Pases de factura tras la imputación de dos ejecutivos de Vicentin
Ecos en la Bolsa de una caída muy ruidosa
Se escuchan reproches y lamentos en los pasillos de la institución y además renunciaron dos directivos indirectamente relacionados con el gigante aceitero
Por Pablo Feldman
Padoan fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario
Imagen: Sebastián Granata
Imagen: Sebastián Granata
La suspensión de Vicentin y la imputación de dos de sus máximas figuras --Alberto Padoan y Gustavo Nardelli-- junto al ex-presidente del Banco Nación Javier González Fraga por el multimillonario crédito que puso en vilo a la propia entidad y que la empresa dejó de pagar cuando Mauricio Macri fue arrasado en las PASO, terminó de poner en crisis a la Bolsa de Comercio de Rosario, que sigue actuando como si nada sucediera --salvo un autorreportaje en su órgano propagandístico del presidente Daniel Nasini-- aunque en los pasillos del "edificio inteligente" se han registrado conversaciones y pronósticos que no emergen a la opinión pública, lo mismo que reproches y lamentos. En términos institucionales, salvo la renuncia del protesorero Angel Torti --de la sociedad que integra junto a Guardatti, "estresada" por Vicentin como otras tantas-- y en las últimas horas de Roberto Gianeschi --uno de los pocos representantes de Vicentin que da la cara-- a la Cámara Arbitral en la que sin embargo continua el yerno de Padoan, Santiago Ramos, no se han producido reacciones. Gianeschi fue el encargado de contestar el mismo día de "san Vicentin", a los requerimientos de los corredores que pedían mínimamente saber a qué debían atenerse. La respuesta en varios tópicos que llegó casi a la misma hora que el fiscal Pollicita imputaba a los mandamás de la cerealera --que no integran el directorio-- hablaba de la "renegociación del crédito con el Banco Nación" considerado un "acreedor privilegiado", cosa que difícilmente ocurra a partir de la decisión judicial.
Como se anticipó en esta misma columna la semana pasada, se produjeron novedades en el ámbito judicial y también al interior de la Bolsa. En este último ámbito, dentro del clima de "omertá" que sobrevino tras la caída del gigante, se supo de todos modos que hay mas de 150 presentaciones en la Cámara Arbitral, que serán reconocidas como acreencias y que las firmas de los "APE" (acuerdos privados extrajudiciales) en más de un caso eran "en blanco", allanándose --sobre todo los más pequeños operadores-- a lo que Vicentin dispusiera.
Después de la presentación del fiscal Pollicita, sobre la cual deberá avanzar el juez Julián Ercolini -- el mismo que debería "avanzar" también sobre la causa en la que están implicados el fiscal Carlos Stornelli, Marcelo D'alessio y cia-- en la Bolsa crece la incertidumbre y los cálculos a futuro hablan de un "embudo", allá por mayo, cuando se note el parate de estos días por la salida de operaciones de semejante jugador. Esto preocupa a los operadores que "abrochó" Vicentin, pero también al gobierno provincial, que sigue en silencio en la convicción de que si el tema se menea sólo puede empeorar. Esa fue la conclusión del encuentro que mantuvo el gobernador Omar Perotti con las autoridades de la Bolsa. Más allá del silencio público, desde el Ministerio de Trabajo que lidera Roberto Sukerman hay contacto permanente con los gremios que representan a los trabajadores afectados y la prioridad es preservar las fuentes de trabajo. Nadie puede estar en contra de eso, desde ya, por lo cual habría que agregarle a la expresión de deseos algunas acciones tendientes a garantizar tal situación. Para eso, la apuesta oficial es que Vicentin sea rehabilitada y se ponga en marcha, no solo por los trabajadores sino para no dejar caer el precio de los activos que deberán vender para cubrir las deudas. Esa situación no debería quedar en manos únicamente de la empresa, lo mismo que los estragos que por incumplimientos tributarios les ocasionará a los municipios a los que les pagaba el DREI (Derecho de Registro e Inspección) y que sentirán un quebranto ilevantable sin el socorro de las arcas provinciales.
