Agentes de Inteligencia en la Dictadura: Presentes en cada Comisaría
Por Rodrigo Zapana y María Del Carmen López (Para H.I.J.O.S. Jujuy)
Durante la mañana del jueves 20 de febrero del corriente año, tuvo lugar en el edificio del Tribunal Oral Federal (TOF), la audiencia 55 del sexto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy durante la última dictadura militar.
Apenas iniciada la jornada de audiencias, se notificó desde secretaría que el testigo citado Eduardo Domingo Torres, falleció en el mes de agosto de 2019, según manifestó su propio hijo y que, por su parte, Oscar Alberto Seco, otra de las personas requeridas por el Tribunal, falleció hace más de seis años.
Por otra parte, se informó que la próxima inspección ocular solicitada por la fiscalía, tendrá lugar el próximo jueves 5 de marzo, en el servicio penitenciario provincial, Unidad N° 1.
Pabellón 5: El testimonio impreciso y balbuceante de un ex penitenciario
Marcelino Juan Pablo Reinoso. Ex celador del servicio penitenciario.
El primer testigo en declarar fue Marcelino Juan Pablo Reinoso, quien manifestó haber servido como celador de pabellón durante los años 70 en el penal de Gorriti, por lo que los nombres de los represores imputados en la causa tales como: Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez, Herminio Zárate, Juan Carlos Lucero, Zeferino Narváez y Osvaldo Héctor Caraballo, le resultaron conocidos, según manifestó mientras el juez Federico Díaz se los mencionaba.
Si bien indicó no poder recordar si trabajó o no durante la jornada del 24 de marzo de 1976, el declarante señaló como un gran cambio la sustitución de las autoridades del penal, aunque sin brindar los nombres, rangos, ni la procedencia de los nuevos responsables al mando de la unidad carcelaria. “Han pasado muchos años ya. No me acuerdo de casi nada”, respondió de forma apenas audible ante la fiscalía.
De igual modo, evitó brindar los nombres de quienes fueron sus compañeros o personal de más alto rango en la seguridad interna de la prisión: “Fueron tantos que ya no me acuerdo”, indicó. “En cada jornada teníamos un jefe de guardia, también jefe de turno, y en total éramos tres celadores que hacíamos rondas de 24 horas”, explicó, añadiendo que también cumplió funciones en la seguridad externa de la cárcel, pero sin brindar mayores detalles al respecto.
“Solía haber una garita en el ingreso donde quedaban registrados todxs lxs que ingresaban de visita los sábados”, sostuvo el ex penitenciario ante la fiscal Marina Cura, quien aprovechó la mención para preguntar si en esa misma garita se registraban los ingresos de familiares de presxs políticxs a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). “Seguramente se registraban, todos se tenían que registrar para entrar, pero ya pasaron varios años y no me acuerdo de esas cosas”, expresó para cerrar su respuesta.
Sin embargo, la fiscalía insistió preguntándole si tenía conocimiento de que en el penal de Gorriti habían presxs políticxs, si contaban con personal dedicado solo a su custodia y si el régimen para ellxs era diferente, ante todas estas preguntas, Reinoso solo se limitó a replicar: “No sé, yo estaba en el pabellón quinto, y los presxs políticos estaban en otro pabellón. Pero no me acuerdo en cual estaban”.
En cuanto a los imputados en la causa, mencionados al inicio de su testimonio, el ex celador eludió dar detalles sobre sus funciones específicas en la seguridad interna o externa al penal: “Algunos trabajaban adentro o afuera. Eran mis jefes”, se limitó a responder.
Por otro lado, la abogada querellante María José Castillo, le consultó: “Dígame, durante su servicio en el penal de Gorriti, ¿pudo ver efectivos militares cumpliendo funciones?”. La respuesta inmediata a esta pregunta fue negativa, no obstante, ante la insistencia de la querella, Reinoso reconoció de forma poco clara y contradictoria: “Yo trabajaba dentro del pabellón, nunca vi militares, ellos estaban separados en otro pabellón”. Tras estas declaraciones, y respondiendo nuevamente que le era imposible recordar si las nuevas autoridades del penal a partir del golpe de Estado de 1976 fueron civiles, penitenciarias o militares, se levantó de su asiento y procedió a abandonar la sala.
