Empieza el road show por el canje de deuda
Martín Guzmán: "Hicimos una oferta a los acreedores que la Argentina puede cumplir"
El ministro de Economía ratificó que el Gobierno no mejorará la propuesta que ya presentó a los tenedores de bonos. Dijo que los acreedores piden "un mayor ajuste" del gasto, algo que descartó porque "no es sostenible".
Imagen: NA
El ministro de Economía, Martín Guzmán, admitió que "hay mucha tensión con los bonistas porque cada uno defiende sus intereses", pero consideró que "es normal la tensión con los bonistas porque los acreedores habían apostado por obtener grandes retornos en la Argentina, pero luego todo colapsó".
Durante una entrevista en la TV Pública, Guzmán agregó: "Esta semana vamos a tener el road show con los acreedores, que esta vez será virtual, pero ya entraremos a discutir la propuesta. Lo que buscamos es darle condiciones al país para que, una vez pasado el coronavirus, la propuesta se pueda mantener en el tiempo".
"Esta propuesta que estamos haciendo es una propuesta de buena fe, en el sentido de que es lo que Argentina puede pagar y que se pueda cobrar lo que se puede cobrar", enfatizó.
Además, el ministro señaló que los acreedores "plantean que el país debiera tener un mayor ajuste, pero eso no es sostenible. En los últimos cuatro años, el gasto público primario se contrajo en 5,6% del PBI y eso no funcionó, terminó en una caída de la demanda. Y a esto se le suma la situación del coronavirus".
Ahora, dijo, "todo está sobre la mesa, el período de gracia, los intereses de los bonos y los vencimientos de los títulos. La Argentina hoy no tiene capacidad de pago, pero hicimos una oferta a los acreedores que la Argentina puede cumplir".
"La oferta tiene el aval del FMI y el staff técnico avaló la propuesta porque había juzgado que estaba en línea con las posibilidades de pago del país", resaltó.
El Gobierno fijó el 8 de mayo como plazo para el cierre de la oferta, pero podría extenderse algunos días, de existir la posibilidad de acordar con los bonistas.
28 de abril de 2020
Cómo queda el mapa bonaerense y qué localidades flexibilizan el aislamiento
La cuarentena administrada en la provincia, distrito por distrito
La cuarentena bonaerense, distrito por distrito.
Luego de un mes de asialmiento social obligatorio, se pone en marcha la segunda etapa de cuarentena administrada en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, exceptuando terminantemente a los cordones del conurbano. Con mayores cuidados que en otros distritos del país por la alta densidad de población, el Axel Kicillof permitió que algunos de los municipios accedan a las salidas de una hora. En su mayoría son ciudades y pueblos del interior. Para el conurbano el gobernador decidió, junto a los intendentes, que siguiera el aislamiento social obligatorio sin permisos. A su vez amplió las actividades exceptuadas de la cuarentena. El lunes se reunió con un grupo de intendentes y el diputado Máximo Kirchner, con quienes analizaron el alcance de las últimas medidas.
"Cada distrito puede modificar su situación con el correr de las horas y se irá informando", aseguró el gobernador en sus redes cuando dio a conocer la decisión de mantener en algunos lugares la cuarentena y flexibilizarlo en otras. Por ahora son 33 localidades las que están autorizadas a las salidas recreativas con distintas modalidades. El gobierno provincial dio a conocer un mapa en el que están caracterizados con distintos colores la modalidad con la que cuenta cada distrito y que irán actualizando día a día. En todos los casos la decisión final fue tomada de manera consensuada entre Kicillof y los intendentes de cada municipio, sin importar el color político.
Durante el fin de semana el presidente Alberto Fernández anunció la nuevas disposiciones para el aislamiento social obligatorio. Allí informó que las personas podrán salir al menos una hora por día, que podrán trasladarse a no más de quinientos metros de donde estén pasando la cuarentena y que deberá ser antes de las 20 horas. Además deberán cumplir con los requerimientos sanitarios que son obligatorios hasta el momento como el tapabocas. La provincia de Buenos Aires tiene un territorio particular en el conurbano, la zona más poblada del país.
Por tanto, los distritos que optaron por mantener la cuarentena estricta, sin flexibilizaciones, fueron 61, entre los que se cuentan los del conurbano y se suman algunos más como San Vicente, Magdalena, Campana, Escobar, Lujan, San Andrés de Giles, Mercedes y Bahía Blanca, entre otros. Los que permitirán las salidas de una hora son 33, y Baradero, Rojas Exaltación de la Cruz, Leandro N. Alem, General Pinto, General Viamonte, Carlos Tejedor, Rivadavia, 25 de Mayo, Lobos, Carlos Casares, General Paz y Brandsen, entre otros. Se encuentran en período de evaluación otros 34, que en los próximos días le acercarán al gobernador su propuesta para tomar una decisión.
Los intendentes del conurbano apoyaron la medida que tomó Kicillof. "Apoyo la decisión de Kicillof de continuar el aislamiento sin salidas", señaló el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. El jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, anticipó ayer a PaginaI12 que la medida era tomada en conjunto con el gobernador y la mayoría de los intendentes. Los opositores también apoyaron la medida, como Julio Garro, que administra La Plata y pertenece a Juntos por el Cambio. El jefe comunal aseguró que la capital provincial "integra una zona de riesgo y, por ende, es importante que se eviten medidas que flexibilicen la cuarentena y puedan generar un riesgo sanitario", y agregó que "la postura del municipio es no flexibilizar la cuarentena en la ciudad; la prioridad hoy debe ser reactivar la economía sin poner en riesgo la salud".
En esta fase de cuarentena administrada el gobernador recibió 723 solicitudes de actividades para ser exceptuados. Al menos nueve fueron las nuevas que Kicillof permitió que comiencen a funcionar. Cada municipio presentó su propuesta en base a los diálogos con los empresarios y comerciantes de sus distritos. Así, el gobierno bonaerense liberó a los establecimientos que desarrollen "actividades de cobranza de servicios e impuestos, las oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas, y la actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas", informaron a través de un comunicado.
Además habilitó la "venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio, la atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo y los laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo". Finalmente las también fueron exceptuadas las "ópticas, con sistema de turno previo, los peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes y los establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género".
28 de abril de 2020
Principio de acuerdo en la Cámara de Diputados para volver a sesionar
Ni sesión remota ni presencial sino más bien mixta
Sergio Massa condujo la reunión de Labor Parlamentaria. Allí se acordó que sólo los presidentes de los bloques estarán en el recinto y el resto de los diputados funcionarán de manera remota.
Por Miguel Jorquera
Sergio Massa presidió la reunión con los titulares de los bloques de diputados.
Imagen: Prensa Diputados
Imagen: Prensa Diputados
Tras más de cuatro horas de discusión cara a cara y entre barbijos, los diferentes presidentes de los bloques de diputados, reunidos con el titular de la cámara, Sergio Massa, alcanzaron un principio de acuerdo sobre cómo volverán a sesionar. Este arreglo consistirá en la realización, durante la próxima semana, de una "sesión virtual mixta" que consiste a los jefes de bloques en el recinto y el resto en forma remota.
El anuncio lo hizo el propio Massa ante los periodistas reunidos en el Salón de Pasos Perdidos. Durante esta sesión mixta se necesitará aprobar por dos tercios de los presentes la modificación del reglamento de la Cámara para implementar la forma remota. Lo que despejará el panorama para el funcionamiento parlamentario a pleno.
En ardua negociación para arribar al acuerdo terminó por conciliar parcialmente las posiciones. La propuesta de sesionar virtualmente sin necesidad de reformar el reglamento, tropezó con la intransigencia de un sector mayoritario de Juntos por el Cambio, que exigía una “sesión exprés presencial” para modificar el reglamento.
