Osvaldo Aymo, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial
"El objetivo es bajar las muertes 30 por ciento"
Si bien la tasa de muertes viales es muy superior a la tasa de homicidios, la APSV cederá 50% de sus recursos para atender la emergencia en seguridad.
Por David Narciso
Aymo es médico, experto en gestión vial y fue asesor de una de las principales cooperativas de seguros.
La tasa de homicidios en Santa Fe es un escándalo: 9.5 cada 100 mil habitantes. La tasa de mortalidad en siniestros viales es muy superior: 15.3 cada 100 mil habitantes. Todos hablamos todo el tiempo de la primera y casi nada de la segunda. Esto es lo llamativo de una tragedia que, además, golpea muy fuerte en la juventud: siniestros viales y homicidios dolosos son las principales causa de muerte de jóvenes entre 15 y 30 años. Traducido a términos absolutos: en 2018 los siniestros viales se llevaron 521 vidas (en 2013 fueron 732!) según el Observatorio de Seguridad Vial, o sea 167 vidas más que los homicidios dolosos (fuente: Ministerio Público de la Acusación).
Sobre esto y otros temas Rosario/12 dialogó con el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo. Afirma que “es la primera vez que se hace cargo de la Agencia de Seguridad Vial alguien especializado" en la materia. No duda cuando recita el objetivo: "Bajar 30% las muertes en estos 4 años. Nuestra política tiene tres ejes claros: velocidad, control de alcohol y de motos dentro de los ejidos urbanos”, afirma.
—La mayoría de muertes en ruta, por lejos, es sobre las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. ¿Qué le dijeron al respecto los nuevos funcionarios nacionales?
—Sí, es así. Ellos vienen a plantear la radarización de todas las rutas nacionales, con lo cual estoy totalmente de acuerdo.
—Además hay serios problemas de insfraestructura en esas rutas. ¿Legalmente está resuelto quién controla?
—Sí, porque el área jurídica provincial ya está trabajando un convenio con las de la Agencia nacional. Hoy está caído el convenio con Gendarmería, pero ya nos reunimos con el comandante Lema. No entiendo cómo la Policía Vial y la Gendarmería no han trabajado juntas. Como dice nuestro gobernador, en conjunto se puede potenciar un esquema para otras cuestiones, como droga, armas, etc. Lo mismo con Prefectura.
—En el verano pusieron el eje en controles de alcoholemia.
—Instalamos el control de alcohol todo el día, todos los días. Me llamó la atención que instalamos el control de alcohol a los choferes profesionales, para los que la tolerancia es cero, y encontramos casos positivos, algunos muy altos. Quiero decir..., esto estuvo siempre. ¿Por qué se detecta ahora? Porque está el control.
—Hacer más controles exige más recursos. ¿Los va a tener?
—Desde la agencia tenemos recursos, por ejemplo para instalar el tema de los alcoholímetros. Trabajamos con los municipios, se los damos en comodato… no por tenerlos nomás, les pedimos que rindan datos, información para diseñar políticas.
—El proyecto de emergencia que está en la Legislatura propone quitarle el 50% de los ingresos a la APSV para mandarlos a un fondo de emergencia en seguridad. Será un golpe muy fuerte para la Agencia.
—Sí. Pero hay una cuestión. Me entero que de la cantidad de multas que se labran, sobre todo en los éjidos urbanos, se cobra sólo entre 15 y 20%. Nos preocupamos porque las penas tienen que ser ejemplificadoras, pero no si las pagan... Si no la pagan es impunidad.
—¿Quiere decir que lo va a reemplazar con mejor gestión de cobranza?
—Sí, ya lo estamos implementando.
—¿Qué monto significa esa quita del 50%?
—Es difícil precisar porque hay otra cuestión en el medio, que es la ley que se aprobó a fin de año que bajó a la mitad las multas por el alto precio de los combustibles. Esa ley tiene algo interesante que es que escalona las faltas, las hace proporcional. El tema es que pone el tope de 300 UF (unidades fijas) y los baja a la mitad, y a su vez baja el litro de nafta a la mitad. Para mí la bajaron mucho. Y otra cosa, la ley es retroactiva y se aplica a multas que se hicieron cuando regía la anterior legislación.
—En definitiva, va a tener que hacer muy buena gestión de cobro... En las últimas horas trascendió que desde diciembre la provincia no envía las notificaciones por multas y que no se podrán cobrar. ¿Qué ocurrió?
