Estupor en la política local por el espionaje ilegal de la AFI
Siete santafesinos que los servicios espiaban
Perotti, Barletta, referentes del PJ, de derechos humanos, y hasta una vendedora de publicidad, en una estridente denuncia
Por Luis Bastús
Perotti, Rico, Cleri y Barletta, entre los espiados, según la denuncia de Caamaño.
Causó estupor la revelación de una lista de personas que habrían sido espiadas sin orden judicial desde la Agencia Federal de Inteligencia desde junio de 2016, según la denuncia que la interventora Cristina Caamaño radicó ante el juez porteño Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Jorge Di Lello. Entre el centenar de espiados se cuentan algunos nombres de la política santafesina, incluido el propio gobernador Omar Perotti, que ayer no emitió opinión de manera oficial. Pero otros que estaban en la mira de algún agente de la AFI expresaron a Rosario/12 su repudio mezclado con el asombro por la situación.
Los santafesinos de la lista son Perotti, la secretaria de Derechos Humanos provincial, Lucila Puyol; la militante de HIJOS Santa Fe Valeria Silva; el diputado nacional Marcos Cleri, el dirigente nacional del Movimiento Evita Gerardo Rico, el ex intendente, ex diputado y ex embajador por Cambiemos, Mario Barletta, y Delfina Supisiche, allegada a la Fundación Igualar, cercana al PJ.
"Es una grave violación a los derechos personalísimos, pero también a los derechos de toda una sociedad que hace mucho tiempo le dijo no a la persecución política. Y me preocupa mucho que una de las personas en la lista sea el gobernador de nuestra provincia", resaltó Puyol, abogada comprometida en la defensa de los derechos humanos y que dirige la secretaría de ese área en el gobierno de Perotti.
A Puyol la noticia la tomó por sorpresa ayer por la mañana. Una amiga suya, la ministra nacional de Género, Elizabeth Gómez Alcorta, la llamó para solidarizarse y proponerle constituirse como querellante. "Me impresionó leer la lista, con nombres del macrismo, acaso para controlar sus vínculos, y luego militantes del campo popular, derechos humanos, sectores de oposición, para controlar qué hacíamos, en qué pensábamos, con quiénes nos relacionábamos", barruntó. Aunque la denuncia, hasta aquí, remite solo a los correos electrónicos de los mencionados, Puyol reparó en el riesgo que depara hoy la conectividad. "Yo a mis cuentas de email las tengo vinculadas en el teléfono, con mis cuentas de Facebook, Instagram, el whatsapp, todo", advirtió. Con ella también se incluye en la lista de personas espiadas Valeria Silva, de Agrupación HIJOS Santa Fe y actual directora de Memoria, Verdad y Justicia en la Secretaría de Derechos Humanos.
--¿Atribuís esto a la naturaleza intrínseca de los servicios de inteligencia o la naturaleza del esquema de poder del macrismo? -preguntó este diario.
--Los servicios, en lugar de estar bajo la órbita de la democracia, han sido funcionales a otros poderes, el económico, el oscurantismo y la persecución. Pero también lo atribuyo al poder político de turno, porque si no tiene la decisión de controlar a los servicios -como lo intentó Cristina en el último tramo de su gobierno con Oscar Parrilli- los servicios de inteligencia estarán al servicio de quienes puedan pagarlos", condenó Puyol.
Las tareas de espionaje ilegal que descubrió Caamaño sobre la gestión de Gustavo Arribas en la AFI violan la Ley de Inteligencia Nacional y “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”, afirmó la funcionaria.
Perotti se enteró ayer al mediodía de la denuncia y al cierre de esta edición no había formulado declaraciones.
El diputado nacional Marcos Cleri, y referente de La Cámpora en Santa Fe, dijo “que en el gobierno de Mauricio Macri hayan procedido por fuera de las normas no sorprende, pero no se pueden naturalizar estas prácticas porque hay que mejorar la democracia, no retroceder a tiempos oscuros”, según publicó este diario en su edición de ayer.
Gerardo Rico, dirigente nacional del Movimiento Evita y ex diputado provincial, es otro de los espiados. "Nunca sospeché que pudiera ser blanco de los servicios en un gobierno democrático. Lo tenía claro cuando empecé a militar en los '70, pero ahora en democracia no concebía que opositores a un gobierno sean espiados, siendo que la actividad, al menos la mía, era y es pública", se asombró. Como él, en la lista hay varios referentes del Evita de otras jurisdicciones. "Esperamos que la Justicia investigue. Espiaron sin orden judicial, un delito flagrante y surrealista además en tiempos de democracia", completó.
