La Solidaridad ya es ley por amplia mayoría
El Senado aprobó la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva
Después de un largo debate con filosos cruces, los senadores convirtieron en ley el proyecto aprobado horas antes por los diputados. El oficialismo logró 41 votos a favor y hubo solo 23 en contra y una abstención. Solo diez días después de llegar a la Casa Rosada, el oficialismo consiguió un rotundo éxito parlamentario al aprobar su primer proyecto en apenas 72 horas.
Por Miguel Jorquera
La mayoría de los votos que permitieron convertir en ley el primer proyecto del gobierno de Alberto Fernández en apenas 72 horas provinieron del bloque del Frente para Todos, pero el oficialismo consiguió sumar el respaldo de otros tres senadores. La primera fue Lucila Crexell, una antigua militante del Movimiento Popular Neuquino que fue atraída a las filas de Juntos por el Cambio por Miguel Pichetto, pero que formó un bloque unipersonal cuando llegó al Senado. El saegundo fue el ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilnek y el tercero Carlos Reutemann, que renovó por última vez su banca con los colores del macrismo. A la hora de votar, el ex corredor aclaró que lo hacía en general, pero señaló la lista de artículos a los que se oponía en particular.
El final del debate
Un brillante discurso del senador Jorge Taiana fue el encargado de cerrar la lista de los oradores, para dar paso a los discursos finales de los presidentes de bloque: un duelo entre dos senadores formoseños, el radical Luis Naidenoff y el justicialista José Mayans.
"La situacion es compleja, lo aceptamos", empezó conciliador el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, pero enseguida dedicó la mayor parte de su discurso a defender lo actuado por el gobierno de Macri y a criticar "la herencia recibida" en 2015. "Dos de cada tres dólares de la deuda fueron para pagar la deuda contraída por los gobiernos anteriores", explicó.
Mayans no se quedó corto en la respuesta. "Esta situación no salió de la nada. Esto fue fruto de la timba financiera", aseguró, y hasta se dio el gusto de citar al ex titular de la bancada opositora Miguel Pichetto cuando dijo, antes de convertirse en candidato a vicepresidente de Macri, "la administración del Banco Central es nefasta". A la hora de responder a las quejas sobre los peligros de otorgar superpoderes a Alberto Fernández, como repitieron los senadores opositores, dijo que "ustedes ya otorgaron verdaderos superpoderes, se los dieron al FMI. Ni el presidente Macri podía tomar ninguna medida sin consultarlos", confrontó. "¿Y dónde está ahora Macri mientras la gente se debate en la miseria como consecuencia de esas políticas? En Qatar, disfrutando una final de fútbol".
Para terminar, propuso que se vote conjuntamente el general y en particular, lo que se aprobó por amplia mayoría. Después sólo faltaba la votación final.
El difícil comienzo
El alcance de la suspensión de la ley de Movilidad Jubilatoria --como había sucedido en Diputados--, era uno de los principales escollos que desataban la resistencia opositora. La incorporación de jueces, diplomáticos y ex presidentes a los regímenes especiales que eran exceptuados de la suspensión --donde quedaban equiparados con el de maestros, docentes universitarios, científicos y las pensiones graciables a los hijos de víctimas de violencia de género-- no cayó bien entre los senadores oficialistas y mucho menos en los opositores. Estos últimos lo tomaron como bandera para cuestionar y criticar la iniciativa del Gobierno.
El tardío ingreso del texto de la media sanción aprobada durante la mañana en la Cámara Baja, tras 19 horas de debate, fue solo un pretexto disfrazado de argumento con el que los senadores de JpC reclamaran un cuarto intermedio para “analizar” el proyecto. Aunque, en realidad, su objetivo era resolver una postura común del interbloque opositor en medio de una difícil discusión interna y definir si aportaban a los dos tercios que se necesitaban para habilitar sobre tablas el debate sobre la ley de Solidaridad Social.
Cómo Alberto destrabó la discusión
Como sucedió en la previa en Diputados –-abriendo las negociaciones a la segmentación de las retenciones agropecuarias--, fue el propio presidente Alberto Fernández quien hizo la propuesta para destrabar el tratamiento de la ley. “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, anunció Fernández a través de su cuenta de Twitter.
“Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos. Debemos esforzarnos para ayudar a poner de pie a esta Argentina que tanto amamos”, agregó el Presidente en la red social.
La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, fue la encargada de retransmitir la voluntad presidencial en el recinto del senado y destacó que de esa manera “se va a poder poner blanco sobre negro”. Sagasti también recordó que las jubilaciones de privilegio de diputados y senadores se eliminaron en 2002 “por una cuestión que tenía que ver también con una emergencia social y económica como la que hoy estamos viviendo”. Y consideró como “totalmente injusto” el régimen jubilatorio de privilegio de jueces y diplomáticos.