Servicios de inteligencia: “Solo ellos sabían los lugares y la hora de sus reuniones, andaban en secreto”
Joaquín Roque Salas. Ex oficial de la policía de la provincia.
El segundo testigo en pasar a la sala fue el ex policía Joaquín Roque Salas, quien expresó haber conocido a los imputados Pedro Ríos y José Américo Lezcano, sobre este último mencionó: “Su tío sabía ser policía, y además fuimos compañeros en la escuela primaria. Después supe que puso un servicio de vigilancia cuando se jubiló, pero ya hace muchos años que no lo veo”.
La primera pregunta de la fiscalía rondó en torno al hallazgo del cuerpo de una mujer en el año 1976 en la jurisdicción de la seccional 5ta, donde Salas se desempeñaba como comisario. Inmediatamente, respondió diciendo: “Usted se refiere al hallazgo de Vilte, no sé si es la misma a la que usted se refiere, yo era jefe de la 5ta y vinieron dos turistas a mediados del año 1976 diciendo que habían encontrado restos humanos cerca del puente del río Reyes, entonces fuimos a ese lugar y realizamos el secuestro de los restos. Logramos determinar, luego de la investigación del agente Marcelo Miranda, que se trataba de una mujer de apellido Vilte”.
Por su parte, María José Castillo, la abogada querellante, le solicitó a Salas mayor información sobre el hallazgo del cuerpo previamente mencionado, Salas respondió: “Se hicieron las actuaciones correspondientes, y se elevó la causa al juzgado. Nosotros lo único que hicimos fue ubicar el nombre, de la señora Marina Vilte*, después con los años me tomaron declaración por esa misma causa en los tribunales, en el Juzgado Federal de la calle Belgrano, después en la calle San Martín, como diez veces llevo declarando ya”, expresó, para recalcar su participación en la investigación de esta causa tan poco clara.
Al ahondar la querella en cómo se determinó la identidad del cadáver, el testigo entró en contradicción, ya que la familia de Marina Vilte aún no ha tenido noticias sobre el destino final de la docente desaparecida, el ex comisario indicó: “Se hizo el reconocimiento con familiares, armamos un legajo y con el tiempo la documentación fue entregada al juez y pasó por distintas manos”.
En un momento de la declaración, desde la fiscalía se trató de obtener mayores detalles sobre el tratamiento que tuvieron los restos de la mujer, hecho referenciado en un principio de la declaración, por lo que Salas respondió: “Todo eso se mandó a sanidad para la correspondiente autopsia, después creo que se ubicó a la familia, hubo gente de criminalística, pero no supe más. En la investigación inicial también participaron Marcelo Miranda y el Sargento Funes ya que los dos trabajaban en la comisaría 5ta conmigo”.
Por su parte, el presidente del tribunal, el juez Federico Díaz, consultó: “Señor Salas, ¿Esta mujer que usted encuentra, ya era buscada por la policía durante los días previos?”, a lo que el testigo replicó: “En mi comisaría y jurisdicción no, pero cuando la encontramos nos enteramos que en otra jurisdicción una mujer de nombre Marina Vilte era buscada por su familia porque se había perdido, que la buscaban y la echaban de menos, pero como era maestra pensaban que se había ido a visitar a unos amigos, pero nada más”. En el mismo sentido, el juez le preguntó sobre cuál había sido el destino de los restos: “fueron entregados a la familia”, contestó.
A su vez, Salas aseguró además que del operativo solo participaron efectivos policiales, negando cualquier participación de personal de otras fuerzas como gendarmería o ejército. Posteriormente pasó a explicar que en las seccionales policiales solían haber efectivos de esa fuerza que desarrollaban tareas de inteligencia y que respondían a personal jerárquico externo a las dependencias policiales.
