Las razones de Vicentin para justificar su multimillonario default
Hasta la sequía tuvo la culpa del pagadiós
El juez de Reconquista abrió el concurso de acreedores del gigante agroexportador, investigado por sus manejos con el macrismo
Por Luis Bastus
Las plantas de Vicentín están paralizadas desde diciembre.
El grupo Vicentin y su gigantesca deuda ya son materia judicial. El juez civil y comercial n° 2, de Reconquista, Fabián Lorenzini, aceptó el pedido de la sociedad anónima y abrió el concurso preventivo de acreedores para organizar la devolución de deudas por 1300 millones de dólares. La situación financiera que llevó al fiscal federal Gerardo Pollicita a dirigir una acusación penal sobre la aceitera y el Banco Nación en tiempos del gobierno de Mauricio Macri es el default privado más estridente de la historia judicial santafesina. Y ayer se conocieron los argumentos planteados por la empresa para justificar su cesación de pagos: hasta la sequía tuvo la culpa.
El juez Lorenzini se declaró competente para dirigir el concurso preventivo, según una resolución emitida ayer, tal como el lunes 10 lo habían pedido Daniel Buyatti y Alberto Julian Macua, presidente y vicepresidente del directorio de la compañía con sede legal en Avellaneda, departamento General Obligado.
El magistrado accedió al pedido de la empresa y prohibió a los prestadores de servicios públicos cortarle el suministro de tal o cual prestación para no entorpecer la reactivación industrial del grupo. Eso, aunque la agroexportadora adeude las boletas del agua, la luz o el gas.
Desde diciembre, cuando entró en cesación de pagos, Vicentin tiene paralizadas sus plantas de San Lorenzo y Ricardone. Y alrededor de dos mil trabajadores soportan esa incertidumbre.
El juez concedió una prórroga de diez días para que la empresa presente la documentación que exponga su situación financiera y explique las razones de la cesación de pagos que empezó a tornarse visible el año pasado, después de la derrota de Juntos por el Cambio en las primarias de agosto.
Ayer se conoció la justificación de Vicentin SAIC para pedir el concurso de acreedores. Una medida que el directorio no deseaba pero que debió afrontar ante el fracaso de sus intentos de arreglos extrajudiciales y sucesivas medidas cautelares que presentaron algunos acreedores en los tribunales de Rosario a fines de enero. Eso, y el pedido de quiebra que formuló también aquí la acreedora Gagliardo Agrícolo Ganadera SA, firma asociada a la constructora Obring SA.
La primera agroexportadora argentina argumentó ante el juez un abanico de razones, "...diversos acontecimientos negativos" que la llevaron "a la necesidad de reestructurar su pasivo", tal los eufemismos utilizados. Y de paso, culpó "el grave impacto de una serie de medidas cautelares", es decir, los acreedores que acudieron a la Justicia para cobrar. Por caso, los abogados pusieron como ejemplo el reclamo judicial del correacopio BLD (130 millones de pesos) como uno de los motivos que perjudicaron la posición de Vicentin.
La empresa sostiene que puede superar el default si logra "refinanciaciones o acuerdos precoconcursales" con sus acreedores. De estos, a los bancos les debe U$S1000 millones, y otros 350 millones a corredoras de cereales, acopios y proveedores.
Pese a todo, la visión del grupo comandado por los Vicentin, Padoan y Nardelli es menos drástica que la de sus acreedores. "Si bien se habían registrado incumplimientos anteriores, el directorio de la sociedad entendió que los montos de los mismos no representaban por sí solos un estado de insuficiencia patrimonial agudo que no pudiera resolverse mediante la concreción de nuevos negocios y/o alianzas estratégicas con diferentes interesados, motivo por el cual se sostenía que tales incumplimientos no fueron reveladores de un verdadero estado de cesación de pagos, en tanto un estado de cosas que afectara en forma integral del patrimonio de la sociedad", plantearon.
Vicentin culpó a "la crisis financiera de 2018", la inflación, "el encarecimiento del acceso al mercado financiero local e internacional impulsado por las tensiones entre Estados Unidos y China". También cayó en la volteada "el grave efecto de la sequía y su impacto en la generación de divisas y el aumento desmedido del dólar a partir de la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera". Esto, según la argumentación de la compañía, "trajo aparejado un nuevo aumento de las tasas de interés en la Argentina, todo lo cual tuvo como resultado un abultado encarecimiento del costo de financiación de la compañía".
Vicentin expuso que la sequía de 2018 disminuyó la soja disponible –su materia prima– y por eso tuvo que importar poroto desde Estados Unidos, Paraguay y Brasil "con un gran esfuerzo financiero y logístico que impactó directamente en los costos". Incluso, no se privó de criticar la política económica de Cambiemos, a pesar de haber sido su principal sponsor de campaña. "Se dejó sin efecto una protección arancelaria que promovía la actividad industrial local, y a principios de 2019 la incertidumbre económica y cambiaria generó una devaluación y retiro masivo de depósito en dólares de los bancos locales, acotando la capacidad de préstamo de las entidades bancarias y agudizando un problema de exposición al riesgo, ya que al financiarse con proveedores se queda expuesto a la volatilidad de precios, necesidades financieras de los productores, entre otros", sorprendió la agroexportadora santafesina.
