Decenas de científicos asumieron cargos de gestión
Inédita convocatoria a investigadores del Conicet para gobernar
Una inusual cantidad de integrantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas forman parte del gobierno con cargos de primera línea en la gestión.
Los científicos habían dado su apoyo a Alberto Fernández durante la campaña.
Una veintena de investigadores del Conicet integran desde diciembre pasado el gobierno nacional con cargos de primera línea en la gestión, en lo que resulta una convocatoria inédita en el país. Entre ellos hay tres ministros: la titular de Seguridad, Sabina Frederic, y el de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza-, y Martín Guzmán en Economía, quien fue investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (UBA-Conicet). Se cuenta también Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Y ocho secretarios y subsecretarios, dos asesores presidenciales --la socióloga e historiadora Dora Barrancos y el antropólogo Alejandro Grimson-- más varios directores. En otra categoría, la de los electos por el voto, se suma por otro lado el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Entre los funcionarios con formación científica están, además de los mencionados, Ana Castellani, subsecretaria de Gestión y Empleo Público, que es doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la elites económicas argentinas; María del Pilar Bueno, especialista en temas ambientales y relaciones internacionales, hoy secretaria de Cambio Climático; el reconocido investigador y escritor Diego Golombek, como director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica; Diego Hurtado de Mendoza, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros y otras (ver aparte).
La convocatoria a investigadores en este número, señalan en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es inédita para el país. Roberto Salvarezza, que presidió el organismo entre 2012 y 2015, lo considera un reflejo de cómo en las últimas décadas “se ha ido dando un mayor compromiso de la comunidad científica con la realidad de la Argentina, que la hizo participar activamente en los debates y en particular en la actividad política”.
Salvarezza apunta que “los gobiernos neoliberales buscaron desprestigiar a quienes los cuestionaron desde las universidades y centros de investigación. Así se configuró una comunidad científica comprometida con la realidad del país. Luego, hay un gobierno que los convoca convencido de utilizar el conocimiento como herramienta fundamental en las políticas públicas”.
En la campaña electoral de 2019, ocho mil científicos firmaron una carta de apoyo a la fórmula Fernández-Fernández que dio cuenta de este recorrido. “Queremos que se cierre definitivamente la etapa de restauración conservadora abierta en 2015, que condena a nuestro país al atraso, al endeudamiento y a la pobreza. Queremos colaborar en la recuperación e impulso a un modelo de desarrollo productivo y sociocultural que promueva la inclusión y la justicia social, apoyándose en la ciencia, la tecnología y el conocimiento generados en nuestro país”, señalaron en aquella solicitada.
10 mil investigadores, 11 mil becarios
El Conicet es el principal organismo dedicado a promover la investigación científica y tecnológica del país. Funciona dentro del área del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aunque de manera autárquica. Sostiene a la mayor parte de los investigadores que trabajan en el país, mediante un sistema que en su nivel inicial otorga becas para que los graduados universitarios hagan doctorados y postdoctorados. Quienes los terminan, pueden postularse para la carrera de investigador. Actualmente se desempeñan en el organismo más de 10 mil investigadores más de 11 mil becarios de doctorado y postdoctorado.
"Para nosotros es una gran alegría y un gran orgullo que investigadoras e investigadores hayan tomado responsabilidades en esta administración. Eso habla de la excelencia de nuestra gente, por supuesto, pero también de una administración que decide tomar a gente que está muy preparada para realizar este tipo de tareas. La mayoria de ellos son doctores, tienen experiencia en investigación y ocupan cargos de gran relevancia. Como trabajadora de la ciencia, este reconocimiento del gobierno es fantástico, y el compromiso de nuestros colegas en entrar a la administración, con todo lo que eso supone, también es muy importante”, dijo a Página/12 la titular del Conicet, Ana Franchi.
La presencia de investigadores del Conicet es extendida en áreas de gobierno de alguna manera previsibles, como el Ministerio de Ciencia y Técnica, y el de Educación. Como una desginación sin antecedentes, en cambio, aparece la convocatoria a la antropóloga Sabina Frederic para hacerse cargo de la cartera de Seguridad.
Frederic se formó en la UBA, hizo un doctorado en la Universidad Utrecht (Holanda) y con el Conicet investigó el tema de la moral y la emoción en la configuración de las Fuerzas Militares y de Seguridad argentinas. En rigor, fue elegida porque acumulaba además una probada experiencia en los ministerios de Seguridad y Defensa: durante la gestión de Nilda Garré, estuvo a cargo de implementar la nueva formación de los militares, que incluyó en los planes de estudio el aprendizaje de derechos humanos. Fue subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa de la Nación entre 2009 y 2011, y asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2012 y 2014.