Tras idas y vueltas, discusiones y posturas conciliadoras, se selló el acuerdo en el que todos relegaron algo de sus posturas de máxima. Así, se terminó de diagramar un esquema de sesión mixta: con los jefes de bloque en el recinto y el resto de los diputados participando y votando a través de videoconferencia.
El temario y la fecha de la sesión siguen abierto. En tanto hoy volverá a reunirse la comisión de Modernización en busca de elaborar un protocolo para sesiones excepcionales mixtas. El miércoles la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos dictaminará en forma presencial la reforma del reglamento de Cámara. El jueves habrá otra reunión de jefes de bloque para ratificar el acuerdo.
En la reunión participaron, además de Massa, Máximo Kirchner y Cristina Alvarez Rodrigues (FdT); Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro (JpC), Eduardo Bali Bucca por el interbloque Federal; Jose Luis Ramón (Federal para el Desarrollo); Nicolás del Caño y Romina Del Plá (FIT), entre otros.
Massa presentó ante la comisión de Labor Parlamentaria una serie de informes entre los que incluyó “las herramientas de funcionamiento remoto de la Cámara impulsadas el inicio de la cuarentena” y “los convenios celebrados con ReNaPer y Arsat”, que brindó el secretario General de la Cámara, Juan Manuel Cheppi. Así, como las conclusiones de la Comisión Especial de Modernización, que brindó su titular Daniela Vilar (FdT) y donde hubo coincidencia en avanzar con las sesiones remotas, incluso los integrantes de JpC.
También incluyó un informe sobre “la asignación de fondos de subsidios a instituciones sanitarias”, del secretario administrativo Rodrigo “Rodra” Rodríguez, y otro que brindó el responsable médico de la Cámara, Marcelo Alak, que desaconsejó se lleve a cabo una sesión presencial en el recinto bajo este marco sanitario, dadas las dimensiones del recinto donde se realizará la sesión que involucra a 600 personas entre los 257 diputados y el personal de la Cámara.
La ratificación del acuerdo quedó en manos de Ritondo (PRO), Ferraro (CC) y Brenda Austin (UCR), en representación del interbloque opositor porque Negri abandonó antes el encuentro en el Congreso para ir hasta el set de televisión. Allí, cargó contra el Gobierno por “el aislamiento interno e internacional” en el que la oposición reclama protagonismo.
La previa estuvo cargada por las diferencias en JpC. Un nutrido grupo de diputados de distintas bancadas opositoras enviaron a Massa un pedido de sesión especial para este jueves, con un temario alternativo con distintas iniciativas que incluyen proyectos para beneficiar a econonómicamente a trabajadores de la Salud y las Pymes, pero que aceptan sesionar en forma virtual, entre ellos 15 diputados cambiemitas.
“En relación a la modalidad de llevar a cabo la sesión, en el contexto actual de una pandemia, y tal como se pronunciara la CSJN en el punto 9 del “obiter dicta” del fallo 353/2020, que a continuación se transcribe, se encuentran dadas las condiciones para que este Congreso y esta Cámara funcionen de forma telemática o bien combinada la presencia reducida de legisladores con votación electrónica remota asegurando que se cumplan los recaudos y el procedimiento de deliberación y sanción de leyes impuestos por la Constitución Nacional”, dice la nota que firman los diputados del Interbloque Federal, el MPN y 15 legisladores de Juntos por el Cambio.
La presión del ala dura de la alianza no se hizo esperar y poco despuéslos diputados radicales alineados con Martín Lousteau salieron a diferenciarse. Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti y Dolores Martínez se diferenciaron de los fundamentos que acompañaron la solicitud y aclararon que antes de sesionar por videoconferencia, debe votarse presencialmente una reforma del reglamento.
28 de abril de 2020
Informe de la ministra de Mujeres a la Cámara de Diputados
Violencia de género: en la cuarentena hubo más de 10 mil llamadas a la línea 144
Elizabeth Gómez Alcorta reveló que hay un promedio de 345 consultas por día. Un 73 por ciento hizo referencia a situaciones de violencia física. Las denuncias en comisarías y tribunales por violencia de género bajaron en todo el país.
La ministra Elizabeth Gómez Alcorta tuvo una reunión informativa con la comisión de Mujeres y Diversidad.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reconoció que las denuncias en comisarías y tribunales por violencia de género bajaron en todo el país, a pesar de que las consultas a la Línea 144 --donde se brinda asesoramiento-- se incrementaron en un 40 por ciento durante el primer mes de la cuarentena obligatoria, lo que muestra que las mujeres en contextos de violencia doméstica no están pudiendo llegar a pedir medidas cautelares y de protección en la Justicia. Fue este lunes, durante una reunión informativa, ante la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, en la que detalló las acciones que viene desarrollando su cartera en el marco de la pandemia de la covid 19 en relación al problema de la violencia por razones de género, la situación de las empleadas de casas particulares y de la población travesti y trans en contextos de vulnerabilidad social, entre otros ejes.
La funcionaria reveló que recibieron 10.351 consultas al 144 entre el 20 de marzo y el 20 de abril, con un promedio de 345 por día: en un 73 por ciento de los casos hicieron referencia a situaciones de violencia física. En el 48 por ciento de los llamados, el agresor era la ex pareja y en un 44 por ciento, la actual pareja de la víctima, precisó. Sobre las cifras de femicidios, dijo que “son muy similares, casi idénticas” a las del año pasado. “Es un problema. No logramos bajar los femicidios”, admitió.
La reunión se extendió por algo más de dos horas: en la primera media hora la ministra expuso y luego respondió preguntas de las integrantes de la comisión en pantalla (todas mujeres y un solo varón). El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, abrió la videoconferencia y destacó que se trata del decimocuarto ministro del Gobierno que brinda informes en ese ámbito legislativo, a distintas comisiones, en el marco de la crisis sanitaria.
Gómez Alcorta se refirió al aumento de un 40 por ciento en las consultas sobre violencia por razones de género recibidas en el 144 en el primer mes de la cuarentena obligatoria, precisó que se incorporaron nuevos canales de acceso como un correo electrónico y tres líneas de WhatsApp, aclaró que no se trata de una línea de denuncias, sino de asesoramiento, y que también realizan seguimiento de los casos, y que una de las primeras medidas que tomó fue declarar el trabajo de sus operadoras como esencial. “Armamos una mesa de coordinación con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad --que gestionan su propia línea 144-- para tener un corte de información sobre los llamados cada 3 días”, señaló.
“Efectivamente, los hogares, el lugar donde nos recluye la cuarentena, son muy inseguros para muchísimas mujeres, miembros de la diversidad y también niñas”, apuntó. Detalló que el 80 por ciento de los femicidios ocurren en la propia casa de la víctima o en otra vivienda. “La casa no es un lugar seguro”, reafirmó.
La ministra consideró necesario trabajar con los hombres violentos para prevenir los femicidios. “Los varones no nacen violentos”, dijo. Señaló además, la importancia de la articulación con el Poder Judicial: “El varón no va a acceder a un dispositivo si no es obligado por el Poder Judicial”. También destacó que el 80 por ciento de las víctimas de femicidio, nunca accedieron al Poder Judicial.
En su exposición, Gómez Alcorta contó sobre las campañas publicitarias que están llevando adelante para difundir la línea 144, por radio, televisión, redes sociales, y también en medios de transporte, subtes y terminales de tren. Y se refirió a la del “barbijo rojo”, implementada en coordinación con la Confederación Farmacéutica Argentina, para que empleados de farmacias sean canal para que las mujeres que soliciten puedan llamar al 144 o al 911. “La idea fue sumar un canal más de acceso”, dijo.