Al pedir la apertura del concurso, Vicentin nada explicó sobre el crédito de prefinanciación de exportaciones por 18000 millones de pesos que no le devolvió al Banco Nación, y que representó una transferencia de su matriz argentina a Vicentin Uruguay, firma registrada ante el Banco Central del país vecino el 25 de febrero de 2019, tal como reveló Página/12 en su edición dominical, y que será materia de investigación de una comisión especial de Diputados.
Comisión de Asuntos Constitucionales
La senadora Sacnun será la titular
Sacnun durante el encuentro celebrado ayer en el Senado.
La senadora nacional por Santa Fe, María de los Angeles Sacnun asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de la Nación. La designación , fue avalada por unanimidad de los miembros integrantes de dicha Comisión, al igual que la Vicepresidencia y Secretaría de la misma, cargos que serán ocupados por la senadora nacional por Córdoba, Laura Elena Rodríguez Machado y el senador por Río Negro, Alberto Edgardo Weretilneck, respectivamente. La legisladora santafesina celebró además que se diera dictamen favorable en el Senado al proyecto de ley de Góndolas.
Durante el encuentro celebrado ayer se estableció los días martes a las 18 para las reuniones de la comisión en el Senado, al que ya ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo que impulsa la declaración de “Capitales Alternas” a 24 ciudades de todo el país. Al respecto, Sacnun señaló que “se trata de un proyecto que tiende a fortalecer un proceso de mayor federalismo, teniendo en cuenta que el siglo XXI debe ser atravesado por un federalismo moderno que incorpore las nuevas concepciones de políticas de Estado”.
Además, aseguró que “servirá para acercar al Gabinete, a sus ministros y ministras, a las problemáticas que se viven en cada provincia, y qué mejor que sea el Senado de la Nación la cámara de origen para tratar esta ley en virtud de que es la Cámara que representa los intereses de cada una de ellas".
Por otro lado, la Comisión de Legislación General del Senado dio dictamen favorable a la iniciativa conocidd como Ley de Góndolas que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y será tratada en el recinto una vez iniciado el período de sesiones ordinarias.
La senadora Sacnun recordó que “la iniciativa fue votada ampliamente en Diputados” -recibió 182 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones-, por lo que consideró que “la discusión está absolutamente saldada”.
La legisladora santafesina, autora de un proyecto similar que obraba para su análisis en la reunión de comisión de la fecha, agregó: "Tengo una profunda satisfacción que sea el Gobierno Nacional el que esté impulsando este proyecto desde un programa con un nuevo rumbo macroeconómico que tiene que ver con recuperar la senda del desarrollo con justicia social y en el marco de Argentina contra el hambre".
Sacnun consideró que “esta ley de góndolas garantiza la cercanía del consumidor al pequeño productor, a las cooperativas y mutuales y a las Pymes. Entendemos que va a servir, además de garantizar soberanía alimentaria con productos a precios justos, razonables y de calidad, a fortalecer las economías regionales y romper las posiciones dominantes de las grandes cadenas de supermercados, que han generado una suba estrepitosa en materia de alimentos".
19 de febrero de 2020
La región se moviliza ante la crisis de la aceitera
Vicentin va a Diputados a explicar
El cónclave reunió a sindicatos, legisladores e intendentes. Preocupación en el cordón.
La comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados provincial recibirá hoy al vicepresidente de Vicentin, Alberto Macua, para conocer cómo es la situación de las fuentes laborales afectadas por la convocatoria de acreedores de la agroexportadora. "Les vamos a exigir que nos digan qué va a pasar con los trabajadores porque lo que se expresa acá, una vez más, es la matriz del funcionamiento del gran capital de la Argentina que siempre ha usado al Estado para beneficios propios que necesariamente tiene que terminarse, y además puede ser una gran posibilidad para recuperar el rol orientador del Estado en el comercio exterior y el sistema bancario", señaló el diputado provincial Carlos del Frade, tras participar de la masiva reunión multisectorial convocada por la CGT San Lorenzo, a pedido del sindicato de Aceiteros. En el encuentro se decidió la conformación de una mesa provincial de negociación que tenga diálogo permanente con Nación y Provincia, y un pedido de reunión al titular del Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien se declaró competente para abrir el concurso.
Más de 100 personas participaron ayer del segundo encuentro convocado por la central obrera sanlorencina que conduce el dirigente de los Municipales, Jesús Monzón, junto al titular de los Aceiteros de San Lorenzo, Pablo Reguera, en cuya sede se realizó la reunión. En la mesa principal se ubicaron, además de del Frade, el Ministro de Trabajo provincial, Roberto Sukerman, las diputadas nacionales Vanessa Massetani, autora de la iniciativa para investigar los créditos otorgados el Banco Nación a Vicentín entre 2015 y 2018, y Patricia Mounier; las diputadas provinciales Lucila de Ponti, Matilde Bruera y Silvana Di Stéfano, y los intendentes de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, y de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, concejales, empresarios y comerciantes de las localidades del cordón industrial.
