Por Antonella Giuso, Resumen Latinoamericano 19 de diciembre de 2019
Dentro de los despidos masivos que el gobierno macrista realizó en el sector estatal, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) sufrió 258 en un mismo día, pero la resistencia y organización que construyeron sus trabajadores durante todo este tiempo logró la reincorporación.
En la mañana del 18 de diciembre de 2019, tal como lo habían anunciado por medio de un comunicado, levantaron el acampe que sostuvieron durante un año y once meses dentro del Instituto. “Compañeros y compañeras, tenemos la alegría inmensa de comunicar que en el día de hoy nos reunimos en sede retiro con las nuevas autoridades del INTI, con quienes acordamos el futuro inmediato de las reincorporaciones”. Así comienza el mensaje que anuncia la victoria.
En la jornada participaron varies referentes que fueron a expresar su apoyo, entre elles, Norita Cortiñas, Cachorro Godoy, Héctor Carrica, Rodolfo Aguiar y Ondina Fraga. Allí pudimos a conversar con Soledad Pozzuto, Secretaria de Género y DDHH de ATE INTI.
El acto simbólico se dió en las puertas de lo que será el Centro Cultural “Nora Cortiñas”, dentro de las instalaciones del INTI, lo que fue una mutual para el personal y se convirtió luego en casa de resistencia de quienes sostuvieron la lucha durante este tiempo. Soledad nos cuenta cómo desde ese espacio comenzaron a organizarse y a futuro ya piensan generar nuevos puestos de trabajos.
«Este espacio (mutual) nos ayudó a resistir de una manera importante porque cuando empieza el acampe con los primeros despidos teníamos que alimentarnos, entonces nos nucleamos acá, veníamos todos y era hacer todas las comidas e ir hasta el alambrado que nos dividía a los que estábamos dentro de los que estábamos fuera, fue un sostén muy importante. Luego se levantó el acampe masivo y quedamos los que dijimos ‘vamos a seguir’. Encontraron esa veta, los compañeros fueron injustamente despedidos pero los indemnizaron, ellos no querían indemnización querían su puesto de trabajo«.»Muchos casos, el 90 por ciento, eran afiliados al sindicato, militantes, activistas, participantes en asambleas y movilizaciones. Fue una persecución claramente sindical a los trabajadores organizados, en ese sentido dijimos -hay que pelearla-, iremos a la justicia, donde sea».
De los 258 despidos, 200 eran afiliados a ATE, entre elles varies delegades. «Hay muchos compañeros que pudieron ser reincorporados por una cautelar judicial pero no querían tocar la indemnización, porque si tenían que volver ellos la plata no la querían, sí su puesto de trabajo, entonces ¿cómo vivían, de que se sostenían? Surgió esto de ‘bueno podemos hacer algo para vender’, ‘¿y que van hacer?’, ‘la comida del comedor es una porqueria podemos hacer pancitos, sanguchitos, unas masitas, hagamos algo para compartir’. Mirá acá están las recetas de los compañeros para las tandas a las que les tocaban la producción».
Ingresa una compañera a saludar a Soledad, entre lágrimas se abrazan y nos cuenta, «ella es una compañera que en su momento estuvo bancando a full. Al margen de que algunos no tenían hijos, tenían la familia, su pareja y se trasladaban acá, ella era una de las compañeras que tenía acá a su compañero. Estudiaba, salía, llegaba entre medio de policías, del alambrado arrastrándose, cosas que realmente fueron muy fuertes. Le agradezco, ella la verdad que se banco todo lo que fue. No hay persona que le cuente y entienda» .
Soledad nos da testimonio de los padecimientos aleccionadores que sufrieron por resistir al vaciamiento del INTI. «Nos cortaron la luz, mirá (señala un reflector) esto está así porque cortaban la luz y nos mandaban 380 en vez de 320, hizo cortocircuito, podrían haber matado a alguien o prender fuego el espacio. Uno de los compañeros del acampe es insulino dependiente tenía su medicación en la heladera, fueron diversos los ataques».
«Todo tipo de sabotaje lo han hecho. Pero hubo resistencia con todo lo que eso conlleva después de un año y once meses. Altibajos, compañeros en crisis, fue muy duro. El objetivo era claro, aguantar hasta que se vaya el macrismo, no nos iban a vencer y bueno, no exigir sino compartir con el nuevo gobierno y las nuevas autoridades que estábamos esperanzados de que apoye y ponga en valor a los trabajadores estatales que fuimos fuertemente golpeados en todo el país no solo en el INTI, en el Hospital Posadas también, era un modelo de país en el que estos sectores no teniamos lugar«.
«Después vieron que no podían romper la organización y fueron al ataque personal, los teléfonos pinchados. A mi me reventaron la casa dos veces, tuve que mudarme. Amenazas de ‘los vamos a matar’ que uno creyó de otra época, nos han dejado acá en la puerta dos balas de plomo, era un claro mensaje de hostigamiento, de querer acallarnos».