—No es así. No habrá impunidad y todos van a recibir su notificación. Trabajamos en la reglamentación de la nueva ley. Los equipos jurídicos están en eso, particularmente lo referido a las faltas graves (más de 20 km/h del máximo permitido) para las que no se autoriza el pago voluntario con descuento.
—Cambiamos de tema. Santa Fe vive en boca de todos por la violencia. La tasa de homicidios, que es un escándalo, es 9.5 cada 100 mil habitantes y la tasa de mortalidad en siniestro viales es 15.3. Todos hablamos todo el tiempo de la primera y casi nada de la segunda.
—¡Es muy cierto! El tema de la percepción es central. Tenemos más percepción de riesgo de que alguien nos puede asaltar a que vayamos a morir en un siniestro de tránsito, porque creemos que lo del tránsito lo manejamos nosotros. Y en verdad una persona no puede estar todo el tiempo alerta en el volante de un vehículo, como no puede estar todo el tiempo alerta a la posibilidad de que le roben, porque el cerebro le va a estallar. ¿Entonces qué hace? Baja el nivel de alarma. Y ahí es donde ocurre el asalto o el accidente. Es muy importante la pregunta porque desnuda que desde el punto de vista ciudadano preocupa más la inseguridad que la seguridad vial.
—No sólo los ciudadanos, la agenda de los gobiernos.
—Es cierto…
—Lo que charlábamos recién con respecto a la decisión de usar fondos de seguridad vial para atender la inseguridad...
—Sí, pero fíjate que hubo un mensaje muy claro de nuestro gobernador. Dijo que la seguridad vial es una prioridad.
—¿Cómo está Santa Fe con respecto a otras provincias?
—Hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero la posición geográfica; segundo la presencia de los puertos más importantes del país; una red vial obsoleta. Todo eso hace una cuestión compleja. Con respecto a lo estadístico, siempre hay que mirar tasas y no cantidad de muertos. Porque si no siempre está primero provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Si medís por muertes cada 100 mil habitantes la cuestión se invierte totalmente. Ya no se muestra el problema por número de muertos en ningún lugar del mundo. Los países desarrollados miden por cada 100 mil habitantes, por cantidad de vehículos, por cantidad de combustible, por millón de kilómetros recorrido…
—El Observatorio de Seguridad Vial hace ese seguimiento. ¿Es buena la base estadística?
—Sí, el Observatorio trabaja excelentemente bien. Somos la única provincia con dos cuestiones muy importantes: tenemos el mapa de calor y la georreferenciación de cada siniestro. Todavía tenemos algún problema con la fuente de información.
24 de febrero de 2020
Lewandowsky pidió la aprobación del proyecto de ley
Apoyo a la Necesidad Pública
Senador Lewandowsky.
Imagen: Andres Macera
Imagen: Andres Macera
Este jueves la Cámara de Senadores de la provincia tiene en agenda tratar el proyecto de ley de Necesidad Pública que el Ejecutivo envió a la Legislatura. El senador por Rosario Marcelo Lewandowsky ratificó el respaldo a esas medidas de emergencia: “Estamos convencidos que la ley debe implementarse, esta semana tiene que salir de la Cámara de Senadores”.
Sostuvo que “es una necesidad no sólo el gobierno de la provincia, sino también municipios y comunas”. Y agregó: “Debe haber una superadora responsabilidad de los legisladores, del oficialismo y la oposición, para pensar que el beneficio no va a ser para un gobierno, sino para toda la ciudadanía”.
Asimismo, indicó: “Tenemos que reactivar la obra pública, saber cómo se van a pagar certificados vencidos en junio del año pasado. La ley va a permitir renegociar esa deuda, para que familias enteras no queden en la calle porque las empresas no puedan pagarle”.
24 de febrero de 2020
Calle Salta
Fallo a mitad de marzo
Tras las audiencias de apelación al fallo del juicio por la explosión del edificio de calle Salta 2141, el tribunal de la Cámara Penal (foto) indicó ayer que la resolución se conocerá a mediados de marzo. El tribunal de Alzada que dictaminará sobre la causa, resolverá sobre los alegatos y hechos que se ventilaron durante tres jornadas de audiencias orales y públicas. Lo que se apeló por parte de la Fiscalía y la querella es la decisión del tribunal de juicio que el año pasado absolvió a diez imputados y solo condenó al gasista Carlos García a la pena de cuatro años de prisión. La parte acusadora pide condenas al personal de la empresa Litoral Gas y a tres administradores del consorcio. En tanto, la defensa del gasista pidió absolución o una disminución del monto resuelto. Los jueces Carina Lurati, José Luis Mascali y Carlos Carbone están abocados a decidir sobre esos planteos.
