TROPEL 1 del 07.02.2020.

ATE y la CTA Autónoma no se desmovilizan y marcharán contra el arribo del FMI al país

El secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, anunció hoy la realización de una protesta el próximo miércoles para «repudiar la presencia de la delegación del Fondo Monetario Internacional» en el país, en el marco del proceso de renegociación de la deuda que encara el gobierno argentino con esa entidad.

«El 12 de febrero vamos a recibir al FMI con el pueblo en las calles», sentenció Godoy en un comunicado de ATE, en el que precisó que, ese día, realizarán una movilización en la avenida 9 de julio, junto a las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y demás centrales sindicales.

Asimismo, Godoy consideró que «será una jornada nacional de lucha, por lo que se producirán marchas en las principales ciudades de todo el país».

El líder sindical sostuvo que «la deuda externa y los acuerdos contraídos por (Mauricio) Macri con el FMI, que han impactado en la realidad económica de nuestro país y servido para fomentar la especulación financiera, fue un acto delincuencial».

«El FMI hizo su empréstito a sabiendas de la descontrolada fuga de capitales fomentaba por la política económica del gobierno anterior, en contra de los propios estatutos del FMI, con el único fin de financiar la campaña electoral de Cambiemos que con absoluto desprecio comprometió el futuro de varias generaciones, y agudizó los niveles de pobreza y hambre en el país», agregó.

En ese sentido, Godoy concluyó que «la principal deuda que se tiene es con el pueblo argentino» e indicó que, por eso, reclaman «la suspensión de los pagos de la deuda externa, y su investigación y auditoría».

«Hay responsables concretos en la Argentina y deben ser investigados?, aseveró el dirigente sindical.

Kicillof llamó a paritarias y aseguró que los docentes no perderán contra la inflación

Si bien el aumento pactado con los docentes se pagará en tiempo y forma, el gobernador informó que el adicional de diciembre se pospondrá treinta días, hasta que se sepa el porcentaje de inflación de ese mes. 

Pese a la situación de las arcas bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof confirmó que el aumento correspondiente a la inflación de octubre, noviembre y diciembre se pagará en febrero, y que se postergará un mes (marzo) el adicional «retroactivo correspondiente a la pérdida del poder adquisitivo de diciembre», vinculado al aguinaldo de diciembre. El mandatario provincial explicitó su voluntad de que los sueldos «no pierdan contra la inflación» y anunció que convocará a paritarias a los gremios docentes y a los estatales el próximo lunes 10 de febrero.

El miércoles pasado, los sindicatos de los maestros recibieron un comunicado del Ministerio de Trabajo bonaerense en el que se les informaba que los docentes cobrarán en los próximos días un aumento del 11,7%  cuando se publiquen los índices de inflación del último trimestre de 2019. Esta postergación corresponde al remanente del monto de la cláusula gatillo acordado con María Eugenia Vidal.

«El aumento a los docentes correspondiente a la inflación de octubre, noviembre y diciembre, se tiene que pagar a partir del conocimiento del índice de inflación. Entonces se pagará a principios de febrero. Hay un adicional que habían arreglado los maestros para diciembre que se va a pagar después», detalló Kicillof.

Desde los gremios reclamaron con diferentes énfasis que se cumpla con lo pactado con Vidal el año pasado, aunque indicaron que no están pensando en medidas de fuerza y que no empiecen las clases. También aclararon a sus representados que la cláusula gatillo se pagará en tiempo y forma, sin embargo reclaman que también se cumpla con ese adicional en febrero ya que es parte del salario docente.

Roberto Baradel, secretario general del Suteba, exigió que se pague «lo antes posible». Por su parte, Mirta Petrocini, de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), sostuvo que «el salario no se toca, se lo dijimos a todos los gobiernos anteriores y se lo repetimos a este» y explicó que «el pago de la cláusula gatillo es un compromiso del año pasado y representa una conquista para toda la docencia bonaerense. No podemos pedirle a los docentes que sigan esperando». Miguel Díaz, de Udocba, admitió que es un tema que desgasta e indicó que lo mejor que puede hacer el gobierno es «dar un aumento sustancial en serio porque hemos perdido alrededor de un 16% de poder adquisitivo en los últimos años».