«Lo que pudimos hacer muy bien fue poner en la sociedad la importancia del INTI, que el trabajo que hacía ese despedido era al servicio de la comunidad, poner eso en escena y tratar de instalarlo en los medios a pesar del cerco mediático que siempre hubo durante estos cuatros años de macrismo. Tuvimos prensa aliada que nos banco, sobre todo los independientes que registraron las luchas en todos los focos de incendio realmente. No fue solo la pelea por quienes perdieron su trabajo sino por la soberanía del INTI porque su soberanía es la del pueblo«.
«Hace poco más de seis meses empezamos a hablar con otros compañeros profesionales que siguen trabajando acá para armar un proyecto del INTI, donde los despedidos son parte de ese proyecto. Hasta las nuevas autoridades entendieron que no iba a comenzar el funcionamiento, sin la incorporación de estos compañeros».
«Desde el jueves pasado que estamos con reuniones y nos aflora mucha emoción empezamos a recordar todo lo malo y trágico entendiendo que luchar vale la pena, por más costosa que sea la pelea, si los trabajadores estamos unidos no hay quien pueda contra nosotros, contra la clase trabajadora« .
«Vamos a enfrentar cualquier tipo de avasallamientos de un gobierno, sea neoliberal o nacional y popular, si quieren avasallar nuestros derechos vamos a estar dando pelea. Por eso saldremos a recorrer los diferentes sectores para decir que sigan luchando, resistiendo y como dice Norita ‘venceremos’ y lo creo, parecía una utopía decirlo y la verdad que sí, vencimos » .
« Agradecer a las familias que nos acompañaron, si bien pusimos el cuerpo, las familias nos contuvieron emocionalmente y sin eso no iba a ser posible. El sindicato a nivel nacional nos ha bancado para poder llegar también al arco político, hoy nos acompañaron muchas organizaciones de San Martín. Ahora a trabajar para la sociedad, la industria y lo que son medianos y pequeños productores del interior, a esas líneas las habían vaciado de presupuesto, no cuajaba la asistencia regional ellos iban por las relaciones internacionales, por los dólares que iban a llover, los brotes verdes que nunca llegaron, lo único que salio son nuestros brotes que germinaron y hoy tenemos un flor de triunfo, seguiremos en la lucha » .
Día clave en el Congreso: se trata en Diputados la Ley de Solidaridad Social
El gobierno nacional se juega una carta fundamental en dos jornadas legislativas que marcarán al menos la primera mitad de su gestión.
El proyecto oficial bautizado de Solidaridad Social y Reactivación Productiva es el protagonista excluyente de estos dos días hábiles que le restan a la semana, en medio de un tira y afloje entre oficialismo y oposición que aún no tiene su final escrito.
Este jueves la Emergencia Económica y Social es debatida en la Cámara Baja luego de que el Frente de Todos obtuviera apoyo al dictamen de mayoría en una jornada álgida en la que no faltaron cruces, alta tensión, acusaciones varias y amenazas de Juntos por el Cambio de no dar quórum ni siquiera para que juraran los diputados oficialistas que reemplazan a los que asumieron como funcionarios.
El primer dato central es que los legisladores nacionales que responden a Alberto Fernández lograron quórum para debatir la ley, que, en caso de ser aprobada (todo indica que así será, aunque con algunos cambios), pasará al Senado, donde el viernes recibiría sin problemas a la vista la sanción definitiva.
El oficialismo cuenta con las adhesiones de los hombres y mujeres de Roberto Lavagna (conducidos por Graciela Camaño en el bloque Federal) y los diputados que se fueron de Juntos por el Cambio ni bien asumieron. En tanto, desde la Casa Rosada y la jefatura de bloque del FdT a cargo de Máximo Kirchner, confían en que no pocos representantes provinciales de JxC (puntualmente los de Jujuy y Mendoza) también levantarán la mano para aprobar la ley.
En la vereda de enfrente se encolumnaba el resto de la oposición que parece velar sus restos de macrismo para reconfigurarse en otra cosa, y los diputados del Frente de Izquierda.
El Senado fue convocado oficialmente a debatir este viernes 20 a partir de las 14.
El Decreto Parlamentario 105/19, emitido en la tarde de este miércoles, lleva las firmas de la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner; y del secretario parlamentario, Marcelo Fuentes.
El proyecto declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2020 y contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Minutos después de la jura de los diputados
Así se retiraron los legisladores de Juntos por el Cambio
Los diputados que integran el bloque de Juntos por el Cambio cumplieron con su palabra y se ausentaron rápidamente una vez concluida la primera sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, presidida por Sergio Massa.
Si bien los macristas habían garantizado el quórum para la jura de los 22 diputados del oficialismo, en reemplazo de los funcionarios designados, abandonaron luego sus bancas para intentar bloquear el tratamiento de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica presentada por Alberto Fernández.
