17 de mayo de 2020

TROPEL 2 del 17.05.2020.

17 de mayo de 2020
La Afip y las cuentas no declaradas en Uruguay. El BCRA con los nombres que concentran la fuga Para hallar los fondos fugados, la base está 
Dos bases de datos altamente sensibles: 300 mil cuentas de residentes argentinos en el exterior y la lista de empresas y personas que fugaron u$s 129 mil millones en los cuatro años macristas.
Por Raúl Dellatorre
Los 950 residentes argentinos con cuentas en el exterior no declaradas en el país ya han sido notificados por la Afip sobre esta "omisión" en sus declaraciones juradas. Se trata de cuentas con saldos, al año 2017, superiores al millón de dólares. Varias de ellas con sumas que superan los 20 millones, y en su conjunto acumulan 2600 millones de dólares fugados y no declarados. Se trata, en todos los casos, de cuentas radicadas en el Uruguay, origen elegido por el organismo recaudador para iniciar las fiscalizaciones sobre un cúmulo de información recibido de la OCDE en 2018, pero que bajo el gobierno anterior no había merecido mayor atención. Esta base de datos abarca a más de 300 mil cuentas de argentinos en el exterior. El informe de Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019 del Banco Central, publicado esta semana, permitió conocer los mecanismos y la magnitud sin precedentes que alcanzo la fuga de dólares bajo la gestión de Cambiemos. En ese período se fueron en valores netos del país más de 86 mil millones de dólares, concentrados en su mayoría en no más de 852 empresas y un puñado de personas humanas con fuertes compras en el mercado de divisas. El informe del Central no avanza sobre el destino de esos fondos, pero este costado se complementa con el trabajo de la Afip con información del exterior y el cruzamiento que pueda hacer de estas compras con las declaraciones juradas de esas empresas y ciudadanos.  


Cuando se haga la selección para una segunda etapa de la fiscalización que lleva a cabo la Afip, se descuenta que la prioridad estará puesta en los países que son destino habitual de las divisas que fugan de Argentina: detrás de Uruguay, se alinean Estados Unidos, Panamá y Suiza. De ese total de trescientas mil cuentas, habrá muchas que han sido declaradas, lo cual se determinará al hacer la fiscalización, pero se estima que muchas otras estarán en situación irregular, como fue el caso de las 950 detectadas en Uruguay. Entre éstas, se verificó que una tercera parte, aproximadamente, eran cuentas de contribuyentes que no las habían declarado entre sus activos en el exterior. Otro tercio era de contribuyentes de Bienes Personales que no declaraban tener ningún activo en el exterior. El tercio restante, ni siquiera declaraba tener bienes como para alcanzar el umbral de Bienes Personales. 
Tanto la información recabada y bajo fiscalización de la Afip como la que vuelca en su informe el Banco Central, expone la elevada dimensión del fenómeno de la fuga de divisas en Argentina, un problema histórico pero que alcanzó niveles sin precedentes en los años de macrismo. Los datos que remite la OCDE como parte del acuerdo de intercambio de información entre organismos fiscalizadores firmado en 2016, llegaron a la Afip en 2018. Están referidos a los períodos fiscales 2016 y 2017. Se estima que, sobre esa información, apenas se fiscalizaron unas 500 cuentas durante el gobierno anterior, de lo cual resultó la determinación de una pretensión fiscal (impuestos reclamados) por unos 5 millones de dólares. 
La fiscalización actual, en base a la misma información con la que contaba ya la gestión de Afip durante el gobierno de Macri, sólo en el caso de las cuentas de Uruguay derivaría en una pretensión fiscal superior a los 100 millones de dólares por cada año de Bienes Personales. Fuentes judiciales indicaron que este incumplimiento de sus funciones podría acarrear serias responsabilidades a las anteriores autoridades. En fuentes cercanas a la actual conducción de la Afip, expresaron en tanto que existe "disgusto y preocupación" de las autoridades no sólo por la omisión de fiscalización, sino además por un presunto "manejo inadecuado de la información". Esto es, cierto incumplimiento en los procedimientos de la cadena de custodia de dicha información.

Informe de Fuga

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, en la inuauguración de las Sesiones Ordinarias del actual período, el presidente Alberto Fernández había hecho mención de la fuga de los dólares que debieron haber financiado el desarrollo productivo. "Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse sólo para beneficio de especuladores y prestamistas". 
El informe del Banco Central describe que entre diciembre de 2015 y el primer trimestre de 2018, el ingreso de divisas por deuda pública, privada y capitales especulativos de corto plazo sumó 100 mil millones de dólares. Luego, cuando se cerró el mercado de crédito para Argentina, llegaron el acuerdo y los desembolsos del Fondo Monetario Internacional por 44 mil millones de dólares, de la mano de un plan de estabilización que resultó en una desestabilización total: recesión, inflación, megadevaluación y un default de hecho en los últimos meses del gobierno de Macri. 
¿Cuál fue el destino de estos recursos que endeudaron al país? El informe del Banco Central lo resume de la siguiente manera: la formación de activos externos (coloquialmente llamado fuga de divisas) superó los 86 mil millones de dólares a lo largo del gobierno de Cambiemos, incluso acelerándose a partir del acuerdo con el FMI. En efecto, en los primeros dos años y medio, la fuga neta de divisas por parte de residentes argentinos ascendió a 41.100 millones de dólares, pero en el último año y medio (mayo de 2018 a octubre de 2019 inclusive) sumó otros 45.100 millones. 
Si bien la fuga "neta" supera los 86 mil millones de dólares, la formación de activos en el exterior de residentes argentinos es mayor, trepando a 129.376 millones en esos cuatro años. La primera cifra está "neteada" entre residentes que fugan y otros que se endeudan con el exterior ("ingresan" activos, los créditos externos), de allí la diferencia estadística. La otra cifra, los casi 130 mil millones, describe la conducta de una cúpula empresaria y de familias millonarias que generaron una enorme oleada de salidas de dólares en estos años. Algunas estimaciones indican que hoy, los activos externos de residentes argentinos podrían alcanzar a los 500 mil millones de dólares, lo que no es para nada inconsistente con las cifras informadas por el Banco Central. Un 25% habría salido en tan sólo los últimos cuatro años, y con cifras que no llegan a mostrar en toda su globalidad el fenómeno de la fuga de divisas (ver aparte). 

