Los mandatarios de Jujuy, Chubut, Tierra del Fuego, Entre Ríos y La Rioja buscan articular con Nación para resolver la crisis
El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, recibió a cinco gobernadores en Casa Rosada para articular proyectos entre el gobierno nacional y las provincias para fortalecer la economía del país y de cada distrito.
Los gobernadores se acercaron, de a uno, al despacho del ministro. Pasaron por allí Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, Mario Arcioni de Chubut, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Gerardo Morales de Jujuy y el riojano Ricardo Quintela.
Tal vez una de las reuniones más esperadas de la jornada fue la de Morales, quien ya había sido recibido por el propio Alberto Fernández, para articular el trabajo en conjunto. Varias veces en estos años, el Presidente dejó muy en clara su postura sobre los presos políticos en Argentina, entre ellas Milagro Sala quien está detenida desde el 16 de enero de 2016 en Jujuy.
El mandatario fueguino, el primero en reunirse con De Pedro, señaló que el objetivo del encuentro fue compartir la mirada de la provincia fueguina para articular el trabajo con nación "y poner a la provincia y a la Argentina de pie" porque "la situación que le toca a Fernández es complicadísima" y necesita de los gobernadores para salir de ella.
Dentro de ese temario, Melella destacó el compromiso del gobierno nacional para “trabajar en el desarrollo de la soberanía”, un ítem que para Tierra del Fuego, “Malvinas y la Antártida son fundamentales". Por eso, reafirmó el compromiso político del ministro en ese aspecto.
Arcioni, que no tenía cita acordada previamente, informó que están buscando resolver la compleja "situación económica y financiera de la provincia”, que tuvo un importante paro docente y de estatales por la falta de pago de los sueldos.
Después del encuentro en Casa Rosada, Bordet remarcó el diálogo sobre "los modelos productivos de desarrollo para lograr tener una estabilidad financiera” en la provincia, por lo que la vio positiva y con buenos ojos.
De Pedro recibió a los gobernadores junto al secretario del Interior, José Lepere, y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis. Ese equipo fue el que se reunió también con Quintela, quien estuvo acompañado por los legisladores nacionales Sergio Casas, Danilo Flores e Hilda Aguirre. Los riojanos, como sus pares, hicieron foco en los problemas financieros de la provincia.
Una de las primeras medidas del gobierno nacional fue la suspensión del Pacto Fiscal impulsado por el macrismo, lo que se estima tendrá un impacto positivo en las provincias por el freno a la baja de impuestos locales, como Ingresos Brutos, de alícuotas de Ganancias a sociedades y a Bienes Personales. Según las cuentas, eso arrojará "un resultado neto positivo a favor de las provincias estimado en 0,8% del PIB para 2020”, según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.
Fuente:ElDestape
El negocio del manejo y la importación de basura
El Gobierno va a derogar el decreto de Macri
En agosto pasado, el entonces presidente modificó por decreto la Ley de Residuos Peligrosos y habilitó la importación y el tránsito de basura.
Imagen: Télam
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, confirmó que en los próximos días el gobierno derogará el decreto de Mauricio Macri que permitió la importación de residuos al país para ser reconvertidos, algo que estaba prohibido por la Ley de Residuos Peligrosos y que generó el rechazo de los sectores ambientalistas, de las cooperativas de recicladores urbanos y de amplios sectores de la oposición que hoy conforman el oficialismo. "Es indigno y un descalabro permitir la importación de basura, no hay ninguna razón para importar residuos”, afirmó el funcionario en diálogo con Radio Nacional. El integrante del equipo de campaña de Greenpeace, Lionel Mingo, dijo a este diario que "estamos a la espera de la derogación. De ser así, sería una buena noticia. No podemos cantar victoria antes de tiempo. Ojalá el pedido que hemos llevado adelante organizaciones y cooperativas sea escuchado por las autoridades".
En agosto pasado, a contramano de la legislación vigente y de las advertencias de organizaciones ambientalistas y de la reglamentación internacional de protección al medio ambiente, el gobierno de Juntos por el Cambio modificó por decreto la Ley de Residuos Peligrosos y habilitó la importación de basura y el tránsito de residuos hacia terceros países.
El texto del decreto 591/2019, reglamentado tres meses después, flexibilizó las restricciones para el ingreso de “rezagos de papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y vidrio roto, cascote y plásticos” que pudieran ser "insumo para un proceso productivo o como producto de uso directo".
“No podemos permitir eso, porque es la puerta de entrada a residuos peligrosos", planteó Cabandié y aseguró que “en los próximos días se va a derogar” el decreto. El titular de la cartera que antes ocupó Sergio Bergman anunció también que están ultimando detalles para presentar una propuesta superadora.
