16 de enero de 2020

TROPEL 2 del 16.01.2020.

Argentina-Bolivia. A dos meses del golpe, recuerdan masacres y exigen justicia








Resumen Latinoamericano 15 de enero de 2020
Fotos: Reinaldo Ortega y Resumen Latinoamericano
Integrantes de la comunidad boliviana en Argentina, junto con militantes de organizaciones locales recordaron este miércoles, las masacres de Sacaba y Senkata producidas por la policía de la dictadura fascista que hoy impera en el país vecino.
La recordación se realizó frente al monumento a Juana Azurduy y en el mismo participaron militantes del Comité de Solidaridad con el pueblo boliviano, algunos integrantes de la vigilia que se viene haciendo frente al Consulado desde el momento mismo del golpe, y también autoconvocados de la comunidad.
Después de escucharse varias intervenciones condenatorias de la represión y el racismo de la dictadura, se realizó una marcha alrededor del monumento, mientras se leían los nombres de los asesinados en las dos masacres y los participantes gritaban «presente».
Por último, se convocó a participar en el acto masivo que el próximo miércoles 22 de enero se realizará en el club Deportivo Español, y en el que Evo Morales anunciará la fórmula presidencial para las inciertas elecciones que la dictadura anuncia para el mes de mayo.




Argentina en medio de una nueva guerra fría: El Imperio marca la cancha…pero nosotros elegimos los jugadores
Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 15 enero 2020
EL SISTEMA-MUNDO INAUGURA SU TEMPORADA VERANIEGA 2020
“La Historia es ciertamente maestra de vida, pero tiene muy pocos alumnos”.
Papa Francisco,
parafraseando al historiador jesuita Giacomo Martina.
Si bien la implosión del Estado socialista más grande del planeta marcó en 1991 el fin de la Guerra Fría, en el contexto de la transición hegemónica que se vive  actualmente ya se habla de su reedición con otros protagonistas. Y dado que los nuevos contendientes también se aprestan a disputar nuestro continente, cabe dimensionar el alcance de que el segundo día del año en curso Estados Unidos lanzara una fuerte advertencia a la Argentina debido a la supuesta proximidad que mantendría la política internacional de Alberto Fernández con “sus aliados de izquierda”, según recogió el medio especializado Bloomberg. La prestigiosa cadena financiera, consignó que un funcionario de Donald Trump aseguró que el asilo político a Evo Morales y la  condescendencia con el régimen de Nicolás Maduro «cruzaron una línea roja» que «podría costarle a la Argentina el apoyo del FMI y también de los fondos de inversión que fondean los campos de shale de Vaca Muerta.» Si sumamos a ese dato la osadía del presidente norteamericano – amenazado en su frente interno por un posible impeachment – al ordenar a espaldas de su Congreso la ejecución de una leyenda viviente del régimen iraní,  desatando así la respectiva contraofensiva misilística de la nación agredida, concluiremos que la decisión de poner todas las cartas sobre la mesa está tomada, y ahora le toca irse posicionando a los países desavisados de semejante iniciativa, de los cuales el nuestro es uno: Hoy por hoy el FMI es el principal acreedor de la Argentina debido al salvataje que brindó al gobierno de Mauricio Macri por 56.000 millones de dólares. El grueso de la deuda emitida entonces se produjo – además –  bajo Ley Nueva York. Pocxs compatriotas ignoran el nivel de condicionamiento que aquel empréstito nos impone, pero estos temerarios movimientos ponen palmariamente en evidencia el grillete con que deberá lidiar la administración local.
Frente al panorama descripto, podría decirse que 2020 comenzó temprano, ya que en el mismo período del año en que en 2015 tuviera lugar la muerte del controvertido fiscal Alberto Nisman, durante el corriente se produjo el movimiento mediático y militar de algunas piezas importantísimas en el ajedrez global, lo que por ahora denominaremos Operación Soleimanetflix.
A criterio de este cronista, oportunamente el entonces presidente Carlos Menem – con el cadáver aún tibio de su hijo sobre la mesa de negociaciones – acordó con la Embajada de Israel que la responsabilidad de los atentados cometidos en el país contra la sede diplomática de aquel (1992) y contra la mutual AMIA (1994) correspondía al régimen iraní.
Tiempo después, el suicidado agente pro norteamericano Nisman, cebado por  jugosos depósitos de dólares en sus cuentas bancarias, se alineó con la estrategia en curso del Norte Global.
