5 de junio de 2020

TROPEL 1 del 05.06.2020.

Red Nacional Intersindical Contra La Violencia Laboral
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EXIGIMOS AUMENTO DEL SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO
Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular lograron en 2017, con lucha, organización y movilización. un salario social complementario a los ingresos que obtienen en las distintas actividades de la economía popular en las que se desempeñan: cartoneo, venta ambulante, agricultura familiar, trabajo sociocomunitario, construcción, textil, entre otras. Muchas de esas actividades hoy están frenadas por la pandemia. Lo único que tienen para subsistir es el salario social complementario de $8.500, que además de ser una miseria, no es compatible con el IFE. Es urgente que reciban un aumento. La última actualización fue en agosto. La inflación desde entonces fue del 35% y la inflación de alimentos superior al 42%. El aumento no puede ser inferior a los $3.000 y se necesitan por lo menos un millón de nuevas incorporaciones para los trabajadores y trabajadoras que aún no cuentan con este derecho.
No pueden salir a movilizarse, lo piden desde sus barrios, donde hace tres meses están poniendo el cuerpo y el corazón para enfrentar la crisis.
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Con la prohibición vigente, la contratista UCSA despidió a 700 obreros y la UOCRA lo catalogó de acto criminal
Con la prohibición vigente, la contratista UCSA despidió a 700 obreros y la UOCRA lo catalogó de acto criminal
La seccional Salta de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) se declaró en estado de alerta y movilización en rechazo de 700 despidos de trabajadores que cumplen tareas en las obras de reparación del trazado ferroviario del Belgrano Cargas, entre Nuestra Señora de Talavera y Pichanar de esa provincia.
La decisión gremial en rechazo de las masivas cesantías fue respaldada de forma inmediata por la conducción nacional del sindicato, que encabeza Gerardo Martínez.
La empresa encargada de esos trabajos solicitó y obtuvo esta tarde una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación a partir del carácter «federal» de la obra. El encuentro se realizará desde las 11 del viernes próximo con la participación del gremio, el Belgrano Cargas y la cartera de Transporte.
El secretario general de la seccional provincial de la organización, Rubén Aguilar, a cargo de las negociaciones para destrabar el conflicto, ratificó el alerta y movilización y detalló que el personal decidió un plan de lucha.
La empresa contratista Ucsa Maquivest, despidió sin causa a 700 trabajadores afectados a la obra, quienes cumplen tareas en los obradores de Joaquín V. González, La Estrella y Apolinario Saravia, dijo el gremio.
Para ello, argumentó que el Estado nacional adeuda 1.300 millones de pesos por el 70 por ciento de las certificaciones de noviembre y diciembre últimos y el 100 por ciento de enero enero y febrero -otros 200 millones-, aseguró.
Aguilar señaló esta tarde a Télam su «enorme preocupación» ante «la pérdida de puestos de trabajo», en especial en el contexto de la pandemia de coronavirus, y ratificó en asamblea «el plan de lucha gremial».
«Se trata de una obra muy importante a nivel nacional. Pero, en especial, es imposible suponer que en estos graves momentos de la vida nacional un empresario cometa semejante atropello. Mucho menos en una de las zonas más pobres de Salta. Las supuestas deudas no admiten despidos», afirmó.
El dirigente sindical dijo también a Télam que un decreto presidencial prohibió los despidos, pero «la patronal lo violó», y añadió que la contratista debe garantizar «el pago de salarios y acordar con el Estado una salida».
Aguilar puntualizó que «el despido de 700 trabajadores es un acto criminal que solo puede adoptar alguien a quien nada le importa», a pesar de que el sindicato y el personal de la Uocra «siempre mantuvieron la paz social en la obra».
Una asamblea de trabajadores decidió hoy aguardar hasta mañana para comprobar si el empresario abona o no la correspondiente quincena y, además, exigió el pago del Fondo de Cese Laboral, que adeuda desde hace siete meses.
«La seccional y los empleados de la UOCRA de Salta agradecen el enorme esfuerzo y el trabajo de Martínez y de toda la comisión directiva nacional, porque desde el primer momento están al tanto de la situación y se cargaron el problema al hombro en procura de resolverlo», expresó Aguilar, quien aseguró que el personal permanecerá frente al obrador durante algunos días y luego ingresará.
Por último, informó que la empresa no puede sacar las máquinas de la obra porque los trabajadores y los delegados «están atentos y lo impedirán».
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Un trabajador de la Ciudad murió por coronavirus y apuntan al Gobierno por la falta de seguridad

Este martes se confirmó el fallecimiento por coronavirus de Víctor Ávila, trabajador de la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario del Gobierno porteño. Según algunas denuncias, su contagio se explica porque el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convoca a sus trabajadores a prestar servicios “sin ningún tipo de formación ni elementos básicos de protección sanitaria para evitar contagios”.
Ávila se encontraba internado desde el pasado 22 de mayo, cuando había sido diagnosticado positivo de Covid-19. Antes de su cargo actual, había trabajado en el programa Juegotecas Barriales, desde el año 2006, y previamente había participado de “Cartoneritos”, uniéndose al gobierno de la ciudad a través del Curso de Líderes Comunitarios. Su mujer y sus cuatro hijos también permanecen internados en el Hospital Muñiz.
La abogada y comunera del Frente de Todos en la comuna 15 Nancy Bolaño denunció que esta muerte se debe a la convocatoria oficial para prestar servicios “sin ningún tipo de formación ni elementos básicos de protección sanitaria para evitar contagios”. Además, asegura que el programa “Servidores Públicos”, creado por decreto por el Gobierno, “obliga” a los trabajadores sin cargo de conducción de la administración de la ciudad a participar del mismo.
Originalmente, el programa prevé que estos agentes realicen tareas administrativas en distintos hospitales públicos o que concurrirán a los hoteles en los que los vecinos de la ciudad cumplen su cuarentena para asistirlos. Pero, según denunció Bolaño, se le encomiendan estas riesgosas tareas sin algún tipo de capacitación previa ni la provisión de los elementos mínimos de protección, tales como barbijos, guantes o elementos sanitarios básicos, básicos para minimizar el riesgo de contagio.
La noticia trágica se produce en momentos en que está abierto el debate entre Ciudad y Provincia por la intención de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de continuar flexibilizando actividades comerciales y recreativas mientras que en el Conurbano se analiza incluso la posibilidad de retrotraer la cuarentena a la fase anterior, por el crecimiento de los contagios.
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CGT y UIA extendieron por dos meses el acuerdo de rebaja salarial del 25%