La rueda de la fortuna


El informe da cuenta de que el uno por ciento de las empresas que compraron divisas en el mercado de cambios adquirió 41.124 millones de dólares. El uno por ciento de las personas humanas adquirentes, acumularon en los cuatro años operaciones por 16.200 millones de dólares. Es decir que el uno por ciento de cada segmento, sumados, representan el 66 por ciento (las dos terceras partes) de la fuga. Pero hay cifras más elocuentes de la fuerte concentración del fenómeno de la fuga de divisas.

El cuadro de empresas compradoras de divisas muestra incluso fuertes diferencias entre las 852 personas jurídicas que componen ese uno por ciento. La empresa que más compró acumuló en esas transacciones 1248,2 millones de dólares. Las primeras diez acumulan 7945 millones de dólares, mientras que las primeras 200, 30.352 millones, el 54,5 por ciento del total comprado por las 85.279 empresas adquirentes de dólares en el período. Está claro que las autoridades tienen la referencia en quién centrarse para analizar las motivaciones y, sobre todo, el destino de la fuga. 

Otro tanto sucede con las personas humanas. Son casi 7 millones las que compraron dólares, por un total de 73.640 millones. Pero el uno por ciento, 70 mil, compró el 22% del total. Y sólo un individuo, compró 40,5 millones de dólares. Entre los diez primeros sumaron compras por 217 millones, y entre los primeras 200 personas en el ranking de compradores de dólares, acumulan una dolarización neta de activos de 1159 millones, a un promedio de casi 6 millones por cabeza. Si preocupa la fuga, será importante encontrar instrumentos para que no se repita. 


17 de mayo de 2020
Por qué se amplió la brecha cambiaria entre la cotización oficial y la del contado con liquidación (Bolsa) y la del blue 
Dólar coronavirus 
La economía argentina tiene una extensa historia de corridas cambiarias, en las cuales se pueden encontrar diferentes componentes que las precipitaron, pero ninguna es tan insólita como la actual en un escenario de cuarentena por la pandemia Covid-19. El Banco Central tiene que administrar el tipo de cambio oficial y también el contado con liquidación.
Por Alfredo Zaiat

El último registró del saldo del intercambio comercial es de marzo pasado y fue positivo en 1145 millones de dólares. Esto significa que ingresaron más dólares de los que salieron por ese canal de divisas. Con la recesión doméstica que derrumba importaciones, se espera que esa tendencia se consolide en cada uno de los próximos meses.


El colapso de la actividad por el aislamiento social preventivo y obligatorio derivó en que los ingresos se desplomaran para la mayoría de los comerciantes e industriales como para los trabajadores. Es evidente que esos grupos no tienen excedentes para dolarizarlos. Sí lo tienen en cambio firmas que siguieron operando en cuarentena como también la intermediación financiera.
El Tesoro Nacional no demandó más dólares de los recibidos a principios de año por el Banco Central (4571 millones de dólares) para pagar deuda porque ya no habrá más desembolsos por la decisión oficial de reestructurarla.
Están limitados además los giros de utilidades al exterior como la distribución de dividendos de los bancos, medidas que alivian la presión sobre la demanda de divisas.
Existe un estricto régimen de acceso a dólares billetes en el mercado cambiario oficial. El denominado "cepo" fue impuesto después de una fuga de capitales impactante durante cuatro años del macrismo: 86 mil millones de dólares, según el documento "Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019" publicado por el Banco Central.
Con la fuerte devaluación macrista, las inmediatas limitaciones cambiarias que el gobierno anterior impuso y que el actual continuó y profundizó, no existen las condiciones para que irrumpan los factores perturbadores derivados de la restricción externa. O sea, de la escasez relativa de divisas, situación que tradicionalmente impulsa al alza el tipo de cambio.
Entonces, ¿por qué se amplió la brecha cambiaria entre la cotización oficial y la del contado con liquidación (Bolsa) y la del blue?

Corridas

La economía argentina tiene una extensa historia de corridas cambiarias, en las cuales se pueden encontrar diferentes componentes que las precipitaron, pero ninguna es tan insólita como la actual.
Con un mercado cambiario de escaso volumen y dificultades de traslado de billetes físicos (pesos y dólares por la cuarentena), con muchísimas limitaciones operativas y con gran parte de la producción y el comercio paralizados, se disparó el dólar implícito de transacciones bursátiles y el de los subterráneos de la economía.
Esas cotizaciones subieron poco más del 70 por ciento en pocas semanas con una asombrosa pasividad del Banco Central más allá de iniciativas periféricas vinculadas al control de operaciones y a impulsar una mejora en la tasa de interés para las colocaciones en pesos.
En un escenario de máxima tensión por la negociación con los acreedores de la deuda en default virtual y la sensibilidad social en un estado muy delicado por la cuarentena, perder el manejo de la plaza cambiaria implica un costo elevado en términos políticos y también en la construcción de expectativas acerca de la evolución de la economía.