La ministra también habló de la ayuda económica para las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad que puso en marcha el Gobierno a través de distintos mecanismos y destacó la articulación con las áreas de género de los gobiernos provinciales “sin distinción de color político”.
Además, contó que desde el Ministerio expresaron su preocupación a los superiores tribunales provinciales sobre la necesidad de prorrogar las medidas cautelares en causas de violencia de género y cómo disminuir las poblaciones carcelarias, teniendo en cuenta en aquellos casos de detenidos por delitos contra la integridad sexual o violencia de género que se tomara especial cuidado en relación a la seguridad de las víctimas. “Todas las provincias, menos Corrientes, prorrogaron las medidas cautelares”, precisó. Y en algunas jurisdicciones, además, se implementaron distintas alternativas “para achicar la distancia para poder denunciar” de manera virtual, a través de correos electrónicos, números de WhatsApp y distintas aplicaciones de teléfonos celulares, indicó.
En relación a la población travesti y trans, en contextos de gran vulnerabilidad social, informó que se les entregó 3061 módulos alimentarios, y se la incluyó en el programa Potenciar Trabajo, que depende del Ministerio de Desarrollo Social.
La ministra hizo hincapié en que “las políticas de cuidado son una de las principales líneas de acción del ministerio”. Comentó que están trabajando “con el colectivo de personal de casas particulares”, donde hay un 75 por ciento de informalidad, y han recibido denuncias contra empleadores que no les quieren pagar el sueldo durante la cuarentena o les dicen que una parte del salario lo cubre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Y en ese sentido, difundieron un 0800 para que puedan denunciar.
También se refirió al convenio que firmó con siete sindicatos que ofrecieron sus hoteles para alojar a mujeres en situación de violencia en caso de que no haya disponibilidad de plazas en la red de refugios y hogares que gestionan iglesias, movimientos sociales, ong, munipios y provincias y que son 120 en todo el país.
Contó que continúan llevando adelante los foros regionales, ahora de forma virtual, para recibir propuestas de la sociedad civil con vistas a la redacción del nuevo plan federal contra la violencia por razones de género que, estimó, estará terminado a mediados de año.
28 de abril de 2020
La central obrera y la cámara patronal consensuaron pautas sobrellevar la cuarentena
Acuerdo entre la CGT y la UIA sobre suspensiones y rebajas salariales
Las empresas forzadas a cerrar por el aislamiento obligatorio podrán suspender a sus trabajadores y rebajarles un 25 por ciento del sueldo, pero no habrá despidos. Rige para abril y mayo.
Por Florencia Barragan
Héctor Daer y Miguel Acevedo negociaron con la venia de Claudio Moroni (centro)
La Unión Industrial Argentina (UIA) acordó con la Confederación General del Trabajo (CGT) una rebaja salarial de hasta el 25 por ciento para los trabajadores que sean suspendidos por el cierre de las empresas debido al aislamiento obligatorio. “El compromiso con el acuerdo es que no haya despidos, y dar un marco de previsibilidad a las negociaciones que se venían dando”, aseguró a PáginaI12 una fuente empresaria que siguió de cerca la negociación, que comenzó la semana pasada.
Quedarán exceptuados de la rebaja y cobrarán el sueldo completo quienes continúen sus tareas, ya sea dentro de las fábricas por tratarse de actividades exceptuadas, o bajo la modalidad de teletrabajo. También quienes no puedan trabajar por tratarse de grupos de riesgo, como adultos mayores, embarazadas o con patologías preexistentes.
El pacto tendrá una extensión de hasta 60 días, con efectos a partir del primero de abril, por lo que se aplicará para los sueldos de abril y mayo. Por este motivo es que la homologación deberá realizarse en el transcurso de esta semana. El Gobierno ya le dio el visto bueno, dado que previo al acuerdo, que se llevó a cabo este lunes por la tarde, desde la cartera que conduce Claudio Moroni esperaban que el sueldo final tuviera un piso del 75 por ciento del salario neto. Y eso fue finalmente lo que se pactó.
La rebaja se aplicará en los trabajadores que hayan sido suspendidos a raíz del cierre de las industrias por el aislamiento. El decreto 297 que estableció el aislamiento remarcaba que los empleados tenían “derecho al goce íntegro” de sus salarios habituales. Luego el DNU 329 prohibió los despidos y las suspensiones hasta fin de mayo. Sin embargo, el artículo 3 le abrió la puerta a que pudieran realizarse suspensiones de manera legal.
Fue bajo la excepción en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que pueden llevarse a cabo suspensiones fundadas en disminución de trabajo o fuerza mayor, siempre en caso de que sean pactadas individual o colectivamente entre empleador y empleado. En estos casos, se le paga al empleado una prestación no remunerativa. El monto no podrá ser inferior al 75 por ciento del salario neto y las suspensiones podrán ser rotativas, totales, parciales o alternadas.
“Es un piso para que quienes sean suspendidos no cobren menos”, aseguró una fuente de la central obrera a la agencia NA. El documento del acuerdo se titula "reunión tripartita para consensuar medidas que tiendan al sostenimiento del trabajo y la produccon frente al Covid 19". Por la CGT lleva la firma de Héctor Daer, Carlos Acuña, Andres Rodríguez y Antonio Calo. Por la UIA, de Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja.
La idea de llegar a un acuerdo entre sindicatos y empresarios fue por dos motivos: primero para llevar previsibilidad a los trabajadores, dado que se estaban llevando a cabo suspensiones y rebajas de formas muy variadas según el gremio o el rubro. El actual mecanismo previsto no será de aplicación para la situación de quienes hubieran ya acordado otros criterios de suspensión. Por ejemplo, los suscritos por petroleros, UOM o Comercio, que tienen rebajas de hasta 30 por ciento.
Pero lo que desencadenó esta discusión fue la ampliación del decreto 332, que establece el programa de emergencia para las empresas. Inicialmente, el Gobierno pagaría un complemento del salario con un tope de un salario mínimo para las empresas de hasta 25 empleados. Con la ampliación del decreto (DNU 376), el Gobierno pagará el 50 por ciento del salario neto de los trabajadores del sector privado de cualquier tipo de empresa, hasta 800 empleados. Muchos de los acuerdos, que preveían rebajas salariales de entre 30 y 50 por ciento, quedaron en stand by luego de la extensión de la ayuda gubernamental.
Fuente:Rosario12
Las cosas del Poder
Salidas para esparcimiento: más provincias eligen no sumarse
Al menos ocho se sumaron a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, además de la Ciudad, en su decisión de evitar adherir, al menos por el momento, a los paseos recreativos habilitados en el decreto presidencial que establece la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio. Neuquén Centro
Tras el comunicado conjunto de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa, donde anunciaron que el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19 sigue vigente, y ratificaron que en los distritos con más de 500.000 habitantes no están autorizadas las salidas de esparcimiento en la nueva etapa de la cuarentena, este lunes se sumaron al menos ocho distritos provinciales a esa decisión.
Las provincias de Tucumán, Corrientes, Misiones, La Pampa, Formosa, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz no permitirán las salidas recreativas contempladas en la nueva etapa del aislamiento obligatorio por el nuevo coronavirus.
En Formosa, el gobierno decidió suspender provisoriamente desde el ingreso a toda persona a la provincia, mientras que con respecto a las salidas recreativas, la administración local anunció que de momento no están permitidas ya que "se encuentran en estudio para ser aplicadas".