A partir de mañana, se multiplicarán las presentaciones contra Vicentin, y al mismo tiempo es probable que se pida su rehabilitación. Nadie espera de estas autoridades de la Bolsa algún gesto que restaure el posicionamiento social que tenía la entidad antes de la llegada de Padoan y sus amigos, colgados de los globos amarillos. Más que eso, hay charlas informales, encuentros casuales en el comedor, donde se advierten las diferencias entre unos y otros, pero de momento la cosa no pasa de allí. Ya no hay grandes figuras entre los socios que quieran y/o puedan asumir el desafío de recuperar a la Bolsa. Hay "herederos" que no dan tal talla, y los que podrían intentarlo no muestran interés. "Debe ser el peor momento de la Bolsa desde que yo recuerdo, para no decir de la historia", dijo a este cronista un ex-directivo que prefiere seguir en el anonimato. Más allá de la definición --compartida inclusive por aquellos que hasta hace un rato aplaudían al "Beto" cuando anunciaba el triunfo de su amigo Mauricio Macri "en primera vuelta"-- nadie asoma la cabeza. Mas aún, es probable que los defraudados por Vicentin vuelvan a darle su producción y trabajo si es que lo rehabilitan, aduciendo que no tienen alternativa. Puede que sea así, pero si no se produce un cambio de paradigma en la conducción de la institución, arrastrada en los últimos años al lodo de la conveniencia partidaria, no solo no se va a recuperar sino que será una agonía lenta, que los operadores de otras latitudes disfrutarán y buscarán sacar tajada. Esto lo admite la mayoría de quienes operan en la calle Córdoba, pero por ahora hay muy pocos dispuestos a cambiar el rumbo. Para que ello ocurra debe haber no solo un recambio generacional, sino de perfiles y atributos. Un cambio de paradigma. Los analistas sostienen que las crisis sirven para crecer. Es una mirada optimista, pero para eso la próxima comisión directiva de la Bolsa de Comercio debería estar presidida por alguien que pase todos los scanners de honorabilidad y y eficiencia. No parece fácil, pero tampoco imposible
16 de febrero de 2020
Rodenas convocó a Asamblea Legislativa para marzo
Impulso para la investigación
El 5 de marzo se constituirá la comisión bicameral que habilitará al diputado Del Frade para investigar al fiscal Serjal
Por Juan Carlos Tizziani
Rodenas puso un tope al cajoneo que viene desde el año pasado
Imagen: Sebastián Granata
Imagen: Sebastián Granata
(Desde Santa Fe) Una convocatoria de la vicegobernadora Alejandra Rodenas puso un tope al cajoneo de la investigación parlamentaria al fiscal regional de Rosario Patricio Serjal por supuesto “mal desempeñó” por la compra de dos autos de lujo a un empresario al que le cerró una causa por presuntos delitos económicos. Rodenas convocó a la Asamblea Legislativa el jueves 5 de marzo, a las 13, para tratar cinco pliegos propuestos por el gobernador Omar Perotti (entre ellos uno que renueva el mandato del ex diputado Oscar Urruty en el directorio del Enress), lo que obligará a constituir la comisión bicameral de Acuerdos que no se reúne desde diciembre y habilitar al diputado Carlos del Frade para que investigue a Serjal. El peronismo postulará como presidente de la comisión el senador Alcides Calvo, según adelantó el jefe del bloque de diputados del PJ Leandro Busatto.
La comisión debía integrarse en la última Asamblea, el 19 de diciembre, pero no lo hizo porque el bloque de Miguel Lifschitz en la Cámara de Diputados aún no designó a sus cuatro representantes, en un hecho político que frenó la pesquisa a Serjal dos meses.
Desde la Casa Gris observan los tiempos de Lifschitz y la mora en avanzar en la investigación al fiscal regional de Rosario. “Acá nadie va a proteger a nadie. Nosotros queremos que la Legislatura investigue y tome las medidas que debe tomar”, dijo a Rosario/12 una fuente del círculo de confianza del gobernador Perotti.
Ayer, Busatto estimó que el jueves que viene el bloque de Lifschitz podría designar a sus cuatro representantes en la comisión, que es lo único que falta para integrarla. Y anunció que el oficialismo propondrá como presidente de la bicameral de Acuerdos a su colega, el senador Calvo, que es uno de los seis senadores del PJ alineados con Perotti.