Fue entonces que el radical Julio Cobos anunció en el recinto que su bloque presentó un proyecto de ley aparte para que jueces y diplomáticos queden incluidos en el “congelamiento” de la fórmula de actualización jubilatoria y no cometer un acto “discriminatorio” para con el resto de los sectores. El intento de Cobos fue sentar postura conociendo que el oficialismo no iba a aceptar modificaciones al proyecto que postergue la sanción de la ley.
Cristina Fernández de Kirchner –en su debut como presidenta del Senado— accedió al pedido de cuarto intermedio solicitado por la oposición. Poco después de las 19, la hora fijada para retomar el debate, CFK apuró la identificación de los senadores que estaban en el recinto: a los oficialistas se sumaron la neuquina Lucila Crexell (MPN), el rionegrino Alberto Weretilneck y el santafesino Carlos Reutemann.
Los dos tercios
Con 39 senadores presentes (dos más de los necesarios para el quórum), CFK propuso votar la habilitación del debate sobre la ley de Solidaridad, que fue unánime y logró superar los dos tercios de los presentes requeridos. En tanto, JpC esperó fuera del recinto e ingresaron presurosos dar el debate con la suerte echada.
“La emergencia es el modo que tenemos para salir de este problema. Esta ley es para poner a la Argentina en movimiento y que no siga parada”, sostuvo el cordobés Carlos Caserio, como presidente de la comisión de Presupuesto y miembro informante del proyecto. Caserio repasó los índices macroeconómicos con los que el oficialismo justifica la emergencia en materia económica, financiera, administrativa, previsional, fiscal, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Los argumentos oficiales
“La pobreza llegó al 40,8 por ciento, prácticamente 17 millones de personas, una circunstancia que en un país como el nuestro no debería ser así”, precisó Caserio y agregó el “8,9 por ciento de indigencia, con más de 4 millones de personas” en ese estado, que “corren el enorme riesgo de no tener un plato de comida en su mesa”. Detalló el crecimiento de la desocupación en los tres últimos años y que en el tercer trimestre de 2019 trepó al 9,7 por ciento de la población económicamente activa, una cifra que podría aun ser mayor con los datos que revele el Indec hasta fin de año.
María de los Ángeles Sacnun, completó la defensa del proyecto oficial. La santafesina explicó que para que el Parlamento delegue facultades en el Poder Ejecutivo “debe tener un plazo”, que la ley fijó en “el 31 de diciembre de 2020”. En ese sentido, agregó que "deben incorporarse las bases de la delegación, que tienen que ver con retomar un rumbo de desarrollo con justicia social, crear las condiciones para asegurar la sustentabilidad y el sostén de la deuda pública y que sea compatible con la recuperación económica del país”, dijo.
Sacnun marcó como objetivo “la reestructuración tarifaria con criterios de equidad” ya que “estamos en una situación de pobreza energética”, porque “se destina más del 10 por ciento de los ingresos al pago de tarifas”. Además de “coadyuvar al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa” y “crear las condiciones para la sostenibilidad fiscal”. También se refirió a las retenciones como un instrumento económico, que “ha sido usado ideológicamente”; al tiempo que se definió su procedencia provincias como “hijos y nietos del Grito de Alcorta” y sostuvo que “la segmentación para pequeños y medianos productores es un logro histórico”.
Los argumentos opositores
Esteban Bullrich (PRO) fue el primer opositor en hacer uso de la palabra. “Es un día triste para mí, para nuestro bloque y para la República”, arrancó el senador macrista. Sostuvo que la “esperanza” que le generó el “llamado al diálogo” del Presidente ante la Asamblea Legislativa “se diluye con este proyecto de ley. Se nubla, se aleja, se entristece. Porque esta ley ignora las instituciones”. Para Bullrich, el proyecto puesto a debatir “hace de este Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos”.
El ruralista Alfredo De Angeli se aferró al discurso contra las retenciones para rechazar el proyecto oficialista. Eduardo Kueider (FdT) le replicó a De Angelis al recordar el respaldo que hizo en el mismo recinto del Senado. Eso sucedió cuando Macri repuso el aumento en pesos a los derechos de exportación en dólares y todo en medio de la crisis económica y financiera desatada por su propio gobierno.
Después se sucedió una extensa lista de oradores que alcanzó a casi 35 senadores. Contrapuntos oficialistas y opositores que ya no modificarían la suerte del proyecto que bien entrada la madrugada se convitió en ley.
21 de diciembre de 2019
El Presidente enviará los proyectos al Congreso
Alberto Fernández impulsa el fin de las jubilaciones de privilegio
Jueces y diplomáticos quedaron exceptuados del congelamiento de las jubilaciones, lo que generó rechazos. El Gobierno elaborará dos proyectos para eliminarlas que se tratarán en enero, para lo que se extenderán las sesiones extraordinarias.
Por Fernando Cibeira
Alberto Fernández recibió a Sergio Massa y a Darío Martínez luego de la media sanción.