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, informó que la provincia tampoco habilitará las autorizaciones de las salidas de esparcimiento al menos hasta la próxima semana: "Esta es una provincia que si bien no tiene circulación activa, sí la tienen las jurisdicciones y países cercanos que nos rodean", afirmó Bordet y destacó que buscan "no dilapidar el esfuerzo realizado este tiempo". "El esparcimiento puede esperar una semana más, pero cada municipio puede solicitar la excepción y emitir las salidas, aunque deberá elevar un protocolo con medidas de control que se determinará si es o no es factible", agregó.
En Chaco, mientras tanto, el mandatario provincial Jorge Capitanich ratificó que en el Gran Resistencia no se permitirán salidas de esparcimiento, y precisó que en las demás localidades “se va a analizar en ronda de consultas con los intendentes”.
En Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora afirmó que lo están "analizando, pero por ahora no vamos a usar esa facultad" y que "a lo mejor, tal vez en los primeros días de mayo, pero por el momento lo mantenemos tal como está".
El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, confirmó que en esa provincia no se habilitarán las salidas recreativas ni las actividades físicas, aunque sí comienza hoy la apertura de algunas actividades como "inmobiliarias, construcción privada, abogados y contadores", entre otras.
También el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aclaró hoy que en la provincia "no se autorizarán las caminatas recreativas" durante la próxima etapa del aislamiento social ya que "tiene características particulares", como alta densidad poblacional, "y no están dadas las condiciones" para que eso suceda.
Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se sumó a sus pares y aclaró: "No estamos permitiendo salidas recreativas ni actividades deportivas", pero sí habilitó el trabajo de estudios profesionales y consultorios en general, el comercio minorista, las peluquerías, administraciones y cobros de servicios y actividad del personal de casas particulares, según anunció hoy en la Casa de Gobierno.
En esa misma línea actuó el Comité Operativo de Emergencia de Catamarca, que decidió mantener el aislamiento obligatorio sin modificaciones: "Por el momento, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene en los mismos términos y no hay cambios", enfatizaron las autoridades del comité de especialistas.
Los gobiernos de La Pampa y La Rioja decidieron mantener, por el momento, sin cambios las condiciones del aislamiento social en la provincia, de manera que por ahora no habrá salidas recreativas, aunque será una posibilidad a analizar. El ejecutivo pampeano informó en un comunicado que a partir de hoy se trabajará en base al DNU recientemente emitido por presidencia, para sumar más actividades económicas a la cuarentena controlada.
En San Juan, desde el fin de semana la medida se encontraba en estudio.
Por su parte, en San Luis, Tierra del Fuego y Mendoza sí estarán permitidas las salidas recreativas, aunque con limitaciones. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aclaró en la noche del sábado que "veremos cómo flexibilizamos algunas situaciones". El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, señaló que en la provincia habilitarán a partir de esta semana "las caminatas recreativas para toda la población, desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas". Y en Mendoza,el gobernador Rodolfo Suárez confirmó hoy que las personas podrán salir, durante una hora, a recrearse como máximo hasta a 500 metros de su domicilio, en días y horarios que dependen del último número de su DNI.
Por último, Santa Cruz esta noche dictó su decreto provincial en relación a la continuación del aislamiento decidió no adherir a la posibilidad de implementar las salidas de esparcimiento, concretamente, el artículo 8 del decreto presidencial.Por su parte, en San Luis, Tierra del Fuego y Mendoza sí estarán permitidas las salidas recreativas, aunque con limitaciones. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aclaró en la noche del sábado que "veremos cómo flexibilizamos algunas situaciones". El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, señaló que en la provincia habilitarán a partir de esta semana "las caminatas recreativas para toda la población, desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas". Y en Mendoza,el gobernador Rodolfo Suárez confirmó hoy que las personas podrán salir, durante una hora, a recrearse como máximo hasta a 500 metros de su domicilio, en días y horarios que dependen del último número de su DNI.
Por último, Santa Cruz esta noche dictó su decreto provincial en relación a la continuación del aislamiento decidió no adherir a la posibilidad de implementar las salidas de esparcimiento, concretamente, el artículo 8 del decreto presidencial.
Las provincias de Tucumán, Corrientes, Misiones, La Pampa, Formosa, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz no permitirán las salidas recreativas contempladas en la nueva etapa del aislamiento obligatorio por el nuevo coronavirus.
En Formosa, el gobierno decidió suspender provisoriamente desde el ingreso a toda persona a la provincia, mientras que con respecto a las salidas recreativas, la administración local anunció que de momento no están permitidas ya que "se encuentran en estudio para ser aplicadas".
En Chaco, mientras tanto, el mandatario provincial Jorge Capitanich ratificó que en el Gran Resistencia no se permitirán salidas de esparcimiento, y precisó que en las demás localidades “se va a analizar en ronda de consultas con los intendentes”.
En Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora afirmó que lo están "analizando, pero por ahora no vamos a usar esa facultad" y que "a lo mejor, tal vez en los primeros días de mayo, pero por el momento lo mantenemos tal como está".
El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, confirmó que en esa provincia no se habilitarán las salidas recreativas ni las actividades físicas, aunque sí comienza hoy la apertura de algunas actividades como "inmobiliarias, construcción privada, abogados y contadores", entre otras.
También el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aclaró hoy que en la provincia "no se autorizarán las caminatas recreativas" durante la próxima etapa del aislamiento social ya que "tiene características particulares", como alta densidad poblacional, "y no están dadas las condiciones" para que eso suceda.
Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se sumó a sus pares y aclaró: "No estamos permitiendo salidas recreativas ni actividades deportivas", pero sí habilitó el trabajo de estudios profesionales y consultorios en general, el comercio minorista, las peluquerías, administraciones y cobros de servicios y actividad del personal de casas particulares, según anunció hoy en la Casa de Gobierno.
En esa misma línea actuó el Comité Operativo de Emergencia de Catamarca, que decidió mantener el aislamiento obligatorio sin modificaciones: "Por el momento, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene en los mismos términos y no hay cambios", enfatizaron las autoridades del comité de especialistas.
Los gobiernos de La Pampa y La Rioja decidieron mantener, por el momento, sin cambios las condiciones del aislamiento social en la provincia, de manera que por ahora no habrá salidas recreativas, aunque será una posibilidad a analizar. El ejecutivo pampeano informó en un comunicado que a partir de hoy se trabajará en base al DNU recientemente emitido por presidencia, para sumar más actividades económicas a la cuarentena controlada.
En San Juan, desde el fin de semana la medida se encontraba en estudio.
Por su parte, en San Luis, Tierra del Fuego y Mendoza sí estarán permitidas las salidas recreativas, aunque con limitaciones. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aclaró en la noche del sábado que "veremos cómo flexibilizamos algunas situaciones". El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, señaló que en la provincia habilitarán a partir de esta semana "las caminatas recreativas para toda la población, desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas". Y en Mendoza,el gobernador Rodolfo Suárez confirmó hoy que las personas podrán salir, durante una hora, a recrearse como máximo hasta a 500 metros de su domicilio, en días y horarios que dependen del último número de su DNI.
Por último, Santa Cruz esta noche dictó su decreto provincial en relación a la continuación del aislamiento decidió no adherir a la posibilidad de implementar las salidas de esparcimiento, concretamente, el artículo 8 del decreto presidencial.Por su parte, en San Luis, Tierra del Fuego y Mendoza sí estarán permitidas las salidas recreativas, aunque con limitaciones. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aclaró en la noche del sábado que "veremos cómo flexibilizamos algunas situaciones". El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, señaló que en la provincia habilitarán a partir de esta semana "las caminatas recreativas para toda la población, desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas". Y en Mendoza,el gobernador Rodolfo Suárez confirmó hoy que las personas podrán salir, durante una hora, a recrearse como máximo hasta a 500 metros de su domicilio, en días y horarios que dependen del último número de su DNI.