En 2017 Frederic formó parte del Frente Federal Ciencia y Universidad, un grupo lanzado como oposición a los recortes del gobierno macrista. Tras asumir como ministra, llevó a trabajar en las políticas de Seguridad a otros investigadores con formación científica, entre ellos más de quince doctorados y postdoctorados provenientes del Conicet. Los trabajos previos de estos investigadores abarcan terrenos como tráfico de drogas ilegales, prevención de adicciones, economías ilícitas, condiciones de trabajo y ejercicio profesional en las fuerzas de seguridad, prácticas de prevención, rituales y procesamiento de la muerte, representaciones mediáticas en relación a las fuerzas, entre otros.
"Esta integración de investigadores del sistema científico nacional, que implica nutrir al ministerio de capital social, experiencial, académico y público, brinda aristas de trabajo, articulación y reconocimiento que exponen un salto cualitativo institucional y político", advierten desde este ministerio. "Este campo científico junto con los trabajadores de la seguridad pública muestra una transformación que potencia tanto la investigación científica como el prestigio de las fuerzas de seguridad".
Un Estado que se apoye en la ciencia
“El desarrollo científico es fundamental para pensar un modelo de país y un modelo de sociedad. Esa vinculación entre la ciencia y el sector político, económico y los diferentes actores de la sociedad es muy importante. La ciencia no es neutral, toma partido, cuando uno decide que investigar, está tomando decisiones que pueden tener consecuencias en nuestra sociedad", planteó Carolina Vera, titular de la Unidad del Gabinete de Asesores del ministerio de Ciencia y Técnica. "Entonces qué mejor que tener un dialogo profundo entre la ciencia y el sector de gobierno que permita orientar la investigación a los problemas que requieren solución de nuestra sociedad”.
"Siempre exigimos que el Estado apoye a la ciencia, es un buen momento para proponer un cambio preposicional y que, al menos de vez en cuando, el Estado se apoye en la ciencia”, observa Diego Golombek.
“Una política orientada a la construcción de un país industrial con inclusión y ampliación de derechos supone la necesidad protagónica de ciencia y tecnología y de agendas de investigación y desarrollo que acompañen a los sectores estratégicos", asegura Diego Hurtado de Mendoza. "Mientras que una política orientada a la construcción de un país sin industria, basado en la explotación de recursos naturales y en la especulación financiera no necesita ni ciencia ni tecnología", compara y concluye: "La política es un factor primario en la orientación de las actividades de investigación y desarrollo. La supuesta neutralidad política de la ciencia y la tecnología es un espejismo que explica la dependencia cultural”.
Pasar el Rubicon
"En el Ministerio de Seguridad de Nación somos varios quienes llegamos tras solicitar licencia en nuestros trabajos como investigadores del Conicet. Pasar el Rubicón, en este caso, es cruzar una línea cada vez más difusa entre 'academia' y 'gestión pública', sobre todo porque el campo de intervención y estudio de las fuerzas de seguridad ha crecido desde mediados de los ’80", dice Karina Mouzo, actual subsecretaria de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad. Mouzo es socióloga, doctora en Ciencias Sociales y una de las investigadoras que llegó junto a Sabina Frederic a ocupar cargos de gestión en la cartera.
"En 2010, cuando se creó este ministerio, muchos de quienes desarrollamos esas investigaciones nos sumamos. Es decir, la sinergia entre investigación científica y campo securitario tiene su tradición formal y empírica desde hace más de una década. Si bien en una de sus dimensiones el mundo académico y el de la gestión son diferentes, cuando un proyecto político resulta convocante y es afín a determinado modo de mirar al mundo, ambos espacios quedan disponibles para tender puentes que redunden en la transformación y mejora de la mirada, así como en el diseño de políticas públicas, en este caso, de seguridad", explica.
"En los grupos académicos donde trabajo, el conocimiento sobre y con las fuerzas es construido en base a trabajo de campo. Esto significa que quien investiga se interesa por la vida cotidiana de quienes pertenecen a las fuerzas de seguridad. Por eso, observamos prácticas discursivas y extra-discursivas, miramos espacios, analizamos temporalidades e indagamos la construcción de cuerpos, retóricas, instituciones y subjetividades. Producimos saberes hablando con los jefes -más apegados a las reglas de la institución-, así como con los trabajadores de las fuerzas. Se trata de conocer más personas, más espacios, más tiempos y más vivencias", asegura. Y concluye: "Para quienes venimos del campo académico, el desafío inherente a la gestión pública es un pilar para poder hacer aquí y ahora aquello que investigamos desde lejos y desde hace mucho tiempo".