Imagen: Presidencia
Imagen: Presidencia
El presidente Alberto Fernández anunció que incluirá en el temario de las sesiones extraordinarias dos proyectos de leyes para terminar con las “jubilaciones de privilegio”, según denominó, del Poder Judicial y del cuerpo diplomático. “Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos”, explicó. Fue luego de que la media sanción de la ley de Emergencia en Diputados dejara afuera del esquema de congelamiento a jueces, diplomáticos y funcionarios de alto rango, lo que había comenzado a levantar una ola de repercusiones negativas.El lunes se convocará a una comisión para elaborar proyecto para modificar estos sistemas especiales de manera sin que se genere una ola de juicios.
Fernández se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado Darío Martínez en la Casa Rosada y resolvieron ampliar el período de extraordinarias hasta el 29 de febrero e incluir en el temario los dos proyectos que se están elaborando.
Un funcionario de gobierno analizaba por la tarde que fue un problema el haber trabajado un proyecto tan abarcativo en tan poco tiempo, así que no le habían prestado la suficiente atención a un dato tal vez no tan significativo en cuanto a montos pero sí en lo simbólico. La redacción original del artículo 51 de la ley de Solidaridad Social establecía que por 180 días quedaba congelada la fórmula de movilidad jubilatoria, incluyendo a todo régimen general o especial. Los sistemas especiales, además de los jueces y diplomáticos, son los de los docentes, docentes universitarios, científicos, empleados de Luz y Fuerza, miembros de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario. Los de cargos políticos fue derogado luego de la crisis de 2001 y actualmente sólo alcanza a ex presidentes y ex vicepresidentes.
Pero durante la sesión hubo sindicalistas docentes y de Luz y Fuerza que se movieron para quedar exceptuados del congelamiento, algo que fue consentido. Y así fue que se colaron los otros, con la idea de que congelar unos sí y otros no derivaría en una presentación masiva de cautelares. Los jueces suelen fallar a favor cuando se trata de defender sus intereses. Un ejemplo claro es que recién quienes ingresaron al Poder Judicial luego de 2017 comenzaron a pagar impuesto a las Ganancias pese a los altos sueldos que perciben, gracias a una absurda interpretación de un artículo de la Constitución.
Cuando se trató ese artículo en el recinto, hubo una discusión entre oficialismo y oposición acerca de a quiénes se exceptuaría, algo que no terminaba de quedar claro. Una vez que tuvo la media sanción se supo entonces que junto con docentes, científicos y beneficiarios de la “ley Brisa” –hijos e hijas víctimas de femicidios– también habían ingresado en el lote los jueces y los diplomáticos, generando una desigualdad evidente. Se les pedía a jubilados que ganan apenas por encima de la mínima algo de lo que se exceptuaba a quienes reciben montos incomparables.
De acuerdo a un informe elaborado por el CEPA, hay 7.334 jubilados del Poder Judicial que cobran, en promedio, unos 235 mil pesos. Los del servicio diplomático son menos –688 jubilaciones– pero perciben todavía más: 335 mil pesos promedio. “Si bien en cantidad, los beneficios de diplomáticos y jueces resultan poco significativos, en términos de jubilación media se encuentran en valores extraordinariamente altos. En promedio, los diplomáticos cobran 17 veces lo que percibe un jubilado de la mínima, mientras que los jueces reciben 12 veces más que el que los de la mínima. Si, por ejemplo, en lugar de actualizar en marzo con movilidad (11,61 por ciento), estas jubilaciones se incrementaran 5 por ciento, esto significaría un ahorro de más de 1500 millones de pesos mensuales”, detalló Hernán Letcher, titular del CEPA.
Desde la Casa Rosada primero informaron que el lunes se convocaría a la comisión de especialistas de la que habla el propio artículo 51 de la ley de Emergencia para elaborar el proyecto para modificar estos sistemas especiales de manera que no se toquen derechos adquiridos y generen una ola de juicios. Pero, como las manifestaciones de rechazo crecían, salió Alberto Fernández en Twitter informar que en extraordinarias, muy posiblemente en enero, se pondrá fin al beneficio extraordinario de diplomáticos y miembros del Poder Judicial. Fernández dio cuenta en la red social de la media sanción de Diputados a la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y del cobro de diez mil pesos que recibirán los jubilados que perciben la mínima. “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, adelantó en otro tuit.
Un funcionario que trabajó en la discusión del proyecto se lamentaba por los problemas de comunicación que había tenido. “En un marco de emergencia hicimos una gran transferencia de ingresos de los sectores más ricos a los más pobres, pero terminamos enredados en discusiones sobre otras cosas que se podían haber previsto. En buena medida es fruto del apuro, es una pena”, comentaba.
El Senado desmintió una nota de Clarín Cristina Kirchner aclaró que ella misma paga sus viajes a Cuba
CFK, en la sesión de hoy en el Senado.
Imagen: NA
Imagen: NA
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desmintió hoy, a través de un comunicado, que el Senado corra con los gastos de su viaje a Cuba para ver a su hija Florencia. La ex jefa de Estado se encargó de aclarar que “la presidenta del cuerpo pagó de su bolsillo el pasaje para ir a visitar a su hija a la República de Cuba”.