"Porque es indigno. Nosotros producimos demasiada basura porque no reciclamos, si además de todo permitimos la importación de basura es un descalabro, es de una irracionalidad tremenda. No podemos permitir eso porque es la puerta de entrada a residuos peligrosos y nosotros también tenemos los nuestros", explicó y agregó: "Lo ultimo que tendría que hacer un país es permitir la importación porque no tenemos ni plata ni plantas específicas para residuos peligrosos. Y nosotros también tenemos residuos peligrosos que producimos en distintas industrias y tenemos que tener un tratamiento especial. No hay ninguna razón para importar estos residuos".
Según el funcionario, el país es bastante medieval con el tratamiento de la basura. "La tiramos en el patio de atrás y cuando el patio trasero está sucio la llevamos al patio trasero del trasero. Es uno de los temas más importantes. Tenemos 5 mil basurales a cielo abierto en todo el país y 2500 municipios. Es decir, tenemos el doble de basurales que de municipios".
En este sentido, abogó por una apuesta a la transformación de esa política. P por una parte, a través del Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente). Por otra, mediante un cambio cultural. "Entre otras cosas, tenemos que trabajar seriamente con los basurales a cielo abierto. Tenemos que producir ese cambio cultural. La industria va a ser tan contaminante si no reparamos ciertas cuestiones de tratamiento ambiental", señaló.
"No estamos en contra de la industria sino que lo que estamos diciendo es que hay que cuidar nuestro planeta, nuestra vida, lo que comemos, porque está en juego nuestra sociedad. Y por eso, hay un paralelismo con lo económico”, afirmó. Y agregó : "Ningún logro se pude obtener si no es acompañado por la sociedad y la conciencia ambiental de la sociedad. No hay justicia social si no hay justicia ecológico ambiental. Discutir esto requiere un cambio cultural, todos tenemos que ponernos a pensar", remarcó antes de concluir que “si vamos a producir a cualquier costo y como venga, lo que existe hoy no va a rendir a largo plazo. Necesitamos cambios en la política y producir concientización".
10 de enero de 2020
Primera auditoría de la gestión Luana Volnovich
PAMI arrasado: contrataciones macristas de última hora, deuda, déficit y desidia
El 9 de diciembre, cuando el último titular del PAMI había renunciado, su segundo renovó 726 contratos en la obra social más grande de Latinoamérica. El macrismo la dejó con una deuda de 19.000 millones de pesos, un déficit anual de 8.400 millones y un enorme atraso en las prestaciones que la actual gestión está intentando revertir.
Por Romina Calderaro
Una de las cosas que sorprendió a Volnovich en sus primeros días al frente del PAMI fue que los empleados no se subieran al ascensor con ella, probable indicación de la gestión anterior.
Imagen: Enrique García Medina
Imagen: Enrique García Medina
El nueve de diciembre, cuando el entonces titular del PAMI Sergio Cassinotti ya había renunciado, su segundo en el cargo renovó de manera irregular 726 contratos en áreas importantes del organismo. De esa cifra, 164 personas no cumplían función alguna. La actual titular del instituto, Luana Volnovich, también se encontró con una deuda acumulada de 19.000 millones de pesos, sobre todo con proveedores de la industria farmacéutica y con un déficit anual de 8.400 millones de pesos. La auditoría que hicieron las autoridades entrantes también verificó contrataciones irregulares en consultoría por 88 millones de pesos que equivalen a 5.700 prestaciones médicas perdidas. A ese cuadro hay que sumarle el hallazgo de 17.972 bolsas de Ostomía vencidas y compras de pañales para adultos al mismo precio que en la cadena de farmacias más cara del mercado, algo inadmisible si se tiene en cuenta que el PAMI es un comprador a gran escala que forma precios. Luana Volnovich empezó a trabajar sobre esos problemas para poder cumplir, en un plazo que todavía no puede establecerse, con la restitución de los medicamentos gratuitos a los jubilados.
Volnovich es politóloga, pero tiene experiencia en temas previsionales: como diputada, en 2018 fue nombrada vicepresidenta de la comisión de Previsión y Seguridad Social. La actual titular del PAMI sabe que hoy la institución está funcionando muy mal. La auditoría que encargó y a la que tuvo acceso Página/12 explica por qué el organismo que tiene 14.000 empleados está sub-prestado: el macrismo puso tantas trabas para que los adultos mayores puedan atenderse que terminó ganando un efecto desaliento. Desde la nueva administración ya están trabajando para agilizar los trámites y para solucionar los problemas que generó la gestión anterior y se detalla en esta nota.