Busatto presidía la comisión de Acuerdos en diciembre, cuando admitió la denuncia de su colega del Frente Progresista Alicia Gutiérrez contra Serjal y designó para tramitarla a Del Frade, quien ya aceptó el cargo como “acusador” en la causa. La decisión se adoptó por mayoría, con seis votos. Tres de diputados del Frente Progresista: Gutiérrez, la socialista Inés Bertero y Gabriel Real, del PDP. Y tres del PJ: Busatto, el diputado Julio Eggimann y Calvo, el único senador que la apoyó. Los seis ausentes fueron tres radicales: los diputados Julián Galdeano y Patricia Tepp y el senador Rodrigo Borla; dos senadores del PJ: Rubén Pirola y Joaquín Gramajo y la diputada Alejandra Vucasovich, del PRO.
En 2020, la comisión repetirá su integración: cuatro senadores (entre ellos Calvo) y ocho diputados: dos del PJ (uno será Busatto), uno por Cambiemos (a Galdeano lo reemplazará su colega Gabriel Chumpitaz), uno por los celestes y cuatro del bloque de Lifschitz, que ya dejó trascender un nombre: Joaquín Blanco.
“Lo que falta para integrar la comisión es que Diputados defina sus representantes”, dijo Busatto a este diario. “Espero que eso ocurra en la sesión del jueves que viene, que queden constituidas las comisiones especiales de la Cámara y la Bicameral de Acuerdos que para nosotros es imprescindible porque una de sus funciones es investigar y eventualmente sancionar a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y a los defensores públicos”, explicó.
Fue allí cuando Busatto adelantó que el bloque del PJ quiere “dos lugares en la comisión de Acuerdos. Nos corresponde por ser la segunda minoría en Diputados, pero además por ser oficialismo” en la provincia, dijo. En 2019, a Busatto lo acompañó su colega, Julio Eggimann, quien terminó su mandato en diciembre. En, 2020, probablemente lo acompañe una diputada del bloque. “Este año, a la comisión la tiene que presidir un representante del Senado, así que nosotros vamos a proponer que el senador Calvo sea el presidente durante 2020. Seguramente, trataremos de integrarla con dos diputados y diputadas del PJ, varios senadores del peronismo y que la presida Calvo”, agregó.
La Asamblea Legislativa del 5 de marzo, a las 13, que convocó Rodenas tiene que tratar cinco pliegos. Uno es la renovación del mandato del ex diputado Oscar Urruty en el directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress). Los otros cuatros son directores, titulares y suplentes, del Ente Zona Franca Santafesina: dos por el gobierno de Santa Fe: Walter Costa y Roberto Tizi Corti y otros dos por la Municipalidad de Villa Constitución: Lucila Fernández y Rubén Garfagnoli.
Para investigar la complicidad empresaria en la dictadura
Los que mandaron a desaparecer obreros
Por Juan Carlos Tizziani
Imagen: Eduardo Seval
Desde Santa Fe
El jefe del bloque del Frente Social y Popular Carlos del Frade volvió a pedirle a la Cámara de Diputados que integre una comisión investigadora por la Verdad, la Memoria y la Justicia que identifique a los cómplices civiles del terrorismo de estado en la provincia y a las empresas que se beneficiaron o le dieron apoyo económico, técnico, político o logístico, entre otras cosas. La iniciativa parlamentaria es la tercera en seis años y coincide con las denuncias impunes que pesan sobre el grupo Vicentin, donde uno de los obreros de su fábrica en Avellaneda, Efren Venturini, denuncia desde 1984 que la aceitera hizo una lista con 22 delegados y activistas sindicales para que los grupos de tareas los secuestraran, en 1976. En mayo de 2014, el diputado José María Tessa propuso una comisión bicameral para investigar las complicidades empresarias con la dictadura, el proyecto de ley tuvo media sanción en Diputados en noviembre, pero caducó en el Senado al año siguiente. En 2016, Del Frade, insistió con la misma propuesta, pero con una diferencia: que a la investigadora sólo la integren diputados y aún así, su proyecto quedó cajoneado en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde caducó en 2018. Esta semana, el legislador volvió a presentarlo por tercera vez, si se consideran los dos que no prosperaron: el de Tessa y el que él impulsó hace cuatro años. En Santa Fe, “las complicidades civiles con el terrorismo de estado se evidenciaron de manera descarnada”, incluso antes del golpe de 1976, recordó.
Para destapar esa trama oculta, Del Frade insistió con crear “una Comisión Investigadora para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria y la Justicia con el objetivo de identificar las complicidades civiles” con el terrorismo de estado en la provincia. El plazo a investigar no se limita a los años de la dictadura, sino que comienza antes: el 6 de noviembre de 1974 (cuando se instaura el estado de sitio, con lo cual incluye el copamiento de Villa Constitución en marzo de 1975) y se extiende hasta el 10 de diciembre de 1983.