También estuvieron dirigentes del Sindicato de la Carne de Reconquista, preocupados por la situación de los más de 4 mil trabajadores de las plantas de Friar en el norte santafesino, que pertenece al grupo, referentes de Soepu, Amsafé San Lorenzo, Sadop, el Movimiento Sindical Rosarino, y el ex Ministro de Trabajo y actual asesor de la Comisión de Asuntos Laborales, Julio Genesini. "Propusimos conformar una mesa provincial en defensa de las seis mil fuentes laborales directas de Vicentin, que tenga diálogo permanente con el gobierno provincial y el gobierno nacional, y le vamos a pedir una reunión al juez Lorenzini", planteó del Frade, quien adelantó la presencia del vicepresidente de la agroexportadora en la reunión que realizará hoy la Comisión de Asuntos Laborales, que preside Fabián Oliver.
Ayer, el titular de la cartera laboral provincial, en sintonía con lo expresado por del Frade, dijo a medios regionales que la situación de Vicentin afecta seriamente al cordón industrial y también al norte de la provincia, en localidades como Avellaneda y Reconquista. “Es un gigante y queremos que siga en manos argentinas; no queremos la extranjerización de la empresa. Se tiene que poner en marcha ya, en este momento del año y no en cualquier otro”, expresó Sukerman.
Reguera, en tanto, señaló que la conformación de la mesa tiene como objetivo "defender los puestos de trabajo y que les garanticen el salario a todos los trabajadores hasta que el concurso llegue a su fin”. El titular de los Aceiteros de San Lorenzo es optimista en relación al futuro de la empresa: “Arreglarse se va a arreglar, pero necesitamos que arranque lo antes posible”. Por su parte, Monzón sostuvo: "Debemos trabajar en conjunto para ver cómo encontramos una salida. Nos preocupa la situación de Vicentin, pero mucho más nos preocupa la situación de los trabajadores”.
"Hay que exigir el funcionamiento de la empresa ahora porque ya está peligrando el pago de salarios y hay mil personas que tienen que cobrar. Caso contrario, va a haber un parate económico en toda la región”, advirtió el intendente Raimundo, preocupado porque las plantas de la agroexportadora en San Lorenzo están paradas desde diciembre. "No vamos a permitir que nadie compre ninguna de las unidades productivas de Vicentin para cerrarla”, concluyó.
19 de febrero de 2020
El gobernador se reunió con la Corte Suprema
Dos horas hablando de números
La situación económica de la provincia y las necesidades del Poder Judicial fueron los temas que expuso Perotti.
"Es bueno que lo santafesinos sepan dónde estamos parados", dijo Perotti.
Desde Santa Fe
Omar Perotti caminó ayer desde su despacho de la Casa Gris hasta el segundo piso del Palacio de Justicia, donde se reunió más de dos horas con la Corte Suprema. “Hablamos de números”, dijo el presidente del tribunal, Rafael Gutiérrez al informar de un encuentro que consideró trascendente. “El diálogo es importantísimo, es saber escuchar al otro, no tratar de imponer una idea”, dijo el magistrado. El gobernador explicó la situación de la provincia y la urgencia de 2020, que es financiar el bache fiscal que le dejó Miguel Lifchitz por casi 52.000 millones de pesos. “Esa es la realidad. Es bueno que lo santafesinos sepan dónde estamos parados, cómo arrancamos y qué se puede esperar”, advirtió Perotti. Aunque se manifestó “optimista” acerca de la ley de Necesidad Pública que le pidió a la Legislatura para pagar la mitad de la deuda flotante con proveedores y contratistas que ya supera los 27.000 millones y recomponer el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales con 15.000 millones que Lifschiz dejó casi en cero.
En la tradición, es la Corte la que suele pasar por la Casa Gris. Pero ayer, sucedió al revés: Perotti cruzó la plaza de Mayo, junto a sus ministros de Gobierno Esteban Borgonovo y de Gestión Pública, Rubén Michlig; el secretario de Justicia Gabriel Somaglia, el fiscal de Estado Rubén Weder y el vocero del gobierno, Leo Ricciardino.
“Fue una reunión importante. Analizamos todos los temas. El gobernador informó sobre la situación económica de la provincia que también repercute en el Poder Judicial. Y después, le planteamos nuestras necesidades”, explicó Gutiérrez. En ese pliego de demandas, la Corte incluyó el Consejo de la Magistratura para que “no haya demoras en la designación de jueces porque eso repercute en el servicio” y el Plan de Infraestructura que está parado desde hace meses: las obras en el Tribunal de Reconquista llegaron al 70%, en Venado Tuerto al 30% y en nuevo edificio de Santa Fe al 30%. “Nos hemos puesto de acuerdo que en la medida que mejore la situación financiera de la provincia, las obras se van a reactivar”, agregó el presidente de la Corte.
Perotti condicionó los pedidos del Poder Judicial en la “cobertura de cargos”, el “funcionamiento” y el “Plan de infraestructura” a la “realidad de la provincia”. “Pusimos en claro en dónde estamos parados. Por qué estamos en esta situación. Y cómo pensamos salir”, planteó el mandatario. La clave es la ley de Necesidad Pública que el Senado podría tratar el 27 de febrero. “El proyecto que está en la Legislatura puede ser una herramienta importante para el mejor funcionamiento de la provincia” y “sobreponernos de esta situación difícil de la mejor manera”, apuntó.