Roberto Baradel@RobiBaradel

Aún sabiendo que Vidal dejó una Provincia devastada, para el SUTEBA el salario de los docentes, la inversión en infraestructura y en comedores escolares siempre fueron, son y serán una prioridad.63018:55 – 5 feb. 2020Información y privacidad de Twitter Ads425 personas están hablando de esto

Los chispazos por el tema salarial serán discutidos a partir del llamado a paritarias en la segunda semana de febrero junto con otros temas centrales, como los relacionados a infraestructura y condiciones de trabajo. Según cálculos basados en proyecciones sobre la inflación, la suba que se postergó rodea los 2900 pesos para un maestro de grado con diez años de antigüedad o 4100 pesos para un director de primaria, según cifras extraoficiales.

«Los estatales necesitamos tener garantizada la continuidad laboral, salarios dignos y una carrara administrativa en funcionamiento»

Así lo expresó el secretario general de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, luego de ser consultado por el pase a planta permanente de los precarizados en el Estado provincial

«Avanzamos en la instrumentación del reinicio del proceso de pase a planta permanente y estamos a la espera que el gobierno defina los pasos concretos a seguir. Necesitamos que esto sea a la brevedad, y por la intención planteada desde el gobierno no tenemos dudas que será en el corto plazo», señaló el titular de ATE Provincia, Oscar de Isasi.

Por otra parte, con respecto a la continuidad laboral de los y las trabajadoras del Estado bonaerense que vencen sus contratos en marzo, de Isasi hizo hincapié en las reuniones mantenidas. «Hemos intensificado las reuniones con el gobierno para apuntar a garantizar la continuidad laboral de todos los compañeros y compañeras. Esto se le hemos planteado a cada uno de los funcionarios en las reuniones que hemos mantenido e inclusive la necesidad de que se discuta en el presupuesto los cargos y que se los incorpore a los mecanismos habituales de las leyes que rigen las relaciones laborales. Estamos intensificando el diálogo en ese sentido y esperamos que a la brevedad haya definiciones», indicó de Isasi.

En relación al acuerdo mantenido para la reactivación del proceso a pase a planta permanente de los precarizados, el dirigente sindical sostuvo que «avanzamos en la instrumentación y estamos a la espera que el gobierno defina los pasos concretos a seguir. Necesitamos que esto sea a la brevedad, y por la intención planteada desde el gobierno no tenemos dudas que será en el corto plazo».

Otro de los puntos planteados por ATE es el pago del salario de manera similar a lo hecho con los trabajadores y trabajadoras del Estado nacional y la apertura de partitarias. «Es el momento de darle forma a ese aumento. Para esto la apertura de paritarias es indispensable. Debemos recuperar poder adquisitivo y esto se da de cara a una discusión paritaria que nos permita recuperar todo lo perdido en estos años. Hemos logrado compromisos en las reuniones que mantuvimos con el gobierno, esperamos que se instrumenten a la brevedad».

Otro de nuestros planteos es la necesidad de reforma de la carrera administrativa para que esta jerarquice y dignifique la tarea de los estatales. ?No tenemos dudas que los mecanismos transparentes van a mejorar la tarea de aquellos que lo hacen de manera correcta, son solidarios con el pueblo destinatario de la prestación y son compañeros con sus pares. Hay que democratizar las relaciones laborales. El gobierno está ante una oportunidad histórica y nosotros estamos dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento y nuestras propuestas?, cerró diciendo de Isasi.

Beneficiarios de planes sociales deberán incorporarse a cuadrillas de trabajo

El Gobierno de Alberto Fernández alista en una profunda modificación de los planes sociales que paga el Estado con la idea de que sus beneficiarios tengan la obligación de brindar un servicio a la comunidad.

El objetivo oficial es trabajar de forma conjunta con provincias y municipios para asegurar a estos trabajadores en primera instancia una prestación igual a un salario mínimo, vital y móvil.

La iniciativa está siendo elaborada por los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico; y el subsecretario de Promoción de la Economía Social, Daniel Menéndez.

La iniciativa fue confirmada por Pérsico a un grupo de legisladores e intendentes de la provincia de Corrientes que visitaron Buenos Aires; el Gobierno pretende lanzar las modificaciones a fines de febrero.

El diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, dijo que a fines de febrero el Gobierno nacional pondrá en marcha un nuevo programa de trabajo que garantice una prestación y un salario mínimo, vital y móvil a todos los beneficiarios de planes sociales del país.

