TROPEL 2 del 13.01.2020.

El INDEC difunde esta semana la inflación de 2019: estiman que estará en torno al 55%/ Las claves del plan para bajar la inflación en 2020/ Aumentos de impuestos: ¿quiénes deben pagar el desastre macrista?

Resumen Latinoamericano*/ 12 de enero 2020 .–

INDEC difunde esta semana la inflación de 2019: estiman que estará en torno al 55%

El miércoles, el organismo oficial informará también el costo de vida de diciembre, que rondará entre 4% y 5%.

El índice de inflación que el INDEC difundirá el miércoles próximo habría cerrado 2019 con una suba del 55% anual, de acuerdo con estimaciones públicas y privadas.

El costo de vida de diciembre rondará entre 4% y 5%, y el año pasado cerró con la inflación más alta de los últimos 28 años.

Para encontrar una inflación anual más alta hay que remontarse a 1991, cuando el indicador registró un 84% de inflación, tras un período de hiperinflación entre la retirada del presidente Raúl Alfonsín (3.079% en 1989) y la llegada de Carlos Menem (2.314% en 1990).

El dato cercano más alto fue la inflación del 40,9% de 2002, cuando el país salía de una crisis económica aguda tras el gobierno de la Alianza encabezado por Fernando de la Rúa.

Las principales consultoras privadas estimaron que la inflación de diciembre se ubicaría entre 3,7 y 5%.

La inflación no cedió en el último mes de 2019, tal como había sucedido en noviembre, aunque el congelamiento de tarifas y el fuerte control del gobierno sobre el dólar impidieron que el alza de precios se disparará aún más.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central sobre la base de encuestas de consultoras privadas, espera que sea de entre 4,3% y 5%, y que el año terminará con una inflación de 55% punta a punta.

La consultora Elypsis proyectó un 4% para diciembre y estima para los siguientes meses una lenta desaceleración por el tipo de cambio contenido y el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández.

En Ecolatina, el relevamiento de la primera quincena de diciembre les dio 4,1%, con lo que proyectan 3,5% para el último mes de 2019 y 54% para todo el año.

La consultora EcoGo consideró que hubo un reacomodamiento de márgenes ante la expectativa de un acuerdo de precios y salarios que impactó en la inflación de diciembre, que la estimó por debajo del 5% y en 55% para todo el año.

Las claves del plan para bajar la inflación en 2020

Dólar, tasa, Precios Cuidados. El Gobierno pretende rebajar la tasa inflacionaria después del histórico fracaso del macrismo.

Por RODRIGO NÚÑEZ

Esta semana el Indec difundirá las cifras de inflación correspondientes a diciembre, por lo que se conocerá el dato anual, estimado en un 55% por analistas y consultoras. La encrucijada para el Gobierno será articular las principales variables de la macroeconomía para controlar los precios y lograr el objetivo central: que vuelvan a ganar los salarios.

Cuando en 2018 la megadevaluación produjo un aumento de precios del 47,5%, Cambiemos batió el récord más alto registrado en 27 años. Sin embargo, el 2019 que se acaba de ir se podría arrojar un ascenso anual en torno al 55%, la cifra más alta desde el 81% de la hiper de 1991. Por eso, frenar la inercia inflacionaria representará un dolor de cabeza en las oficinas de Casa Rosada y el Banco Central (BCRA).

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado que difunde la entidad monetaria que conduce Miguel Pesce, la inflación proyectada para todo 2020 fue proyectada en un 42,2%. La cifra es casi 13 puntos porcentuales menos que la de 2019 pero extremadamente alta para cualquier parámetro.

Es tal el arrastre inflacionario que aún si los precios de la economía no se movieran un centavo en los próximos doce meses, la inflación acumulada anual sería del 22%. ¿Por qué? en términos internuales, los precios deberían compararse mes por mes, llegando a cero en diciembre. En ese transcurso, las diferencias de cada período darían como resultado el número ya señalado.