Fuga

Las corridas están asociadas a ciclos de intensa fuga de capitales. El presidente Alberto Fernández había anunciado en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el primero de marzo pasado, que el Banco Central estaba preparando un informe sobre la deuda y la fuga durante los cuatro años del gobierno de Macri. En ese capítulo de la presentación ante la Asamblea legislativa concluyó: "Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso".
Como se mencionó al comienzo, el jueves pasado, el Banco Central difundió el documento "Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019". Sin precisar nombres de personas y empresas que compraron dólares, los datos son impactantes: la fuga de capitales durante el macrismo sumó 86 mil millones de dólares.
Ese monto es todavía más impresionantes cuando se observa el elevado nivel de concentración: apenas el 1 por ciento de las empresas (853) adquirió en forma neta 41.124 millones de dólares, mientras que en el caso de las personas humanas el 1 por ciento de los compradores (66.930) acumuló 16.200 millones en compras netas durante el período.
En 2015-2019, la fuga de capitales se triplicó respecto al período anterior. Incluso durante la primera etapa de auge de ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los 41.100 millones de dólares. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, alcanzó los 45.100 millones.
El informe sentencia que "las estadísticas respecto de lo ocurrido en el mercado de cambios ratifican que la fenomenal deuda externa contraída en el período tuvo como correlato principal una caudalosa formación de activos externos. Lejos de utilizarse en favor de la superación de los problemas estructurales del país, su principal uso fue el financiamiento de un régimen de especulación y valorización financiera".
Como han ilustrado el economista Eduardo Basualdo, los ciclos políticos de la última dictadura militar, de la década del '90 y del macrismo se caracterizaron por un mismo patrón: endeudar para fugar.

Deuda en pesos

En estas semanas de inestabilidad en el mercado cambiario hubo dolarización de algunas empresas grandes y de fondos de inversión del exterior que quedaron atrapados en bonos públicos en pesos.
Esos fondos son los mismos acreedores que están negociando las condiciones del canje de deuda en dólares de legislación extranjera. BlackRock, Templeton, Fidelity compraron títulos en pesos durante el gobierno de Mauricio Macri, deuda que fue reperfilada en los últimos meses de esa gestión.
El caso más insólito fue el de Templeton que compró, en mayo de 2018, casi la mitad de las dos series de Bonos del Tesoro (Bote) con una tasa fija en pesos del 20 por ciento anual, con vencimientos en 2023 y 2026. Suscribió títulos por el equivalente a 2500 millones de dólares. La megadevaluación macrista les provocó un quebranto inmenso.
BlackRock también participó de la suscripción de esos y otros títulos en pesos.
El gobierno de Alberto Fernández en cambio decidió pagarla, con criterio financiero básico de que la deuda en la moneda que el país emite nunca debe ser defaulteada. El resultado de esa decisión fue una muy fuerte suba de esos bonos de hasta el 200 por ciento en las paridades desde sus mínimos.
Para compensar parte de los fabulosos quebrantos que les generó el gobierno que querían y apoyaban, ahora dolarizaron las utilidades en pesos que les permitió contabilizar el gobierno que no quieren y rechazan.

Administración

Una de las consecuencias inmediatas cuando se define el control de cambios, que en lenguaje vulgar se denomina "cepo", es el desdoblamiento del mercado cambiario.
El tipo de cambio oficial es administrado y controlado por el Banco Central. El viernes último, la cotización minorista fue de 69,75 pesos, mientras que la que incluye el impuesto País ascendió a 90,68 pesos. Esos precios son definidos por la autoridad monetaria de acuerdo a criterios productivos, de comercio exterior y financieros.
Ahora bien, el otro mercado, que no es sólo el marginal (blue), sino, fundamentalmente, el contado con liquidación también debería ser administrado por el Banco Central.
Dejarlo en libre flotación en el mercado como se está haciendo genera expectativas de devaluación y deriva en costos elevados para la credibilidad de la política económica.
Esa administración no requiere de sofisticados mecanismos de intervención, sino simplemente participar en la plaza de títulos públicos para evitar la suba de la cotización implícita del dólar (el valor del dólar contado con liquidación se obtiene de la compra con pesos de bonos en dólares en la plaza local y su posterior venta en dólares en el exterior; el saldo es el valor del dólar implícito de esa operación).
Además de fortalecer los controles vía la Comisión Nacional de Valores, la AFIP y la Unidad de Información Financiera, el Banco Central debería tener también como objetivo de política cambiaria administrar la paridad del dólar CCL.