Fuente:Rosario12
Santa Fe posee una tasa de crímenes mayor
La estación de la muerte
Por Luciano Couso
Publicada en 24/02/2020
Se acumularon 18 asesinatos en 21 días de febrero en Rosario. Son cuarenta los crímenes en los cincuenta días que transcurrieron del año. El ministro de Seguridad provincial dice que “en el 2013 hubo la misma frecuencia criminal” que se observa este verano. “Esto es habitual hacia fin de año y en los meses de enero y febrero. Es algo bastante estacional en esta época del año”, completa. La lógica de algunos medios de comunicación es impiadosa: destacan lo “estacional” como una boutade, como el efecto de la administración de un placebo a un enfermo terminal. Las estadísticas oficiales revelan que Marcelo Saín no está equivocado: los dos primeros meses del año suelen ser los que registran mayor cantidad de homicidios dolosos, al menos en los últimos siete años, aunque hay curvas ascendentes y descendentes. La dificultad que ofrece una respuesta estatal adecuada al asunto no es tanto cuantitativa como de calidad de las políticas que se apliquen. No puede obviarse, además, que hay interesados en la caída del ministro que inició su gestión separando a unos 70 jerarcas policiales y que, antes de asumir su cargo, produjo desde el Organismo de Investigaciones (OI) la pesquisa que llevó a la imputación de cuatro jefes de la fuerza de seguridad por su presunta vinculación con el último gran jugador del mercado narco que queda en pie: Esteban Lindero Alvarado.
Suben y bajan
“Cayeron un 62 por ciento los homicidios en Rosario durante febrero”, podría ser un título posible si se compararan los 29 casos de asesinatos intencionales del segundo mes de 2014 con los 18 reportados, a esta altura del mes, este año.
“Los crímenes aumentaron un 80 por ciento en Rosario”, también sería justificable estadísticamente, si la comparación se hiciese entre los datos de este mes con los 10 homicidios reportados en febrero de 2017, el registro más bajo de los últimos siete años.
Los registros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que cada año publica un informe sobre homicidios, indican que en febrero de 2014 se registraron 29 asesinatos.
En 2015 el número descendió a 23 homicidios en el departamento Rosario; en 2016 fueron 16 los contabilizados el mismo mes; en 2017 se registró la cifra más baja con 10 casos; en 2018 saltó a 15. El último febrero fue el más tranquilo en esa materia: 9 casos en el departamento.
Algo similar ocurre con el primer mes del año. De acuerdo a las estadísticas que difunde el MPA, en los últimos ocho años se registraron en promedio 21,5 homicidios en el departamento Rosario durante el mes de enero.
Los informes señalan que en enero de 2013 hubo 22 asesinatos; en 2014 y 2015 se registraron 28; bajó a 18 casos en 2016 y 2017; trepó a 21 homicidios en el primer mes de 2018 y cayó a 13 hechos el año pasado. Es decir que en los últimos ocho años sólo hubo dos en los que se registraron menos homicidios durante enero en Rosario que los de 2020.
Las mismas estadísticas muestran que con excepción de 2019, cuando el número de víctimas letales se redujo notablemente, en los últimos cuatro años enero se ubica entre los meses con mayor cantidad de homicidios, que se mantienen en el 10 por ciento del total de cada año, mientras diciembre y marzo suelen ser los que lideran el ranking.
Es decir que la estacionalidad que marcó el ministro de Seguridad esta semana es demostrable en las estadísticas oficiales sobre crímenes. Lo cual, por cierto, sirve más para observar que no se trata de un fenómeno novedoso que para proveer tranquilidad.
Los datos públicos también revelan que, al menos durante el último enero, la mitad de los homicidios tenía como posible causa la venganza entre grupos dedicados al narcomenudeo que emplean la violencia altamente lesiva como modo de arbitrar sus diferencias por porciones de un mercado tan riesgoso como redituable.
Otra porción no desdeñable obedece a la categoría de “conflictos interpersonales” –que puede sonar chistoso, porque si alguien decide matar a otra persona se presupone que existe un conflicto con ella-, que refiere a broncas resueltas mediante el uso de violencia letal que no están mediadas por la pertenencia al crimen organizado.
Como marcó el propio ministro, no existe una interpretación acerca de las causas de esa intensificación de los crímenes en determinados meses del año. “Nunca hubo una explicación del gobierno anterior. No hemos tenido tiempo ni hemos podido estudiar por qué se aceleran este conjunto de eventos hacia fin de año y hacia enero y febrero”, dijo Saín.