En conversación con El Destape, el economista Sergio Chouza señaló no acuerda con las estimaciones del mercado y que «cualquier reducción en la inflación va a ser interpretada como un éxito y algo más razonable sería una cifra cercana más al 30%». «Asigno una importancia mayúscula en este sentido, al grado de éxito del Acuerdo Económico y Social, que entiendo va a salir por Ley en sesiones ordinarias», agregó.

DÓLAR

Para evitar una escalada mayor y que eso se refleje en los precios, el BCRA ya informó cómo se desenvolverá en el mercado cambiario: “Mantener el régimen de flotación de la moneda local en el marco actual de regulación cambiaria. También se propenderá a la acumulación de reservas internacionales permitiendo incrementar los grados de libertad para ejercer una política económica autónoma”. Es decir, el cepo al dólar continuará en 2020.

Las limitaciones a la compra de divisas no sólo espanta los fantasmas de un salto que impacte en los precios, sino que refuerza el esquema de ahorro de la moneda estadounidense para afrontar las negociaciones con acreedores como el FMI con mayor libertad de acción, además de tener el capital necesario para cancelar compromisos en los próximos meses.

En consonancia, Pesce también se comprometió a reducir aún más las tasas de interés para impulsar la actividad económica, mientras espera que a través del pacto social que promueve el Gobierno las empresas aumenten la producción en lugar de los precios. El titular del BCRA confirmó un nuevo descenso del piso de la tasa, después de dos recortes el mes pasado. Clavada en el 52%, la tasa de referencia sigue siendo la más alta del mundo, aunque mucho más baja que el pico de septiembre de 85%.

Ante este nuevo contexto, los opositores volvieron a la carga con el discurso que repiten escuelas ortodoxas: «que los shocks de consumo, la emisión monetaria y recalentamiento de la economía desvirtúan el equilibrio fiscal y elevan los precios».

Para Chouza, «nadie puede negar que hay un margen amplísimo para reactivar sin temer chocarse con problemas de exceso de demanda (o escasez de oferta). Ese margen te lo da una ociosidad espantosa en la economía». En esa línea, añadió: «Si en paralelo se da opciones de financiamiento al capital productivo, se promueve el crédito en pesos con instrumentos innovadores y ser contienen las presiones devaluatorias, deberías poder transitar ese camino inicial sin tener nuevas fuentes de tensiones de precios por fuera de la inercia«.

«Si después de este período pasado donde se aplicó el recetario monetario más rancio como único diagnóstico y herramienta para combatir la inflación, no entendimos que el fenómeno es más complejo y requiere un abordaje integrador», enfatizó el investigador y docente de la UBA y la Universidad de Avellaneda.

PRECIOS CUIDADOS

El Gobierno relanzó el programa Precios Cuidados con cambios esenciales respecto al aplicado por el macrismo. La nueva lista incluirá más de 300 productos, incluirá artículos de primeras marcas, habrá rebajas promedio del 8% y constará de revisaciones trimestrales para verificar los valores y el cumplimiento.

La clave del nuevo esquema será el concepto de referencia que marquen las principales firmas para sus competidores. Para contener de forma más efectiva la inercia de los primeros tres meses, el Frente de Todos consideró esencial retomar el programa ideado por el kirchenerismo y minimizar los incrementos.

Las negociaciones del ministerio de Desarrollo Productivo ya habían logrado un acuerdo que permitía un aumento del 7% de precios y que la cadena de comercialización absorbiera el otro 14% de la eliminación del beneficio del IVA del 21%.

«De manera muy distinta a la administración pasada, me parece que es muy posible que cumpla su objetivo de fijar precios de referencia de manera estable para los próximos años. Lógico que no puede ser o única estrategia para atacar el problema de precios, también hay que complementar con política monetaria, cambiaria, estudiar formas de desconcentrar y promover la competencia, entre otras. Pero es un puntapié muy positivo para volver a recuperar precios relativos que actualmente están rotos», explicó Chouza a este medio.

Tensión política y económica por las retenciones agropecuarias, el cargo del 30 por ciento en la compra de dólares, la suba de Bienes Personales y el paquete tributario bonaerense

Aumentos de impuestos: ¿quiénes deben pagar el desastre macrista?