“La comisión investigadora estará integrada por un representante de cada bloque político de la Cámara y funcionará en la sede de la comisión de Derechos y Garantías”, dice el artículo 2. Con la actual geografía de Diputados, estaría compuesta al menos por diez legisladores. Su objetivo será elaborar “un informe con una descripción detallada” de personas y empresas que colaboraron con la represión y “las consecuencias de la política económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por el gobierno constitucional (1974/76) y la dictadura (1976/83)”. Y luego, “formular propuestas concretas y útiles para reconstruir la memoria histórica, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia, así como impulsar reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”.
Si en la pesquisa, la comisión “advirtiera eventuales delitos”, deberá “formular las correspondientes denuncias ante la justicia” y una vez concluida su tarea publicará un informe final y remitirá todos los documentos al Archivo Provincial de la Memoria. El plazo de la investigación será de 180 días, más una prórroga por un lapso similar. Y podrá convocar a “organizaciones sociales y de derechos humanos de la provincia a participar y a presentar toda la información y antecedentes que obren en su poder, acerca de los hechos que se investigan”.
Uno de los fundamentos que mencionó Del Frade alude al Villazo. Es una definición del “socio y segundo del ex ministro José Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein en la embajada de Estados Unidos: ‘Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra’. “Este testimonio –y otros- demuestran la necesidad de investigar en profundidad la participación activa de los civiles, sobre todo los agentes económicos, en el aparato represivo de la dictadura”, agregó el legislador.
En esa línea, Del Frade recordó otros dos antecedentes: “La ley nacional 27.217 que creó la Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las instituciones de la Democracia, sancionada por el Congreso y promulgada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2015. El objetivo era “identificar las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura militar”, dijo. Y la ley que propuso el ex diputado Tessa para que se constituya una comisión bicameral investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia, "a los fines de esclarecer la actuación de aquellos actores económicos que interesadamente promovieron y/o facilitaron delitos de lesa humanidad en Santa Fe”. Tessa presentó su proyecto en mayo de 2014, tuvo media sanción en Diputados en noviembre, pero caducó en el Senado. Y lo mismo le pasó al de Del Frade, lo presentó en 2016 y caducó en 2018.
Fuente:Rosario12
LA FERIA DEL CENTRO
Instalarán una “Salada legal” en la peatonal Córdoba y hay polémica
La ciudad tendrá una nueva feria en el centro, esta vez a manos de iniciativa privada. Se llamará Feria del Centro, y replicará un modelo de franquicias. Será fija y permanente durante todo el año, lo que provoca recelo entre los comerciantes de esa zona.
Rubros como calzado, indumentaria joyería, decoración y arte son algunas de las promesas de la iniciativa, que se desarrollará en plena peatonal Córdoba al 900. La promesa es que abrirá los primeros días de marzo según publicó Punto Biz.
Con base de operaciones en Olavarría, provincia de Buenos Aires, Feria del Centro es un negocio que se define como "líder en el segmento del mercado low cost y el fast fashion. El fundador de la movida es Lucas Torres, quien se relacionó el emprendimiento con la megaferia La Salada.
La marca fue inaugurada en 2009 en Olavarría cobijando a los comerciantes sin la espalda para afrontar un alquiler y todos los gastos legales que requiere habilitarlo y sostenerlo.
Competencia legal ¿desleal?
El próximo desembarco ya impactó en las opiniones del resto de los comerciantes del microcentro rosarino, principalmente en los que apuntan al mismo sector low cost.
Migue Ángel Rucco, al frente del Centro Comercial a Cielo Abierto Calle San Luis, consideró que la feria representa una competencia desleal para muchos comerciantes que día a día deben afrontar los gastos, y apuntó: “Los negocios de calle San Luis tributan, tienen inspecciones de forma permanente, tienen que renovar las habilitaciones, impuestos, empleados, son un montón de gastos”.
Rucco adelantó que se reunirán con comerciantes de calle San Luis y con gente de la Municipalidad, como el Secretario de Producción, Sebastián Chale, para exigir que al espacio se le realicen los mismos controles con el objetivo de favorecer la transparencia comercial.
