Un decreto de Macri para desinflar la causa penal
Tras la imputación a Dietrich e Iguacel, dan de baja siete contratos de peajes
Pese a que las concesiones estaban vencidas, el Gobierno había permitido que varias empresas siguieran operando, entre ellas Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente. Eso derivó en una denuncia penal contra el ministro de Transporte y el ex titular de Vialidad.
Por Sofía Caram
Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel.
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Tras la imputación al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por la prórroga ilegal de las concesiones de siete corredores viales, el Gobierno derogó por decreto los contratos que estaban vencidos hace dos años. A partir de ahora, las rutas serán administradas de manera provisoria y con un “plazo máximo de cinco años” por Corredores S.A.
Hace dos semanas, el fiscal Eduardo Taiano decidió investigar a los funcionarios a raíz de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVYARA). “Aunque ahora rescindan los contratos, el delito igual se cometió”, afirmó a Página/12 Graciela Aleña, Secretaria General del gremio y principal denunciante en la causa.
Mediante el decreto 659/2019 publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña y el imputado Guillermo Dietrich, el Gobierno busca dejar sin efecto la acción penal que ganó impulso en los últimos días en Comodoro Py. Sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado había habilitado a varias empresas --entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente-- a seguir cobrando peajes durante dos años y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.
Los pliegos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. De hecho, se extendieron y la fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse.
Supuestamente esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. Según la demanda, los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”. La presentación judicial, que cursa en el juzgado de Sebastián Casanello, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.
“Este decreto sale ahora por la denuncia que hemos efectuado por la prórroga ilegal de las concesiones viales”, aseguró Aleña ante la consulta de este diario.
-Funcionarios de Vialidad hicieron trascender que ahora esa denuncia deviene en “abstracta” ¿Es así?
-No, de ninguna manera. Lo que hacen con el decreto es convalidar lo que nosotros denunciamos. El delito igual se cometió durante estos dos años. Ellos mismos reconocen que la prórroga era solo por un año. En 2017 deberían haber llamado a una nueva licitación y no lo hicieron, expresó la dirigente.
El decreto 659
Efectivamente, el texto publicado este martes señala que los contratos estaban vencidos y que “se aprobó la continuidad operacional de emergencia”, bajo el paraguas de “la Resolución de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD N° 811 del 20 de abril de 2017”, un día antes de que caducaran los acuerdos. Justamente es esa resolución la que fue cuestionada ante la Justicia. La denuncia sostiene que es ilegal, ya que pasó por encima de la ley, que indicaba la convocatoria a nuevas compulsas.
Recién ahora, dos años después y tras la apertura de una denuncia penal, el Gobierno decretó “que teniendo en cuenta que las prórrogas de los contratos de los Corredores Viales Nacionales se han efectuado por el tiempo que demanden los procedimientos licitatorios, corresponde dar certeza a la finalización de dichos contratos de concesión”
El texto establece que a partir de ahora las rutas pasarán a ser administradas por la empresa Corredores S.A, integrada en un 51% por el Ministerio de Transporte y en un 49% por la Dirección Nacional de Vialidad. Se trata de una empresa creada por el Poder Ejecutivo en 2016, cuando el Gobierno de Macri le quitó la concesión de la autopista Ricchieri a la empresa AECSA, cuyos dueños eran Cristobal López y Fabián De Souza, también titulares del canal C5N.
Corredores SA es la actual controlante de ese acceso clave a la Capital Federal y ahora pasará a administrar los ocho corredores viales en cuestión hasta que se abra el proceso licitatorio, con un plazo máximo de cinco años. El punto más controvertido es que al tratarse de una sociedad anónima es de muy difícil control. “¿Por qué no pasaron las rutas directamente al control de Vialidad Nacional?”, se preguntó Aleña. La Secretaria General de STVYARA insitió: “Con este decreto tratan de cubrir el ilícito que cometieron durante dos años”.
Antecedentes
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil kilómetros de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.
Las empresas que operaron con los contratos vencidos durante dos años son: CPC SA y Benito Roggio SA; Esuco SA y Decavial SA; Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA; Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA; Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri (en la actualidad es Sacde SA); Corporación América y Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA.