Horas antes, Clarín había publicado que "el Senado gasta 400 mil pesos para que Cristina Kirchner pase Año Nuevo con su hija Florencia en Cuba". El comunicado afirma que el diario actuó “con la mala fe y las mentiras de siempre”.
La presidencia del Senado asegura que “actuando de mala fe, el diario Clarín, titula de manera tergiversada con el objetivo de engañar a los lectores y seguir difamando a la vicepresidenta”.
El Poder Judicial había autorizado en los últimos días a la ex mandataria a viajar a Cuba, donde su hija permanece en tratamiento médico desde febrero pasado. Está previsto que Cristina viaje el 28 de diciembre y regrese al país el 12 de enero.
El cruce con un senador por el género de una palabra
Cristina Kirchner: “Presidenta, Mayans, presidenta”
CFK en la reunión de labor parlamentaria; a su derecha, Mayans.
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
Cristina Fernández de Kirchner estrenó la presidencia del Senado en el marco del debate por la Ley de Solidaridad. Apenas iniciada la sesión, la ex mandataria tuvo un simpático cruce con José Mayans, el titular de la bancada del Frente de Todos, quien en reiteradas ocasiones se refirió a ella como "presidente".
Y volvió a repetir la palabra, remarcando la a final. Entonces, y con una sonrisa, Mayans dijo: “La palabra presidente no tiene sexo”, a lo cual Cristina respondió “eso lo dicen los machistas; no, de ninguna manera”. Mayans no tuvo más remedio que contestar “presidenta”, eso sí, con otra gran sonrisa.
21 de diciembre de 2019
Las defensas de las causas en las que interviene apuntan a conseguir su apartamiento
¿Cuál es la situación de Carlos Stornelli tras su procesamiento?
Por Sofía Caram
Carlos Sotrnelli, el procesado.
Imagen: Enrique García Medina
Imagen: Enrique García Medina
“Stornelli no se presenta en Dolores porque sabe que si declara va camino a un procesamiento seguro. Si eso pasa van a llover las recusaciones en su contra”. Este razonamiento sobrevoló Comodoro Py todo el tiempo que duró la injustificable actitud del funcionario de permanecer en rebeldía. Ahora que el procesamiento es un hecho, las defensas de los imputados en las causas envueltas en escándalos de armados, extorsiones y peritajes truchos, apuntan a conseguir su apartamiento. Mientras algunos esperan que Stornelli decida excusarse, otros insistieron en las últimas horas con el pedido de recusación.
Los dos expedientes en los que Stornelli podría dejar de intervenir son Gas Natural Licuado y Fotocopias de los cuadernos. Ambos son conexos y quedaron salpicados por las maniobras que se ventilaron en la causa de espionaje ilegal. Un día después del procesamiento dictado por el juez Alejo Ramos Padilla, la defensa de Roberto Baratta presentó un escrito ante la sala I de la Cámara de Casación, en el que insiste con el reclamo de la “necesaria recusación del fiscal Stornelli” en ambas investigaciones. El texto destaca que “se ha dictado el procesamiento del cuestionado fiscal” por “la actividad desplegada por la asociación ilícita que se le imputa integrar”.
Antes del requerimiento de elevación a juicio de un tramo de la causa de las fotocopias y cuando Stornelli permanecía rebelde, los abogados de Baratta, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, ya habían presentado el reclamo para que sea removido. Bajo la presidencia de Mauricio Macri, durante seis meses el trámite circuló por las distintas instancias judiciales, pero en todos los casos el fiscal fue respaldado por sus colegas de Comodoro Py. Con el argumento de que hay “sospechas fundadas de falta de objetividad”, los defensores insistieron y llegaron a Casación, que -contra todas las expectativas- concedió el recurso de apelación, por lo que hubo una audiencia y los magistrados ya están en condiciones de resolver. Sin embargo, la decisión podría postergarse para después de la feria judicial.
Tanto Baratta como el ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, fueron apresados en la causa GNL, que luego sirvió de puntapié para la de las fotocopias de los cuadernos, expediente con el que se quedaron Claudio Bonadío y Stornelli, sin mandarlo a sorteo. Ahora, Ramos Padilla dio por probado que Marcelo D´Alessio armó carpetas que fueron presentadas de manera anónima ante la fiscalía de Stornelli en la causa GNL. Ocurrió luego de que ese expediente comenzara a tambalear tras el peritaje trucho firmado por David Cohen, quien terminó procesado por falso testimonio agravado. Fue D'Alessio quien luego se ofreció supuestamente de manera voluntaria para declarar, lo que le permitió a Stornelli salvar la investigación. Ramos Padilla consideró que esa maniobra fue un plan armado entre el fiscal y el falso abogado.
