organizada por el Foro Agrario Soberano y Popular. Ofrecieron productos como frutas, verduras, pan, harina y yerba «al mismo precio que se paga en el campo o en las industrias».
@uttnacional
El Foro Agrario Soberano y Popular realizó este miércoles un alimentazo en Plaza de Mayo, donde se vendieron alimentos básicos como frutas, verduras, pan, harina y yerba al mismo precio que se paga en el campo o en las industrias.
Fue mucha la gente que se acercó al centro porteño para aprovechar los precios de los productos que venden los pequeños productores en este evento en contra de la política económica llevada adelante por el gobierno de Macri.
La actividad coincidió con el inicio de la exposición de la Sociedad Rural en Palermo que el Foro Agrario Soberano y Popular calificó como “la expresión de los pocos que ganan con este modelo”.
“Ya no podemos más con la suba del alquiler, la luz. Estamos a la deriva, no solamente nosotros como pequeños productores, sino toda la población”, expresó Zulma Molloja, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, afirmó que «este modelo productivo, este modelo econónico hambrea al pueblo en la Ciudad y genera un campo vacío, sin productores y nosotros necesitamos avanzar en un modelo que garantice alimentos sanos y a precio justo para el pueblo, con arraigo en el campo, con acceso a la tierra, con un modelo basado en la agroecología».
Mediante un comunicado, la organización recordó que en los últimos años “se han visto en Capital Federal distintos reclamos de pequeños y medianos productores y productoras, campesinos y campesinas, como así también de distintas industrias como la láctea y panificados, que han llegado de diferentes partes del país reclamando por un modelo que no los haga desaparecer, por medidas que los contenga y que los incluya”, en referencia a los “frutazos”, “panazos” y demás expresiones que demuestran que están “por un lado sectores productivos que se funden y por otro, miles de personas que no llegan a llenar el plato de comida, con alimentos cada vez más caros”.
El Foro Agrario Soberano y Popular reúne a decenas de organizaciones nacionales de pequeños y medianos productores, campesinos y campesinas, cooperativas, grupos ambientales, intelectuales, cátedras de facultades de todo el país, organizaciones gremiales estatales del sector rural, que tuvieron su primer encuentro en abril de este año en el Microestadio de Ferro.
En aquella reunión establecieron el Primer Programa Agrario, que propone medidas para garantizar que la Argentina alimente de modo sano y soberano a todas y todos sus habitantes y contenga a cientos de miles de productores y campesinos.
Entre los puntos del programa los más sobresalientes son: la promoción de la agroecología con políticas activas y la limitación de la aplicación de agrotóxicos; el control del comercio exterior por parte del Estado nacional; los derechos de exportación segmentados por volúmenes; el acopio estatal de granos, priorizando el consumo interno y la producción industrial; la intervención estatal para impedir la monopolización de las cadenas agroalimentarias, entre otros.
Pablo Moyano aseguró que le armaron causas para obligarlo a apoyar la reforma laboral
El secretario adjunto de Camioneros dijo que fueron «pocas las organizaciones gremiales que enfrentamos a Macri». En ese sentido agregó que tras lograr frenar la reforma laboral en 2017 «comenzó un ataque a nuestra organización».
Pablo Moyano aseguró que le armaron causas para obligarlo a apoyar la reforma laboral
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, dijo que la investigación judicial por el manejo de fondos en Independiente fueron «causas inventadas» para presionarlo junto a su padre Hugo para que apoyen la reforma laboral que impulsaría el oficialismo si es reelecto.
«Fuimos pocas las organizaciones gremiales que enfrentamos a Macri, porque sabíamos que iba a llevar a trabajadores a la pobreza. Con esa resistencia logramos frenar la reforma laboral en 2017. Ahí comenzó un ataque a nuestra organización», dijo, en diálogo con Futurock.
Agregó que el gobierno nacional está «un poquito» atrás de las acusaciones en su contra. Recordó el hecho de que el juez de garantías Luis Carzoglio denunció que «dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fueron a presionarlo» para que lo detuviera.
Asimismo trajo a colación las denuncias del juez Eduardo de Lazzari, titular de la Corte bonaerense, quién dijo que había causas “armadas artificialmente”, con el uso de arrepentidos y la interferencia de servicios de inteligencia.