25 de septiembre de 2019
La AFI deberá dar explicaciones a la Justicia por la visita de sus agentes a Luis Carzoglio
Espías investigados por apretar a un juez
Por Irina Hauser
El juez Luis Carzoglio denunció que fue apretado por agentes de la AFI.
Imagen: NA
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La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tendrá que dar explicaciones sobre la visita, con tono de apriete, que dos funcionarios le hicieron al juez Luis Carzoglio cuando tenía a cargo la causa sobre una supuesta asociación ilícita en el club Independiente y le mandaron el borrador de una orden de detención para Hugo y Pablo Moyano, que además indicaba allanamientos, por ejemplo en la sede de Camioneros (que luego harían otros jueces). En un reciente dictamen al que accedió PáginaI12, el fiscal federal Ramiro González puso ese hecho en el centro de una investigación penal y pidió que la central de espías “remita un informe amplio y pormenorizado sobre la actividad desarrollada por agentes de esa repartición estatal sobre el juez Carzoglio”. También requirió a la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia copia de la versión taquigráfica de la reunión plenaria en que las autoridades de la AFI reconocieron que dos de sus agentes fueron enviados a hablar con Carzoglio, aunque la excusa que pusieron fue que querían prevenir las consecuencias de una posible detención de los Moyano. Es otro caso clave, como la causa por espionaje ilegal que tramita en Dolores, para entender el armado de causas.
En octubre pasado, el fiscal Sebastián Scalera pidió la detención de Pablo Moyano en la causa sobre presunto lavado de dinero en Independiente, pero Carzoglio no le hizo lugar porque consideraba que no había motivos. Carzoglio relató públicamente que lo habían ido a ver a su despacho el jefe de Asuntos Jurídicos de la AFI, Sebastián De Stéfano, y el de Finanzas, Fernando Di Pasquale. “El Presidente está obsesionado con Pablo Moyano. Espera su detención”, le advirtieron. “¿Usted qué quiere?”, lo tantearon y le dijeron que poco más tarde recibiría un escrito con el modelo de la orden de detención para ambos dirigentes. Así sucedió, y el juez guardó el papel en su caja fuerte. Aquella pregunta en el momento no fue interpretada por el juez como un ofrecimiento de dinero, recién después pudo comprenderla así. Además la presencia del jefe de Finanzas allí sonaba extraña. Carzoglio les había dicho que no tenía problemas en hablar con el Presidente pero que quería ver el expediente primero. Después que rechazó la detención de Pablo Moyano, le activaron un pedido de juicio político en contra y al día de hoy está suspendido.
La causa penal fue iniciada por una denuncia de los Moyano, que son querellantes, y que pidieron que se investigue un “supuesto plan criminal en el que intervinieron (…) el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, las diputadas nacionales Elisa Maria Avelina Carrió, María Graciela Ocaña, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia como Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Juan De Stéfano, Fernando Di Pasquale, como así también Patricia Bullrich, Gerardo Miman, Florencia Arrietto, Rubén Reznik y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros, con el objetivo de lograr el desprestigio y la detención de Hugo Moyano y/o Pablo Moyano”. ¿Por qué? Según los denunciantes, “eran un estorbo para” los “planes de flexibilización laboral y de endeudamiento público” del gobierno de Macri, quien “valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la AFI y del Ministerio de Seguridad” propició el inicio de causas penales en su contra “mediante el tráfico de influencias, extorsión a personas privadas de libertad”. En ese escenario encajaría el apriete a Carzoglio, en una de las varias causas que señalan que avanzaron en contra de ambos.
El juez del caso es Ariel Lijo, pero delegó la investigación en manos del fiscal González quien hasta ahora no imputó a ninguna persona en particular, pero dispuso medidas, entre ellas los pedidos de informes a la AFI. Otro pedido de informes fue dirigido al Ministerio de Seguridad, para verificar las funciones que habría cumplido en esa dependencia el abogado Reznik, señalado por los Moyano con Millman y la propia Bullrich, a quienes los denunciantes también vinculan con su planteo y en particular con allanamientos.