Por Alfredo Zaiat

Las medidas tributarias con criterio de progresividad de Alberto Fernández, a nivel nacional, y de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, despertaron resistencias de sectores económicos y sociales privilegiados durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Fragilidad fiscal y deuda impagable.

La resistencia a las retenciones agropecuarias, al impuesto cambiario PAIS, a las alzas en las alícuotas en Bienes Personales y al paquete impositivo en la Provincia de Buenos Aires revela dos cuestiones, además de controversias tributarias:

1. Los impuestos forman parte de una disputa política medular en la sociedad.

2. La existencia de potentes restricciones sociales, económicas y políticas para instrumentar medidas de redistribución progresiva del ingreso vía modificación de la estructura tributaria.

Desquicio fiscal

En el incipiente escenario de conflicto político, en apenas en el primer mes del gobierno de Alberto Fernández, se han empezado a manifestar en forma muy explícita tensiones conceptuales acerca del rol del Estado en la economía, del alcance de los impuestos y del destino del gasto público.

Es un debate en el cual el oficialismo ha quedado a la defensiva. Su mensaje apunta a reclamar «solidaridad» de sectores medios y altos de la pirámide de ingresos. Lo hace cuando, en realidad, la cuestión impositiva está basada en relaciones de poder y no de buena voluntad de los sectores de mayor capacidad contributiva.

No se trata de pedir un «esfuerzo», sino de redefinir las reglas de una sociedad más equitativa, lo que implica abrir conflictos con sectores a los que se les afectarían sus privilegios. En esta coyuntura es importante determinar quiénes deben tener una mayor obligación contributiva para salir del desastre macrista.

La devastación del tejido productivo y social, la desarticulación de funciones básicas del Estado y la herencia de una inmensa deuda impagable con una economía en recesión en tres de los cuatro últimos años es el cuadro que entregó el macrismo. Es un cuadro dramático que tiene que ser recordado cada vez que se impulsan iniciativas para recuperar recursos fiscales.

Si ese recordatorio no se hace por especulación política o por estrategia comunicacional, esas medidas parecen aisladas, caprichosas u hostiles hacia un sector específico cuando, en realidad, son imprescindibles para recomponer la situación fiscal.

Explicar las motivaciones de las medidas no es revanchismo ni mirar para atrás, sino una necesaria tarea de divulgación para que la mayoría de la sociedad comprenda la magnitud de la crisis y quiénes deben aportar más proporcionalmente para comenzar a transitar el sendero de la recuperación.

Espejo invertido

El gobierno anterior debilitó las cuentas públicas y avanzó con medidas regresivas en materia impositiva: eliminó retenciones, para luego reimplantarlas desesperado por el naufragio de la economía y por recomendación del FMI; redujo los impuestos a bienes suntuarios (autos de alta gama, motos y embarcaciones); bajó las alícuotas de Bienes Personales; definió la disminución gradual de Ingresos Brutos con el consenso fiscal rubricado con las provincias; regaló poco más de dos puntos de la coparticipación federal de impuestos de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Este paquete impositivo no despertó resistencias porque implicó una importante transferencia de recursos hacia la cúpula de la pirámide de ingresos y, por lo tanto, del poder económico. Pero esa redistribución regresiva fue el pecado original porque derivó en el endeudamiento descontrolado de los dos primeros años del macrismo.

La pérdida de recursos fiscales agudizó el déficit que fue cubierto con deuda en dólares, en una pésima decisión de administración financiera de las cuentas públicas. O sea, se capturaban dólares del mercado para atender el creciente desequilibrio en pesos, desbalance agudizado por esas medidas impositivas.

El saldo fue un rápido naufragio de la economía con default y debilidad fiscal, que el auxilio financiero extraordinario del FMI evitó un descontrol aún mayor de las variables macroeconómicas.

La administración Fernández aplicó un paquete impositivo en espejo invertido al impulsado por Macri. Lo tuvo que hacer para empezar a atender el desquicio fiscal recibido no sólo por esas medidas tributarias regresivas, sino también por la inmensa carga fiscal que implica el stock de deuda incrementado en forma impresionante en esos cuatro años. Y lo hizo sin castigar a los sectores vulnerables dirigiendo la exigencia de un mayor aporte a grupos sociales con mayor capacidad contributiva.