Tierra arrasada
Contrataciones ilegales
La auditoría detectó que el 9 de diciembre, cuando el anterior titular del PAMI ya había renunciado, su segundo en el cargo renovó el contrato de 890 personas. Lo hizo por un año, cuando se estila hacerlo por seis meses. Volnovich decidió no "vengarse" de la gestión anterior, que cuando llegó al poder sí persiguió políticamente a personas nombradas por el kirchnerismo y lo que hizo fue ver quiénes cumplían funciones y quienes no: se renovaron 726 contratos y se rescindieron 164 de personas que no tenían tarea asignada. Con esos sueldos, el PAMI hubiese podido contratar 164 médicos de cabecera.
Deuda y Déficit
Son dos problemas urgentes. La deuda acumulada que el macrismo dejó en el PAMI, sobre todo con proovedores de la industria farmacéutica, asciende a 19.000 millones de pesos. Y el déficit anual del organismo 8.400 millones de pesos.
Estos números no son producto del azar: el PAMI se financia en un 70 por ciento con aportes de los trabajadores activos y en un 30 por ciento con los aportes de los jubilados. El aumento en el desempleo durante los cuatro años anteriores y la reconversión del empleo formal registrado en monotributo afectó la recaudación del organismo. Se perdieron 174 mil puestos de trabajo en el sector privado y se registran 145.000 monotributistas más. Cabe destacar que un monotributista aporta a las arcas del PAMI menos del diez por ciento de lo que lo hace un asalariado.
Gastos en consultoría
Se detectaron gastos millonarios en consultoría en diferentes áreas del instituto. Se gastaban 51 millones de pesos anuales en asesoramiento en procesos administrativos que para la actual gestión no tienen ninguna justificación. Y también se destinaban 37 millones de pesos anuales en consultoría en sistemas cuando el PAMI tiene 250 personas trabajando en ese área.
La cifra mensualizada da 7 millones de pesos que equivalen a 5700 prestaciones médicas que se podrían haber puesto a disposición de los afiliados. La idea que tiene Volnovich es ir reemplazando esas costosas consultorías por el aporte que se puede hacer desde las distintas universidades del país.
Irregularidades en la compra de pañales
El 50 por ciento de los pañales que compra el PAMI como insumo para los adultos mayores se denominan "pañales rectos". El macrismo estaba pagando 28.02 pesos cada pañal y la compra mensual es de 6.448.320 unidades. El precio minorista promedio es 21.29 pesos cada uno. La compra de un artículo tan demandado al precio que lo vende la cadena de farmacias más cara del país no cierra desde el sentido común si se tiene en cuenta que el PAMI es un comprador a gran escala y por ende, formador de precios. La pérdida que generó este derroche fue de 43.397.194 millones de pesos al mes.
Sillas de ruedas y Bolsas de Ostomía
Las autoridades entrantes se encontraron con 17.972 bolsas de ostomía vencidas, lo que habla claramente de una deficiencia en la prestación. Respecto de las sillas de ruedas y elementos ortopédicos, la situación no es mejor: fueron encontrados de a cientos amontonados sin ninguna identificación o rotulado. Y no es que no hagan falta: en 2019 hubo 167.323 pedidos y solo se entregaron 113.035. Una simple resta confirma que hay 54.288 personas que por desidia aún esperan su pedido. En el nivel central de la institución también se encontró un lote de zapatillas que correspondería a donaciones destinadas a poblaciones vulnerables que nunca fueron entregadas.
Irregularidades en la atención
La demora promedio en algunas de las Unidades de Gestión Local (UGL) y agencias del país llega a una hora cuarenta minutos. Las nuevas autoridades de la institución consideran que ese retraso es una falta de respeto inconcebible y están trabajando agilizar los trámites.
El futuro
Desde el PAMI consideran que la debilidad en la que se encuentra el organismo es consecuencia de las decisiones de política macroeconómica que generó el macrismo. Y si bien la obra social es autónoma, Luana Volnovich va a trabajar las políticas en coordinación con el ministro de Salud, Ginés Gonzalez García. Una de las prioridades a futuro es cumplir el mandato de campaña de Alberto Fernández de devolverles a los jubilados los remedios gratis que les quitó el macrismo.
Todavía no hay anuncios al respecto, pero están trabajando con dos premisas. Una de ellas, que las nuevas autoridades consideran muy importante, es hablar con los médicos para que no receten de más por presión de los laboratorios. Cerca de Volnovich están convencidos de que la gran discusión es si las reglas de juego las pone el Estado o el mercado.
