La emergencia en seguridad hace pie en la Legislatura
El Frente abre la puerta, pero para dialogar
Radicales y socialistas se muestran dispuestos a analizar un nuevo proyecto del Ejecutivo si llega separada de otros temas
Por Pablo Fornero
Los diputados del Frente Progresista Fabián Palo Oliver (UCR) y Lionella Cattalini (PS).
Para no fracasar nuevamente, el gobernador Omar Perotti dividirá los proyectos de emergencia en áreas específicas en el llamado a sesiones extraordinarias que realizaría a fines de mes. Seguridad, Social y Economía son algunas de las problemáticas que el rafaelino quiere admitir como situaciones de emergencia. La bancada del Frente Progresista en Diputados dice estar “dispuesta” a revisar los proyectos, aunque insiste que no le otorgará “superpoderes” al Ejecutivo. “Esperemos estar todos a la altura de las circunstancias, que Perotti entienda que hay que consensuar y respetar las diferencias que tenemos desde la oposición”, planteó el radical Fabián Palo Oliver. “Sabemos que estamos atravesando una situación difícil, lo central es que todos los actores podamos sentarnos a una mesa a planificar en conjunto”, abogó la socialista Lionella Cattalini.
El ministro de Gobierno Esteban Borgonovo es el interlocutor de Perotti con la Legislatura. Es el que mantiene por estos días conversaciones informales con los diputados radicales y socialistas para que la emergencia, tan ansiada por el titular de la Casa Gris, no naufrague como sucedió en diciembre. El paquete de emergencias, así como se derivó hace tres semanas, no tiene futuro y la estrategia oficial, a consensuar con la oposición, es separar por tema. De ese modo, el Frente Progresista en Diputados contendrá el embate de los intendentes propios que reclamaron la declaración de emergencia en seguridad.
“Desde el primer momento estuvimos dispuestos”, confió Palo Oliver y avisó: “Estamos esperando que envíen los proyectos, aparentemente lo dividirán en tres y el de seguridad es el que tiene más consenso”. El santotomesino puso en duda que vaya a convalidar una emergencia económica porque lejos está de reconocer la “situación de caos o tierra arrasada” que, a su juicio, propone Perotti. En cambio, cree que la Legislatura le concedió al gobernador “herramientas suficientes”, como en los casos del presupuesto y la reforma tributaria para apaciguar la crisis nacional. “Perotti quería todo o nada y no se pudo llegar a un acuerdo, nosotros estamos dispuestos, pero no este tipo de facultades que no se sabe para qué se va a usar”, apuntó.
La semana que pasó concentró reuniones de cooperación entre el gobierno peronista y los intendentes progresistas para abordar la caliente situación de inseguridad y violencia. Para no tensar más de la cuenta con los mandatarios locales, con el fuego amigo, Palo Oliver remarcó que la emergencia en seguridad es la que tiene “más consenso”, aunque notificó: “siempre y cuando se entienda que no se puede hacer modificar a la estructura policial porque hay derechos adquiridos por ley”. Sobre el cierre, el legislador asumió responsabilidades propias y planteó: “Todos debemos asumir que no estuvimos a la altura de las circunstancias, hay que hacer un gesto de todas las partes para lograr los consensos”.
Cattalini, en cambio, aseguró que la bancada socialista no recibió “ningún esbozo de proyectos” y reiteró el pedido que le hizo al Ejecutivo unos días atrás para que convocase a la Junta Provincial de Seguridad. En esa misma línea, la legisladora demandó que el ministro de Seguridad Marcelo Sain informe a la Legislatura “qué es lo que pretende con esta ley de emergencia en seguridad”. “Si nos indican para qué quieren refuerzo presupuestario y qué políticas van a desarrollar, vamos a acompañar. No vamos a otorgar superpoderes, no vamos a soslayar el rol que nos dio la ciudadanía en la Cámara de Diputados. Estamos dispuestos a acompañar”, dijo la diputada del PS y, al mismo tiempo, negó que exista una tensión con los intendentes progresistas. “Para nada, todos compartimos la misma preocupación, tenemos diferentes formas de transmitirlo”.