Delfina Supisiche es comunicadora, se dedica a la venta de publicidad y participa de un proyecto sobre educación y cooperativismo, y su contacto más cercano con la política es como participante de un curso de formación brindado por Fundación Igualar, espacio de pensamiento político en el peronismo rosarino, presidida por Fernando Rosúa, funcionario provincial en el área de Transporte. "Fue una sorpresa total, es algo desproporcionado porque no soy dirigente ni periodista famosa, me dedico a la educación y a mandar gacetillas a los medios. Soy un perejil", sintetizó.
27 de mayo de 2020
Call center HeyLatam
Suspensiones y reducción de suelos
Trabajadores y trabajadoras del call center de la empresa HeyLatam manifestaron malestar por suspensiones y merma en los sueldos, en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio. "Nos comunicamos incansablemente con los sectores correspondientes de la empresa, solicitando las herramientas de trabajo (para teletrabajo), consultando nuestra situación legal, incluso ofreciendo y hasta utilizando nuestras pertenencias para trabajar; y tanto desde la empresa como desde el cuerpo de delegados las respuestas fueron dilatorias, y sin solución alguna", reclamaron. "Estamos siendo precarizados y nos meten la mano en el bolsillo", aseguran. El próximo 3 de junio tendrán audiencia en el Ministerio de Trabajo. Según indicaron en un comunicado, a principios de este mes, de unos 300 operadores, muchos se encontraban "sin gestionar por falta de herramienta a pesar de estar en vigencia el artículo 121 de la ley de contrato de trabajo, que establece como responsabilidad del empleador a brindar las herramientas de trabajo". Sumado a ello, indicaron que "de manera unilateral y sin ningún argumento válido, la empresa HeyLatam, aferrándose al acuerdo artículo 223 bis de la ley 20.744, comenzó a suspender trabajadores mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos", lo que remarcaron como "vías informales".
Además, para la fecha de cobro "sin ningún comunicado oficial, se descontó alrededor de un 25% de salario", se quejaron. "En los días que siguieron algunos recibieron telegramas confusos, donde la empresa solo informa que se solicitó la adhesión al acuerdo firmado por FAECY (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe". En ese sentido, recordaron el decreto 329/20 por el cual se prohíben los despidos y suspensiones por causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por 60 días.
Sin embargo, consideraron que la empresa "exceptúa de dicha prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo". Además, consignaron que la autorización de suspensiones -según el decreto- no regirá para el caso de adultos mayores, trabajadores de grupos de riesgo, enfermos, embarazadas, o personal dedicado a tareas bajo el esquema de teletrabajo, los que seguirán cobrando la totalidad de su salario habitual. "En nuestro caso, muchos compañeros y compañeras han trabajado en la modalidad home office o teletrabajo y aun asi se les impidió seguir ejerciendo su trabajo habitual bloqueando el acceso al servidor de la empresa, incluso a aquellos que la propia empresa les brindó las herramienta".
27 de mayo de 2020
Autoabastecimiento de cannabis con fines terapéuticos en la provincia
Sembrar, cultivar y guardar
El proyecto fue aprobado por la Comisión de Salud Pública de Diputados lo que ha generado expectativas favorables para su sanción definitiva.
Por Claudio Socolsky
El MInisterio de Salud será la autoridad que valide la legitimidad del cultivo de cannabis
La Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados provincial avanzó con un novedoso proyecto que impulsa la autorización y legitimidad del autoabastecimiento de cannabis con fines terapéuticos en Santa Fe. La iniciativa había sido presentada el año pasado por los legisladores de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger, quien concluyó su mandato en diciembre, y fue impulsada nuevamente por quien ocupó su banca en el espacio, Agustina Donnet. La norma establece que las personas autorizadas tendrán derecho a solicitar y recibir una certificación oficial de parte del MInisterio de Salud provincial, que será la autoridad de aplicación, que valide la autorización y legitimidad de su cultivo de cannabis, además de brindar asesoramiento y facilitar el control de calidad a través de los entes estatales. "Pensamos que el Estado tiene que disponer de terrenos para el cultivo de cannabis con fines terapéuticos, pero también entendemos la realidad de aquellas familias que lo quieren hacer en su casa y que el Estado debería autorizar", planteó la diputada Donnet.
La lucha de las madres santafesinas que cultivan cannabis --y de todas las organizaciones que las acompañan-- para producir el aceite con el que tratan las diferentes patologías de sus hijos, obteniendo resultados más que satisfactorios, pero en medio de la angustia e intranquilidad que les genera la prohibición del autocultivo, y el riesgo siempre latente de ser condenadas, sumó un nuevo capítulo.