-¿Este diálogo sirvió para sincerar la situación de la provincia? –le preguntó una colega.
-Acá no tenemos que sincerar ni desnudar nada. Es lo que dicen los números. No hay dos lecturas (como dicen los operadores de Lifschitz en su defensa). Es una sola. Es la información que hemos puesto a disposición de los santafesinos y surge de la Tesorería General y la Contaduría General de la provincia –respondió Perotti.
“Los números son los números”, insistió el gobernador. “Lo que se debe a los contratistas y proveedores que no cobran desde hace seis meses (27.000 millones de pesos), el déficit de la Caja de Jubilaciones (13.400 millones en 2019 y 15.900 en 2020), el rojo de la Empresa Provincial de la Energía (más de 3.000 millones en 2019, que podría llegar a 10.000 millones en 2020) y el del Iapos”. “Es bueno que la gente sepa dónde estamos parados, cómo arrancamos y qué se puede esperar”, agregó.
No obstante, Perotti dijo estar “plenamente convencido que la provincia va a salir adelante”, más rápido o más despacio, si la Legislatura saca la ley de Necesidad Pública o la rechaza. “Si tenemos la ley nos ayudará a salir de mejor manera. Soy optimista. Tenemos vocación de diálogo. Pero el camino es sincerar la situación para que Santa Fe se pueda poner en marcha y ser el motor de la recuperación de la Argentina”, concluyó.
Fuente:Rosario12
Comunicado de AMMAR
“Sigue la impunidad hacia nuestro colectivo”
“En la ciudad donde asesinaron a Sandra Cabrera hace 14 años sigue la impunidad hacia nuestro colectivo”, denunciaron desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). Fue a través de un comunicado emitido luego de que se conozca que Caren Peralta, una trabajadora sexual de 39 años fue hallada sin vida en un departamento del barrio de La Sexta. “El 96% de los femicidios hacia nuestras compañeras quedan impunes, no queremos que el caso de Caren termine siendo un número más” , sostuvieron desde el gremio.
«La clandestinidad de nuestro trabajo nos expone a constantes vulneraciones hacia nuestros derechos. No existe clamor social exigiendo justicia cuando la víctima de un femicidio se trata de una trabajadora sexual. El estigma y discriminación que hay hacia nuestro trabajo nos convierte en malas víctimas, y se suelen escuchar comentarios como «se hubiese dedicado a otra cosa», como si nos asesinaran por nuestro trabajo olvidándose que nos asesinan por ser mujeres, lesbianas, travestis y trans y que estamos expuestas en todos los ámbitos por vivir en una sociedad machista y patriarcal», remarcaron desde Ammar.
En el comunicado, además, exigieron: esclarecimiento del caso, que cese el accionar policial hacia las trabajadoras sexuales que ejercen la actividad en el espacio público y que se busquen mecanismos de seguridad para quienes ejerzan el trabajo sexual en ámbitos privados. «Desde AMMAR Rosario exigimos justicia por Sandra Cabrera, Caren y todas nuestras compañeras víctimas de femicidios. La clandestinidad nos mata», concluyeron.
El femicidio
Caren Peralta de 39 años fue hallada sin vida en las últimas horas del lunes, luego de que amigos y familiares de la mujer avisaron que la encontraron sin vida en la habitación de su casa de Juan Manuel de Rosas al 2200. Más tarde se constató que tenía fuertes golpes en su cabeza. Se solicitó intervención de Gabinete Criminalístico para relevamiento de la escena.
Según la Unidad de Homicidios Dolosos en turno, Fiscal Fabbro pasadas las 23.30 horas se constató el deceso de Caren Peralta en su departamento del barrio de la Sexta, en Juan Manuel de Rosas al 2200, primer piso, entre Riobamba y La Paz.
Según los primeros informes médicos la víctima presentaba un fuerte traumatismo de cráneo causante del fallecimiento. Se solicitó autopsia en el Instituto Médico Legal. Del primer relevamiento en la escena del hecho no se hallaron faltante de elementos personales de la fallecida, solamente no se encontró su celular.
Se solicitó intervención de Gabinete Criminalístico para relevamiento de la escena y toma de testimonios. La víctima fue hallada por una amiga y un familiar de la víctima que se presentaron en el departamento cuando la fallecida no le respondía sus llamados.
Es el crimen número 39 en el departamento Rosario en lo que va del año.
Lanzan promociones en hoteles
Por cuatro días locos: ofertas de Carnaval en Santa Fe
El gobierno de Santa Fe lanzó este martes desde Rosario promociones turísticas con descuentos de un 30 por ciento en alojamientos de cinco ciudades para el fin de semana de Carnaval, con el objetivo de atraer a los turistas.
“Para que el turismo sea sustentable necesitamos ser atractivos a nivel provincial para el resto del país”, dijo durante la presentación de la propuesta el secretario de Turismo provincial, Alejandro Grandinetti.