De izq a dere, los imputados Pedro Rios y Jose Americo Lezcano.
“Yo jamás me metí en esos grupos, que la mayoría respondían al Subjefe Olmedo o Ernesto Jaig, Enrique Morales del ramal, Damián Vilte, Ruiz, que falleció electrocutado, el otro policía que también se llamaba Enrique Morales, Américo Lezcano que también estaba y se repartían en toda la provincia. Siempre se reunían en la jefatura o la sub jefatura”, detalló Salas.
Posteriormente, el ex oficial negó haber visto en las dependencias policiales personas detenidas por motivos políticos. “Yo nunca vi esos detenidos, y nunca me pidieron realizar averiguaciones de ese tipo. Los que se dedicaban a inteligencia era un grupo nomás, a los demás no nos incluían en esas tareas”.
En un momento, la fiscal Marina Cura interpeló al testigo preguntándole sobre el imputado Pedro Ríos. “Él estaba como jefe en Monterrico, en la seccional 29, y creo que estaba en los servicios de inteligencia junto con el tío, de apellido Soruco”, de igual modo fue consultado por el papel del represor Lezcano. “Creo que en el 76 él estaba con la infantería aquí en la central de policía, después lo mandaron de inspector conmigo en el año 86 más o menos”.
Retomando el rol del personal de inteligencia, el declarante sostuvo que por lo general vestían de civil, y destacó el servicio de un sargento de apellido Funes, que, si bien pertenecía a su propia dependencia policial, solo rendía cuentas ante los jefes del servicio de inteligencia provincial. “Solo ellos sabían los lugares y la hora de sus reuniones, andaban en secreto, a los demás no nos participaban de nada”, manifestó. Sobre estas mismas líneas la querella le solicitó mayor información sobre el jefe de policía Pablo Meriles, por lo que el testigo sólo lo mencionó en relación a su superior, el oficial Pablo Silvera, limitándose a indicar que ambos sirvieron en la subjefatura de policías.
Las declaraciones concernientes a la identidad del cuerpo encontrado en las proximidades del río Reyes, y la fecha de hallazgo en el año 1976, según indicó previamente el ex policía, resultan inverosímiles debido a que, el secuestro de Marina Vilte ocurrió la noche del 31 de diciembre de 1976 y como se mencionó antes, la familia, desde el día de su secuestro, nunca más volvió a tener novedades de la dirigente sindical. ¿Cuál fue la intención de Salas de “tirar” esos datos ante víctimas y familiares que presencian cotidianamente las audiencias?, Aún es una incógnita.
“No lo voy a negar en esa época había personal militar”
Raúl Ángel Silvera. Ex policía de la provincia.
El tercer y último testigo en declarar fue el ex policía de la provincia Raúl Ángel Silvera quien ingresó rápido a la sala claramente apurado. Silvera quien entró a esa fuerza en 1975, relató que desempeñó funciones: “en el sector de División, Coordinación y Enlace. Tuve la suerte de tener conocimientos en dactilografía y administración.... Mis funciones se relacionaban con registrar la entrada y salida del personal que trabajaba en la central, administrar papeles como partes médicos, planillas prontuariales. Trabajé siempre en esta área hasta el año 1999, cumplí los 25 años de servicio y pedí mi retiro voluntario”.
La fiscal Marina Cura, quien inició la ronda de preguntas, le consultó al testigo sobre su inmediato superior, Silvera afirmó que se encontraba bajo las órdenes de Juan Carlos Vaca: “él controlaba el servicio de administración y el resto del destacamento”.
Continuando con el interrogatorio la abogada le pidió al declarante que describiera cómo se encontraban distribuidas las oficinas en la institución policial entre los años 1976 y 1983, periodo que comprendió el último golpe militar: “mi oficina quedaba al frente de una garita donde tenían la figura de un santo, junto a esta estaban las oficinas de los dibujantes y los cableoperadores quienes estaban a su vez con los de radio, ellos se comunicaban a nivel provincial”, expresó.