González pidió certificaciones de varias causas que los dirigentes mencionan como armadas. Pero el foco está puesto en el caso de Independiente y en la presión a Carzoglio, aunque insiste también en un pedido a la AFI de datos sobre un ex espía que en agosto se presentó en la causa a denunciar que, como agente de inteligencia también actuaba como abogado defensor de uno de los barras acusados en la causa de Independiente, y que había sido amenazado, coaccionado y despedido del organismo por no querer prestarse a que su defendido, Damián Lagaronne, declarara falsamente en contra de los Moyano. El agente también implicaba al fiscal Scalera. Lagaronne declaró contra los dirigentes, y consiguió la prisión domiciliaria. Lo mismo que había ocurrido con Pablo "Bebote" Alvarez, el jefe de la barra.
Otra línea de la investigación, todavía en un plano secundario, se refiere a la filtración de escuchas telefónicas y al supuesto uso de trolls por parte del Gobierno “para desprestigiar a oponentes políticos, alentar y ensalzar políticos propios”, según el dictamen. González quiere saber si hay causas en trámite sobre este asunto.
La clave de la pesquisa será determinar si hay violaciones a la ley de inteligencia, lo que podría demostrar la posible incidencia ilegal en causas penales. Una denuncia que hicieron tres integrantes de la Bicameral de Inteligencia (Marcelo Fuentes, Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade), que presenciaron la declaración de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani el 4 de abril último, explica que los hechos admitidos por ambos a su entender “no forman parte del Plan de Inteligencia Nacional, cuya ejecución es la que debe ser controlada por la Bicameral, y no pueden serlo porque la ley prohíbe esta clase de actividades”, en alusión a la “visita” a Carzoglio. “Lo que escuchamos en la reunión –denunciaron– no tiene que ver con la inteligencia sino con la participación de la AFI en una maniobra delictiva desplegada en medio de una operación política que interesaba particularmente al gobierno nacional”.
Acto en Mendoza
Alberto Fernández propuso crear una capital alterna en cada provincia
Junto con varios gobernadores, Fernández estuvo en la provincia cuyana para apoyar a la candidata a gobernadora Fernández Sagasti. Con un discurso fuertemente federal, afirmó: “Gobernar con estadísticas desde Buenos Aires lleva a no mirar a la gente, sino a las estadísticas”.
25 de septiembre de 2019
Fernández junto a Fernández Sagasti, esta tarde en Luján de Cuyo.
Imagen: Captura de pantalla
Imagen: Captura de pantalla
Alberto Fernández pasó por Mendoza, donde dio su apoyo a la candidata a gobernadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, y destacó el rol federal que pretende darle a su gobierno si resulta electo en octubre. Lo hizo en un acto en Luján de Cuyo, acompañado por la senadora Fernández Sagasti y otros candidatos, como Matías Lammens y Axel Kicillof.
En ese marco, Alberto Fernández planteó su idea de que haya una capital alterna de la Argentina en cada provincia, con el objetivo de profundizar el federalismo.
Fernández Sagasti, que este domingo competirá por la gobernación de la provincia cuyana contra el radical Rodolfo Suárez, dio la bienvenida al ex jefe de Gabinete, que llegó acompañado también por los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de San Juan, Sergio Uñac; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, de Chaco, Domingo Peppo, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
La senadora Fernández Sagasti propuso “construir una nueva economía junto a las provincias vecinas” y consideró “injusto” que en Mendoza haya “pobreza y desempleo”. También señaló que espera que, en caso de ser ella gobernadora y Alberto Fernández presidente, “tengamos un huracán de crecimiento”.
A su turno, el candidato presidencial del Frente de Todos se refirió a la importancia “de la producción vitivinícola para Mendoza y para el país” y se definió como “un porteño muy porteño, que para los porteños soy muy federal”.
En otro pasaje de su discurso, resaltó que en sus años como jefe de Gabinete “aprendí que el país dice ser federal, pero no ejerce como tal” y, en ese sentido, advirtió: “Si no cambiamos la estructura de desarrollo, vamos a tener los mismos resultados”.
Acto seguido, presentó su idea: “No puede ser que Dios solamente atienda en Buenos Aires”, manifestó. Y agregó: “Un amigo ya fallecido esbozó la idea de capitales alternas, que lleve a a conocer fuera de Buenos Aires lo que pasa en el país. Ese amigo era José Manuel de la Sota”.