Las medidas impositivas progresivas y la renegociación de los pagos de la deuda constituyen entonces la base para la recuperación fiscal de las cuentas públicas y de la economía en general.

Quejas

Las protestas por los cambios impositivos provienen de grupos que se han beneficiado en los últimos cuatro años. El complejo agroexportador, con la eliminación de las retenciones y la megadevaluación macrista; sectores sociales que tradicionalmente son intensos en dolarizarse en ahorros y por turismo al exterior, cuya voz representativa en estos días fue Susana Giménez con la grosería dedicada a los pobres; los contribuyentes que pagaron menos por Bienes Personales, y los grandes propietarios rurales y urbanos de la provincia de Buenos Aires.

Alberto Fernández decidió conseguir recursos adicionales entre los ganadores del modelo macrista, eludiendo el sendero del ajuste tradicional de la ortodoxia.

El origen y la orientación del paquete tributario del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, son similares al del gobierno nacional, aun con más dificultad porque la administración de María Eugenia Vidal se lanzó a un irresponsable endeudamiento en dólares. Se sabe que las provincias no emiten moneda ni pueden conseguir dólares, lo que las pone en una posición más frágil respecto a la de la Nación.

Uno de los frentes de resistencia a las medidas de Kicillof para sumar recursos provino de las cableoperadoras (la del Grupo Clarín es la más importante en ese negocio). Esas firmas contaron con la colaboración del bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, que consiguió frenar la propuesta de aumento de la alícuota de Ingresos Brutos (de 2 a 3 por ciento), perdiendo la provincia de recaudar 600 millones de pesos anuales. En contrapartida es el monto que se ahorran de pagar esas empresas.

Otros beneficiarios de las modificaciones introducidas por la oposición en el paquete impositivo fueron los importadores y exportadores y los propietarios más grandes de la provincia de Buenos Aires.

La progresividad de la iniciativa impositiva bonaerense se mantuvo pero con una menor intensidad.

Conceptos

Las medidas impositivas de los gobiernos nacional y bonaerense están provocando un debate dominado por el discurso conservador. Los argumentos son conocidos, pese a que se tratan de tibias reformas progresivas: en Argentina se paga mucho en impuestos; siempre pagan los mismos; el Estado es ineficiente; los políticos cobran mucho.

Resulta oportuno recordar conceptos fundamentales para abordar el tema de los impuestos.

Los Estados necesitan recaudar impuestos para realizar acciones necesarias al bien común. Para eso definen y aplican un sistema tributario con la aspiración social de que sea básicamente equitativo.

En general, los sectores alcanzados por impuestos manifiestan resistencia a pagarlos, y la estrategia para expresar disconformidad es la misma: que pagan mucho, que otros lo hacen menos y que la acción del Estado es abusiva sobre sus ingresos.

Es una posición que voluntaria o involuntariamente deslegitima la acción del Estado en la economía. Cuestiona de esa forma el contrato social básico referido al pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado.

Lo hacen invirtiendo la secuencia de ese contrato social. Exponen que pagan demasiado en impuestos en relación a lo que reciben de parte del Estado. Algunos consideran que el gasto público es ineficiente o evalúan que otros gozan de privilegios impositivos que ellos no tienen.

Sin embargo, para tener derechos, primero hay que cumplir con obligaciones, en este caso impositivas en función de la capacidad contributiva. Así se desarrollaron los contratos sociales en las sociedades modernas.

El Estado, a su vez, obtiene legitimación para el cobro de impuestos cuando utiliza esa recaudación redistribuyendo ingresos en forma progresiva, como con la cobertura social que incluye entre sus pilares la Asignación Universal por Hijo. También con su política de subsidios a los servicios públicos, que actúan como un salario indirecto al trabajador.

Equidad

Los tributaristas explican que una sociedad funciona con un contrato social básico de pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado. Y que esos pagos tienen que recaer en mayor medida en los sectores que tienen más capacidad contributiva, o sea que tienen más ingresos.

Un sistema tributario es más equitativo cuando la carga de la recaudación descansa en porcentajes crecientes en impuestos que pagan los sectores de mayor capacidad contributiva en la pirámide de ingresos.

