Terminarán las obras del Monumento que Macri dejó inconclusas
El símbolo de una ciudad y de un país
La primera etapa estará lista el 20 de junio para el acto del Día de la Bandera, lo que ya abre especulaciones sobre la presencia del presidente Fernández.
Por Juan Carlos Tizziani
Perotti hizo el anuncio en la Casa Gris junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis,
Desde Santa Fe
Las obras en el Monumento a la Bandera que el gobierno de Mauricio Macri nunca terminó, se van a terminar. La “decisión política” la comunicó ayer Omar Perotti en la Casa Gris. Y el anuncio lo completó –a su lado-, el ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, quien reveló que “ante un pedido muy explícito del gobernador de Santa Fe vamos a completar la puesta en valor del Monumento”. El plan es hacerlo en dos etapas: finalizar los trabajos más urgentes en estos cuatro meses y luego continuar las obras “para dejarlo en todo su esplendor como símbolo de una ciudad, de una provincia y de un país”. La fecha clave será entonces el 20 de junio de 2020. Después de tres años de clausuras, vallas y andamios, Perotti propuso liberarlo ese día para que “todos los argentinos podamos festejar el Día de la Bandera en su lugar”. “Vamos a trabajar con el intendente de Rosario Pablo Javkin para ajustar las instancias finales que nos permitan tener de aquí al 20 de junio un Monumento como la Argentina se merece”, dijo el gobernador. La promesa habilita desde ya las especulaciones sobre la agenda del acto y la presencia del presidente Alberto Fernández en el propio Monumento, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado cuando Macri lo festejó encerrado en un club de barrio.
El anuncio sobre la restauración del Monumento a la Bandera atravesó ayer una jornada de trabajo en la Casa Gris, donde Perotti y Katopodis firmaron un “Compromiso Federal para Obras Públicas en Santa Fe” y debatieron toda la mañana con intendentes y legisladores sobre la agenda de demandas. El ministro de Obras Públicas dijo que las “prioridades” las definirán el gobernador y los intendentes. “La decisión será de abajo hacia arriba”. Así que la lista de obras nacionales abandonadas, inconclusas y sin mantenimiento es larguísima. “Las vamos a sacar de la grieta” y “reactivar”, prometió Katopodis.
En esa lista, además del Monumento, el propio ministro y su secretario de Obras Públicas, Martín Gill, anotaron la ruta nacional 11, que atraviesa la provincia, otros dos corredores muy importantes: las rutas 33 y 34, el saneamiento de la laguna Melincué, el canal Vila-Cululú y la Cárcel Federal de Coronda que Perotti quiere habilitar cuanto antes, entre otras.
Fue el secretario de Obras Públicas, Martín Gill, el primero que anunció lo del Monumento a la Bandera. “Hemos puesto manos a la obra para garantizar la firma de un convenio que nos permita desarrollar la segunda etapa de intervención, con un primer desarrollo antes del 20 de junio, que es el acto central de conmemoración de nuestra enseña patria. Y luego continuarán las obras para dejar el Monumento en todo su esplendor como símbolo de una ciudad, de una provincia y de un país”, dijo el funcionario. Gill es el intendente de Villa María, que ganó la reelección en 2019, pero pidió licencia para sumarse al gabinete de Alberto Fernández como número dos de Katopodis.
Perotti dijo que él había tomado la “decisión política” de “finalizar las obras en el Monumento a la Bandera”. “El plan va a tener dos etapas. Una que nos permita que el 20 de junio vuelva a ser un festejo para todos los santafesinos, todos los rosarinos y todos los argentinos, en su lugar. Y después, seguirá la tramo final de los trabajos, lo que agradecemos al ministro y al secretario de Obras Públicas. La idea es coordinar con el intendente de Rosario Pablo Javkin las instancias finales que nos permitan tener de aquí al 20 de junio un Monumento como todos los argentinos se merecen”, dijo el gobernador. La definición habilita a pensar que al acto lo presidirá Alberto F.
Katopodis explicó que lo del Monumento “fue un pedido muy explícito” de Perotti, que “podamos retomar una agenda de mantenimiento y obras nuevas para completar la puesta en valor" del sitio histórico. "Vamos a hacer todas las tareas de mantenimiento y puesta en valor de acá al 20 de junio, pero también hay una cantidad de obras que quedaron inconclusas”, porque el gobierno de Macri “las suspendió”. “Por pedido del gobernador, las vamos a retomar. Nos vamos a sentar con el intendente de Rosario Pablo Javkin para conformar esa agenda y que tengamos el Monumento en las condiciones que debe tener. Es una primera etapa hasta el 20 de junio y después a partir de esa fecha una segunda etapa de obras”, sintetizó el ministro.