Alberto Fernández recordó que el fallecido exgobernador cordobés hizo algo similar en su provincia con la ciudad de Río Cuarto como capital alterna. “José Manuel fue muy importante, trabajé con él y no pude decirle lo que admiré su capacidad política”.
Añadió: “Quiero que en cada provincia haya una capital alterna y que una vez al mes el gobierno se instale allí”. En ese sentido, expresó que “gobernar con estadísticas desde Buenos Aires lleva a no mirar a la gente, sino a las estadísticas”.
Fernández estimó que “si no hacemos otra estructura de desarrollo se concentra riqueza en un lugar y padece la periferia” y afirmó que “no debe haber centro ni periferia”, ya que “vale lo mismo un porteño que un jujeño y que un fueguino, todos son importantes y hay que garantizar las mismas oportunidades”.
En ese sentido, aseguró que “si no acercamos las oportunidades a todos los rincones del país, seguirán viviendo mal” y recordó los problemas que le plantean diversos productores en distintos puntos del país. “Un bodeguero me contó sus problemas en Mendoza, en Catamarca me habló de lo mismo un productor de aceitunas. No se sabe el esfuerzo y sacrificio de esas personas”.
Además, Fernández pidió que "el domingo acompañen a Anabel (Fernández Sagasti)" en las elecciones provinciales en las que competirá contra el radical Rodolfo Suárez, "porque tiene el mismo compromiso y quiere ser parte de ese país integrado con el que todos soñamos".
Al final del acto, señaló: "Vamos a hacer un país federal de verdad". Y destacó que cuenta para ello con el respaldo de todos los gobernadores peronistas.
Fuente:Pagina12
El juez Lavié Pico consideró que viola la Constitución al negar acceso a la Auditoría General de la Nación a las causas iniciadas contra funcionarios macristas.
Por Néstor Espósito
24 de Septiembre de 2019
La Oficina Anticorrupción (OA) violó la Constitución Nacional al obstaculizar la principal tarea del organismo encargado de controlarla, la Auditoría General de la Nación, a la que (también) le retaceó información pública que le había solicitado para evaluar su actividad.
“La negativa a facilitar la información por parte de la Oficina Anticorrupción ha impedido a la Auditoría General de la Nación (AGN) el pleno ejercicio de sus facultades de contralor, asignadas de manera expresa por el artículo 85 de la Constitución Nacional”, sentenció el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico.
Apenas horas después de que Tiempo revelara que la OA le había negado el acceso a información a cuatro ciudadanos que querían saber qué causas inició o impulsó en relación con funcionarios del actual gobierno, el juez Lavié Pico condenó al organismo que encabeza Laura Alonso a que en el término de 15 días suministre los datos pedidos por la AGN.
Esa auditoría, por otra parte, había sido ordenada por el Congreso de la Nación, con lo cual la virtual rebeldía de la Oficina Anticorrupción es doble. El Plan Operativo Anual 2018 de la AGN fue aprobado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso Nacional.
¿Qué pidió la AGN para auditar? El “Listado de manuales de procedimientos o de guías de trabajo en uso, detallando el tema y el contenido respectivo” y “en relación con la labor realizada desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2018 el listado de denuncias presentadas ante la justicia, de las recibidas por el Organismo y el estado actual de las mismas”.
También podés leer: Laura Alonso se niega a brindar información sobre acciones de OA contra funcionarios de Cambiemos
La OA respondió con evasivas y pidió precisiones adicionales argumentando que lleva adelante “cuatro mil actuaciones”. El pedido de la Auditoría se remonta a 2018, pero un año después la repartición que encabeza Laura Alonso sigue sin cumplimentar la requisitoria.
El juez Lavié Pico invocó la ley 27.275, de acceso a la información pública, y tras recordarle a la OA los principios que rigen esa norma subrayó uno en especial que zanja cualquier diferencia a favor de la difusión de la información pública. El principio se llama “In dubio pro petitor” (ante la duda, se debe resolver a favor del peticionante). Taxativamente lo explica la ley: “en caso de duda siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información”.