Por último, Santa Cruz esta noche dictó su decreto provincial en relación a la continuación del aislamiento decidió no adherir a la posibilidad de implementar las salidas de esparcimiento, concretamente, el artículo 8 del decreto presidencial.
Un violento caso de abuso policial en Junín, en medio de la pandemia
La familia Teilleri había organizado un karaoke en el garage de su casa, pero un grupo de agentes irrumpió en el lugar, aduciendo la denuncia de los vecinos, golpeó violentamente al jefe de familia y otros integrantes, al tiempo que destrozó parte del domicilio. Un jefe policial justificó el episodio como un “malentendido”.
Por Gastón Rodríguez - @Soyelpapadeleon
27 de Abril de 2020
La familia Teilleri conservará un recuerdo traumático de los días de encierro obligatorio por la pandemia de Covid-19. Un grupo de policías de Junín irrumpió en la casa, amenazó con sus armas reglamentarias y golpeó con alevosía al padre y a uno de los hijos, causándoles fracturas y traumatismo de cráneo. Luego los llevó detenidos junto a la madre. El motivo fue la “música fuerte” del karaoke que estaban realizando en el garaje. Un jefe policial se justificó diciendo que se había tratado de un “malentendido”.
El jueves, alrededor de las diez de la noche, Marcelo Teilleri, un comerciante de 45 años, estaba en el garaje de su casa, ubicada a unas 15 cuadras del centro de Junín, practicando su afición al canto. Pero los temas del Grupo Chévere o Sebastián, amplificados por el equipo de karaoke, fueron interrumpidos de repente cuando un patrullero estacionó frente a la puerta.
“Cuando salí al porche vi que eran entre seis y ocho policías. Me dijeron que yo estaba violando la cuarentena y que estaba cometiendo un delito federal. Yo le dije que no era así, que estaba en mi casa con mi esposa, mis cuatro hijos, uno de ellos cantante profesional, y mis tres nietos. Ellos insistieron en que los vecinos habían denunciado que no los dejaba dormir y empezó una discusión. Después me dijeron que tenía que firmar un papel, y les abrí la puerta. En ese momento, uno me pegó una trompada a traición en la nariz. Me tiré para atrás porque empecé a sangrar y ellos se metieron y me empezaron a pegar entre todos”, cuenta Marcelo.
El hombre, aun dolorido por las secuelas de la paliza, destaca que jamás les faltó el respeto ni los insultó, y que solo les dijo que él no estaba violando ninguna ley. “Yo estaba tomando agua mineral, no era una fiesta ni nada raro. Solo estaba con mi familia en mi casa”, insiste.
“Al primer grupo de policías –continúa– se le sumó otro, así que eran como quince. Mi hijo mayor bajó de la planta alta y le pusieron una pistola en el pecho mientras le gritaban que se tirara al piso. Una vez que lo hizo, le empezaron a pegar en la cabeza. Otro de mis hijos, el de 17 años, se escondió en el baño y pudo filmar como me seguían pegando cuando ya estaba esposado y les decía que era al pedo. Todo frente a nietos que tienen entre cinco y dos años”.
Después del calvario, que incluyó destrozos en la vivienda, Marcelo, su hijo de 22 años (nombrado como el padre por ser el primogénito) y su mujer fueron llevados detenidos a la comisaria segunda. Alrededor de las cuatro de la mañana, el jefe de turno del comando patrulla, subcomisario Jorge Montenegro, le dijo a Marcelo que habían comprobado que eran una “familia de bien” y les pidió disculpas por el “malentendido”. También agregó una advertencia. “Fijate lo que hacés porque sos comerciante y no te conviene tener un problema con la policía”.
Ese vicio
Marcelo supo que debía registrar los abusos y pidió por un médico, pero los policías le dijeron que “por el tema del virus” no podían traerlo. Insistió tanto que lo llevaron al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) donde constataron que tenía el tabique fracturado, al igual que dos costillas del lado izquierdo. También un ojo comprometido. Su hijo, en tanto, presentaba un traumatismo de cráneo que obliga a hacerle un seguimiento.
El fiscal Javier Ochoaizpuro, a cargo de la investigación por “averiguación de ilícito”, declaró a Junín24 que “hasta el momento lo único comprobable es que Teilleri infringió el artículo 8031 del código de convivencia urbana, y podrá ser sancionado por el juzgado correccional. Queda ahora comprobar si hubo abuso de autoridad por parte de los policías o resistencia a la autoridad por parte de Teilleri”.
Los concejales del Frente de Todos expresaron a través de un comunicado su “más categórico repudio a los actos de violencia protagonizados por agentes de la policía en el hogar del vecino de Junín Marcelo Teilleri” y exigieron que los efectivos sean pasados a disponibilidad.
“Yo estoy del lado de la policía –dice Marcelo–, no les tengo bronca ni odio, pero lo que hicieron fue una canallada. En Junín hubo varios casos de abusos, tienen ese vicio, pero siguen impunes. Hacen estas cagadas porque están amparados desde arriba”.
Fuente:TiempoArgentino
Pandemia y trabajo
Gobierno, UIA y CGT acordaron que no haya despidos y que los suspendidos no cobren menos del 75% del sueldo
La Unión Industrial Argentina y la central obrera cerraron un acuerdo marco que orientará las negociaciones entre empresarios y sindicalistas para los empleados que están sin tareas por la cuarentena ante el coronavirus, con vigencia en abril y mayo. El tope máximo de descuento salarial será del 25%. Debe ser homologado por el Ejecutivo.
En los hechos, el acuerdo significa que los trabajadores licenciados de empresas que corroboren que no pueden trabajar por las restricciones en el marco de la cuarentena o que vieron sus actividades notoriamente disminuidas cobrarán al menos el 75% de sus salarios durante el lapso del acuerdo, que se fijó para regir a partir del 1° de abril y se extenderá también durante mayo.
Según informó Clarín, el título del documento firmado por la UIA y la CGT es "Reunión Tripartita para consensuar medidas que tiendan al sostenimiento del trabajo y la producción frente al Covid-19".
El texto consensuado entre las tres partes fue firmado por los representantes de la UIA Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, y los dirigentes de la CGT Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló, y figuran como participantes de la reunión en la que se llegó al acuerdo los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Lo que hizo el Gobierno fue laudar la diferencia entre lo que proponía la CGT y lo que pretendía la UIA. Los gremios pedían que la poda fuera del 20% y los empresarios del 30%. Desde la Casa Rosada partieron la diferencia y se fijó que el tope será del 25%.
Es más, dijeron que podría ser homologado ya en la noche de este lunes y publicarse en el Boletín Oficial de este martes. En el medio podría surgir algún impedimento legal puntualmente por la redacción del acuerdo, no por su contenido.
En los considerandos del acuerdo se sostiene: "Es necesario el dictado de una norma que garantice previsibilidad del ingreso que deben recibir los trabajadores y aporte seguridad a las empresas para continuar con sus actividades".
Y ambas partes dicen que se "acuerda aconsejar" el "dictado de una norma instrumental que establezca certidumbre respecto de aquellas personas que no pueden prestar sus servicios habituales, disponiendo que en tal supuesto la situación será considerada como una suspensión encuadrada en los términos del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y/o todo instituto equivalente dispuesto en estatutos profesionales, la ley 22.2250 o convenciones colectivas de trabajo".
"El monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre éste monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones y el pago de la cuota sindical", agrega.