En sus intervenciones, Katopodis reveló que Perotti era “muy riguroso y muy puntilloso” en las demandas y “prioridades” de las obras públicas nacionales para la provincia. “Venimos a trabajar con un gobernador por el que tenemos una gran admiración desde que era intendente de Rafaela y ahora por el coraje y la fuerza con la que ha tomado las riendas de la provincia. 'Omar: –le dijo- cada vez que nos convoques, acá estaremos para arremangarnos y dar la respuesta que merece y necesita el pueblo de Santa Fe'”, sorprendió el ministro.
07 de febrero de 2020
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07 de febrero de 2020
Vicentín sumó ayer el primer pedido de quiebra
Tiene más vinagre que aceite
Una firma agrícola que le vendía granos pidió en un juzgado rosarino la liquidación del gigante exportador.
El pedido recayó en el juzgado en lo Civil y Comercial n°14 de los tribunales rosarinos.
Imagen: Andres Macera
Imagen: Andres Macera
Al filo del mediodía, cuando los empleados ya pensaban en el fin de la jornada en Tribunales, un abogado llegó hasta la mesa de entradas e inició un trámite que nadie en la familia Vicentín imaginó desde que la primera generación arrancó con el almacén de ramos generales en la lejana Avellaneda, en 1929: una de las firmas acreedoras que suman un rojo de 1300 millones de dólares pidió ayer en Rosario la quiebra del grupo Vicentín SAIC, la aceitera líder en agroexportaciones que se encuentra parada y en default desde diciembre pasado. La demanda judicial ahora complica los planes de la compañía, que hasta entonces desplegó –sin mucho éxito– la estrategia de acuerdos extrajudiciales con sus acreedores, con el propósito de evitar un concurso de acreedores y cualquier intromisión de la Justicia en su contabilidad.
La empresa que pidió la quiebra de Vicentín es Gagliardo Agrícolo Ganadera (Gagsa). Integra el grupo RJG junto con la constructora Obring SA, y tiene su oficina central sobre avenida Las Palmeras, en Cabín 9, Pérez. Su pedido recayó en el juzgado en lo Civil y Comercial n°14, a cargo de Marcelo Quaglia. Lo presentó ayer al mediodía el abogado Patricio Longo, del estudio Mattos y Salvatierra. Ante la consulta de Rosario/12, Longo rehusó hacer declaraciones hasta que el juez active el expediente.
Gagsa explota campos, propios y arrendados, en Los Cardos, Las Rosas, Cañada de Gómez, Santa Clara de la Buena Vista y en la localidad de Bandera, Santiago del Estero. En ellos produce soja y otros cultivos de rotación, lo que permite deducir la relación comercial que tendría con la aceitera en default.
El pedido de quiebra llegó al día siguiente del comunicado con el que Vicentín quiso llevar tranquilidad ante el rumor de una convocatoria de acreedores. Precisamente, la urgencia que Gagsa llevó a Tribunales precipita las cosas y el holding de las familias Vicentín y Padoán solo puede solucionarlo cancelando la deuda o haciendo lo que hasta ahora quiere evitar: mandar a sus abogados a Tribunales y pedir su propio concurso preventivo de acreedores.
La otra cuestión con la que la demandada podría ganar tiempo es intentar llevar todo el trámite judicial a la Justicia de Reconquista, con jurisdicción sobre la vecina Avellaneda, su domicilio legal y terruño de origen, donde goza del apoyo incondicional de "las fuerzas vivas".
Hasta ahora el directorio de Vicentín intentó acuerdos preventivos extrajudiciales (APE) con acreedores particulares, y negocia con los bancos cómo devolver lo prestado. Sólo el Banco Nación le reclama más de 18.000 millones de pesos que le prestó durante la gestión de Javier González Fraga como presidente, y Cambiemos en el gobierno.
La empresa expresó el miércoles que "la propuesta realizada a los acreedores comerciales ha cosechado un gran número de adhesiones y nos encontramos trabajando en la instrumentación de los acuerdos individuales". El humor de los acreedores discrepa con esa mirada. Cuando Vicentín les propuso el 24 de enero pagar las deudas mayores a 30 mil dólares solo hasta el 20% en lo inmediato, y el resto a 8 años, más de uno corrió a Tribunales. Hay diez empresas –entre ellas, la cerealera BLD, célebre a fin de 2019 por sus propios aprietos financieros– que pusieron su reclamo en la Justicia, y hay un centenar de productores y acopios detrás que tampoco aceptan la propuesta.