Aunque esas ideas parezcan elementales, de aceptación general, cuando se intentan tímidas modificaciones para fortalecer y profundizar ese contrato social el resultado son conflictos de proporciones. En 2008 hubo una rebelión del sector del campo para resistir la aplicación de un esquema de retenciones móviles a las exportaciones.

Hoy el malestar se expresa también en el esquema de retenciones de Fernández y en la carga impositiva en el mercado cambiario.

El éxito del movimiento en 2008, logrando que pequeños y medianos productores salieran a defender intereses de grandes propietarios, ha definido límites muy estrechos para diseñar una reforma fiscal que involucre al campo. Esos contornos quedaron en evidencia en la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural que impulsó la gobernación de la provincia de Buenos Aires

Disputa política

La controversia alrededor de las retenciones al complejo agroexportador es la muestra más visible que, además de los aspectos recaudatorios, redistributivos de la renta de la tierra y del impacto en precios internos, se trata de un espacio de disputa política.

Cuando Mauricio Macri las reimplanta, teniendo como ministro, luego rebajado a secretario de Agricultura, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, no hubo ni comunicados de entidades gremiales del sector, ni protestas de productores ni tractorazos en las rutas.

La reacción fue opuesta cuando Alberto Fernández sólo actualizó el monto de las retenciones al mismo nivel que el dispuesto inicialmente por Macri. La decisión clave fue que ahora se aplica como un porcentaje, y antes era un monto fijo que con devaluación e inflación se terminó licuando.

La resistencia que se está alimentando, con grupos que convocan a la desobediencia fiscal y a la movilización en las rutas, tiene un origen eminentemente político. A esta altura es sabido que no existen las condiciones para reeditar un conflicto como el del 2008, lo que no implica que el de ahora no pueda ser intenso. No existen las condiciones fundamentalmente por el aprendizaje que dejó ese traumático conflicto para la fuerza política que hoy es gobierno, que se reflejará en la próxima segmentación de las retenciones por agregación de valor, por distancia al puerto y por pequeños productores.

De todos modos la cuestión impositiva seguirá siendo un terreno de disputa política porque, como lo expresó el milmillonario financista estadounidense Warren Buffet, «hay una guerra de clases, y la estamos ganando los ricos».

*Fuentes: Tiempo Argentino/ Amfin/ Página12/ Agencias

Chubut movilizada dijo No a la megaminería

Resumen Latinoamericano / Anred / 11 enero 2020

En otra jornada histórica las principales ciudades y pueblos de la provincia se movilizaron este viernes ante las intenciones del Gobierno en avanzar contra la Ley 5001 y activar la megaminería. Concentraciones, asambleas y marchas por las calles se unificaron bajo la consigna «No es No» y en cantos en defensa del agua.

La lucha contra la megaminería cobro una fuerza a nivel nacional que sorprendió a muchos. El levantamiento popular que protagonizó el pueblo mendocino para evitar que se modifique la Ley 7722 fue la expresión en defensa del agua mas grande registrada en el país .La movilización histórica se replicó luego en la provincia de Chubut y hoy se ha consolidado con otra gran convocatoria. Las dos provincias en donde la megaminería tendría que estar operando por decisión de casi todas las fuerzas políticas, hoy se encuentran movilizadas contra las maniobras que quieren quitar las legislaciones adversas, que fueron paridas de la lucha social (7722 y la 5001) que hoy son un «obstáculo». En Chubut, la gestión Arcioni viene de mal en peor. La provincia vive una crisis económica que todavía no cerró sus cuentas y que meses atrás provocó el extendido conflicto con docentes y estatales iniciado por la falta de pagos de salarios y el deterioro de instituciones y que apenas fue calmada por la ayuda de partidas dinerarias enviadas desde nación.

Hoy, el intento es liberar los proyectos mineros que pondrían en peligro la escasa agua con la que cuenta la provincia. Pero la reacción de la población ha sido contundente y parece proyectar una lucha con la que hace unos días vivimos en Mendoza.