La espectacularidad
Que las bandas vinculadas al negocio narco disputan ese mercado ilegal a balazos tampoco constituye una novedad. Ni en Rosario ni en ninguna de las ciudades donde la demanda de drogas de uso prohibido crece y fortalece el comercio, indisolublemente asociado a la violencia en el eslabón más bajo de la cadena: soldaditos, bunkeros, jefes zonales.
Comercio regulado, además, por miembros de las fuerzas de seguridad corrompidos por el poder económico del tráfico y la venta de drogas. Y con complicidades judiciales y políticas, menos demostrables que la de los canas proveedores de pactos de impunidad siempre inestables.
Sin embargo, tanto el triple crimen de Empalme Graneros como la cuantiosa balacera al hijo de la titular del PJ de Villa Gobernador Gálvez –que no fue asesinado por su relación de descendiente de su progenitora- poseen elementos propios que dotan de espectacularidad a ambos casos.
La muerte de una pareja joven y de su beba de un año; los treinta y pico de agujeros en el cuerpo de un hombre que escapaba en su auto, emparentan el relato de los casos a las tramas narco de los guionistas de las series producidas por Netflix.
Le suben el precio a la noticia, que deja su habitual espacio doméstico para ascender al de los medios nacionales. La señal de cable TN envió un corresponsal por el asesinato de Martín Sebastián Berton, el hijo de Mónica Cabrera, la secretaria general del PJ de Villa Gobernador Gálvez.
La mujer dio dos entrevistas al canal del Grupo Clarín –entre otras- en las que cuestionó al ministro Saín por el esclarecimiento de los casos que, dijo, suelen reducirse a “ajustes de cuenta”.
“No tenía prontuario, no tenía antecedentes, ¿por qué consideran que mi hijo podía ser un maleante? Que me lo demuestren», sostuvo Cabrera, quien se hallaba acompañada por su otro hijo, llamado Diego, hermano del fallecido.
Diego explicó que su familia es “gente de trabajo” que no usa armas. Según pudo saber El Eslabón, en 2018 Diego Berton denunció que le habían baleado el frente de la casa y en aquella oportunidad, al ser consultado por la Policía, dijo que se trataba de un problema con su cuñado, apodado «Correntino», y agregó que el que «andaba armado es mi hermano», por el fallecido Martín.
Los investigadores policiales aseguraron que el fallecido Berton “era un pesado” y tenía presuntos vínculos con la comercialización de estupefacientes, aunque no poseía causa federal por ese delito.
Tenía antecedentes por amenazas, abuso de armas, resistencia a la autoridad, portación de armas y prohibición de acercamiento a su ex pareja, a quien en 2018 intentó quemarle la vivienda.
Nada de eso justifica el crimen –cuyo autor o autores deben ser perseguidos penalmente-, sólo brindan una aproximación a una posible explicación de la saña empleada.
Algo similar ocurrió con el triple crimen de Empalme, en el que fueron asesinados en una moto Cristofer Albornoz, su pareja Joana Corbalán y la beba de ambos de un año en Génova y Cabal la noche del domingo 16.
La relación familiar de Cristofer con Miguel Ángel Albornoz, alias “Caracú”, operó como posible explicación de los asesinatos.
El hombre de 72 años cumple prisión domiciliaria en una causa por narcotráfico. Había estado involucrado en otra, en la que recibió falta de mérito. La Policía lo señala como uno de los primeros cocineros de cocaína en Rosario junto a Roberto Del Valle Padilla, conocido como “El Tuero Boli”, asesinado en una esquina de Fisherton en 2012.
No hay detenidos por el triple crimen como tampoco por el homicidio de Berton. Oficialmente, la Policía los cataloga bajo el rótulo de “se investiga”, aunque fuentes de la fuerza de seguridad adjudican ambos casos a internas y venganzas narco.
Las brujas no existen
De los 40 homicidios ocurridos en el año, al menos 15 están referenciados oficialmente como motivados en el “narcotráfico”; hay varios más que se inscriben en la misma categoría pero por ahora bajo la modalidad de sospecha.
Sin embargo, no todos provocaron la misma atención de los medios de comunicación ni de la ciudadanía. Por lo general, los ajustes de cuentas son digeridos por los sectores medios de la población –aquellos con una capacidad de enojo que genera preocupación a la política- bajo la interpretación “se matan entre ellos”.
Las víctimas, en su mayoría jóvenes varones de sectores populares, poseen las cualidades necesarias para ingresar a la categoría de “matables”, es decir, la de muertos socialmente “aceptables” porque se la buscaron. Por eso no suscitan movilizaciones ciudadanas para reclamar contra la “inseguridad”.