Despuntando el año en curso, “casualmente” en forma sincronizada, la popular plataforma de streaming identificada con la “ene” estrenó una miniserie docu-ficcional dedicada al “walking dead de los magistrados”, a la vez que – para ordenar el damero mundial a su arbitrio –  el primer mandatario estadounidense ordenó ejecutar a quien buena parte de Medio Oriente consideraba el “Che Guevara musulmán”, so pretexto de que este tramaba volar la embajada norteamericana en Bagdad… propósito que acaba de ser desmentido por el propio Pentágono.
A la hora de barajar hipótesis sobre hechos de alta densidad política, un antiguo presupuesto de dicha ciencia recomienda reparar en los intereses a los que favorecen tales acontecimientos. Tiene la palabra la desprevenida Cancillería Nacional, y no precisamente para enredarse en el falso dilema homicidio o suicidio del fiscal especial de la Causa AMIA, sino para asumir una clara postura de autodeterminación frente a las presiones del Imperio.
VACACIONES DIFÍCILES EN LAS PLAYAS DEL SUR
“Argentina verá de qué lado se acomoda,
si del de los pueblos o del de los arrastrados ante el Imperio”.
Diosdado Cabello
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
de la República Bolivariana de Venezuela
Dado que quien escribe estas líneas acostumbra a pensar en imágenes, propondrá a continuación reparar en una sumamente elocuente. Culminaba el año que se fue cuando a este cronista le tocó en suerte hacer tiempo entre un compromiso académico y otro militante. Más precisamente, corría el 19 de diciembre, un aniversario más del Argentinazo de 2001, y – como entonces – hacía un calor agobiante. El recurso habitual de entretenerse acudiendo a la sala de cine más económica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no surtió efecto en dicha oportunidad, ya que el legendario Gaumont, último refugio de la copiosa producción nacional independiente, – como viene sucediendo con tales temperaturas – padecía un corte de energía eléctrica. La alternativa escogida ante tal circunstancia fue hacer escala en pizzería de Plaza Congreso para estirar un par de horas disponiendo de aire acondicionado. En el edificio lindero, un recoleto grupo de personas trajeadas asistía al sepelio de un diplomático de carrera, copartidario del aquel presidente que huyó en helicóptero durante las jornadas que consagraron la consigna “Que se vayan todos”: El dirigente radical Leandro Despouy, que durante 14 años tuviera a su cargo la Auditoría General de la Nación.
Simultáneamente, frente al refugio escogido comenzó a concentrarse una multitud de activistas de Barrios de Pie y la CCC autoconvocadxs para apoyar a los diputados del Frente de Todos durante el tratamiento de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica. Mientras se negociaba para lograr quórum y sortear los obstáculos para su sanción, la diputada Lilita Carrió ostentaba impunemente su modorra, y Patricia Bullrich agitaba las aguas pidiendo «devolver una por una las catorce toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros«. 
Cumplido el plazo de la espera consignada, este cronista se abrió paso dificultosamente entre la abigarrada multitud de desheredadxs, seguramente provenientes de los confines del conurbano bonaerense, y en tal menester detectó a un puñadito de niñxs rodeando con enorme expectativa uno de esos containers de plástico verde aceitunado utilizados para acumular residuos. Al cabo de un instante, sobre el fondo del Parlamento Nacional se recortó la figura del posible padre de algunx de ellxs, emergiendo alborozado de dicha tolva para repartir el almuerzo esmeradamente seleccionado para esas criaturas.
Puede ser que dicha escena resuma en buena medida el punto de partida del que debería arrancar la reconstrucción de esta Argentina sistemáticamente depredada por políticas canallas y políticos rentistas, que desde hace tiempo no dan una vuelta manzana lejos de sus escaños, para asomarse a una realidad que sigue reclamando el cumplimiento de la función que se les ha encomendado.
Hasta ahí la misión del Palacio. ¿Cuál entonces la de la calle? Todo parece indicar que la disyuntiva que se presenta a las numerosas organizaciones sociales integradas al Estado es, paralelamente al ejercicio de la gestión, la de volver a ocupar el espacio público tanto para apoyar masivamente las medidas oficiales de carácter progresivo como para señalar los desatinos… o bien mirar hacia otro lado, pasando por alto las claudicaciones (como la errática política regional que tanto impugna a la renovada Asamblea Nacional venezolana como desconoce a la representante del presidente títere Juan Guaidó, el congelamiento de las retenciones a las patronales agrarias, o las rebajas en el anunciado paquete impositivo bonaerense) a cambio de prebendas destinadas a la contención del posible descontento social.
Porque, como sostuviera el Comandante Americano, “si no se es parte de la solución, se es parte del problema”.-