Oficial Juan Carlos Vaca (imputado fallecido)
En el mismo sentido, se le consultó si existía alguna oficina de investigación o área de inteligencia, el testigo desconoció esta área: “ingresando por la calle Alvear estaba la plaza de armas, había un lugar de sastrería, peluquería, un taller mecánico, logística y móviles. Pero un departamento de inteligencia no recuerdo”, manifestó.
El ex comisario Ernesto Jaig, fue uno de los más atroces torturadores, jefe del grupo de tareas perteneciente a la policía de la provincia, llevaba adelante su accionar represivo en conjunto con los responsables del área 323 del ejército. Su oficina estaba ubicada en la central de policía, es por esto que se le solicitó a Silvera que brindara información sobre el despacho del represor, a lo que Silvera respondió: “no estábamos cerca, tampoco teníamos relación, no recuerdo con quiénes se relacionaba y desconozco sus funciones”.
En relación a un área restringida, espacio físico donde eran confinadxs lxs prsxs politcxs en la central de policía, este negó la existencia alguna, pero comentó que “había una oficina al fondo, cerca de los baños, ahí llevaban a las personas que dormían en la calle o se encontraban alcoholizadas”.
Al no obtener, durante todo el testimonio, información que pueda detallar más sobre las funciones y actividades que se realizaban en aquella central, la abogada querellante por H.I.J.O.S Jujuy, María José Castillo, le preguntó al ex personal de la fuerza de seguridad si en el lugar habían detenidxs o presxs a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y si él se encargaba de realizar el registro y todos los papeles vinculados a ellos, el deponente con una actitud fría y evasiva negó tener conocimiento de estas personas y afirmó “desconozco a esas personas, por mi sector no pasaba documentación sobre ellos. Yo me encargaba sólo de hacer lo que dije anteriormente”.
Es importante destacar que la Central de Policía, ubicada en calle Alvear esquina Sarmiento de la capital jujeña, funcionó como centro clandestino de detención (CCD), por allí pasó la mayoría de presas y presos políticxs de Jujuy, muchxs de ellxs aún permanecen desaparecidxs.
Oficial Hugo Armando Ruiz (imputado).
La defensa de los imputados le preguntó a Raúl Silvera si conocía al ex oficial Hugo Armando Ruiz, este contestó que: “trabajaba en otra oficina, en el departamento de operaciones policiales, sólo lo conocí de vista, no me acuerdo qué funciones cumplía ni qué hacían ahí”. También se le consultó sobre otros miembros de la fuerza, como Armando Claros y José Américo Lescano y detalló: “Claros estaba en los patrulleros, no estoy seguro de sus funciones. Y Américo Lezcano lo recuerdo por ser jefe, pero no se desempeñaba en mi sector”, .
Finalmente, la fiscalía indagó sobre la presencia del personal militar en la central de policía, el testigo esquivo y un poco temeroso, respondió con un tono de voz bajo y entre dientes: “no lo voy a negar en esa época había personal militar, algunas veces los veía pasar por mi oficina, pero no sé qué hacían, los veía tomar café”.
La próxima audiencia será el jueves 27 de febrero a las 08:30 horas en el Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy, sito en calle Senador Pérez N° 182. Las audiencias son orales y públicas. Los juicios son de todxs. Se ingresa presentando el documento nacional de identidad.
------------------------------------------------
*MARINA LETICIA VILTE tenía 38 años cuando la secuestran, dirigente sindical, nacida en San Salvador de Jujuy, era maestra de la escuela Normal Nacional. Ocupó el cargo de Secretaria Gral. por tres periodos consecutivos en la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP). Fundadora de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), donde fue designada secretaria adjunta. El 24 de marzo de 1976 Marina es apresada por primera vez y liberada después de un mes. Ya en libertad regresó a ADEP y el 31 de diciembre es secuestrada de su domicilio junto a su hermana Selva la que fue liberada en las afueras de la ciudad, de Marina nunca se supo más nada.
Fuente:H.I.J.O.S.-Jujuy
No hay comentarios:
Publicar un comentario