Emisión

Al comienzo de la cuarentena y durante casi un mes, el Banco Central estuvo comprando dólares, a un promedio de 44 millones por día. Con el derrumbe de las importaciones, el saldo en divisas era superavitario y con una demanda escasa permitía que la autoridad monetaria recuperara reservas.
En esas semanas, el Banco Central decidió liberar pesos que estaban en encajes (el dinero de los depósitos que los bancos deben inmovilizar) y en Letras de Liquidez para que los bancos destinen esos fondos a prestar a las pymes al 24 por ciento anual.
Dejar que los bancos se autorregularan fue inocente. Los bancos no prestaron a las pymes y ese excedente de dinero en sus cajas lo colocaron en operaciones de cortísimo plazo (cauciones), dinero que los tomadores utilizaron para realizar las operaciones de CCL y así acumular dólares en el exterior.
El consenso de analistas de la city fue que la emisión monetaria provocó el salto de la cotización del dólar blue y del dólar Bolsa. No fue así. Como se explicó, gran parte de esa expansión de la cantidad de dinero fue por la liberación de encajes y no renovación de Leliq.
Esos fondos eran para ser prestados a las pymes. Como la banca no lo hizo al principio y luego lo hizo en cámara lenta utilizó esa disponibilidad de pesos para comenzar la corrida. El alza de la cotización de ese dólar no fue por simple emisión de dinero, que esa emisión fue entregada a la banca para que haga otra cosa de la que hizo. Era para prestar a las pymes; no para especular con el dólar.
El dólar CCL superó los 100 pesos (el viernes cerró a 121), aumentó la demanda de dólares de los importadores, especulando con una devaluación, y los exportadores disminuyeron la liquidación de divisas. El resultado fue el aumento de la brecha cambiaria y la reanudación de pérdidas de reservas del Banco Central.
La brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial no impacta en el corto plazo sobre la economía real. Si se mantuviera en el tiempo en cambio provocaría perturbaciones en las expectativas de devaluación.
Las previsiones ciertas o no de un ajuste de la paridad cambiaria afectan el flujo de divisas en el mercado cambiario: exportadores retienen divisas y la demanda de pequeños y grandes inversores aumenta.
En la economía argentina, las devaluaciones o la perspectiva de una fuerte presionan sobre las expectativas de formación de precios.

Medidas

El Banco Central, la CNV, la AFIP y la UIF han dispuesto una batería de medidas de regulación y control para reducir la brecha cambiaria:
Los Fondos Comunes de Inversión deben disminuir la tenencia de activos en dólares.
Empresas o particulares que acceden a dólares en el mercado de cambio oficial no podrán hacerlo en el CCL y MEP, y viceversa.
El Central subió la tasa de pases (colocaciones de cortísimo plazo) con los bancos y redujo encajes de fondos "money market" en pesos para inducir un alza de la tasa de interés. Estableció que la tasa mínima para esas colocaciones sea de 26,6 por ciento anual, equivalente a 2,2 por ciento mensual y a 30,1 efectiva anual.
También se incentivó a los bancos para que salgan a capturar depósitos a interés variable ligados a la cotización de cereales y oleaginosas.
La Unidad de Información Financiera (UIF) recordó a los bancos y agentes de bolsa la obligación de informar las operaciones de gran volumen que impliquen transferencias al exterior.
* Los beneficiarios de créditos a tasa cero (monotributistas A y B y autónomos) no pueden comprar dólares en el mercado oficial hasta noviembre de 2021 o hasta precancelar el crédito, lo que suceda primero. Las empresas que reciban el crédito al 24 por ciento anual no pueden realizar operaciones de contado con liquidación o MEP.
Se dejó sin efecto la insólita autorización dispuesta por la gestión Federico Sturzenegger en el Banco Central de autorizar la compraventa de dólares en kioskos y supermercados.
* La AFIP definió una nueva reglamentación para reforzar los mecanismos de control y fiscalización sobre los precios de transferencias, es decir los valores en los que se realizan las transacciones entre entidades vinculadas en el país y en el exterior. Es una forma de disminuir la presión sobre el dólar CCL al reducir esa forma de evasión o elusión que realizan grandes firmas.
* El Banco Central dispuso que las entidades no pueden financiar a productores de trigo o soja que mantengan un acopio por un valor superior al 5 por ciento de su capacidad de cosecha anual.

Intervenir

Esa amplia batería de medidas es importante para ordenar el mercado cambiario y financiero, pero además para fijar normas que vayan cerrando filtraciones del sistema.
Esas iniciativas sin embargo no son muy efectivas para disminuir inicialmente la brecha cambiaria. Para lograr ese objetivo el Banco Central tiene que actuar como un jugador de peso en la plaza, más aún ahora que es todavía más pequeña, para administrar y definir la cotización diaria del dólar CCL.
En un contexto de tensión de mercado por la negociación de la deuda en default virtual, la ampliación de la brecha cambiaria es fuego amigo y debilita, en última instancia, la posición del gobierno ante los grandes fondos de inversión.
Voceros de los acreedores no detienen la campaña acerca de que si el default virtual se convierte en uno abierto, el dólar CCL y blue subiría aún más.
Si la brecha cambiaria fuera reducida esa presión no tendría tanta fuerza, pero con una de 85 por ciento, el mismo nivel que en el peor momento del conflicto con los fondos buitre en el segundo mandato de CFK, los acreedores recibieron una arma adicional de extorsión. Y la han estado utilizando en estas semanas.
La intervención en el mercado se puede instrumentar vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. El mercado de CCL es relativamente pequeño, entre 50 y 70 millones de dólares diarios promedio. El economista Emmanuel Álvarez Agis propone que vendiendo bonos del FGS se puede influir sustancialmente en la cotización del CCL.
Explica que eso significaría una reducción de la deuda intra-sector público (FGS-Anses con el Tesoro Nacional, lo que hace más fácil cualquier renegociación) con un aumento de la deuda pública con el sector privado.
Álvarez Agis estima que con ventas de bonos equivalentes a un 10 por ciento diario del volumen del mercado, el saldo de la intervención en el año sería de 1680 millones de dólares.
Es un monto que no mueve el amperímetro de la estructura del endeudamiento público y podría poner al Banco Central al frente del manejo pleno del mercado cambiario, administrando el tipo de cambio oficial y también el dólar contado con liquidación.