HABÍA QUE DECIRLO
Sain acusó a la Justicia federal de "hacerse la tonta" ante el narcotráfico
El ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, dejó muy mal parada a la Justicia Federal en relación con la investigación sobre las organizaciones criminales y el narcotráfico en Santa Fe. Y la descalificación fue más gravosa por el escenario en el que fue pronunciada: la reunión del Consejo de Seguridad Interior este jueves en Tucumán, con la ministra nacional Sabina Frederic y los ministros del área de todas las provincias.
Sain arrancó polemizando con sus colegas. Más de uno había marcado la dicotomía entre las competencias entre justicia provincial y justicia federal en determinados delitos, y los problemas que ello conlleva para perseguir la criminalidad compleja. Sain dijo que eso "es una falacia" y puso como ejemplo lo ocurrido en Rosario y Santa Fe en los últimos años, algo que ya esgrimían como argumento los principales referentes del Frente Progresista. "Grandes organizaciones criminales con manejo de mercados de droga fueron detenidas y judicializadas por delitos ordinarios como asociación ilícita, homicidios, extorsión, etc. Y aunque en los procesos chorreaba droga, la justicia federal no intervino. Hubo vista gorda de algunos jueces y fiscales, y también de la política", denunció.
En rigor, la judicialización de bandas como la de Esteban Lindor Alvarado Sain la atribuye a la labor de fiscales provinciales y del Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación que él dirigió durante la gobernación de Miguel Lifschitz. Y anteriormente, su antecesor Maximiliano Pullaro decía lo mismo por la detención y enjuiciamiento de los principales referentes del clan Cantero y la banda Los Monos.
"Ese contrapunto entre problemas federales y provinciales no es cierto. Hay problemas que independientemente de la competencia federal, son de relieve muy fuerte y con repercusión y consecuencia muy importante para la provincia. En Santa Fe, las grandes organizaciones criminales, muy diversificadas, con una densidad económica enorme, con manejo de mercados minoristas fundamentalmente de drogas pero dedicadas a delitos diversos, fueron identificadas, judicializadas, detenidas por la justicia provincial", abundó Sain.
"Pese a que chorreaban droga por los cuatro costados, incluso en los proceso judiciales se ventilaba eso, la justicia federal no intervino. Lo hicimos a través de imputaciones por asociación ilícita, homicidios, encubrimiento, extorsión... delitos ordinarios. Pero hubo voluntad política de un conjunto de fiscales con el nuevo sistema adversarial, jueces de garantías que respaldaron la labor y algún sector policial no comprometido con esas organizaciones que avanzaron en la desarticulación de ese conjunto de eventos", argumentó.
"Esa distinción 'provincial / federal' es una falacia, una forma de des responsabilizarnos las provincias de lo que nos toca. Gran parte de esos mercados se regenteaban a partir de la protección de la propia policía provincial. No existían esas redes criminales sin protección de policía provincial. En toda la desarticulación de la primera y segunda línea cayeron también altos jefes policiales. Con lo cual, es una falacia decir que eso era un problema de carácter federal", cargó el ministro. Y acto seguido, señaló "la vista gorda que hicieron algunos jueces y fiscales y también de la política, durante más de una década".
Por otra parte, buscó desterrar la relación causal entre tráfico de drogas y marginalidad, periferia urbana. "Gran parte de ese mercado se estructura porque la gente consume drogas, y está más o menos estudiado en mi provincia que el grueso de ese consumo es recreativo, no es problemático. Y eso no responde a cuestiones de seguridad. No es el fracaso del aparato de seguridad que hace que haya una quintuplicación en los últimos diez años del consumo de cocaína y marihuana. Eso tracciona el conjunto de mercados y es un problema local, no federal".
Sain puso de relieve los vínculos entre las economías delictivas y la economía formal, y por lo tanto, la falta de control estatal adecuado que impida esos puentes.
"Las investigaciones dan cuenta de una gigantesca rentabilidad económica, y eso no se invierte en el conjunto periférico donde en teoría está el problema del narcotráfico en las grandes ciudades santafesinas, sino que se invierte en la economía formal de las grandes ciudades, en los centros financieros y en la economía informal también. Acá tenemos un tercer componente de que acá no es un problema de carácter federal".
