Por CARLA PELLIZA* / Resumen Latinoamericano/ 14 de noviembre 2019 .-
Con la firma del Presidente y del ministro de Defensa, Oscar Aguad, entró un mensaje al Senado para promover a cinco militares que se alzaron contra Alfonsín.
En un contexto dramático para la región, signado por el golpe de Estado en Bolivia, Mauricio Macri busca ascender a militares carapintadas, que hicieron el levantamiento armado contra el expresidente Raúl Alfonsín.
Con la firma de Macri y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el Ejecutivo envió un mensaje al Senado el 1 de noviembre para recabar «el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, en las fechas que para cada caso se especifica, a los Oficiales del Cuerpo de Comando – Armas del Ejército Argentino» detallados en el documento que ingresó por mesa de entrada el 4 de este mes.
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El mensaje del Poder Ejecutivo al Senado.
Si bien cuando se enviaron los ascensos aún no se había concretado la interrupción del orden democrático en Bolivia, Evo Morales ya había denunciado que estaba en marcha el proceso. Según pudo saber El Destape, el mensaje del Ejecutivo aún no fue girado a la Comisión de Acuerdos per lo hará en los próximos días.
Una vez que llegue a la Comisión, deberán dictaminar sobre los ascensos propuestos. La misma tiene un total de 17 integrantes y la propuesta del oficialismo podría tener entre seis y siete votos, por lo que el éxito de la iniciativa podría verse trunco. En caso de lograr acuerdos y conseguir los votos necesarios, llegaría al recinto para aprobarse o rechazarse.
Se trata de militares carapintadas que se levantaron contra el primer presidente democrático de la Argentina después de la última dictadura cívico-militar. En total, son cinco ascensos: Carlos Alberto Corradi; Carlos Andrés Freites; Marcel Javier Alem Troncoso; Eduardo Pablo Garbini y Jorge Oscar Fernández.
Todos ellos – salvo Garbini – alcanzados por el decreto 1004/89 de indulto realizado por el expresidente Carrlos Menem a todos los participantes de las rebeliones carapintadas de la semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988, según consta en desaparecidos.org.
¿Quiénes son los militares que quiere ascender Macri?
Marcelo Troncoso nació el 25 de abril de 1964 y actualmente es Jefe del Departamento de Educación Provecional Militar e ingresó al cuerpo el 13 de diciembre de 1985. El 31 de octubre de 1988 fue arrestado por diez días por haberse desempeñado en el Regimiento de Infantería 5 «e integrando una columna de esa unidad que marchaba hacia la localidad de Monte Caseros con la finalidad de cercar a fuerzas militares que respondían a oficiales Jefes que públicamente habían manifestado desconocer la autoridad del entonces señor jefe del Estado Mayor General del Ejército, abandonar la referida columna regresando a la sede de la Unidad de revista», además de sanciones por descuidos, negligencia, entre otras.
Eduardo Pablo Garbini nació el 18 de febrero de 1966, actualmente es Secretario de Prácticas Profesionales, Profesor, e ingresó en la carrera el 14 de febrero de 1982. El 31 de octubre de 1989 fue sancionado con 10 días de arresto por haberse desempeñado en el Regimiento de Infantería Mecanizado 35, «adherirse a la posición adoptada por su Jefe de Compañía de no cumplimentar una orden en el alistamiento y marcha de ésta, en circunstancia de ocurrir graves episodios institucionales», entre otras como no entregar a tiempo cierta documentación, según consta en el proyecto PE 286/19 del Ejecutivo nacional.
Carlos Andrés Freites, nacido el 30 de diciembre de 1962, ingresó en la carrera militar el 16 de febrero de 1982 y actualmente tiene el cargo de Jefe de Departamento Ceremonial del Ejército. También tiene una sanción correspondiente al 31 de octubre de 1989 por haberse desempeñado «en el Regimiento de Infantería 12, formar parte de una columna de esa Unidad que hizo abandono de la misma para marchar a la localidad de Monte Caseros y plegarse a las fuerzas militares que respondían a las órdenes de Oficiales Jefes que públicamente habían manifestado desconocer la autoridad del entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército, cumpliendo además en ese lugar diversas actividades en favor de la postura asumida pr aquéllos». Ésto le valió diez días de arresto.
- El Destape
Chubut: Estallido social y lucha contra la megaminería
Julieta Lucero y Fabricio Cadelli / Resumen Latinoamericano / 14 de noviembre de 2019
Deuda, inflación y promesas no cumplidas. En el marco de un conflicto gremial que lleva 17 semanas, trabajadores estatales, ambientalistas y estudiantes se articulan para pensar salidas a la crisis provincial. Todos coinciden: la minería no es la solución.
Ya van 80 días sin clases en Chubut. Si bien hace tiempo que la crisis del Estado es enorme, lo que sorprende es la continuidad del conflicto social. Como en 2018, el Gobierno de Mariano Arcioni (de “Chubut Somos Todos”, Chusoto) no cumplió con el pago de salarios y los estatales trasladaron el conflicto a las calles. Este año fue aún más grave.
Con una inflación por encima de la media nacional, el gobernador no pagó el 40 por ciento de aumento que había firmado antes de ser reelecto, implementó un calendario escalonado de pagos y no concretó la prometida refacción de las escuelas. Estudiantes secundarios, cansados de promesas incumplidas, se sumaron a las medidas de fuerza de los gremios estatales y ocuparon los colegios.