17 de mayo de 2020
El precio oscila entre los 1800 y los 4500, según qué mida el test 
Coronavirus: los laboratorios privados ofrecen análisis de covid-19
Estos tests individuales no son muy útiles ya que no se sabe si se genera inmunidad ni si las mutaciones del virus hacen que los anticuerpos no lo reconozcan al cabo d epoco tiempo.
Imagen: AFP
Los laboratorios privados comenzaron a ofrecer análisis de covid-19 para testear, tanto a aquellos que quieren saber si tienen la enfermedad y que por ser asintomáticos no entran dentro del criterio para la definición de caso sospechoso, como para quienes están interesados en conocer si tuvieron la infección y generaron anticuerpos. En cualquier caso, ninguna de las dos variantes de test, que van desde 1800 a 4500 pesos, según se trate de una prueba serológica para buscar anticuerpos, o los PCR más sensibles para detectar el virus activo, requieren de prescripción médica. Desde los laboratorios sostienen que como no hay testeos masivos, esta es la única alternativa que tienen las personas para quedarse tranquilas y saber si tienen o han tenido el virus al quedar fuera del radar del sistema sanitario, aunque reconocen que por el momento no hay tanta demanda porque las pruebas no son cubiertas por las obras sociales ni las prepagas. 
Muchos de los grandes laboratorios de análisis clínicos de la Ciudad comenzaron a promocionar entre sus servicios los testeos de covid-19. En la mayoría, los tests que se ofrecen son los denominados serológicos, es decir, aquellos que a partir de una muestra de sangre buscan detectar la presencia de anticuerpos, aunque todavía se desconoce el alcance de la inmunidad que se puede haber generado. No son pruebas diagnósticas y sólo sirven para saber si una persona tuvo la enfermedad.
En el caso del Laboratorio Maipú, el costo del dosaje de anticuerpos anti SARS COV-2 IgG, IgM e IgA tiene un valor de 3100 pesos, se realizan con turno previo y los resultados se informan vía mail entre las 24 y 48 horas posteriores.
La directora del laboratorio, María Estela Fernández, explicó a Página/12 que “el test que utilizamos no es un test rápido como los que se usaron para hacer testeos masivos en las estaciones de trenes sino con la metodología ELISA, que son más sensibles. Y lo que permite es saber el estado inmunológico de una persona y, en esta fase de la pandemia, ayuda para detectar a quienes ya han tenido la enfermedad, lo que puede ser importante para todas aquellas personas que se relacionan o conviven con personas que pueden tener algún factor de riesgo”.
En CentraLab, a través de turnos online, además del test serológico, a 1800 pesos, se ofrece la prueba RT-PCR que cuantifica el virus y a diferencia de las que detectan anticuerpos, sí tiene valor diagnóstico y, también, un precio más elevado: ronda los 4500 pesos.
“Por la definición de caso que da el Ministerio de Salud quedan afuera todas las personas asintomáticas que no están vinculadas a la salud, seguridad, etc. Y un 70 por ciento de los pacientes de coronavirus no registran síntomas. Con la cuarentena se controla la pandemia, pero a los asintomáticos que no llegan al sistema de salud no se los testea”, explicó Pablo Menéndez, director de CentraLab, acerca de las razones que impulsan la necesidad del sector privado para ofrecer este servicio.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con los resultados de los análisis de anticuerpos, ya que los laboratorios no están obligados a reportar los resultados al ministerio y, según dijeron diversas fuentes, el Ministerio de Salud tampoco estaría hasta el momento interesado en esos datos. Datos que en caso de prosperar los tratamientos con plasma para enfermos de covid-19 podrían ser necesarios a la hora de bancos de plasma.
No obstante, Menéndez señaló que la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (Calab), "está haciendo una base de datos para registrar los anticuerpos y generar información que le sirva al ministerio".
Para Leonel Tesler, director del departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de UNPaz y presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, los tests "para saber si una persona tiene anticuerpos y está protegida" no tienen sentido epidemiológicamente "si se hace de forma individual. Nunca en una pandemia es que cada uno se salve solo o haga lo que pueda. Además de que todavía no sabemos, porque no pasaron seis meses desde los primeros casos en China, cuánto dura esa inmunidad, qué valor tiene porque los coronavirus mutan rápido. Puede ser que el mismo Sars Cov 2 en un par de meses no sea reconocido por los anitcuerpos que generó, como pasa con la gripe, que no es un coronavirus, que todos los años la gente se tiene que vacunar porque va mutando".
Por su parte, voceros del Ministerio de Salud, señalaron que los laboratorios privados pueden hacer análisis tanto los serológicos como los PCR, ya que si bien en un principio las compras de estos insumos estuvieron centralizadas, ya no lo están y no hay escasez de reactivos. De todas formas, remarcaron que estos estudios tienen sentido en el marco de una política sanitaria como la implementada para detectar cómo circula el virus en la comunidad y no de forma aislada e individual.



17 de mayo de 2020
Tapadas por la pandemia de covid-19, estas infecciones crecen a un ritmo preocupante 
Sarampión y dengue, los otros virus a controlar 
Se produjo el brote más extenso de sarampión desde la eliminación de la circulación endémica, en 2000, y hubo casi 7 mil casos de dengue en la Ciudad de Buenos Aires.
Imagen: NA
Entre agosto del 2019 y abril de este año se registró en Argentina el brote de sarampión más extenso desde la eliminación de la circulación endémica, con 163 casos confirmados, incluida una defunción, informó en las últimas horas el Ministerio de Salud. El brote incluyó 148 casos de origen desconocido, 14 importados de Brasil y Estados Unidos, y uno con antecedente de viaje a Turquía, Israel y España.