En Trelew desde las 18hs una multitud se concentró frente a las puertas de municipio y luego se inició una movilización que superaba las ocho cuadras. Unas 3500 personas salieron a expresarse en defensa de la Ley 5001. «El pueblo de Trelew con esta movilización le dijo no a la megaminería y exige al intendente Maderna que de la cara y entienda la voluntad popular», comentó una vecina a la trasmisión en vivo que realizó Radio Sudaca FM Comunitaria.

En Comodoro Rivadavia, la concentración reunida desde las 18hs realizó una asamblea en donde se llamó a estar en alerta y se propuso entregar un petitorio al Concejo Deliberante para que el órgano gubernamental proteja la Ley 5001, luego se movilizó por las calles de la ciudad.

En Esquel desde las 19hs, una multitud (mas de 3mil personas) se movilizaron y en la Plaza San Martín exigió al intendente y a los legisladores que se pronuncien contra la megaminería. Acordaron el lunes una reunión en donde quede expresada «la postura institucional» de la ciudad.

El gobernador Arcioni no quiere escuchar la voz del pueblo e insiste en llevar adelante el proyecto minero

Tras el fracaso en Mendoza, Arcioni confirmó que buscará habilitar la minería en Chubut. La actividad, impulsada por la Casa Rosada, genera un histórico rechazo social.

A pesar de la reciente crisis social que generó el tema en Mendoza y la marcha atrás que debió dar Rodolfo Suárez, el gobierno de Mariano Arcioni confirmó que intentará habilitar la minería en Chubut, en un intento desesperado por conseguir fondos para salir de la crisis económica.

Así lo afirmó en las últimas horas el secretario general de Gobierno chubutense, Carlos Relly, en una declaración que ya generó rechazo de parte de los grupos ambientalistas que convocaron a movilizaciones en toda la provincia.

«La minería es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social» que anunciará próximamente Arcioni, declaró Relly. El funcionario confirmó así que enviarán a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley 5001, aprobada en 2003 tras el levantamiento popular «No a la mina» en Esquel.

Fuentes de la política chubutense dijeron que Arcioni la tendrá complicada para modificar la Ley 5001 en la Legislatura, aunque tiene mayoría. «Los diputados no se van a animar», resumió una fuente ante la esperable presión popular que provocará el tema.

Según detalló el ex legislador de la UCR, el proyecto habilitaría la minería en la zona de la meseta y mantendría la prohibición en la zona cordillerana, donde es mayor el rechazo popular. Sin embargo, la actividad es rechazada en toda la provincia por el uso del agua.

«Creo que tenemos licencia social para explotar la minería en la zona de la meseta y que podría ser un recurso para crecer como Estado», aseguró Relly, que agregó que «no se va a usar ni cianuro ni agua dulce para consumo humano».

El funcionario cercano a Arcioni también admitió que esperan que el tema genere rechazo de un sector de la sociedad, aunque los tildó de «fanáticos». La provincia es escenario de protestas de trabajadores estatales desde hace casi un semestre, por lo que se espera que la convulsión continúe. «Va a haber un sector con un pensamiento fanático que va a decir que no, y que no tiene argumentos para decir por qué no, ni para fundarlos, no va a haber forma de que razonen esto», indicó Relly.

Tras los dichos de Relly, organizaciones ambientalistas se declararon en alerta y convocaron a movilizarse, algo que ya habían hecho en los últimos días de diciembre ante la posibilidad de que el gobierno colara de sorpresa el proyecto para habilitar la minería en la última sesión del año. La Iglesia ya le había hecho saber a Arcioni que rechazará el proyecto, en línea con la ofensiva del Papa Francisco.

Además de la necesidad de conseguir fondos, Arcioni también se ve presionado por la idea de Alberto Fernández de empujar la actividad minera para reactivar la economía. «En Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia», declaró el presidente apenas asumió.

Se refería al Proyecto Navidad de la compañía canadiense Pan American Silver, que promete inversiones por mil millones de dólares y miles de puestos de trabajo. Se estima que podría tener una producción de 16.5 millones de onzas anuales de plata-cobre y plata-plomo. Mauricio Macri ya intentó, sin éxito, que Chubut lo habilite.