Tras el intento de la oposición para bloquear la sesión Juraron los nuevos diputados Asumieron los legisladores que reemplazan a aquellos que fueron nombrados como funcionarios del Gobierno nacional y a quienes asumen otro cargo electivo. Juntos por el Cambio había anunciado ayer que no daría quórum, pero finalmente dieron marcha atrás en medio de disputas internas.
Imagen: NA
Luego de amenazar con no permitir la jura de los nuevos diputados, finalmente los presidentes de bloque de la oposición consensuaron que no había “motivos institucionales para impedir la asunción de legislador electo democráticamente” y permitieron que todos asumieran sus bancas, antes de la sesión por la Emergencia Económica.
El acuerdo fue entonces desdoblar la sesión y llamar a una extraordinaria únicamenteara la jura de los diputados. Más tarde, le seguirá la sesión convocada para tratar el proyecto enviado por el Ejecutivo de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
En total son 22 los diputados que asumieron sus bancas este jueves para reemplazar a los legisladores que fueron designados en otras áreas de gobierno.
Quiénes son los diputados que juraron este jueves
Carlos Heller: asumirá en lugar de Juan Cabandié, que fue al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Mara Brawer: en lugar de Victoria Donda, designada al frente del INADI.
Nicolás Rodríguez Saá: ocupará el lugar de Laura Alonso, quien asumió como secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social.
Juan Carlos Alderete: reemplaza a Eduardo «Wado» De Pedro, ministro de Interior.
Marcelo Koenig: jurará en lugar de Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos.
Francisco Guevara: ocupará el lugar de Daniela Castro, designada en el Ministerio de Defensa, a cargo del área de Ciencia y Tecnología.
Esteban Mateo Bogdanich: reemplazará a Agustín Rossi, nuevamente ministro de Defensa.
Héctor Oscar Fernández: asumirá en lugar de Salvarezza, al frente Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Nelly Ramona Daldovo: será la reemplazante del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.
María Jimena López: reemplazará a Luana Volnovich, titular del PAMI.
Federico Fagioli: asumirá en lugar de Carlos Castagneto, responsable de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.
Ayelén Spósito: jurará en lugar de María Emilia Soria, electa intendenta de General Roca.
María Luisa Montoto: jurará en lugar de Claudia Ledesma Abdala de Zamora, la nueva presidenta provisional del Senado.
Dante Edgardo López Rodríguez: ocupará el lugar de Gustavo Saadi, electo intendente de San Fernando del Valle de Catamarca.
Inés Carolina Yutrovic: reemplazará a Martín Pérez, electo intendente de Río Grande.
Álvaro De Lamadrid: reemplazará al ahora senador nacional Martín Lousteau
Juan Emilio Ameri: ocupará el cargo de Sergio «Oso» Leavy, quien asumió como senador nacional.
Claudia Márquez: jurará en lugar de Martín Llaryora, que asumió como intendente de Córdoba.
Romina Maricel Uhrig: reemplazará al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
Carlos Alberto Vivero: jurará en reemplazo de Darío Martínez, quien renunció al mandato que tenía hasta 2021 para reasumir como diputado hasta 2023.
Carolina Gaillard: asumirá en lugar de Juan José Bahillo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia de Buenos Aires.
Patricia Mounier: ocupará el lugar de Alejandra Rodenas, vicegobernadora de la provincia acompañando a Omar Perotti.
Los especialistas analizan, punto por punto, el paquete de Guzmán
Luego de las medidas enviadas al Congreso por el nuevo ministro de Economía, se abren interrogantes, esperanzas y críticas. En esta nota, Raúl Dellatorre, Claudio Lozano y Christian Buteler piensan sobre los cuatro aspectos salientes del proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.
Redacción Canal Abierto | El proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que ingresó ayer en la Cámara de Diputados de la mano del flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, fue presentado en sociedad por el funcionario como el primer paso “para resolver la crisis social y economía que atraviesa” la Argentina.
En él destacan cuatro puntos, por su impacto en las economías hogareñas y por su relevancia macro a la hora de enfrentar la crisis. Sobre ellos, Canal Abierto consultó con tres analistas económicos que desglosan los pormenores de la medida, sus pros y sus contras.
Dólar
- “Lo que acaban de declarar es un desdoblamiento del tipo de cambio, aunque no se lo nombre así en la práctica tenemos lo mismo”, explica Christian Buteler, inversor y analista financiero. Para él, la medida no es buena: “Esto normalmente no funciona. Yo creo que va a tener algún impacto en la inflación y también del dólar blue. La opción tiene que pasar por promover e impulsar a las empresas que importan, que son las que traen los dólares genuinos. En los cuatro años de cepo de la Era K, las reservas no pararon de caer. El cepo no evita que las inversiones salgan, lo que seguro hace es que nadie quiera entrar”.
- En tanto, para el coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Claudio Lozano, se trata de una “decisión de cuidar las divisas para usos productivos y de pago de deuda, al tiempo que articulada con otras decisiones que favorecen el ahorro en pesos intenta avanzar en un proceso de desdolarización”. “En este sentido, estimula el turismo local al tiempo que obliga a supervisar con mayor rigurosidad el sistema de precios a los efectos de que la suba previsible en el dólar blue no impacte sobre los mismos”, afirma.