La inflación llegó al 53,8% en 2019
Resumen Latinoamericano* / 15 de enero de 2020
El encarecimiento de bienes y servicios en Argentina llegó en diciembre pasado al 3,7% respecto al mes anterior y llevó la inflación de todo el año al 53,8%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
«Los precios al consumidor (IPC) subieron 3,7% en diciembre de 2019 respecto de noviembre y 53,8% interanual», informó el organismo estadístico.
Con un aumento del 72,1%, la salud fue lo que más se encareció en los últimos 12 meses, seguido de la comunicación (63,9%), el equipamiento y mantenimiento del hogar (63,7%), alimentos y bebidas no alcohólicas (56,8%) y bienes y servicios varios (55,9%).
El segmento que menos subida registró fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (39,4%), por delante de educación (47,1%) y recreación y cultura (48,5%).
La comunicación durante el mes de diciembre fue lo que más se encareció al aumentar 9,6%.
También aumentaron por encima del promedio la salud (5,6%), el equipamiento y mantenimiento del hogar (5,4%) y el transporte (5%).
La región del país que más subió los precios de sus bienes y servicios durante el último año fue el Noreste, con un incremento promedio del 57,6%, por delante del Noroeste (55,5%); Cuyo, en el centro-oeste (54,7%); región Pampeana, en el centro del país (54,1%) y la Patagonia, al sur (54%).
La variación interanual del IPC más alta durante 2019 se detectó en el mes de mayo, con un aumento general del 57,3%.
El alza de precios en diciembre coincidió con la salida de la anterior gestión encabezada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y la entrada del nuevo Gobierno encabezado por el peronista Alberto Fernández. 
Sputnik*

Mueren tres niños wichi en cinco días
ANRed / Resumen Latinoamericano / 15 de enero de 2020
En solo cinco días, tres niños pertenecientes a comunidades wichí fallecieron. Los casos pertenecen a los departamentos de Rivadavia y San Martín, en la provincia de Salta. Sin agua potable, con mala alimentación, falta de personal profesional y una creciente violencia. La grave situación sanitaria de las comunidades originarias en el norte del país es histórica. Debido a esta situación el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, viajó a la zona.
El sábado en el Hospital de Santa Victoria Este, en la provincia de Salta, falleció un niño dos años perteneciente a una comunidad originaria Wichi. Según el informe médico las causas de su fallecimiento se deben a una falla multiorgánica. Entre las causas se encuentran la insuficiencia orgánica y diarrea y vómitos.
El 7 de enero falleció otro niño de año y dos meses de edad, integrante de la Comunidad La Mora 1, cerca de Tartagal. Fue atendido en el hospital de la ciudad, pero debido a la gravedad de su estado fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil, en Salta Capital, donde finalmente  produjo su deceso por un shock séptico.
Otro nene de dos años de la Comunidad Misión El Quebrachal, en jurisdicción del municipio de General Ballivián, falleció en su domicilio. Si bien fuentes oficiales aseguran que el menor estaba recibiendo atención en el nivel primario de salud, aún se desconocen las causas de su muerte.
En solo cinco días fallecieron tres niños y esto es solo una muestra de la alarmante situación en el general de las comunidades originarias del norte del país. El mismo día que fallecía el bebe de La Mora 1, unos pobladores en Santa Victoria Este, a falta de ataúd, envolvían con un nylon a un vecino muerto y sobre una chapa lo trasladaban al cementerio, «así estamos, no hay ni para cajones», comentaba un comunero de la zona.
La falta de comunicación y documentación en comunidades también dificulta un registro certero de las calamidades que se viven en los parajes más alejados de las ciudades.

Las políticas públicas destinadas solucionar  la crisis sanitaria son deficientes y en algunos casos son desfinanciadas. Son constantes las denuncias de médicos o especialistas, a veces, hasta enfermeras en las postas sanitarias.  Un ejemplo es el desmantelamiento del programa «operativo de refuerzo estival» que encabezaba el médico Francisco Mariano Rodo, y fue cancelado por decisión del gobernador Gerardo Morales. En el operativo mencionado se llevaba, en caravanas de 5 camionetas 4×4, atención clínica pediátrica, obstetra y se proveyó de medicamentos, alimentos, leche y agua potable en tanque cisterna, a los 227 parajes en donde habitan mayormente comunidades indígenas y criollos de los departamentos de Rivadavia, San Martín y Oran.
Asimismo, otro de los padecimientos a las que se encuentran sometidas las comunidades es la falta de agua potable lo cual agrava aun más la situación sanitaria. La falta de inversión se siente con las crecidas de los ríos y las fuertes lluvias que dañan los escasos acueductos. Las comunidades más alejadas deben consumir aguas contaminadas. Debido a esta situación son forzados a tomar agua de las «zanjas» y compartir el lugar para beber con los animales.