Investigadores en la gestión
* Roberto Salvarezza: Es investigador superior del Conicet y fue su presidente entre 2012 y 2015. Como científico se desempeña en el área de nanociencia y nanotecnología. Egresó como Bioquímico y obtuvo su título de doctor en Bioquímica en la UBA.
* Sabina Frederic: Se graduó como licenciada en Ciencias Antropológicas en la UBA y luego hizo un doctorado en Antropología Social en la Universidad de Utrecht. Es profesora en la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora independiente del Conicet.
* Martín Guzmán: Se formó en la Universidad de La Plata y fue colaborador del Premio Nobel Joseph Stiglitz. Fue uno de los expertos internacionales más involucrados en el diseño y redacción de los nueve principios básicos para las reestructuraciones de deuda soberana, que fueron aprobados en 2015 por la Asamblea General de las ONU.
*Dora Barrancos, asesora presidencial: Directora del Conicet por el área de Humanidades y Ciencias Sociales hasta mayo de 2018. Historiadora, socióloga, referente feminista, autora de más de quince libros en los que explora el rol de las mujeres en la sociedad desde la Colonia hasta nuestros días.
*Alejandro Grimson, asesor presidencial: Doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia e investigador del Conicet, hizo estudios de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, y se ha especializado procesos migratorios, zonas de frontera, movimientos sociales, culturas políticas, identidades e interculturalidad.
*Diego Hurtado de Mendoza, secretario de Planeamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología: Es doctor en Física por la Universidad de Buenos Aires, especialista en innovación y gestión de la tecnología e historia de la ciencia y la tecnología en América Latina. Es profesor titular en la Universidad Nacional de San Martín, donde dirige el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica. Fue presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear y miembro del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
*Juan Pablo Paz, secretario de articulación científico tecnológica: Es doctor en Física por la UBA, investigador superior del Conicet especializado en teoría e información cuántica, profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y director del Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA-CONICET). En 2014 fue ganador del premio “Investigador de la Nación Argentina” y es miembro fundador del Grupo Ciencia y Técnica Argentina.
* Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público: Es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet especializada en el estudio de las elites económicas argentinas. Además es codirectora de la Maestría en Sociología Económica y del Observatorio de las Elites Argentinas del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM).
*Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur: Es sociólogo de la UBA. Especialista en Educación para Adultos (Crefal, México), Magister en Educación (Universidad Federal de Fluminense, Brasil). Profesor Titular Regular de la UBA desde 1985. Investigador del Conicet.
*María del Pilar Bueno, secretaria de Cambio Climático: Es doctora en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario), Magíster en Sistemas Ambientales Humanos (UNR) y Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR). Docente de grado y posgrado de las Universidades Nacionales de Rosario, La Plata y Entre Ríos. Investigadora del Conicet.
*Carolina Vera, titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Ciencia y Tecnología: Es doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Ciencias de la Atmósfera. Es profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA; investigadora principal en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA, CONICET-UBA) y del “Instituto Franco-Argentino del estudio del Clima y sus Impactos” (IFAECI).
*Elisa Colombo, subsecretaria de Federalización de la Ciencia: Es doctora por la Universidad Nacional de Tucumán con orientación en luz y visión. Profesora titular de la UNT e investigadora principal del Conicet, en el Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión (FACET-UNT) y en el Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión (ILAV, CONICET-UNT), de los cuales fue directora. Se desempeñó como directora del CCT Conicet Tucumán.
*Pablo Nuñez, subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovación: Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador adjunto del Conicet, especializado en bioestadística aplicada y ciencia de datos en el área de salud pública, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
*Karina Mouzo, subsecretaria de Formación del Ministerio de Seguridad: Es doctora en Ciencias Sociales y su línea de investigación se desarrolló sobre el estudio del discurso resocializador al control de riesgos y los desplazamientos en el discurso penitenciario.