20 de enero de 2020
"Se daban livianamente", dice el ministro Sukerman
Los procedimientos de crisis se miran con lupa
La cartera de Trabajo por ahora no prorrogó los convenios vencidos en diciembre y modifica las condiciones para futuros pedidos. Si hubo despidos, no habrá beneficio
Por Pablo Fornero
El ministro de Trabajo de la provincia Roberto Sukerman.
Imagen: Andres Macera
Imagen: Andres Macera
El gobierno provincial decidió tomarse su tiempo para estudiar con detenimiento si corresponde prorrogar los procedimientos preventivos de crisis que vencieron en diciembre y las condiciones para habilitar nuevos casos, todo en un contexto en el que se afirma que la administración anterior los otorgaba de manera “liviana”. Según la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), son más de 330 los instrumentos de este tipo que se han cedido en la provincia.
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Roberto Sukerman resolvió por el momento no extender las homologaciones de contratos ya suscriptos. “Queremos ser muy responsables, valoramos la herramienta, pero vamos a analizarlo dentro de un contexto”, avisó el ex concejal rosarino y agregó: “No puedo desde el Estado beneficiarte con millones de pesos que no vas a aportar”.
Los industriales de Fisfe informaron a fines del año pasado que en los últimos tres años más de 40 industrias tuvieron que bajar las persianas y otras 330 están en procedimientos preventivos de crisis. Durante el gobierno de Mauricio Macri, esta herramienta se extendió por todo el país. El empleador tenía la facultad, cuando mediaban razones de fuerza mayor o de falta de trabajo, de suspender a su personal o despedirlo mediante el pago de una indemnización reducida. Según el ministro santafesino, la empresa que pretendía someterse a un preventivo acordaba primero con el gremio los alcances internos de la medida y luego acudía a Trabajo.
En diálogo con Rosario/12, el funcionario aclaró primero que el número de 330 procedimientos de crisis es arrojado por Fisfe. “No era nuestro”. No obstante, identificó una conducta “liviana” en la entrega de los mismos. “Nuestra preocupación en torno a este tema es por la forma que se manejaron en la gestión anterior, una informalidad que no se corresponde con la importancia del tema. Es una herramienta, instrumento legislado a nivel nacional desde hace mucho tiempo, en la ley de Empleo, que en Santa Fe se utilizó y fomentó en el último gobierno, sobre todo con la crisis macrista. Implica quitar derechos a los trabajadores, flexibilizar y reducir aportes y permite que se paguen sumas no remunerativas, menos aportes. Se otorgaban livianamente, no eran entregados por el ministro, eran firmados por funcionarios de cuarta categoría, directores regionales o funcionarios de carrera, no políticos”, ahondó.
Sukerman confió que en la Regional Santa Fe del Ministerio “por lo menos” los expedientes se contaban en un documento Excel, pero en la delegación Rosario “ni siquiera eso” y “no había control”. De cara a futuro, reconoció que los procedimientos siguen vigentes, aunque sin operatoria debido al receso administrativo que determinó el gobernador Omar Perotti. “Algunos están vigentes, los respetamos. No es que estamos revisando para dejar sin efecto homologaciones que se hicieron con anterioridad. Como se vencían muchos el 31 de diciembre, queremos que sepan que no voy a ser un ministro que, porque no firme los procedimientos, como era el estilo, no es un problema mío. Lo es porque soy el ministro, lo que quiero es mirar más detalladamente esos acuerdos para ver si corresponde o no homologar. No obstante, aviso, el Ministerio no va a firmar un preventivo donde haya despido de trabajadores. No sólo vamos a ser más exigentes para la homologación, las condiciones también se han modificado”, consideró.