El acento mediático que tilda entonces la “ola de homicidios” en Rosario es interpretado, en el Ministerio de Seguridad santafesino, como parte de una operación en procura de desplazar a su principal ocupante.
Una de las primeras medidas adoptadas por Saín consistió en el desplazamiento de 70 altos jefes de la Policía de Santa Fe por su desempeño presuntamente reñido con las normas que deben observar. El crecimiento del comercio de drogas, además de por la demanda, se explica a través de la complicidad policial rentada. El fenómeno de los búnkeres –construcciones a la luz de todos en los que se venden estupefacientes al menudeo- es un ejemplo de la connivencia.
Además, el ahora ministro es en buena medida responsable, cuando era jefe del Organismo de Investigaciones del MPA, de la investigación que reveló la trama empresarial de blanqueo de dinero de origen presuntamente ilícito de Lindor Alvarado, el jefe de un grupo criminal ligado al narcotráfico que creció a la sombra de la protección policial.
Mientras se producía la caída de Los Monos (familia Cantero), el asesinato de Luis Medina y las detenciones de otros jugadores más o menos importantes del tablero narco de Rosario, Alvarado construía su poder desde la cárcel donde cumplía condena por robo de autos.
Su caída arrastró también la de un grupo de jefes policiales imputados a fines del año pasado por su supuesta ligazón con “El Esteban”.
La decisión oficial de quebrar el pacto entre mafias y Estado, pronunciada por el gobernador Omar Perotti en su discurso de asunción, produce efectos en quienes resultan afectados por la modificación de ese status quo. Y no se quedan quietos haciendo pucherito.
¿Por qué Rosario?
Los datos oficiales sobre homicidios no sólo convalidan los dichos del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, acerca de la “estacionalidad” veraniega de los crímenes, sino que revelan que el departamento La Capital (Gran Santa Fe) posee una tasa de homicidios cada cien mil habitantes –como se miden internacionalmente los asesinatos intencionales- que desde hace años supera a la del departamento Rosario.
En 2014 la tasa de homicidios fue del 27,9 en Santa Fe y del 20,4 en Rosario. Al año siguiente fue de 20,2 en La Capital y del 18,6 en el Gran Rosario; en 2016 22,9 contra 14,3; en 2017 de 14,4 contra 12,9; en 2019 alcanzó el guarismo más parejo con 16,4 homicidios cada cien mil habitantes en La Capital contra 16 en el departamento Rosario.
El año pasado la tasa llegó al 17,6 en La Capital, cuatro puntos y medio más que los 13,1 de la ciudad que alberga el Monumento Nacional a la Bandera.
Si sólo nos informáramos por las noticias, podría asegurarse que el mayor problema en materia de homicidios radica en Rosario.
Fuente:RedaccionRosario
Homenaje y pedido de justicia a tres años de la tragedia de Monticas
A tres años de la tragedia de Monticas, que dejó un saldo de 13 muertos y decenas de heridos, este lunes por la mañana se realizará un nuevo acto en el lugar del siniestro, el kilómetro 779 de la ruta 33, para reclamar justicia y en memoria de los fallecidos.
En el lugar se concentrarán desde las 10:30 horas los sobrevivientes, familiares y allegados de víctimas, acompañados por la Federación de Choferes del Transporte (Foetapra) y organizaciones civiles y ONGs vinculadas a la educación vial.
Concretamente, se realizará un minuto de silencio por quienes perdieron la vida en aquel episodio del verano de 2017. “Reclamaremos justicia, que se avance en las investigaciones y se juzgue a los culpables. Pedimos a las nuevas autoridades provinciales que nos acompañen en este pedido para que haya celeridad judicial”, manifestó Walter García, normalizador de Foetapra y secretario general de Aota San Lorenzo.
Aunque la causa no avanzó demasiado en los últimos meses, hay 5 directivos de la empresa de transporte imputados por homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas, en calidad de coautores. “Se deben terminar las dilaciones judiciales y debe haber justicia”, señaló Adriana Liborio, integrante de la Ong Prohibido Olvidar.
Aquel 24 de febrero de 2017, cerca de las 10.45, dos colectivos de la empresa Monticas que viajaban en sentidos opuestos sobre la ruta 33 colisionaron de frente, a la altura del kilómetro 779, con el saldo de 13 muertos y decenas de heridos.
La hipótesis de la causa del choque es la explosión del neumático delantero izquierdo de uno de los vehículos, que tras eso se cruzó de carril y chocó con la otra unidad que venía de frente.
