Oscar Castelnovo, APL / Resumen Latinoamericano / 26 de abril de 2020
La asistencia que brinda la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia está a la vista: sus policías ahorcaron a un menor de 16 años, demorado durante unas dos horas, por no tener documentos y además por ser «sospechoso» de que iba a cometer un delito. Lo detuvieron y esposaron a los golpes en el barrio Santa Rita, de Villa Mercedes, este viernes a eso de las 20 horas. El pibe, único varón de cinco hijos, vivía con su madre y realizaba las compras del gas y de la comida. Luego lo trasladaron a un calabozo de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia. Después llamaron a su madre para que lo retirara. La mujer firmó la documentación, pasadas las 22, para llevarse a su hijo: muerto. La embustera versión policial dice que el adolescente se suicidó con su propia remera atada a un barrote. Aunque antes de matarse tuvo tiempo de golpearse duramente a sí mismo ya que su cuerpo presenta moretones en distintas partes.
Como se recordará, días atrás, en la Comisaría N° 25, Florencia Morales, quien había sido detenida por violar la cuarentena fue colgada con el cordón del buzo que llevaba puesto por efectivos policiales. El mando de las fuerzas de Seguridad, siempre, reside en el Poder Ejecutivo. Hasta el momento, el gobernador Alberto Rodríguez Saá no se pronunció sobre ninguna de las ejecuciones de la policía a su cargo.
EN TIEMPOS DE PANDEMIA:
¿Qué medidas tomaron los países con las personas detenidas?
(Agencia Andar) Frente a la expansión de la pandemia por COVID-19, los Estados reconocieron que las cárceles son lugares propicios para la propagación del virus hasta niveles dramáticos. La Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales de Derechos Humanos recomendaron, además de extremar los protocolos sanitarios, evaluar medidas morigeratorias de la prisión para descomprimir la situación de hacinamiento y sobrepoblación. Indultos, conmutación de penas y arrestos domiciliarios, entre las medidas que ya tomaron o discuten algunos países.
La situación en Argentina y en el mundo
La alerta se disparó a principio de marzo cuando las personas detenidas en penales de Italia comenzaron una serie de protestas por la decisión del Estado de prohibir la visita de familiares a las cárceles. El reclamo continuó con el pedido de indultos para reducir el número de presos y evitar la propagación del coronavirus en los penales. Esas manifestaciones terminaron con más de diez muertos y decena de fugas. Poco días después, La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa recomendaron que los países consideren “con mayor detenimiento la posibilidad de medidas no privativas de la libertad” cuando se trate, especialmente, de personas de “bajo riesgo y especialmente vulnerables, dando preferencia a las mujeres embarazadas y las mujeres con hijos dependientes”. Entre las alternativas al encierro, el informe evalúa diferentes opciones como la conmutación de penas, la libertad anticipada.
Frente a la expansión de la pandemia, los distintos Estados nacionales reconocieron el riesgo grave de propagación del coronavirus en los lugares de encierro. La situación de hacinamiento y sobrepoblación hacen impracticable las medidas sanitarias y de higiene recomendadas para prevenir la enfermedad.
Luego de las protestas en las cárceles, el gobierno de Italia tomó medidas para disminuir la población en cárceles: el artículo 123 del decreto Cura Italia dispuso el arresto domiciliario para condenados por delitos leves y con menos de 18 meses para cumplir sentencia. Se estima que entre 5 mil y 6 mil detenidos quedaron alcanzados por la medida. El gobierno, además, otorgó licencias hasta el 30 de junio para las personas que estaban bajo régimen de semilibertad.
El parlamento de Turquía también impulsó una ley que reduce las penas y permitiría descomprimir hasta en un 30% la cantidad de personas detenidas en cárceles. Si bien cada una de las excarcelaciones serán supervisadas por un juez, la ley alcanzaría a unas 90.000 mil personas. Las nuevas disposiciones permitirán cumplir la pena en arresto domiciliario a quienes se encuentran en cárceles de régimen abierto, a personas mayores de 65 años o con afecciones graves de salud, a mujeres con niños pequeños y a detenidos que hayan cumplido más de la mitad de su condena. La norma excluye a condenados por terrorismo, asesinatos, narcotráfico o abuso sexual.
A fines de marzo, Francia dispuso la libertad de unos 5 mil detenidos por delitos menores o con enfermedades que se encontraran a menos de dos meses de cumplir condena.