Lo que sigue es la grabación de la reunión del Consejo de Seguridad Interior. Sain habló al final, en el momento 4:58:23
Mediaciones: hay 2 mil al año con una resolución en el 80% de los casos
La Dirección municipal trabaja sobre conflictos entre vecinos. “Como son voluntarias, lo más difícil es lograr que las partes se presenten", Julia Cardozo Villa
15 de febrero de 2020
“Como son voluntarias, lo más difícil es lograr que las partes se presenten. Pero si lo logramos, que es frecuente, tenemos un porcentaje de resolución del 80%. La mediación no sólo impacta sobre la vida de la persona que participó, sino en la de toda su familia y su entorno. Entonces calculamos que cada mediación resuelta genera influencia sobre unas diez personas”, explicó Cardozo Villa, directora de Mediaciones.
Nacida como programa en 2002 y convertida en Dirección en 2014 se trata de una herramienta completamente gratuita que intenta, mediante la intervención de un tercero imparcial (mediador), que las partes de un conflicto encuentren a partir del diálogo pacífico una solución adecuada sin necesidad de llegar a instancias judiciales.
“Desde que empezó a existir la descentralización en la Municipalidad tuvo un efecto muy positivo que fue la cercanía del Estado en los distritos. Vecinos y vecinas empezaron a asistir por cuestiones privadas que tenían únicamente una solución judicial. En ese momento, la política del municipio era que tratándose de una cuestión de derecho privado, los problemas entre vecinos debían resolverse en la Justicia”, dijo Cardozo Villa.
“Quisimos generar un cambio de paradigma: que la Municipalidad le ofreciera al vecino la posibilidad de resolver un conflicto privado, sin necesidad de concurrir a la Justicia. Una resolución judicial implica un montón de recursos que muchas personas no tienen como pagar una carta documento o un abogado. Además los juicios llevan muchísimo tiempo y mientras el conflicto continúa y la calidad de vida de los implicados baja considerablemente. Si se puede encontrar una solución rápida y pacífica es fundamental”, agregó.
A través del SUA (Sistema Único de Atención Ciudadana) o de la oficina de Atención al Vecino de los CMD, rosarinos y rosarinas pueden acercar su problema y solicitar una mediación. Según se trate de un problema de convivencia o de obras en construcción, se generan diferentes procesos.
En cada caso, se coordina una audiencia para no más de treinta días después de que llega el expediente. Y se avisa a las partes mediante notificadores municipales. “Previamente intentamos hacer un contacto directo por teléfono para explicarles de qué se trata el procedimiento. Eso hace que el vecino se sienta contenido antes de llegar a la audiencia entre las partes”, contó Angie Garay, otra integrante del equipo.
“Cada caso se valora en particular y se elabora una estrategia puntual. Si el conflicto ya está muy escalado, organizamos reuniones previas por separado para llegar a la audiencia con posibilidades reales de diálogo y de resolución”, aclaró la directora.
La Dirección cuenta con tres mediadoras profesionales capacitadas en la temática. Tras años de experiencia y trabajo diario, repasaron los temas más comunes de conflicto. En el distrito Centro, por ejemplo, la gran mayoría de los problemas son por obras en construcción. Y a nivel ciudad, el reclamo más reiterado es por diversos tipos de ruidos molestos. La ubicación antirreglamentaria de árboles, problemas de convivencia en pasillos, talleres mecánicos y fábricas que invaden espacios comunes o generan malos olores son otros tantos.
En una mediación las partes suscriben un convenio de confidencialidad, lo cual garantiza que los diálogos no puedan ser utilizados como prueba en un eventual juicio. Una mediación promedio involucra como mínimo tres encuentros. Cuando se llega a un acuerdo satisfactorio, se genera un acta que firman todas las partes y de la cual se llevan una copia. La Dirección genera un seguimiento del tema para corroborar que lo acordado efectivamente se cumplió.
Para el 2020, la Dirección suma ambiciones. A las miles de mediaciones comunitarias, quieren sumar instancias de capacitación. “Tenemos el objetivo de generar espacios de construcción y educación para la paz. La idea es no solamente lograr la pacificación una vez que el conflicto existe sino tratar de capacitar a los vecinos de la ciudad para evitar los conflictos o convivir con ellos”, concluyó la directora.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Los hogares gastan en servicios el doble que en alimentos
En los últimos doce años la canasta de gastos mutó. Hoy el 40,3% se destina a pagar vivienda, salud o transporte, mientras que el 22,6% para comer.