El pasado miércoles, la iniciativa tuvo despacho favorable en la Comisión de Salud. El proyecto pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde tiene un pedido de preferencia para que se trate en la próxima sesión. Con la media sanción pasará a Senadores; y de aprobarse, Santa Fe se convertiría en la primera provincia del país en autorizar el autocultivo de cannabis con fines terapéuticos.
El proyecto "autoriza a sembrar, cultivar y guardar cannabis y sus derivados a todas las personas radicadas en Santa Fe con recomendación médica para su uso terapéutico y a quienes cultivasen para abastecerles", al punto de considerar esos destinos legítimos a los alcances de lo establecido en el artículo 5° inciso a) de la Ley Nacional 23.737. La norma sobre Tenencia y Tráfico de Estupefaciente establece penas de prisión de hasta 15 años para el que siembre o cultive plantas o guarde semillas para producir o fabricar estupefacientes, sin autorización o con destino ilegítimo.
"Ahí encontramos un huequito para avanzar porque la ley no aplicaría para las personas que están haciendo algo a favor de la salud, no se las puede penar. Además, las provincias se reservan la potestad en asuntos de salud pública y derechos humanos, o los comparte con la Nación, por lo que pueden considerar que estos destinos se consideren legítimos y pueden autorizar a las personas a cultivar si pueden demostrar que la van a usar con fines terapéuticos", explicó Fausto Botta, de la organización Despenalización Ya Santa Fe, que asesoró a los legisladores de Igualdad y Participación.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud provincial, que entre sus funciones se encargará de emitir el Certificado de Autoabastecimiento Legítimo de Cannabis, confeccionar un registro de personas autorizadas que hayan tramitado el certificado dispuesto en la presente, brindar información y asesoramiento, y facilitar el control de calidad de los derivados por intermedio de entes estatales, según lo establecido en la Ley 13.602, sobre la incorporación de Medicamentos a base de Cannabis en Formulario Terapéutico Provincial.
Según Botta, el proyecto "dice claramente que lo que es importante es el destino de ese derivado, eso quiere decir que la persona que lo cultiva no es necesariamente la que la usa, podría otorgarle autorización a una persona designada el usuario terapéutico. Además, es muy importante que la provincia puede dar un asesoramiento y fomentar convenios con universidades y laboratorios públicos para que analicen los derivados".
El bloque de Igualdad y Participación presentó además un pedido de informes respecto de las condiciones que tiene el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), tanto para el cultivo de cannabis como para el estudio y elaboración de los derivados con fines terapéuticos. También impulsan un proyecto de ley para el abordaje de los consumos problemáticos en el territorio provincial. "Es muy preocupante porque vemos que no hay un abordaje desde la salud pública", planteó la diputada Donnet.
"Nos parece importante, en medio de la pandemia, hablar del tema. Para nosotras es necesario cultivar en nuestros domicilios para asegurarle la medicina a los chicos, es la única herramienta que tenemos, por eso apoyamos este proyecto y estamos esperanzados en su tratamiento", dijo Laura Acosta, referente de Mamás Cannabis Medicinal Santa Fe (Macame).
27 de mayo de 2020
Nuevo reclamo de cinco colegios de Abogados
Restablecer servicio de Justicia
Los cinco Colegios de Abogados de Santa Fe volvieron a pedir que "se disponga el restablecimiento del servicio de Justicia en todo el territorio provincial". En una nota a la Corte provincial señalaron que "resulta esencial replicar en los tribunales de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Rosario y San Lorenzo, el nuevo esquema de trabajo dispuesto para los restantes distritos", en la acordada del 13 de mayo pasado. Hoy el máximo tribunal provincial se reunirá en la capital provincial, en una nueva acordada.
Según indicaron los letrados, con la implementación del sistema de turnos web, el régimen de notificaciones electrónicas, el trabajo a distancia de funcionarios y la presentación de escritos por mail, "se logró reducir notablemente la asistencia de público a los edificios del Poder Judicial". Y plantearon que "resultaría indispensable disponer que las vistas a los Ministerios Públicos se realicen por medios electrónicos, lo que evitaría aún más la presencia".
Para los colegios, "si no se amplía la prestación en los distintos fueros, amén de quebrantar las garantías constitucionales elementales, se generaría en un futuro, una aglomeración de trámites –a iniciar o en curso- que redundaría en un innegable déficit para la administración de justicia". Lo requerido, aclararon, "no implica contravenir los decretos dictados por los poderes Ejecutivos de la Nación y Provincia, puesto que la cuarentena es para las personas, no así para las instituciones, que deben funcionar sin fisuras, con las necesarias precauciones de higiene y seguridad personal".