Criticó a los periodistas que «le hacen reportajes a delincuentes», en referencia al barrabrava Pablo «Bebote» Álvarez, denunciante de Moyano e imputado por el delito de asociación ilícita, quien fue recientemente beneficiado con prisión domiciliaria.
«Lo hacen para que Hugo y yo estemos hablando de esto y no del desastre económico», dijo Pablo.
Casi la mitad de los trabajadores privados no cubre la canasta de pobreza
El dato surge al cruzar el último informe del Indec sobre canastas de pobreza y de indigencia, con la mediana salarial publicada por la Secretaría de Trabajo.
Casi la mitad de los asalariados del sector privado no llegan a cubrir la canasta familiar de pobreza. El dato surge del último informe del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), que muestra el valor de las canastas que se utilizan para medir la pobreza y la indigencia.
La Canasta Básica Total (CBT – Pobreza) para un individuo está valuada en 10.080 pesos, mientras que para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores, está en $ 31.148. En paralelo, según datos de la Secretaría de Trabajo, la mediana salarial del sector privado se ubica en $ 31.719. La mediana salarial se encuentra exactamente en el medio, entre el asalariado que más gana y el que menos gana. Así las cosas, casi la mitad de los trabajadores del sector privado no llega a cubrir los costos de la canasta familiar de pobreza.
En hogares con dos adultos y dos menores, difícilmente ambos adultos tengan trabajos en blanco, en el sector privado. Es decir, es probable que el ingreso en blanco sea el mayor y esté complementado con algún ingreso informal. Cabe destacar que la canasta medida por el Indec no contempla un alquiler. De esta forma, a esa familia (dueña del inmueble) le alcanza para cubrir la CBT y no mucho más.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA – Indigencia) para ese mismo hogar se encuentra en $ 12.409. A nivel individual, la CBT cuesta $ 10.080 y la CBA, $ 4.016.
En la Ciudad de Buenos Aires, la canasta familiar (dos adultos y dos menores) de pobreza está un poco más barata que la nacional: $ 30.914. Sin embargo, la canasta de indigencia está 21% más cara: $ 15.043.
A nivel individual, la canasta de pobreza de CABA se ubica en $ 11.451 y la de indigencia, en $ 4.932.
En línea con la inflación, en los últimos meses
En el primer semestre del año, el acumulado de inflación general del Indec llegó a 22,4%. En tanto, la canasta de pobreza acumuló en el mismo período un 22,2% y la de indigencia, un 21,7%, a nivel nacional.
La paridad es una tendencia de los últimos meses, ya que a nivel interanual la inflación general se ubicó en 55,8%; la canasta de pobreza, en 58,9%; y la de indigencia, en 58,3%. Esto indica que la inflación de los sectores más pobres es mayor que la media.
La campaña de los aeronáuticos pasa al cara a cara en Aeroparque
Los trabajadores aseguran que durante las vacaciones de invierno no habrá medidas de fuerza. Los pilotos difundirán la situación gremial este jueves desde las 10 a través de panfletos. Los Aeronavegantes lo harán en forma «independiente» el jueves y el viernes.
Los pilotos de líneas aéreas realizarán este miércoles desde 10 una difusión de los conflictos sindicales que atraviesan en distintas empresas en el marco de la política aerocomercial del gobierno de Cambiemos.
La modalidad será una panfleteada informativa, informó a Tiempo el secretario de Prensa de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) Juan Pablo Mazzieri, quien aseguró que la actividad no afectará los vuelos de ninguna de las compañías que operan en el aeropuerto porteño.
Los trabajadores aeronáuticos mantienen una posición crítica de la llamada Revolución de los Aviones, el nombre que el gobierno le dio a su política aerocomercial, enfocada en la liberalización del espacio aéreo a inversionistas del mundo, en especial a las aerolíneas low cost.
El gobierno asocia al conjunto de los sindicatos con el kirchnerismo y promueve la constitución de gremios por empresa.
Esta semana el conflicto volvió a estallar porque los pilotos lanzaron una campaña para informar a los pasajeros en los aviones en el marco de las vacaciones de invierno sobre temas gremiales vinculados a la política oficial.