Cuando Sukerman habla de condiciones refiere a que ahora el presidente es Alberto Fernández y, “al igual que la provincia, tiende a tomar “medidas favorables a determinados sectores”. Uno de ellos, para el ministro, son las Pymes. “Hay quitas, esperas, moratorias muy flexibles, moratorias en distintos niveles del Estado de todos los rubros impositivos, quita de aportes patronales. Pero, como los supermercados, las promociones no son acumulables. Los procedimientos preventivos son una herramienta que puede significar no perder puestos de trabajo y que una empresa salga adelante, pero hay que analizarlo. Nosotros no dimos ninguno y la orden es analizarlos detenidamente. También queremos trabajar con otras áreas de gobierno, como Producción, si es necesario también con Afip y Trabajo de Nación. Queremos ser muy responsables, valoramos la herramienta, pero vamos a analizarlo dentro de un contexto”, cerró.
Fuente:Rosario12
Un derecho vulnerado que se debe recomponer
Cupo Laboral Trans: la reglamentación avanza
El Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Igualdad y Género comenzaron reuniones con organizaciones de travestis/trans de toda la provincia, que mostraron satisfacción por su inclusión en la “mesa chica de decisiones”.
Los movimientos de travestis y trans de la provincia junto con representantes del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría de Igualdad y Género avanzan desde este enero en las reuniones por la reglamentación e implementación de la ley de Cupo Laboral Trans. En diálogo con este semanario, representantes de las organizaciones que participan de la mesa de trabajo señalaron la voluntad de la provincia en implementar el cupo. “La predisposición es genial y me parece lo más innovador, porque es algo que no venía sucediendo y sí que veníamos reclamando, porque nosotras queremos estar en la mesa chica, discutiendo cómo se tiene que aplicar la política pública sobre nuestra población”, remarcó Michelle Vargas, de Comunidad Trans Rosario.
El 31 de octubre de 2019, Santa Fe se transformó en la quinta provincia del país en tener Cupo Laboral Trans para todo su territorio. La ley fue aprobada ese mismo día por la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia, y promulgada el 27 de noviembre de 2019 por el ahora ex gobernador Miguel Lifschitz. El Artículo Nº 7 indica que el Poder Ejecutivo cuenta con 90 días para reglamentar dicha legislación.
La ley de Cupo Laboral Trans es una herramienta de inclusión a partir de la cual el Estado provincial está obligado a ocupar en su personal de planta permanente, transitoria y/o contratada, a personas travestis, transgéneros y/o transexuales idóneas para el cargo, en una proporción no inferior al 5 por ciento de la totalidad de personas que hayan procedido a la rectificación registral de sexo, nombre e imagen en territorio provincial.
A la ley provincial, se le suman 10 ordenanzas municipales que desde 2016 vienen allanando el camino para el debate: Santo Tomé, Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado, Rosario, San José del Rincón, Gálvez, San Justo, Venado Tuerto, Santa Fe y Vera. Gracias a esas normativas, hay 24 personas travestis y trans trabajando en sus respectivos municipios.
La implementación de la normativa en todo el territorio santafesino implicaría descomprimir a las localidades más chicas y, claro está, generar más fuentes laborales para aquellas personas que históricamente estuvieron excluidas del derecho al trabajo digno.
Una ley con mirada travesti
En las últimas semanas, representantes del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría de Igualdad y Género comenzaron a reunirse con organizaciones trans y travestis, militantes y activistas de toda la provincia. Cada encuentro tiene como objetivo discutir cada uno de los artículos de la Ley en la previa a su implementación.
“Los detalles más finos de cómo saldrá la ley no los sabemos porque es justamente lo que venimos discutiendo y consensuando. Pero sí es muy importante decir que en ese debate estamos participando diferentes organizaciones de toda la provincia”, destacó Michelle Vargas. “Estamos trabajando colectivamente, que es como creemos que la política tiene que ser para que sea más sólida, más real”.
Vargas hizo hincapié en “el reconocimiento” que es “poder estar en la mesa decisión” de cómo se van a implementar las políticas públicas. “Como parte de Comunidad Trans Rosario, me parece importantísimo que podamos ser partícipes de decidir cómo aplicar la ley del cupo para que pueda impactar de la mejor manera en la población y que sea algo real y concreto”, remarcó.