La provincia, que depende de industrias extractivas como la petrolera, hasta octubre acumulaba una deuda de más de 760 millones de dólares con compromisos de pago hasta 2026. En un escenario crítico de inestabilidad financiera y política, el lobby minero volvió a aparecer, esta vez con la promesa de aportar divisas para estabilizar las cuentas y dar trabajo a la población.
La minería metalífera a cielo abierto está prohibida por ley desde 2003 y se sostiene desde entonces gracias a la lucha constante de las asambleas ambientales. El año pasado hubo una actividad intensa del lobby para empujar la modificación de esa ley pero, de forma más o menos directa, el conflicto de los estatales colaboró para que eso no suceda.
Este año el estallido social operó de forma similar, aunque con una novedad muy importante. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo provincial y el silencio de la mayoría de los legisladores, el movimiento ambiental y el sindical comenzaron a articularse para analizar la coyuntura. En medio del conflicto, las bases de los gremios estatales y los docentes autoconvocados dejaron atrás las consignas que hablaban de “crisis de diseño para instalar la megaminería” y empezaron a debatir, junto a estudiantes y ambientalistas, la mismísima matriz productiva de la provincia. ¿Un salto cualitativo en la resistencia?
En las calles
Madrugada del 4 de septiembre. Los teléfonos de los chubutenses comenzaron a llenarse con imágenes y videos de gritos y violencia. Docentes de Comodoro Rivadavia, que mantenían un corte en la ruta 3 hacía varios días, estaban siendo agredidos por una patota que se había identificado como petrolera. Algunas maestras fueron hasta la comisaría para pedir ayuda, pero no obtuvieron respuesta. Según reveló luego un policía en redes sociales, la zona había sido liberada.
Madrugada del 4 de septiembre. Los teléfonos de los chubutenses comenzaron a llenarse con imágenes y videos de gritos y violencia. Docentes de Comodoro Rivadavia, que mantenían un corte en la ruta 3 hacía varios días, estaban siendo agredidos por una patota que se había identificado como petrolera. Algunas maestras fueron hasta la comisaría para pedir ayuda, pero no obtuvieron respuesta. Según reveló luego un policía en redes sociales, la zona había sido liberada.
La violencia, que venía escalando hacía semanas, sacudió a la provincia en un día especial para los movimientos sociales. Es que el 4 de cada mes asambleístas marchan en defensa del agua y del territorio, y en contra de la megaminería. Aquel miércoles 4 por la tarde, los reclamos de estatales, estudiantes y ambientalistas se acoplaron.
Tras el ataque violento, la Ctera nacionalizó el conflicto. En Comodoro Rivadavia 30.000 vecinos, vecinas, asambleístas, estudiantes, autoconvocados, trabajadores estatales de distintos gremios y también camioneros salieron juntos a la calle. En Puerto Madryn, estudiantes y docentes autoconvocados marcharon juntos, para luego sumarse a una movilización más grande convocada por sindicatos.
Las movilizaciones se repitieron en otras ciudades de la costa y el valle, en la meseta y en la cordillera. En toda la provincia se pudieron leer carteles con consignas ambientales, reclamos salariales y el pedido al Gobierno para que deje de ahogar a los trabajadores.
En asamblea
Si bien la articulación entre el movimiento sindical y el ambiental se cristalizó de forma pública primero en las calles, esta relación ya estaba presente en la comunidad educativa. A medida que fueron pasando las semanas, la falta de respuesta del Gobierno hizo que muchos transformaran el malestar general en un estímulo para construir de forma colectiva una explicación a lo que sucedía. La teoría que se instaló en 2018, de una crisis autogenerada para dejar entrar a la megaminería, avanzó hacia un análisis conjunto de los aspectos económicos, sociales y ambientales.
Si bien la articulación entre el movimiento sindical y el ambiental se cristalizó de forma pública primero en las calles, esta relación ya estaba presente en la comunidad educativa. A medida que fueron pasando las semanas, la falta de respuesta del Gobierno hizo que muchos transformaran el malestar general en un estímulo para construir de forma colectiva una explicación a lo que sucedía. La teoría que se instaló en 2018, de una crisis autogenerada para dejar entrar a la megaminería, avanzó hacia un análisis conjunto de los aspectos económicos, sociales y ambientales.
“Como las asambleas son abiertas, tenemos docentes de distintas orientaciones, formaciones, partidos políticos y no hubo forma de que este tema no sea discutido”, explicó la docente autoconvocada Liliana Arroyo en diálogo con Radio Escuela Namunkurá. Para ella, los reclamos están directamente vinculados: “Lo básico para mi sector es seguir formando en la conciencia ambiental, que es conciencia social y económica. No se puede hablar de ecología sin hablar de economía y crisis social”.
Flavia Núñez, de la Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn, habla con Cítrica y también señala diferencias con respecto al año pasado: “Como docente, participaba de todas las asambleas, pero desde este año tomé el compromiso de participar, más que como docente, como asambleísta ambiental, porque vimos la apertura, la posibilidad”. Dice que ahora el foco está puesto en la agenda de reclamos: “La mayoría de los colectivos en lucha coinciden en que la crisis, más que estar promovida para la explotación minera, está siendo aprovechada para esto. La intención de instalar la megaminería estuvo siempre, por lo menos desde el año 2002 en adelante. Lo que sí vemos ahora es que se reforzó o se potenció el aprovechar la crisis para instalar de nuevo el tema”.