Este miércoles los pilotos anunciaron el final de esa modalidad y el comienzo de otra a través de panfletos en el Aeroparque. A manera de respuesta, el gobierno nacional sugirió a través de algunos medios de comunicación que los vuelos planificados para mañana podrían sufrir alteraciones pero los gremialistas rechazaron la posibilidad.
Mazzieri dijo a Tiempo que los pilotos “cambiamos de modalidad y mañana vamos a realizar una manifestación en Aeroparque. La idea es repartir panfletos para informar a los pasajeros cara a cara. El gobierno dice que suspendimos la medida porque quiere instalar que dimos un paso atrás pero la verdad es que la modalidad de informar en los aviones cumplió su objetivo”.
A partir de las 10 “continuará la campaña concientización sobre la situación de trabajadores, que sufrimos pérdida de trabajo argentino a manos de la apertura indiscriminada. No es una intervención política sino una férrea defensa de los compañeros”.
En ese marco el secretario de Prensa de APLA garantizó que el servicio “no peligra porque no queremos interferir en las vacaciones de la gente” y adelantó que al menos por parte de los pilotos no está previsto realizar ningún paro mientras duren las vacaciones si bien expresó que la conflictividad “es muy dinámica”.
Aunque APLA integra el Frente Aeronáutico la protesta de mañana será únicamente de pilotos. Al cierre de esta nota las autoridades políticas no habían convocado al diálogo ni habían acercado ningún tipo de propuesta para destrabar la situación conflictiva.
Aeronavegantes
La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), el único gremio que no integra el Frente Aeronáutico, participará de la medida informativa en Aeroparque, informó el secretario Gremial Andrés Junor.
A diferencia de los pilotos, la AAA informará a los pasajeros en el hall central el jueves y el viernes “en forma independiente”, aclaró el referente consultado.
«Cualquier medida que tomamos nos salen a atacar»
Pablo Biró, líder de los pilotos, defendió el comunicado que leen sus representados luego de cada vuelo en el cual advierten sobre la situación aerocomercial del país: «Cualquier medida que tomamos nos salen a atacar».
24/07/2019
El comunicado que leen los pilotos luego de cada vuelo en el que advierten sobre los resultados y los peligros de la política aerocomercial del Gobierno Nacional ya despertó polémica. Es que los propios funcionarios salieron a acusarlos de desestabilizadores y de querer «voltearlos».
En ese contexto hoy fue el propio Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), el que se refirió a la situación: «Cualquier medida que tomamos nos salen a atacar», señaló.
«Buscamos alternativas para no tener que hacer medidas que pueden ser antipáticas, pero igual te estigmatizan y te atacan«, precisó el dirigente sindical en declaraciones a Futurock.
«Somos familias reclamando por fuentes de laburo y nos atacan y pretenden censurar nuestra libertad para reclamar«, añadió Biró quien explicó que «Los pasajeros nos aplauden, están a favor de nuestro reclamo y nos apoyan cuando leemos el reclamo en el avión».
«Nuestro lugar de trabajo es la cabina del avión, es natural que cualquier acción sindical que tomemos sea dentro de los aviones«, agregó el también referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional.
Por último el piloto concluyó: «Me quieren hacer ver como un tipo antidemocrático. En realidad quieren esconder su incompetencia».
ECONOMÍA
Córdoba empobrecida, estancada y desigualUn informe sobre la situación económica de la población cordobesa encendió las alarmas. La industria cayó en picada y el 37% de la población se encuentra en situación de pobreza. Mientras tanto, el 10% más rico gana 19 veces más que el 10% más pobre.
Redacción Canal Abierto* / La Tinta | Córdoba es una región muy pocas veces analizada desde las principales consultoras, incluso provinciales. Pero el miércoles pasado un informe arrojó algo de luz sobre el impacto de la crisis en uno de los territorios más poblados del país.
El primer informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), titulado Situación económica de la provincia de Córdoba, analiza la actividad económica, el comercio exterior, empleo, precios y salarios, distribución del ingreso y pobreza en la provincia desde 2011 y 2012 hasta la actualidad.
De allí surge que, desde entonces, tanto la actividad como el empleo se encuentran en un proceso de estancamiento, con leves oscilaciones que van acorde a la dinámica nacional. Pero la composición y las consecuencias de este estancamiento no son las mismas para toda la población y las ramas de la producción.