La oferta consta de tres noches de alojamiento para cuatro personas, con desayuno e IVA incluidos, con tres tarifas: $6.990; $7.990 y $ 8.990, para las noches de sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de febrero.
Según explicaron los funcionarios durante el lanzamiento, la promoción es de venta anticipada, pueden adquirirse hasta el 21 de este mes y está sujeta a disponibilidad. Las promociones alcanzan a alojamientos de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Firmat.
El presidente de la Asociación Empresaria Hotelero-Gastronómica y Afines de Rosario, Carlos Mellano, aseguró durante la presentación que “hay hoteles de diferentes categorías que han tenido acceso a poner las distintas ofertas para este fin de semana largo”.
“El porcentaje de descuento aplicado –siguió es de un 30 por ciento, lo cual funciona como un incentivo al turista para motivar a quienes no tienen el ingreso correspondiente a acercarse tres noches a la ciudad”.
Los detalles de la oferta pueden obtenerse en el sitio web oficial destinado al fin de semana largo.
El secretario de Turismo, Grandinetti, dijo que se trató de “es un acuerdo con privados para brindar una promoción uniforme en la provincia e incentivar el traslado de todos los santafesinos”.
Fuente:RedaccionRosario
Fuente:RedaccionRosario
SOBRAN PEDIDOS
Trabajadores de la salud salen a la calle antes de la primera reunión paritaria
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) anunció que el gobierno provincial los convocó a la primera reunión paritaria del año. A través de un comunicado, detallaron las principales demandas que el sector expondrá el próximo viernes. Este miércoles movilizarán hacia la sede de Gobernación en compañía de otros gremios estatales.
La marcha, que comenzará a las 10 en Plaza 25 de Mayo, será en reclamo de paritarias sin techo y en rechazo al decreto que plantea que los aumentos de enero y febrero, correspondientes a la cláusula gatillo de noviembre y diciembre de 2019, sean a cuenta de la paritaria 2020. Amsafe y ATE Rosario se sumarán a la protesta.
Además habrá paro en los Centros de Salud y en las guardias de hospitales que sólo atenderán urgencias, planteando que se paguen sumas adeudadas en diferentes conceptos, que se cubran las vacantes, la equiparación de monotributistas con quienes se desempeñan en planta y denunciando falta de personal en guardias.
Las demandas
“Recomposición salarial” aparece como el principal reclamo por parte Siprus. En este sentido, sostienen que el salario mínimo, vital y móvil de un profesional de la salud que trabaja part time (es decir, 24 horas) es de 70 mil pesos.
Entre otras cuestiones, solicitan equiparación salarial para contratados y monotributistas, pase a planta de contratados y monotributistas desde 2013 octubre de 2013 hasta la actualidad y pase a planta de interinos. Además, detallan una serie de “reclamos de género”.
En este apartado solicitan la creación de guarderías maternales o pago de las mismas, licencias por nacimiento por seis meses, reconocimiento de licencia por maternidad para las monotributistas, horas de lactancia para profesionales que realizan guardias activas y “cuidado de la embarazada”.
Fuente:RosarioPlus
Fuente:RosarioPlus
Seguridad
En busca de la emergencia, Sain le baja el tono a las disputas con la oposición
El ministro reconoció que bajo el gobierno del Frente Progresista la Justicia provincial logró desarticular importantes organizaciones delictivas. Es una señal hacia la oposición en medio del debate, en la Legislatura, por la Ley de Necesidad Pública que incluye la emergencia en seguridad
En esa línea, el ministro de Seguridad Marcelo Saín, que en el inicio de su gestión había sido despiadado con el gobierno anterior, comenzó a enviar señales hacia el principal espacio opositor: el Frente Progresista. El lunes por la noche, en una entrevista con C5N, Saín reconoció que durante el gobierno del Frente Progresista la Justicia provincial logró desarticular importantes organizaciones delictivas que operaban en territorio santafesino, entre ellas Los Monos y la banda liderada por Esteban Alvarado.
“El año pasado fueron desarticuladas las primeras y segundas líneas del narcotráfico en Rosario”, reconoció Saín. Sin embargo, aclaró que esos delincuentes siguen operando desde la cárcel –una hipótesis sobre los hechos de violencia registrados desde principios de año– y que “el negocio narco hoy está a cargo de cuartas y quintas líneas” de esas bandas.
El ministro de Seguridad señaló además que “durante décadas” hubo complicidad de la Policía provincial con el tráfico de drogas, una imputación que abarca a las gestiones del Frente Progresista y también del PJ. Y admitió que fue posible descabezar esas bancas por la tarea de “jueces y fiscales de la provincia de Santa Fe, algunos pocos pero muy comprometidos, y por sectores de la propia Policía”.
Sobre el incremento de la violencia y los homicidios, Saín sostuvo que “son los costos de haber roto un conjunto de acuerdos y desarrollar una gestión que inevitablemente iba a tener esto”. Y continuó: “Cuando durante décadas se gobierna a través de pactos con sectores de la Policía que históricamente han protegido a esos grandes núcleos, y esos grandes núcleos son desarticulados por jueces y fiscales de la provincia de Santa Fe y por parte de la Policía, porque gran parte de estas investigaciones se realizan a través de esta fuerza, ocurren lo que hoy pasa en un mercado prolífico para el narcotráfico como es Rosario”.