En la cordillera también se dio una profundización del debate al interior del gremio. La profesora de inglés y afiliada del sindicato Atech en Esquel, Fernanda Rojas, aporta su mirada: «La megaminería siempre estuvo presente entre los docentes, pero este año más. Desde el mismo Gobierno se agita el tema. Para nosotros no es casual que quieran entrar ahora. La presentan como solución a la crisis, cuando en realidad sabemos que no es así». Rojas señala que se puede ver el peso de ese debate en los carteles y las consignas con las que salen a las calles. Dice también que el extractivismo está hoy en la agenda de los sindicatos gracias a la presión ejercida desde abajo.
La insistencia de las bases ha hecho que los representantes sindicales también se pronuncien públicamente sobre el tema ambiental y la matriz productiva. En diálogo con medio locales, la delegada de Atech Magalí Stoyanoff (Comodoro Rivadavia), expresó: “La megaminería no es la solución. Esto es una opinión de Atech, es una opinión que se pone en discusión en cada una de las asambleas. No nos interesa que la plata salga de cualquier lado, no nos interesa más endeudamiento, no nos interesa abrirle las puertas a la minería o a más empresas que saquean y contaminan, y no dan respuesta ni en la cantidad laboral ni en la cantidad de dinero que dejan en la provincia”.
Así también se han manifestado el secretario general de Atech, Santiago Goodman; el titular de la CTA Chubut, Tomás Montenegro; y el delegado de ATE Chubut, Guillermo Quiroga. Otras instituciones, como la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional Chubut y el Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (ATE), están trabajando en informes sobre la deuda y la matriz productiva, un aporte técnico a las discusiones de las bases.
La unidad de las luchas
La provincia de Chubut tiene una rica tradición movimientista. Entre los antecedentes históricos se pueden mencionar las acciones vinculadas con los derechos humanos, como la Asamblea del Pueblo y el Trelewazo, en 1972. Esa “pueblada” -una serie de protestas y huelgas masivas para pedir la libertad de 16 miembros de la comisión de solidaridad con los presos políticos del penal de Rawson- es hoy relatada con orgullo por muchos habitantes de las ciudades de la costa, no sólo porque consiguió que la dictadura de Lanusse liberara a la mayoría, sino por la composición ideológicamente variada de la asamblea.
La provincia de Chubut tiene una rica tradición movimientista. Entre los antecedentes históricos se pueden mencionar las acciones vinculadas con los derechos humanos, como la Asamblea del Pueblo y el Trelewazo, en 1972. Esa “pueblada” -una serie de protestas y huelgas masivas para pedir la libertad de 16 miembros de la comisión de solidaridad con los presos políticos del penal de Rawson- es hoy relatada con orgullo por muchos habitantes de las ciudades de la costa, no sólo porque consiguió que la dictadura de Lanusse liberara a la mayoría, sino por la composición ideológicamente variada de la asamblea.
En cuanto a la lucha sindical, se puede señalar al Chubutazo de 1990, que terminó con la concesión de un aumento de sueldo para estatales y la renuncia del gobernador Néstor Perl (PJ). Respecto de la cuestión ambiental, si bien las primeras acciones han sido a mediados de los años 80 -con la articulación de referentes como Javier Rodríguez Pardo-, se pueden señalar dos hitos: la gesta de Gastre de 1996 y el plebiscito de No a la Mina en Esquel, en 2003.
¿Cómo explicar la articulación de las demandas entre los distintos movimientos? Gonzalo Pérez Álvarez es doctor en Historia y profesor en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Uno de los aspectos clave que señala es la constante difusión que las asambleas ambientales han hecho de sus principios ideológicos, en los que los proyectos mineros están vinculados no con «desarrollo», sino con “saqueo de los bienes comunes y destrucción de la naturaleza, que ni siquiera generan puestos de trabajo estable”.
Para Pérez Álvarez esta idea -que “ha ido ganando mucho peso y ha logrado interpelar a sectores cada más amplios de la sociedad, incluido grupos como los sindicatos”- se relaciona, entre otras cosas, con elementos que construyeron una identidad, “un sentir patagónico que tiene que ver con la vinculación con la naturaleza”. Explica: “Hay una relación simbiótica de decir ‘no podemos contaminar este río, porque es este río y no hay nada más’. El agua que tomamos sale de ahí, el agua para regar sale de ahí. Y por unos años de crecimiento económico no podemos hipotecar toda la región”. En Chubut, el agua es un bien común escaso, especialmente en la costa y en la meseta, donde está emplazado el proyecto de explotación metalífera a cielo abierto de la multinacional Pan American Silver.
Otra coincidencia que puede haber facilitado la articulación entre los movimientos de diferentes matrices es la horizontalidad con que se están dando los debates. Así como sucedió con la Asamblea del Pueblo en 1972, las asambleas ambientales han encontrado una fortaleza en la diversidad de orígenes, profesiones e ideologías de quienes las componen. Según la docente Liliana Arroyo, esa diversidad es un fenómeno que también se está dando entre los autoconvocados y es lo que permitió que el debate sobre lo ambiental penetre las discusiones sobre la crisis económica.
Más allá de la forma de organización, la conexión más clara entre los movimientos es el hecho de que algunas personas participan activamente tanto en espacios ambientales como gremiales. “Muchos docentes somos miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados del No a la Mina”, confirma Fernanda Rojas desde Esquel. En Madryn, Flavia Núñez es otro ejemplo de ello.
También es posible pensar que el Encuentro Nacional de Mujeres realizado el año pasado en Trelew haya contribuido al cruce de las demandas. Primero, porque entre las consignas de ese año estuvieron muy presentes la defensa del territorio y del cuerpo como territorio. Segundo, porque volvió a reunir en asamblea a trabajadoras estatales que semanas antes habían estado movilizadas por la crisis. Fue una continuidad en el ejercicio de circulación de la palabra.