Desde el inicio del 2019 se confirmaron 170 casos de sarampión en Argentina: 111 en 2019, de los cuales ocho fueron importados o relacionados a la importación, dos detectados en España y 101 de origen desconocido. Y este año se registraron hasta ahora 59: 11 importados y 48 de origen desconocido.

La distribución geográfica de la enfermedad definida por el informe oficial indicó un caso en la provincia de Córdoba (con antecedente de viaje a Florianópolis); 31 corresponden a residentes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y 131 a la provincia de Buenos Aires.

El mayor número de confirmaciones correspondieron a menores de un año, donde también se observó la mayor tasa de incidencia, seguido de los grupos de 1 a 4 años. "Sin embargo, es importante el número de casos en adultos mayores de 20 años". destacó el parte sanitario.

El Ministerio e Salud recordó que el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave o fatal, que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. Y enfatizó que la vacunación es la única forma de prevenir el sarampión, ya que no existe tratamiento.

En lo que respecta al dengue, en la ciudad de Buenos Aires hubo 6.896 casos, desde el inicio de este año, pero aseguran que continúa la tendencia estacional en disminución, al igual que en las últimas cuatro semanas, según informó este sábado el Ministerio de Salud porteño.
Según el último Boletín Epidemiológico, con registros desde el 1 de enero y hasta el 9 de mayo ultimo, del total de casos confirmados, se consideró que 6.591 no viajaron a una zona con circulación viral. El parte detalló que el 50% de las personas enfermas son mujeres.

Desde marzo último, la Ciudad entró en el llamado "escenario 3", considerado de "alto riesgo", que a diferencia de otras fases ya incluye la existencia de dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika. Los serotipos del virus que circulan en CABA son los DEN 1 y DEN 4, que representan 57% y 39% respectivamente. Si bien los contagios se distribuyeron en toda la jurisdicción, hay 19 barrios en los que se notificaron el 90% de los casos. El barrio más afectado en relación a su población es Flores, seguido por Barracas, Soldati, Vélez Sarsfield y Villla Lugano, que concentra el 55% de los casos. La población con mayor riesgo está representada por el grupo de 15 a 24 años, seguida por el de 25 a 34, especificó el informe sanitario.
En la última semana epidemiológica analizada en este informe --que va del 2 al 9 de mayo-- se notificaron 250 casos, mientras que en la semana anterior se habían confirmado 536.


17 de mayo de 2020
Cuáles son las medidas que se están tomando y que se proyectan en Educación 
Educación: La brecha digital profundiza las desigualdades en la pandemia 
Con una escuela que cambió y cambiará, solucionar los problemas de acceso tecnológico y de conectividad se vuelve urgente.
El sistema educativo cambió y seguirá cambiando por la pandemia que impide a los alumnos asistir a las escuelas. En este contexto, en el que docentes y estudiantes dependen de los dispositivos tecnológicos y de una buena conectividad para aprender y enseñar, la desigualdad en el acceso y el aumento de la brecha digital se transforman en un tema central, preocupante. En diálogo con Página/12 el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el vicepresidente de el Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, explicaron las medidas que están tomando y los proyectos que se analizan para tratar de disminuir estas desigualdades. La idea de relanzar un plan de entrega de computadoras, la creación de un portal en el que se puedan realizar videollamadas gratuitas, la extensión del tendido de fibra óptica y la posibilidad de que cooperativas brinden servicio de internet en los barrios más humildes, son algunos de las estrategias que se espera poner en marcha.


Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, en nuestro país 37 de cada 100 hogares no tienen acceso a internet fijo. En el nivel primario, uno de cada cinco estudiantes no cuenta con acceso a internet y tampoco el 15,9 por ciento de los estudiantes que finalizan la secundaria. “Para lograr la continuidad pedagógica es fundamental el contacto del docente con el alumno. Para eso uno de los aspectos centrales es el acceso a la tecnología y como Estado tenemos la responsabilidad de avanzar en procesos que garanticen un plan de conectividad, define Nicolás Trotta”. El ministerio a su cargo, junto con Enacom, buscan dar respuestas en el contexto de la emergencia. Ya se avanzó en un acuerdo con las empresas de internet para liberar la navegación en las páginas de educación de Nación, de las provincias y de las 57 universidades nacionales. Pero falta un largo trecho para garantizar el acceso a todas y todos a "la escuela en casa". 
“Cuando analizamos los datos vemos distintos niveles de desigualdad, porque en un hogar, aunque haya conectividad, muchas veces la única herramienta para acceder es el celular”, describe Trotta. El Ministerio impulsará un programa similar al Conectar Igualdad, denominado Juana Manso, para la entrega de computadoras. “La semana pasada tuvimos una reunión con el Secretario de Industria, el presidente del Banco Nación, el Secretario General de la UOM, y con las cámaras que aglutinan a fabricantes de computadoras argentinas y nos están presentando un plan de producción para volver a entregar computadoras”, asegura el ministro. 
Mientras tanto, el Ministerio está distribuyendo computadoras que fueron abandonadas en un depósito por el gobierno anterior. Las primeras entregas se hicieron en el conurbano bonaerense y en provincias del norte, apuntando a las regiones que presentan los mayores niveles de vulnerabilidad socioeducativa. 
Otro de los problemas que surgen es que en las plataformas educativas que hoy son de acceso gratuito no existe la posibilidad de hacer videollamadas. Docentes y alumnos deben utilizar aplicaciones que requieren el pago de internet, como Zoom, Skype o WhatsApp. Otra idea en curso es avanzar en la creación de una nueva plataforma integral que haga posible la interacción entre docentes y alumnos, sin consumir datos
"La idea es generar una respuesta integral para permitir la gratuidad en toda la navegación. Eso tendrá un gran impacto democratizador", señala Trota. "Será un servicio público y gratuito. Para ello estamos trabajando con las provincias, Enacom y Arsat, a partir de Educ.ar”, asegura. Otro programa en curso es el lanzamiento próximo de créditos del Banco Nación a tasa subsidiada para que los docentes puedan comprar computadoras, una idea que surgió a pedido del sindicato de docentes privados (Sadop). 
En la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a entregar computadoras del Plan Sarmiento a los alumnos de familias beneficiarias de la AUH, aclarando que se hace en calidad de "préstamo" en el marco de la pandemia. Las entregas se realizan sólo si el padre o responsable del alumno lo solicita y luego de evaluar si cumplen con los requisitos necesarios. Enacom sumó la semana pasada 500 tablets para alumnos que viven en barrios populares de la ciudad y no acceden al Plan Sarmiento, mientras llegan los equipos de una licitación abierta. Con cuatro años de entrega de computadoras interrumpidos (actualmente sólo los chicos y chicas que van de quinto a séptimo grado tienen computadoras que les dieron en las escuelas), los avances son gotas en el mar. 
Otra de las principales desigualdades en CABA se da en el acceso a internet en los barrios más humildes, donde las empresas brindan servicios escasos. Frente a esta problemática. "Nos corresponde revisar los contratos para ver si las empresas brindan lo que dicen, pero también tenemos la obligación de dar conectividad como construcción de ciudadanía", asegura López. "Hay una decisión política del directorio de cambiar los reglamentos y que sectores como el cooperativo, puedan dar servicio en esos barrios, ya que hoy no pueden por una limitación del propio Enacom. Es una tarea a mediano plazo", promete. El proyecto más grande del ente es el de terminar la red federal de fibra óptica. "El objetivo es que en estos cuatro años de gestión todo el país llegue a estar conectado con el mismo servicio y la misma velocidad”, asegura López. Con una escuela que cambió y cambiará cuando se retome con modalidad presencial, solucionar los problemas de acceso tecnológico y de conectividad se vuelve un tema urgente.
Informe: Melisa Molina. 
Fuente:Pagina12