Fuente:POliticaArgentina
Desesperado pedido de los puesteros de Parque Rivadavia
Los trabajadores de los puestos de libros reclaman ayuda al gobierno porteño y soluciones a problemas que se arrastran en el tiempo y la Ciudad desatiende.
27 DE ABRIL DE 2020
"La situación que tenemos que vivir a diario es de una desidia y un abandono de parte del Estado que no tiene nombre. Continuamente estamos a merced de condiciones de trabajo inhumanas", dispara ante Infonews Ana Ferreyra, delegada de los puesteros de Parque Rivadavia, quienes atraviesan días de incertidumbre y falta de ingresos en medio de la cuarentena por el coronavirus.
Los trabajadores de los puestos de diarios y revistas reclaman soluciones al gobierno de la Ciudad, que, más allá de estos días de aislamiento social obligatorio, parece haber desatendido sus necesidades desde hace tiempo.
"Pedimos que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se les otorgue a los compañeros algún tipo de compensación económica por ésta pérdida, porque son los responsables directos", apunta la delegada, quien subraya: "A pesar de los reclamos que les hicimos desde el cuerpo de delegados sobre esta situación de abandono en la que se dejaron a las ferias de libros de CABA, no actuaron hasta que hubo un incendio completamente evitable".
Además, señala otro de los problemas que surgieron en el último tiempo. "También tenemos un reclamo que tiene ya más de un año y es que el gobierno de la Ciudad, cuando hizo el intento de abrir la calle Beauchef entre Rosario y Rivadavia, e hizo una obra de puesta en valor del espacio público, nos dejó sin servicio eléctrico y al día de hoy no lo han restablecido", dice.
"Hay gente que tiene oficio de más de 50 años vendiendo en esa feria, pero nunca estuvimos de está forma", añade.
A los problemas concretos que arrastraban, los vendedores están viendo como sus puestos se ven abandonados y sumidos en el drama de la pobreza que se acrecentó en todo el país durante el último mes de cuarentena y que en la Ciudad aparece remarcada en distintos barrios.
"Siempre tenemos algunas personas en situación de calle que son de alguna manera habitués del parque y completamente inofensivas", cuenta Ferreyra, "pero desde que Rodríguez Larreta desde el Ministerio de Espacio Público dispuso el cierre de todas las ferias de libros de CABA, comenzaron a instalarse más personas en situación de calle que comenzaron a vivir sobre los techos y los buches de los puestos". Y destaca: "No solamente en Parque Rivadavia; en Plaza Italia, Parque Centenario, etcétera, también se repite este tema".
Un clásico de nuestro país es que una jurisdicción le patee problemas a la otra. Lo mismo sucede en la kafkiana burocracia porteña. "La Gerencia de Ferias y Mercados, que depende de la Dirección de Conservación del Paisaje Urbano, nos dice continuamente que el tema de las personas en situación de calle corresponde a la Comuna de cada barrio. La Comuna nos deriva al BAP. Y desde el BAP nos dicen que llamemos a la Policía, la Policía nos dice que no pueden hacer nada y que volvamos al BAP y así nos tienen, y ningún sector u organismo del Estado de la Ciudad se hace cargo de estás personas", describe.
Además, ese drama social ocasionó otra pesadilla para los laburantes del parque, porque el conflicto con los sin techo "derivó en el incendio, el 15 de abril último, de dos puestos con la consiguiente pérdida del todo el material y estructuras de dos familias trabajadoras".
"A partir de ese momento intervino la comuna y procedieron a la limpieza y desratización del espacio de a feria, que es parte del espacio público del Parque Rivadavia", asevera Ana, y agrega: "El jefe de la comuna que se llama Federico Ballan le aseguró a otro de los delegados que enviarían herreros para evaluar si se pueden reparar los puestos afectados. Estamos esperando que cumplan con esa palabra porque al día de hoy todavía no hemos tenido noticias".
Otros problemas que enfrentan los puesteros más allá de la cuarentena es que no tienen acceso a bebederos en toda la zona de la feria. "Hace dos veranos que estamos soportando temperaturas extremas sin poder poner un ventilador porque no tenemos electricidad: el año pasado falleció un compañero producto de un golpe de calor", subraya la delegada, una de las cinco que componen el cuerpo de representantes de los trabajadores del parque.
"No tenemos baños. Tenemos mujeres con chicos que van a trabajar es esas condiciones. Gente mayor y con enfermedades que va a trabajar con frío, calor, es terrible", agrega.
"Falta vigilancia, te das vuelta y te roban la mercadería, de noche estás con el corazón en la boca pidiendo al cielo que no te violenten el puesto y no te roben tu mercadería, es infrahumano lo que vivimos", agrega Ana Ferreyra,
La última mala noticia los puesteros y puesteras de Parque Rivadavia la recibieron en las últimas horas. Según revela Ana Ferreyra a Infonews, "la Comuna 6 se había comprometido con el cuerpo de delegados a enviar herreros para evaluar los daños de los puestos incendiados", pero "hasta el día de hoy no ha sucedido". Y suma a eso que "el presidente de al Comuna se comunicó con una de las personas afectadas y le dijo que debido a la coyuntura no sabía si era posible cumplir con esa promesa".
Fuente:Infonews
CORONAVIRUS
Lugones: "No es verdad que haya 1.000 liberados con prisión domiciliaria por razones de salud"
"No llegan ni a 200", dijo el titular del Consejo de la Magistratura y camarista federal de San Martín.
El titular del Consejo de la Magistratura y camarista federal de San Martín, Alberto Lugones, dijo hoy que solo se otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a "aquellos casos en que se justifique por el riesgo para su salud" ante la pandemia del coronavirus, y consideró exagerada la cifra de 1.000 liberados en esas condiciones.
"No llegan ni a 200", estimó Lugones y añadió: "Nosotros verificamos que en cada caso que se pide la domiciliaria se cumplan las condiciones y supuestos que corresponden, que tengan alguna situación que justifique peligro de vida o de su salud".
En declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red, el camarista desestimó de plano la cifra de 1.000 internos liberados con prisión domiciliaria por el supuesto de riesgo en la salud, que señalan algunas versiones periodísticas: "No creo que lleguen ni a 200 los casos", aclaró.
Precisó además que, en cada caso, se verifica el estado de salud de la persona detenida con "el cuerpo médico del penal respectivo, y, si no fuera posible eso, se hace intervenir al Cuerpo Médico Forense".
En ese informe médico, detalló Lugones, deben constar "enfermedades preexistentes que agraven el riesgo del interno anta la pandemia del coronavirus".
Aclaró que, en muchos casos, los penales cuentan con hospitales para atender a esos internos, pero, cuando "hay problemas de hacinamiento, eso no se puede dar, y hay que otorgar la domiciliaria tomando recaudos de seguridad para los vecinos del interno"".
Lugones recordó que hace poco días tuvo "un caso de una persona con un serio problema de riñón" y, entonces, buscaron un especialista en el penal en el que se encontraba detenido, pero, "como no lo había, previa consulta al Cuerpo Médico Forense, se decidió darle la domiciliaria".
El juez aclaró que, en todos los casos, se toma "muy en cuenta la naturaleza del delito cometido por quien pide el beneficio".
"No es lo mismo quien vendió 20 gramos de droga que un jefe nacotraficante, o el de un secuestro seguido de homicidio", sostuvo el camarista.
Respecto de las tobilleras electrónicas para quienes reciben la prisión domiciliaria, sostuvo que, en cada caso, el juez determina que debe utilizarse esa modalidad, pero dijo que, "finalmente, es el Ministerio de Justicia el que lo debe instrumentar".