- En la misma línea opina Raúl Dellatorre, economista y periodista, quien sostiene: “Creo que es una medida para desalentar el atesoramiento en dólares, porque no hay. Lo que pasa es que tenemos una economía tan dolarizada que estas cosas impactan. Habrá que ver cómo se resuelven, por ejemplo, las operaciones inmobiliarias, y otras que se tendrán que ir resolviendo en el mediano plazo”.
“Al que viaja, obviamente que esto lo complica, pero dentro de las variantes es afectar a los sectores un poco más favorecidos, y en un contexto de emergencia está bien. También tiene el perjuicio de que muchos sectores van a fijar precios en función del dólar más caro que encuentren –agrega–. Pero por otro lado, si esto tiene un efecto favorable lo que probablemente suceda es que va a estabilizar bastante el dólar porque le está quitando mucha presión de demanda. Hace tres meses, el dólar no tenía techo. Con este tipo de medidas se le empieza a poner un freno. Es antipática pero es necesaria”.
Jubilaciones
- “Tendremos que ver cómo van a darles los aumentos a los jubilados. Se habla de $5.000 para diciembre y enero para la jubilación mínima, pero hay que ver cómo se sigue actualizando eso porque la inflación sigue corriendo. Para saber si el jubilado sale o no beneficiado hay que esperar a conocer si la nueva fórmula de ajuste que tienen pensado aplicar es mejor o peor para sus haberes”, se pregunta Buteler.
Por otro lado, presenta una objeción: “El dinero que vos pongas en quien cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) o una jubilación mínima va a ir al consumo. Pero cuando aplicás, por el otro lado, el impuesto al dólar turista que restringe tanto, la cuenta final, en cuanto al consumo, va a dar negativa”.
- Para Lozano, en tanto, éste es el “uno de los aspectos más polémicos del proyecto”. “En el momento en que la fórmula de movilidad que pusiera en marcha el macrismo iba, por primera vez a darle un resultado positivo a los jubilados, la misma se suspende por 180 días y junto con ella todas las actualizaciones de los distintos regímenes previsionales”.
“Al cambiar el gobierno y preverse una cierta tregua que pudiera llevar la inflación del 2020 por debajo de la del 2019, los jubilados que arrastran un atraso de casi un 18% en la etapa Macri podrían recuperar en parte lo perdido –detalla–. La suspensión de la fórmula en un contexto de deterioro de los haberes jubilatorios, sin que se reconozca un aumento de los mismos y sin que se explicite nada respecto de los futuros aumentos que de manera discrecional resolverá el Ejecutivo, no deja de ser una decisión polémica y, en alguna medida, confrontada con la prioridad que los jubilados y su situación tuvieran en el discurso de campaña del Frente de Todos. Podrá decirse que los aumentos que a futuro resolverá el Ejecutivo serán mayores que los previstos por la fórmula macrista. Habrá que verlo”.
- Dellatorre plantea más seguridad de que esto ocurra: “Pagarle un extra a los jubilados en diciembre y enero funciona como un aumento del 30 y pico por ciento sobre la jubilación normal. Lo que yo esperaría es que después de ese bono excepcional, en febrero o marzo haya un aumento importante de las jubilaciones porque la idea es que vayan recuperando poder adquisitivo mientras se elabora una nueva fórmula que garantice que los jubilados siempre estén por arriba de la inflación”.
Esquema tarifario
- “Es necesario revisar las tarifas porque si no hay dólares para que la gente compre es ridículo que las tarifas estén dolarizadas. Creo que se tienen que pensar en cuanto al costo de generación de la empresa, primar eso para establecer los precios más que el valor del dólar. Sobre todo en un país tan inestable como el nuestro y que piensa mantener un dólar bastante alto por un tiempo largo”, afirma Buteler.
Y agrega: “Fue uno de los grandes problemas que enfrentó el gobierno anterior y que le produjo la disparada de la inflación. Así que me parece correcto y ayuda a bajar un poquito las expectativas inflacionarias futuras al saber que vamos a tener un cuadro tarifario más o menos estable por los próximos seis meses”.
- Lozano también tiene una mirada optimista sobre este punto, pero más integral. “Se plantean aquí tres medidas fundamentales –destaca–. En primer lugar, mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a iniciar una renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o reiniciar una revisión de carácter extraordinario, por un plazo de 180 días y propendiendo a la reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para 2020. En segundo lugar, se intervienen los organismos reguladores (ENRE y ENARGAS) y, en tercer lugar, se mantiene la competencia del ENRE sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Edenor y Edesur”.