Para el defensor de De Vido, Maximiliano Rusconi, Stornelli tendría que excusarse: “Debería dar un paso al costado. Ya bastantes desatinos ha cometido”, le dijo a Página/12. “Es mejor que concentre sus energías en sus defensas tanto en el ámbito penal como administrativo. Él debe excusarse. Así actúa un hombre de bien. Un hombre que no es de bien defiende con uñas y dientes el pequeño lugar de poder que detenta para negociar futuras salidas mágicas. Flaco favor le haría al estado de derecho si se queda encubriendo sus propios desastres”, agregó. Y advirtió que “si no, nos obligará a recusarlo y lo haremos con toda convicción”.
Otro de los damnificados por el accionar del ex jefe de seguridad de Boca es Gonzalo Brusa Dovat. El procesamiento a Stornelli incluyó la coacción al ex directivo de PDVSA para que declarara en una dirección determinada, bajo la amenaza de que lo meterían preso en una causa en el fuero penal económico. La estrategia de la defensa de Brusa Dovat será esperar algún movimiento nuevo en el expediente para definir una eventual recusación
Fuente:Pagina12
. La Legislatura bonaerense aprobó la ley de emergencia de Kicillof
Las dos cámaras votaron la ley ómnibus en la provincia de Buenos Aires con algunas reformas fruto de la negociación con la oposición.
El Parlamento bonaerense sancionó en la madrugada del viernes, en sesiones extraordinarias, el paquete de leyes de emergencia social, económica, productiva y energética que envió el gobernador Axel Kicillof. A diferencia de Nación, la iniciativa fue aprobada primero en el Senado y luego en Diputados, después de que el oficialismo y la oposición llegaran a un acuerdo para declarar el estado de emergencia.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró en una entrevista con Télam que la sanción de la ley otorga “instrumentos para atender las urgencias vinculadas a la profunda crisis económica y social que dejaron cuatro de neoliberalismo”.
Aunque hubo algunas modificaciones, se ratificó la emergencia en Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria; Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos; y Administrativa y Tecnológica vigentes desde el anterior gobierno.
Entre los cambios que se introdujeron al proyecto original del oficialismo, la emergencia tendrá un plazo de un año, con posibilidad de extenderlo uno más, y no de dos corridos, como proponía en el proyecto original. También se fijó fecha límite para la prórroga del Presupuesto: 31 de marzo.
Arribar a consensos entre todos los espacios fue el paso fundamental para sancionar las leyes de emergencia en la Provincia.
Es importante que hoy se logre concretar la Ley nacional para que en todo el país se pueda dar solución a las urgencias.#LeyDeSolidaridadSocial
Estas modificaciones fueron resultado de gestiones importantes para llegar a un acuerdo con la bancada de Juntos por el Cambio bonaerense. Las emergencias le permiten a Kicillof reasignar partidas, congelar tarifas por 180 días, renegociar deudas con tenedores de bonos y proveedores, y poner en marcha programas de renegociación de deudas impositivas de microempresas.
La ley votada además crea una Comisión Bicameral para el seguimiento y control de la Emergencia. Estará integrada por tres diputados y tres senadores, con participación de las minorías parlamentarias, también contará con la presencia de la Defensoría del Pueblo, asociaciones de usuarios y consumidores, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Ya con la ley sancionada, el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín afirmó que “fue una semana de trabajo muy arduo, debatimos y logramos un amplio consenso en la ley que nos pidió el gobernador”. Asemás apuntó que “es muy sano en términos democráticos lo que se ha conseguido, tuvimos un ida y vuelta muy enriquecedor con los diputados y diputadas de los diferentes bloques”, apuntó.
Ya con la ley sancionada, el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín afirmó que “fue una semana de trabajo muy arduo, debatimos y logramos un amplio consenso en la ley que nos pidió el gobernador”. Asemás apuntó que “es muy sano en términos democráticos lo que se ha conseguido, tuvimos un ida y vuelta muy enriquecedor con los diputados y diputadas de los diferentes bloques”, apuntó.
Por su parte, el senador opositor Juan Pablo Allan planteó que desde Juntos por el Cambio “mejoraron” el proyecto “sacando todas las medidas que generaban superpoderes y poniendo límites de tiempo, de monto, y eliminando cláusulas abusivas y discrecionales”.
Más del 55% de los medicamentos bajaron un 8% su precio
Ocurre tras la medida anunciada por el gobierno junto a los laboratorios a inicios de semana. Según el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, de un total de 19.500 productos, quedan por cumplir unos 8500, sobre todo los de venta libre.
De acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR), a menos de una semana de que el gobierno anunció una rebaja del 8% en el valor de los medicamentos, ya disminuyó el precio del 55% de los productos.
La medida apuntó a que los remedios retomen los importes del 6 de diciembre, y los mantengan congelados hasta al menos el 31 de enero. El contexto es de suma fragilidad tanto para los usuarios como para la industria, con una baja del 14% en las ventas, desde junio de 2018. Este año finalizará con una disminución del 6,6% de los dispendios. Al mismo tiempo, los medicamentos aumentaron los precios, sin ningún control oficial: en cuatro años superaron el 440% (casi el doble que las jubilaciones en el mismo período), y sólo en 2019 los diez más dispensados tuvieron una crecida del 111% promedio en sus valores.