"Nosotros verificamos cada caso por el estado de salud en riesgo y por la gravedad del delito cometido", precisó Lugones en la entrevista.
"No llegan ni a 200", estimó Lugones y añadió: "Nosotros verificamos que en cada caso que se pide la domiciliaria se cumplan las condiciones y supuestos que corresponden, que tengan alguna situación que justifique peligro de vida o de su salud".
En declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red, el camarista desestimó de plano la cifra de 1.000 internos liberados con prisión domiciliaria por el supuesto de riesgo en la salud, que señalan algunas versiones periodísticas: "No creo que lleguen ni a 200 los casos", aclaró.
Precisó además que, en cada caso, se verifica el estado de salud de la persona detenida con "el cuerpo médico del penal respectivo, y, si no fuera posible eso, se hace intervenir al Cuerpo Médico Forense".
Nosotros verificamos cada caso por el estado de salud en riesgo y por la gravedad del delito cometido”
En ese informe médico, detalló Lugones, deben constar "enfermedades preexistentes que agraven el riesgo del interno anta la pandemia del coronavirus".
Aclaró que, en muchos casos, los penales cuentan con hospitales para atender a esos internos, pero, cuando "hay problemas de hacinamiento, eso no se puede dar, y hay que otorgar la domiciliaria tomando recaudos de seguridad para los vecinos del interno"".
Lugones recordó que hace poco días tuvo "un caso de una persona con un serio problema de riñón" y, entonces, buscaron un especialista en el penal en el que se encontraba detenido, pero, "como no lo había, previa consulta al Cuerpo Médico Forense, se decidió darle la domiciliaria".
El juez aclaró que, en todos los casos, se toma "muy en cuenta la naturaleza del delito cometido por quien pide el beneficio".
"No es lo mismo quien vendió 20 gramos de droga que un jefe nacotraficante, o el de un secuestro seguido de homicidio", sostuvo el camarista.
Respecto de las tobilleras electrónicas para quienes reciben la prisión domiciliaria, sostuvo que, en cada caso, el juez determina que debe utilizarse esa modalidad, pero dijo que, "finalmente, es el Ministerio de Justicia el que lo debe instrumentar".
"Nosotros verificamos cada caso por el estado de salud en riesgo y por la gravedad del delito cometido", precisó Lugones en la entrevista.
27/04/2020
CORONAVIRUS
Cómo inscribirse en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud
“Es importante que en la declaración jurada el médico a cargo defina qué aparatos requiere el paciente para que el trámite sea más rápido, ya que es un error común que retrasa la gestión”, aclaró el coordinador del Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), Mariano Silvera.
El formulario digital se puede descargar en el sitio web www.argentina.gob.ar/inscribirme-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud y presentarlo en la avenida Rivadavia 875, 2º piso, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 16.30 horas.
También puede ser enviado al correo electrónico documentación.recs@gmail.com -donde además se pueden realizar consultas- o comunicarse telefónicamente al 5365-8340 internos 2001 y 2002 o al 0800-222-1002 opción 9.
La presentación del formulario completo “deberá ir acompañada de la fotocopia del DNI del paciente (frente y dorso); la constancia de CUIL del paciente; una factura de servicio eléctrico del domicilio donde va a residir el paciente electrodependiente legible y completa (sin el talón de pago)”, señalaron.
Informaron, además, que si el trámite “realizado por un tercero (madre, padre, tutor o persona a cargo), deberá adjuntar la documentación que acredite el vínculo”.
En el caso de que se decida realizar el trámite online se deberá presentar la misma documentación de manera digital.
La vigencia de las inscripciones en el Registro por Cuestiones de Salud fue prorrogada por 180 días corridos a partir del 1 de marzo con el objetivo de mitigar el impacto local de la emergencia sanitaria internacional y proteger a las personas que acrediten la condición de electrodependientes establecidos en la Ley 27.351.
La cartera sanitaria indicó que el RECS cuenta con 10.000 inscriptos y señaló que "para evitar demoras es importante que, en situaciones normales, cuando hay cambios de domicilio los beneficiarios lo notifiquen inmediatamente”.
Fuente:Telam
Abogados de Macri, Rocca, Clarín y genocidas presionan a la Corte para que levante la feria
Los letrados de grandes empresas, ex funcionarios y represores le enviaron un documento a la Corte para reclamar que funcionen los tribunales.
Por Ari Lijalad -Franco Mizrahi
Un grupo de abogados le reclamó a la Corte Suprema que cese la feria judicial y se reanuden las tareas en los tribunales en materia penal. No tuvo efecto, por ahora, ya que la Corte la extendió de acuerdo a la prórroga que dispuso el Gobierno. Sin embargo, vale la pena repasar quiénes son y a quiénes representan estos letrados, que van desde los grandes estudios de las corporaciones hasta representantes legales de represores y genocidas pasando por abogados vinculados al PRO y a Mauricio Macri.
Se presentaron como “Abogados y Abogadas independientes dedicados a litigar en materia penal” pero muchos de ellos están ligados al Colegio de Abogados de la calle Montevideo, la entidad de lobby de los estudios de la city porteña y defensores de genocidas. Como la definió Horacio Verbitsky, “el establishment jurídico que postró al país”.
“En 1976 el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando ‘había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico’. El 6 de marzo de 1981, cuando el presidente de facto Jorge Videla dejó el gobierno, el Colegio destacó ‘la independencia con que han actuado los jueces’”, publicó Verbitsky. En 1955, tras el derrocamiento de Juan Perón, el mismo Colegio publicó: “Ha caído la dictadura (…) hombres de todas las tendencias, entre los que se destacan muchos socios de este Colegio, se ocupan de asegurar el imperio del Derecho (…) después de haber consagrado la tarea heroica y de terminar con el déspota y su sistema”. Hoy, buena parte de los que le insisten a la Corte que les permite volver a sus negocios pertenecen a esa entidad, especialmente a su comisión de Derecho Penal.
Uno de los firmantes que encabeza la petición elevada a la Corte Suprema es Alejandro Carrió. Integrante del estudio Carrió y Garay, fue abogado de Clarín durante la obstaculización que hizo el multimedios de la implementación de la Ley de Medios y fue representante legal de Marcela y Felipe Noble Herrera junto a Roxana Piña, otra de las firmantes de la misiva dirigida al Alto Tribunal.
En el último tiempo, Carrió encabezó la querella de AFIP contra Oil Combustibles, es decir, la persecución contra los empresarios Cristóbal Lopez y Fabián De Sousa. Evidentemente, el macrismo no confiaba en los abogados del organismo para impulsar esa causa escandalosa. En diciembre le venció el contrato con la AFIP y no le fue renovado. Escribe columnas de opinión en el diario La Nación, como varios de los firmantes.
El abogado Ricardo Rosental, quien se ocupó personalmente de cuidar a Mauricio Macri y a sus hermanos en varias causas de corrupción y en los Panamá Papers, también firma el documento.
La quinta rúbrica que se lee en el pedido a la Corte es la de Ricardo Gil Lavedra, cuya pátina de integrante del Juicio a las Juntas ya quedó totalmente tapada por su defensa de intereses corporativos, su rol en la persecución a opositores durante su paso como funcionario de Macri y los millones a dedo que recibió en ese período. Basta recordar que Gil Lavedra defendió al ex juez José Luis Monti por sus fondos sin declarar en guaridas fiscales mientras él mismo guarda su dinero en Suiza; que, como reveló El Destape, recibió 4 millones de pesos a dedo para ser el abogado de la AFIP en la persecución contra López y De Sousa; que diseñó la estrategia inquisitoria contra Milagro Sala; que asesoró a Odebrecht en sus negociaciones para que sus ejecutivos declaren en Argentina sin que se les inicien procesos penales; y que obviamente es socio del Colegio de abogados de empresas y represores. El bautismo de la “conversión final” de este abogado fue la defensa del juez Ricardo Lona en un juicio en el que fue condenado por crímenes de lesa humanidad.