La otra premisa es que con el tiempo, los jubilados que realmente los necesiten vuelvan a tener los medicamentos gratis. Cuidando que no haya avivadas. Ese anuncio no tiene fecha, pero las actuales autoridades están estudiando cuál va a ser el criterio para establecer quiénes son los que realmente los necesitan con un concepto rector de universalidad para revertir la política de medicamentos del macrismo.
En enero de 2017, las autoridades del PAMI habían usado una serie de casos aislados de jubilados millonarios que usaban el beneficio para instalar en la opinión pública la idea que la mayor parte de los adultos mayores vivía lo suficientemente bien como para no necesitar la gratuidad de esos remedios.
"El PAMI limitará la entrega de medicamentos gratis a los afiliados que tengan prepaga", titulaban los diarios en enero de 2017. Y cumplieron. Luego, se aprobó el cambio en el cálculo en la movilidad jubilatoria. Todo en un contexto de inflación que afectó sobre la media el precio de los remedios.
La inflación de los medicamentos, entre mayo de 2015 y octubre de 2019 alcanzó 457 por ciento en lo que se refiere al valor de venta al público y fue de 297 por ciento en el precio de los afiliados al PAMI. La consecuencia ya conocida es que las personas mayores dejaron de consumir su medicación o lo hicieron de manera limitada para ahorrar.
El gobierno nacional reordena la distribución de los fondos coparticipables
Alberto Fernández reducirá la coparticipación que recibe Rodríguez Larreta
La disminución será del 1 por ciento y se realizará a través de un decreto que todavía no tiene fecha de publicación. El Presidente se lo anticipó al jefe de gobierno porteño en diciembre pasado quien se había beneficiado en 2016 por un decreto de Macri que perjudicó al resto de las provincias argentinas.
El 6 de diciembre Alberto Fernández le anticipó a Horacio Rodríguez Larreta la decisión de reducir la coparticipación federal.
No hay ningún refrán que diga algo al respecto pero en la administración pública está claro que lo que un decreto presidencial incrementa otro lo puede reducir. Eso es lo que ocurrirá en poco tiempo más cuando el presidente Alberto Fernández rubrique un decreto que disminuirá la favorable distribución de la coparticipación que durante cuatro años gozó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta decisión no será una sorpresa para el gobierno porteño que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Se lo anunciaron en diciembre pasado. La reducción será, por ahora, de un punto porcentual que de acuerdo al actual presupuesto representa unos 36 mil millones de pesos que la Nación necesita para cubrir los agujeros que dejó el modelo económico de Mauricio Macri.
En enero de 2016, a poco de asumir el entonces presidente Macri le concedió al también flamante jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, un incremento en la coparticipación que pasó de 1,4 al 3,75 por ciento. Todo un beneficio para el distrito más rico del país en detrimento del resto de las provincias. Rodríguez Larreta aceptó sin chistar ese porcentaje aunque sus funcionarios siempre dijeron el beneficio no era para tanto porque la ciudad aporta a la copartacipación nacional entre un 22 y un 25 por ciento y sólo recibe el 3,75. Porcentaje que luego se redujo a 3,5 cuando en noviembre de 2017 se firmó el Consenso Fiscal. El argumento que se utilizó para justificar el decreto presidencial era que se debía financiar la creación de la policía porteña.
Transcurrido cuatro años que incluyó el desastre de la política económica macrista, el presidente Alberto Fernández recurrirá también a la misma herramienta pero en esta oportunidad para reducir ese porcentaje que, al decir de los funcionarios porteños, no les mueve el amperímetro al presupuesto de la Capital Federal. El dinero que dejará de percibir Larreta irá al Tesoro Nacional.
El resquicio legal que le permitió tanto a Macri como a Fernández para incrementar o reducir ese porcentaje tiene que ver con una pequeña cuestión técnica y también de temporalidad. La ley de Coparticipación es de 1988 y por lo tanto es preexistente a la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, en esos años el porcentaje de dinero que le correspondía a la Capital Federal por "coparticipación" lo calculaba el Poder Ejecutivo y lo implementaba a través de un decreto. Eso fue lo que le permitió a Macri subir el porcentaje en 2016 y cuatro años después a Fernández reducirlo. Por ahora esa disminución será del uno por ciento pero en la Casa Rosada consideran que es posible que lo que perciba CABA sea solo del 2 por ciento.