En ese marco, una de las primeras medidas de la gestión de Alberto Fernández fue la de concretar un retroceso en el costo de los remedios. Algo que ya fue cumplido en más de la mitad de los casos desde su anuncio, a principios de semana. De acuerdo al informe de CEPROFAR, si bien no había plazos especificados, sobre un total de 19.000 medicamentos bajaron de precio 10.500 productos (9.700 en consonancia con el acuerdo y 800 lo hicieron más del 8% acordado), mientras que alrededor de mil subieron su valor. En general un rubro que no disminuyó sus números es el de venta libre, de los digestivos y aspirinas, hasta el ibuprofeno o el paracetamol. Desde el Centro de farmacéuticos aclararon que no se incluyen en el convenio los dispensados por PAMI, que tienen una condición especial para el afiliado.
“Es positivo que haya empezado por detener la velocidad en el aumento de precios, no es de un día para el otro. Es una buena medida para revertir la situación con una política que evidentemente tendrá otra mirada del Estado, respecto de la que tuvimos estos cuatro años”, apuntó Rubén Sajem, director del CEPROFAR y Secretario General del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de CABA.
Una vez conocida la iniciativa, las entidades que agrupan a las farmacias realizaron un reclamo a los laboratorios, que es la formadora de precios, para que las compensaran, al haberles comprado stock a un precio más alto y luego tener que dispensarlos al público a un precio menor. Luego de las gestiones oficiales, con la participación del Ministerio de Salud, la industria aceptó elaborar las compensaciones a las farmacias, que serán emitidas mediante notas de crédito en breve, por un monto aproximado a los 285 millones de pesos.
“Está bien como un primer paso para revertir la política de descontrol y dispersión de precios con la que veníamos –continuó Sajem–, donde cada laboratorio ponía el precio de sus remedios de acuerdo a su propia estrategia comercial, y estaba habiendo muchas diferencias en cuanto a marcas. A veces para el mismo producto se registraban diferencias de hasta un 300%. Por ejemplo, el Losartán, antihipertensivo, valía 937 pesos con un laboratorio, y ahora con el 8% bajó a 862,55. No obstante el mismo producto en otro laboratorio estaba a 400 pesos. Ese no bajó hasta ahora”.
Y completó: “Todo se dio sin ningún control ni mirada desde el Estado, también en cuanto a otros puntos, como hacer públicos los precios, para que los médicos lo supieran. Ni buscaron cumplir con la obligación de que prescriban con nombre genérico para que el paciente pueda elegir entre las marcas con el precio más conveniente, porque siempre el que elige debe ser el paciente. Tampoco hubo reemplazos por producción pública de medicamentos. Últimamente no se hizo ningún tipo de incentivación, ni siquiera seguimiento del tema de las recetas”.
Fuente:TiempoArgentino
Por "persecución", Bonadio quedó afuera de una causa que le armó a Cristina derivada de los Cuadernos
Casación apartó al juez de la pesquisa en la que había procesado a la vicepresidenta por el supuesto traslado de muebles al sur en aviones oficiales, expediente que él mismo había armado desde Cuadernos y le había tocado por sorteo. "Persecución penal” y “pérdida de neutralidad”, entre los argumentos. Mirá qué magistrado que queda al frente y qué podría pasar con la investigación.
En específico, la Cámara de Casación, con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma, apartó al polémico magistrado de la causa en la que había procesado a la actual vicepresidenta por el supuesto traslado de muebles a sus hoteles en el Sur a bordo de aviones oficiales.
Así, Bonadio fue apartado por una recusación del actual senador Oscar Parrilli, a quien también había procesado en el mismo expediente pero que luego fue desprocesado por la Cámara Federal. Con la salida del "Pistolero" del caso, la causa quedó a cargo el juez Sebastián Casanello.
La defensa de Parrilli había recusado a Bonadio por una denuncia penal y un pedido de juicio político contra el magistrado. Pero el juez y luego la Cámara Federal habían rechazado ese intento.
“La pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y que fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito, a instancias del propio magistrado recusado, que ordenó la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal”, dijo Slokar en su voto, por lo que la Sala II de Casación entendió que la recusación era válida por una supuesta “pérdida de neutralidad”.
Imagen: Twitter Juan Amorín
Según los magistrados de Casación, en la causa se encuentran "comprometidas las garantías del juez natural y de imparcialidad del juzgador, así como el debido proceso legal".
En su voto, el camarista Slokar planteó que "la pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y que fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito, a instancias del propio magistrado recusado, que ordenó la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal".
Slokar también tuvo en cuenta que las objeciones del ex titular de la AFI respecto a la imparcialidad de Bonadio podían encontrar sustento en que el juez lo procesó pero luego la Cámara anuló esa decisión. Su parecer fue respaldado por sus colegas de la Casación.