Estudiantes, el emergente
“No sólo el colectivo docente tomó el conflicto medioambiental como un conflicto más adentro de la crisis socioeconómica de Chubut, sino también el colectivo estudiantil, que tiene más fuerza y más proyección a futuro”, comenta Flavia Núñez.
“No sólo el colectivo docente tomó el conflicto medioambiental como un conflicto más adentro de la crisis socioeconómica de Chubut, sino también el colectivo estudiantil, que tiene más fuerza y más proyección a futuro”, comenta Flavia Núñez.
Como señala la docente, los estudiantes también han sido protagonistas de estos 80 días de lucha. Además de participar en las marchas y acompañar los reclamos gremiales, han llevado adelante sus propias demandas y estrategias de protesta. En el momento más caliente del conflicto llegaron a ocupar 11 escuelas en simultáneo, una medida sin precedentes en la historia chubutense.
Cítrica recorrió los siete colegios que estuvieron ocupados en Puerto Madryn, algunos organizados en asambleas autoconvocadas y otros a través de centros de estudiantes. Los estudiantes mostraron los problemas edilicios: fallas eléctricas y en calderas, falta de gas, baños rotos, techos con goteras, aulas inadecuadas y bancos insuficientes, según el caso. Algunos de los problemas tienen más de un año.
En los días que duraron las ocupaciones, transformaron las escuelas en espacios culturales: organizaron ollas populares, cafés literarios, festivales de música y también talleres de debate, como el que organizó la escuela 741, que convocó a la asamblea ambiental de Madryn.
“Estamos analizando lo que pasa en la provincia y la alternativa que ofrece el Gobierno de Chubut es la megaminería: no nos parece, por el tema del agua, los escasos puestos de trabajo que genera… no es una solución”, expresó Tobías, uno de los estudiantes, al aire de Radio Escuela Namunkurá.
La calle dice “No es no”
El conflicto actual no es la réplica del año anterior, sino la continuidad de una crisis no resuelta. Una crisis, por acumulación, más profunda. Hasta aquí pasaron:
*80 días sin clases;
*4 ministros de Educación;
*4 ministros de Economía;
*2 ministros coordinadores de Gabinete;
*Incontables marchas, cortes de ruta y ocupaciones en edificios públicos, incluso por jubilados.
El conflicto actual no es la réplica del año anterior, sino la continuidad de una crisis no resuelta. Una crisis, por acumulación, más profunda. Hasta aquí pasaron:
*80 días sin clases;
*4 ministros de Educación;
*4 ministros de Economía;
*2 ministros coordinadores de Gabinete;
*Incontables marchas, cortes de ruta y ocupaciones en edificios públicos, incluso por jubilados.
Como si fuera poco, el saldo del conflicto incluye también la muerte de dos profesoras en un accidente de ruta, volviendo de una asamblea, la detención arbitraria del titular del gremio docente Atech y presiones desde el Gobiernos hacia los estudiantes para que abandonen las ocupaciones de las escuelas. Todo eso en un ambiente caldeado por varias causas de corrupción, una de ellas que involucra a la ex ministra de Educación y actual legisladora electa, Graciela Cigudosa.
En un escenario aún sin soluciones por parte del Estado provincial y sin intervención del Gobierno nacional, el debate al interior de los movimientos sociales se ha enriquecido. Incluso sumó nuevos actores, como los estudiantes.
La crisis económica, a pesar de desmoralizar a los trabajadores, contribuyó a que la lucha contra la megaminería penetre las demandas de las bases gremiales. Es que la ausencia de respuestas empujó a pensar mejores preguntas o, al menos, más complejas y articuladas con las asambleas ambientales, que resisten desde hace 20 años: ¿El dinero de la minería efectivamente podría resolver los problemas financieros de la provincia? ¿Cómo podría impactar en la matriz productiva el cambio de signo político a nivel nacional? “Gane quien gane, que pierda la megaminería” fue la consigna de las asambleas antes de las elecciones.
Los grandes medios provinciales parecen replicar lo que dice en off la clase política, tanto del oficialismo como de la oposición. Señalan que están las condiciones dadas para que se permita la minería que la ley prohíbe, como si pudiera instalarse una industria extractiva sólo con el uso mediático de la palabra. O con convenciones mineras, reuniones en hoteles de lujo y debates de quincho.
En la calle pasa otra cosa: la palabra circula, la información se comparte y, aunque más lento, el conocimiento se construye. La incógnita es saber qué pasará con el compromiso de las cúpulas sindicales una vez finalizado el conflicto.
Lo que sí está claro es que la articulación entre ambientalistas, estatales y estudiantes que se vio este año ayudó a fortalecer el consenso por el “No” a la mina. Aún sin el conflicto gremial resuelto, el “No es no” ya tiene raíces más profundas.
Revista Cítrica*
Wnvio:RL
15 de noviembre de 2019Desembolso de 24.524 millones por diferencias cambiarias
El Gobierno autorizó un pago millonario para las petroleras por la devaluación
En medio de creciente restricciones fiscales, que llevaron al gobierno a recortar gastos de todo tipo e incluso reperfilar las deudas de corto plazo, las petroleras cobraran una deuda con el Estado.
“El compromiso era dejar la discusión para el año que viene, lo que ahora hizo el gobierno es, directamente, actuar como empleados de los intereses de las petroleras y beneficiarlas en perjuicio de la población”, respondió indignado el especialista y ex funcionario de la Secretaría de Energía Andrés Repar, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.