La Coparticipación Federal de Impuestos establece una redistribución de los ingresos nacionales en función de las necesidades de cada provincia, lo cual no coincide necesariamente con la proporción de habitantes que vive en cada una de ellas. Se espera que el sistema redistribuya en favor de las provincias “pobres” adjudicándole un monto por habitante muy superior al que recibe una provincia “rica” que, además, estará en mejores condiciones de autofinanciarse que la anterior. En ese sentido, el aumento a la Ciudad de Buenos Aires de 2016 operó el efecto contrario: “premió” al distrito más rico en detrimento del resto. Es lo que ahora se busca subsanar.
Si bien desde el gobierno porteño no emitieron opinión sobre esta medida, lo cierto es que ninguno puede decir que no lo sabía. Este tema fue parte de la charla que Fernández mantuvo con Larreta el 6 de diciembre cuando el jefe de gobierno porteño lo visitó en las oficinas que tenía el Presidente en el barrio porteño de San Telmo. De aquel día solo se informó que el entonces presidente electo le había solicitado a Larreta que quite las rejas de Plaza de Mayo.
Pero hay un dato más: el 16 de diciembre Larreta firmó junto al resto de los gobernadores la adenda al Consenso Federal de 2017 que les impedía incrementar impuestos locales. Por lo tanto Larreta tiene las manos libre para retocar impuestos para compensar lo perdido y si hay algo que a Rodríguez Larreta le encanta es actualizar tributos.
La noticia fue bien recibida por dirigentes del peronismo. Por caso, el titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Javier Noguera, no sólo respaldó la decisión del presidente Fernández sino que además aseguró que el incremento que en su momento había implementado Macri "agudizó aún más las profundas asimetrías que existen entre el puerto y la periferia. La Capital Federal se parece más a un ciudad europea que a sus pares argentinas y eso no es correcto ni normal. Es una mueca más de la trágica historia argentina que sigue concentrando la renta en el puerto en perjuicio del resto del país", indicó el intendente de la localidad tucumana de Tafí Viejo. Es más, señaló que "esta visión centralista-porteña debe cambiarse por una mirada federal que resuelva los problemas del desarrollo en el basto territorio nacional".
La afirmación de Noguera crece en peso específico cuando se miran los números nacionales donde la ciudad de Buenos Aires se destaca como el distrito que más recauda de todo el país. Tan es así que lo que recibe en concepto de coparticipación nacional representa solo el 11 por ciento de su presupuesto.
Elevan a juicio el expediente por la compra de Gas Natural Licuado
Una causa basada en un peritaje trucho y un falso abogado
En un inicio, el caso abarcaba a 25 imputados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y señalaba una defraudación de 6900 millones de dólares. Pero se derrumbó por múltiples irregularidades, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D'Alessio. Terminó incluyendo a cinco acusados, sin CFK, y apuntando a un supuesto fraude de 124 millones.
Por Raúl Kollmann
El fiscal Carlos Stornelli.
Imagen: Enrique García Medina
Imagen: Enrique García Medina
La elevación a juicio de la causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) es una pintura de las andanzas de la coalición judicial--política--mediática con sede en Comodoro Py y alineada con Cambiemos. Al principio de la causa hubo 25 imputados. En la elevación terminan acusados cinco. La acusación tenía el objetivo principal de apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso se cayó a pedazos, o sea que ella no va a juicio en esta causa. En la imputación original, fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho Marcelo D'Alessio, se habló de una defraudación de 6900 millones de dólares, pero ahora esa cifra bajó a 124 millones, cifra 55 veces menor que la original, lo que demuestra la manipulación. También se imputa por supuestas maniobras en el puerto, pero no se sabe la cifra ni cuál fue la mecánica ni quién hizo las maniobras. El juez Claudio Bonadio argumenta que no usó a Cohen y a D'Alessio para elevar la causa a juicio, pero lo único que hizo fue no nombrarlos: la acusación es la misma, usando lo que el perito y el falso abogado dijeron, aunque como quedaron evidenciadas las falsedades, las imputaciones terminaron reducidas a la mínima expresión.
Elevación
El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7 que tendrá que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes, porque se cayeron por truchos, y tampoco hay testigos de peso, porque D'Alessio es impresentable. En la causa del GNL, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro cuando el expediente se había caído por el falso peritaje.
Por supuesto que D'Alessio declaró como abogado, o sea ya falseó su testimonio desde el primer minuto. Y, además, entregó cuatro carpetas que --según él-- recibió de manera anónima. El contenido de esas cuatro carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, o sea que también ese material nació de forma fraudulenta: lo escribió e imprimió el propio D'Alessio, quien obviamente mintió diciendo que el origen era desconocido.