- Para Dellatorre, se trata de “un primer paso correcto, pero no es el punto de llegada”. “Hay complicaciones porque los contratos les dan muchas facultades a favor de las empresas, pero lo que está planteando la medida es desdolarizar las tarifas y revisar los costos –analiza–. Las empresas del sector energético se llenaron los bolsillos estos años y hay muchos elementos para demostrar que hubo por su parte incumplimientos, maniobras irregulares, etc. Esto se va a hacer pesar en una negociación. Estamos en una situación extrema y es un escenario de confrontación”.
Deuda
- “Lo que planteó Guzmán es que le den las herramientas para ir a buscar un arreglo. Me parece bien. Todos sabemos que Argentina necesita renegociar la deuda porque no está en condiciones de pagarla con lo que genera. Tiene el mercado totalmente cerrado, necesita renegociar antes de caer en default porque después sería mucho peor. Lo que se va a arreglar creo que debería pasar también por el Congreso, pero me parece que está bien y de hecho fue lo que siempre dijeron que iban a hacer”, sentencia Buteler.
- Para Lozano el anuncio no es tan positivo. “Si bien había trascendido que la apuesta oficial pasaba por suspender los pagos de capital e intereses para los próximos años, en el proyecto de ley se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir letras que le permitan adquirir reservas del Banco Central por US$4.571 millones con el único objetivo de cancelar deuda –precisa–. No está claro qué función cumple esta decisión en la estrategia general que el Gobierno pretende seguir en términos de reestructuración, lo que sí es cierto es que la cifra prevista parece coincidir con los intereses de los acreedores privados que vencen en el 2020”.
Y agrega otra queja: “No se ha incluido como parte del proceso de negociación la posibilidad de revisar lo ocurrido con el endeudamiento macrista a efectos de identificar las irregularidades que el mismo parece haber tenido. Irregularidades asociadas tanto a la magnitud de la fuga de capitales que acompañó al mismo, como a las administrativas, penales e incluso estatutarias que exhibe el acuerdo con el FMI”.
- “Martín Guzmán es el hombre que más ha estudiado el tema de reestructuración de deuda. Él tiene una posición muy clara: Argentina por dos años como mínimo no puede pagar un dólar de deuda, ni de capital ni de intereses, si quiere salir del pozo en el que está. Este planteo no es sólo patear para adelante los vencimientos sino armar un cronograma a partir del tercer año que sea posible pagar en función del crecimiento de la economía argentina. Como razonamiento, me parece muy bueno”, afirma Dellatorre.
Y luego detalla: “Si a los acreedores les hacemos una oferta sin quita, sino que se les posterga el cobro, hasta financieramente puede ser no sólo aceptable sino interesante. Sobre todo porque son fondos de inversión que tienen que responder ante sus propios inversores. Desde que lo anunciaron a Martín Guzmán como ministro de Economía, los bonos argentinos en el exterior subieron porque lo están viendo como un buen negocio. Esta propuesta es mejor que lo que esperaban. Para Argentina también es mejor, porque si se cerrara nos sacaría la presión de la deuda por dos años”.Reactivación y crecimiento: mirada general
- Buteler: “De todas estas medidas que se están conociendo no hay ninguna que apunte a la reactivación de la economía. Son medidas para recaudar más, para dar algún incentivo a los más necesitados, pero que reactive la economía no veo nada. Incluso, al contrario, porque cobrar más impuestos produce lo contrario a la reactivación. Probablemente tenga que haber algunas otras medidas que apunten a eso porque hasta ahora las que anunciaron no ayudan”.
- Lozano: “Estamos en presencia de un proyecto de ley que reconstituye la caja del sector público en base a tributación progresiva, que intenta mostrar vocación de pago de la deuda pública y que articulado con un conjunto de medidas de compensación social en un nuevo contexto de precios, tasas de interés y tarifas, pretende estimular el consumo y la actividad económica”.
- Dellatorre: “Creo que es un primer escenario. En estas medidas todavía no está la reactivación del aparato productivo. Está el alivio y atender lo más urgente. Después vendrán las medidas más atadas al tema de la producción, el crecimiento y el empleo. No diría que éste es un programa de reactivación productiva, sí para parar la caída”. Envio:RL
20 de diciembre de 2019
Luz verde en el Congreso Diputados aprobó la Ley de Solidaridad Social
El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo media sanción con el voto positivo de 134 legisladores.
La votación en general se dio tras un largo debate. El Senado tiene todo listo para convertirlo en ley hoy mismo.
Por Miguel Jorquera
Tras un largo debate, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica. El proyecto fue aprobado en general con el voto de 134 legisladores. En contra votaron 110. El Senado tiene previsto darle sanción definitiva hoy mismo.
El proyecto del Gobierno que declara la emergencia en materia económica, financiera, administrativa, previsional, fiscal, tarifaria, energética, sanitaria y social fue debatido por más de 15 horas hasta su aprobación en general. La votación en general fue poco antes de las seis y media de la mañana. Junto a los oficialistas votaron los legisladores que responden a Roberto Lavagna, al gobernador cordobés Juan Schiaretti y de distintos bloques provinciales.