Fuente:Rosario12
Receso invernal y después
La Provincia no descarta volver a las aulas después de las vacaciones
Publicada en 27/05/2020
La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, consideró que las clases presenciales podrían retornar en territorio santafesino “después de las vacaciones de julio”, aunque aclaró que eso ocurrirá “siempre y cuando la curva epidemiológica” de casos de coronavirus “indique que es posible”.
La funcionaria se refirió de ese modo a lo dicho por su par nacional, Nicolás Trotta, quien abrió la posibilidad de un regreso a las clases en algunas provincias, pero aclaró que “la decisión está en manos de los gobernadores”, debido a las distintas situaciones que se vive en cada distrito del país.
“En este momento, la perspectiva es que tal vez después de las vacaciones de julio” puedan volver las clases presenciales, “siempre y cuando la curva epidemiológica indique que eso es posible”, afirmó Cantero.
La titular de la cartera educativa dijo que hay que ver “el dinamismo que tiene esta pandemia” en Santa Fe, y en este sentido recordó que “hubo provincias y ciudades que comenzaron con aperturas de circulación y tuvieron que volver atrás”.
“Cuando las autoridades sanitarias digan que estamos en condiciones de poner muchos chicos en un mismo espacio, estaríamos con todas las planificaciones posibles para salir rápidamente”, señaló Cantero en diálogo con Radio Universidad de Santa Fe.
De todas maneras, la ministra aclaró que “la reunión del Consejo Federal aún no ha determinado cuáles serían las provincias que el Comité Sanitario Nacional piensa que estarían en mejores condiciones en razones del avance epidemiológico”.
En esa línea, opinó que “primero lo harían aquellas provincias que no han tenido contagio por coronavirus”, y reseñó que en Santa Fe “hemos tenido, y tenemos grandes conglomerados urbanos que hay que estar atendiendo”.
A renovar el certificado
“Pedimos responsabilidad para realizar el trámite con anticipación”
Publicada en 27/05/2020
Tras la aclaración del gobierno santafesino acerca de la tramitación obligatoria del permiso para circular, la subsecretaria de Transporte de la provincia, Juliana Armendariz, recomendó no gestionarlo sobre el cierre “para que no haya inconvenientes” en la web.
Después de varias controversias, el gobierno provincial informó que lo como estableció la gestión nacional, el aislamiento social, preventivo y obligatorio continuará hasta el 7 de junio, y habrá que renovar todos los permisos actuales de circulación, sin excepción. Así lo confirmó en el programa Poné la Pava que se emite por Radio Rebelde, la subsecretaria de Transporte, Juliana Armendariz.
“La novedad es que a partir del 30 mayo, ya no van a estar más vigentes las excepciones a la tramitación del Certificado Único Habilitante para la circulación; es decir, que las personas que tenían excepciones para trabajar pero no tenían obligación de tener el certificado –como por ejemplo los trabajadores y trabajadoras de prensa, funcionarios de Nación y Provincia y transportistas, entre otros– a partir de ese día deberán tramitar el nuevo certificado”, señaló la funcionaria
El permiso será obligatorio para todas las personas exceptuadas de circular por las calles de Rosario y de toda la provincia de Santa Fe y se debe ingresar a la página www.argentina.gob.ar/circular para realizar dicho trámite
Al ser consultada acerca de si la página funciona con normalidad o está colapsada –en virtud de que son más de 70 las actividades exceptuadas en la provincia– respondió que “en horas de la tarde de este martes parecía que había colapsado pero en realidad se le estaban realizando algunas actualizaciones”, y añadió: “Lo que pedimos es responsabilidad civil para realizar el trámite con anticipación y no sobre el cierre para que no haya inconvenientes”.
Además informó que así como hoy hay que salir a la calle con DNI también la población exceptuada debe tener en cuenta que es obligatorio el permiso de circulación, ya que los controles se siguen realizando a través de las diferentes fuerzas.
El conflicto del transporte
Este miércoles se realizará una importante reunión en la Casa Rosada para resolver el tema del transporte urbano de pasajeros que afecta a varios provincias y que lleva varios días sin encontrar una solución, tanto para las empresas como para los usuarios.
“La realidad es que al no poder llevar pasajeros parados, la recaudación de las empresas es muy inferior a la media y al no haber podido acceder a los ATP que otorga el gobierno nacional se produjo este conflicto que esperemos que hoy se pueda solucionar”, indicó Armendáriz y remarcó que “esta situación ocurre en varias provincias y no es un tema exclusivo de Santa Fe”.