Este jueves, la CGT y la UIA extendieron el acuerdo por 60 días para que se suspenda personal de aquellas actividades no esenciales o que no están operativas y se les rebaje el salario en un 25%. Las partes coinciden en que el entendimiento es vital “para no despedir trabajadores”.
El próximo paso es que el ministerio de Trabajo de Claudio Moroni homologue el pacto que desde hace varias semanas tanto la CGT como la UIA estaban definiendo. En un principio, la diferencia crucial entre ambas organizaciones pasaba por la extensión de los días, algo que este jueves fue finalmente consensuado.
Desde el sector industrialista expresaron que “ambas instituciones buscan mitigar el impacto de la pandemia brindando un marco de previsibilidad para trabajadores y empresarios”, añadiendo que el acuerdo exceptúa a los trabajadores que no pueden concurrir a sus puestos laborales por estar dentro de los grupos considerados de riesgo, así como también a los que hayan acordado con sus empleadores continuar sus labores desde el lugar de aislamiento.
Sin embargo, trabajadores afiliados a SMATA confirmaron que hubo reducciones salariales también para los empleados del sector administración de concesionarias que en la cuarentena realizaron tareas remotas, bajo la modalidad home office. En tanto desde la CGT anticiparon que la medida encontrará nuevamente “el visto bueno por parte de las autoridades gubernamentales”.
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Para enfrentar el impacto de la pandemia, 2 de cada 3 personas en edad de trabajar recibe ingresos por parte del Estado
Para enfrentar el impacto de la pandemia, 2 de cada 3 personas en edad de trabajar recibe ingresos por parte del Estado
El Estado garantiza ingresos a casi 21 millones de personas (dos de cada tres personas en edad de trabajar), «una respuesta de una dimensión inédita, que busca mitigar el impacto de una crisis absolutamente excepcional», destacó un trabajo de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
Las políticas implementadas a partir de la pandemia (salario complementario, IFE y créditos a tasa cero) garantizan ingresos básicos a casi 11 millones de personas; grupo al que se suman 3,2 millones de trabajadores del sector público; 6,9 millones de jubilados y pensionados; y los 120 mil que perciben el seguro de desempleo, indicó el CETyD.
Mediante el programa ATP, el Estado garantiza un piso de ingresos a 37% del total del empleo asalariado registrado a través del salario complementario que alcanzó en mayo a 2,2 millones de beneficiarios; 85% de esos trabajadores percibe entre 50% y 100% de su salario a través del programa, precisó el trabajo.
En tanto, en mayo los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia fueron 8,3 millones, 54% de las personas en edad de trabajar que no tienen un empleo registrado; y los $10.000 del IFE cubren 72% de los ingresos laborales promedio de un trabajador no registrado.
«La correcta calibración de estas políticas de ingresos es un desafío formidable; se trata de garantizar que el apoyo le llegue en tiempo y forma a los sectores más afectados y, en simultáneo, de evitar que lo usufructúen los de mayores ingresos», resaltó el instituto de la casa de altos estudios.
El informe «Políticas Sociolaborales en tiempos del Covid-19. Cobertura y desafíos futuros» señala que «la pandemia profundizó la complejidad de la situación social, económica y financiera que ya atravesaba nuestro país».
Según el trabajo, «la administración que asumió en diciembre 2019 comenzaba a desplegar un conjunto de políticas para avanzar en la reversión de la crítica situación socioeconómica heredada; en ese momento, la pandemia y el aislamiento social paralizaron la actividad».
«El shock producto de la pandemia impacta sobre un tejido sociolaboral ya deteriorado y profundiza sus vulnerabilidades», evaluó el CETyD.
En ese marco, señaló, «las medidas de asistencia económica y productiva durante el aislamiento extienden la red de protección social con el objetivo de mitigar los efectos de la parálisis productiva».
Para el instituto de la Unsam, «las restricciones presupuestarias que tiene el Estado coexisten con un tejido social que atraviesa un nivel de deterioro muy importante; este es el problema más evidente; las políticas implementadas implican erogaciones que son de difícil sostenibilidad en el tiempo».
«La pandemia visibiliza continuos desafíos ante las desigualdades y problemáticas de quienes menos tienen; y fuerza al mismo tiempo la configuración de un nuevo Estado; situar al conocimiento y al desarrollo científico al servicio de las políticas públicas no es una necesidad solamente de la estrategia sanitaria; la complejidad de la heterogeneidad social y distributiva también amplía las exigencias para los encargados de aplanar la crisis económica y laboral», concluyó.
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Los médicos siguen sin cobrar el bono prometido: «No queremos tantos aplausos, queremos promesas cumplidas»
Los médicos siguen sin cobrar el bono prometido: "No queremos tantos aplausos, queremos promesas cumplidas"
El gremio de médicos, AMRA, instó al gobierno nacional a que «cumpla con lo prometido» y haga efectivo el primer pago del bono de 20 mil pesos anunciado.
El secretario General del Sindicato Médico, AMRA, Dr. Erick Mendoza Díaz, instó al Gobierno Nacional a que cumpla con el Decreto 315/2020, en el que se otorgaba a los profesionales de la salud una asignación estímulo para los meses de abril, mayo, junio y julio que totalizaba 20 mil pesos. Sin embargo, el dinero todavía no llegó a los bolsillos de los médicos.
En declaraciones televisivas, Mendoza remarcó que «los abogados de AMRA ya hicieron las presentaciones correspondientes para que dicho bono sea efectivo a la brevedad, con lo cual instamos al gobierno nacional a que cumpla con lo prometido». 
El gremialista destacó el trabajo que los médicos vienen llevando a cabo en el ámbito del conurbanobonaerense «en la primera línea de fuego» mientras siguen aumentando los casos positivos de Covid-19 diariamente.
Mendoza le reclamó al gobierno nacional «que se cumpla con lo establecido acerca del pago del bono de 5 mil pesos para los trabajadores de la salud, al menos, en reconocimiento a la labor que vienen desarrollando todos los días en estos difíciles tiempos de pandemia».
«Los compañeros y compañeras de la salud más allá de que sigan sin cumplirse las promesas, no solo del bono sino también de contar con equipos acordes a la situación por la que estamos atravesando, siguen poniendo el pecho a la crisis y no tengo dudas de que son merecedores, cada uno, de los aplausos», agregó el sindicalista.
Y concluyó: «Pero no queremos tantos aplausos, queremos promesas cumplidas. Ojalá el gobierno escuche nuestro reclamo y se haga eco de esta situación».
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Trabajadores ocupan la planta de La Nirva y se encaminan a ponerla a producir
Trabajadores ocupan la planta de La Nirva y se encaminan a ponerla a producir
Tras un nuevo incumplimiento salarial, los empleados ocuparon la planta en la que realizan el histórico alfajor Grandote. Evitarán el vaciamiento y la pondrán producir.
En el marco de un extenso conflicto laboral que suma, por ejemplo, una deuda salarial de 7 meses, los trabajadores ocuparon ayer la planta de la alfajorera La Nirva. La decisión la tomaron luego de un nuevo incumplimiento por parte de sus dueños, el glamoroso grupo Blend, y servirá primero para evitar el vaciamiento.
«Llevar una cuarentena sin trabajo es imposible», señalan los trabajadores en el comunicado con el que difundieron la ocupación pacífica de las instalaciones de Lomas del Mirador, en La Matanza.
«Hemos ingresado a la fábrica de forma pacífica para garantizar el no vaciamiento de la misma por parte de la patronal, ya que hubo un intento de vaciarla mediante amedrentamientos y amenazas», especificaron.
Los dueños, desaparecidos y sin cumplir con sus obligaciones, son conocidos en el mundo gastronómico ya que son los propietarios de la cadena de locales My urban food, Amaratotto y ofrecen servicios de comidas en transporte aéreo, terrestre y marítimo.
En 2017 compraron la empresa La Nirva, creadora del alfajor Grandote, y en 2018 frenaron su producción. La reabrieron en noviembre de 2019 pero desde entonces no pagaron los salarios.
Según pudo saber InfoGremiales, por gestión del Ministerio de Trabajo bonaerense, los empleados lograron cobrar el salario complementario el mes pasado y esperan poder hacerlo también este mes. Mientras tanto, empezaron las tareas de limpieza de la planta y proyectan comenzar a producir.
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Trabajo multa a un Multimedios bonaerense por reducir salarios en la pandemia
Trabajo multa a un Multimedios bonaerense por reducir salarios en la pandemia
Por presentaciones de la Confederación de Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), el Ministerio de Trabajo Bonaerense sancionó al multimedios La Capital. Es por haber pretendido reducir salarios a trabajadores de una actividad considerada esencial en el contexto de la pandemia.
Ante el incumplimiento por parte de LU9 Radio Mar del Plata del pago de salarios, la Confederación Sindical de Trabajadores de Medios de Comunicación Social (COSITMECOS) hizo las correspondientes denuncias ante el Ministerio de Trabajo Bonaerense.
La cartera a cargo de Mara Ruiz Malec consideró que las presentaciones gremiales tenían lugar y generó un Acta Circunstanciada para aplicar una sanción económica a la empresa controlante de la emisora, Radiodifusora Austral y al Multimedios La Capital de Aldrey Iglesias.
La COSITMECOS difundió un comunicado en el que relata: «Queda claro que los instrumentos de reducción salarial impuestos a los trabajadores no tienen validez, tal como venimos planteando desde un principio.«, reafirma.
«Queremos destacar y felicitar a nuestros compañeros por no dudar en reclamar lo que nos corresponde, tratándose de una actividad esencial.», cierran.
Se trata de una nueva intervención trascendente de la cartera laboral bonaerense que ya había pisado con fuerza en los conflictos de Techint, Cheeky y Dánica.
Ayer, desde sus redes sociales, Malec recordó que «los despidos y suspensiones se encuentran prohibidos por los decretos 329 y 487/20, con excepción de los acuerdos de suspensión alcanzados en el marco del art. 223 bis de la LCT». Con un hilo de Twitter expuso la situación y explicó las alternativas para empresas y gremios en este contexto.
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Fotografes en emergencia
Reclamamos
Exención del pago del monotributo
Cobertura de la Obras Sociales
30.000 pesos mensuales hasta que termine la crisis
Retroactivo a marzo 2020
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Más de un centenar de delegados de prensa votaron una jornada nacional de lucha por el Día del Periodista