Video de hace unos días en Misión chaqueña ubicada al norte de Salta a 45km de la ciudad de Embarcación.
La situación represiva no es menor. Hace unos días, desde ANRed, reportamos como un grupo de jóvenes wichis eran golpeados y detenidos luego de haber sido atacado por una patota y no haber recibido atención policial. Aquel día, también el presidente de la comunidad el tráfico en Embarcación fue apresado.
Esta situación motivó la visita a la zona del ministro de Desarrollo de la Nación Daniel Arroyo  y un plan de emergencia anunciado por el gobernador Gustavo Sáenz. Ante esto, Dirigentes de pueblos originarios, defensores de Derechos Humanos y profesionales, elevaron una carta al ministro al enterarse de su visita a Salta.
Difundimos carta
Con muchas esperanzas saludamos al nuevo ministro de Desarrollo Social de la Nación, no sin pesar por la muerte de nuestros niños en esta provincia de Salta, para hacer escuchar la vos de quienes viven y padecen en la Provincia de Salta un sistema de producción que abarca lo cultural y la salud, que nos oprime y, no hace falta decir, mata a los más débiles.
Quienes suscribimos esta carta somos dirigentes de las naciones originarias y personas solidarias, profesionales o no, que colaboramos día a día en el campo de las naciones originarias, para cambiar hacia una realidad mejor.
Obviamente las cifras de muerte por desnutrición esconden muchas realidades que desde y hasta lo cultural, van directamente a los cuerpos.
Hemos comentado varias veces el repetido caso de niñas wichis que mueren en embarazos con hipertensión, como variable de mortandad además de lo reprochable penal y socialmente de los embarazos infantiles que son índices de abuso sexual agravados por la edad.
La realidad es que las niñas wichis, desalojadas de su soberanía alimentaria, al alimentarse en el enclave urbano, la nueva alimentación, el cambio de costumbres y modelos en la comunicación hace que tengan embarazos con hipertensión y muerte, sumado a un sistema de salud que, pese a tener un sistema de agentes sanitarios (desde 1985), a los hospitales regionales donde tienen la tecnología para asistir estos embarazos de alta complejidad, se llega tarde.
Pero no es un tema de solo salud pública, son desalojos, la mayoría de estas muertes de niñas con embarazos con hipertensión provienen de Los Blancos, Estación Murillo (Coronel Juan Solá) y Tartagal, zonas donde han habido desalojos masivos de comunidades indígenas en estos últimos 40 años y desmontes.
En cambio en otras zonas, como Hickman, Dragones por ejemplo, donde recientemente se están produciendo desalojos (traslados) hacia zonas urbanas y desmontes, todavía no son tan frecuentes. Para graficar, en sus tierra de origen las comunidades tienen su conocimiento de los alimentos y de la alimentación, que es también pedagógica y espiritual en una cultura ambiental susentable.
También es de tener en cuenta una cultura tradicionalista criolla que desespera contra los derechos de la mujer en la prohibición del aborto, y sus simbologías religiosas presentes en escuelas, juzgados, hospitales y toda clase de recintos públicos.
Los recortes presupuestarios, la degradación de las políticas plurinacionales (con 14 naciones conformando la población salteña se dio de baja al Ministerio de asuntos indígenas), la falta de una política en materia de las naciones originarias, un abandono de 4 años de los procesos de representación (Consejo de Participación Indígena) de las naciones originarias, en avance de una política de silencio e integración que contribuye al genocidio silencioso del Estado, una segregación hostil y permanente hacia los pobladores originarios, un abandono en la seguridad, aumentos de traslados (desalojos), mientras latifundios de 30 mil hectáreas o más se ofertan por internet para que nacionales o extranjeros compren tal cantidad obscena de tierras, una cultura que desde la conquista del chaco segrega a los originarios como cosas o siervos (recordar la condena a René Alberto Suarez), el hecho que el INAI por ley debe pertenecer al ámbito de vuestro Ministerio como ente autárquico, la total falta de defensa de las tierras de las comunidades, llevadas adelante solo por el compromiso de unos pocos abogados cuyo programa de “fortalecimiento comunitario” que siempre llega tarde y es desde el inicio totalmente insuficiente.
Son muchas las razones, y faltaría mucho espacio para reseñarlas, las causas por las que hoy fallecen niños por causas que podrían haber sido atendidas a tiempo. Pedimos, además de concretarse una participación y control de los programas alimentarios (convenio 169 de la OIT) por parte de las comunidades, una política urgente, ordenada y participada, pero sobre todo con conocimiento cabal de la realidad de los pueblos, cada una de sus comunidades y de los pobladores que hacen de estas naciones un reservorio cultural de un mundo mejor.
Lo saludamos recordándole para que dentro de vuestro Ministerio, tal como lo manda la ley Frites (23.302), se elabore la política suficiente que prevenga las muertes de los niños y sus madres.
ANRed*
Organizaciones envían propuestas al ministro Martín Guzmán: «La deuda es con el pueblo y la naturaleza»/ Claudio Lozano fue oficializado como director del Banco Nación/ Inflación: En 2019 fue del 53,8%, la más alta en casi 30 años
Resumen Latinoamericano*/ 15 de enero 2020 .——

Organizaciones envían propuestas al ministro Martín Guzmán: «La deuda es con el pueblo y la naturaleza»

Por ANRed.
Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), integradas por personalidades como el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, enviaron al ministro de Economía Martín Guzmán propuestas iniciales sobre cómo encarar la grave situación del endeudamiento de la Argentina. Proponen extender la consulta al conjunto del «pueblo acreedor» y realizar «una investigación integral de la deuda, sus orígenes, usos, consecuencias y servicio, para descartar el pago continuo de reclamos que no corresponden al pueblo argentino, sancionar a quienes son responsables y asegurar la reparación de lo cobrado injustamente». Hasta que se realice esa auditoría, proponen «suspender todo pago, así como también los términos y condiciones del acuerdo de financiamiento firmado con el FMI». 