Jackeline Romero, de la Red Diversa Positiva e Iniciativa Popular, consideró que “la participación de las organizaciones es importantísima”, tanto como un Poder Ejecutivo (a través de las mencionadas secretaría y Ministerio) “abierto a escuchar y a hacer caso a las recomendaciones de esas militantes”. “Yo creo que desde el gobierno pudieron ver que nuestras recomendaciones van a encaminar como corresponde el cupo laboral trans y así va a ser como las compañeras de toda la provincia van a ingresar a trabajar lo antes posible”, dijo Romero a este medio.
“Lo que yo noté es que se acomodaron entendiendo y reconociendo la historia del movimiento travesti en Rosario y Santa Fe”, apuntó Michelle Mendoza, de la organización Furia. “Reconocieron que el proyecto es nuestro y que el gobierno lo va a hacer cumplir, pero que la línea para la implementación tiene que salir de nosotras”. Para Mendoza, fue clave el llamado del Ministerio de Trabajo para formar parte del debate. No sólo por la inclusión que significa, sino también porque “marca la voluntad del cumplimiento del cupo en tiempo y forma”.
Una ley de reparación histórica
El proyecto de ley de Cupo Laboral Trans provincial, que se aprobó el 31 de octubre de 2019 en la Cámara de Senadores, se presentó por segunda vez en mayo de 2018 luego de haber perdido estado parlamentario en 2017. El documento que había recibido media sanción el 27 de septiembre del año pasado, es el resultado del trabajo de tres proyectos presentados: uno por el diputado provincial Carlos Del Frade, un segundo por Leandro Busatto y el tercero por Silvia Augsburger. Tienen como principal objetivo favorecer la inserción y estabilidad laboral para personas travestis, transgéneros y transexuales tanto en el ámbito público como privado.
La única modificación que obtuvo el proyecto en la Cámara de Senadores fue en el Artículo 3, que contemplaba el porcentaje de ingresos, que de un 10 bajó al 5 por ciento. Así, según la ley aprobada, el Estado provincial estará obligado a ocupar en su personal de planta permanente, transitoria y/o contratada, a personas travestis, transgéneros y/o transexuales idóneas para el cargo, en una proporción no inferior al 5 por ciento de la totalidad de personas que hayan procedido a la rectificación registral de sexo, nombre e imagen en territorio provincial.
Los y las beneficiarias de la Ley son personas mayores de 18 años, con una residencia mínima de 2 años en la provincia, que hayan procedido a la rectificación registral del sexo, nombre e imágen de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional Nº26.743 “Identidad de Género”.
El proceso de selección de los ingresos anuales contarán con el asesoramiento de un Consejo Consultivo, que además observará los procesos de actualización anual y progresiva de incorporación de personas travestis, transexuales y transgénero en el Estado provincial.
El Artículo 6 del proyecto indica que la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Trabajo de la provincia, deberá también crear, mantener y difundir un registro de empresas privadas que ofrezcan trabajo a personas trans/travestis; promover la inclusión laboral a través de los medios masivos de comunicación; crear y fomentar espacios de formación profesional; fomentar pasantías en el sector público y privado; entre otros.
Cabe señalar que la presentación, la insistencia y la aprobación del Cupo Laboral Trans en la provincia de Santa Fe estuvo acompañada durante años por organizaciones de diversidad de todo tipo y de toda la provincia que por prepotencia de lucha hicieron que sea ley un derecho históricamente vulnerado.
Fuente:RedaccionRosario
Un policía denunció a sus jefes por vínculos narcos y ahora no puede trabajar
Durante cuatro años prestó servicio en el cordón industrial. Asegura que comenzaron a atacarlo con sumarios cuando rechazó ser parte de negocios narco-policiales y delató a sus superiores. Hoy enfrenta un proceso de destitución
Federico G. es un joven policía de la provincia y futuro abogado. En 2012, con apenas 21 años, comenzó a trabajar como sumariante en una comisaría de Roldán con la expectativa de que ese fuera el inicio de una larga carrera. Pero los problemas, que se extendieron hasta estos días, aparecieron demasiado temprano por rechazar algunos ofrecimientos turbios que le hicieron sus superiores. Hoy se encuentra con un pedido de destitución en curso y le pide ayuda al nuevo gobierno provincial para recuperar su empleo y desenmascarar a quienes lo corrieron del medio.