El viernes 5 de junio es la fecha elegida para visibilizar la situación salarial, los despidos, el espionaje estatal y la ausencia de una política para garantizar la continuidad de los medios cooperativos y recuperados por sus trabajadores.
(Foto: Twitter)
Mediante una plataforma virtual 130 delegados y dirigentes de 14 sindicatos de prensa a nivel nacional se reunieron el sábado 30 de mayo durante casi cuatro horas con el propósito de evaluar la situación que atraviesa el gremio en el marco de la pandemia de coronavirus.  Allí se tomaron resoluciones con el propósito de visualizar el proceso de deterioro de las condiciones de trabajo de la actividad que arrastra desde bien antes de la cuarentena pero que se profundizaron con la misma. 
Es que, durante los cuatro años de la gestión del gobierno de Cambiemos, la pérdida del poder adquisitivo del convenio que rige la actividad en la Ciudad de Buenos Aires llegó hasta un 35% con la destrucción de 4.500 puestos de trabajo por despidos, retiros voluntarios y cierres intempestivos. 
Si se tomara como referencia el año 2013, el retroceso del salario real alcanza un 50% hasta diciembre de 2019 a lo que habría que añadirle la pérdida del primer semestre de este año en el que sólo percibieron los $ 4 mil dispuestos por decreto presidencial en diciembre último. 
Es que, la paritaria 2019 quedó interrumpida por la cuarentena cuando se disponía a discutir la actualización del segundo semestre del año con un acumulado de apenas un 15% durante los primeros seis meses del año. Ahora, ya vencida, no hay señales de que se retome esa negociación ni la correspondiente al período en curso. Así las cosas el salario testigo de un redactor se ubica unos 5 mil pesos por detrás del valor de la Canasta Básica Total que mide el umbral de la pobreza.
Pero además, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, se conoció el anuncio del cierre de Publiexpress que edita revista Pronto así como despidos encubiertos de unos cuarenta trabajadores en editorial Atlántida inducidos mediante el retraso y no pago de los sueldos a acojerse a retiros voluntarios.
Ambas medidas constituyeron una violación de lo dispuesto por los DNU presidenciales y, en el primer caso, la patronal hizo caso omiso de la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral sin que se hubiera producido sanción alguna. 
Pero la cuarentena, denunciaron, se ha transformado en el escenario para que las empresas periodísticas dispongan a su gusto de los salarios de los trabajadores. El multimedio Clarín, por ejemplo, decidió en forma unilateral disponer el pago escalonado de los salarios de abril y mayo aduciendo una supuesta crisis. Lo mismo hicieron los medios pertenecientes al Grupo que edita el diario La Prensa, La Capital de Mar del Plata y la Voz de Tandil. El Diario Popular, por su parte, solo dispuso del pago del salario correspondiente al programa de ATP al que, masivamente, se acogieron decenas de patronales de medios como el mismo diario La Nación de la familia Mitre. 
El plenario tuvo una marcada participación de representantes de medios cooperativos y recuperados por sus trabajadores de todo el país que destacaron el contraste entre el profuso otorgamiento de subsidios por ATP a las patronales privadas y la ausencia de políticas de asistencia para el sector autogestivo en el marco de la emergencia que sufren por la pandemia. Además, varios delegados destacaron la ausencia de un bono por trabajo esencial ni la provisión de herramientas de trabajo y cobertura de gastos generados por el teletrabajo que, además, denunciaron, se constituyó como la herramienta más eficaz para avasallar el convenio e imponer la multitarea sobre los trabajadores de prensa. 
También se pusieron de relieve las condiciones de los trabajadores precarizados bajo la forma de “colaboradores” que sufren la disminución de sus notas así como la obligatoriedad de sostener el pago del monotributo.
Por último, el plenario denunció, por un lado, el ataque que sufrieron los trabajadores del diario EL Litoral de Corrientes cuando agentes policiales irrumpieron en la redacción para impedir la realización de una asamblea y, por el otro, el espionaje a trabajadores de prensa realizada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que involucró también a un periodista de Tiempo Argentino.
La principal resolución se llevará a cabo el próximo viernes 5 de julio y consistirá en una jornada nacional de visibilización de la problemática de los trabajadores del sector bajo las consignas #PeriodismoEsencial y #PrensaPrecarizada. 
Con ese marco, según las resoluciones publicadas en la web oficial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, los reclamos consistirán en “impulsar el proyecto «Del Covid 19 a las buenas noticias»” que dispone “un impuesto a las grandes plataformas para defender el trabajo periodístico y la comunicación autogestiva en Argentina”; así como “apoyar el proyecto de impuestos a las grandes riquezas” y, entre otras, “repudio al espionaje ilegal de la AFI a trabajadores de prensa”.
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Cooperativa de abogados logra tres fallos laborales que sientan importantes precedentes en la cuarentena