Del encuentro también participaron los intendentes Raúl Rulo Hadad (San Roque), Vilma Ojeda (San Isidro), Fabiana Acevedo (Mantilla), el diputado justicialista, César Acevedo, entre otros dirigentes correntinos.

«Después del 20 de febrero, el Gobierno quiere poner en marcha una nueva modalidad de planes sociales para que las personas que reciben puedan tener garantizado un trabajo como contraprestación y un salario mínimo», explicó Arias tras el encuentro con Pérsico.

Agregó que la Nación va a implementar un nuevo sistema por el cual las personas que reciban un plan social, en el marco de una política de seguridad social, tendrán un trabajo.

El salario mínimo se va a conformar en un 50 por ciento con recursos de la Nación y la otra mitad deberán completar las Provincias, los Municipios o las instituciones donde los beneficiarios cumplan una tarea laboral, agregó Arias.

«Necesitamos estas políticas en Corrientes, donde tenemos un gran problema con la falta de trabajo, la subocupación, el trabajo en negro y los bajos salarios, razones por las que somos una de las provincias más pobres del país», dijo el legislador peronista.

Molinos Minetti: levantan la asamblea para avanzar con la reactivación productiva

Los 150 trabajadores afectados por los despidos en la planta harinera decidideron suspender la asamblea para acelerar el proceso de reactivación de la producción en la planta.

Los empleados de Molinos Minetti decidieron levantar la asamblea para continuar con el proceso de reactivación productiva de la planta.

Los mismos exigen el funcionamiento de una Mesa de Concertación permanente y plena, para elaborar un plan de reactivación del Molino Harinero.

Así, los 150 trabajadores decidieron levantar la asamblea permanente de reclamo pacífico que realizaban dentro de la planta desde hace 14 días. La novedad fue dada a conocer este martes al mediodía, en conferencia de prensa.

Allí expresaron que esta decisión «pretende ser una muestra de madurez y razonabilidad con miras de hacer un aporte al proceso de reactivación productiva de la planta que permita en definitiva reincorporar a la totalidad de los trabajadores, y asegurar el efectivo cumplimiento de todos sus derechos».

De este modo, detallaron que ?los trabajadores nos ponemos de forma proctiva a la reactivación, con la capacidad de ser el recurso humano necesario y vital para llevar acabo la puesta en funcionamiento de planta fabril generando así los recursos económicos y de mano factura que se requieren?.

«Los trabajadores no se retiran a sus casas, sino exigen el funcionamiento de una Mesa de Concertación permanente y plena, para elaborar un plan de reactivación del Molino Harinero», manifestaron.

Sus reclamos de reactivación de la unidad Productiva Molino Harinero San José, reincorporación de de la totalidad de los trabajadores a sus puestos de trabajo y pago total de la deuda salarial que a la fecha es de más de seis meses, se mantienen aguardando que la justicia falle a favor de sus demandas.  

Quilmes: Trabajadores despedidos de ANSABO adelantaron que buscarán la expropiación

Los empleados de ANSABO, en la provincia de Buenos Aires, anunciaron el avance de un proyecto de Ley de Expropiación, tras siete meses de reclamos.

Los empleados y la Comisión de Mujeres de ANSABO resolvieron la puesta en marcha de la producción bajo gestión propia, y anunciaron que en poco tiempo presentarán un proyecto parlamentario de expropiación de la planta.

Así, luego de siete meses ?peleando? por resguardar sus fuentes de trabajo presentarán un proyecto de expropiación de la fábrica.

Los damnificados fueron víctimas del derrumbe productivo en la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Mauricio Macri.

?Realizamos una primera prueba productiva de papel que queremos presentarles. Estamos en condiciones de producir, a pesar de la estafa que sufrimos tanto los trabajadores como el propio Estado producto de todas las maniobras de evasión impositiva, no pago de cargas sociales y otras ilegalidades que realizaron los ex dueños durante años?, informaron en un comunicado.

?También vamos a dar a conocer el proyecto de Ley de Expropiación que presentamos en la Legislatura de la Provincia para la cooperativa que conformamos?, aseguraron.

?Nuestra lucha no es solo por mantener la fábrica abierta para nuestras familias sino también en favor de nuestros vecinos y vecinas?, explicaron. En ese sentido sostuvieron que ?una fábrica cerrada es también un barrio con más pobreza y abandono?.