Enredado en el sistema y cansado de esperar una resolución, el policía se contactó con el ministro de Seguridad Marcelo Saín para ponerlo al tanto de su historia. Le compartió una montaña de denuncias que en los últimos cinco años presentó contra sus jefes y que, sospecha, fueron desestimadas “in limine”.
Tras su paso por la dependencia de Roldán, Federico empezó a flotar por distintas comisarías del cordón industrial. Pasó por San Lorenzo, Puerto San Martín y otras localidades. Todo iba bien hasta que un Jefe de Orden Público le ofreció oficiar de recaudador en puntos de venta de droga de la región. La prometieron incluso hacerlo partícipe del negocio. El joven policía nunca aceptó y realizó “varias denuncias” al 0-800 de la Secretaría De Control.
“Ninguna (denuncia) prosperó y dejé de creer en un sistema en que la víctima terminaba siendo victimario. Dejé de creer cuando de Asuntos Internos daban parte a los denunciados”, le contó Federico al ministro Saín.
Claro que el hecho de haberse plantado ante sus jefes no fue “gratis” y los roces comenzaron a repetirse. El joven contó a Rosarioplus.com que se enfrentó a “una catarata de sumarios administrativos y sanciones”.
Finalmente Federico G. cayó en la trampa. En 2016, prestando servicio para un Comando del cordón industrial, lo sancionaron por salirse de la jurisdicción cuando cumplía con un servicio adicional. El castigo: suspensión de empleo solo para él. "Me han amenazando, arrinconado y acobardado", señaló.
Lejos de amedrentarse, el joven continuó con su cruzada. Las denuncias siguieron: señaló lugares de expendios de drogas, puertos secos, casinos clandestinos, y connivencia de sus colegas. Al mismo tiempo, también, se multiplicaron los sumarios administrativos en su contra. "Me han abierto sumarios hasta por caminar", aseguró.
Finalmente, en octubre de 2019, el por entonces jefe de la Policía de Santa Fe Marcelo Villanúa castigó a Federico G. con el pase a disponibilidad “por reincidencia” y ordenó que comience a procesarse un pedido de destitución. Desde entonces, el joven no consigue escapar de la telaraña: dejó de cobrar y no puede buscarse otro empleo en blanco salvo que renuncie a la Fuerza.
Con el cambio de gestión y la nueva conducción en el Ministerio de Seguridad, espera encontrar soluciones. Por lo pronto, Saín lo animó a que “luchemos juntos contra el narcotráfico”.
Fuente:RosarioPlus
Luz verde para la declaración de emergencia en seguridad en la provincia
Fue rechazada en diciembre, pero la reciente ola de homicidios modificó la postura de los bloques opositores en la Legislatura. El Frente Progresista y Cambiemos apoyan la medida, siempre que el gobierno la envíe separada de las otras declaraciones de emergencia
Ezequiel Nieva
En el primer intento por la emergencia, a fines de diciembre, los diputados del Frente Progresista hicieron valer su mayoría y rechazaron el proyecto. La misma postura tomaron los representantes de Cambiemos y del bloque Somos Vida que lidera Amalia Granata. En aquel momento, el argumento para la negativa es que no estaban dadas las condiciones para declarar la emergencia en la provincia; desde la oposición interpretaron el planteo de Perotti como un intento por contar con “súper poderes”.
Sin embargo, aquello que en diciembre fue rechazado, terminará por ser aprobado en las primeras semanas de febrero. La ola de crímenes que marcó el inicio del año (20 homicidios en los primeros 19 días del año en Rosario) cambió por completo la apreciación política de unos y otros sobre el pedido de emergencia.
El Ministerio de Seguridad a cargo de Marcelo Saín se encuentra elaborando un nuevo proyecto para la declaración de la emergencia, que sería enviado a las cámaras por separado del resto de las emergencias (social, alimentaria y económica). Es la prioridad del gobierno para cuando la Legislatura retome su actividad el 1º de febrero tras el receso de verano.