Saín dijo también que su compromiso es ponerle punto final a esa connivencia: “No vamos a gobernar admitiendo el pacto entre el mundo policial y el mundo criminal y esto para nosotros tiene una consecuencia muy importante: estas organizaciones hoy no tiene protección policial. Es una decisión política e institucional del gobierno. Al comenzar la gestión, sacamos 70 altos mandos de la fuerza y cuando el gobernador Perotti dijo el 11 de diciembre que ‘se acabó la gobernabilidad pactada con el mundo criminal’ es una descripción de lo que ocurrió el año pasado, donde las grandes organizaciones fueron desarticuladas con su componente policial”.
“Hoy la Policía no está depurada”, siguió el ministro. “Nunca la Policía fue reformada durante la democracia santafesina, la matriz institucional de la Policía data de la década del 50. Son 19 regionales y la verdad es que la gente tiene razón cuando dice que hay poca Policía en las calles. En Rosario, son 200 policías por turno. Esto es lo que hemos encontrado, lo que hay hoy. No digo que sea responsabilidad de nadie. Tenemos que sentarnos a discutir con la oposición, vamos a enviar un paquete de leyes para reformar todo esto y modernizarlo. Tenemos que acordar qué Policía queremos tener”.
Palos a la Justicia
En paralelo a su nuevo discurso conciliador con la oposición política, el ministro de Seguridad de la provincia lanzó fuertes críticas a la Justicia y puso el foco en la actuación de la fiscal Cristina Ferraro, quien tiene a su cargo la investigación del asesinato del empresario Hugo Oldani, ocurrido el martes 11 de febrero en la ciudad de Santa Fe.
“La semana pasada hubo el homicidio de un empresario que era dueño de una agencia de viajes, en esa agencia se planteó que fue un homicidio en ocasión de robo. Yo estoy en condiciones de señalar que ahí no operaba solamente una agencia de viajes, ahí ocurrían otras cosas, y no se trató solamente de un homicidio en ocasión de robo”, deslizó Saín.
“Hubo una movilización popular que nosotros respetamos. Y quedó la cosa estigmatizada como que fue un robo ‘al boleo’. Hoy tenemos elementos claramente constatados por la investigación de la fiscal, muy lenta esa investigación, sospechosamente lenta, que en esa oficina no operaba solamente una agencia de viajes, sino algunas cosas más que tienen que ver con delitos muchos más graves”, agregó Saín.
Y sumó más sospechas al señalar que “pasan muchas cosas en el momento que tienen algún tipo de relieve como noticia inicial y después, cuando recorremos la investigación, nos damos cuenta de que hay temas que son mucho más complejos”.
Perotti con la Corte
Este martes, el gobernador Perotti mantuvo su primer encuentro institucional con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez. Los ejes del encuentro fueron los problemas económicos y financieros que atraviesa la provincia y su impacto en la actividad del Poder Judicial.
Gutiérrez hizo una serie de demandas ante Perotti: “Planteamos las necesidades nuestras, la necesidad el diálogo, de saber escuchar al otro; el gobernador estuvo abierto a todos los interrogatorios que tenemos nosotros desde la Corte”.
“Las demandas –siguió el magistrado– son las mismas de siempre: el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque es fundamental que no haya demora en la designación de los jueces porque eso repercute en el servicio; después el tema de las obras pendientes. Nos pusimos de acuerdo que a medida que la situación financiera de la provincia vaya mejorando, eso va a repercutir en todas las obras”.
A su turno, el gobernador Perotti afirmó: “Esta fue una reunión necesaria, cuanta más información sobre la situación de la provincia tenga cada uno de los poderes, seguramente cada uno de ellos podrá actuar con mejor y mayor criterio frente a esa información. Y creo que es nuestra tarea brindarla, ponerla a disposición”.
“Poner en claro en dónde estamos parados –continuó Perotti– por qué estamos en esta situación, cómo pensamos salir, cómo pensamos que un proyecto que ya está en la Legislatura puede ser una herramienta importante para el mejor funcionamiento de la provincia y para que los santafesinos tengan la posibilidad de que en esta situación difícil, puedan sobreponerse de la mejor manera, ha sido parte también de la charla. Ojalá haya mucho más diálogo y si hay acciones o procedimientos que podamos mejorar, lo hacemos”.
Reunión con Gendarmería
El gobernador también mantuvo ayer una reunión de coordinación con los jefes de Gendarmería Nacional, que desarrollan sus tareas en Santa Fe y en la región. Del encuentro, realizado en Casa de Gobierno, participaron también el ministro Sain y el jefe de la Policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia.
El encuentro con los gendarmes apostados en Santa Fe marca la continuidad de las políticas de coordinación entre provincia y Nación iniciada el 16 de enero cuando Perotti visitó en Buenos Aires a la ministra de Seguridad Sabina Frederic.