*Sabrina Calandron, subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del ministerio de Seguridad: Es doctora en Antropología Social (UNSAM), Licenciada en Sociología (UNLP). Investigadora del CONICET (IdIHCS), docente del Departamento de Sociología en la cátedra Teoría Política. Docente de la Maestría en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNQ, ha dictado seminarios de doctorado en diferentes universidades (UNSAM, UNQ). Miembro del Grupo de Estudios de Policías y Fuerzas de Seguridad (IDES-UNQ)y del grupo Clacso “Policía y seguridad en regímenes democráticos”
* Diego Golombek, director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica: Es doctor en Biología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige el laboratorio de Cronobiología, e investigador principal del Conicet.
* Pablo Bolcatto, presidente del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef): Investiga en el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral del Conicet, y colabora con físicos matemáticos y biólogos en temas de bioacústica en Santa Fe. Se graduó de licenciado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), hizo su tesis doctoral en el Grupo de Física de Superficies de INTEC Santa Fe y la estadía posdoctoral en el Centro Atómico Bariloche. Dicta clases en la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Autónoma de Madrid.
26 de febrero de 2020
El Gobierno desdolariza un segmento de la generación eléctrica
La pesificación de tarifas arranca con energía
El Ministerio de Desarrollo Productivo dictará una resolución para bajar los pagos a las empresas de generación eléctrica "spot". Se prevé un ahorro de 318 millones de dólares.
Por Cristian Carrillo
La generación tiene una injerencia de casi el 50 por ciento en la tarifa domiciliaria.
El Ministerio de Desarrollo Productivo inició el proceso de pesificiación de las tarifas con la desdolarización de un segmento de la generación de electricidad. Dentro de la tarifa que pagan los usuarios residenciales, la generación tiene una injerencia de casi el 50 por ciento. La medida tendrá vigencia para lo producido desde febrero e impactará en la generación “spot”, donde casi no hubo inversiones. Con este cambio, el costo de la generación se reducirá de los actuales 69 dólares a niveles en torno a 60 o 62 dólares por Megavatio-hora (MWH). Para las arcas del Estado implicará un ahorro de unos 320 millones de dólares anuales. No habrá un descuento en la boleta que recibirán los usuarios pero permitirá morigerar nuevos aumentos. “Es parte del proceso integral de revisión de las tarifas, a partir de modificar, sin tocar contratos preexistentes, las condiciones a través de las cuales se negocia el costo de generación”, explicaron a Página|12 fuentes oficiales.
Este segmento recibe una remuneración definida por el ente de aplicación, actualmente la Secretaria de Energía. La mayoría de los grandes jugadores del sistema (Central Puerto, Enel, Pampa Energía) proveen energía al sistema con máquinas con mayor antigüedad, consideradas menos eficientes frente a equipos posteriores más modernos, como los de ciclo combinado, que utilizan menos cantidad de combustible fósil. Además del ahorro fiscal y la baja del costo en la discusión tarifaria, el objetivo es que se pueda ir mejorando el perfil energético.
Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), en enero la generación neta local fue de 12.431 Gigavatio-hora (GWH) –frente un consumo de 11.964 GWH—, de ese total 7660 GWH se generaron con fuentes térmicas; 3024 GWH con fuentes hidráulicas; 791 GWH con tecnología nuclear, y 961 GWH con fuentes renovables. La mayor parte del sistema es abastecido por estas grandes centrales de tecnología spot o vieja. Según aclararon desde la cartera que conduce Matías Kulfas, en el caso de la generación hidroeléctrica de entes binacionales (Yacyretá y Salto Grande) no se realizará la baja en el costo pero se especificará la tarifa en pesos.
El costo del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) alcanzó en 2019 los 8592 millones de dólares para tener potencia por 38.561 MW. De este total, hay 26.020 MW (el 67 por ciento) entre centrales térmicas e hidroeléctricas sin contrato, recibiendo ingresos por la Resolución 1 por 3823 millones (44 por ciento del total), de los cuales 1370 millones fueron remuneración fija por potencia disponible.
Desde Desarrollo Productivo aseguran que entre 2015 y 2018, producto de la dolarización de la tarifa, los generadores de esta electricidad recibieron un 60 por ciento de incremento en sus ingresos, siendo que no realizaron inversiones que justificaran planes de amortización de esos desembolsos. Desde el macrimo y las empresas sostienen que el hecho de que no haya cortes explica que hubo inversiones. Desde el Gobierno remarcan que el menor consumo eléctrico por la recesión económica y el ahorro forzoso de los hogares (ante los tarifazos) es lo que descomprimió la demanda frente a una oferta que prácticamente no varió.