En diciembre, Arcioni se reunió con el secretario de Minería, Alberto Hensel, y adelantó su idea de habilitar la actividad. «La provincia está capacitada para poder desarrollar sus recursos naturales con el debido control que requiere cualquier actividad extractiva», indicó.

Ciudad de Buenos Aires. Ojos que no ven, políticas que no llegan

Por Laura Velazco* / Resumen Latinoamericano/ 12 de enero 2020 .–

Vidas que no importan————-

La insensibilidad de la gestión PRO en la Ciudad no sólo oculta los números reales de la problemática de las personas en situación de calle, sino que además culpabiliza a la población vulnerada.

Desde el año 2010 existe en la Ciudad de Buenos Aires la Ley 3.706 de Protección de Derechos de Personas en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle, escrita a partir del aporte de las organizaciones no gubernamentales que saben y trabajan solidariamente en la temática. A pesar de que la norma fue reglamentada en el año 2013, aún no se plasma en políticas públicas efectivas que aborden de forma integral la asistencia social de las personas que tienen todos sus derechos vulnerados.

Junto a la ex diputada nacional y actual titular del INADI, Victoria Donda, y habiendo trabajado en la temática desde el Consejo Económico y Social (CESBA), presenté un amparo por las personas en situación de calle en la Ciudad que recibió por respuesta un fallo ejemplar de la Jueza Elena Liberatori. Centralmente reconocía que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no realizaba un censo serio de la población en calle desconociendo la dimensión social del problema. Sin un diagnóstico adecuado es imposible destinar el presupuesto acorde.

Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admiten que con el aumento de la pobreza y la indigencia se ha incrementado en un 35% la gente en situación de calle; inclusive reconocen que hay más mujeres, niños y niñas, que hay más personas con profesiones y oficios que se quedaron sin trabajo recientemente y que cada vez hay más personas durmiendo en la calle en barrios no céntricos. Vemos todos los días los colchones y ranchadas al caminar las veredas, portales, bajo autopistas y sabemos que muchas veces las fuerzas de seguridad expulsan a esta población de las zonas céntricas para que la ciudad se vea “linda y prolija”, escondiendo una tremenda realidad social en lugar de resolverla siendo que estamos en el distrito más rico del país.

La cifra oficial dice que hay 1.146 personas que hoy están en situación de calle en territorio porteño. Pero hace dos años participamos junto a organismos de control porteños y más de cincuenta organizaciones sociales, barriales y solidarias en un censo popular que reveló otros números: 4.394 personas en situación de calle efectiva, ascendiendo ese número a 5.872 al contabilizar a quienes estaban pasando la noche en los paradores. Entre 500 y 600 eran niños, niñas y adolescentes. Y la cifra trepa a decenas de miles si contabilizamos a la población en riesgo de calle tal cual contempla la Ley 3.706. En 2019, el Censo Popular sobre Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires arrojó el resultado de un crecimiento importante de las familias y personas sin techo: se registraron 7.251 personas entre quienes están en calle efectiva y quienes pasan la noche en los dispositivos llamados paradores nocturnos que no reúnen las condiciones de ser centros integrales como plantea la normativa vigente. La cifra relevada representa un 23, 5% de incremento respecto del censo del 2017. El Gobierno porteño no los ve.

La insensibilidad de la gestión PRO no sólo oculta los números reales de esta problemática, sino que además culpabiliza a la población vulnerada. Es brutal y hay que tener el corazón helado para decir que la gente no quiere ir a los paradores y prefiere enfermarse o morir en la calle. ¿No se preguntan los funcionarios por qué la gente no está en los paradores? ¿Será que las 2300 plazas no alcanzan? ¿Será que no son centros integrales abiertos 24 horas? ¿Será que separan a los hijos de las madres? ¿Será que hay situaciones de violencia institucional y social? ¿Será que no permiten entrar el carro que es medio de sustento para el cartoneo? ¿Será que no hay herramientas laborales, sanitarias, educativas que se lleven adelante para salir de la calle? ¿Será que el subsidio habitacional para esta situación de emergencia cubre apenas la mitad de lo que cuesta una pieza de hotel? ¿Será que se ponen por delante trámites burocráticos que impiden el acceso a la ayuda social? ¿Será que no aplican la Ley 3706 para la protección de los derechos humanos y sociales? El voluntariado social y sus organizaciones comunitarias organizan ollas populares, recorre las calles llevando un plato de comida; centros educativos como el Isauro Arancibia garantizan el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de calle. El Gobierno de la Ciudad sigue siendo indiferente, burocratizando la respuesta que se necesita con urgencia para el acceso al subsidio habitacional, que además está cada vez más alejado del costo real de un techo.