“El derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración, y sobre los datos o documentos que ésta posee constituye una exigencia elemental del Estado democrático de Derecho y un derecho humano fundamental. (…) Si el derecho de acceso a la información constituye un derecho fundamental, entonces el Estado debe en primer término abstenerse de obstaculizarlo directa o indirectamente mediante restricciones infundadas”, advirtió el juez.
“Esa información no puede estar sujeta a condicionamiento alguno por parte del organismo auditado, y la reticencia en suministrarla, obstruye el desenvolvimiento de las tareas de auditoría constitucionalmente otorgadas al órgano de control, más aun teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el primer requerimiento”, subrayó.
El fallo ya fue notificado a la OA, que aún está dentro de los plazos legales para presentar una apelación y, de esa manera, seguir demorando la entrega de la información reclamada por la Auditoría.
El bono de privados será finalmente un adelanto de paritarias en cuotasTras un encuentro con la CGT y empresarios, se anunció una cifra de $5.000 que será descontada en la próxima negociación salarial.
24 de Septiembre de 2019
Lo que fue anunciado como un bono de $5.000 para el sector privado, finalmente será una cifra no remunerativa a cuenta de la próxima paritaria y su pago será en cuotas, según se desprende del principio de acuerdo al que se llegó esta semana.
La medida se comenzó a cerrar en una reunión en el Ministerio de Trabajo con empresarios y representantes de la CGT y este martes continuará en debate para definir el texto.
Del encuentro participaron el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, representantes del sector empresario (UIA y CAME, entre otros) y de la central sindical GT en la sede laboral de la Avenida Leandro N. Alem al 600.
Según fuente sindicales y empresariales, la cifra de $5.000, que aún no tiene fecha de pago, será "no remunerativo", es decir, no se aplicarán las cargas sociales para su efectivización y será a cuenta de las próximas revisiones paritarias.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó que dicho pago se ejecute en al menos cinco cuotas.
En declaraciones a El Destape Radio, Ricardo Diab, vicepresidente de la CAME, aclaró que “el trabajador va a recibir $1.000 por mes”. “Nos parece muy poco. Nosotros necesitamos que el poder adquisitivo de todos sea más elevado”, señaló y aclaró que “muchísimos empresarios no van a poder pagar este adelanto de sueldo".
"Esto no es un bono, es un adelanto de sueldo y nada más", afirmó el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, en diálogo con Futurock, y aseguró que “nadie tiene ningún detalle de este supuesto bono hasta que se publique el decreto".
Fuente:TiempoArgentino
En New York
Macri se reunió con el director del FMI y no consiguió que libere el desembolso
El Presidente de la Nación se presentó de imprevisto en el encuentro que David Lipton tenía con Lacunza y Sandleris. Horas después, el organismo multilateral de crédito anunció fecha para una nueva reunión pero no confirmó el envío de los 5400 millones de dólares.
David Lipton (Director FMI)
Este martes Mauricio Macri utilizó su viaje a New York para hablar ante la Asamblea General de la ONU para caer de imprevisto en la reunión entre el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el titular del Banco Central, Guido Sandleris y el director del FMI, David Lipton. No consiguió que el Fondo confirme el desembolso de los últimos 5400 millones de dólares.
“Hablamos sobre la marcha del programa que está vigente y vamos a seguir trabajando en las dos semanas siguientes”, explicó Lacunza a la salida del encuentro.
Además, confirmó que el 14 de octubre viajará a Washington a la sede central del FMI para seguir negociando. Por lo que parece poco viable que el dinero llegue antes de las elecciones presidenciales del 27.
Por su parte, Lipton envió un comunicado en el que no dijo demasiado. "Discutimos los esfuerzos que Argentina ha realizado bajo el programa respaldado por el FMI y sus impactos positivos", definió.
Justicia y elecciones
La Corte le puso una bomba electoral a Macri: el Gobierno deberá decidir antes de octubre si acepta la oferta del Correo
Con la excusa de una presunta “gravedad institucional”, la Procuración, en nombre del Gobierno, había pedido al máximo tribunal suspender por no menos de 120 días el plazo para expedirse por la deuda de $ 70 mil millones de la firma del Grupo Macri con el Estado. La respuesta fue "no" y el Ejecutivo tendrá que resolver antes de las elecciones y esperar qué dice la justicia comercial.