La diferencia entre lo que oportunamente recibieron las empresas y lo que deberían haber recibido surge porque el acuerdo firmado el 29 de noviembre del año pasado entre las productoras de gas natural y las distribuidoras, avalado por el entonces Ministerio de Energía e informado por el Enargas en la actuación 574/18, establecía en el inciso f del punto 2 que los precios del gas estaban dolarizados. Sin embargo, lo que hbía trascendido de las conversaciones entre el Gobierno y las gasíferas, a raíz de la demanda de estas últimas por el aumento del dólar no trasladado a tarifas, era que se revisaría el criterio de indexación del precio del gas en función de una situación de mercado absolutamente distinta.
Ese esquema regulatorio había sido presentado como parte de un “proceso de normalización del sector y de recomposición de precios y tarifas”. Como consecuencia de la “normalización” las tarifas de gas treparon en promedio más de 1000 por ciento entre abril de 2016 y abril de 2018 y con la disparada que registró el dólar a partir de entonces el aumento que se le debería haber otorgado a las empresas debería haber estado por encima del ajuste autorizado por el Enargas.
En octubre del año pasado, el entonces secretario de Energía Javier Iguacel decidió a través de la resolución 20/2018 que la diferencia producida por la suba del dólar se le cobre al usuario en 24 cuotas mensuales a partir de 2019. De este modo, el usuario, debía hacerse cargo del impacto provocado por una suba del dólar que fue superior al ciento por ciento sólo el año pasado, ya que a las empresas se les respetaría lo establecido en los contratos. Entonces se presentó como una ventaja el prorrateo en 24 cuotas ya que el marco regulatorio establecía que las diferencias debían ser trasladadas a las tarifas de las distribuidoras en el siguiente período estacional. Según informó Enargas entonces, se decidió prorratear el pago “siguiendo el criterio de la Corte Suprema de la Nación del ‘sacrificio compartido’”.
La decisión fue cuestionada no solo por la oposición sino también por integrantes de la coalición Cambiemos, como la Unión Cívica Radical, y forzó una marcha atrás de la medida. La resolución 20/18 fue dejada sin efecto y al poco tiempo Iguacel fue desplazado de su cargo. No obstante, el gobierno nacional admitió entonces que se haría cargo de la deuda, lo cual efectivizó a poco de su salida y en medio de creciente restricciones fiscales que llevaron al gobierno a recortar gastos de todo tipo e incluso reperfilar las deudas de corto plazo.
“Cuando se cuestionaron esos ajustes que reclamaban las empresas –recordó Repar–, se mencionó la posibilidad de una disminución en el monto reclamado, en función de una caída en la demanda de gas como respuesta a las elevadas tarifas, lo que también redujo el monto de inversiones necesarias. No hubo expansión de clientes, por lo tanto no hubo obras de expansión de la red, de trazado de nuevos ramales ni colocación de medidores. Lo que se hizo ahora es burlarse de esos compromisos y concederle a las empresas los 24 mil millones de pesos. Simplemente, le siguen pagando todo lo que se les concedió por el perverso sistema de dolarización del gas del año 2017 sin ejercer la más mínima defensa del interés público”, completó el especialista.
El listado de empresas beneficiadas incluye a YPF, Total Austral, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, Panamerican Energy, Wintershall, Compañía General de Combustibles y Vista, entre otras. Pero ni siquiera así se dan por conformes: las petroleras afirman que la actualización del monto adeudado con la tasa pasiva del Banco Nación, las perjudica porque esa variación quedó por debajo de la evolución del tipo de cambio y de la inflación.
15 de noviembre de 2019Definición del presidente electo en la presentación de un libro
Alberto Fernández, sobre el aborto legal: "Va a salir"
Habló brevemente en la presentación de Somos Belén, de Ana Correa. "Avalo lo que se dijo acá. Queremos más libertad para todos y más derechos para todas”.
Por Sonia Santoro y Mariana Carbajal
Alberto Fernández, con las participantes del panel.
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
Por si a alguien a esta altura le quedan dudas sobre la postura del presidente electo Alberto Fernández acerca del aborto, este jueves volvió a dar un mensaje político muy claro. Fue en la presentación del libro Somos Belén, que cuenta la historia de Belén, una joven de 27 años que en 2014 fue a la guardia de un hospital público de la provincia de Tucumán por un dolor fuerte en el abdomen y terminó acusada de homicidio por tener un aborto espontáneo y la condenaron a ocho años de cárcel. Cumplió tres, antes de ser absuelta. “Avalo lo que planteás en tu libro --le dijo a la autora, Ana Correa-- que es un hecho que debe dar vergüenza como sociedad, y que no queremos seguir pasando vergüenza. Queremos más libertad para todos y más derechos para todas”.
El Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA estalló literalmente con aplausos y gritos. El presidente electo hablaba desde el escenario, abrazado a la autora por un lado, y a la gran jurista feminista Nelly Minyersky. Antes le había dicho a Minyersky “va a salir (en referencia a la legalización del aborto), por qué creen que estoy acá”. Los acompañaban la escritora Claudia Piñeiro, la periodista Ingrid Beck y la abogada de Belén Soledad Deza. En la mesa se veían el libro editado por Planeta, la máscara con la que tuvo que salir a la calle Belén para no ser reconocida después de la cárcel y el pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que también flameaba de la mano de varias panelistas.