Vicentín había ratificado su voluntad de arreglar por vía de APE o con "cualquiera sea la figura jurídica aplicable". A partir del pedido de quiebra, la posibilidad de arreglar sin juez ni síndico de por medio parece extinguirse
Fuente:Rosario12.La provincia sale a las góndolas con Precios Santafesinos
07/02/2020
“El objetivo central es acercar productos de calidad a un menor precio”, destacó el gobernador Omar Perotti al presentar la lista de 90 productos santafesinos que habrá en supermercados y comercios de la provincia.
En sintonía con el relanzamiento de Precios Cuidados por parte del gobierno nacional, Santa Fe puso en marcha el programa Precios Santafesinos, que tendrá una lista con 90 productos, con precios de referencia en las góndolas de los comercios del territorio provincial.
En la presentación oficial, Perotti remarcó que “el objetivo central es acercar productos de calidad a un menor precio”, y admitió que “es un momento difícil y en los momentos difíciles es cuando hay que colaborar, pero ojalá nos quede para siempre la actitud de generar consumidores responsables, del cumplimiento de las condiciones de calidad, de los precios establecidos, de fijar condiciones y de hacer mucho más estable la relación”.
“Las puertas están abiertas para sumar actores, recibir sugerencias y saber que productos, insumos o servicios pueden sumarse a un programa de estas características”, señaló el mandatario, y destacó el “rol clave de senadores, presidentes comunales e intendentes, en ayudar a que el producto esté” en muchas localidades. “Si coordinamos los esfuerzos, la información nos va a garantizar a todos que las reglas del juego se cumplan”, concluyó Perotti.
Por otro lado, la vicegobernadora Alejandra Rodenas afirmó que “el gobierno de la provincia tiene la firme decisión de generar todos los instrumentos que sean necesarios para dar una verdadera batalla sobre este tema que tanto nos preocupa. Las familias santafesinas no han estado ajenas a la pérdida del nivel adquisitivo del salario y su deterioro en los últimos años del gobierno nacional”.
El gobernador @omarperotti firmó el decreto que crea el Programa “#PreciosSantafesinos”.
Sabemos que la solidaridad y el compromiso asumido por todos los sectores son la clave para hacer frente a momentos difíciles.
Queremos cuidar y defender el bolsillo de la población.
Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, afirmó que “los precios santafesinos son 90 productos que se producen en nuestra provincia y que, de algún modo, van a reforzar el programa nacional. Van a estar al alcance de los supermercados, los comercios y de todas las localidades de la provincia. Tenemos grandes expectativas y lo importante es que se pueda monitorear a través del consumidor y de las municipalidades, comunas y todas las cámaras para que sea efectivo”.
En tanto, el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, detalló que “este programa se construyó con un gran esfuerzo del sector privado, que aquí está representado por las dos cámaras de Supermercados, pero también vamos a firmar convenios para su difusión con la Asociación Civil de Entidades Empresarias del Sur Santafesino y la Federación de Centros Comerciales; y lo vamos a trabajar con municipios y comunas, convocándolos a fortalecer el programa mes a mes, etapa tras etapa”.
Los comercios que se adhieran exhibiran este cartel donde el consumidor podrá saber que al ingresar tendrá artículos acordados en su góndola, y a su vez en la web santafe.gov.ar/precios-santaf… encuentran los productos y precios
En este sentido, el funcionario detalló: “El programa prevé en esta primer etapa 90 distintos artículos genéricos a un precio único en toda la provincia. Son 8 rubros los alcanzados, 35 localidades con supers adheridos, y más de 150 comercios que confirmaron su adhesión”. Algunas de las cadenas que tendrán los Precios Santafesinos son Dar, Único, Arco Iris, Provesur, Micropack, La Reina, entre otros supermercados.
Fuente:RedaccionRosario
Fuente:RedaccionRosario
Increíble, pero real: los comedores de la UNR ofrecen menúes a 45 pesos
Las comidas son variadas, cambian todas las semanas y hay opciones vegetarianas y especiales para celíacos. Están supervisadas por nutricionistas de la universidad
Bartolacci hizo hincapié “en el esfuerzo colectivo que sugiere el mantener un precio de menú accesible y marcó lo importante de seguir fomentando la consolidación de la política de comedores”.