Durante el debate el propio Alberto Fernández instruyó a sus diputados a “mejorar" la iniciativa con el propósito de sumar voluntades. Así se avanzó en la segmentación de las retenciones, favoreciendo a los pequeños y medianos productores. También se exceptuó a docentes y científicos de la emergencia previsional.
El oficialismo admitió numerosas modificaciones al texto original, especialmente en los dos puntos más conflictivos de la iniciativa: jubilaciones y retenciones, a las que se habían sumado algunas agrupaciones agropecuarias como la Federación Agraria y CRA. Así el Frente de Todos consiguió el número necesario para la media sanción.
Modificaciones
La decisión de realizar concesiones surgió desde el propio presidente Fernández antes que arrancara el debate en Diputados. En un hilo de tuits el Presidente sostuvo que sugirió al jefe de la bancada de diputados oficialistas, Máximo Kirchner, “mejorar la ley que se está tratando en el día de hoy”. “Queremos ser claros y transparentes en nuestros propósitos. Solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal”, remarcó.
También reveló que habilitó “incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”. Por último expresó que “contamos con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en su actual versión. Pero queremos construir confianza entre todos y todas y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros. Unidos en el debate pondremos de pie a la Argentina”.
La propuesta ya había sido plasmada en el texto modificado del dictamen de mayoría, que el FdT consiguió el miércoles en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General. Allí se especifica que el 67 por ciento de la suba en las retenciones irá “al financiamiento de los programas de la Administración Nacional de Seguridad Social y el PAMI. Pero que otro 3 por ciento “se destinará a la creación de un Fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos". Y que "este Fondo será administrado por el Ministerio de Agricultura”. Un sistema de compensaciones con los que el gobierno busca diferenciar a los pequeños y medianos agricultores.
Pero dos de las cámaras patronales que integran la Mesa de Enlace, FA y CRA, acercaron al lavagnista Interbloque Federal una propuesta de segmentación de las retenciones. La discusión y negociación sobre compensación y retenciones continuaba al cierre de esta edición en los despachos del Palacio Legislativo, hasta donde incluso llegó el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Aunque el Lavagnismo insistía en la segmentación por regiones y mayores compensaciones para los pequeños y medianos productores para acompañar el artículo sobre retenciones agropecuarias.
En tanto también se modificaron los derechos de exportación de hidrocarburos y minería, que la actualización realizada por Fernández al decreto con que Mauricio Macri repuso las retenciones las dejó en el 12 por ciento. “Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el 8 por ciento del valor del valor imponible o del precio oficial”, reza el texto del dictamen que se discutía en el recinto. La baja de 4 puntos, habían sido justificadas el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ante en el plenario de comisiones donde sostuvo que el gravamen a esas actividades también deberían contemplar las regalías que reciben las provincias productoras.
Jubilaciones
Hasta ayer por la tarde se habían excluido de la suspensión de la ley de movilidad para jubilaciones y pensiones varios regímenes especiales . La medida alcanza a los docentes, docentes universitarios, científicos y las pensiones graciables para los hijos de víctimas de violencia de Género, que estableció la llamada Ley Brisa.
En los pasillos de la Cámara baja comenzaron correr las menciones a la resistencia del lobby judicial, que también quiere fuera de la suspensión a su privilegiado régimen jubilatorio.
El Gobierno y el oficialismo buscaron bajar las tensiones con el párrafo agregado al texto oficial en el que se compromete a convocar a una comisión integrada por el Ejecutivo y el Congreso de la Nación que proponga un proyecto de movilidad jubilatoria, que reemplace al actual y suspendido por 180 días. Pero propios y aliados seguían exigiendo otras propuestas que garanticen una recuperación económica a las jubilaciones y pensiones que no son alcanzadas por las sumas fijas que se otorgarán a la mínima durante diciembre y enero.
Entre otras modificaciones, se eliminaron varios artículos que acompañaban la emergencia sanitaria. Entre ellos, el que suspendía por un año la incorporación “de nuevas prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos, diagnósticos y tecnologías médicas, al Programa Médico Obligatorio (PMO). Otras modificaciones incorporaron nuevos destinos para la recaudación de los impuestos creados: el PAMI también será uno de los beneficiarios del impuesto a los gastos en dólares en el exterior.
Debate
La sesión arrancó apenas 5 minutos después de la hora convocada. El oficialismo logró sentar en el recinto 129 diputados, entre propios y aliados, y con el número justo abrió el debate. En tanto, JpC celebró que ninguno de sus diputados del interbloque aportó al quórum, para despejar la posibilidad de tener que enfrentar díscolos en su bancada y que quienes estaban dispuestos a acompañar el quórum si no se lograba no tuvieran que sentarse en las bancas. Fue la muestra que la discusión sería dura. Aunque por lo bajo, varios diputados de JpC sostenían que podrían acompañar partes de las emergencias sanitarias y social, así como la moratoria a las Pymes.