Los trabajadores, además de volver a producir, han abierto las puertas para realizar actividades recreativas con niños y jóvenes. ?Las familias de Ansabo no vamos a permitir más miseria para un barrio muy humilde de nuestro distrito?, sostuvieron.

Compromiso político 

Los trabajadores mostraron su disgusto por las «falsas promesas» de la gestión de Martiniano Molina. Luego del cambio de mando, tambiénse reunieron con la intendenta Mayra Mendoza y funcionarios de Axel Kicillof, y esperan que ?se concreten los compromisos asumidos? con ellos.

Por último, los trabajadores de ANSABO manifestaron tener ?la firme decisión y la necesidad de seguir trabajando?.

Los trabajadores convocaron a una conferencia de prensa para el próximo 13 de febrero: ?invitamos a todos los medios de comunicación y a todas las organizaciones sociales, sindicales, de los Derechos Humanos, politicas, estudiantiles y solidarias a qué sean parte y nos acompañen. En la conferencia vamos a informar sobre este nuevo paso en nuestra lucha, los reclamos que continúan pendientes y anunciaremos los pasos a seguir para que el Estado nos provea la ayuda necesaria y por la expropiación de la fábrica?. 

Monotributistas volvieron a movilizar contra el aumento del 51%

Este miércoles cientos de monotributistas marcharon al Ministerio de Trabajo y a la sede central de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para reclamar se suspenda el impuestazo del 51% aplicado sobre el tributo que pagan como trabajadores independientes. La diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores Romina del Pla acompañó los reclamos y puso su banca a disposición para impulsar un proyecto de ley sobre el tema.

La actividad fue convocada por el colectivo Monotributistas Organizadxs y acompañada por numerosas organizaciones gremiales y políticas. A primera hora se entregó un pliego de reivindicaciones en el Ministerio de Trabajo (avalado por 70 mil firmas), aunque ningún funcionario de la cartera de Claudio Moroni aceptó reunirse con los manifestantes. En el texto, además de plantear la necesidad de suspender el aumento, se denuncia la utilización del monotributo como herramienta para encubrir relaciones laborales de dependencia, un mecanismo generalizado incluso en el Estado (a todos los niveles, donde se estima que hay más de 350 mil trabajadores en esta condición irregular), por lo que el reclamo del pase a planta permanente es un punto central.

Más allá de denunciar la lógica de precarización laboral que implica el tributo que pagan cerca de 2 millones de adherentes, ya que aunque en muchos casos se tienen las mismas obligaciones que un trabajador en relación de dependencia pero ninguno de sus beneficios (paritarias, aguinaldo, vacaciones, licencias, etc.), también se planteó el problema de que muchas obras sociales sindicales no aceptan tomar a monotributistas.

Después de la presentación en Trabajo la nutrida columna de manifestantes marchó hacia la sede central de la AFIP, donde luego el Secretario General de Seguridad Social de la entindad, el ex diputado del Frente de Todxs Carlos Castagneto y junto otros funcionarios, mantuvieron una reunión con cuatro representantes de los monotributistas. Si bien Castagneto planteó que la AFIP es sólo el órgano de aplicación de las leyes tributarias y no tiene potestad para una reforma de fondo del tema, sí se comprometió a analizar en profundidad el pliego de reivindicaciones y a abordar el tema en un próximo encuentro, agendado para el 20 de febrero.

El funcionario también aseguró que la moratoria para PyMEs recientemente lanzada por el Gobierno nacional también abarca a los monotributistas, aunque reconoció que el texto es confuso y se comprometió a clarificar los alcances de la medida (cuestión que era uno de los puntos planteados entre los reclamos presentados).

Desde Monotributistas Organizadxs se manifestaron conformes con estos primeros resultados de la movilización y convocaron a una próxima asamblea este jueves 13 de febrero para analizar las respuestas oficiales y definir una continuidad del plan de lucha contra el aumento del impuesto y la precarización laboral.

CRÓNICA DE UN ASESINATO LABORAL ANUNCIADO EN LA BOMBONERA

«Las primeras semanas de enero, Boca inició una obra de pintura en exterior de La Bombonera a través de un canje publicitario con una empresa. Desde el cuerpo de delegados de empleados de planta del club denunciamos las condiciones precarias de seguridad en las que estaban trabajando los operarios de la empresa. Pedimos que la sección de Seguridad e Higiene de Boca hiciera una inspección junto con nosotros. La inspección se hizo y se pasó un informe con todos los requisitos que la empresa debía haber cumplido. La obra debió haberse parado inmediatamente al otro día, lo cual no sucedió.