A LOS CAÑOS
El alquiler de un departamento de tres ambientes en Rosario subió 56% en un año
El costo de alquilar un departamento de tres ambientes en Rosario aumentó 56% en el último año, según una medición del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso). El valor promedio del mercado en febrero para esta clase de unidades habitacionales está en los 14.000 pesos.
En cuanto a los monoambientes ofertados en los distintos sitios inmobiliarios en la web e impresos, el estudio halló que el precio promedio oscila en $8000. Esto implica que un trabajador que percibe el salario mínimo y vital y móvil tiene que destinar el 47 por ciento de su ingreso al pago del alquiler de ese departamento básico. Una empleada doméstica, por caso, con un salario de 16.515, también debe asignar la mitad de su ingreso a pagar la renta de la vivienda.
En departamentos de un dormitorio, el mercado rosarino los ofrece en un valor promedio de $9600 mensuales, y en el caso de los de tres ambientes, $14000. En cada categoría, los precios varían en función de otras características propias (tales como antigüedad, si posee cochera, etc.) y de su entorno (infraestructura, disponibilidad de transporte, cercanía a centros comerciales entre otras).
Los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 19% del costo de alquiler.
El informe del Ceso advierte la dificultad que conlleva para una familia intentar mudarse a una vivienda más confortable. Quien desee pasar de un monoambiente a una unidad de un dormitorio debe gastar 1600 más de alquiler mensual; y el salto hacia la unidad de dos dormitorios le insumirá 4400 pesos extra. Con esto explica el informe la razón por la que el hacinamiento familiar se torna difícil de evitar, ante la imposibilidad económica y el crecimiento en número y edad de los integrantes del grupo.
El costo de alquilar un departamento de tres ambientes en Rosario aumentó un 56% en el último año. La mediana de las ofertas analizadas aumentó 33% tanto para los monoambientes como para los de 2 dormitorios.
Los departamentos de entre 20 y 34 m2 poseen un costo promedio de $8.347. En el otro extremo, los departamentos de entre 41 y 60 m2 poseen un costo promedio de $12.069.
Si bien, a medida que el departamento tiene una mayor superficie, su costo total es más alto, al considerar el costo por metro cuadrado la situación cambia. A mayor tamaño del inmueble menor costo por metro cuadrado. Esto se ve reflejado en el gráfico siguiente, el cual muestra la relación entre el tamaño de departamentos de entre 20 y 80 m2 y su precio de alquiler por m2 .
Podemos observar que por cada 10 metros cuadrados adicionales el costo del alquiler por metro cuadrado disminuye $15,71. Mientras que alquilar un departamento de 30 m2 cuesta $292 por m2 , el alquiler de un departamento de 40m2 es de $307,71 por m2 .
Fuente:RosarioPlus
Crece la idea de empezar a regular las aplicaciones de cadetería
Concejales se sumaron a la discusión. Una propuesta plantea incorporarlas a la ordenanza para reparto en motos y otra habla de elaborar una específica. El sindicato de cadetes pide terminar con una práctica “que alienta la competencia desleal y la precarización”
23 de febrero de 2020
Alvaro Arellano
Desde el Concejo Municipal manifestaron la voluntad conjunta de abordar la situación tributaria de plataformas móviles de cadetería. El servicio a bordo de bicicletas no está contemplado por la ordenanza actual, y de esta manera permite a las empresas seguir operando sin habilitación.
A partir de esta discusión, tambien emergen las condiciones laborales a las que se exponen los trabajadores. Desde el sindicato de cadetes coinciden en la necesidad de regularizar esta actividad para generar igualdad de condiciones entre quienes compiten en el rubro.
La ordenanza número 8.026 regula exclusivamente la actividad de cadetería para motos. Las empresas multinacionales detrás de las aplicaciones de celulares de delivery (como Rappi o Glovo o Pedidos Ya, por ejemplo) se amparan en este punto para quedar fuera, teniendo en cuenta que buena parte de sus envíos llegan a domicilio en bicicletas.
El artículo 4 de la normativa señala: “Los comercios y empresas que dediquen su actividad al servicio de distribución de sustancias alimenticias, mercaderías varias, cadetería y mensajería, así como los comercios que utilicen esa modalidad de reparto por su cuenta o por contratación de terceros, deberán estar debidamente habilitadas”.
Explicaciones
El concejal por el bloque Frente de Todos – PJ, Eduardo Toniolli, presentó días atrás un pedido a las nuevas autoridades municipales para que manifiesten su posición respecto al tema. Pidió conocer qué acciones llevará adelante el Ejecutivo frente al funcionamiento irregular de las empresas.