Reino Unido recién tomó medidas a mediados de abril, cuando en las cárceles ya había, entre detenidos y funcionarios penitenciarios, nueve muertos y más de 100 infectados de COVID-19. El Ministerio de Justicia ordenó la salida de 4.000 presos condenados por delitos no violentos y que le quedaban menos de dos meses para cumplir condena. La medida también alcanzó a mujeres embarazadas.
En España, antes incluso de que se conociera el primer caso de COVID-19, el Ministerio del Interior consideró a las cárceles como foco de posible contagio extensivo y dispuso medidas preventivas. Poco tiempo después suspendió las visitas familiares. Sin embargo, el virus saltó los muros y distintas organizaciones y familiares de personas detenidas denunciaron que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no actúa según los criterios recomendados internacionalmente.
En particular, señalaron el escaso empleo de los mecanismos de excarcelación previstos en el reglamento penitenciario; en ese sentido, vienen reclamando el régimen de semilibertad sin cárcel para personas con afecciones graves de salud, mayores de 70 años, mujeres embarazadas o con hijos e hijas en periodo de lactancia.
A fines de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los Estados partes: “Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.
En el caso latinoamericano, la recomendación de la CIDH se inscribe en una larga y extensa serie de advertencias sobre la crisis humanitaria en los lugares de encierro por la sobrepoblación, la falta de acceso a la salud y a medidas básicas de higiene, entre otros padecimientos que incluye también la imposición de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La posibilidad de que la pandemia ingrese a las cárceles propagó rápidamente el temor en distintos penales: ya hubo protestas y represiones penitenciarias en Colombia, Brasil, Argentina y Chile.
El 8 de abril el Tribunal de Casación bonaerense otorgó el arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. El habeas había sido presentado por los defensores generales de los 19 departamentos judiciales y acompañado por la Comisión Provincial por la Memoria. En pocos días ya se habían presentado centenares de morigeraciones; desde entonces, varias medidas fueron aceptadas.
En el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) donde la sobrepoblación es superior al 150%, la semana pasada se conoció el primer caso positivo de coronavirus de un detenido de la UP 42 de Varela —además de varios agentes penitenciarios en distintas cárceles—; ante el miedo por posibles nuevos contagios, este miércoles personas detenidas en el complejo penitenciario de Varela iniciaron una protesta: en la represión, el SPB disparó con balas de goma y plomo, y mató a un joven de 30 años.
Ese mismo miércoles, las 19 defensorías generales de la provincia de Buenos Aires —como ya lo había pedido la CPM— solicitaron al Gobernador la conmutación de penas para personas condenadas próximas al cumplimiento de la pena o al acceso de la libertad condicional.
En el ámbito federal, el máximo tribunal penal también realizó una recomendación similar para personas detenidas por delitos no violentos o con penas en su etapa de finalización y que se encuentren en grupo de riesgo frente al COVID-19. El Servicio Penitenciario Federal que hay 1.280 personas detenidas con afecciones de salud preexistentes, mayores de 60 años o embarazadas. Ante la falta de celeridad de la justicia o directamente el rechazo de domiciliarias por parte de jueces, la semana pasada Casación Federal sacó una nueva acordada.
Tanto los tribunales de Casación como los defensores generales fundamentaron sus pedidos y resoluciones por motivos humanitarios y siguiendo los estándares pautados, ante la emergencia sanitaria, por Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos humanos.
Más allá de las recomendaciones explícitas en las instancias internacionales, en cada país las órdenes entre la justicia y el gobierno o, incluso, hacia el interior del poder judicial se cruzan por diferencia de criterios.
En el caso de Brasil, por ejemplo, el Consejo Nacional de Justicia, órgano dirigido por el presidente del Supremo Tribunal Federal, recomendó a los magistrados la liberación de presos de menor peligrosidad. Desde entonces, el Departamento Penitenciario Nacional de Brasil informó que alrededor de 30.000 detenidos fueron liberados por órdenes judiciales.
Sin embargo, recientemente la medida fue cuestionada por el gobierno nacional y podría detener el proceso de excarcelaciones: el exministro de justicia Sergio Moro declaró públicamente que las excarcelaciones “favorece la impunidad” y el gobierno de Brasil planea impulsar la instalación de cárceles contenedores para alojar a las personas en situación de riesgo.