En esa ocasión, las autoridades políticas analizaron la situación de la provincia de Santa Fe ante la ola de crímenes registrada en el inicio del año. Y firmaron un convenio de acciones conjuntas –entre ellas, intercambio de información– para combatir el delito y reducir los niveles de violencia en territorio santafesino.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Fuerte crítica al rol de la Fiscalía en la causa por la explosión en Salta 2141
Los defensores de los administradores del consorcio y de empleados de Litoral Gas tildaron ayer de "irresponsable" a la fiscal Graciela Argüelles.
Por Diego Veiga
recuerdo. Cada jornada de debate, la familia de Débora Gianángelo, fallecida en la explosión, coloca su foto en el ingreso a la sala de audiencias.
Miércoles 19 de Febrero de 2020
Los defensores de los administradores del consorcio del edificio de calle Salta 2141, que estalló el 6 de agosto de 2013, y de empleados de Litoral Gas, criticaron ayer duramente el accionar de la fiscal Graciela Argüelles en el caso. Fue en el marco de las audiencias de apelación al fallo que en primera instancia condenó el año pasado al gasista Carlos García, quien manipulaba el regulador el día de la explosión, y absolvió a otros 10 imputados.
Mientras el defensor de los administradores, Víctor Corvalán, insistió con pedirle a la Cámara Penal que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pague las costas de sus defendidos “por la irresponsabilidad que la Fiscalía ha tenido en este caso”; quien defiende a los empleados de Litoral Gas, Walter Stramazzo, remarcó que “hay que tener osadía para presentarse ante el tribunal a asegurar cosas que las pruebas desmienten”.
La vehemencia de ambos defensores contra quien lidera a los fiscales en este causa llegó un día después de que Argüelles pidiera que se revieran las absoluciones de administradores y empleados de Litoral Gas y se los condenara a cinco años de prisión.
La fiscal también había considerado que el fallo que los absolvió fue “arbitrario” y que el tribunal “no había comprendido la complejidad del caso”, ya que desde el MPA se insiste con la teoría de que la peor tragedia que se desató en la historia de Rosario fue el resultado de una cadena de irresponsabilidades y no sólo obra del mal accionar del gasista Carlos García.
Ayer, las defensas recogieron el guante. “Argüelles tuvo un destrato inconcebible en un funcionario público”, disparó Corvalán y defendió la absolución en primera instancia de sus clientes. “Para condenar se debe tener una plena convicción y el tribunal explicó por qué los absolvió”, señaló.
En tal sentido, dijo que la fiscal había tildado de “ingenuos” a los jueces y que “habían caído en las trampas de las defensas”. “Cuando se agrede así es porque faltan argumentos sólidos. La fiscal careció de objetividad desde un comienzo. No se contribuye al fortalecimiento del sistema judicial con críticas absurdas”, subrayó.
El letrado insistió con pedirle a la Cámara Penal que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pague las costas de sus defendidos, “por la irresponsabilidad que la Fiscalía ha tenido en este caso”. Un pedido que ya había formulado en el marco del juicio que se realizó el año pasado.
Repeticiones
Por su parte, Stramazzo, defensor de los empleados de Litoral Gas, remarcó que la Fiscalía repitió argumentos que ya había dado en el juicio en el cual el tribunal absolvió a sus defendidos. “Einstein decía que si siempre se hace lo mismo, no se puede esperar un resultado distinto. Es decir, si siempre van a decir lo mismo, no pueden esperar cambios”, dijo en relación a los argumentos de la fiscal para pedir que la Cámara revea el fallo de primera instancia.
En ese sentido, consideró que Argüelles “tiene que tener osadía para presentarse a asegurar cosas que la prueba desmiente. Me trató a mí de tramposo y al tribunal de ingenuo. El dolor que ocasionó este caso no da para hacer más declaraciones sobre esto”, sentenció.
Trascartón, enumeró las pericias que remarcaron que la válvula de corte de gas estaba en condiciones y remarcó que el trabajo del gasista García “fue clandestino. No pidió permiso a Litoral Gas para cambiar el regulador”, aseguró.
Así, remarcó que el gasista sólo fue a la empresa el 1º de agosto, cinco días antes de la tragedia, “a pedir permiso para cambiar una estufa de un departamento”. Sin medias tintas, dijo que “no es verdad” que le hayan dado una autorización verbal para cambiar el regulador. “El problema es que no cerró la válvula ni la puerta del edificio, entonces cuando se produjo la fuga, el gas se fue hacia adentro”, indicó.
Stramazzo refutó también lo dicho por el bloque acusador en relación a que el Enargás había sancionado a la empresa por haber restituido el servicio el 26 de julio de modo irregular. “Eso es inexacto. Lo que cuestionó el Enargás fue la verificación de la calidad de las piezas que había cambiado Allala (el gasista que trabajó en el lugar unos días antes que García)”.
Así, dijo que “no hay manera de trasladar el resultado de haber devuelto el servicio con el estrago que se desató días después” y diferenció lo que sucedió en Salta 2141 con los hechos de Cromañón o la tragedia ferroviaria de Once. “En ambos casos, los actores conocían que había situaciones que aumentaban el riesgo, lo que no tiene nada que ver con lo que pasó aquí”, aseguró.
Así, basados en pericias y testimonios, ambos letrados le pidieron a la Cámara Penal que deje firme las absoluciones de sus defendidos.