“Lo primero que deberían hacer las empresas es habilitar su servicio con la normativa vigente. Luego se podría hacer un agregado a la ordenanza actual en relación con el uso de bicicletas. No hay que inventar un rubro nuevo porque el de cadetería o logística ya existe. Las firmas tienen que adaptarse”, dijo el edil justicialista en diálogo con El Ciudadano.
Toniolli señaló que “las empresas nunca quisieron registrarse y el municipio tampoco fue a buscarlas para que lo hagan”. Por otra parte, consideró una trampa la posibilidad de que se debata una ordenanza exclusiva para todas las plataformas y aplicaciones digitales existentes.
“Las empresas tienen un discurso donde se presentan como aplicaciones, pero la utilizan para fidelizar a sus clientes. Es muy similar a lo que sucede con Uber, una firma de transporte que utiliza la aplicación para contactar a sus clientes”, finalizó el concejal del Frente de Todos.
Vacío legal
La concejala radical y presidenta del cuerpo legislativo, María Eugenia Schmuck, consideró que existe un vacío legal en la ordenanza actual y que la problemática puede resolverse avanzando en un nuevo rubro que integre y regule a las empresas. Ella coincidió con Toniolli en que las firmas evaden la habilitación y generan una competencia desleal entre los demás servicios de cadetería.
“La normativa para la habilitación de estas plataformas nos va a permitir exigirles mucho más a estas empresas que hoy están funcionando sin ningún tipo de control por parte del municipio”, explicó Schmuck.
La concejala manifestó su preocupación por las consecuencias que genera en términos tributarios. “Al no tener un establecimiento fijo evaden la habilitación que deberían tener. Aunque a mi juicio no es necesario tenerlo para ser reguladas”, remarcó.
Teniendo en cuenta que las firmas no se asumen como servicio de cadetería sino como intermediarias entre la oferta y la demanda, la concejala radical consideró que es “jurídicamente difícil establecer la relación de dependencia”.
A diferencia del concejal Toniolli, Schmuck consideró que no se trata específicamente de servicio de cadetería “porque no contratan cadetes, sino que ofrecen un servicio”. Por eso planteó la posibilidad de “que haya un nuevo rubro que las contemple” y comparó la situación con la habilitación de la venta ambulante, al tiempo que recordó que algo similar ocurre con la plataforma Airbnb en el rubro hotelero.
Cadetes
Desde el sindicato de cadetes buscan garantizar los derechos de quienes trabajan y piden que el Estado regule a las empresas para, entre otras cuestiones, integrar a quienes se desempeñan como cadetes en bicicletas.
Gustavo Yedro, secretario general del sindicato de cadetes dijo: “Con la regularización y el control es suficiente para que los trabajadores empiecen a tener mejores condiciones de empleo. De esa manera, habría una competencia leal y las firmas tributarían lo que corresponde”.
Yedro dijo que si bien existen varios rubros afectados por las aplicaciones tecnológicas, el servicio de cadetería “es el más visible por la exposición que tienen los jóvenes que llevan las mochilas”.
Desde el sindicato señalaron los perjuicios de la desregulación. “Las empresas pueden disminuir el costo del servicio y eso nos afectó directamente a los que hacemos cadetería tradicional. Ante la gran desocupación de los últimos años, las firmas detrás de las aplicaciones tuvieron la ventaja de contar con pretendientes constantemente”, explicó.
Yedro dijo que por el momento no tuvieron reuniones con autoridades municipales pero espera retomar el diálogo en marzo. Desde el sector, piden que el Concejo amplíe la ordenanza actual para incluir a quienes trabajan en bicicleta.
Fuente:ElCiuddanoyLaRegion
Los docentes ya piensan en un piso no menor al 35% de suba salarial anual
Así lo señala un trabajo elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz a pedido del gremio que nuclea a los maestros privados, Sadop.
Por Sandra Cicaré scicare@lacapital.com.ar
Lunes 24 de Febrero de 2020
La negociación salarial en la provincia en el marco de las discusiones paritarias “debe partir de un piso de actualización anual no menor al 35 por ciento” y, en función de que el éxito o el fracaso de la renegociación de la deuda argentina le marcará el pulso a la inflación, lo más acertado son las estrategias de “acuerdos cortos, que concentren el grueso del aumento en el primer semestre”.
Esa fue la conclusión de un trabajo elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz a pedido del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) Rosario, para llegar a la mesa paritaria con un insumo claro para la discusión, no sólo en términos políticos sino económicos.