“No quise estar ausente porque era muy necesario estar presente --dijo Fernández--. Más vale tarde que no estar. Porque estando estoy avalando lo que se está diciendo y eso es lo único que explica que esté acá. Que avalo todo lo que se dijo, que avalo lo que planteás en tu libro, que es un hecho que debe dar vergüenza como sociedad, y que no queremos seguir pasando vergüenza. Queremos más libertad para todos y más derechos para todas”.
Alberto Fernández se disculpó varias veces por interrumpir. “Le decía a Vilma (Ibarra), quedémonos en el fondo. Y Vilma me decía ‘no se puede hacer eso’”, apuntó, provocando las risas de las presentes. Al final se despidió dando las gracias "a todas, a todos, a todes".
El encuentro fue moderado por Ingrid Beck. Había comenzado con la lectura del prólogo de Margaret Atwood por parte del actor y escritor Gonzalo Heredia. Luego la actriz Dolores Fonzi leyó palabras de Belén. Les siguieron Minyersky y luego Soledad Deza, la abogada tucumana de Católicas por el Derecho a Decidir, que cuando Belén llevaba dos años y medio en la cárcel, se enteró de su situación y tomó el caso. Gracias a su intervención y a la movilización social y de organismos internacionales, Belén fue liberada en agosto del 2016. En el 2017 fue absuelta por la Corte de Tucumán. Pagina/12 fue el primer medio nacional que le hizo una entrevista a Belén.
Fernández llegó acompañado por Vilma Ibarra, cuando hablaba Claudia Piñeiro. Se sentó en la primera fila, donde estaban entre otras las políticas Malena Galmarini y Marcela Durrieu, y Martha Rosenberg y Elsa Schuarzman, de la Campaña, entre muchas referentes políticas y del feminismo.
Luego de que la autora tomara la palabra, Fernández subió al escenario y expresó su postura política a favor de la legalización del aborto. También se sacó selfies con las integrantes de la Campaña mientras en el salón, vestido hasta en cada butaca con pañuelos verdes, se escuchaba “aborto legal en el hospital...
Fuente:Pagina12
”.El presidente electo se reunió con el mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez, para dar su apoyo al Frente Amplio de cara a la segunda vuelta electoral.
En medio de las tensiones regionales por el golpe en Bolivia y las crisis en Chile y Ecuador, el presidente electo Alberto Fernández llegó de visita a Uruguay para dar su apoyo al Frente Amplio, que disputará el balotaje presidencial con el Partido Nacional.
Fernández se reunió al mediodía con el mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez, y se encontrará también con el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, quien el domingo 24 disputará el balotaje con Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional.
Fernández llegó este mediodía a la residencia oficial de Vázquez, donde mantendrá con el mandatario uruguayo una reunión bilateral, y luego una ampliada.
Fernández visitó Uruguay en los días previos a las PASO del 11 de agosto, cuando estuvo con el ex mandatario José “Pepe” Mujica, visita retribuida luego por el uruguayo, que pasó dos veces por Buenos Aires, donde participó de actividades junto al presidente electo.
Fuente:TiempoArgentino
Escándalo judicial
Imputaron a Macri, Dietrich y Faurie por regalar soberanía en Malvinas a través de vuelos y explotación petrolera
A un mes de la salida PRO, la justicia decidió investigar al presidente saliente, el ministro de Transporte, el canciller, el secretario de Energía y otros ex funcionarios por autorizar vuelos a Malvinas desde Brasil, aprobar explotación petrolera a empresas británicas y conceder permisos de pesca y explotación del mar argentino, todo eludiendo al Congreso. Los detalles.
La decisión fue tomada por el fiscal federal Jorge Di Lello, que con esa determinación inició una investigación contra el presidente saliente, dos ministros, un secretario y Juan José Aranguren, ex ministro de Energía. En primer término y como medida urgente, pidió suspender el vuelo de una empresa extranjera al archipiélago, que había autorizado el líder PRO en el marco de una serie de decisiones donde gambeteó al Congreso a pesar de que la Constitución Nacional obliga a dar ese paso.
Lo que hizo Di Lello es impulsar la sospecha de que Macri el 13 de septiembre de 2016 camufló un acuerdo internacional e intentó hacerlo pasar por un mero comunicado conjunto entre las cancillerías de Argentina y Gran Bretaña, con el propósito de evitar al Congreso. Algo parecido a lo que hizo el macrismo con la deuda con el FMI y el paquete de leyes conocido como "Reparación Histórica".
Así, el fiscal cuestionó el decreto 602/2019, que autorizó a la línea brasileña LATAM a viajar desde San Pablo hacia las Islas, y pidió al juez Luis Rodríguez que se suspendiera el primer vuelo previsto para el 20 de noviembre de este año.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal Nº 1 puso en tela de juicio que la decisión no haya sido sometida a la opinión del Congreso Nacional y aclaró que era su “obligación institucional” adoptar medidas “ante el posible menoscabo de la soberanía nacional”.
“Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos”, subrayó Di Lello.
La denuncia había sido formulada por la abogada Valeria Laura Carreras el 24 de septiembre por supuestas irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno Nacional durante el gobierno de Macri.
Carreras pidió una medida cautelar por considerar que se produciría un "daño inminente a los intereses de la Nación" si ese primer vuelo se materializara. “Bajo la inocente habilitación de realizar vuelos desde Brasil hacia Malvinas, se renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo, se renuncia a los derechos de control sobre el transporte aéreo”, señala la demandante.