Fuente:RedaccionRosario
ROSARIO DEBE ESPERAR
Santa Fe habilita al personal doméstico y las obras privadas medianas
El gobierno provincial habilitó, este miércoles por la mañana,
la puesta en marcha de obras privadas de hasta 10 obreros y el desempeño
de empleados de casas particulares en todo el territorio provincial, en el
marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, excluyendo al
Gran Rosario y Santa Fe.
A través del decreto Nº 0446, la Casa Gris estableció que las
obras en construcción que requieran de un máximo de 10 trabajadores podrán
retomar su actividad, luego de presentar una serie de requisitos en el el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En tanto, el retorno de la actividad laboral de
los empleados de casas particulares debe respetar "las medidas de
prevención sanitarias y el distanciamiento personal, siempre que se resolviera
el traslado sin el uso del transporte público de pasajeros, sujeta a la
condición de que ni en el domicilio de residencia del trabajador o la
trabajadora, ni en el de prestación de servicios, se halle una persona sometida
particularmente a aislamiento por presentar síntomas de COVID-19, o encontrarse
en estudio y no definido como positivo de la enfermedad, por estar pendiente el
resultado de los testeos; o por regresar de zonas definidas como "de
riesgo" por la autoridad sanitaria nacional o provincial".
La medida del gobierno santafesino excluye a los conglomerados
de Rosario y Santa Fe, por lo tanto, las dos ciudades más grandes de la
provincia deberán esperar a que los correspondientes municipios establezcan
resoluciones similares.
El Ministerio de Salud provincial confirmó este martes los dos nuevos casos de coronavirus que oportunamente había informado Nación. Ambos corresponden a Rosario.
La secretaria de Salud Sonia Martorano aclaró que en uno de los casos el contagio se dio por un "nexo claro" de contacto con otro caso confirmado. En tanto el nexo epidemiológico del segundo de los infectados "se encuentra en investigación" con la persona en cuestión internada en Buenos Aires.
Por su parte Santa Fe continúa son 204 casos en estudio, mientras que 215 pacientes fueron dados de alta (el 84% del total).
A la fecha en la provincia se registraron tres muertes por coronavirus, "esto es importante porque representa el 1,1% de letalidad", indicó Martorano.
Fuente:RosarioPlus
El sector industrial santafesino avala la iniciativa de capitalización estatal de empresas
Referentes del sector en la provincia y a nivel nacional se mostraron a favor de que el Estado capitalice acciones de grandes corporaciones en emergencia económica. Se trata de un proyecto que planteó la diputada Fernanda Vallejos para salvar a empresas en crisis durante la pandemia
26 de mayo de 2020
Alvaro Arellano
Dirigentes del ámbito industrial coincidieron en que la propuesta tiene lógica en medio de la crisis económica global que generó la pandemia de coronavirus. Refirieron a la iniciativa como una ayuda temporaria para contrarrestar los efectos colaterales del aislamiento y consideraron que si el Estado otorga una ayuda es “lógico” que pida una garantía.
Según explicó la legisladora, la dinámica consiste en que las empresas que decidan hacerlo, entreguen parte de sus acciones y a cambio obtengan un capital aportado por el Estado. También sostuvo que en caso de convertirse en ley, no significaría una exigencia ni una obligación, sino un mecanismo de financiamiento al alcance de quien lo solicite.
La iniciativa cobró vigor luego de que se conociera que empresarios de grandes corporaciones como Eduardo Bacher, Ejecutivo de Techint, cobrara parte de su sueldo con dinero del Estado asignado a través de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Si bien un sector de diputados opositores encabezados por Fernando Iglesias y Waldo Wolf rechazaron el proyecto por considerar que atenta contra la propiedad privada, una parte del sector empresarial tuvo una valoración positiva.
Avales
El vicepresidente de la Union Industrial Argentina (UIA) y dirigente de la Federación de Industriales Santa Fe (Fisfe), Guillermo Moretti, respaldó la iniciativa de la diputada Vallejos.
Consultado por El Ciudadano aseguró: “Por supuesto que estoy de acuerdo con la capitalización estratégica de empresas y de sectores en particular como el siderúrgico”.
Más allá del debate público que se instaló a partir de la intención de la legisladora, Moretti pidió separar cualquier versión mediática de la propuesta original. “Ella habló de capitalización de empresas estratégicas, no de estatización como dicen muchos”, explicó.