La estrategia gremial, que ya vienen adoptando con éxito otros sindicatos del sector privado, como la federación que nuclea a trabajadores del complejo oleaginoso y desmotadores, permite contar con datos precisos sobre la evolución de la actividad, la inflación, el tipo de cambio y los recursos con los que contará la provincia para enfrentar las erogaciones en 2020, y a la vez, desarrollar el proceso de negociación paritaria con efectividad.
El informe de Ceso plantea que “en un escenario optimista, suponiendo cierto grado de éxito en la reestructuración de la deuda pública, la estimación de inflación se ubicaría entre 35 por ciento y 40 por ciento anual este año, y una estrategia de negociación salarial debe partir de un piso de actualización anual no menor al 35 por ciento, a través de mecanismos como cláusula de revisión o gatillo”.
De todos modos, los economistas del centro de estudios advierten que en el país y en la provincia, atravesados por el contexto particular de nuevas gestiones, se presentan dos etapas bien diferenciadas: un primer semestre con mayores certezas sobre las proyecciones macroeconómicas; y un segundo semestre fuertemente condicionado por el éxito (o fracaso) del proceso de renegociación de la deuda pública.
En ese marco, plantean que “la estrategia a adoptar en la negociación salarial debe centrarse en alcanzar el grueso de los aumentos sobre el primer semestre, cubriéndose de lo que pudiera ocurrir en un escenario más incierto”.
Una estrategia similar de acuerdos cortos fue la que predominó durante el año 2009 en plena crisis global. En ese momento, el propio Ministerio de Trabajo de la Nación, en un informe sobre el estado de la negociación colectiva, precisaba que para paliar la crítica situación muchos gremios intentaban “acortar los plazos de vigencia de cada negociación, acordándose en muchos casos lapsos menores a seis meses”.
El escenario previo
Según el diagnóstico del Ceso, los números duros muestran que el país arrastra una inflación inercial -es decir la que está incorporada a las expectativas de los agentes económicos- del 20 al 40 por ciento, y en rigor, estos porcentajes actúan como techo o como piso en función del éxito de las políticas económicas para controlar la evolución de los precios.
Con lo cual, a la hora de evaluar la forma de frenar la pérdida de poder de compra del salario, estos números no pueden soslayarse.
“La dinámica de actividad e ingresos con la que le tocó asumir a Alberto Fernández venía de un franco deterioro. A noviembre de 2019, el poder de compra de los salarios públicos a nivel nacional se deterioraba 6,1 por ciento en el año, mientras los del sector privado perdían 4,5 por ciento”, precisó el informe.
Las primeras medidas que adoptó el gobierno, viabilizadas a través de la ley de solidaridad social y reactivación productiva, fue ponerle plata en el bolsillo a la base de la pirámide social a través de decisiones como congelamiento de tarifas, revisión de la fórmula de actualización de las jubilaciones, moratoria a mipymes o el nuevo impuesto País para desincentivar el consumo y el ahorro en dólares.
De todos modos, a la hora de la pulseada por la recomposición de los ingresos de los sectores asalariados que se da en el marco de la discusión paritaria, “las demandas internas requieren una respuesta frente a dos años ininterrumpidos de deterioro del poder adquisitivo, cierre de empresas y pérdidas de puestos de trabajo”, precisaron los economistas en el informe elaborado para el gremio de los docentes particulares.
El escenario plantea un primer mojón que definirá el futuro de la economía argentina y santafesina, y es la deuda. “El núcleo de la política económica desplegada hasta el momento tiene fecha de vencimiento próxima”, detalló el Ceso y “el resultado de la renegociación condiciona fuertemente el margen de maniobra que vaya a tener el gobierno desde junio en adelante”.
Por otro lado, juega un rol clave el valor del dólar. Según explica el trabajo, la implementación de estrictos controles cambiarios y otras medidas como el impuesto País, hacen prever un escenario “donde no habrá saltos bruscos del tipo de cambio en el corto plazo”. De todos modos, advierte que “no va a haber un dólar congelado que funcione como ancla de los precios, ya que con una inflación tan elevada se corre el riesgo de quedar en un valor retrasado en poco tiempo y eso volverá a acumular tensiones para un nuevo salto”.
Con estos datos, los economistas del Ceso consideran que “la devaluación anual estaría en el orden del 20 por ciento”.
Por esto, “proyectamos que la posibilidad de tener una inflación por debajo del 40 por ciento para el año 2020 está asociada al grado de éxito que tenga la renegociación de la deuda y el mayor espacio fiscal para administrar los precios sensibles de la economía”.
Fuente:LaCapital
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