Es que hace un mes, la Cámara Federal desprocesó a Parrilli y confirmó el procesamiento de la ex presidenta por el uso de los aviones oficiales para trasladar muebles, aunque no se consideró delito que se trasladaran los diarios y resúmenes de prensa a Río Gallegos o El Calafate. Los jueces entendieron que ese material periodístico era atinente a sus funciones y que, en todo caso, pudo haber constituido una falta ética.
La investigación de los vuelos fue armada por Bonadio a raíz de la investigación nacida de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer. Supuestamente, en su búsqueda de pruebas sobre el presunto transporte de bolsos -jamás encontrados- con dinero al Sur, el juez citó a los pilotos de los aviones oficiales. Y allí se topó con declaraciones que apuntaban a traslado de diarios y muebles. Eso lo llevó a generar otra causa, que, casualmente, por sorteo le tocó a él mismo.
Con esta decisión de Casación, se espera que la defensa de la vicepresidenta pida la nulidad de toda la causa porque el procesamiento fue firmado por Bonadio luego de la recusación planteada por Parrilli, ahora ahora provocó la salida del juez. Eso haría caer todo el expediente
La herencia PRO
Escandaloso: Macri le dejó a Alberto casi un millón de pesos de deuda por propaganda para medios
El ex presidente comprometió $100 millones sólo 48 horas antes de abandonar la Casa Rosada para publicitar en diarios las supuestas bondades de su gestión. Además, destinó otros $850 millones en pauta para medios de todos los formatos en plena campaña. No pagó nada, por lo que Fernández tendrá que pagarle la publicidad por los comicios en que compitieron.
Por un lado y a pesar de que prácticamente no iba a Balcarce 50, el líder PRO instruyó a su jefe de Gabinete, Marcos Peña, a gastar $100 millones para publicitar la "rendición de cuentas" de su gestión en los diarios, es decir sus supuestos "logros", nada más que dos días de dejar la presidencia.
La propaganda política, tal como reveló el portal LPO, se exhibió el domingo 8 de diciembre en los diarios de mayor tirada inscriptos en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (Renappo). No les tocó esa suerte a los portales de noticias.
Dado que la pauta se "cocinó" sólo 48 horas antes del final del mandato del ex mandatario, los $100 millones quedaron sin pagar y deberán ser costeados por la nueva administración. Parece insólito, pero Fernández tendrá que hacerse cargo de una deuda que Macri le "heredó" para difundir sus supuestos "logros".
La propaganda, que ocupó la exagerada dimensión de cuatro páginas de diario, tuvo un sesgado encuadre a favor de la gestión Cambiemos, hasta con datos dudosos, y se tituló "Rendición de cuentas, una síntesis de la presidencia de Mauricio Macri".
"Una economía más sólida" y "en estos años vivimos con libertad de prensa y de expresión", fueron de las frases más insólitas y que recibieron más burlas en redes sociales de las que se incluyeron en el aviso publicitario por el que Macri deja la mencionada deuda.
Por si todo esto fuera poco, el macrismo también dejó una deuda de otros $850 millones en pauta oficial repartida en medios de todos los formatos durante los últimos tres meses de su mandato, justo en el período de la campaña electoral para los comicios generales del 10 de diciembre en los que Fernández lo derrotó.
Fuente:PoliticaArgentina
Hay 60.000 millones de pesos para atender la emergencia alimentaria
Viernes 20 de Diciembre |
En la reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que encabezó el presidente Alberto Fernández, importantes referentes brindaron aportes al programa.
El presidente Alberto Fernández encabezó en Casa Rosada la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. El mandatario insistió en que “este plan no es el plan del gobierno ni de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina”.
El presidente remarcó que por “una vez olvidémonos de nosotros, de quienes somos, de cómo pensamos y que representamos. Y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre”.
Del encuentro participaron el escritor Martín Caparrós, Hilda Chiche de Duhalde, Marcelo Tinelli, Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA), Sonia Alesso (Ctera), monseñor Carlos Tissera (Cáritas), Carlos Vila Moret (Sociedad Rural), Bernardo Affranchino (Aciera), Roberto Baradel (CTA), Antonio Aracre (Syngenta) y el supermercadista Víctor Fera.
También estuvieron Narda Lepes, Vanesa Herrera Noble, Esteban “Gringo” Castro (CTEP), Isaack Rudnik (Icepsi), Jaime Perczyk (Universidad Nacional de Hurlingham), Jorge Knoblovits (DAIA), Daniel Funes de Rioja (Copal), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Carlos Achetoni (Federación Agraria), Juan Vasco Martínez (Supermercadistas) y Pablo Narvaja (Pastoral Social), entre otros.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, precisó al respecto que los fondos previstos para atender la emergencia alimentaria este año alcanzan los 60.000 millones de pesos, al hablar en una rueda de prensa en Casa de Gobierno tras la reunión del Consejo.