La denunciante pidió además que se cite como testigos a los diputados Elisa Carrió y Guillermo Carmona, ambos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
Se acordó sobre recursos naturales y soberanía, comprometiéndose Argentina a levantar todos los obstáculos que impidan el crecimiento económico y sustentable. El fiscal resaltó que, más allá del nombre del acuerdo, lo cierto es que a partir del mismo se avanzó en las tres cuestiones: licitaciones y adjudicaciones de Áreas del Atlántico Sur a empresas británicas; vuelos a Malvinas; y concesión de permisos de pesca y explotación del mar argentino.
LOS VUELOS EXTRANJEROS REGALADOS A EMPRESAS EXTRANJERAS
Macri autorizó a la empresa LATAM (ex Lan, firma que fue presidida por el funcionario macrista ahora imputado Lopetegui) a volar desde Brasil a las islas Malvinas. El primer viaje estaba pautado para el 20 de noviembre desde San Pablo, con el uso del espacio aéreo argentino, incluso con una escala en la ciudad de Córdoba.
Por la inminente salida y las consecuencias financieras que tendrá para la compañía, el funcionario pidió suspender este DNU, dado que el líder PRO no efectuó el trámite de aprobación en el Congreso, requerido por la Constitución.
ENTREGA DE SOBERANÍA EN RECURSOS NATURALES
El gobierno de Macri ofreció 38 áreas marítimas offshore en un concurso del 16 de abril de 2019 y como respuesta consiguió ofertas para 18 de ellas. El permiso de explotación que se obtendría a través de esta licitación internacional otorga derecho a una concesión de explotación por tiempo indefinido. Más polémico, imposible.
“Siendo un área geopolíticamente sensible llama la atención que las multinacionales intervinientes sean compañías inglesas o con vínculos estrechos con compañías de esa nacionalidad”, denunció ´Di Lello, el titular de la Fiscalía Penal Federal 1.
CÓMO FUE LA NEGOCIACIÓN DE MACRI CON REINO UNIDO
En diciembre de 2018, tras la breve reunión de 15 minutos que mantuvo Macri con la entonces primera ministra de Gran Bretaña Theresa May, fuentes de ambos países admitieron que se discutió el acuerdo para que LATAM operara los vuelos a Malvinas.
May destacó la negociación, que le brinda mayor conectividad a los kelpers con el continente, mientras que el canciller Faurie calificaba a la autorización como "un hecho positivo". "Se busca crear puentes que nos permitan crear confianza para las negociaciones de soberanía", había justificado el funcionario de Macri.
La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone y el vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Guillermo Carmona, por su parte, denunciaron que era una decisión que sólo beneficiaba al Reino Unido y a los kelpers.
Crisis económica
Según el INDEC PRO en salida, la inflación de octubre fue de 3,3% y hay dudas por la medición a la baja de alimentos
La medición de precios del antepenúltimo mes de gestión del INDEC de Macri arrojó una cifra muy inferior a los cinco puntos en promedio estimados por consultoras. Acumuló en los últimos 12 meses una suba de 50,5% y en lo que va del año ya superó los 42 puntos. Mirá cuánto subió la comida según el ente público y por qué hay sospechas por cómo los midió.
El número intermensual que arrojó el organismo que encabeza Jorge Todesca sorprende porque de acuerdo a distintos economistas y consultoras la inflación se iba a ubicar en un abanico que auguraban entre el 3,9% y el 5,9%. Los especialistas cercanos al oficialismo argumentan que lo que ayudó a que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) estuviera por debajo del 4% fue un tipo de cambio más contenido y algunos precios, como los combustibles, congelados, cosa que cambió en noviembre. Sin embargo, todos coinciden en que es un valor alto y que el año cerrará en torno al 55%, casi 10 puntos más que el año pasado, configurando así la más alta desde 1991.
Las categorías que más subieron en octubre fueron, según el INDEC, Bebidas alcohólicas y tabaco, Equipamiento y mantenimiento del hogar, Prendas de vestir y calzado y Salud, entre otras. Curiosamente, los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron muy poco, cosa que observaron muy diferente los privados y economistas.
Justamente, esa disminución de la inflación en octubre se vio impulsada, para el organismo oficial en gran medida, por los menores aumentos en el rubro alimentos: se incrementaron 2,5%, frente al 5,7% de septiembre.
Por su parte, el IPC Núcleo subió 3,8% (2,6 p.p. por debajo del de septiembre); los Precios Regulados aumentaron 2% (1,4 p.p. menos que en septiembre); y los ítems estacionales se incrementaron 2,8%, (5,7 p.p. menos que el mes anterior).
Si bien esta desaceleración de precios de octubre parace coyuntural ya que en noviembre se anticipa una remarcación de precios en los supermercados en torno al 15%, a lo que habría que sumar los aumentos en combustibles -entre otras cosas-, que repercuten sobre todo la cadena de comercialización, hay muchas dudas por los precios de ciertos items alimenticios que aparecen en el informe del INDEC.
Según el organismo -en su antepenúltimo mes bajo gestión macrista-, el pan de mesa costaba $94,12 en septiembre y en octubre bajó a $92,60. Las galletitas dulces, por ejemplo, aumentaron solamente de $42,66 a $45,10.
Otros casos que se alejan de forma evidente de lo que midieron consultoras como el CEPA y de lo que cualquiera ve en las góndolas, aparecen en las carnes: el INDEC dice que el asado pasó de costar $233,98 en septiembre a $237,57 en octubre, que la carne picada común sólo subió un peso, de $156,25 a $157,13.