Carlos Heller defendió el proyecto oficialista y repasó aspectos de la herencia macrista. “En materia financiera, los compromisos heredados de la deuda resultan absolutamente insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad. El anterior gobierno tuvo que plantear el reperfilamiento porque los hechos demostraron que la deuda tal como estaba contraída era imposible de pagar”, sostuvo. “La economía y el tejido social hoy están en una situación más que alarmante” y “la emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino, y esta es la deuda interna que ha dejado el estado con sus habitantes”, sumó Darío Martínez.
“La emergencia en Argentina se ha consagrado como un estado de normalidad más que de excepción”, ya que “el kirchnerismo gobernó durante 14 años en emergencia”, replicó el macrista Luciano Laspina y agregó: “No nos parece bien cerrar el Congreso en el altar de las herramientas del nuevo gobierno. Entiendo las necesidades del gobierno de Alberto Fernández de instalar la sensación de ‘tierra arrasada’, pero ese relato no es consistente con la transición ordenada que hemos tenido como hace muchos años no teníamos”.
Las intervenciones fueron subiendo de tono. Después de las 19,30 de la noche, cuando ya habían trascurrido varias horas de debate, llegó al Congreso Elisa Carrió, la representante del ala más dura de JpC. Carrió dijo que no iba a hablar en el recinto pero hizo circular el texto que incorporaría al registro del debate. Allí no solo justifica el rechazo que el interbloque haría al megaproyecto y amenaza con judicializar las delegaciones que el Congreso le daría al gobierno nacional.
20 de diciembre de 2019
A cuenta de futuras paritarias
El gobierno les anunció un aumento por decreto a la CGT y las CTA
Cerca de 20 dirigentes sindicales se reunieron en la Casaa Rosada con Santiago Cafiero, Matías Kulfas, Claudio Moroni y Gustavo Béliz. El aumento es para los sueldos más bajos del sector privado. Se estudia extenderlo a los estatales.
Por Felipe Yapur
Cafiero, Beliz y Kulfas recibieron a dirigente gremiales de la CGT y las CTA.
Mientras en la Cámara de Diputados debatían la ley de Solidaridad Social , en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, Matias Kulfas (Desarrollo Productivo) y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz le confirmaron a unos 19 dirigentes sindicales de la CGT y las CTA que la próxima semana el presidente Alberto Fernández firmará un decreto que estipula un aumento salarial para trabajadores registrados del sector privado. El monto no trascendió pero los funcionarios indicaron que está destinado para los sueldos más bajos y se tomará como adelanto de paritarias. También está en estudio que ese aumento contemple a los estatales.
Hasta la Rosada llegaron, entre otros, por la CGT Héctor Daer (sanidad), Carlos Acuña (garajes), Antonio Caló (UOM), Omar Viviani (peones de taxi), José Luis Lingeri (obras sanitarias), Sergio Palazzo (bancarios), Omar Maturano (la Fraternidad) y Hugo Moyano (camioneros). En tanto que por las CTA estuvieron Hugo Yasky, Edgardo Llano, Daniel Catalano, Hugo "Cachorro" Godoy y Ricardo Peidro, entre otros. Durante el encuentro los gremialistas plantearon con cierta vehemencia la necesidad de recibir una ayuda para las obras sociales porque, además de la deuda que mantiene el Estado con estas instituciones, tienen otro problema serio que es el de hacerse cargo de patologías poco comunes que exigen la compra de medicamentos en el extranjero con el consiguiente pago en dólares. La mayoría de los presentes relataron las penurias que genera esta situación sobre todo tras las devaluaciones del peso que provocaron las políticas del gobierno de Mauricio Macri. A ese contexto hay que sumarle el creciente desempleo pero que los gremios decidieron mantener el servicio de obras sociales para esos trabajadores caídos del sistema. Todo eso conspira, afirmaron los gremialistas, con las arcas de las obras sociales.
Los funcionarios nacionales fueron comprensivos con los reclamos pero insistieron en la necesidad de que respalden al gobierno de Fernández. Les explicaron que la preocupación principal de la Rosada es ayudar a los más desprotegidos y por eso el plan contra el hambre. Es más, confirmaron la decisión del presidente Fernández de implementar, a través de un decreto que se conocerá la próxima semana, un incremento salarial destinado a los sueldos más bajos del sector privado y que se deberá tomar a cuenta de las futuras paritarias. El detalle es que el monto que decretará el gobierno será un piso mínino que deberán pagar las patronales. Ahora, si cada gremio negocia una cifra superior con su patronal será fruto de la habilidad del sindicato en cuestión.
Los gremios estatales plantearon la necesidad de que este incremento también los incluya. Luego de un cruce de argumentos se acordó que el gobierno estudiará el mecanismo y el monto para extender este incremento de emergencia para los empleados de sueldos más bajo del Estado.
La cifra y la fecha en que se pagará este incremento no está todavía definido. Los funcionarios dijeron que podría ser durante la próxima semana porque antes quieren que esté sancionada la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica.