Arroyo, dijo que "vamos a ir cubriendo todo el país" con las tarjetas alimentarias para beneficiar a dos millones de chicos,y anunció que en el mes de marzo "ya estará cubierto el 80 por ciento".
La coordinadora del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, Victoria Tolosa Paz, sostuvo por su parte que el plan lanzado por el gobierno para atender la emergencia alimentaria buscará "vincular y comprometer a toda la sociedad y los representantes de la sociedad civil", y articular con universidades, ONGs y clubes de barrio.
Fuente;Infonews
El encuentro tuvo lugar en la Casa Rosada, junto a Santiago Cafiero, y se convirtió en la oficialización de su designación en el cargo, pese a que aún no se publicó en el Boletín Oficial.
El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a la fiscal Cristina Caamaño, quien fue designada como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), uno de los últimos cargos a confirmar por parte del Gobierno.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, formó parte del encuentro que oficializó su designación en el cargo, pese a que aún no se publicó en el Boletín Oficial.
Como anunció Fernández en su discurso de asunción, la exSIDE será reestructurada para derivar los fondos reservados al plan contra el hambre. "Nunca más al Estado secreto. Nunca más a los sótanos de la democracia", dijo el Presidente.
Además de ser titular de Justicia Legítima, Caamaño lideró el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) durante la gestión de Alejandra Gils Carbó como procuradora General.
Desde 2006 es fiscal nacional dentro del Ministerio Público Fiscal y hasta 2013, junto la exministra Nilda Garré, se desempeñó como secretaria de secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas.
Cómo quedan las jubilaciones con la ley de Emergencia Pública
Los adultos mayores recibirán dos aumentos trimestrales, además del bono anunciado por ANSES. Por Ezequiel Orlando
Si el proyecto de ley de emergencia pública obtiene en el Senado la misma sanción que consiguió esta mañana en Diputados, los jubilados recibirán dos aumentos en la primera mitad del año próximo. Además, cobrarán un bono doble todos los que cobren menos de $ 20.000.
El Gobierno propone eliminar la actualización que Cambiemos impuso en 2017 para perjudicar a los adultos mayores por años con menores incrementos. A cambio, entregará un incremento en los haberes en marzo y otro en junio, las fechas que establecía la ley anterior.
“Durante el plazo previsto en el artículo anterior (180 días), el Poder Ejecutivo deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”, rezó en su artículo 52 el texto que presentaron los ministros de Alberto Fernández y que consiguió el aval de la Cámara baja.
Según la fórmula de movilidad de Mauricio Macri, los jubilados deberían cobrar un incremento del 11,54% para marzo, a lo que se le acumularía aproximadamente un 15% para junio. Eso daría un 28,7% para los primeros seis meses del año próximo.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Darío Martínez, adelantó que Fernández piensa en aumentos superiores al 30% para el semestre. De esta forma, subiría la mínima a $ 18.200 en junio.
Además, la ANSES que dirige Alejandro Vanoli anunció un bono de $ 5.000 por diciembre y enero para quienes cobren la mínima. El resto de los jubilados recibirán el proporcional hasta que sus ingresos esos meses alcancen a los $ 19.068. Por lo tanto, quienes cobren un haber de ese monto o más no recibirán este extra, ni tampoco quienes perciban una pensión adicional.
Por las faltantes de remedios que generó Macri, el proyecto también compromete al Ejecutivo a procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social y para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas no trasmisibles. En el segundo artículo, el PAMI, ahora a cargo de Luana Volnovich, establece que asegurará a sus beneficiarios “el acceso a las prestaciones médicas esenciales”. Si bien ambas deberían ser obligaciones, Cambiemos las incumplió.
El fondo de los jubilados comprará más bonos
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene prohibido adquirir bonos estatales por más del 60% de su cartera. El anterior director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, se retiró de su oficina con una proporción de títulos inferior al límite legal. Si bien respetó esta ley, por negociados y malas inversiones dilapidó en cuatro años el 50% del patrimonio que tenía bajo su protección, como reveló El Destape, dado que entregó sólo U$S 33.700 millones, de acuerdo a las cifras internas del organismo.
Si bien el proyecto oficial establece una reducción del techo para bonos soberanos del 60% al 50%, lo habilita para que ocupen la totalidad de las inversiones del FGS. El documento planteó que la tenencia puede ascender, para “operaciones de crédito público de las que resulte deudor el Estado nacional, ya sean títulos públicos, letras del Tesoro o préstamos, hasta el 50% de los activos totales del Fondo. Podrá aumentarse al 100% neto de los topes previstos en el presente artículo, en la medida que el excedente cuente con recursos afectados específicamente a su cumplimiento o con garantías reales u otorgadas por organismos o entidades internacionales de los que la Nación sea parte”. Como en la actualidad, excluyeron del máximo las tenencias de títulos que fueron recibidos en canje por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
De sancionado, se aplicará en etapas. “Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2023, podrá mantenerse hasta el 70% de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en títulos públicos, cuenten o no con garantías”, estableció el artículo 53.
Fuente:ElDestape
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