En Colombia, las medidas para descomprimir la situación de hacinamiento en las cárceles fueron impulsadas por el Estado nacional. El decreto 546 —publicado el 14 de abril—significó el otorgamiento del arresto domiciliario durante los próximos seis meses a unas 4 mil personas detenidas. La medida favoreció a quienes estaban condenados por delitos con penas menores a los 5 años, mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años, personas con movilidad reducida por discapacidad y a los pacientes de cáncer, VIH, diabetes, insuficiencia renal, trastorno pulmonar y enfermedades de difícil manejo, entre otras. Las medidas, sin embargo, no impidieron que el COVID-19 se propague en las cárceles: hasta la última semana, había cerca de 80 casos confirmados.
El martes de la semana pasada, el Tribunal Constitucional de Chile aprobó una ley de indulto enviada por el gobierno nacional: 1.300 detenidos con alto riesgo de contraer coronavirus serán excarcelados. La norma permite que mayores de 75 años y mujeres con hijos/as menores de dos años o embarazadas cumplan el resto de la condena en sus domicilios. La norma no incluye a procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, aunque estaban contemplados en el proyecto de ley impulsado por el presidente Piñera.
Las cárceles chilenas alojan a 42 mil personas y la situación frente al avance del coronavirus en el país es tan crítica que la Corte Suprema lo definió en un reporte como una “bomba de tiempo”. Situación que empezó a explotar el último domingo: el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile fue hasta el complejo penitenciario de Puente Alto por una protesta de presos; durante la inspección constató que había 149 infectados por COVID-19, 68 detenidos y 81 gendarmes.
Más grave aún son los últimos reportes de las cárceles en Estados Unidos: en una prisión estatal de Ohio, 1.828 detenidos dieron positivos de COVID-19, ese número representa casi el 75% de la penitenciaria. Además, más de 100 miembros del personal también están contagiados.
La directora del Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio recomendó que se libere a detenidos que estén programados para ser puestos en libertad en los próximos 90 días. En Un sistema penitenciario estatal que tiene cerca de 50 mil detenidos, esa medida —que en todos los casos tiene que ser refrendada por el gobernador Mike DeWine— alcanzaría sólo a unas 200 personas.
El caso de la penitenciaria de Ohio no fue el primer gran foco de contagio de COVID-19 en las cárceles estadounidense. Una semana antes, más de 450 casos se confirmaron en la prisión del condado de Cook, Chicago. En respuesta, el sheriff recomendó acelerar la excarcelación de presos y presas que estén por cumplir su condena, y el arresto domiciliario para personas de edad avanzada o con problemas de salud. Más de 1.200 detenidos y detenidas salieron de las cárceles del condado y muchos otros pedidos de morigeración fueron rechazados por los jueces.
Los Estados de Nueva York y California también concedieron, en las últimas semanas, libertades anticipadas para personas condenadas por delitos no violentos y próximas a cumplir la condena.
Mientras tanto, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ordenó que se otorgue la libertad anticipada y el arresto domiciliario de ciertos detenidos respetando los mismos criterios: personas mayores, con afecciones de salud, y condenados por delitos leves próximos a cumplir condena. Pero la medida alcanza a una pequeña parte de la población carcelaria del país: las cárceles federales alojan a unas 220.000 personas. Casi dos millones de detenidos y detenidas están en penales estatales o locales.
En México ocurre algo similar. El país tiene 19 prisiones federales con unos 17 mil detenidos y hay además más de 300 penales estatales que alojan a 175.000 personas. El último lunes, el Senado mexicano aprobó una ley de amnistía presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a cerca de 6 mil personas procesadas o condenadas por delitos menores. La ley sólo alcanza a las cárceles federales pero obliga a los congresos de los 32 estados del país a discutir la aplicación de medidas en esa misma línea.
UNA VEZ MÁS, GRACIAS A LA ORGANIZACIÓN Y LA LUCHA COLECTIVA LOGRAMOS VENCER A LA IMPUNIDAD POLICIAL.