Orígenes
La causa del GNL empezó en 2014 a raíz de una denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Los dirigentes del PRO simplemente dieron cuenta de una sospecha: que podría haber sobreprecios en las compras del gas, que empezaron en 2008, y que fueron necesarias a raíz del crecimiento de la economía y varias oleadas de frío.
El dúo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio no se anduvo con chiquitas y fijó la defraudación en 6900 millones de dólares, una cifra tan descomunal que hasta el propio ministro macrista Juan José Aranguren sostuvo que era un delirio. El gas se compraba a las más grandes empresas del mundo British Petroleum; Gas Natural Fenosa, Shell, Stanley & Poors, Repsol y otras. Del lado argentino, fueron procesadas 25 personas. En cambio, ninguno del lado de los vendedores: se supone que si hubo sobreprecios debía haber complicidades de los dos lados del mostrador.
Lo cierto es que el peritaje realizado por David Cohen se cayó a pedazos. El juez tomó su trabajo y descartó los estudios de otros peritos, pese a que se demostró que lo hecho por Cohen fue copiado de estudiantes chilenos y no tenía el menor rigor científico. Falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano --el Henry Hub-- que en todas las instancias fue demolido por los expertos porque no sirve para comparar con los precios de gas trasladado en barcos. El perito ya afronta un juicio oral por falso testimonio agravado.
La cuestión es todavía más seria: en un entrecruzamiento de llamadas presentado por el ex funcionario de Infraestructura Roberto Baratta, se advierte que Cohen hablaba por teléfono con grandes estudios de abogados ligados al PRO, funcionarios de Cambiemos, abogados que trabajaban para la Agencia Federal de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad, el de Justicia. La impresión es que estaba complotado con toda la trama judicial--política--mediática que respondía a la Casa Rosada.
Caído el peritaje de Cohen, la Cámara Federal anuló los procesamientos y les dijo al fiscal y el juez que debían demostrar sobreprecios con un nuevo estudio. La causa se elevó ahora a juicio sin que se haga el estudio ordenado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es más, el magistrado estima un sobreprecio, ya no de 6900 millones sino de 124 millones de dólares, otra vez sobre la base del Henry Hub, que los propios camaristas destrozaron.
O sea, el juez dice que sacó a Cohen de la causa, pero lo dejó tácitamente.
Rescate
Cuando la causa se hundía irremediablemente por el fraude del perito, a fines de 2018, el periodista Daniel Santoro presentó a D'Alessio, tal como lo reveló el fiscal Stornelli.
El 5 y el 12 de noviembre de 2018, D'Alessio declaró en la causa ante Stornelli, sin que el fiscal tuviera delegada la investigación: dijo ser abogado, entregó documentación robada de Enarsa, empresa en la que dijo que se había infiltrado y entregó cuatro carpetas que, según él, recibió de manera anónima en su estudio. La declaración de D'Alessio estuvo escondida: recién se incorporó al expediente en febrero cuando ya había estallado el escándalo en la causa de Dolores. Ramos Padilla desarmó toda la patraña basándose en lo que encontró en la computadora de D'Alessio, secuestrada durante el allanamiento a su vivienda.
¿Qué decía D'Alessio? Que en realidad hubo una defraudación con los seguros de los barcos y que Cristina Fernández de Kirchner llamó personalmente a Enarsa para interiorizarse de la cuestión. La mentira no se sostuvo: los camaristas Bruglia y Bertuzzi sacaron a CFK de la causa porque no se podía basar esa acusación en los dichos del oportuno D'Alessio.
Pero el falso abogado también mencionó defraudaciones en materia de gastos portuarios y por la intermediación del estudio de los hermanos Dromi. La Cámara ordenó entonces que se estudiara la cuestión, que se profundizara la investigación sobre una posible defraudación. El magistrado ignoró la orden y elevó el expediente a juicio mencionando una generalidad: que hubo facturaciones de hasta 700 mil dólares en cada barco, pero sin precisar si hubo maniobras o no, ni de cuánto podría ser el perjuicio. En una palabra dijo: "que se ocupe el Tribunal Oral".
Como se ve, el juez dice que no usó a D'Alessio pero lo único que evitó fue nombrarlo. Mantuvo las acusaciones formuladas por el falso abogado, pese a que la Cámara ordenó la anulación de aquella declaración auspiciada por Santoro y concretada ante Stornelli.