La justicia obligó a Open 25 a reincorporación trabajadores despedidos durante la cuarentena; a heladerías Guapaleta, a reintegrar salarios adeudados, y a Carrefour, a respetar licencias por tareas de cuidado.
Abogades en Cooperativa logró dos fallos de gran importancia jurídica para los trabajadores, en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio. Por un lado, la polémica cadena de kioscos Open 25 se vio obligada a reincorporar a dos empleados en período de prueba que fueron despedidos en plena crisis sanitaria. En tanto, la heladería Guapaletas deberá abonar el salario adeudado con antelación a la cuarentena.
Reintegro de despedidos
El juzgado nacional de primera instancia en lo laboral N°16, a cargo del  Dr. Alberto M. González,  resolvió a fines de mayo otorgar una medida cautelar ordenando la reinstalación inmediata de un trabajador que desempeñaba sus labores en uno de los kioscos de la empresa Open 25, que había despedido a 200 empleados en condiciones similares, en abril.
“La empresa había pretendido eludir la prohibición de despido alegando que estaba excluido de la prohibición por tratarse del período de prueba”, contaron desde la agrupación.
El planteo del trabajador, representado por el Dr. Joaquin Corti Bielsa y el Dr. Pablo Bentivegne,  “fue que el espíritu y finalidad del decreto era impedir que se produjeran todo tipo de despido durante el aislamiento social preventivo y obligatorio”.
La justicia laboral le dio la razón y dictaminó la nulidad del despido y la inmediata reinstalación del trabajador. Ese fue el primer caso de reincorporación. El miércoles último, en tanto, la cámara de apelaciones en lo laboral SALA 7 ordenó en el mismo sentido la reinstalación de un segundo trabajador.
Pago de salarios
El juzgado nacional de primera instancia en lo laboral N°12, a cargo de la Dra. Silvia Santos, resolvió el último 26 de mayo otorgar una medida autosatisfactiva para el cobro de salarios adeudados de marzo y abril 2020.
Se trata de un local de la cadena de heladerías “Guapaletas”, cerrado desde el 20 de marzo, que jamás dio respuesta al reclamo de sus trabajadores por el pago de los salarios.
El planteo del trabajador, representado por el Dr. Joaquin Corti Bielsa, miembro de Abogades en Cooperativa,  fue que “el incumplimiento de la empresa es flagrante y urgente, por lo cual la justicia debía ordenar su cobro forzoso con la simple petición y acreditación de la situación”.
Algo similar ocurrió con las peluquerías Nail Bar, en el fallo del juzgado nacional de primera instancia en lo laboral N°66, a cargo del Dr. Julio Grisolía, que resolvió otorgar una medida urgente para el cobro de salarios adeudados de marzo, abril y mayo 2020.
Licencia por tareas de cuidado
El Juzgado Nacional del Trabajo de Feria, a cargo de María Elena López, resolvió conceder la medida cautelar requerida por una trabajadora, intimando a INC S.A. (Carrefour) a reconocer la licencia por tener hijos menores a cargo, en el marco de la pandemia, y a abonar el salario del mes de abril que la empresa había retenido.
Carrefour, como muchas otras empresas, presionaba a la trabajadora para que se presente a trabajar reteniéndole el salario, en incumplimiento de la ley vigente. “El padre de los niños también es empleado de Carrefour, y se encuentra prestando tareas, lo cual era de conocimiento de la empresa”, contaron los abogados.
La Jueza de Feria le dio la razón a la trabajadora y ordenó a la empresa respete la licencia y pague también los salarios futuros hasta que se dispongan otras medidas por parte del Poder Ejecutivo; además, ordenó  aplicar una multa, en caso de incumplimiento, de $ 5.000 diarios.
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La CTA Autónoma exige el pago del aguinaldo en tiempo y forma
Los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina estamos asistiendo a una avanzada de los empresarios para evitar el pago del medio aguinaldo a finales de junio como corresponde por lo establecido en la ley vigente. La razón esgrimida es la pandemia y sus consecuencias económicas que impediría cumplir con dicha obligación a la mayoría de los patrones.
Desde la CTA Autónoma sostenemos que los trabajadores y trabajadoras no debemos ser la variable de ajuste una vez más y que existen diferentes mecanismos aptos para el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma.
En primer lugar, no todas las empresas están en la misma situación y con el mismo respaldo para cumplir con la ley. Las empresas con una dotación mayor a 200 trabajadores y trabajadoras son las que mejor vienen llevando las restricciones de la pandemia y, muchas de ellas, obtuvieron y acumularon ganancias durante los últimos años que les permite soportar mejor la presente situación. Algunas de ellas recibieron ayuda estatal y otras la rechazaron.
Las empresas con menos de 200 trabajadores y trabajadoras se encuentran en una situación más vulnerable y por esa razón deben ser ayudadas con mayor premura. No obstante, la mayoría de ellas obtuvieron la ayuda del Estado. Sintéticamente: recibieron ATP por un monto de hasta $33.750 por trabajador/trabajadora y fueron eximidas de abonar hasta el 95% de los aportes patronales. Además, se acogieron a la reducción del 25% de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, tras el acuerdo inconsulto entre la CGT y la UIA con presencia del gobierno nacional.
Ante este cuadro de situación, la CTA Autónoma propone dos herramientas para garantizar el pago del medio aguinaldo a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que pueden ser utilizadas en forma separada o conjunta:
Exigir a los bancos el depósito en las cuentas sueldos de los trabajadores y trabajadoras de un monto equivalente al medio aguinaldo respectivo como un préstamo a tasa cero que las empresas puedan devolver en cuotas al finalizar la pandemia
Ampliar la Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) equivalente al monto de dichos aguinaldos para las empresas de hasta 200 trabajadores y trabajadoras que la soliciten.
Ambas medidas están dirigidas a que se cumpla la ley que obliga a los empleadores a abonar el medio aguinaldo y a que los trabajadores y trabajadoras podamos afrontar los pagos de alimentos, medicamentos, artículos de higiene personal, transporte, gastos de salud y educación, alquiler y expensas, de impuestos, tasas y servicios, etc.
Es decir, ningún lujo. Sólo lo necesario para vivir en un contexto donde, además, la inflación continúa degradando en forma corrosiva el poder adquisitivo de nuestros salarios.
No olvidamos que el pago del aguinaldo se logró luego de décadas de reclamos, se instauró por medio del decreto 33.302, firmado por el general Juan Domingo Perón el 20 de diciembre de 1945 y se pagó efectivamente luego de un lock out patronal de tres días en todo el país (del 14 al 16 de enero de 1946), que fue derrotado por la movilización de los trabajadores y trabajadoras y la firmeza del gobierno ante el chantaje empresario.
El aguinaldo no fue un regalo. Fue fruto de muchos años de lucha, de la capacidad de lucha de la clase trabajadora y de la supremacía de políticas públicas a favor de las mayorías. La pandemia no debe ser una excusa para incumplir la ley y profundizar los niveles de pobreza.
Rubén Ruíz – Secretario Gremial
Dora Martínez – Secretaria Adjunta
Pablo Micheli – Secretario General
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Videoconferencia de sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires

“COVID-19, Crónica de una emergencia anunciada”.

A través de una videoconferencia, sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires presentaron un demoledor informe sobre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Video Conferencia
Foto: WEB CTA Ciudad
La video conferencia compartida entre la la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-Capital), junto a la Asociación de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), presentó el presentaron el Informe Técnico-político de la Ciudad de Buenos Aires titulado “COVID-19, Crónica de una emergencia anunciada”.
De la videoconferencia participaron, Daniel Catalano, secretario general de  ATE-Capital, Angélica Graciano, secretaria general de UTE y Roberto Pianelli, secretario general de la AGTSyP donde  cuestionaron duramente aHoracio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño por la gestión de la crisis sanitaria en el marco de una política sistemática de reducción de la inversión en salud, educación y áreas sociales.
Según comunicaron desde la CTA de la Ciudad de Buenos Aires el documento sostiene que la “emergencia es un emergente de un problema estructural: la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires” y asegura que esto se evidencia en “la multiplicación de los contagios en las villas y barrios populares”.
Además, de acuerdo al informe, “la ausencia de respuestas al problema habitacional, sumado a la falta de agua y de medidas sanitarias adecuadas demostraron, nuevamente, que Rodríguez Larreta piensa una Ciudad solo para los ricos”.
El trabajo realizado por los sindicatos, también “detalla el vaciamiento y las carencias de infraestructura y recurso de los programas para la atención de niños, niñas y adolescentes, de los paradores para familias y adultos y de los hogares de la tercera edad. Es decir, el Gobierno de Larreta dejó sin protección a todas las franjas etarias y sociales vulnerables en la jurisdicción”.
Denuncian en el informe que “Larreta no sólo no tomó las previsiones necesarias para evitar que la Ciudad sea el distrito más afectado por el COVID-19, sino que provocó la explosión de contagios con una actitud de desidia y abandono que se hizo más visible durante el último fin de semana cuando más de diez familias en el barrio de La Boca permanecieron más de 48 horas sin atención ni aislamiento por parte del GCBA pese a haberse confirmado un caso positivo de Coronavirus en el grupo habitacional. Sólo después de varias denuncias de organizaciones barriales acudieron las autoridades sanitarias”.
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Pablo Moyano: «Ni loco íbamos a firmar una rebaja salarial en estos momentos»

En diálogo con Crónica Anunciada, consultado sobre el acuerdo CGT-UIA, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano señaló que «ni loco íbamos a firmar una rebaja salarial en estos momentos, después cada dirigente tendrá que rendirle cuentas a sus trabajadores»
Pablo Moyano
También, dando cuenta del actual contexto político en medio de la pandemia, manifestó que «Cuando ves los argumentos que dan dirigentes de la oposición para flexibilizar la cuarentena no sabes si reírte o embroncarte» reconociendo que hay «dirigentes de la oposición juegan a la política en medio de la pandemia».
Además, el dirigente camionero,  afirmó que «el pago de aguinaldo no puede estar en duda» agregando acerca de la Confederación General del Trabajo que «tendría que garantizar que se le pague el sueldo a todos», destacando que ellos creen que no es el momento de reducir salarios y subrayando que desde el gremio de camioneros «rechazamos el acuerdo para reducir salarios que firmó la CGT con la UIA».
Consultado sobre el entramado de espionaje legal llevado adelante por el gobierno macrista, el dirigente camionero, que lo sufrió en carne propia, opinó que «Patricia Bullrich creo que es la ideóloga a través de las instrucciones recibidas del presidente, pasando por la Arieto, por Conte-Grand, por el fiscal Scalera, fue todo un armado, que hoy gracias a Dios está saliendo a la luz, bancado por Clarín y La Nación y muchos empleados de estos grupos monopólicos y si Dios quiere, pronto, tendrán que pagar los responsables de esta persecución».
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Denuncian que McDonald’s obliga a trabajar a empleados enfermos de Covid

Un grupo de empleados se presentó ante el Ministerio de Trabajo de la Ciudad. Afirman que, además, no se implementaron protocolos preventivos. La empresa reconoce los casos positivos pero niega cualquier irregularidad.
3 de Junio de 2020
Empleados del local de McDonald’s del barrio porteño de Recoleta denunciaron hoy que hasta la semana pasada la empresa obligó a trabajar a un empleado que tiene a su madre enferma con coronavirus, y que la gerenta del turno noche, también con la misma enfermedad, continuó su tarea hasta ayer. “Se niegan a aplicar el protocolo» afirman los trabajadores.

La denuncia fue presentada ante el subsecretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Jarvis, por cuatro empleados del local ubicado en Larrea 1573.

«Hasta hace escasos días, la empresa obligó a nuestro compañero (el nombre se mantiene en reserva) a continuar trabajando a pesar de que su madre se había contagiado de Covid-19», afirma la denuncia.

«Todo el personal reclamó sobre la situación y la única respuesta del empleador es que todos debíamos continuar trabajando, sin siquiera tomar las medidas preventivas correspondientes», continúa la presentación.

Y prosigue: «La esperable consecuencia de tal irresponsable actitud fue el contagio de Covid-19 nada menos que de la gerenta del local del turno noche, que a pesar de ello continuó trabajando hasta el 1° de junio».