El documento, titulado «Señor Ministro: Los acreedores somos los Pueblos y la Naturaleza», es en respuesta al pedido de aportes formulado por el ministro de Economía Martín Guzmán a instituciones financieras y acreedores de la República Argentina. En ese sentido, las organizaciones enviaron sus observaciones y propuestas como parte integrante del «Pueblo Acreedor», que desde hace tiempo se ve obligado a «prestar» forzosamente a la Nación una parte significativa de la riqueza que produce, sus bienes comunes y los derechos humanos que le asisten «sin consulta ni cobro de intereses o comisiones sino todo lo contrario».
«Demasiadas veces han sido incluso ‘préstamos’ impuestos con el engaño de que eran necesarios a fin de pagar otras deudas supuestamente prioritarias pero que en realidad han sido ilegítimas, fraudulentas, odiosas y verdaderos crímenes de lesa humanidad», sostienen.
Es por eso que proponen al ministro extender la consulta al conjunto del «pueblo acreedor» y la «realización de una investigación integral de la deuda, sus orígenes, usos, consecuencias y servicio, para descartar el pago continuo de reclamos que no corresponden al pueblo argentino, sancionar a les responsables y asegurar la reparación de lo cobrado injustamente». Hasta que se realice esa auditoría, proponen «suspender todo pago así como también los términos y condiciones del acuerdo de financiamiento firmado con el FMI«.
«La plena vigencia de nuestros Derechos a una vida digna, a la salud, la educación, agua pura y un ambiente sano, una alimentación suficiente y saludable, la tierra y los territorios, el empleo y salarios y jubilaciones justas, entre otros, debe establecerse como eje orientador de la política económica y parámetro central de evaluación de la pertinencia y resultados de toda política de endeudamiento y de pago», remarcan. En ese sentido, sostienen que cualquier intento de mantener el pago de la deuda «fracasará nuevamente si no se rompe con la lógica financierizada impuesta, y pone en el centro la necesidad y urgencia de saldar las deudas con el Pueblo y con la Naturaleza: la Deuda social e histórica, la Deuda ecológica y climática, la Deuda democrática y de género».
El premio nóbel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, uno de los firmantes del texto enviado, llamó a instalar una «campaña de difusión y de movilización para revertir la realidad de despojo y dominación que la deuda impone».
Por su parte, la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, otra de las firmantes, explicó: «mi hijo Carlos Gustavo, desaparecido desde 1977, es parte de esa deuda como lo son el hambre, el desempleo, el avance de un sistema económico que excluye, saquea y contamina, como vemos con crudeza en la promoción de la megaminería, el fracking, la agroindustria tóxica, la especulación financiera, todos los megaproyectos a beneficio de unos pocos y cada vez más extranjerizado. El pueblo argentino no debe y el FMI, quienes compraron bonos para beneficiarse, lo saben».