La industria manufacturera, por ejemplo, dejó de ser la actividad con más participación en la producción y el empleo. Perdió su lugar a manos de las actividades agropecuarias (las cuales partieron de un 14% de participación en 2012 y llegaron al 23% del total producido en 2017, mientras que la industria alcanzó un 15% a fines del mismo año). Esta tendencia se profundizó en el último año debido a los niveles récords alcanzados en la campaña 2018/19 en la cosecha de maíz, que contrastan con el estancamiento observado en una rama icónica de la industria cordobesa, la automotriz.
La situación del comercio y la construcción, otras dos grandes ramas de la provincia, también mostraron serias dificultades en los últimos meses, ya que las ventas de supermercados y el consumo de cemento están en caída desde mediados del año pasado.
Por el lado del empleo privado asalariado registrado, la industria perdió el primer lugar a manos del comercio, que es hoy el principal contratador de trabajadores y trabajadoras. A su vez, de acuerdo con las tasas generales del mercado de trabajo del Gran Córdoba pero, en especial, las de empleo no registrado y desocupación, la situación para la población femenina es peor. La tasa de desocupación fue del 8% para los varones y del 11% para las mujeres, y la tasa de empleo no registrado fue del 42% para los varones y del 43% para las mujeres en el cuarto trimestre de 2018.
En síntesis, los principales sectores generadores de empleo no pueden reactivarse debido a la contracción del mercado interno (producto de la caída de un 12% de los salarios reales desde fines de 2015 a fines de 2018) y por la falta de dinamismo en el sector externo, con caídas fuertes en exportaciones e importaciones. Y quienes más sufren este estancamiento son las mujeres.
Con una economía estancada, con poca creación de empleos registrados y asalariados (que son quienes detentan mejores condiciones laborales), la distribución del ingreso y la pobreza presentan también cifras alarmantes. El 10% más rico del Gran Córdoba gana, en promedio, 19 veces más que el 10% más pobre y los niveles de pobreza e indigencia presentan niveles altísimos: el 37% de la población se encuentra en situación de pobreza (un estimado de 572 mil personas) y el 8%, en situación de indigencia (123 mil personas).
Sobre el OTES
El observatorio es una construcción colectiva conformada por economistas de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene por objetivo aportar al análisis económico, político y social de la actualidad argentina, y, especialmente, de la provincia de Córdoba, y ofrecer servicios de asesoramiento técnico a distintas organizaciones (sociales, sindicales, etc.).
*Elaborada en base a una nota de OTES para La Tinta.
Imagen: Colectivo Manifiesto
Para evitar despidos, reducen la jornada laboral en la alimenticia El Alto
Los trabajadores aceptaron la reducción de la jornada, con la consiguiente reducción salarial, ante la inminente pérdida de puestos de trabajo. El Alto es una aceitunera de Catamarca que viene con problemas para pagar los salarios.
24/07/2019
La crisis industrial impacta fuerte en las alimenticias que no escapan a la caída de la demanda generalizada del alicaído mercado interno y una de las plantas en las que los trabajadores vienen sintiendo en carne propia el ajuste es la aceitunera El Alto.
Con su planta ubicada en la Provincia Catamarca, desde hace meses El Alto viene con problemas para pagar los salarios de sus operarios a término, situación que motivó múltiples reclamos.
Ahora, y luego de que la empresa amenazara con dar de baja a parte de la planta de empleados, se firmaría un acuerdo en el que se reducirían 30 horas laborales en el mes.
La reducción de la jornada laboral estaría acompañada de una consiguiente disminución de los haberes que cobran los trabajadores. Sin embargo el entendimiento se cerró ante el compromiso de la patronal de mantener las 22 fuentes laborales que hay en la actualidad.
La medida, que es un mero paliativo ocasional, se toma en forma transitoria para aguantar hasta un hipotético repunte de la demanda.
¿Por qué Andrés Rodriguez le permite a Macri blindar 2500 militantes de Cambiemos en el Estado?
A través un acuerdo con Andrés Rodriguez, el oficialismo blindó 2500 cargos políticos y les garantiza continuidad en el Estado más allá de la suerte electoral de Macri. UPCN aprovechó para ubicar cuadros propios.