El virus de la desigualdad: uno de cada tres nuevos casos es en villas porteñas
Los contagios se dispararon en el área metropolitana, sobre todo en la Ciudad. Impulsado por las infecciones en los barrios populares, el tiempo de duplicación, que en el país era de 25 días la semana pasada, en la Capital se redujo a diez. La situación de un lado y otro de la General Paz. El riesgo de los geriátricos. 
(Foto: AFP) 
Por Javier Borelli - @JaviBorelli 
17 de Mayo de 2020
Uno de cada tres casos nuevos de coronavirus detectados en el país en la última semana se da en barrios populares y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que siete provincias acumulan más de dos semanas sin registrar infecciones y otras dos nunca tuvieron casos, los datos del Ministerio de Salud de la Nación marcan que en la Capital, el tiempo de duplicación de contagios se redujo a diez días, y en la Comuna 7, donde se encuentra el barrio Padre Ricciardelli (villa 1-11-14), el indicador se achicó hasta 5,2 días.
El virus se expande en la población con más derechos vulnerados y es inclemente al penetrar en geriátricos, adonde la tasa de letalidad alcanza el 30% de los infectados y multiplica por siete el promedio nacional. La pandemia expone así las deudas del sistema político y las desigualdades profundizadas en los últimos años.
De reversa
Uno de los indicadores más utilizados para medir el avance del coronavirus es el tiempo de duplicación de casos. Cuando el 8 de mayo pasado Alberto Fernández anunció la última extensión de la cuarentena, la media nacional era de 25,1 días. Hoy el indicador bajó hasta 17,8. Según la estrategia sanitaria, eso implicaría retroceder la administración del aislamiento a la fase 3 a nivel nacional. Pero lo cierto es que cuando el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud hace el cálculo sin la Ciudad de Buenos Aires, el tiempo de duplicación da 44,9 días, una situación compatible con la fase 5: “nueva normalidad”.
Claro que la General Paz no frena al virus. Avanzando radialmente desde la Capital uno se encuentra que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el tiempo de duplicación es de 14,09 días, y si se toma sólo la Provincia de Buenos Aires, 21,9.
La curva de los barrios populares
El 20 de abril se conoció el primer caso de Covid-19 en un barrio popular de CABA. Fue en el Padre Ricciardelli. Ayer eran 267 los casos confirmados allí. Pero el virus ya se extendió por otros 12 barrios populares de la Ciudad infectando a 1088 personas. Desde el lunes, los contagios de estos barrios representan más de la mitad de los diagnosticados en CABA y un tercio de todo el país.
El gobierno porteño reconoce que 235 mil personas viven en “villas y asentamientos” y, según los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de diciembre de 2019, un 27% de sus hogares tiene Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Adicionalmente, el 11% no tiene cloaca y el 12% sufre hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto), dos condiciones que impiden cumplir con las condiciones de aislamiento necesarias.
Las organizaciones sociales citan estas cifras para señalar que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta conocía el riesgo en que vivían y que no actuó a tiempo. El caso paradigmático es el del Barrio 31, que ayer alcanzó los 764 casos positivos y cuya curva se disparó mientras los vecinos reclamaban por la falta de agua potable.
Allí también intervino por primera vez el programa DETeCTAr, una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Salud de la Nación y el de CABA, para identificar casos sospechosos entre los contactos estrechos de las personas contagiadas. Ese rol activo de búsqueda derivó en más testeos, que reflejaron un 60% de positividad, cuando la media nacional está debajo del 9 por ciento. El programa siguió en el Padre Ricciardelli y el lunes continuará en el Barrio 21-24.
En la Provincia, la incidencia de la pobreza es mayor. Un 40% de sus habitantes se encuentra en esa situación según el informe del Indec del segundo semestre de 2019. Durante los últimos dos años de gobierno de María Eugenia Vidal, esa cifra aumentó en 11 puntos porcentuales. Sin embargo, la expansión del contagio parece menor. Hasta el viernes, el Ministerio de Salud bonaerense contaba sólo 170 casos en sus 1800 barrios populares, lo que representaba un 7% de los casos de la Provincia. “Por ahora detectamos casos aislados, pero la apertura masiva de CABA es preocupante por la circulación de gente que hay”, explica Leticia Ceriani, subsecretaria de Gestión de la Información de la cartera sanitaria provincial.
Conociendo el potencial de riesgo, la Provincia también comenzó la semana pasada el plan DETeCTAr en barrios de cinco municipios. Allí intervienen responsables de Nación, Provincia y las respectivas intendencias. Pero suman además a las organizaciones sociales. “Ellos son informantes clave. Conocen el territorio y pueden detectar y generar alertas rápidamente”, explica Noelia López, directora provincial de Salud Comunitaria.