Se siguió trabajando en las mismas condiciones, sólo con algunas pequeñas mejorías. Insistimos en que las condiciones de trabajo de esta gente eran pésimas, pero el apuro por llegar al partido del día 26 de enero (el clásico frente a Independiente), por mostrar el resultado del trabajo hecho, los hizo seguir. Y como no llegaban con los plazos previstos, a su vez esta empresa tercerizada contrató a otra. Es decir que había muchos compañeros trabajando en esas condiciones.

El día que Juan Romero se cayó del andamio (27 de enero), yo pasé por ahí y vi que el andamio, de cinco cuerpos, no tenía anclajes, ni puntos de sujeción; además tenía ruedas, que para semejante estructura son una complicación. Lo habían intentado atar a otros dos cuerpos de andamios que permanecían fijos en el piso como para lograr cierta estabilidad, porque estaba a unos 8 o 10 metros de altura.

Este compañero estaba trabajando con un arnés, pero sin sujeción a un anclaje o cabo de vida sobre la estructura del estadio, sino enganchado al mismo andamio. Entonces cuando se desató para bajar, el andamio se balanceó, cedió y el operario cayó. Sufrió fractura de pelvis, traumatismos varios y hemorragias internas. Después de cinco días de internación en el Hospital Argerich, murió. Desde ese día, la obra está parada.

Dos días después de la muerte hubo una inspección de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) exigiendo una serie de formalidades a Boca; entre ellas un permiso de obra, nónima de trabajadores de la empresa, nombre de la ART donde estaban asegurados estos trabajadores… Boca no tenia absolutamente nada. Ayer hubo una inspección de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y, por procedimiento, Boca va a formar parte de un Programa de prevención de riesgos y accidentes mortales.

Nosotros pedimos formar parte de los equipos de trabajo dentro del programa y tener acceso a toda la información y el análisis de lo que sucedió con este compañero. Con el Departamento de Salud Laboral venimos impulsando la creación de un Comité de Salud Laboral o de Seguridad e Higiene con representación de los trabajadores. Además, hemos hecho un plan de mejoras y oportunidades para presentarle a la institución en cuanto a las condiciones de trabajo.

Le tocó a este compañero, pero le podría haber sucedido a cualquier empleado de planta que trabaja en el sector de mantenimiento. Luchamos por el fin de la tercerización del empleo en nuestro sector. Hay alrededor de 70 trabajadores externos, tercerizados, prestando servicio permanente con salarios bajísimos. La tercerización en Boca es de vieja data, con la llegada del macrismo se comenzó con un proceso de desguace de nuestro sector y se empezaron a tercerizar distintas tareas que antes realizaban empleados de planta.

Curiosamente, cada uno de esos operarios tercerizados, sea cual fuere su actividad (maestranza, limpieza, mantenimiento de estructura de hormigón o pintura), en la comparativa de números es mucho más caro que un operario de planta, y esto habla de las ganancias siderales que tienen las empresas de servicio tercerizadas a través del fraude laboral. Y quienes permiten que esto suceda, también acumulan grandes ganancias.»

Alejandro Fernández trabaja en el sector de mantenimiento eléctrico de La Bombonera y forma parte del cuerpo de delegados del club, nucleados en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC). Nos comparte su testimonio sobre lo ocurrido con Juan Romero, el operario paraguayo de 49 años que hace unos días cayó desde las alturas y perdió la vida mientras pintaba el estadio de azul y oro.

El Mundo Boca no es ajeno a una realidad que se repite en diversos ámbitos: cada 20 horas se produce un asesinato laboral en la Argentina, es decir que cada día se pierde una vida por condiciones inseguras en el trabajo. No se trata de accidentes, como denuncia el espacio Basta de asesinatos laborales.

En la foto que acompaña esta publicación, un anuncio desoído de lo que iba a suceder unas horas después: Juan trabajando al borde del abismo, el preludio de un destino fatal que se podría haber evitado.