En una decisión unánime, el máximo tribunal dio señales para apurar la causa por el concurso preventivo abierto entre el Correo Argentino y el Estado por el pago de una deuda millonaria, lo contrario a lo que quería el Gobierno, que buscaba que la firma presidencial pagara lo menos posible pero que, a la vez, ese hecho no fuera un clavo electoral.
La Corte cuestionó a la Cámara en lo Comercial por haber aceptado un recurso extraordinario del Gobierno (desde la Procuración Nacional del Tesoro) bajo un supuesto de gravedad institucional para que el tema llegara al máximo tribunal.
Lo que pedía el organismo que encabeza Bernardo Saravia Frías era más tiempo (un plazo no menor a 120 días hábiles) para resolver si aceptaba una propuesta que presentó el Grupo Socma (controlador del Correo, de la familia Macri) para cerrar el concurso. Hace más de 30 meses que el Estado debe esa respuesta.
La Sala B de la Cámara en lo Comercial rechazó el pedido de más tiempo del Estado, pero a la vez le abrió la puerta para discutirlo en la Corte. Por eso hoy el máximo tribunal declaró mal concedido el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional y dispuso la devolución de la causa para continuar con el trámite del concurso.
Tal vez hasta de forma sorpresiva, la resolución de la Corte fue firmada por los cinco miembros de la Corte: Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
Desde 2001, la Justicia comercial lleva adelante un expediente por el concurso preventivo de Correo Argentino S.A. (CASA). Hoy está en manos de la jueza en lo comercial Marta Cirulli, con el impulso de la fiscal Gabriela Boquín, e interviene la Sala B Cámara Nacional en lo Comercial.
Fue en ese expediente en donde la fiscal impugnó un acuerdo al que habían llegado la empresa y el Estado por una quita de deuda, que según sus cálculos debía ascender a $ 70 mil millones. Decía que ese acuerdo era abusivo y negativo para el Estado y eso derivó en una denuncia penal que ahora tiene en sus manos el juez Ariel Lijo.
Hasta ahora, el tema del concurso sigue sin resolverse. La fiscal Boquín viene cuestionando la excesiva dilación de la causa y una suerte de connivencia de representantes del Estado Nacional para demorar el trámite. Por esa razón, puso en la mira al procurador Saravia Frías al sostener “pareciera que en base al decreto 201/17 por los conflictos de intereses existentes, se estaría beneficiando a la concursada, lo cual es justamente lo que el decreto buscaría evitar, debiendo ser éste un parámetro de interpretación que el Procurador del Tesoro no tiene presente”.
A mediados de julio, Correo Argentino SA hizo una nueva propuesta para los acreedores. Ofreció pagar su deuda de $296 millones por el canon impago de la concesión, más los intereses acumulados desde julio de 2002, en un solo pago y al contado. También renunciar a cualquier juicio futuro contra el Estado por daños y perjuicios -en particular, lucro cesante- “por la quita de la concesión del servicio postal y la apropiación de sus activos”, que tuvo lugar durante el Gobierno de Néstor Kirchner.
Pero el Estado Nacional, a través de la Procuración, pidió aclaraciones y solicitó la suspensión del plazo para expedirse. La Cámara denegó el pedido de los 120 días de suspensión, aunque concedió una prórroga de 15 días para que el Estado manifieste si acepta o rechaza la propuesta. Pero la Procuración llevó el planteo a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario, en donde habló de “gravedad institucional”.
La Cámara Comercial lo concedió sin correr traslado al resto de las partes y aunque los plazos se encontraban vencidos. En ese momento, la Cámara Federal afirmó: “Habida cuenta que la decisión atacada es recurrida por el Estado Nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social –cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido”.
Ante esa situación, los ministros de la Corte hoy rechazaron el planteo y aseguraron que “el solo hecho de que sea el Estado nacional quien recurre sin precisar de qué manera la decisión podría pondría en juego principios esenciales en orden social (...) no constituye una causal autónoma de procedencia del recurso”.