Las audiencias continuarán mañana, cuando se escucharán a familiares de las víctimas y las palabras de algunos imputados.
La fiscal pidió disculpas en la audiencia
La fiscal Graciela Argüelles pidió disculpas ayer y admitió que “nunca” quiso utilizar “palabras ofensivas. Si la palabra trampa no fue feliz, pido disculpas, quise decir recurso”, indicó para aclarar por qué había dicho que el tribunal que absolvió el año pasado a diez imputados por la explosión del edificio había caído “en las trampas de la defensa”.
La funcionaria remarcó que la Fiscalía “cumplió con su deber de objetividad en una causa compleja que se inició en el viejo sistema penal”. Además, refutó argumentos del defensor del gasista Carlos García, Hugo Bufarini, quien había señalado que en el juicio que condenó a su defendido no se habían tenido en cuenta declaraciones de otros gasistas que indicaron que Litoral Gas daba autorizaciones verbales para realizar trabajos.
“No se probó en la causa que lo hayan autorizado a operar”, señaló Argüelles y destacó que García “no presentó el trámite formal ante la distribuidora” y “trabajó con la válvula abierta”.
Basada en testimonios de testigos, la fiscal también remarcó que los reclamistas de Litoral Gas, Guillermo Oller y Luis Curaba, rehabilitaron el servicio el 26 de julio de 2013 “a los martillazos” sobre la válvula de corte. “Esa válvula quedó abierta después de la intervención de Oller y Curaba y García no la cerró”, aseguró.
Además, subrayó que el gasista “no cumplió ninguna de las previsiones para el caso de una emergencia. Ante la fuga, salió corriendo”, remarcó. Una conducta que, a su entender, “agravó los daños”.
Fuente:LaCapital
A un mes del crimen de Fernando, los rosarinos se convocaron para pedir justicia
Este jueves por la tarde, un gran número de personas se reunió para repudiar el crimen del joven en Villa Gesell y la violencia en general.
Fotos: Sebastián Moreno
Un gran número de personas se reunieron en el Monumento a la Bandera para pedir por el fin de la violencia. Se concentraron en Córdoba y Alem, y desde allí marcharon hacia plaza San Martín.
Embanderados en el pedido de justicia por Fernando Báez Sosa cientos de rosarinos se convocaron este martes, fecha en la que también se realiza una multitudinaria marcha en Buenos Aires, al cumplirse un mes del crimen del joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en la ciudad balnearia de Villa Gesell.
Desde el Monumento a la Bandera, cientos de personas -algunas de ellas portando carteles y velas encendidas- marcharon por calle Córdoba hasta la plaza San Martín, pidiendo justicia para Fernando y para otras víctimas de la violencia.
Al llegar a la plaza, los presentes se ubicaron en el centro de la misma al grito de «justicia», acompañado por los incesantes aplausos que se mantuvieron a lo largo de la marcha, donde se realizó un minuto de silencio en memoria del joven asesinado en Villa Gessell.
De la protesta también participaron familiares de Liz, una nena que murió días atrás en el hospital de Niños Zona Norte en circunstancias que se encuentran en investigación. La niña llegó con un cuadro de gastroenteritis y horas después falleció. Por lo que los familiares aducen que se trató de un caso de mala praxis.
Otros puntos de concentración son la Plaza de la Independencia, en Mendoza; el Paseo de las Rosas, en Ushuaia; la Plaza 25 de Mayo de San Juan, la puerta del consulado argentino en Barcelona y la catedral de San Pablo, en Londres.
Fiscal recusada
La fiscal Verónica Zamboni solicitó que los ocho rugbiers detenidos sean imputados como coautores materiales del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell, mientras que pidió que los dos que ya fueron liberados, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, sigan siendo considerados partícipes necesarios.
La calificación que les cae a los acusados es «homicidio doblemente agravado por su comisión de alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», cuya pena es la prisión perpetua.
Según la fiscal, la noche de la brutal golpiza, los rugbiers «se abalanzaron sobre Fernando Báez Sosa aprovechando que se encontraba de espaldas e indefenso y actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica y física existente«. «Comenzaron a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo, lo cual provocó que la víctima cayera primero arrodillada y luego al piso inconsciente», agregó.
Pero los abogados de los acusados pidieron la recusación de la fiscal. Para ello, se iba a realizar una audiencia pero se suspendió porque la defensa no se presentó.
Si bien la recusación a la fiscal 6 de Villa Gesell, Verónica Zamboni, fue planteada por el defensor Hugo Tomei e iba a tratarse a partir de las 11 en el juzgado de Garantías de esa ciudad balnearia a cargo de David Mancinelli, a último momento el propio impulsor dijo que no había tenido tiempo suficiente para preparar el tema, explicaron los voceros.
Por ese motivo, ahora será el juez Mancinelli quien resuelva el planteo, probablemente por escrito, ya que al haber personas detenidas en el marco de la causa no quiere demorar su decisión.
#Rosario#JusticiaPorFernando #AHORA | Concentración en el @MNBandera en pedido de #JusticiaporFernandoBaez Sosaconclusion.com.ar/info-general/m…
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Fuente:Conclusion
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