A casi dos meses del nuevo gobierno, continúan en el Bapro el presidente, ocho directores, tres síndicos y varios de asesores

Jorge Macri sigue atrincherado en el Banco Provincia 

Imagen: NA

Jorge Macri sigue sin dejar su cargo como presidente del Banco Provincia, a casi dos meses de haber asumido el gobierno de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. Este lunes, durante una reunión del directorio del banco, un tema a tratar era la convocatoria a la asamblea prevista para el jueves 6 de febrero, para hacer efectiva la renuncia presentada por el actual directorio del Grupo Bapro y elegir a las nuevas autoridades. Pero uno de los directores, el radical Diego Rodrigo, frenó la designación de nuevas autoridades del Grupo Provincia.

Juan Cuattromo, quien asumió la presidencia del Banco el 20 de diciembre último, había intimado al intendente de Vicente López para que convoque a la asamblea de accionistas y el Banco pueda designar a las nuevas autoridades. Supuestamente Macri había convocado asamblea para este jueves, pero el lunes, luego de aprobar diversos temas -entre ellos un nuevo programa de Reactivación para las Pymes y la nueva conformación de la gerencia general- Rodrigo abandonó la sesión. Así dejó sin quórum al directorio e impidió que se tratase la convocatoria a la asamblea. De este modo las nuevas autoridades del Banco Provincia siguen sin poder tomar el control administrativo del grupo financiero.

Axel Kicillof se refirió a este tema en el discurso que dio este miércoles en La Matanza, en un acto que tuvo como eje la promoción de créditos para las Pymes. «Perdieron las elecciones. Tienen que dejar que el banco y el Grupo Provincia, vuelvan a actuar. Compren un destornillador y desatornillense. Y por favor, no pidan doble indemnización«, adviritió el gobernador.

Fuentes del gobierno bonaerense explicaron que “esta situación produce una grave irregularidad institucional. Las autoridades legítimas del Bapro no pueden tomar el control administrativo de su grupo financiero. Vidal y Macri apuntan a mantener el control del grupo y sus ocho empresas, a casi dos meses de la asunción de Kicillof”. 

También denunciaron que “para tomar esta decisión, el director Rodrigo recibió la orden expresa de otro radical, Daniel Salvador, quien responde a la ex gobernadora Vidal”. Y agregaron que “según habría informado Salvador, la UCR no está autorizada a tratar este tema hasta que la ex gobernadora no vuelva a la actividad”. “De esta forma, Jorge Macri, ocho directores, tres síndicos y una gran cantidad de asesores continúan usurpando estos cargos por instrucción de Vidal y la UCR”, subrayaron desde el gobierno bonaerense.

El bloque de Cambiemos en el Senado de la provincia se niega a tratar el pliego del director propuesto por el gobernador desde el pasado 17 de diciembre. Lo que permitiría completar el directorio del banco y asegurar el normal funcionamiento de la entidad.

Por Diego Lanese

Gremios y afiliados apuntan a Vidal por la crisis en el IOMA: denuncian 23 muertes por falta de atención

Estatales denuncian que la entidad está al “borde del colapso”, por la millonaria deuda que dejó la gestión anterior. Un grupo de afiliados denunció que al menos 23 afiliados murieron por negligencias en la entrega de medicamentos y otros insumos. Los municipales adelantaron que llevarán a la justicia penal a la ex gobernadora por la situación dejada en la obra social.

Apenas asumió su cargo, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, denunció que la gestión de María Eugenia Vidal se quedó con millonarios fondos del IOMA, la obra social de los estatales bonaerenses. En concreto, el funcionario habló de unos 7.400 millones de pesos que debían ser parte de las arcas del organismo, pero que fueron girados al Tesoro provincial, y que al parecer se usaron en otras áreas. Sin estos recursos, la entidad que atiende a más de 2 millones de estatales tuvo serias dificultades para cumplir con las prestaciones.

De hecho, durante la gestión de Cambiemos hubo varias denuncias por cortes en la atención de los trabajadores, que denunciaron el “vaciamiento” de su obra social. Con el cambio de autoridades, los gremios y afiliados apuntaron a la mala administración de Vidal y sus funcionarios, que generó al menos 23 muertes por carencias en la atención. Así lo afirmó un grupo de damnificados formado hace un tiempo, que llevó sus reclamos a los nuevos funcionarios. Por esta y otras situaciones, la federación de trabajadores municipales anunció que podría denunciar penalmente a la ex mandataria. “El IOMA está al borde del colapso”, advierte.