Miguel Ignacio “Nacho” Herrera en libertad
Este sábado 25 de abril se logró la libertad de Miguel Ignacio “Nacho” Herrera, el joven de 18 años que había sido detenido por la policía de Monte Caseros, Corrientes, el pasado viernes 17, en un episodio confuso y lleno de irregularidades. Luisa Acosta, madre de Nacho, desesperada al ver cómo la policía torturaba a su hijo, y entendiendo que su detención era absolutamente arbitraria, acudió a Anahí Andrade, hermana de Nino Largueri. Desde ese momento Anahí, junto a sus compañeros de Opinión Socialista, se ocuparon de denunciar y difundir este abuso de autoridad. El abogado Hermindo González, de Corrientes capital, intervino logrando obtener respuestas de la comisaría donde le comunicaron que Nacho estaba detenido por una contravención por «manejo imprudente». Según le dijeron en la comisaría, el código contravencional impone una pena máxima de 20 días o, en su defecto, el pago de $1.600 por día de detención. No conforme con esta respuesta el doctor González tuvo una entrevista telefónica con el secretario del juzgado de instrucción en donde se presentaron las denuncias correspondientes en defensa del detenido. Así hemos logrado la libertad para Miguel Ignacio “Nacho” Herrera—otorgada por el juzgado de instrucción.
POR QUÉ HABLAMOS DE IMPUNIDAD ANTE ESTA DETENCIÓN:
1. Por la ausencia de notificación a un juez sobre el hecho de que Nacho había sido privado de su libertad.
2. Porque en el acta de contravención no se le dio intervención al detenido (Nacho) a la asistencia de un abogado de confianza o defensor oficial. (No fue asistido por un abogado, por lo tanto estas actuaciones son nulas, ya que se violó el derecho de defensa).
3. Por el tratamiento que tuvo en el lugar de detención: torturas, amenazas, no poder recibir visitas de sus familiares, etc.
4. Este procedimiento debió vincularse en sede penal y no administrativa de la policía.
Con todas estas irregularidades queda demostrado una vez más cómo la policía de Monte Caseros actúa ante los sectores más desprotegidos. Viola todos los derechos de los pobres y aprovecha su vulnerabilidad para impunemente hacer caja de recaudación con la fortuna que cobran a los detenidos que no tienen acceso a un abogado (20 días de arresto equivalen a un total de $32.000). Estas multas muchas veces son pagadas por el temor de las familias ante las torturas y atropellos cometidos dentro de la comisaría—sin mencionar las condiciones inhumanas en las que se encuentran las celdas en las que se cumplen las condenas.
Estas maniobras, aparte de ser un negocio, son las mismas que se utilizan para perseguir, hostigar, disciplinar y criminalizar a los pibes de los sectores más humildes. No vamos a permitir que las comisarías funcionen como centros clandestinos de tortura.
Ni un pibe menos:
Fue con estas mismas prácticas que la policía de Monte Caseros secuestró a Sebastián «Nino» Largueri el día 14 de agosto de 2015. Se sospecha que luego de ser llevado por la policía aquel día, Nino estuvo detenido clandestinamente en la comisaría de Monte Caseros y, luego de haber estado desaparecido por 15 días, su cuerpo apareció sin vida en el río Miriñay Chico. A casi cinco años de su asesinato, la lucha por justicia para Nino continúa.
Queremos agradecer a todas las organizaciones sociales y políticas que han repudiado el accionar arbitrario de la policía ante la detención de Nacho y agradecemos también el trabajo y la intervención del Dr. Hermindo González (un incansable y reconocido luchador por la defensa de los DD.HH.)
Gracias al inmediato comunicado que se realizó a horas de la detención de Nacho, a su difusión en las redes, a las denuncias realizadas en la justicia, a las diferentes llamadas a la comisaría por parte de diferentes referentes de organizaciones políticas, a las intervenciones del Dr. González, y por sobre todo, a la solidaridad de clase y a la lucha colectiva, hoy hemos logrado salvar a otro pibe más de las garras policiales.
#NiUnPibeMenos #NiUnaPibaMenos #BastaDeImpunidad
Desmonte sin cuarentena: se perdieron 6500 hectáreas de bosques
Por Gastón Rodríguez / Resumen Latinoamericano /26 abril 2020
Un relevamiento satelital hecho por Greenpeace reveló la extensión deforestada en cuatro provincias del norte entre el 15 de marzo y el 15 de abril.