Los geriátricos
Si bien la mayor cantidad de personas contagiadas en la Argentina se encuentra en torno a los 40 años, las víctimas promedian 76. Hasta el día de ayer, el 85% de los fallecimientos con diagnóstico de Covid-19 eran de mayores de 60 años. Por la capacidad de contagio y la tasa de letalidad en esa población, era sabido que los geriátricos podían transformarse en trampas mortales.
Sin embargo, cuando a mediados de abril se conocieron los contagios de la residencia Apart Inca, en Belgrano, el gobierno porteño recién había inspeccionado la mitad de los 482 geriátricos habilitados, adonde habitan unos 20 mil adultos mayores. Al viernes 15 de mayo, eran 22 las residencias en las que se detectaron un total de 170 casos. 43 personas murieron, lo que representa un 30% de los decesos por Covid-19 en la Capital.
Consultados por Tiempo, desde el Ministerio de Salud porteño señalaron que ya se concluyó la revisión de todos los geriátricos y se capacitó a sus empleados. Además aseguraron que “en los próximos días comenzarán los testeos sistemáticos y periódicos para los trabajadores de geriátricos”.
En la Provincia la situación también parece más controlada en cuanto al número de casos. Según el Ministerio de Salud bonaerense, hasta el 15 de mayo sólo en 12 de los 3000 geriátricos se informaron contagios. Fueron unas 51 personas infectadas, de las que fallecieron 16, lo que marca una tasa de letalidad del 31 por ciento. Pero allí el dilema es la irregularidad: casi dos de cada tres geriátricos no están habilitados. Igual que en Capital, en los próximos días comenzará una serie estudios muestrales para tratar de evitar la extensión de los contagios (ver aparte).
El desafío de la política
Según las últimas cifras del Indec, entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires vive el 45% de los argentinos y el 54% de los pobres. La densidad poblacional y las condiciones de vida deficitarias favorecieron que entre los dos distritos hoy tengan siete de cada diez infectados por coronavirus en todo el país y el 83% de los muertos. Pero lo más preocupante es la tendencia. Mientras que las infecciones nacionales crecieron un 33% en la última semana (de 5611 el sábado pasado a 7479 ayer), en la Capital el aumento fue de casi el doble (65%, de 1713 a 2833). Y gran parte fue arrastrada por la situación en los barrios vulnerables porteños, que por sí solos tuvieron tantos contagios como toda la Provincia. Nunca antes las deudas estructurales quedaron tan expuestas. Nunca tampoco el Estado contó con tanta legitimidad para corregirlas. De los dirigentes dependerá estar a la altura del desafío.
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Emergencia sanitaria para los geriátricos provinciales
“Cuando llegamos nos encontramos con 1933 geriátricos que no tenían habilitación. Algunos habían dejado el trámite a mitad de camino y otros estaban en condiciones insalubres. Comenzamos un plan para inspeccionar pero nos agarró la pandemia. Y en este marco, el cierre masivo es contraproducente. Así que ahora el gobernador presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia sanitaria en los establecimientos geriátricos y permitir la generación de habilitaciones provisorias para aquellos lugares que cumplan con las condiciones sanitarias”, explica a Tiempo Leticia Ceriani, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud provincial.
El proyecto, presentado el 11 de mayo, tiene media sanción y establece criterios sobre la capacidad ocupacional, la higiene necesaria, la cantidad de empleados y las normas de seguridad, y exige la existencia de protocolos validados para Covid-19.
Adicionalmente, esta semana harán una prueba piloto para pasar a una etapa de “vigilancia activa” por coronavirus, como define Ceriani. Elegirán cuatro instituciones donde tomarán muestras a 20 adultos mayores y seis empleados por geriátrico, definidos azarosamente. “Sabemos que por ser instituciones cerradas o semicerradas hay mucho contagio y que, por la población, cuando el virus entra, tiene más chances de ser letal”, detalla.
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PARADORES
Entre la población vulnerable más expuesta están las personas en situación de calle. Ya son cuatro los paradores con casos confirmados por GCBA: Retiro (92), Caritas (dos), Proyecto 7 (dos) y Parque Roca (uno).
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FOCO

83% de las víctimas fatales por coronavirus residían en Ciudad o Provincia de Buenos Aires. En la última semana, los infectados subieron un 43% en esos distritos.
Fuente:TiempoArgentino

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