Desde el Frente Progresista aseguraron en la última semana que van a apoyar la declaración de emergencia en materia de seguridad pública, pero con condiciones. “Si el ministro (Saín) nos plantea que necesita más fondos para equipamiento y para vigilancia, vamos acompañar. Lo que no vamos a acompañar son los súper poderes si es un cheque en blanco de recursos sin saber en qué se van a gastar y sin los controles que requieren los gastos en la administración pública”, explicó la diputada provincial socialista Lionella Cattalini.
También desde Cambiemos van a apoyar la emergencia. Sus diputados habían votado en contra en diciembre, también apelando al argumento de los “súper poderes”, pero la saga de violencia letal registrada en el inicio de 2020 modificó las posiciones dentro del macrismo. “O se presenta un plan concreto y se declara la emergencia, o nos siguen matando”, sostuvo la diputada provincial de Cambiemos Ximena Sola.
El proyecto original
Más allá de las valoraciones políticas de cada espacio, uno de los motivos centrales del rechazo a la declaración de emergencia en diciembre fue la decisión del gobierno de reunir, en un solo proyecto, ocho declaraciones de emergencia: social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, económica, financiera y fiscal y en seguridad.
El Senado, de mayoría peronista, le había dado media sanción al paquete de leyes. Pero en la Cámara de Diputados el PJ tiene sólo siete bancas sobre 50 y allí se impuso el criterio del bloque mayoritario del Frente Progresista, que en la votación fue acompañado por Cambiemos y por el espacio de Granata. Ahora las cosas cambiaron y los bloques opositores aseguran que si el Ejecutivo remite la emergencia en seguridad en forma individual será apoyada sin mayores contratiempos.
La iniciativa rechazada en la última sesión de 2019 proponía declarar la emergencia en seguridad por 18 meses con el fundamento, entre otros, de “la grave crisis de confianza por la que está atravesando la institución policial a partir del incremento del delito”.
Cambio de planes
En dos semanas, la mirada de la oposición sobre el tema seguridad cambió radicalmente. Los bloques que rechazaron la emergencia en diciembre la van a apoyar en febrero. En el Frente Progresista incluso hay una mirada positiva sobre el inicio de la gestión de Saín. La diputada socialista Lionella Cattalini destacó “la iniciativa de establecer mesas de coordinación” entre la provincia y los municipios y “la coordinación de esfuerzos” entre el gobernador Perotti y el presidente Alberto Fernández. “Eso es lo que pedimos para la provincia de Santa Fe”, celebró Cattalini.
La diputada provincial aseguró que el Frente Progresista apoyará al gobierno en las decisiones que deban tomarse en materia de seguridad: “Estamos esperando el diálogo y queremos discutir, si el ministro nos plantea que necesita más fondos, vamos acompañar. Lo que no vamos a acompañar son los súper poderes”.
Desde Cambiemos, la diputada Ximena Sola se expresó en el mismo sentido: “Le pedimos al gobernador que eleve a la Legislatura un único proyecto que declare la emergencia en seguridad, desligado de las otras siete emergencias que pretendía aprobar semanas atrás, porque, al igual que con el gobierno nacional, no estamos de acuerdo con otorgar súper poderes al Ejecutivo, omitiendo las funciones de los legisladores”.
En diciembre, el rechazo del bloque de Cambiemos a la declaración de emergencia resultó llamativo ya que desde ese espacio habían presentado un proyecto similar en julio del año pasado. Aquella iniciativa apuntaba a la declaración de emergencia en seguridad pública por un plazo de 24 meses y fue elaborada por los diputados Sergio Más Varela, Germán Mastrocola y Demetrio Álvarez, que terminaron sus mandatos el 10 de diciembre pasado. El tema nunca se llegó a tratar en el recinto.
Los argumentos del oficialismo
El ex diputado provincial y actual senador nacional Roberto Mirabella celebró que “por primera vez hay coordinación con la Nación en materia de seguridad”, en relación al encuentro del último jueves entre el presidente y el gobernador en la Casa Rosada, pero indicó que eso no es suficiente y que es necesaria la declaración de emergencia para que el Ejecutivo provincial cuente con todas las herramientas necesarias para combatir el delito.