El fallo sostuvo que “descartada la existencia de cuestión federal” por la Cámara en lo Comercial “y no encontrándose tampoco justificada la configuración de la gravedad institucional invocada, teniendo en consideración el particular estado que exhiben las presentes actuaciones y en virtud de las amplias facultades de que goza esta Corte como juez del recurso para examinar su procedencia, corresponde declarar mal concedido el remedio federal interpuesto y disponer la devolución de la causa para continuar con su trámite”.
Ante esta situación, el procurador Saravia Frías -como instrumento de Macri- deberá resolver antes de las elecciones de octubre si acepta o no la propuesta de la empresa de Macri sobre su deuda con el Estado que -al menos- hasta el 10 de diciembre administra Macri. En base a eso la justicia comercial definirá como sigue el proceso.
Fuente:PoliticaArgentina
En el país de las vacas: los lácteos aumentaron hasta el 102% en solo un año
Miércoles 25 de Septiembre
Así lo indican datos del Indec relevados por la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores. El trágico ránking de los que más subieron su precio.
El consumo se desbarranca a paso de gigante en un contexto de precios entregados a la inflación y a cualquier salto mínimo (y no tanto) del tipo de cambio. Con este escenario, la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores realizó un informe basado en datos oficiales del Indec sobre las subas en los productos lácteos: hasta el 102 por ciento en los últimos 12 meses, nada menos.
El período de estudio va de agosto de 2018 a mismo mes de 2019 y el producto con más incremento en las góndolas fue el pote de yogurt de 190 gramos, que subió el 102%. Lo siguieron el queso pategras y la leche en polvo, cuyos valores fueron remarcados en un 96 por ciento.
Tercera en la lista quedó la manteca (por 200 gramos), con un encarecimiento del 95%. Más atrás están el queso sardo ((93 por ciento); queso cremoso por kilo (90%) y el sachet de leche de litro (85,3%).
Por otro lado, DEUCO comunicó que, en el primer semestre de este año, cada consumidor ingirió 35 litros menos de leche con respecto a los números relevados en 2015.
Asimismo, la ONG cita a un cuadro elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea según el cual en el primer semestre de 2015 un adulto argentino consumió, en promedio, 217 litros de leche, mientras que en los primeros 6 meses de 2019 la cifra bajó a 182.
Fuente:Infonews
Anabel Fernández Sagasti recibió el último impulso nacional. El PJ asegura tener “muchas esperanzas” y la UCR confía en una brecha ampliada. Este domingo habrá nuevo Gobernador.
Mayra Jelvez Mayra Jelvez
24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
En la última semana de campaña Alberto Fernández visitó Mendoza para brindar su apoyo- por tercera vez- a la senadora Anabel Fernández Sagasti. El 29, los mendocinos definirán quién gobernará la provincia durante los próximos 4 años. Referentes peronistas celebraron la llegada del candidato presidencial y manifestaron la situación del panorama electoral .
“Es una gran emoción pero una gran responsabilidad” dijo a El Destape Lucas Ilardo, el jefe de campaña de Anabel. En la bodega Ruca Malén, en Luján de Cuyo, y tras el acto de Alberto se refirió a los últimos sondeos y agregó que “las mejores encuestas son las de la gente, pero nuestros números indican que la elección está muy peleada; somos prudentes y tenemos mucha ilusión por el cariño de los mendocinos hacia Anabel”.
En tanto, desde el frente oficialista Cambia Mendoza aseguran tener una diferencia cercana a los 14 puntos. El jefe de campaña Andrés Lombardi (que su vez es coordinador de gabinete del Gobernador) dijo a este diario que manejan números similares a los difundidos; además, sostuvo que la gente sabe diferenciar cada comicio y hay dos propuestas: “Cornejo y su equipo vs la foto de hoy de Alberto Fernández y el resto de los gobernadores”.
Por su parte la candidata a Gobernadora resaltó que “las encuestas son herramientas que últimamente no gozan de muy buen prestigio, nunca dijimos que iba a ser fácil” y destacó: “Estoy muy esperanzada con la elección del domingo;es elegir una vida diga o el abismo de la desigualdad”.