Por Álvaro Torriglia
La compra. Lácteos, junto a frutas y carnes son los productos que los hogares manifestaron adquirir al menos una vez por semana.
Domingo 16 de Febrero de 2020
Por cambios de hábitos de consumo pero también por fuertes modificaciones en los precios relativos, las canasta de gastos de los hogares mutó en los últimos doce años. Los servicios, fundamentalmente los asociados a la vivienda, la salud, las comunicaciones y el transporte fueron ganando participación en la canasta de consumo, a expensas de los alimentos y bebidas. Actualmente, el 40,3% del gasto está relacionado con servicios, y el 22,6% alimentos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó a fines del año pasado el informe de gastos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. Se trata del resultado de un operativo se llevó a cabo entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018 en convenio con las direcciones provinciales de estadística de todo el país. Su objetivo es obtener información acerca de los gastos y los ingresos de los hogares y sus características sociodemográficas.
La encuesta permite caracterizar las condiciones de vida de los hogares. También proporciona información para el cálculo de las ponderaciones del índice de precios al consumidor (IPC) y para la actualización de las estructuras de las canastas de bienes y servicios que se emplean en la elaboración de las líneas de pobreza e indigencia.
La comparación con encuestas anteriores permiten detectar los cambios en las estructuras de gastos de los hogares. Es es posible por la comparación con las encuestas realizadas en 1996-1997, 2004-2005 y 2012-2013.
“La composición del gasto de consumo de los hogares cambia con el paso del tiempo, esto se debe a varios factores, como el surgimiento de nuevos consumos o los cambios de precios relativos en los grupos de gastos”, señaló. Esto es visible, en el caso de la última encuesta, en el peso que adquirieron los servicios en la canasta de gastos, a partir de los ajustes tarifarios.
"La composición del gasto de consumo cambia con el tiempo. En la última encuesta es visible el peso de servicios por los tarifazos"
De acuerdo al trabajo del Indec, la proporción del gasto de consumo en alimentos y bebidas no alcohólicas disminuyó. Pasó de representar el 28,8% en 1996- 1997, al 25,7% en 2004-2005, y al 22,6% en 2017-2018.
En cambio, tanto transporte como comunicaciones experimentaron un incremento constante de su proporción en el gasto total de los hogares. En el primer caso, pasó del 11,2% en 1996-1997, al 11,6% en 2004-2005, para llegar al 14,2% del gasto de consumo en la edición de la encuesta de 2017-2018. En el segundo ítem, el incremento fue mayor: del 2,6% a mediados de los 90, hasta el 5,2% en la última medición.
El caso de los gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles parece ser el más sensible a la variación de precios relativos. La participación en el total disminuyó entre las encuesta 1996-1997 y la de 2004-2005, de 12,8% a 10,6%.
La crisis de la convertibilidad y la pesificación de tarifas influyó en esta reducción. Pero a partir de 2016, la liberación de estos precios provocó un cambio de paradigma. Así, entre el relevamiento realizado a mediados de la década pasada y el que se terminó de hacer en 2018, la proporción del gasto destinada a este item saltó al 14,5%.
“Este aumento está asociado principalmente al incremento en el rubro de alquileres efectivos de la vivienda y en los servicios de electricidad, gas y otros combustibles”, explicó el Indec.
En menor medida, influye el suministro de agua y servicios diversos relacionados con la vivienda.
Incluso dentro del gasto proporcional asociado a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, se verificaron cambios entre las tres encuestas de gastos. En los últimos doce años se destaca el aumento del gasto en suministro de agua y servicios relacionados con la vivienda” , de 1,9% a 2,5%. electricidad, gas y otros combustibles, aumentó 1,3 puntos porcentuales.
En el análisis presente la foto de la encuesta realizada entre 2017 y 2018 muestra algunas características relevantes. A saber:
• El gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas representó el 22,7% del gasto de consumo de los hogares a nivel nacional.
• El gasto de consumo en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles representó el 14,5% del gasto de consumo para el total del país. Su composición estuvo determinada por un 5,9% en “electricidad, gas y otros combustibles”, 5,0% en “alquiler de la vivienda”, 2,5% en “suministro de agua y otros servicios de la vivienda” y el 1,1% en “conservación y reparación de la vivienda”.
• Dentro gasto en transporte, que representó el 14,3% del gasto de consumo, el 8,1% estuvo asociado al funcionamiento de equipos de transporte personal, el 3,2% a servicios de transporte y el 3% a la adquisición de vehículos.