El polémico Régimen de Alta Dirección Pública para jerarcas del Estado que firmaron el Gobierno Nacional y Andrés Rodriguez hizo mucho ruido en la administración pública. Es que en la práctica se trata de la fractura del convenio colectivo de trabajo del sector y la ruptura de la carrera administrativa.
Adicionalmente el entendimiento, tejido en las más altas esferas, implica la estabilidad laboral para unos 2500 funcionarios de alto nivel designados transitoriamente y que ahora se garantizarían la perpetuidad en el Estado más allá de la suerte electoral de Cambiemos (aka Juntos por el Cambio).
«Con este nuevo convenio, todos los asesores y personal gerencial que nombró Macri con su gremio amigo a lo largo de estos tres años y medio en los que además echó a 35 mil trabajadores- tendrán un aumento de sueldo de 100 mil pesos cada uno», había advertido cuando se conoció el pacto el líder de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy.
Muchos se preguntaban por qué «El Centauro» había resuelto acompañar una iniciativa que generó tanto revuelo y que implicaba para un costo político tan alto entre sus afiliados. Otros, más perspicaces, indagaban sobre qué era lo que había negociado a cambio, en un año en el que las paritarias de estatales apenas alcanzarán el 18% contra una inflación que difícilmente baje de los 40 puntos.
Los trascendidos en los pasillos de los organismo públicos apuntan a un cambio de figuritas. A cambio de validar el escalafón de privilegio para funcionarios, UPCN habría abrochado la incorporación a ese régimen de sus propios hombres de confianza que se asegurarían un lugar de privilegio en el Estado y se blindarían ante cualquier cambio de viento que vaya a soplar en la política nacional.
Adicionalmente, Rodriguez se asegura buena parte del manejo burocrático de la administración pública y un rol clave para el funcionarmiento de las políticas publicas, hecho que redunda en mayor capacidad de daño y presión. Eso lo pone en un lugar de poder ante un potencial conflicto de intereses, tanto con la gestión como con ATE, con quien posiblemente se avecine una compulsa para medir la cantidad de afiliados.
Cada 48 horas una empresa pide preventivo de crisis
Las cifras oficiales del Ministerio de Producción y Trabajo marcan que cada 48 horas una empresa pide procedimiento preventivo de crisis ante ese organismo oficial. Es uno de los rasgos más claros de la crisis industrial. En 2018 fueron 108 las empresas que lo solicitaron.
24/07/2019
La solcitud de un proceesaimiento Preventivo de Crisis (PPC) es, tal vez, la más cruda expresión del brutal golpe que están sintiendo las firmas en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país. Sólo en las últimas horas se conoció que Alfajores Balcarce presentó los papeles para peticionarlo y se anotó en una larga lista.
Según las cifras oficiales que dio a conocer el propio Ministerio de Producción y Trabajo, en lo que va del año se registran 68 pedidos de PPC, de los cuales 46 se encuentran en trámite, 10 culminaron sin acuerdo, 7 finalizaron con acuerdo y 5 fueron desistidos o archivados.
Se trata de exactamente un caso cada 48 horas en lo que va de 2019 y se encamina a disputarle el récord reciente que sostiene esta misma crisis con 108 empresas en esa situación a lo largo del turbulento 2018.
Más grave aún es que esos números rojos, una firma en crisis cada 48 horas, se repiten en las grandes jurisdicciones del país como lo son Córdoba y Santa Fe, por lo que el número final de la debacle productiva es todavía mucho más abultado que el que refleja el Ministerio nacional.
Según un trabajo realizado por el Centro CEPA con datos de la propia Secretaría de Trabajo de la Nación, entre 2016 y 2018 se presentaron a proceso preventivo de crisis 246 empresas, siendo solamente 108 los casos en 2018, el valor más alto desde 2005.
Judiciales confirmaron un paro para abrir paritarias
24 de julio de 2019
En reclamo de la apertura de paritarias, la Asociación de Judiciales Bonarenses confirmó que el próximo 5 d agosto realizarán una medida de fuerza. El sindicato se mostró en desacuerdo con la decisión del gobierno de Vidal de otorgar un incremento salarial de un 13% a pagarse con los haberes del mes próximo.