El desembolso previsto para este año por generación de esta clase, según la resolución 1 que dejó el macrismo, iba a ser de 1344 millones de dólares, pero ahora bajará a 1026 millones, con lo cual se espera un ahorro de 318 millones, dependiendo el costo final. La Secretaría de Energía se encarga de definir la remuneración por el costo de la energía, y en Desarrollo Productivo descartan que haya alguna presentación judicial. “El ministro planteó desde el primer momento que podían hacerse modificaciones a la estructura de costos sin afectar contratos”, explicaron desde Desarrollo Productivo.
La revisión de las tarifas a partir de junio, cuando vence la medida que congeló los valores por un semestre, había generado algunos cruces dentro del Gobierno. Mientras el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había asegurado que se estaban analizando aumentos, incluyendo luz, gas, agua y transporte, el presidente Alberto Fernández descartó que esté en agenda. Sin embargo, en junio habrá que ver cómo se sale del congelamiento. “Todo esto es parte del proceso integral. No es lo mismo analizar el proceso de revisión de las tarifas partiendo de la base de un costo de generación que está por encima del valor real que ajustarlo en pesos”, adelantaron fuentes oficiales.
El diputado nacional Leopoldo Moreau consideró, a través de un tuit en su cuenta oficial, que “la medida debe abarcar a otros eslabones de la cadena energética para llegar a la pesificación completa de las tarifas”. La intención es analizar también transporte y distribución eléctrica, pero por el momento este fue el primer paso para desdolarizar una parte importante del costo que afecta necesariamente a las tarifas residenciales, de la industria y el comercio.
Vuelos a Malvinas y papeleras en el vínculo con Uruguay
Una relación que vuelve con rispideces
Alberto Fernández no irá a la asunción de Lacalle Pou y todavía no se estableció cuándo se van a reunir. UPM-Botnia construirá una pastera más grande que la anterior.
Por Fernando Cibeira
Alberto Fernández junto a Lacalle ou y Tabaré Vázquez el día de la jura.
Imagen: AFP
Imagen: AFP
Todavía no hay fecha definida para la reunión entre Alberto Fernández y el Luis Lacalle Pou, quien asumirá la presidencia de Uruguay el domingo, el mismo día que el presidente argentino abrirá las sesiones ordinarias en el Congreso. Ayer, el embajador Alberto Iribarne pasó por Montevideo para mantener los primeros contactos informales con los nuevos funcionarios y empezar a conversar sobre el encuentro. Ocurre que para armar la reunión también hay que resolver qué conversarán sobre un par de cuestiones conflictivas que Iribarne adelantó la semana pasada cuando se presentó en la comisión de Acuerdos del Senado: la muy permisiva política uruguaya respecto a Malvinas que sólo el año pasado permitió 13 vuelos militares entre las islas y Montevideo y, por otro lado, construcción de una nueva mega pastera de la finlandesa UPM-Botnia que producirá el doble que la que funciona frente a Gualeguaychú, un tema que vuelve como una maldición a la agenda bilateral.
Originalmente, estaba pautado que Alberto Fernández abriera las sesiones por la mañana e inmediatamente viajara a Montevideo para participar de la asunción de Lacalle Pou, una forma de retribuir la importante participación uruguaya en la ceremonia del 10 de diciembre pasado, que incluyó al presidente por entonces en funciones, Tabaré Vázquez, al electo Lacalle Pou y al ex presidente José Mujica. Pero a partir de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunciara que esperaba encontrarse en Montevideo con Fernández, el presidente argentino puso su participación en duda hasta que quedó definitivamente descartada. Hubo más de un motivo para la suspensión. Uno, fue no aparecer cumpliendo los deseos de Bolsonaro, quien lo viene destratando desde hace tiempo. Otro, no opacar con otras noticias el mensaje de apertura de sesiones que dará el domingo, al que le quiere dar relevancia. Todavía no está definida la delegación que viajará en su reemplazo a Uruguay, se supone que encabezada por el canciller Felipe Solá.
De los contactos que ayer mantuvo Iribarne -todo informal porque todavía no salió el decreto designándolo embajador- no avanzaron demasiado en el armado de la reunión. Cerca del embajador aseguraban que no había rispideces en la agenda bilateral, pero cuando se presentó en la comisión de acuerdos hizo un repaso de la relación en la que detalló los problemas que debería afrontar, con la nueva pastera en primer lugar. El tema ya signó el vínculo durante el mandato de Néstor Kirchner, cuando Alberto Fernández era el jefe de Gabinete. En aquel momento la controversia escaló hasta la Corte Internacional de La Haya, que emitió un fallo que habilitó la pastera aunque sometiéndola a una serie de controles.