“Hemos tomado esta decisión porque estamos convencidos a que colabora a sobrellevar la situación de crisis en la que se encuentra el país y las dificultades que tienen muchos estudiantes para seguir con sus estudios universitarios”, ratificó el Rector.
Con el objetivo de colaborar con la comunidad universitaria, la Universidad Nacional de Rosario cuenta con seis comedores que ofrecen almuerzo y cena por 45 pesos y desayuno o merienda por 25 pesos.
Para docentes y no docentes el valor del menú es de 90 pesos. Las comidas son variadas, cambian todas las semanas y hay opciones vegetarianas y especiales para celíacos. Las mismas están supervisadas por nutricionistas de la Universidad.
Los seis comedores que están en funcionamiento actualmente son el de la Siberia, en Berutti y Riobamba, el de Ciencias Veterinarias en Casilda, el de Ciencias Agrarias en Zavalla, el del Área Salud en Av. Francia 750, el de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura en Pellegrini 250 y el recientemente inaugurado establecimiento del Área Centro en Córdoba 1917.
Durante el mes de febrero estos funcionarán en un horario reducido de 7.45 a 16 horas, mientras que en marzo retornarán a sus horarios habituales de 7.45 a 22.
A su vez, Bartolacci recordó que en enero se hicieron varias gestiones para intensificar el ritmo de obras de lo que será el nuevo Comedor del Área Salud. Con 800 m2 podrá albergar casi 400 personas por turno de las Facultades de Bioquímica, Odontología y Ciencias Médicas.
“Tenemos la grata noticia de que en muy pocos meses vamos a poder estar inaugurando este nuevo lugar que permitirá ampliar la cantidad de menúes a ofrecer”.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Un fallo histórico restringe a 800 metros las aspersiones terrestres en Sastre
La medida cautelar prohíbe a los productores aplicar agroquímicos dentro de ese radio, y al municipio autorizar estas prácticas.
Viernes 07 de Febrero de 2020
El juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, dictó una medida cautelar en la que determinó el alejamiento de la aspersión terrestre de todo tipo de agroquímicos a 800 metros de las plantas urbanas de las localidades de Sastre y Ortiz, en el departamento San Martín. La disposición fue aplicada en el marco de un recurso de amparo presentado el 29 de noviembre en los Tribunales de San Jorge, tras un reclamo de la familia de Zoe Giraudo, una niña de dos años que está en tratamiento oncológico y a partir de esa fecha vive en una casa expuesta a las fumigaciones. La actuación preventiva tendrá vigencia por el tiempo en que tramite el juicio ambiental colectivo contra la Municipalidad, que incluye a otros 40 vecinos como demandantes y se transformó en la primera acción judicial en la provincia que impone esa distancia para las aplicaciones terrestres para proteger a toda una población. La medida prohíbe la aplicación de todo tipo de agroquímicos con relación a los productores agropecuarios y a la Municipalidad la autorización de esas aplicaciones.
El objeto del reclamo judicial, promueve una acción de amparo ambiental colectiva para resguardar la salud de los habitantes de la ciudad en virtud de la cercanía de la actividad agraria y la consecuente aspersión de agroquímicos. En el pedido se solicitó una medida cautelar de mil metros de exclusión para las fumigaciones terrestres y de 1.500 para las aéreas.
En el fallo, el juez Hail rebatió las acciones judiciales presentadas por la Municipalidad, los productores y el gobierno provincial que, en todo momento, argumentaron a favor de continuar con las aplicaciones en cercanías del ejido urbano pese a los reclamos de los vecinos. Entre otras, se refirió a los recursos que utilizó el municipio, como el dictado de una nueva ordenanza durante el trámite del reclamo judicial en su contra, para intentar que pierda sentido el amparo.
En septiembre de 2019 el municipio sancionó una nueva ordenanza que estableció 200 metros de exclusión para fumigaciones terrestres y tres mil para las aplicaciones aéreas. Posteriormente solicitó que se declare abstracto el amparo al haberse modificado, por esa legislación local, las condiciones vigentes al inicio del juicio. El magistrado consideró que "el conflicto subyace —parcialmente— aún frente al cambio legislativo. Afirmar lo contrario sería soslayar que la modificación de la ordenanza no satisface plenamente la pretensión esbozada en la demanda y en la cautelar y privar a los actores de su derecho a continuar este proceso por el solo hecho de un cambio parcial en la legislación".