Últimos 5 días
Los cierres de campaña estarán marcados por 3 debates televisivos donde participarán los frentes mayoritarios; José Luis Ramón (Protectora) y Noelia Barbeito (FIT). Martes, miércoles y jueves expondrán sus propuestas para terminar de captar la mayor cantidad de votos; en total habrá habido 5 debates provinciales.
La senadora cerrará con la visita y anuncio nacional; Cambia Mendoza lo hará mediante una conferencia de prensa en el Comité Radical o la Peatonal junto a Cornejo; Barbeito estará acompañada por Del Caño en la Plaza Independencia; y Ramón en un teatro de Capital.
Los números y la caza por el voto en blanco
El próximo domingo más 4.200.000 de electores deberán escoger: Gobernador, vice, intendentes y concejales de 14 comunas, 24 diputados provinciales y 19 senadores.
El frente oficialista “Cambia Mendoza”, con Rodolfo Suárez a la cabeza,- pretende estirar los 7 puntos que logró sobre “Elegí”, la alianza que comanda Anabel. Sin embargo el peronismo unido confía en sumar votantes tras la victoria Fernández-Fernández en Mendoza: aquellos tres puntos le costaron 36.900 votos a Macri en tierra de Cornejo, titular de la UCR nacional. El resto de los aspirantes a gobernador no tendrán oportunidades.
A pesar de los sondeos partidarios y las cifras conocidas de las primarias, varias miradas apuntan a captar los votos en blanco: fueron casi cuarenta mil en junio, un 3,74% de los sobres escrutados.
La suerte quedará echada en las urnas, cuando los mendocinos den a conocer sus preferencias electorales. PJ o UCR, volver o continuar.
Fuente:ElDestape
Moyano y los Gordos avanzan en la unificación y se habla de Daer para conducir la CGT
Se reunieron en la sede de UPCN. El barrionuevista Acuña faltó pero confían en sumarlo.
La CGT dio un paso importante hacia la reunificación con el aval de Hugo Moyano y se menciona a Héctor Daer como el futuro líder de la central en un eventual gobierno de Alberto Fernández.
Este martes durante dos horas y media, con Andrés Rodríguez como anfitrión en la sede de UPCN ubicada a metros de la jefatura de policía, se sentaron después de mucho tiempo representantes de los "Gordos", los "independientes" y los gremios del transporte junto al líder de Camioneros, que llegó con anteojos de sol.
Moyano y Daer conversaron con Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (Uocra), Antonio Caló (UOM), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Omar Plaini (Canillitas) y Roberto Fernandez (UTA).
"Esto es como con los chicos, tienen que ir creciendo de a poco", dijo a LPO uno de los popes de la CGT que participó de la reunión sobre la reunificación.
Daer es el vínculo de la CGT con Alberto Fernández y por eso es quien suena para encabezar la central unificada. Moyano ya no tiene ganas.
"Eso se verá después", dijo a LPO uno de los gremialistas de la mesa chica sobre quién ejercerá el liderazgo. "¡Fue la primera reunión!", exclamó uno de los sindicalistas más cercanos al kirchnerismo.
Se esperaba la presencia del otro conductor de la CGT, Carlos Acuña, que reporta a Luis Barrionuevo. El gastronómico apoya la candidatura de Roberto Lavagna, es enemigo del kirchnerismo y cerró con Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. Sin embargo, en la mesa chica de la CGT creen que puede sumarse más adelante. "Acuña no pudo venir, pero va a estar. Van a estar todos", dijo a LPO uno de los presentes.
Sergio Palazzo, titular de La Bancaria y uno de los más cercanos a Cristina Kirchner, no estuvo en el mitín en UPCN pero se reunió este mismo martes con la mesa chica de la CGT, según adelantó Plaini. "Este gobierno ha fracasado", dijo el canillita a la salida del encuentro.
Daer, en tanto, dijo que nunca hubo "desencuentros" con Moyano sino "matices". Los separó durante años la enemistad entre el líder del gremio de Daer, Carlos West Ocampo y el Camionero. Luego del reencuentro, Daer definió a la reunión como "el tránsito a la reunificación de la totalidad del movimiento obrero".
Fuente:LPO
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