Por otra parte distinguió cualquier tipo de asistencia del Estado, como es el caso de las ATP, de esta iniciativa de capitalización. “El ATP es un subsidio para el pago de sueldos a trabajadores, para esto que se propone, la empresa abre el paquete accionario y el Estado compra acciones de esa compañía”, explicó.
En ese sentido referenció el caso de acciones de grandes compañías locales que pasaron bajo la órbita del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con la finalización de las AFJP y que aún se mantiene vigente. También señaló que la iniciativa en cuestión tuvo su ejemplo reciente en Alemania con una inyección millonaria por parte del gobierno de ese país que obtuvo un porcentaje del paquete accionario de la aerolínea Lufthansa.
“Medidas extraordinarias”
El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), Javier Martín, manifestó a El Ciudadano su postura personal sobre el proyecto que aún no cobró carácter formal. “En un contexto de emergencia se deben tomar medidas extraordinarias, y antes de que se caigan las industrias algo tiene que hacer el Estado”, señaló.
Ante el escenario de crisis que se suman a los años de recesión, el referente industrial piensa esta herramienta como una alternativa. De hecho evaluó que “si el estado va a ayudar, uno de los mecanismos es la capitalización, y quedarse con las acciones es una garantía hasta que las empresas se puedan recuperar”.
Por otra parte contempló las especulaciones sobre qué hará el Estado con las acciones que queden en su poder. Pero ante esa postura aseguró que “no hay que desviar la atención” ante una herramienta que permite proteger a grandes compañías.
“Es totalmente lógica la medida, porque sino el Estado le regala plata a una empresa. Si le va a dar una masa de recursos para recuperarse, es lógico que le pida una garantía”, aseguró.
Ante la posible participación del Estado en grandes empresas, también referenció el caso de aquellas que pasaron a la órbita del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con la finalización de las AFJP.
Al igual que Moretti, Martín también trazó un paralelo con lo que sucede a nivel mundial. Para esto mencionó el reciente caso del salvataje de la aerolínea Lufthansa en Alemania o de General Motors en Estados Unidos durante 2009.
El caso alemán
Fernanda Vallejos defiende esta iniciativa a partir de la aguda crisis económica global que originó la pandemia de coronavirus. Se refirió a esta propuesta como una iniciativa que se está debatiendo en el mundo, y en ese sentido ponderó el caso de Alemania.
Ante los efectos colaterales ocasionados por el covid 19, el gobierno de la cancillera Angela Merkel anunció una línea de créditos ilimitada a través de la banca estatal para empresas en crisis. De esta manera buscarán resguardar a importantes firmas y evitar despidos.
A través de esta medida, el gobierno alemán mostró su disposición a flexibilizar las metas fiscales y abandonar el dogma de déficit cero al menos por un tiempo. Inlcuso, a partir de este contexto creó el Fondo de Estabilización de las Empresas con el que auxilió a la aerolínea Lufthansa.
Esta maniobra consistió en una ayuda de 9 mil millones de euros a partir de la cual el fondo creado por el gobierno pasó a controlar el 20% de las acciones de la firma aérea. Hasta ahora se trata del salvataje más audaz que llevó adelante el gobierno alemán.
El fondo se compone de 400 mil millones de euros en garantías estatales para que las empresas puedan afrontar sus obligaciones, 100 mil millones de euros en participaciones estatales directas y 100 mil millones de euros para la refinanciación de los programas especiales de financiamiento.
Realizaron videos
Odontólogos: otra profesión que se siente desamparada en tiempos de coronavirus
Los profesionales se desnudaron para visibilizar su situación económica. Desde que comenzó la cuarentena, hace 70 días, no reciben ingresos. El odontólogo David Colacrai enumeró y detalló el reclamo. El viernes se acercarán a las puertas de Asor para entregar una carta escrita
27 de mayo de 2020
Ana Cecilia Berdicever
Con un video al desnudo odontólogos autoconvocados de la ciudad de Rosario visibilizan su problemática: son uno de los tantos profesionales y trabajadores que ven su situación económica azotada por la cuarentena obligatoria que se vive hace 70 días por la pandemia del coronavirus.
En la grabación se ve a varios profesionales, desnudos y con carteles, expresando la ausencia del Estado ante la falta de ingresos.
David Colacrai, odontólogo, en diálogo con El Ciudadano expresó que los dentistas autoconvocados formaron unos cinco grupos de WhatsApp. Son unos 800 profesionales los que reclaman por algunos derechos olvidados y otros nuevos debido a la pandemia.
“Desde 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la profesión de riesgo por el HIV, en la actualidad hay nuevos brotes de tuberculosis, hepatitis, herpes y ahora el Covid- 19 que se transmite por la saliva que no es como la sangre que podés ver. La saliva no la ves y por eso una de las exigencias es en base al protocolo de bioseguridad”, se explayó.