Texto completo:
Propuestas al Ministro de Economía: La Deuda es con el Pueblo y la Naturaleza
Martín Guzmán – Ministro de Economía
Diego Bastourre – Secretario de Finanzas
Lisandro Cleri Sub-secretario – Unidad de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda
Ministerio de Economía – República de Argentina
De nuestra consideración
Reciba nuestro saludo y los mejores deseos para este año que se inicia, en una región convulsionada y con un pueblo sediento de justicia, de paz, de dignidad y de respeto.
Agradecemos el gesto que han tenido, de solicitar apreciaciones y propuestas en torno a los principios y procedimientos que puedan aportar a la sostenibilidad de la Deuda pública argentina. Lamentamos que el tiempo establecido para la consulta sea tan corto y en un momento del año que dificulta en extremo la amplia participación merecida. Queremos aprovechar, no obstante, la voluntad de consulta expresada, para acercarles sobre la base de la buena fe, un primer esbozo de lineamientos que consideramos fundamentales a la hora de avanzar más bien hacia una solución duradera de la problemática grave y sistemática del endeudamiento público, sobre todo desde una situación sumamente crítica como la actual.
Tal vez sea necesario aclarar que no lo hacemos como tenedores de bonos o letras de la Deuda pública externa, sino como organizaciones que forman parte de un verdadero Pueblo Acreedor que, desde hace años -por no decir décadas e incluso siglos- , ha sido condenado a “prestar” a la Nación una parte significativa de la riqueza que produce, los bienes comunes que son su patrimonio y los derechos humanos que le asiste. Por lo general el otorgamiento de nuestros “préstamos” ha sido forzoso, sin consulta ni cobro de intereses o comisiones sino todo lo contrario. Demasiadas veces han sido incluso “préstamos” impuestos con el engaño de que eran necesarios a fin de pagar otras deudas supuestamente prioritarias, pero que en realidad han sido ilegítimas, fraudulentas, odiosas y verdaderos crímenes de lesa humanidad. El resultado ha sido siempre el mismo, parafraseando al querido Eduardo Galeano: más prestamos, más se nos endeuda y menos tenemos.
Señores Ministro, Secretario y Subsecretario, estamos convencides que este es un momento propicio para reconocer que la Deuda pública argentina más importante es la Deuda con el Pueblo y con la Naturaleza que nos sustenta y de la cual también somos parte. A la vez, que sea ésta una oportunidad imperdible para que el Estado argentino asuma de una vez, que las obligaciones suyas y de la comunidad internacional en su conjunto, en materia de Derechos Humanos, conllevan el reconocimiento de la primacía de su cumplimiento por sobre cualquier otra obligación contraída, incluyendo, claro que sí, los términos y condiciones de pago de los diversos instrumentos de endeudamiento emitidos por el Estado argentino en los mercados privados externos e internos o acordados con otras entidades públicas u organismos multilaterales como podría ser el FMI, el Banco Mundial, el BID u otros.
Es decir que la plena vigencia de nuestros Derechos Humanos a una vida digna, a la salud, la educación, al agua pura y un ambiente sano, a una alimentación suficiente y saludable, a la tierra y los territorios, al empleo y salarios y jubilaciones justas, entre otros, tiene prioridad por sobre otras obligaciones estatales. Por ende, deben establecerse como eje orientador de la política económica de la Nación y parámetros centrales de evaluación de la pertinencia y resultados de toda política de endeudamiento o de desendeudamiento.
Y cumplir con nuestros Derechos como personas y como pueblos, así como también con los Derechos de la naturaleza, implica avanzar hacia su pleno respeto con medidas concretas, sin retrocesos ni discriminación y con pleno reconocimiento de la urgencia de reparaciones para determinadas poblaciones, incluyendo los pueblos originarios, el campesinado, la niñez, las mujeres, las disidencias sexuales, las personas mayores, el inmenso sector de la sociedad argentina con sus vidas totalmente vulneradas.
Al respecto, entre los elementos que el Estado argentino debería tener presente se incluyen los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en abril de 2012[i] y profundizados en amplios trabajos posteriores.  Al referirse expresamente a la sostenibilidad de la deuda, señala que “las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda no deben limitarse a los aspectos económicos (las perspectivas de crecimiento económico del Estado deudor y su capacidad para cumplir sus obligaciones de servicio de la deuda) sino que también deben tener en cuenta los efectos de la carga de la deuda en la capacidad del país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y crear las condiciones para la realización de todos los derechos humanos.” Afirma a la vez que “esas evaluaciones deben ser realizadas por un órgano independiente…”.[ii]
Es en ese espíritu que ofrecemos las siguientes propuestas iniciales, con la plena convicción además que cualquier intento de resolver la problemática de la Deuda pública argentina, buscando su mera sostenibilidad,  fracasará nuevamente si no se pone en el centro la necesidad y urgencia de saldar la Deuda social e histórica, la Deuda ecológica y climática, la Deuda de género y la Deuda democrática que también se sigue acumulando con el pueblo argentino al priorizar los reclamos de algunos supuestos prestadores por sobre los Pueblos y la Naturaleza, reales acreedores.