Derecho a reclamar
"Circunstancias de orden legal o unilaterales no pueden invocarse para privar de su derecho a reclamar al contrincante, pues sería muy fácil eludir el accionar de la Justicia", indica el fallo, y como ejemplo grafica que "no podría un acreedor quedar privado de su derecho porque la sociedad demandada cambie de denominación social o porque el Estado varíe la nominación de la moneda en circulación". Por esa razón, el juez desestimó ese argumento y consideró que "persiste la existencia de conflicto", y por lo tanto el amparo sigue adelante y es aplicable la cautelar.
También hubo un planteo sobre la legitimación y representación de los vecinos demandantes que fue desestimado, invocando lo establecido en la ley general del ambiente. Allí, el juez toma como base las directivas impuestas por esa ley y los acopla a otros principios en materia de protección ambiental, de la salud y de las personas en situación de vulnerabilidad.
Otros de los recursos utilizados para intentar bajar la demanda intentaba objetar la improcedencia de la cautelar solicitada. Al respecto, Hail recurrió a los fundamentos del "principio precautorio: cuando estamos ante daños ecológicos o aquellos otros que comprometen la salud pública, no puede pensarse en el clásico derecho a la responsabilidad civil con funciones resarcitorias, sino que se debe proponer una apertura preventiva y precautoria".
En este punto, el documento incorpora, entre un profuso listado de jurisprudencia, el emblemático caso conocido como Fallo San Jorge, que impuso una restricción también de 800 metros pero sólo en dos barrios de la ciudad, y en el que se indicó que frente a cuestiones ambientales y de salud humana "se debería prescindir del requisito de certeza del daño".
También considera que el municipio reconoció la existencia de una normativa contraria a derecho cuando en la modificación de la ordenanza amplió drásticamente el perímetro para las fumigaciones aéreas y duplicó las terrestres de 100 a 200 metros. A esa circunstancia se sumó la valoración de la documentación presetada por los vecinos (fotografías y planos) que dan cuenta de la ubicación de clubes, escuelas y viviendas; informes de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud que considera al glifosato como "potencialmente cancerígeno", el del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet (UBA) y el elaborado por la Universidad Nacional del Litoral para el Fallo San Jorge, entre otros documentos.
El magistrado indicó además que, ante este caso, resulta adecuado realizar una valoración de los derechos en juego. "Tenemos por un lado uno de tipo patrimonial constituido por el derecho a cultivar la tierra con el aditamento del mayor valor agregado por el uso de fitosanitarios, mientras que por el otro, estamos en presencia del derecho a la salud de un contingente de personas. Debo definirme en favor de los amparistas, el derecho a la salud se torna un bien fundamental y su menoscabo podría resultar irreparable, contrariamente a los bienes patrimoniales en juego".
El derrotero
El 20 de marzo de 2018 un grupo de vecinos se autoconvocó para presentar ante el Concejo sus inquietudes respecto a las aplicaciones de agroquímicos en los campos colindantes con la zona urbana y solicitar a ese cuerpo que promulgara una nueva ordenanza ampliando la zona de exclusión que, hasta ese momento era de 100 metros.
A los vecinos se sumaron los padres de Zoe Giraudo, una niña de dos años que se recuperaba de un linfoma No Hodking (enfermedad oncológica científicamente relacionada con la exposición al glifosato) que a fin de ese año emprendería una acción de amparo ambiental contra del municipio, a fin de alejar las fumigaciones de su vivienda ubicada en los límites de la zona urbana.
El cuerpo deliberativo realizó un intento de nueva ordenanza promulgando en agosto una medida que sólo extendía la zona de exlusión a 200 metros, que terminó siendo vetada por el Ejecutivo.
En septiembre de 2018 se supieron los resultados del 29º Campamento Sanitario realizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR que puso en números lo que la población ya sabía: que en Sastre la tasa de muerte por cáncer excede en casi un tercio a la media nacional.
Octubre llegó y el Concejo no terminó de definir la “ordenanza de fitosanitarios”. En esa instancia los padres de Zoe solicitaron a los ediles que dispusieran nuevos límites ya que la niña no podía estar expuesta a agentes contaminantes durante su recuperación. Finalmente el bloque Frente Progresista Cívico y Social presentó un proyecto proponiendo 500 metros de exclusión para las aplicaciones terrestres. Esa ordenanza nunca llegó a tratarse porque un sector de los empresarios agropecuarios se opuso.