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial de Covid-19 no detuvo el daño ambiental: sólo en el último mes se desmontaron en el norte del país más de 6500 hectáreas. El dato se traduce en que la Argentina perdió 211 hectáreas de bosque por día aun en un contexto de aislamiento obligatorio. “Si la deforestación en cuarentena es un delito penal por no estar considerada como una actividad esencial, ¿qué podemos esperar después, cuando los responsables sólo tengan que pagar una multa?”, advierten los ambientalistas.
Según el monitoreo que realizó la organización Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales, entre el 15 de marzo y el 15 de abril se desmontaron 3222 hectáreas en Santiago del Estero, 1194 en Salta, 1132 en Formosa y 1017 en Chaco. Sólo estas cuatro provincias concentran el 80% de la deforestación del país.
“En los últimos 30 años perdimos cerca de 8 millones de hectáreas y somos uno de los diez países que más destruyen sus bosques. Es irresponsable y hasta suicida que, frente a la crisis sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando”, se queja Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Al igual que ocurre con las fumigaciones con agrotóxicos, con muchos productores aprovechándose de los recursos ocupados en contener la propagación del Covid-19 para aplicar sin ningún tipo de control, los dueños de las topadoras arrasan miles de hectáreas de bosque nativo, con un agravante: están cometiendo un delito.
“Las actividades agropecuarias estaban exceptuadas de cumplir la cuarentena desde el principio –explica Giardini–, y desde hace una semana están permitidas las actividades forestales, como pueden ser los madereros, el carbón, una tala controlada. Lo que hacen las topadoras es otra cosa: convertir un bosque en un cuadrado pelado para pastura de vacas o cosecha de soja. El desmonte no es una actividad esencial y realizarlo en este contexto es un delito penal”.
La publicación del informe de Greenpeace provocó reacciones dispares de los gobiernos provinciales. Santiago del Estero y Formosa aún no se expresaron públicamente. Chaco, en cambio, reconoció a través del subsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, áreas desmontadas durante la vigencia del aislamiento obligatorio, por lo que aplicó sanciones y prometió más inspecciones.
El caso más polémico, sin dudas, es el de Salta. Su ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, se desentendió del tema al considerar que el Ejecutivo provincial no tiene el “poder de policía” necesario para evitar los desmontes en cuarentena. El funcionario, que todavía se ufana de haber sido el primer presidente de la Federación de Entidades Rurales de Salta, está acostumbrado a defender los intereses de los grandes terratenientes porque también son los suyos. No sorprende que uno de los que usufructuaron esa carta blanca haya sido el presidente de la Sociedad Rural salteña, Ignacio García del Río, dueño de una finca ubicada en el departamento San Martín, donde más de cien hectáreas fueron deforestadas después del 20 de marzo.
Para Giardini, “si el Estado no manda a la policía a controlar los campos, no lo va a hacer nadie. Un juez no se va a levantar para ir a ver si en una finca están desmontando. Encima, los grupos indígenas y los activistas no podemos salir para frenar las topadoras. La deforestación en cuarentena es responsabilidad de los empresarios y también de los gobiernos”.
Perderlo todo
La brutal deforestación del norte del país se explica por el avance de la frontera agropecuaria. Gran parte de esa producción (soja transgénica y ganadería intensiva) es exportada hacia Europa y China, con una rentabilidad que vuelve a los dueños de los campos indiferentes al daño ecológico.
“Estamos reemplazando un bosque por hectáreas de pastura de ganado y soja que terminan siendo forraje para chanchos. Lo plantean como un modelo de progreso, pero las provincias que más desforestan son también las más pobres”, insiste Giardini y recuerda un estudio del INTA que había probado que una hectárea de bosque chaqueño puede absorber hasta 300 milímetros de lluvia, mientras que una de pastura sólo cien, y una de soja, apenas 30 milímetros.
“Más desmonte –concluye– significa más inundaciones, más cambio climático, más desaparición de especies en peligro de extinción, más enfermedades y más desalojos para las comunidades indígenas, que son las que más lo sufren. Para ellas, perder el bosque es perder su casa, su almacén y su farmacia”.
La bajante histórica del río Paraná trae consecuencias económicas y sanitarias en el Litoral
La imagen causó estupor: las Cataratas del Iguazú sin turistas por la pandemia y sin el gigantesco caudal de agua que las ha convertido en una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. Pero la bajante histórica del río Paraná, provocada por las sequías cuenca arriba, también trajo consecuencias más graves en términos económicos, complicando la operatoria de los puertos, y sanitarias, con el riesgo de interrumpir la provisión de agua potable en varias ciudades del país, en el contexto de aislamiento obligatorio por el coronavirus y de recomendaciones higiénicas por el dengue.