Composición de hogares
Los hogares unipersonales integrados por menores de 65 años registraron una proporción menor de gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas y un mayor gasto en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En los hogares unipersonales conformados por adultos de 65 años y más, se observó una mayor proporción del gasto en salud.
• Los hogares sin adultos mayores destinaron el 5,1% de su gasto de consumo a salud y el 3,6% a educación. Los hogares con un adulto mayor asignaron el 9,5% de su presupuesto al gasto a salud y el 1,5% a educación. Finalmente, los hogares con dos y más adultos mayores emplearon el 14,0% de su presupuesto en gastos de salud y el 0,8% en educación.
• Los hogares inquilinos registraron un gasto de 28,2% en el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, mientras que este mismo gasto para los hogares propietarios fue del 10,5%. Entre los hogares inquilinos, el 21% del gasto de consumo fue asignado al “alquiler efectivo de la vivienda”, el 4,1% a “electricidad, gas y otros combustibles” y el 2,8% al “suministro de agua y servicios relacionados con la vivienda”.
• El gasto en salud representó el 6,4% del gasto de consumo en el total del país. Para aquellos hogares con cobertura prepaga de salud, este gasto ascendió a 11,4%, mientras que para los que contaban con una obra social fue del 5,6% y para los hogares que solo tienen cobertura de salud pública, 3,5%.
Hábitos de consumo
La encuesta también relevó los hábitos de consumo de la población. Por ejemplo:
• El 69,3% del gasto total de consumo relevado en la ENGH 2017-2018, se realizó en efectivo, mientras que el 19,5% correspondió a pagos con tarjeta de débito y crédito.
• El pan, la carne (vacuna, ovina, cerdo, etc.), frutas y verduras, aves, huevos, quesos y leche, son los alimentos que los hogares declararon mayoritariamente adquirir al menos una vez a la semana. En cambio, aproximadamente un tercio de los hogares entrevistados manifestaron que realizaban una vez por mes las compras de té, café, yerba, aceite y azúcar para el hogar.
• La mayoría de los gastos registrados se realizaron presencialmente en el negocio (91,5%). Sin embargo, en algunos rubros se registró un mayor peso de las compras por internet, como en transporte de media y larga distancia (51,7%) y turismo (36,4%).
Se observa que existe una relación entre la forma de pago y la finalidad del gasto: la mayor parte del gasto que realizaron el total de los hogares en alimentos y bebidas no alcohólicas (82,5%), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (78,7%) y restaurantes y hoteles (80,8%) fue en efectivo, mientras que la tarjeta de crédito tuvo relativa importancia en los rubros prendas de vestir y calzado (29,3%), equipamiento y mantenimiento del hogar (28,4%) y recreación y cultura (23,9%).
El pago a través de homebanking tuvo alguna relevancia en el gasto en educación (20,8%), comunicaciones (14,3%), salud (12,0%) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (13,0%) (cuadro 15).
También hay una relación entre la forma de pago y el lugar de compra. En los autoservicios pequeños se utilizó mayormente el pago en efectivo (87,1%), así como en los bares, pizzerías, heladerías y restaurantes (84,5%). En cambio, el 41,2% de las compras en supermercados e hipermercados se realizó con tarjetas de crédito y débito.
El 24,8% del gasto de los hogares en alimentos y bebidas en todas sus formas, ya sea para preparar en el hogar o consumir ya elaborados, se realizó en supermercados; el 19,0%, en autoservicios y el 34,5%, en otros negocios especializados (carnicerías, verdulerías, panaderías, etcétera).
Para adquirir productos frescos como carnes así como frutas y verduras, los hogares prefirieron realizar las compras en carnicerías y verdulerías (más de un 50% del gasto se registró en estos negocios), mientras que para los productos lácteos, quesos, huevos, aceites y grasas, otros alimentos y bebidas alcohólicas, la mayoría del gasto se realizó en los supermercados, según los datos del Indec.
Por otra parte, en relación con el modo de compra de los bienes y servicios no alimentarios —en el negocio, por internet o por teléfono— se observa que, si bien el gasto por internet representó el 6,2% del gasto total, en algunos rubros esta modalidad tuvo un peso significativo, principalmente en aquellos ligados a transporte de media y larga distancia (51,7%) y turismo, que ascendió al 36,4%.
Fuente:LaCapital
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