En tanto, los denunciantes agregaron que «la actual gerenta se niega a aplicar el más mínimo protocolo a pesar de los antecedentes y los constantes reclamos de los trabajadores», que solicitaron «el cierre del local».

Los empleados sostuvieron que están «con un miedo constante» de contagiarse «ante la irresponsabilidad de esta multinacional, cuya única preocupación es continuar acumulando ganancias, aún a costa de la salud de sus empleados».

Silvia Doval, la madre de una de las denunciantes, señaló a Télam que en todo momento la empresa sabía que la madre de un compañero tenía coronavirus «pero no informó a nadie y los chicos se enteraron por otros compañeros», y agregó que, según le informaron desde la firma, la gerenta del turno noche contagiada «no se encuentra trabajando. Tanto el padre como el hijo de 10 años de esa mujer también tienen coronavirus”, dijo la mujer.

Doval agregó que hoy los empleados no fueron a trabajar y «fueron reemplazados por chicos del Shopping Paseo Alcorta. No preservaron la vida, ocultaron información», afirmó Doval.

«Desde recursos humanos están llamando a uno por uno amenazándonos que si no vamos a trabajar, nos dan una licencia sin goce de sueldo o renunciamos», detalló otro de los denunciantes.

Por su parte, la empresa -a través de un comunicado- confirmó el caso de coronavirus y aseguró que apenas tomó «conocimiento de la situación» procedió «a cumplir con el protocolo establecido por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».

«Conforme este protocolo, procedimos a cerrar el local durante la noche, para que una empresa externa certificada lleve a cabo la sanitización», informaron desde McDonald’s.

Arcos Dorados agregó que «se aislaron a todos los empleados que compartieron con (la gerenta) las jornadas laborales. El protocolo determina que, una vez realizadas las tareas de sanitización y desinfección, el local puede volver a funcionar con otro equipo de empleados», indicaron.

«A raíz de esta pandemia, hemos fortalecido en todos los locales del país las medidas de higiene y seguridad que habitualmente realizamos, a través de nuevos procedimientos y herramientas de prevención incluidas en nuestra iniciativa McProtegidos», agregaron.
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Actividad de Mujeres Sindicalistas: El teletrabajo y la necesidad de su regulación, los temas ocultos
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“Teletrabajo. Ante un presente excepcional, un futuro con perspectiva de género”, fue la consigna de la exposición que dio la investigadora Sofía Scasserra sobre un tema que tomó especial relevancia en tiempos de pandemia y de medidas de aislamiento social preventivo a partir de la masificación de esa modalidad de trabajo. Énfasis en la perspectiva de género para analizar esta modalidad de trabajo. “No queremos que el teletrabajo sea la excusa para mandar a las mujeres de nuevo a sus casas. Que sea un oportunidad para las personas y no para explotarnos”, afirmó Scasserra. 
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La actividad – en formato virtual- fue organizada por las Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras. Vía Zoom hubo una presencia federal de la reunión virtual.  Estuvieron presentes la referente del espacio Vanesa Siley junto dirigentes, militantes y trabajadoras  de los gremios que integran la Corriente Federal y mujeres sindicalistas de todo el país. 
El contexto es conocido. La pandemia de Covid-19 obligó a que los Gobiernos de diferentes partes del mundo establecieran cuarentenas que aceleraron en forma abrupta y desordenada el proceso y la necesidad del trabajo a distancia. No es una nueva modalidad, a pequeña escala ya se venía realizando, pero en apenas un puñado de semanas  comenzó a ser masivo. Con ello quedaron en la superficie las necesidades de elaborar una legislación adecuada, las limitaciones que conlleva esa modalidad, la necesidad de que los sindicatos comiencen a tratar el tema en las negociaciones colectivas y también que el crecimiento de la productividad se vea reflejado en mejores ingresos para los trabajadores y trabajadoras.  
La apertura de la charla estuvo a cargo de Vanesa Siley, dirigente de la Federación del Sindicato de Trabajadores Judiciales y diputada nacional, cámara donde preside la Comisión de Legislación de Trabajo. La coordinación estuvo a cargo de Mara Rivera, subsecretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Relaciones Gremiales de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE). 
Teletrabajo
Siley detalló que hoy existen 15 proyectos de ley de regulación del teletrabajo, “la idea es alcanzar uno con consenso que tenga dictamen”, aclaró. 
Si no se regula correctamente esta modalidad de teletrabajo esto va a terminar flexibilizando las condiciones de trabajo.Lo que no puede suceder es que se garanticen las garantías y derechos”, advirtió la referente de las Mujeres Sindicalistas.
“Cuanto más se vuelque el conocimiento, la expertise, de los trabajadores más perfecta va a ser esa norma. Tenemos que proteger al trabajo en sus diversas formas”, afirmó Siley. 
Por último, expresó que “es una falsa premisa que el teletrabajo favorece a las mujeres”. “No pedimos trabajar desde nuestro hogar. Hoy lo vivimos por un marco excepcional que es la pandemia, pero se extiende la doble o triple jornada laboral que tenemos las mujeres. Tenemos que derrumbar ese mito que viene a beneficiarnos. Lo que las mujeres pedimos es igualdad en el mundo del trabajo”, concluyó.
Sofía Scasserra es economista, investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” de la Universidad de Tres de Febrero. Su especialidad y campo de estudio son las transformaciones económicas globales y su impacto en el mundo del trabajo. 
“Hoy no estamos teletrabajando”, comenzó su exposición. “Esto que hoy estamos haciendo es trabajar en un contexto de crisis, desde nuestra casa y como podemos. Para que haya teletrabajo se tiene que hacer de forma decente y con derechos”, plantó posición Scasserra. 
Explicó que hay temas en la superficie del debate sobre el teletrabajo, pero hay otros a los denominó “ocultos”, que en algunos casos exceden a la legislación laboral, que  ingresa en el terreno de la negociación sindical más puntual. 
Entre aquellos puntos hoy en el debate y presentes en los distintos proyectos de ley están contar con una “infraestructura adecuada. Una computadora, el software, una silla ergonómica y el principio de reversibilidad donde un trabajador pueda optar por hacer teletrabajo o no”. 
También la “capacitación, cobertura por accidentes de trabajo en la casa. Esos temas ya están suficientemente abordados, pero hay temas que no va a poder a resolver la ley, lo vamos a tener que hacer nosotros desde los gremios y la negociación colectiva”, argumentó.
Nadie duda que el teletrabajo va a quedar como estrategia para elevar la productividad bajando los costos de las empresas y también va a quedar porque muchos han descubierto los beneficios del teletrabajo porque permite en algunos casos ordenar mejor la vida personal de muchos trabajadores”, planteó. 
“En este punto, también lo que quiero es negociar derechos, si hay suba de productividad quiero discutir esos ingresos”, concluyó.
LOS TEMAS OCULTOS DEL TELETRABAJO  
Resumiendo. Estamos ante una modalidad que llegó para quedarse, sobre la cual se están dando los primeros pasos en su regulación. Scaserra planteó que es necesario visualizar y buscar respuestas sindicales y políticas a los “temas ocultos del teletrabajo” detallando una serie de puntos a desarrollar.
Capacitación: “Nadie se planteó capacitar al trabajador en la virtualización de sus habilidades. Un vendedor, por ejemplo, a lo mejor en el cara a cara es excelente vendiendo productos. Ahora al momento de hacer ventas por correo electrónico (por poner una modalidad) necesita migrar esa capacidad al modo de venta virtual. Si no lo logra baja su productividad y puede generar que hasta lo terminen despidiendo. Es un tema que excede incluso a la regulación que se pueda generar”. 
Fallas de Seguridad: “Quien va a ser responsable de las fallas de seguridad de trabajar con determinados sistemas. El trabajador no puede ser responsable por las fallas de seguridad. Necesita capacidad extra para ciberseguridad, que su conexión y su IP sean seguros, que ingrese a su plataforma tomando todas las precauciones. Además, no responsabilizar ni criminalizar al trabajador en caso de que ocurra una falla de seguridad”. 
Datos: “Estamos avanzando a un capitalismo cibernético. Tuvo una primera fase de inteligencia y de conocimiento de los consumidores y ciudadanos. Teniendo capacidad predictiva de nuestros gustos, ideas políticas, ideologías, actividades y de acuerdo a eso nos pudieron brindar servicios como consumidores y ciudadanos”, comenzó explicando Scaserra.  
“Ahora estamos en una segunda fase donde el capitalismo cibernético se fagocita todo el capitalismo otrora industrial. El big data va a empezar a organizar las cadenas globales de valor de forma más eficientes.  Va a hacer inteligencia de los trabajadores para organizarlos de manera más eficiente, podernos reemplazarnos procesos por la inteligencia artificial”.
Allí advirtió por la cibervigilancia. “Hoy ya existe en los trabajadores de plataformas, en los edificios inteligentes y teletrabajadores. También existen casos donde se instalan software de vigilancia en las computadoras”, planteando la necesidad de avanzar en una ”agenda para evitar la cibervigilancia sobre los trabajadores”.
Derecho a desconexión: “Hay que entenderlo en un contexto de teletrabajo, pero también de forma más amplia. Está conectado con la salud mental del trabajador, con resguardar la salud mental. Enfríar la hiperconectividad que abusa del tiempo libre del trabajador presencial y del teletrabajador”.
Mecanismos para denunciar el ciberacoso: “Los acosadores son muchos más activos en la red. Activar mecanismos contra el ciberacoso de jefes, de compañeros, de clientes. Denunciar de una manera fácil y rápida”. 
Políticas de cuidado: Scaserra planteó que llevó mucho tiempo a las mujeres poder salir del hogar para desarrollar una vida laboral y profesional. Por abrumadora mayoría las mujeres son las que toman a su cargo la tareas de cuidado con los niños y adultos mayores. 
“No queremos que el teletrabajo sea la excusa para mandar a las mujeres de nuevo a sus casas. Que sea un oportunidad para las personas y no para explotarnos”.
“Es esencial la política de cuidados. El verdadero vector de la desigualdad es la política de cuidado. Eso retrasa nuestras carreras y desarrollo profesional”.
Redacción: Leonardo Martín
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Ni una Menos – Mujeres Sindicalistas: «Seguimos construyendo redes de unidad entre las y les trabajadores»