Juicio
El TOF 7 recibe entonces el expediente sin que se hubieran hecho ni los peritajes ni los estudios que reclamaba la Cámara Federal. Pero, además, el magistrado dijo que no podía probar sobreprecios entre 2008 y 2011 porque no consiguió que le entregaran la documentación necesaria, que había pasado por la Auditoría General de la Nación. La Cámara le ordenó conseguir ese material. El juez tampoco lo hizo.
O sea que se pretende llegar a un juicio oral sin peritajes, sin la descripción ni datos reales sobre los supuestos delitos, sin la documentación pedida por los camaristas, con un testigo (D'Alessio) que está preso y con un perito (Cohen) procesado y camino a juicio.
Nada de eso importó. Es una causa que fue clave para la ofensiva política de Cambiemos: se usó para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta; para acusar a CFK y dictarle otra prisión preventiva y luego, de manera grotesca, armaron sobre el expediente del GNL el de las fotocopias de los cuadernos, argumentando que eran los mismos acusados y la misma asociación ilícita.
Fuente:Pagina12
AF presentó Argentina Hace: "Un plan integrador porque la mitad de los que trabajen van a ser mujeres"
La presentación fue en San Fernando, con la presencia de Axel Kicillof, Malena Galmarini y el intendente Andreotti, entre otros ministros.
9 de Enero de 2020
El gobierno nacional presentó este jueves en San Fernando el plan Argentina Hace, que busca reactivar la economía a través de obras locales y generar “20 mil puestos de trabajo”.
El plan fue presentado por el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la presidenta de AySA Malena Galmarini, el ministro de Obras Públicas Martín Katopodis, el intendente local Juan Andreotti, el ministro del Interior Wado de Pedro y la ministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta, ante miles de personas.
En el discurso, el presidente aseguró que llegó al gobierno “con la consigna de no especular y que el plan es parte de la lógica de hacer las cosas bien”.
El plan, que incluye una inversión de 8.500 millones de pesos, “es absolutamente integrador porque resuelven obras que se necesitan en todo el país y estarán hechas por los propios vecinos y pymes”, planteó Alberto y agregó: “Es un plan integrador porque la mitad de los que trabajen van a ser mujeres”.
El presidente destacó que “Axel será un gran gobernador” y apuntó a la unidad: “Unidos llegamos, unidos vamos a construir el día a día, unidos vamos a hacer un país mejor para los argentinos, unidos vamos a terminar con la desigualdad y unidos vamos a poner en pie a la Argentina que todos, todas y todes nos merecemos”.
El nuevo programa que pondrá en marcha el gobierno nacional brinda capacitación en gestión empresarial, ayuda a formular el plan de negocios, acompaña con tutorías para ponerlo en marcha y en su crecimiento; y además, lleva a los emprendedores a ferias y rondas de negocios y los contacta para que puedan vender sus productos.
Frederic y Berni crearán un comando para coordinar tareas de seguridad
Los titulares del ministerio de Seguridad de la Nación y de Provincia se reunieron para acordar detalles del organismo que tiene como fin coordinar acciones de las fuerzas federales dentro del territorio bonaerense.
9 de Enero de 2020
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, acordaron este jueves la creación de un Comando Unificado para coordinar y organizar las tareas de las fuerzas de seguridad federales en el territorio provincial, informaron fuentes oficiales.
Según voceros del organismo nacional “el encuentro giró esencialmente en torno al armado de un Comando Unificado entre la Nación y la provincia para coordinar acciones de las fuerzas federales en el territorio bonaerense”.
Ese Comando estará encabezado por un representante de cada Ministerio y analizará cómo distribuir a los efectivos que ya están asignados en la provincia, las necesidades de cada zona y, si es necesario, evaluará sumar más fuerzas en algún lugar, agregaron las fuentes.
En un comunicado emitido por la cartera nacional, el encuentro entre ambos funcionarios fue calificado como ”fructífero”, al tiempo que destacó que se logró avanzar en “varios acuerdos entre ambos ministerios”.
Además, el texto indica que la experiencia del Comando Unificado “fue implementada en la provincia de Santa Fe con óptimos resultados”.
Otro de los puntos que trataron Frederic y Berni en la reunión llevada a cabo en la sede del Ministerio nacional fue la implementación de “módulos de capacitación destinados al personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de las Policías Locales”.
“Al respecto, se desarrollará una propuesta conjunta que aprovechará la experiencia adquirida por la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina en dispositivos de seguridad como, por ejemplo, las Unidades de Prevención Barrial”, explica el comunicado, en el que se adelanta que la semana próxima ambos ministros “evaluarán de manera conjunta las distintas propuestas de capacitación formuladas”.