El pedido es a las obras sociales, al Colegio de Odontólogos, a Asor (Asociación de Odontólogos de Rosario) y al Estado.
Para ello unos 15 profesionales tomaron la idea de un video que se realizó en Francia- por el mismo pedido- y realizaron la réplica en versión local. El video fue uno de las herramientas que utilizaron para el reclamo ya que David señaló que enviaron muchas veces cartas e intentaron ser escuchados. Cuentan con más materiales audiovisuales, también hicieron una réplica de la película argentina La Odisea de los Giles. “Así nos sentimos”, gráfico David.
Colacrai explicó que el kit hace alusión únicamente a la bata sin tener en cuenta la mascarilla, la cofia, el alcohol en gel, entre otros elementos. “La medida de bioseguridad no es solo el kit, es mucho más, por ejemplo necesitamos una turbina esterilizable para esterilizar el torno tras cada arreglo, purificadores de aire, etc”, sostuvo el odontólogo. “Atender sin el equipo de bioseguridad es hacer mala praxis”, arremetió.
El reclamo ante el Colegio de Odontólogos tiene que ver con dos cosas: uno es la falta de capacitación ante los protocolos de atención en tiempos de coronavirus. La otra tiene que ver con un pedido, el que el colegio los represente en la ley de desregularización 11.089 que habla sobre que cada obra social pone el precio de oferta y demanda y están eximidos los insumos que son en dólares. Piden que los aranceles pasen a ser mínimos y no éticos.
Del Estado reclaman algún subsidio. Norma Cáceres, una de las dentistas autoconvocadas habló esta mañana en Radio 2 y expresó: “El Estado nos permite sólo atender las urgencias pero no nos da subsidios ni nos permite acceder a los créditos a tasa cero”.
Otro reclamo tiene que ver con la AFIP, ya que son monotributistas y en la misma facturación se les agrupa los materiales y sus honorarios, con lo cual se aleja de la realidad en sus ganancias. “Nuestros ingresos es menos del 10% de lo facturado”, explicó David.
Algunos de los referentes del grupo de odontólogos autoconvocados marcharán a las puertas de Asor el próximo viernes 29 de mayo cerca del mediodía para presentar un escrito con todos los reclamos.
Hoy los odontólogos pueden atender sólo urgencias. El protocolo exige que haya una distancia de tres horas entre paciente y paciente. Realizan consultas online con pacientes ya conocidos y temen por su futuro.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
La EPE admite que hubo un desfasaje de sobrefacturación
El titular de la EPE, Mauricio Causi, explicó que la firma no tuvo la posibilidad de medir el consumo.
Miércoles 27 de Mayo de 2020
El interventor de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Causi, admitió esta mañana que hubo casos de sobrefacturación de entre un 8 y un 15 por ciento desde el inicio de la pandemia por falta de mediciones presenciales.
El funcionario de la empresa también le sugirió a los usuarios que se dirijan a las sucursales de la empresa para corroborar esa facturación, al tiempo que reconoció que la firma hara "el esfuerzo posible" para contemplar las situaciones de los sectores que fueron sensiblemente afectados por la pandemia de coronavirus.
Causi señaló que la EPE estuvo un 30 por ciento por debajo de la facturación habitual como consecuencia de la pandemia de coronavirus y admitió, además, que a falta del control habitual de medidores por parte del personal autorizado, la empresa tomó la decisión de realizar una facturación estimativa del consumo de energía.
"Le pedimos a las empresas que recibieron una factura con un consumo derivado de estimación y no estuvo funcionando, que se acerquen a nuestras sucursales para poder corregir el importe", señaló Causi en "El primero de la mañana", de LT8 para agregar que "en algunos casos hay un desfasaje de entre un 8 y 15 por ciento".
Sin embargo, puso énfasis en los sectores que se vieron sensiblemente golpeados por la falta de recaudación como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional. "Hay sectores que están especialmente afectados como el caso de los gimnasios, clubes, hoteles y rubros gastronómicos, por eso les decimos que tengan la tranquilidad que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para contemplar este tipo de situaciones", aseguró Causi.
Por otra parte, Causi le recomendó a los usuarios que usen los canales virtuales que ofrece la empresa a fin de evitar la aglomeración de personas en las oficinas y anticipó que la empresa va camino hacia la telemedición de consumo.
"La telemedición nos va a evitar este tipo de problemas, es uno de los cuatro ejes de trabajo que estamos terminando de planificar dentro de lo que llamamos la EPE digital", concluyó.