En esta ocasión, según detalló Iribarne en su mensaje en el Senado, nuevamente Uruguay no cumplió con el requisito de avisar previamente sobre la obra a la CARU (Comisión Administrativa del río Uruguay), el ente binacional por el que debe pasar cualquier novedad que se registre en la vía hídrica. La pastera se ubicará en la localidad de Paso de los Toros, en la orilla del río Negro, que 200 kilómetros después desemboca en el río Uruguay. El portal La Politica Online informó ayer que un reciente estudio de la CARU reveló valores de contaminación superiores a los establecidos en 13 parámetros del río Uruguay. Así que las perspectivas no son nada buenas para cuando comience a funcionar la nueva planta, cuyas obras comenzarán este año, con fecha de inicio de producción prevista para 2022.
Lo llamativo es la dimensión de la obra prevista, anunciada como la mayor inversión extranjera directa de la historia de Uruguay, de unos 3 mil millones de dólares. También reconstruirán el puerto, harán rutas y viviendas en los alrededores, con lo que la cifra final se elevaría hasta los 4 mil millones, lo que representará el 1 por ciento del PBI uruguayo. Cuando esté lista, la UPM-Botnia 2 producirá el doble que la planta anterior, más de 2 millones de toneladas de pasta de celulosa. La instalación seguramente volverá a abrir la discusión acerca de la radicación de industrias contaminantes de países desarrollados en esta parte del mundo. El año pasado, cuando hizo el anuncio de la inversión Tabaré Vázquez ironizó al respecto. "Se decía que nacerían niños con dos cabezas, habría aumento del número de cáncer o leucemia, pero pasaron doce años y no sucedió nada de eso", dijo el ahora ex presidente.
La otra rispidez -"diferencias de muy baja intensidad", la llamó Iribarne para no empezar con el pie izquierdo- tiene que ver con la relación con el gobierno de Malvinas. Iribarne habló de la existencia de "un importante lobby británico" en Montevideo que posibilitó que se dejaran de lado algunas exigencias. Por ejemplo, que sólo durante el año pasado hubiera 13 vuelos militares de Malvinas, lo que motivó una protesta formal por parte de la Cancillería. Se supone -Iribarne habló de un "acuerdo tácito"- que esos vuelos solo pueden hacer escala en un país del continente en caso de una emergencia, pero no para reabastecerse ni nada por el estilo. En el entorno de Felipe Solá aseguran no haber tocado el tema cuando se reunió la semana pasada con Ernesto Talvi, quien será su par uruguayo. Pero la cuestión será otro de los asuntos a discutir por los presidentes.
26 de febrero de 2020
La Universidad Católica advirtió por la suba explosiva en el último gobierno
UCA: La pobreza de Macri es la más alta de la década
El Observatorio de la Deuda Social registró un alza de la pobreza multidimensional hasta 37,5 por ciento. En 2015 era 27,2. Y todavía falta el último trimestre de la gestión Macri. También crecieron fuertemente los hogares donde se pasa hambre.
Por Florencia Barragan
La pobreza estructural pasó del 15,9 por ciento en 2015 al 21,4 por ciento en 2019.
Imagen: Alejandro Leiva
Imagen: Alejandro Leiva
La pobreza multidimensional trepó 10 puntos en los últimos cuatro años, al pasar del 27,2 por ciento de la población en 2015 al 37,5 por ciento en el tercer trimestre de 2019. Afecta a 15,8 millones de personas, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). La pobreza multidimensional hace referencia a las personas que son pobres por ingresos y a la vez tienen al menos una privación no monetaria, relacionada a déficits en alimentación, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, educación o empleo. La pobreza medida por ingresos pasó del 30 por ciento en 2015 al 40,8 por ciento de la población en 2019, y afecta a 16 millones de personas, según los datos que difundió la universidad en diciembre pasado. Tanto en la medición multidimensional como la que se realiza por ingresos, se trata de las cifras más altas de toda la década.