Pedido desesperado
Desesperados, los padres de Zoe recurrieron a la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia para presentar un amparo ambiental contra la Municipalidad, solicitaron una medida cautelar de mil metros de exclusión para las fumigaciones terrestres y de 1.500 para las aéreas. A ese juicio se sumaron más de 40 vecinos que hacia fin de año celebraron la decisión del juez de San Jorge, Daniel Zoso, quien dispuso una cautelar de 400 metros. Sin embargo, una presentación de productores y el municipio encontró eco en la jueza, Beatriz Forno de Piedrabuena quien, en plena feria judicial, hizo caer la cautelar por problemas de forma. La causa pasó al juez Hail.
En septiembre de 2019, una nueva ordenanza estableció 200 metros de exclusión para fumigaciones terrestres y tres mil para las aéreas.
A fin de octubre, las partes fueron llamadas a una audiencia de conciliación solicitada por Domingo Rondina, el abogado de la Municipalidad. Sin embargo, ningún representante del municipio se presentó y la audiencia se desarrolló con la presencia de un productor agropecuario, incorporado a la causa como “tercero interesado”, junto a su abogado Iván Cullen, representantes del Estado provincial, funcionarios de las carteras de Agricultura y Medio Ambiente y la defensora de los vecinos, Magdalena Santacruz; la fiscal de la causa, la fiscal general y la abogada especialista en medio ambiente de la Procuración.
En días posteriores el municipio solicitó la recusación de juez Hail, pero dicha petición fue desestimada.
Fuente:LaCapital
Una familia necesitó 62.643 pesos para acceder a la canasta básica en enero
Desde Cesyac esperan que los próximos relevamientos arrojen una canasta más costosa, debido a que "los servicios van a actualizar sus tarifas y algunos tributos están congelados".
El Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) presentó este jueves los datos del relevamiento de enero e informó que una familia necesitó 62.643 pesos para acceder a la canasta básica.
«Del relevamiento realizado por el Cesyac sobre 50 productos y 19 servicios se concluyó que una familia tipo necesitó 62.643 pesos para poder acceder a la canasta básica. Esto implica un 2,35% de aumento respecto de la canasta del mes de diciembre. Hay que tener en cuenta que los servicios todavía no se han actualizado e incrementado en el 2020, con lo cuál esta suba está fuertemente impulsada por los productos de consumo masivo», explicó el titular del Cesyac, Ignacio Pandulo, a Conclusión.
Al momento de repasar cuáles productos son los que sufrieron mayores aumentos, Pandulo indicó que «la carne aumentó un 14,13%, las bebidas un 7,78%, y las verduras y productos comestibles envasados alrededor de 6,5%».
Respecto a la comparación con años anteriores, el titular del Cesyac apuntó que el incremento fue de 2,36% en enero de 2019. «Hay que ver cómo se desarrolla el resto del año. Es interesante que este es el primer relevamiento que hacemos desde que está en vigencia la nueva etapa del programa de Precios Cuidados, puesta en funcionamiento por el actual Gobierno», expresó.
Del estudio que realizó el Cesyac en esta oportunidad, surge que si una familia hubiera adquirido todos los productos de Precios Cuidados en las categorías que corresponde, hubiera ahorrado un 3,84% respecto del precio de la canasta.
Por otra parte, Pandulo anticipó que «seguramente» los próximos meses los relevamientos arrojen una canasta más costosa. «Los servicios van a actualizar sus tarifas, algunos tributos están congelados y otros no. Por ejemplo, la TGI va a subir más del 50%. Esto va a repercutir en las canastas básicas que tienen que enfrentar las familias en los meses sucesivos», apuntó.
OTRAS COMPARACIONES
Para graficar la profundidad del impacto de estos incrementos, Pandulo brindó otros ejemplos y comparaciones: «Si comparamos esta canasta con el Sueldo Mínimo Vital y Móvil, hay que decir que este último quedó muy atrás».
«Es muy interesante compararlo con los sueldos de los empleados de comercio, que es el gremio cuantitativamente más importante. Frente a una canasta básica que el año pasado aumentó un 49%, la paritaria de Empleados de Comercio fue del 30%. Un empleado de esta actividad que ingresa hoy y tiene todos los rubros en blanco -que ese es otro de los grandes problemas que tiene nuestro país- está percibiendo una remuneración de 30.000 pesos. Si los dos mayores de esa familia trabajan como empleados de comercio, quedan atrás de la canasta básica que es básica», detalló el titular del Cesyac.
Fuente:Conclusion
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