Comenzaron a clausurar negocios de cercanía por remarcar precios
En un minimercado de la zona oeste se detectaron ayer 17 productos que estaban un 50 por ciento más caros que lo dispuesto por Nación.
Por María Laura Favarel @laurafavarel
Miércoles 27 de Mayo de 2020
El gobierno provincial comenzó a clausurar preventivamente los comercios en lo que detecta remarcación de precios en productos de primera necesidad. Si bien al inicio de la cuarentena se había detectado que quienes abusaban de la remarcación eran las grandes cadenas de supermercados, en las últimas horas las denuncias de los vecinos llevaron la lupa sobre los comercios de cercanía. En tal sentido, ayer le pusieron la faja a un minimercado de origen asiático en el que se comprobó una suba de hasta un 50 por ciento más de lo permitido por el gobierno nacional en 17 productos.
Los sabuesos provinciales y municipales llegaron ayer hasta un súper en Wilde 543, en la zona oeste de la ciudad, que había sido denunciado por los vecinos.
Es más, el comercio ya había sido inspeccionado en otras tres oportunidades, por lo que al detectar la remarcación se lo clausuró preventivamente. Por la tarde, el local había vuelto a levantar las persianas porque ya había cambiado los precios, adecuándolos a lo permitido.
La inspección estuvo a cargo del secretario de Comercio Interior de la provincia, Juan Marcos Aviano, y la secretaria de Control y Convivencia de la Municipalidad, Carolina Labayru.
"El 90 por ciento de las inspecciones surge por las denuncias que hace la gente", explicó Aviano y destacó esta actitud de los rosarinos, que permite encontrar a quienes ponen sobreprecios a los productos.
>> Leer más: Dónde hay que denunciar la remarcación abusiva
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, fijó una lista de precios máximos para productos de primera necesidad, que están publicados en la página web https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/, y desglosados por provincia.
Allí se puede encontrar un listado con productos y marcas con el precio máximo que puede costar cada producto en Santa Fe. Los comercios que no cumplen con ello podrán ser multados y posiblemente clausurados.
"Una vez recibida la denuncia, vamos al lugar junto con funcionarios provinciales para verificar la información y se labra un acta. Si el comerciante no adecua los precios, se lo puede clausurar", explicó, en tanto, Labayru.
Aviano detalló que ya se hicieron inspecciones en los grandes supermercados mayoristas que proveen al comercio minorista. "Muchas veces nos llegan denuncias de los pequeños locales que señalan que a ellos también les vendieron los productos más caros. Intentamos llegar al origen, a quién puso el sobreprecio", acotó el funcionario provincial.
En lo que va de la cuarentena en Rosario se clausuraron dos locales, ambos de procedencia asiática. Estos no fueron los únicos en ser controlados. Se inspeccionaron muchos más, pero sólo se encontraron "incumplimientos leves en cuatro o cinco productos".
"Por lo que vemos, los productos que más se remarcan son aceite, yerba, harinas, azúcar y arroz", detalló el funcionario. "La mayoría justifica el precio responsabilizando al mayorista y éste culpa al fabricante", agregó.
Cuando en marzo empezó el aislamiento social obligatorio, "los primeros en abusar de los precios fueron las grandes cadenas de supermercados, pero lo corrigieron rápidamente", aseguró Aviano.
Luego, en las otras inspecciones se controlaron los almacenes más chicos y también se detectaron algunas irregularidades, que también fueron corregidas.
Las inspecciones se realizan sobre una lista de 50 productos de la canasta básica. Los inspectores llevan la lista de precios máximos fijados por Nación y comparan el listado del local y las góndolas en esos 50 productos. Si esos números superan lo indicado por el gobierno nacional, se labra un acta.
Ayer, en el supermercado de Wilde al 500, los inspectores encontraron 17 artículos, sobre la base de esos 50, con sobreprecios de hasta el 50 por ciento.
"Ya se habían recibido denuncias de este lugar, también porque obligaban a los clientes con Tarjeta Alimentar a comprar varios productos, sino no los atendían", señaló Aviano. Estos operativos se realizan a partir de las facultades que otorgó el gobernador Omar Perotti en el marco de la ley de abastecimiento. Aviano aclaró que la clausura preventiva es la sanción más leve y que si se corrigen los precios se puede volver a abrir el mismo día.
Hace 10 días, en tanto, hubo otra clausura preventiva en un supermercado asiático ubicado en San Lorenzo al 800. "También habíamos recibido denuncias por sobreprecios y lo habíamos inspeccionado otras veces", indicó Aviano.
Fuente:LaCapital
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