El otro nombre importante es José Alfredo Martínez de Hoz, hijo de su padre homónimo que fue el ejecutor del plan de miseria planificada de la última Dictadura cívico militar. Pero no es sólo el hijo. Fue, hasta hace poco, uno de los socios del poderoso estudio PAGBAM, siglas de los apellidos Jorge Pérez Alati, Mariano Grondona también hijo, Manuel Benites y Alan Arnsten. La M final era de Martínez de Hoz, que se abrió en 2018 para armar un nuevo buffete junto a Pablo Rueda. Su apuesta fueron los negocios energéticos, su especialidad. Pero vale recordar el PAGBAM fue uno de los arietes para recaudar fondos para las campañas de Macri así como el estudio que participó desde el acuerdo con el fondo NML de Paul Singer a la venta de Telecom al fondo Fintech.
Santiago Blanco Bermudez y Julián Subías son los abogados del ex Jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Horacio “Jaime” Stiuso, y se suman al reclamo para que se reanuden las tareas judiciales en plena pandemia. Entre otros casos, representan al espía en el D’Alessiogate. También firman el pedido Mauricio de Nuñez y Guido Sciarreta, los abogados del operador con patente de periodista Daniel Santoro por su participación en la red de espionaje ilegal en torno a Marcelo D’Alessio.
Firma también Denis Pitté Fletchner, que fue quien le inició una causa penal a Gustavo Beliz en 2004, cuando era ministro de Justicia y mostró la foto de Stiuso en el programa de Mariano Grondona. Hace poco escribió: “Hasta la figura del papa Bergoglio se ha encolumnado detrás de los malhechores antirepublicanos, abrazándose con los Castro, con Maduro, con Correa, con Morales, con Cristina Fernández, y con cuanto encumbrado ideólogo del socialismo se cruce en su camino”. También le pidió “al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que promueva una causa disciplinaria contra” Graciana Peñafort por haber tuiteado que la Corte debía resolver si el Congreso podía sesionar de manera virtual. Juan José Ávila, que también figura, es quien patrocina a los diputados de Juntos por el Cambio que denunciaron a Peñafort.
Juan María del Sel encabeza la nómina con su firma. Integra el estudio Fontán Balestra & Asociados, que defendió a Paolo Rocca, CEO de Techint, en la causa de las fotocopias de los Cuadernos. Este estudio, según su página web, tiene por clientes a bancos primera línea, empresas nacionales y extranjeras, servicios de medicina prepaga e instituciones médicas, estudios jurídicos, compañías de televisión abierta y de cable, medios gráficos y radiales de comunicación, empresas de construcción, empresas de transporte aéreo, empresas de servicios públicos, compañías petroleras, etc. De Sel es presidente de la mesa directiva de la Comisión de Derecho Penal y Procesal del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Fernando Díaz Canton, del estudio Díaz Cantón, Sgro & Asociados, es vicepresidente de esa comisión y también suscribe la carta.
Casi todos los integrantes de esa comisión del Colegio de Montevideo suscribieron la misiva. Como el abogado Alejandro Freeland, del estudio Freeland, quien llegó a afirmar en declaraciones públicas que “Chocobar está justificado doblemente”, por matar a un delincuente por la espalda. En una entrevista con el diario La Prensa, intentó explicar: “Por actuar en legítima defensa y en cumplimiento de su deber”. En 2015 fue candidato a presidente del Jockey Club pero quedó tercero.
Firma el documento Zenón Alejandro Ceballos, el abogado de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, en la causa de las fotocopias de los cuadernos Fénix. También fue parte de la alianza entre el PRO y Gente de Derecho para el Colegio Público de Abogados de la Capital..
Otra de las firmas es Hernán Prepelitchi, abogado de la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura “Tecnicamente no es delito” Alonso en una denuncia contra el juez Luis Rodriguez, que procesó a la enamorada de Macri por su actuación en el conflicto de interés del ex ministro de Energía Juan José Aranguren.
Manuel J. Romero Victorica y Juan Pablo Vigliero, del estudio Casal, Romero Victoria y Vigliero Abogados, son otros dos abogados que se sumaron al reclamo a la Corte. El estudio representó a Sandra Arroyo Salgado en causa que se abrió por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Según la página del estudio, desde el año 1987 a 1991 Romero Victorica integró la Dirección de Asuntos Jurídicos de la empresa automotriz multinacional "Sevel Argentina S.A." (Fiat-Peugeot), llegando a ocupar la posición de Abogado senior de la firma. En 2001, Mauricio Macri fue procesado por contrabando, al ser considerado responsable de cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de Sevel al Uruguay.
El ex juez Oscar Mario Salvi es otro nombre conocido en tribunales. En su estudio, que lleva su apellido, se formó la N°2 de la UIF macrista, María Eugenia Talerico. Es el estudio que defendió al banco HSBC. Salvi fue abogado de Carlos Menem, entre tantos otros.
Marta Nercellas, que también rubricó la petición, fue abogada de la DAIA. Estaba relacionada al policía Jorge “Fino” Palacios. Fue una de las personas que dijo públicamente que Nisman le contó que iba a denunciar a CFK por el Memorándum. También figura Jorge Kirszennsum, expresidente de la DAIA y quien fuera abogado del expresidente Fernando De la Rúa.
El capítulo de abogados de genocidas y represores que reclaman a la Corte por el cese de la feria es largo.
Firman Guillermo Arias, Santiago Vidal Albarracín, Juan Martín López Quesada, Diego Seitún, Justo Lo Prete y Nicolás Durrieu, todos del estudio fundado por Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia de la última dictadura cívico militar, si es que ese cargo no era un oximorón. El periodista Walter Goobar publicó que, “en 1987, Durrieu fue uno de los firmantes de una escandalosa solicitada en la que expresaba solidaridad y reconocimiento con Videla, quien dos años antes había sido condenado en el Juicio a las Juntas”.
También Eduardo Sinforiano San Emeterio, abogado de genocidas. El portal desaparecidos.org informa que antes de dedicarse a la abogacía fue parte de los servicios de inteligencia y, a partir de 1976, de un Grupo de Tareas responsable de numerosos secuestros y asesinatos.
Fernando Goldaracena fue abogado del ex almirante Armando Lambruschini en el Juicio a las Juntas. Como no podía ser de otra forma, integra la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y firma.
También figura Guillermo Jesús Fanego, otro abogado de genocidas, de los más duros e inescrupulosos durante los juicios por delitos de Lesa Humanidad, retratado en esta nota sobre Los Abogados del Diablo por Félix Bruzzone y Mónica Zwaig en Anfibia.
Maximiliano Frola es hijo de Edgardo Frola, funcionario de la dictadura militar en la provincia de Buenos Aires. Milita en el estudio Saint Jean y Maggio. El primer apellido es de una de las familias más sanguinarias de la última dictadura y, de hecho, participan de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que se dedica a reivindicar el genocidio.
Edgar Schiavone, también abogado de represores, puso su nombre. Y Elena Rita Genise, que cumple la doble condición de defensora de represores y PRO. Macri la designó en la Agencia Nacional de Discapacidad cuando, según consignó Página /12, estaba “casada con un oficial del Ejército, a quien defendió hace un año y medio en Córdoba en un juicio de lesa humanidad
Fuente:ElDestape
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