Tras el encuentro con Berni, la ministra Frederic se reunió con los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales -Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria- y con su equipo de gabinete para analizar la articulación entre los efectivos a su cargo y las diferentes fuerzas de las provincias argentinas.
A tal fin, Frederic ya mantuvo reuniones con gobernadores y ministros de Seguridad provinciales para obtener un panorama integral de las necesidades a nivel nacional en materia de seguridad, explicaron fuentes de la cartera.
El miércoles la ministra participó de la jura de comandantes gendarmes de la escuela Martín de Güemes y anticipó que desde su cartera buscan "fortalecer su legitimidad social que es reflejo del valor profesional, de la responsabilidad, la idoneidad y la dedicación de sus integrantes".Queremos fortalecer su legitimidad social que es reflejo del valor profesional, de la responsabilidad, la idoneidad y la dedicación de sus integrantes.
Ayer por la tarde participamos de la jura de los comandantes generales Andrés Severino y Javier Lapalma, flamantes director y subdirector de @gendarmeria, en la Escuela “Gral. Miguel Martín de Güemes”.
Fuente:TiempoArgentino
09.01.2020 / Economía
El monopolio que sacó el azúcar de Precios Cuidados
Se trata de un producto que por primera vez no es parte del programa oficial para tener valores de referencia en los supermercados. Solo dos empresas monopolizan su producción y decidieron salir de la lista por un motivo que enojó al Gobierno.
El periodista Leandro Renou reveló en el portal Letra P que las azucareras que monopolizan las primeras marcas, Ledesma y Chango, pidieron un aumentazo que no fue avalado por la gestión de Alberto Fernández.
Pretendían subir sus precios un 25%, cuando en la la secretaría de Comercio Interior que conduce Paula Español y el ministerio de Producción de Matías Kulfas tienen registrado que durante 2019 ya aumentaron 100%. Muy por arriba de la inflación.
Como la adhesión a Precios Cuidados es voluntaria, desde el Gobierno aceptaron que se bajen del programa y por ese motivo no hay azúcar en el listado final.
Es la primera vez que ocurre desde la creación del programa de precios de referencias y, en el mismo portal que se reveló el motivo, aseguraron que "causó mucho enojo en la Casa Rosada".
Fuente:PoliticaArgentina
Mohsen Rabbani, acusado del atentado a la AMIA, cree que "a Nisman lo mataron"
El iraní sostuvo que al fiscal lo asesinaron para que no cuente la verdad y manifestó que Irán "no tiene nada que ver con la AMIA".
Mohsen Rabbani, principal acusado por el atentado a la AMIA, afirmó que al fiscal Alberto Nisman lo mataron para que "no se sepa la verdad" y sostuvo que Irán "no tuvo nada que ver" con el ataque a la mutual israelita que fue volada por un coche bomba en 1994 causando la muerte de 85 personas.
"Las acusaciones se mantienen porque es un negocio para ellos. Yo me pregunto por qué cuando Nisman queria aclarar a los diputados que podían hacer preguntas muy precisas... ¿quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que los argentinos sepan la verdad? ¿Por qué encarcelan a D´Elía porque viajó a Irán?", preguntó Rabbani, quien era el principal acusado según la investigación de Nisman.
En conversación con Gustavo Sylvestre en Radio 10, Rabbani además atacó al fiscal Nisman al decir que estuvo influenciado por Estados Unidos para hacer la investigación contra Irán. "Para eso le pagaban", afirmó el iraní, quien se negó a declarar en la causa AMIA y justificó: "Si no he hecho nada, qué voy a declarar".
Rabbani: "A Nisman lo mataron para que no se sepa la verdad"
Acerca de los ataques terroristas por el conflicto con Estados Unidos, Rabbani sostiene que el gobierno de Donald Trump "cometió un grave error con el asesinato a Soleimani" y negó que estén involucrados en el ataque al avión de Ucrania, negando la acusación de Canadá.
Rabbani era el agregado cultural del país persa en la década del '90 y, según Antonio Stiuso y Alberto Nisman, parte de quienes habrían planificado y ejecutado el atentado terrorista el 18 de julio de 1994, en el cual murieron 85 personas. La acusación se basó en informe de inteligencia de parte del ex hombre fuerte de la SIDE. En 2007, Nisman consiguió que Interpol publicara las Alertas Rojas, que implica un aviso de captura. Era una de las personas que debían declarar en la causa en calidad de acusado, en caso de que se hubiera puesto en funcionamiento el memorándum de entendimiento que firmaron Argentina e Irán en 2013. Según Nisman, el memorándum era una coartada para lograr el presunto encubrimiento del atentado.
Fuente:ElDestape
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