El secretario general de AJB, Pablo Abramovich, precisó que «ese adelanto decidido unilateralmente por el gobierno de María Eugenia Vidal equivale a un 13% calculado sobre los salarios de diciembre de 2018, y se liquidará con los haberes del mes de julio».
Añadió que ello «constituye una nueva violación al derecho a la negociación colectiva por parte de la gobernadora Vidal, que esconde la negativa a discutir seriamente la recuperación de los más de 15 puntos de salario perdidos en 2018, así como la garantía de que el aumento en 2019 acompañe o supere la inflación durante el segundo semestre”.
El dirigente expresó la voluntad de «diálogo» del sector y pidió al gobierno la reapertura de las negociaciones paritarias «para poner fin a este conflicto».
Moyano le reclama «derechos de autor» a Suar por El Tigre Verón
24 de julio de 2019
El líder camionero Hugo Moyano inició un juicio contra el productor televisivo Adrián Suar, reclamándole “derechos de autor” por la serie “El Tigre Verón”, que comenzó a emitirse en estos días por Canal 13, argumentando que tiene “demasiadas similitudes” con su vida.
El abogado del gremialista, Daniel Llermanos, fue el responsable de confirmar la noticia, afirmando que “es evidente” que la producción se refiere al dirigente. El letrado explicó: “Ya no alcanza con las fake news, ahora se hacen también ficciones de muy mala fe, violando por un lado los derechos posiblemente patrimoniales, porque uno puede hacer la vida de Rodrigo pagándole a la familia y ajustando el guión a las pretensiones y luego hacerla bien o mal, como pasó con la de Gilda”.
Y añadió: “Pero hacer la vida de la familia Moyano diciendo cuando empieza la serie que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia… acá la coincidencia es tan grande que es una copia. Y lo que se pretende decir y se pretende mostrar es falso”.
La demanda fue presentada en el fuero civil y las partes fueron convocadas para una audiencia luego del fin de la feria judicial. “Veremos qué explicación dan, si ofrecen una rectificación, una indemnización. Lo primero que tenemos que saber es qué réditos económicos les generó esto, porque se utilizan mecanismos parecidos a los del plagio”, manifestó Llermanos. “Cuando se difunde la vida pública de personas conocidas, usted no tiene derecho a hacerlo sin permiso. Esto implica una penalidad más una participación importante en las ganancias”, agregó.
“Lo que no se puede hacer es tomar la vida de él ni la de nadie sin consentimiento, desacreditarlo porque es un hombre de la vida pública y para tratar de quitarle votos a la oposición. Es tristísimo. Es penoso que se utilice el recurso de tanta bajeza. Esto no es ficción, es una truchada de la realidad mostrada de modo malicioso”, concluyó el abogado.
Paro por tiempo indeterminado en la línea 161 por otro ataque a un chofer
24 de julio de 2019
Un chofer de colectivo de la línea 161, que conecta Palermo con Ciudadela, fue asaltado en la madrugada de este miércoles, recibiendo un disparo en una mano, lo que desencadenó un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores de la empresa.
El episodio ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana en la esquina de la colectora de Acceso Oeste y Juan José Paso, cuando el vehículo circulaba por la localidad bonaerense de Ciudadela hacia Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero. El chofer baleado es Iván Corral, vecino de González Catán de 30 años, quien a fines del año pasado fue noticia por salvalre la vida a un pasajero aplicándole reanimación cardiopulmonar.
El asaltante subió vestido con camisa y campera de chofer de colectivo y luego de un par de cuadras de viaje atacó al conductor y comenzaron a forcejear, momento en que se escapó un disparo que hirió a Corral en una mano. La víctima se encuentra internada fuera de peligro en el hospital Ramón Carrillo, esperando para ser trasladado a una clínica en Ciudadela.
Carlos Franco, delegado de la línea, manifestó: “Los trabajadores no estamos exentos de la situación que se vive en el país. Son hechos de inseguridad que uno obviamente no quiere que pasen pero lamentablemente a veces tocan”. Respecto de la medida de fuerza, explicó: “Queremos pedirle disculpas a los usuarios pero es la única forma que tenemos de protestar”.
Los paros por agresiones a choferes se vienen multiplicando en la zona oeste, al compás del incremento de la violencia de los asaltos, que ya han dejado a varios trabajadores del transporte con heridas de diversa consideración.
Envio:RL
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