Si bien la confirmación de los funcionarios podría ser considerado una buena noticia, algunos de los dirigentes sindicales intentaron dearrollar algunos reclamos. Los ministros fueron cautos y hasta comprensivos con sus interlocutores y durante las tres horas de conversación le dieron todo tipo de argumentos para demostrar la seriedad de la crisis. Beliz, en más de una oportunidad, reiteró que el presidente Fernández no hará nada que perjudique a los trabajadores e insistió en la necesidad de que el sindicalismo acompañe y defienda al gobierno nacional. Pero como los reclamos no parecían tener fin, el jefe de Gabinete tomó la palabra y, según relató uno de los presentes, le dijo que es tan mala la situación que el gobierno nacional emitirá, en las próximas horas, decretos que determinan el reperfilamiento de vencimientos por casi 9 mil millones de dólares. Esto implica que se diferirán el pago de las Letes en dólares que vencen este viernes y de los vencimientos que se vayan produciendo de acá hasta el próximo agosto . Una información que silenció a los sindicalistas y marcó el fin de la reunión.
20 de diciembre de 2019
El presidente había anunciado la intervención de la AFI el 10 de diciembre
Cristina Caamaño, candidata a liderar la AFI
La fiscal criminal y correccional, de extensa carrera judicial, preside el colectivo Justicia Legítima. Integró el ministerio de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré y en 2015 estuvo a cargo del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM) de la Procuración General de la Nación.
La fiscal Cristina Caamaño, probable Señora 5.
Imagen: Joaquín Salguero
Imagen: Joaquín Salguero
La fiscal criminal y correccional Cristina Caamaño podría convertirse en las próximas horas en interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La noticia trascendió nueve días después del discurso presidencial de intervención ante el Congreso, cuando Alberto Fernández anunció un contundente “Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”, que caracterizaron a la presidencia de Mauricio Macri.
Caamaño es una funcionaria de extensa carrera judicial, presidenta del colectivo Justicia Legítima y ex integrante del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré.
En 2015, cuando Cristina Kirchner creó la AFI y traspasó las escuchas a la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó, Caamaño fue la persona elegida para conducir el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM). La dependencia a cargo de la fiscal controló estrictamente la DICOM, que no tuvo una sola filtración.
Caamaño se recibió de abogada y procuradora en la Universidad de Buenos Aires, hizo un posgrado en derecho penal en la Universidad de Salamanca e inició su carrera judicial en 1993 como secretaría de una fiscalía criminal. A fines de 2010 Garré la designó como secretaria de Seguridad Operativa de esa cartera, y dos años después como Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas. A fines de 2013 asumió como fiscal nacional de instrucción, cargo que desempeñó hasta 2015 cuando asumió en la DICOM. También tiene una extensa carrera como docente en la universidad pública, donde enseña Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho, e integra la junta directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), donde dirigió la Comisión de Ejecución Penal durante una década.
Como presidenta de Justicia Legítima, Caamaño milita abiertamente a favor de la democratización del poder judicial. “Creo que, hacia adelante, lo que tenemos que hacer es utilizar la premisa con la que se creó Justicia Legítima, que es la de democratizar la Justicia”, afirmó meses atrás durante una entrevista. “Cuando dijimos eso fue tremendo, porque significaba romper con el statu-quo de muchos jueces, defensores y magistrados. Pero creo que hay que llevarlo adelante para poder evitar la presión que se vino dando ahora (léase durante el gobierno de Cambiemos) de querer nombrar dos ministros de la Corte por decreto y nombrar gente en cargos altos como la Casación sin concurso. Evitar la intromisión y acercarnos a la ciudadanía, transparentar los procesos y decisiones de los magistrados”, planteó.
En línea con el discurso de Fernández, que mucho antes de ser elegido candidato cuestionó duramente el rol de la justicia federal, Caamaño es partidaria de “diluir el poder de Comodoro Py” y ampliar el número de jueces y fiscales para evitar situaciones anómalas como la llamativa concentración de causas en manos de determinados magistrados. “La justicia va a mejorar con más justicia, no con más presión. Hay que romper con la promiscuidad entre los jueces y los servicios de inteligencia, como en el caso D’Alessio”, planteó en referencia al caso del falso abogado procesado por el juez federal Alejo Ramos Padilla. “Tenemos que volver al garantismo, que es cumplir con la Constitución Nacional”, dijo y agregó que para el gobierno de Macri “era una mala palabra”. Destacó la importancia de que la prisión preventiva se utilice “sólo para riesgo de fuga o ante la posibilidad de entorpecer la investigación” como establece la ley.
El presidente había anunciado la intervención de la AFI en su discurso en el Congreso el 10 de diciembre. “En el mismo sentido de transformación profunda, he decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado”, afirmó tras pronunciar un “Nunca Más a la justicia contaminada por servicios de inteligencia”. “Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado”, anticipó ante los legisladores, y prefirió mantener en reserva el nombre del interventor o interventora, que finalmente trascendió.
Fuente:Pagina12
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