La pobreza multidimensional bajó entre 2010 y 2015, al pasar de 29,7 por ciento en 2010 a 27,2 por ciento en el cuarto trimestre de 2015. En 2016 volvió a subir al 29,9 por ciento por la devaluación inicial del gobierno de Mauricio Macri. Luego bajó en 2017, único año en que creció la economía con Cambiemos, y a partir de 2018 superó el 30 por ciento, para alcanzar el 37,5 por ciento en 2019. Serían 15.750.000 personas, si se tiene en cuenta que en espacios urbanos viven alrededor de 42 millones de habitantes.
El dato oficial del Indec se publicará el 31 de marzo, correspondiente al segundo semestre de 2019. La medición oficial se realiza según los ingresos de las personas. Actualmente una familia necesita 40.373 pesos para no ser pobre, según los últimos datos de la Canasta Básica Total. En cambio, la pobreza multidimensional que mide la UCA abarca a los recursos monetarios, pero también incluye otras carencias con el objetivo de registrar “déficit de recursos y capacidades humanas”, detalla el informe.
La pobreza multidimensional tuvo distinto impacto según estrato ocupacional. En los trabajadores marginales saltó del 53,1 por ciento en 2015 al 64,4 por ciento en 2019. En los obreros, trepó del 32,9 por ciento al 46,3 por ciento. En ambos casos la disparada se produjo a partir del 2017. También fue disímil el impacto según regiones urbanas, siendo el conurbano la zona más golpeada. El porcentaje de población en condiciones de pobreza multidimensional saltó del 35 por ciento en 2017 al 47,7 por ciento en 2019. En tanto, la pobreza estructural, en la que una persona es pobre por ingreso y además por tres carencias o más, pasó del 15,9 por ciento en 2015 al 21,4 por ciento en 2019. La cantidad de carencias en dimensiones de derechos disminuye entre 2010 y 2015 y vuelve a aumentar a partir de 2016 y hasta 2019.
Hambre
Otra de las dimensiones donde se registró un deterioro de los resultados fue en alimentación y salud. El déficit saltó 10 puntos, al pasar de 23,2 por ciento de la población en 2015 a 32,2 por ciento en 2019. Esto significa que el hogar encontró problemas en el acceso a una alimentación suficiente y a una dotación de recursos que le permitiera hacer frente a situaciones de riesgo respecto a la salud. Esta dimensión puede desagregarse a su vez bajo el indicador de inseguridad alimentaria, definido como una reducción involuntaria de una porción de comida y la percepción de experiencias de hambre por problemas económicos. El indicador se mantuvo en alrededor del 5 por ciento de los hogares entre 2010-2016 y saltó al 7,4 por ciento en 2019. Es decir, hubo 850 mil hogares donde se registró hambre.
Durante la presentación del informe participó Agustín Salvia, director del observatorio. Consultado sobre la tarjeta alimentaria, consideró: “Va a reducir la inseguridad alimentaria severa”. Hasta el momento, fueron distribuidas 603.200 tarjetas en todo el país. Sin embargo, Salvia resaltó: “Si llega a la cobertura planeada puede reducir el riesgo alimentario, pero no así la malnutrición, dado que para eso tendría que haberse establecido que fuera sólo para alimentos saludables”.
Otra de las dimensiones que fue fuertemente deteriorada en el macrismo es la que tiene que ver con el acceso al empleo y la seguridad social. El déficit en los hogares pasó del 24,5 por ciento al 30,3 por ciento, una suba explicada por el aumento del desempleo, según la UCA. En el mismo período, aumentaron las transferencias por algún programa asistencial. Pasaron de cubrir el 12,5 por ciento de los hogares al 19,7 por ciento. “Se perdió inclusión por seguridad social y ganó el asistencialismo”, afirmó Salvia. Consultado sobre el aumento que el Gobierno realizó por decreto en los beneficiarios de la seguridad social, aseguró: “Las jubilaciones hubiesen mantenido un déficit fiscal insostenible, había que estabilizar la economía, lo hubiera hecho cualquier gobierno, fue una medida de ajuste fiscal en la que se buscó el menor daño posible”.
Fuente:Pagina12
26.02.2020
EDUCACIÓN
Se reúne la paritaria nacional docente luego de tres años
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y su viceministra Adriana Puiggros, recibirán este miércoles a las autoridades de CTERA, UDA, CEA, Sadop y AMET, los cinco gremios docentes con representación nacional en el Palacio Sarmiento. El objetivo será buscar acuerdos para garantizar el correcto inicio de clases, algo que no ocurrió en los últimos tres años de gestión macrista.