La Ley 3.706 plantea con toda claridad que deben protegerse los derechos no sólo de las personas en situación de calle sino de aquellas que están en riesgo de caer en ella. Con el crecimiento de la pobreza y la indigencia de los últimos años, miles de familias quedaron en calle, pero otras tantas miles están al borde de quedar en la calle. Unos doscientos desalojos están poniendo en riesgo a muchísimas familias en la Ciudad. Por eso es imprescindible que el Gobierno porteño se haga cargo de la situación de Emergencia Social y Habitacional que existe en la Ciudad de Buenos Aires, para frenar los desalojos e impulsar las políticas públicas urgentes.

Desde el Frente de Todos en la Legislatura porteña estamos trabajando con las organizaciones barriales, sociales, de derechos humanos y con organismos descentralizados, para avanzar en proyectos que defiendan a las familias que tienen hoy todos sus derechos vulnerados. En la Ciudad, cada vez hay más gente en la calle y cada vez es más difícil para el conjunto de la población trabajadora acceder a la vivienda propia. Queremos una Buenos Aires que no ponga los negocios inmobiliarios para pocos por encima del bien común y del buen vivir.

* Laura Velasco es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SOMOS – Frente de Todos)

Senegaleses: la represión de cada día

Fotos y texto: Djambari Buenos Aires* / Resumen Latinoamericano/ 12 de enero 2019 .–

Ciudad de Buenos Aires.Jueves 9 de enero. Otra vez el barrio de Once amanece militarizado. Un colectivo, cinco camionetas, más de 100 efectivos policiales, y otros tantos inspectores del Ministerio de Ambiente y «Espacio Público» de la Ciudad. Casi nadie puede vender. Muchos y muchas deciden irse. Ibra, un muchacho senegalés que hace poco llegó a Argentina, se queda. Junto a sus compañeros, se va moviendo a medida que la policía e inspectores los corren para robarles la mercadería. Cuando parece que todo está en calma, es porque comienza la razzia

Entre motos, golpes y encerronas, agarran a Ibra y hacen que este se golpee contra un poste de luz. El impacto se escucha, se siente doloroso. El joven alto y fuerte, cae como una pluma y se desploma. No puede levantarse. Se marea. Se le doblan las piernas. Amigos llegan a socorrerlo. Que se calme, que se siente, le dicen para calmarlo. Piden agua para mojarle la cabeza y bajarle la inflamación. En su cabeza, el chichón avanza y crece en tamaño.

Mientras esperan la llegada del SAME, los policías arman un cordón. No quieren que nadie vea mucho. «Es solo gente que está laburando», grita un vecino que paseaba a su perro. La ambulancia llega sospechosamente rápido. Los «paramédicos» bajan y hablan primero con la policía. «Se golpeó con el poste cuando intentaba llevarse la mercadería», le dice uno de los policías a la chica del SAME. Sin siquiera intentar tocar a Ibra, le dicen a sus compañeros que lo paren, que lo lleven a la ambulancia. Sin cuello y sin camilla, luego de haber sufrido daño en la cabeza y el cuello. Quizás el SAME olvidó primeros auxilios básicos. O quizás trabajan con la policía.

Ibra logra subirse a la ambulancia con ayuda de sus compañeros. Un civil que parece policía y también lo es intenta hablar con el paramédico. Insiste con su versión: que Ibra «se lastimó solo». Los chicos le dicen que no habla con la verdad, que se lastimó porque él lo perseguía y lo agarró. Pero no importa. La policía y los inspectores ya consiguieron lo que querían: que la mercadería quede bajo llave en la camioneta.