La crisis en la obra social provincial se remonta al inicio de la gestión de Vidal, y se acrecentó en los últimos años. La deuda con los prestadores, los constantes cambios en los contratos con los profesionales o la falta de cobertura en todo el territorio fueron problemas contantes durante la pasada gestión. Algunos casos se volvieron emblemáticos, como el de la docente del distrito de Lomas de Zamora Gabriela Ciuffarella, quien falleció en febrero de 2018 esperando que el IOMA le entregue los medicamentos necesarios para tratar su cáncer de médula ósea.

Como este, hubo muchos casos donde los tratamientos llegaron tarde, o fueron negados por mucho tiempo. A partir de esto se formó un grupo, denominado “Víctimas y familiares de violencia institucional por parte de IOMA”, que comenzó a recopilar información, y a denunciar la falta de atención. La semana pasada, el grupo se reunió con el nuevo titular del organismo, Homero Giles, a quien le presentó pruebas de estos casos. Según le confirmaron a Gestión Sindical fuentes de la entidad, este grupo entregó al menos “23 expedientes de afiliados muertos por negligencia en la atención”.

En la reunión, se entregaron pruebas sobre varios casos similares al de la maestra lomense, como el de una menor con epilepsia refractaria que no fue atendida debidamente, o el de la joven Ludmila Torres, que necesitaba rehabilitación tras un grave accidente.

Los gremios estatales vienen alertando sobre los problemas que existen en el IOMA, y reclamando una solución a los problemas planteados desde hace años. Pero los trabajadores comunales quieren ir más allá, y llevar a la ex gobernadora ante la justicia por la mala administración de los recursos de la obra social.

En breve, la Federación de Sindicatos de Municipales bonaerenses (FeSiMuBo) denunciará penalmente a Vidal y al ex titular del IOMA Pablo Di Liscia. Así se lo adelantaron a Gestión Sindical desde la entidad, que aseguran que existió en este tiempo “una mala administración” de los recursos de los trabajadores, que derivaron en la crisis de la atención de millones de afiliados. “Los abogados están terminando de recolectar información y de analizar ese material, pero creemos que hay posibilidad de llevar ante la justicia penal a los ex funcionarios”, agregaron las fuentes consultadas.

Si bien no está definido, la FeSiMuBo intentaría que sean imputados por “administración fraudulenta”. Además de Vidal y Di Liscia, la entidad apunta al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Christian Gribaudo, por la jubilación forzada de unos 80 mil trabajadores, que generan un grave problema en las arcas de esta entidad.

La crisis en el IOMA podría dejar sin atención a millones de estatales, ya que muchos prestadores limitan la atención porque la deuda que mantiene el organismo se vuelve insostenible. Uno de los casos más dramáticos es el de las farmacias bonaerenses, que aseguran que no reciben pagos de la entidad desde septiembre del año pasado. En breve se vencerán los plazos de pago de octubre y noviembre, y por el momento no hay respuestas de las nuevas autoridades. “Llamativamente se dejaron de pagar las facturas al otro mes de que el gobierno perdió las elecciones.

Con este pasivo corre serio riesgo la provisión de medicamentos para los estatales bonaerenses”, admitió un dirigente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, ante la consulta de Gestión Sindical, que admitió que en muchas localidades ya se cortó la dispensa con descuentos. Lo mismo sucede con los laboratorios de análisis clínicos, que recurren al sistema de reintegros por la deuda, es decir, los pacientes pagan las prestaciones y luego deben pedir a la Provincia que les devuelva ese monto. En cuanto a los médicos, en 2019 varias veces amenazaron con romper el contrato vigente, en desacuerdo con el valor de los bonos –que son parte de su remuneración –y de la falta de acuerdo por la deuda asumida por la entidad.

Además de los 23 casos extremos presentados a Giles por parte del grupo de víctimas, los gremios negocian con las nuevas autoridades salidas a esta situación de crisis. Esta semana, la vocal del directorio del IOMA Paula Espiño –representante del gremio SUTEBA –participó de una cumbre con Homero Giles, para analizar el aumento anunciado por la federación médica FEMEBA.

El gremio docente pidió que “se agilicen las vías administrativas de reintegro inmediato y se apliquen las sanciones por incumplimiento de convenio”. Además, para buscar dar respuesta a estas inquietudes, la conducción del IOMA anunció que habilitaron las denominadas “mesas técnicas de trabajo”, con el objetivo de revisar los convenios en un plazo no mayor de seis meses, y aseguraron que la entidad “no reconoce los aumentos aplicados”.

Fuente: Gestión Sindical

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