La reunión se llevará a cabo en el Palacio Sarmiento entre el ministro de Educación, Nicolás Trotta y su viceministra Adriana Puiggrós -además de otros funcionarios- y los referentes sindicales de las cinco organizaciones gremiales nacionales está previsto a partir de las 16.
En el objetivo de alcanzar un consenso que garanticen el inicio del ciclo lectivo, estarán sentados a la mesa representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) -el gremio nacional más numeroso del sector-, la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).
Fuente:PoliticaArgentina
Martín Guzmán les avisó a los acreedores que se preparen para "una frustración"
Miércoles 26 de Febrero
El ministro de Economía lo hizo durante su encuentro con los acreedores privados en Nueva York.
Fue una reunión tensa pero en buenos términos y en ella el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, plenteó ante los bonistas privados que nuestro país tiene voluntad de pago de su abultada deuda con ellos, pero también les advirtió que van a tener que estar preparados "para una frustación”.
Los bancos y fondos de inversión de Wall Street con tenencia de deuda a reestructurar recibieron en Nueva York al funcionario de Alberto Fernández, quien, si bien llegó con la carta del reciente pedido del FMI a los acreedores para que hagan una quita de la deuda que tiene con ellos la Argentina, al mismo tiempo tuvo que hacer equilibrio ante nombres de peso que no parecen estar, a priori, tan de acuerdo con recortar sus reclamos.
Ante Guzmán se sentaron representantes de los bancos Morgan Stanley, Bank of American, Citibank, Santander, BBVA, Itaú y JP Morgan; además de los fondos Pimco, Blackrock, Templeton, Marathon y Fidelity. Un dream team buitre de primera línea.
Si bien, según trascendió, Guzmán no adelantó porcentaje de quita ni tampoco condiciones de negociación, sí afirmó que Argentina pedirá una reducción de las tasas de interés pactadas en un primer momento y que supera el 7 por ciento.
Además, criticó los plazos de pago de la deuda contraída durante el gobierno de Marucio Macri y no dejó pasar la oportunidad de apuntarles a los propios bonistas el aval al cronograma de la deuda irresponsable que tomó Cambiemos.
La semana que viene llegará uno de los momentos definitorios, que será el anuncio del pedido de quita de intereses.
Fuente:Infonews
El presidente afirmó que la Argentina está en terapia intensiva y explicó que cualquier decisión apresurada puede empeorar el cuadro.
El presidente Alberto Fernández le habló a las personas que apoyan su gobierno, pero que tienen ansiedad porque los cambios en la gestión no se notan de forma inmediata. El jefe de Estado pidió paciencia, porque la Argentina "está en terapia intensiva y no podés moverte repentinamente sin riesgo de empeorar el cuadro".
"Todos estamos contentos hoy de lo que pasó y de cómo poco a poco van ordenándose las cosas en un país en que, hay que entenderlo todos, nos exige movernos con mucha prudencia, porque es un país en terapia intensiva", afirmó en una entrevista en El Destape Radio.
"No es que salimos de la enfermedad, estamos en terapia intensiva. Por lo tanto hay que moverse con mucho cuidado porque no podés moverte repentinamente sin riesgo de empeorar el cuadro. Esto es algo que le pido siempre a los compañeros que se ve que se ponen ansiosos: entenderlo. A veces la ansiedad a uno lo hace moverse sin pensar y los resultados son peores", agregó.
Alberto Fernández recordó el legado que dejó el ex presidente Néstor Kirchner a 70 años de su nacimiento: "fue alguien que le puso contenido a la política que después uno pueda utilizar distintas herramientas para lograr algunos objetivos es otro tema, pero los objetivos debían estar desde el primer día. Lo que se discutía era el modo, pero no el objetivo. ¿Cómo se llegaba más rápido a enjuiciar a los genocidas? Pero no era la discusión si había que enjuiciarlos, nunca se dudó eso".
El presidente sostuvo además que Néstor logró terminar con una era de la política en que gobernaban políticos que hacían "un juego de pícaros y de vivillos. Algunos decían que estaba mejor estar cerca de Estados Unidos, te decían que había que estar cerca de Bush padre cuando no nos convenía, te decían que había que sufrir y te metían un severo ajuste".
Alberto valoró que Néstor Kirchner haya dividido a la política entre dos grupos: "Para nosotros los valores tienen que ver con la solidaridad, con la Justicia, con el desarrollo, para los otros es el individualismo, es el cuentapropismo, es la meritocracia, es la especulación financiera. Eso se notó por Néstor, que hizo dividir agua".
Fuente:ElDestape
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