1-      Hacer extensivo al conjunto del pueblo acreedor de grandes deudas públicas argentinas, la consulta respecto a cómo resolver esta grave problemática.  A través de la participación activa y vinculante de la enorme diversidad de organizaciones populares existentes, que se abocan entre otros a la defensa de los derechos humanos, de la niñez, de las mujeres, de los sin techo, del agua, los suelos y la biodiversidad, de los pueblos originarios, del campesinado, de las personas trabajadoras, jubiladas y pensionadas, contra la contaminación y todas las formas de “endeudamiento forzado”, sería posible establecer metas comunes y la fuerza y legitimidad necesarias para hacer frente a las pretensiones desmedidas, usurarias y muchas veces fraudulentas e incluso odiosas, de otros supuestos prestadores.
2-      Asegurar la realización de una investigación integral, o auditoría, con participación ciudadana independiente, de los reclamos de deuda pública argentina y de los acuerdos firmados con el FMI, a fin de establecer la legitimidad y legalidad de los mismos.  Según también resaltan los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos[iii], la auditoría debe incluir el establecimiento de un registro público y transparente de les supuestes prestadores, el origen y estado de sus reclamos, el uso y consecuencias de los mismos, los pagos y otros beneficios ya cobrados y toda otra información pertinente al respecto. Deben abrirse los archivos del Estado y de otros responsables, para que quede claro y público toda la información relativa, entre otros, al traspaso de deudas privadas al erario público, las deudas tomadas por empresas estatales durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica y posterior a ésta, su uso y responsables que lo permitieron. Debe incluirse la sobrecarga de toma de deuda por las provincias, así como también la identificación de los funcionarios argentinos, extranjeros y de los bancos y organismos internacionales de crédito, responsables.
3-      Suspender todo pago de intereses, comisiones, multas y amortizaciones sobre la deuda pública financiera, y el cumplimiento de cualquier acuerdo o condición relacionada incluyendo los acuerdos firmados con el FMI, mientras no se haya completado la auditoría respectiva y quede establecido la legitimidad, legalidad y prioridad de cada reclamo.
4-      Establecer un claro plan de pagos, que refleje la prioridad del cumplimiento con los Derechos Humanos de la población y de la naturaleza y el resarcimiento de la Deuda acumulada con ellas, así como también la justa decisión de no pago, sanción y reparación de los reclamos de deuda ilegítimos o ilegales.
5-      Devolver al parlamento argentino, para su plena recuperación y ejercicio, las responsabilidades constitucionales que le cabe con respecto a la gestión del crédito de la Nación.
6-      Establecer como norma la realización de un Estudio del impacto en materia de derechos humanos  y derechos de la naturaleza de los proyectos de Presupuesto elaborados por el Ejecutivo para su aprobación parlamentaria, así como también en relación a los Informes de Ejecución presupuestaria. Los mismos deberían incluir un proceso amplio de consulta y participación social.
7-      Establecer del mismo modo, la exigencia de realización y aprobación previa de un Estudio de Impacto sobre los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza respecto a todo proyecto de endeudamiento y/o acuerdo de préstamo condicional, incluyendo los términos y condiciones de su pago y/o cualquier plan de reestructuración o reperfilamiento de deudas y esquemas de pago.
8-      Asegurar la realización de un Estudio y evaluación pública con consulta social participativa, del impacto en materia de derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos y de la naturaleza, de la membrecía de Argentina en el Fondo Monetario Internacional, con vistas a determinar la contribución, o no, de esa membrecía y la permanencia, o no, de la Argentina.
Señores Ministro, Secretario y Subsecretario, como señalamos al iniciar este mensaje, lamentamos que el poco plazo establecido y la época de año han dificultado la preparación de una contribución más amplia y participada en este primer momento. Por nuestra parte quedamos comprometides en seguir profundizando las observaciones y propuestas aquí adelantadas, junto a otras organizaciones del quehacer respectivo, con vistas a seguir contribuyendo al establecimiento de principios y procedimientos que coadyuvan al cumplimiento de nuestros derechos humanos y los derechos de la naturaleza y la determinación de un marco subsidiario que regula los procesos de endeudamiento y desendeudamiento argentinos.
Sin otro particular, saludamos a la espera del inicio de un intercambio fructuoso al respecto.
Buenos Aires, 3 de enero de 2020
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Beverly Keene, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina
Coordinación Nacional, Fundación Servicio Paz y Justicia
[i] Consejo de DDHH de la ONU, Principios Rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos, A/HRC/20/23, 10 de abril de 2012.
[ii] Idem, párrafos 65 y 66.
[iii] Idem, en especial párrafos 67 y 68.