La empresa estatal del servicio de agua que abastece a Chaco, por ejemplo, reconoció que se redujo en un 25% por la pérdida de los rendimientos de las bombas de las tomas y adelantó que varias regiones se verán perjudicadas.
En Santa Fe la situación no es mejor. El descenso del nivel del Paraná se viene produciendo sin descanso desde fines de febrero, cuando el río apenas alcanzó los tres metros en el puerto local. Desde entonces bajó más de dos metros, provocando que las embarcaciones quedaran apoyadas sobre la arena y dejando al descubierto la manta protectora del túnel subfluvial que une las ciudades de Santa Fe y Paraná, lo que complicó el funcionamiento de la planta potabilizadora.
Exigen justicia para Maxi y Darío
Resumen Latinoamericano, 26 abril 2020
¡JUSTICIA PARA DARIO SANTILLAN y MAXIMILIANO KOSTEKI!
Hoy 26 de Abril se cumple un mes más de Injusticia.
Contacto de Prensa:
Alberto Santillán (padre de Darío): 11 2268 3346.-
Leo Santillán (hermano de Darío): 11 4409 9136.-
Alberto Santillán (padre de Darío): 11 2268 3346.-
Leo Santillán (hermano de Darío): 11 4409 9136.-
Les familiares y compañeres de Darío, reafirmamos que continuaremos luchando hasta que el último de los asesinos pague con la cárcel.
La Pandemia del COVID-19 y la Cuarentena impuesta por el gobierno nacional, al igual que en otros países, restringen derechos personales y colectivos en nombre de la salud. Además alienta a las fuerzas de seguridad a extralimitarse, haciendo cundir en muchos aspectos el miedo y la represión. Este fue el caso de lxs 240 trabajdorxs del Frigorífico Penta, en Quilmes al sur del conurbano, que al reclamar por su fuente de trabajo, fueron duramente reprimidos por la policía bonaerense. Una fuerza con históricas implicancias en realizar siempre el trabajo sucio. Pero ésta no trabaja sin órdenes. Es una policía que en muchos casos pareciera no necesitar orden judicial para reprimir una protesta o asesinar a un pibe de un barrio humilde. Le basta con la autorización política o de algún grupo del poder económico.
También sabe guardar bien sus secretos. El ex-comisario Alfredo Fanchiotti y el ex-cabo Alejandro Acosta, asesinos materiales de la Masacre y actualmente cumpliendo la condena a cadena perpetua, fueron de la bonaerense y hasta el día de hoy no han nombrado a quienes le dieron las órdenes para llevar a cabo el plan siniestro ejecutado aquel 26 de Junio de 2002.
Es que tanto Eduardo Duhalde y Felipe Solá, ex presidente y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, como tambien sus principales ministros de aquella época, son los responsables directos de los crímenes. Esto lo hemos sostenido desde el mismo momento de la represión. La decisiva intervención de la SIDE, a cargo del ahora fallecido Carlos Soria y Oscar Rodriguez en la coordinación del operarivo, fue fundamental.
Sin embargo, no hizo falta una pandemia o la cuarentena para que se relentizara la investigación. Los testimonios esgrimidos en la causa federal fueron producto de la querella. Es decir que fue el esfuerzo de les familiares, organismos de Derechos Humanos, abogades y mucha compañerada de los barrios de todos el país, que mantuvimos encendida la llama de la memoria y de la demanda de justicia.
A dos meses de cumplirse dieciocho años de la Masacre del Puente Pueyrredón convocamos a todas aquellas personas que por diversos motivos hayan reservado información sobre las ordenes políticas para impedir el reclamo piqueterx del 26 de junio del 2002, donde le costara la vida a Darío y a Maxi, para sumar sus testimonios a las causas judiciales.
Al mismo tiempo, también como un reclamo histórico nuestro, exigimos que se abran los archivos de Inteligencia de las cuatro fuerzas que participaron en la represión, como así también de los archivos verdaderos de la ex Secretaría de Inteligencia Del Estado.
Cárcel para todxs lxs Responsables Políticos de la Masacre de Avellaneda
Justicia para Darío y Maxi.
Por Justicia Completa.
FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN
Envio:RL
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