“El delito se mueve dónde se lo facilitan”, definió Mirabella. “Vamos a combatir eso y sacar toda la mugre que está escondida para limpiarla, va a ser un trabajo largo, difícil y duro pero la decisión está tomada y esto es un solo gobierno en materia de seguridad pública con una sola interpretación del problema y una sola acción”.
En tanto, desde el Movimiento Evita respaldaron las políticas de seguridad pública puestas en marcha por el gobernador Perotti y el ministro Saín “que evidencian una clara vocación por erradicar las complicidades institucionales que hicieron posible el crecimiento exponencial del crimen organizado, cuya consecuencia más dramática se expresa en las tasas de homicidios de la última década”.
Proponen sesión especial
El diputado del bloque Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani, junto a su compañera de bancada Agustina Donnet, pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, que se convoque el jueves 23 de enero a una sesión extraordinaria “para abordar la crisis de seguridad que atraviesa la provincia”.
“Los datos muestran niveles delictivos alarmantes”, expresaron. “En las últimas dos semanas en la ciudad de Rosario ocurrieron 17 homicidios. En la provincia de Santa Fe, durante 2019, se registraron 337 muertes violentas, de las cuales 168 tuvieron lugar en Rosario y 102 en el departamento La Capital. De la totalidad de los homicidios, dos de cada tres se cometieron con armas de fuego”.
Para Giustiniani, “la gravedad de la situación exige un abordaje integral desde los tres niveles del Estado (municipal, provincial y nacional) y la articulación de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a los fines de dar una respuesta efectiva al legítimo reclamo ciudadano de más seguridad”.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Licencias docentes: más de cien trabajadores en vilo
La decisión del Ministerio de Educación de la provincia de suspender el convenio con la facultad de Ciencias Médicas de la UNR para el control de licencias tiene en vilo a los 104 trabajadores.
Hospital Centenario. La situación genera preocupación. Sebastián Suárez Meccia
Lunes 20 de Enero de 2020
La decisión del Ministerio de Educación de la provincia de suspender el convenio con la facultad de Ciencias Médicas de la UNR para el control de licencias tiene en vilo a los 104 trabajadores (médicos, psicólogos, administrativos, operadores del call center, informáticos y personal de limpieza), encargados de la salud laboral de unos 85 mil docentes y no docentes en toda la provincia. Según advierten, el nuevo sistema dispuesto por las autoridades educativas, "es improvisado" y "deja sin atención a quienes están transitando una enfermedad".
Martín Fossatti es médico y hasta hace unas semanas trabajaba en el Hospital Centenario, donde funciona el Area de Salud y Trabajo (ASyT) de la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, el cese del convenio con el Ministerio de Educación "dejó imprevistamente sin sustento a 104 trabajadores", advierte.
Desde Educación consideraron que el acuerdo resultaba "muy oneroso". Sin embargo, los trabajadores señalan que los 40 millones de pesos que abonaba la provincia para el control de licencias médicas se "pagaban solos" con la reducción del ausentismo docente y el ahorro en reemplazos (un monto que durante la gestión anterior se estimó en unos cien millones).
Para los trabajadores del servicio, Educación reemplazó el sistema de salud y trabajo por "pruebas improvisadas, de como manejar la salud laboral de sus trabajadores en el mientras tanto, ya que dejan a los docentes y no docentes sin control médico laboral, sin seguimiento profesional, con todo lo que implica la responsabilidad médica sobre los agentes que actualmente están en seguimiento, y también complica la situación administrativa de aquellos agentes que por enfermedades graves ya agotan o agotaron su licencia y debían ser evaluados por juntas medicas de reubicación laboral o de quienes esperan un alta médica para retomar sus funciones".
La ASyT comenzó atendiendo a todo el personal docente y no docente de UNR. Desde 2008, incorporaron al personal dependiente del Ministerio de Educación provincial, realizando auditorías en consultorio y domicilio, para enfermedades de corta y larga duración, y además constituyendo juntas médicas de reubicación, como así también la detección de enfermedades profesionales.
Fuente:laCapital
No hay comentarios:
Publicar un comentario