Anses advierte: bancos deben devolver lo retenido a los jubilados que cobraron los bonos

El organismo previsional subrayó la vigencia de la norma del Banco Central que ordena el reintegro «inmediato» de lo descuentos y considera su ejecución una «contravención».
Por Randy Stagnaro 
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó que los bancos deben devolver los montos que les hayan retenido a los jubilados que cobraron los bonos de hasta 5000 pesos en diciembre y enero.
El organismo previsional subrayó la vigencia de la “aclaración” que emitió el Banco Central (BCRA) el 30 de diciembre pasado, cuando arreciaron las primeras denuncias de retenciones al dinero que cobraban los jubilados.
Ese día, el BCRA emitió la Comunicación B 11928/2019 en la que afirmó que los dos bonos otorgados en el decreto 73/19 “no son susceptibles de descuento alguno”, según indica el artículo séptimo de esa norma.
“En tal sentido, no corresponde deducir de esos beneficios ningún tipo de concepto, sea por operaciones concertadas con la propia entidad financiera pagadora o con terceros, tales como cuotas de préstamos otorgados con código de descuento, comisiones o cargos por servicios adicionales a la cuenta contratados por el beneficiario, débitos automáticos para el pago de impuestos, servicios y otros conceptos, etc.”, detalló la Comunicación de la autoridad monetaria.
Desde que comenzó a cobrarse el primer bono de 5000 pesos, el 27 de diciembre, jubilados de todo el país advirtieron que estaban sufriendo descuentos que ejecutaban los bancos privados al momento del pago.
A pesar de la Comunicación B 11928, continuaron los reclamos de los jubilados por nuevos descuentos y porque las entidades financieras no devuelven lo ya descontado. Según el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, el dinero del bono “tiene que ser devuelto; hice un planteo a la Anses por la innumerable cantidad de denuncias; la Anses es solidariamente responsable porque el banco le da un servicio por el que cobra muy bien y tiene que intimar a las entidades».
«En muchos casos, el jubilado que estaba en condiciones de percibir el bono se encontró con que se lo retuvieron en el banco en el caso de que tuviera algún crédito», explicó Semino en diálogo con Radio Continental.
El especialista aclaró que esos descuentos «no involucran créditos de la Anses, sino que son bancos no oficiales que pagan los haberes jubilatorios y les ofrecen pequeños paquetes de supuestos beneficios como créditos».
En el mismo sentido se pronunció el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien informó que el organismo a su cargo elaboró “recomendaciones dirigidas a la Anses para que verifique que no se produzca ningún tipo de retención o descuento por parte de entidades bancarias o financieras, y al Banco Central para que controle que no vuelva a producirse esta situación y que devuelva los montos retenidos a los beneficiarios de la Provincia afectados”.
Semino indicó que «en muchos casos el descuento fue del ciento por ciento del bono, que fueron a cuotas que el jubilado debía o que estaban al vencimiento en ese mes”. El defensor de la Tercera Edad apuntó que “los bancos son inescrupulosos con los jubilados: consideraron que no es remunerativo. Al no considerar el pago como parte de la prestación alimentaria como la jubilación, el banco decidió que el bono directamente podía ser descontado; también fue tomado para pagos mínimos de tarjetas de crédito».
El gobierno nacional otorgó un bono de carácter complementario de los haberes habituales para un sector de jubilados y pensionados. Los que cobran la mínima están recibiendo 5000 pesos por mes con los haberes de diciembre y enero. Otro grupo cobrará la diferencia hasta $ 19.060. Quienes cobran más que esa cifra no recibirán este subsidio excepcional.
La Comunicación del BCRA es concreta en relación a estos descuentos: no se deben realizar, y si los bancos las realizaron, “deberán arbitrar los medios para el reintegro inmediato de la totalidad de los importes descontados en contravención a lo dispuesto en el citado artículo 7°”, según declara el texto. Pero las denuncias de los defensores indican que esto no está pasando.

Claudio Lozano fue oficializado como director del Banco Nación

La normativa se oficializó mediante el Decreto 60/2020, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
(Foto: PEDRO PEREZ)
El Ejecutivo nacional oficializó a través de un decreto la designación del economista y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, como director del Banco de la Nación Argentina.
Lozano es un economista y dirigente político de izquierda de larga trayectoria gremial, desde que en 1984 fue designado director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En 2017 había sido precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista 506 A – Popular y Socialista, dentro de la alianza Convocatoria Abierta por Buenos Aires, pero no había logrado superar las PASO.
Actualmente es dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

Inflación: En 2019 fue del 53,8%, la más alta en casi 30 años

Es el número más alto en 28 años. En comparación con noviembre, la suba de precios fue del 3,7%, motivado por el arrastre de la devaluación.
En lo que significó la cifra más alta en 28 años, el macrismo rompió su propio récord y la inflación acumulada de 2019 bordeó el 54%. Se trata de la cifra más elevada desde 1991 y aún más alta que la del 2018, cuando Cambiemos parecía establecer un tope máximo con el 47,6%.
De acuerdo al último informe del Indec, el Índice de Precios al Consumidor arrojó una suba del 3,7% en diciembre, número que completó el balance anual. En términos interanuales, el incremento de precios fue del 53,8%, motivado por el arrastre de la megadevaluación.
En 1991, bajo la presidencia de Carlos Menem, la hiperinflación había elevado los precios en un 81%. Luego, en 2002, la devaluación generó una inflación del 40%, cifra que igualó el macrismo en 2016 y superó ampliamente en 2018 y en 2019.
En comparación al mismo mes de 2018, el rubro salud se encareció 72,1%, comunicación un 63,9%, equipamiento y mantenimiento del hogar 63,7%, mientras que alimentos y bebidas creció 56,8%. Por su parte, prendas de vestir y calzado aumentó 51,9% y transporte 49,7%.
A pesar de que las cifras son inusitadas, podrían haber sido empeoradas por la gestión de Mauricio Macri. El documento oficial señaló que el segmento vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles saltó 39,4%. Por ser un año electoral, la gestión de Cambiemos postergó tarifazos en los servicios públicos para evitar un mayor costo político.
*Fuentes: El Destape- Tiempo Argentino- Agencias
Envio:;RL

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