Mujeres Sindicalistas
Las sindicalistas de todas las centrales gremiales y las trabajadaras de la economía popular realizaron en este 3 de junio, por el Ni Una Menos, una actividad en unidad leída a través de las redes de los sindicatos. A continuación el documento:
El contexto de cuarentena obligatoria agudizó la situación endémica de violencia machista y de explotación capitalista. Expuso que para muchas el interior de nuestras casas no es un refugio. La violencia y los femicidios son una amenaza continua. La pobreza y la desigualdad estructural, el trabajo precario y la desocupación empeoeran en situación de pandemia, relegando a las mujeres a asumir todo tipo de tareas de cuidados a tiempo completo sin reconocimiento económico. La falta de agua y elementos fundamentales para la prevención del Covid-19 hacen estragos en los barrios de mayor hacinamiento.
La crisis sanitaria, económica y habitacional que desató el coronavirus muestra, que los trabajos no reconocidos, mal pagos y subordinados socialmente están ahora y siempre en la primera línea. Las tareas que históricamente sostenemos por mandato de género y que cuidan la existencia de la vida son, ahora sí, reconocidas por todos como “servicio esencial”. Aún así, las consecuencias de la informalidad, la precarización y la pérdida de ingresos caen especialmente sobre nosotras.
La urgencia sanción de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas debe ser la base para avanzar hacía una reforma tributaria que garantice la justa distribución de la riqueza y financiar las políticas de Estado y una nueva matriz productiva necesarias para reparar desigualdades y asegurar derechos.
Hace años venimos visibilizando estas demandas y reivindicaciones con la herramienta del paro y la unidad en la movilización callejera. Así como el 3J del 2015 salimos a gritar NI UNA MENOS también realizamos aquel primer paro de Mujeres 19 de octubre del año siguiente para decir Basta de Femicidios, por la implementación efectiva de la Ley 26.485 y que se garantice un presupuesto para estrategias de prevención y erradicación de todo tipo de violencias hacia mujeres y diversidades. En particular, creemos urgente y necesaria la promoción de políticas por la independencia económica y habítacional para todas las mujeres, travestis, lesbianas y trans víctimas de violencias, especialmente para las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores de los sectores más desprotegidos.
Nuestra consigna #TrabajadorasSomosTodas es una afirmación política que pone de manifiesto la desigualdad estructural que aun cargamos sobre nosotras y nosotres pero también habla de la potencia del encuentro que nos ha permitido superar en unidad al gobierno macrista y reafirmamos para avanzar por nuestros derechos.
Hoy volvemos a decir que #NiUnaMenos es una exigencia de:
  •  Impuesto a las grandes fortunas. Suspención de los pagos e investigación de la deuda externa. La crisis sanitaria, económica y social se vuelve violencia cuando hay responsables concretos del saqueo y el endeudamiento de los últimos años. No la podemos pagar nosotras y nosotres: rechazo a las rebajas salariales.
  • Declaración nacional de la emergencia en violencia de género. Acceso efectivo a una justicia con perspectiva de género.
  • Cumplimiento efectivo de la Ley Micaela, la ESI y la Identidad de Género en todo el país.
  • Políticas de cuidado: vivienda, servicios básicos, alimentos accesibles, salario por el trabajo no reconocido.
  • Ratificación del Convenio 190 de la OIT, porque es una deuda pendiente, desarrollo de políticas para erradicar la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Para ponerle freno a los abusos patronales.
  • Respeto al decreto que prohíbe despidos en cuarentena y rechazo a las rebajas salariales.
  • Paritarias libres y plena vigencia de convenciones colectivas de trabajo con perspectiva de género. Licencias por violencia de género y políticas activas para la igualdad en el mundo del trabajo.
  • Cupo laboral Travesti/Trans.
  • Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir.
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Quilmes: la fábrica Cattorini obligó a seguir concurriendo a trabajadores con coronavirus