Según pudo saber Política Argentina de especialistas en el tema, la "manipulación escondida" del INDEC tiene que ver con la modalidad con que se recoge la información. "No se toma el precio de punta a punta y se comparan promedios de las cuatro semanas del mes", argumentan. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el pan valía 93 durante la primera semana, pasó a 93,40 en la segunda, bajó a 93,25 en la tercera y subió a 95 en la última, el organismo oficial mide un promedio en lugar de considerar que ese item subió de 93 a 95.
La perspectiva es otra para noviembre, ya que se notó mayor movimiento en los precios de alimentos y bebidas, de acuerdo con las empresas que realizan monitoreo de precios.
A eso se sumará el incremento previsto desde este jueves en los precios de los combustibles, ya que termina el congelamiento que había dispuesto el Gobierno aunque a principios de septiembre había habilitado un incremento del 5%. Fuente:PoliticaArgentina
Alberto Fernández desmintió a Patricia Bullrich: no acordó con el gobierno la suba de naftas
El presidente electo descartó que haya dialogado con el Gobierno nacional para autorizar una suba del 5% en los combustibles y los acusó de ser ineptos.
El presidente electo Alberto Fernández desmintió rotundamente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a todo el gobierno nacional por haber afirmado que la suba del 5% de los combustibles fue una medida acordada con el líder del Frente de Todos. El próximo mandatario acusó de "ineptitud" a los actuales funcionarios tras la nueva disparada de la nafta y ante el riesgo de que llegue a los 60 pesos por litro a fin de año, según fuentes empresariales.
Fernández, que este jueves estuvo en Uruguay apoyando al candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, se hizo eco de las declaraciones de la aun funcionaria de la cartera de Seguridad, quien afirmó a la prensa que el descongelamiento del precio de la nafta fue una medida acordada con el nuevo presidente. Al respecto, expresó: "Otra mentira más del Gobierno macrista. Nadie acordó semejante cosa conmigo. Como siempre, descargan en otros decisiones que toman desde su propia ineptitud".
Otra mentira más del Gobierno macrista. Nadie acordó semejante cosa conmigo. Como siempre, descargan en otros decisiones que toman desde su propia ineptitud. Patricia Bullrich: "El aumento del combustible fue acordado con Alberto Fernández" | Perfil perfil.com/noticias/polit…
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Esta semana se confirmó el nuevo aumento de los combustibles, que ronda el 5% según lo anunciado por las petroleras. En la semana, el presidente de la Confederación de Hidrocarburos, Gabriel Bornorini, había dicho a El Destape Radio que "al combustible le falta una actualización del 15%, es lo que dicen las petroleras. Nosotros expendemos y no remarcamos los precios” y “las petroleras vienen negociando con el gobierno aumentos escalonados de los precios”.
En ese sentido, recordó que “durante el congelamiento de las naftas aumentaron un 10% y ahora se viene un 5% más” y que “con el fin del congelamiento el precio de la nafta va a estar desregulado y va a ser libre, pero las petroleras ya aumentaron y no deberían aumentar más del 6%”.
Fuente:ElDestape
El ministro reconoció que le envía informes a Alberto. El hijo de Cristina, clave en la sucesión.
Agustín Rossi reconoció este jueves que envía informes sobre las fuerzas armadas a Alberto Fernández y volvió a posicionarse como ministro de Defensa, pese a que hasta hace no tanto negaba esos rumores.
Sobre todo porque es el primer contacto con el presidente electo que confirma, después de no ser tenido en cuenta para definir la agenda parlamentaria de diciembre que Sergio Massa difundió como propia.
El tigrense tampoco se juntó con Rossi ni siquiera cuando fue a la Cámara de Diputados a ver Emilio Monzó. Y no fue consultado para el proyecto de reperfilamiento de la deuda que Macri dice hacer coordinado con Alberto antes de enviar a Diputados.
Su diálogo fue sobre Defensa, una cartera que controló durante los últimos dos años de Cristina Kirchner y que no será menor en lo que viene, con las revueltas regionales sonando cerca.
"Estuve hablando con Alberto sobre la cuestión de Defensa, me estuvo pidiendo datos e informes para saber qué era lo que habíamos hecho cuando estuve en el ministerio. Quería saber cuál había sido mi mirada, nada más que eso", reconoció al ex ministro en El Destape Radio.
En su entorno se preocuparon por aclarar que no hubo una oferta para ser ministro y por ahora sólo se imagina como diputado nacional y jefe de bloque. Este mismo jueves volvió a circular en cadenas de whatsapp otro gabinete con él en Defensa.
Un reemplazo de Rossi no está en los planes de ninguno de sus pares y el que más se menciona es Máximo Kirchner. Lo niegan sus allegados y lo levantan sus pares que menos lo frecuentan.
Algunos imaginan que, de mínima, definirá su sucesor y el funcionamiento del bloque o el interbloque TODOS. No esta definido que es mejor.
En el último asado que compartieron los diputados (en el que se quemó la carne) José Luis Gioja, de los pocos que habla seguido con Alberto y Cristina, apeló a una unidad más sólida entre lo que hoy es el kirchnerismo y Argentina Federal, el bloque de los gobernadores, que en un punteo inicial tendría 21 de los 109.
Algunos gobernadores están tentados de repetir el esquema de bloque propio para negociar lo suyo, pero otros creen que de viene una época de reuniones puertas adentro y el recinto será solo un teatro de operaciones.
Rossi cree que lo mejor es un interbloque que lo libere de problemas regionales, pero todavía Alberto no le preguntó nada. Le pregunta de Defensa.
Fuente:LPO
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