Frente de la planta de Quilmes de la fábrica vidriera Cattorini Hnos.
En lo que es un nuevo caso de irresponsabilidad empresarial en medio de la pandemia, la fábrica de botellas y envases de vidrio Cattorini Hnos. de Quilmes Oeste (que siguió abierta y funcionando durante todo el aislamiento social, preventivo y obligatorio) obligó a seguir concurriendo a sus puestos laborales a trabajadores que tenían síntomas de coronavirus. Ante el reclamo de los trabajadores, la intendencia de Mayra Mendoza ordenó una inspección, pero luego habilitó a funcionar a la empresa. Ahora la fábrica tiene seis casos confirmados. El hecho trascendió luego de la denuncia que hizo en redes sociales Cristina Estigarribia, esposa de uno de los trabajadores, que durante 20 días fue obligado a seguir trabajando con un cuadro gripal y fiebre sostenida, y que hoy se encuentra internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela con coronavirus. “En la fábrica a los trabajadores les dan un barbijo que no sirve para nada. Muchos compañeros de trabajo de mi marido me llamaron cuando supieron del caso, pero no quieren hablar porque tienen miedo que los echen”, denunció Cristina. Por ANRed.

Cattorini Hnos. – reconocida fábrica de botellas y envases de vidrio de zona sur, que se encuentra ubicada en la Avenida Tomás Flores al 5000, en San Francisco Solano, Quilmes Oeste -, siguió funcionando a pesar de que el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19).
Ante los casos de empleados dentro de la planta con síntomas que coincidían con los del coronavirus, los trabajadores habían hecho reclamos al municipio de la intendenta Mayra Mendoza, denunciando que la empresa no cumplía con ningún protocolo, reclamando testeos para todos los operarios, y la desinfección de la planta. El municipio envió una inspección, pero terminó considerando que la empresa podía seguir funcionando normalmente. Ahora, la empresa ya tiene seis casos confirmados de trabajadores infectados.
El escándalo se viralizó en las redes sociales a partir de la denuncia que realizó Cristina Estigarribia la esposa de uno de los trabajadores infectados, hoy internado y con tratamiento por coronavirus en el Hospital El Cruce de Florencio Varela: “mi marido empezó con un cuadro gripal hace más de 20 días. Trabaja en la fábrica de vidrios Cattorini Hermanos. Lo atendió el médico de ahí, que le dio una medicación. Le dijo que era una simple gripe y que siga trabajando – relató Cristina – Cada mañana cuando ingresaba a la fábrica una persona le tomaba la temperatura. El médico de la fábrica le dijo que estaba todo bien y que siga trabajando. Aún teniendo fiebre trabajó dos semanas más con esos síntomas. Yo cada vez lo veía peor, sobre todo su cuadro respiratorio. No quería comer, bajó diez kilos, no tenía apetito y empecé a preocuparme porque tenemos ocho hijos y una de mis hijas de 20 años, es paciente oncológica y de riesgo, tiene leucemia“.
Ante la situación, la esposa decidió llevarlo a la Clínica Boedo de Lomas de Zamora, que es la que le corresponde por su obra social, donde quedó internado en aislamiento: “ahí le hicieron el hisopado, le dio positivo de Covid-19, y lo trasladaron sin avisarme a una clínica de La Matanza porque dijeron que en el lugar donde estaba la obra social solo cubre guardias. Lo llevaron a un policlínico de esa localidad que está a tres horas de viaje de mi casa. Mi marido me llamó desesperado y me dijo ‘vení a sacarme de acá urgente’. Lo dejaron en una habitación sucia, con los vidrios de las ventanas rotos, con un baño que ni siquiera estaba higienizado, lo dejaron ahí solo y nadie fue a revisarlo. Fuimos con mi hijo a buscarlo. No nos querían dejar retirarlo, tampoco nos dejaron ver la habitación donde estaba. Mi hijo tuvo que decirle que haría una denuncia si no lo dejaban verlo y recién ahí accedieron a que podamos retirarlo. Lo llevamos al Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde actualmente se encuentra internado en aislamiento. Por ahora no necesita respirador, tiene 51 años“, relató su calvario Cristina.
Tras las gestiones que tuvo que hacer por su cuenta, Cristina decidió también llamar a la fábrica Cattorini por su actitud irresponsable con la salud de sus trabajadores: “llamé a la fábrica donde mi marido trabaja hace 19 años para avisar que él estaba contagiado y hacer el correspondiente reclamo. Nunca nadie de allí se comunicó conmigo. Hablé con el médico de la fábrica y con Carlos Facio, el encargado de personal, ambos negaron que mi marido tenga Covid-19 y dijeron que yo mentía, también les dije que sabía que hay otros trabajadores contagiados y que no tomaron las medidas necesarias para cuidarlos, y que iba a hablar a los medios de comunicación para denunciar a la fábrica. Al otro día mandaron a mi casa a dos trabajadores de mi marido en un auto, con un poquito de mercadería como diciendo, le damos algo a esta para que cierre la boca”.
En la fábrica a los trabajadores les dan un barbijo que no sirve para nada, muchos compañeros de trabajo de mi marido me llamaron cuando supieron del caso, pero no quieren hablar porque tienen miedo que los echen – denunció – Esta semana dos de mis hijas de 19 y 17 años empezaron a presentar todos los síntomas, fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar. Llamé al municipio de Almirante Brown y nunca recibí ninguna respuesta, llamé al 148 y al 107. Me tomaron los datos, pero no vino nadie ni a asistirnos ni hacernos el hisopado. Mis hijas ahora están ambas internadas en la Clínica Boedo. Recién ayer después que denuncié públicamente en algunos medios y en mis redes sociales vinieron a hacernos el hisopado a toda la familia”, expresó Cristina, en referencia a los testeos de Covid-19, de los cuales aún esperan sus resultados.
En este contexto, Quilmes es el segundo distrito del país con mayor cantidad de positivos de Coronavirus, con 502 contagiados, detrás de La Matanza que ya superó los 650 casos. Los contagios se concentran en los barrios de mayor precariedad y hacinamiento, como las villas Itatí y Villa Azul, que se hicieron conocidas en estos días en los medios por la cantidad de casos concentrados.
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Las amenazas del gobierno de Larreta: «o sos voluntario o te vas»

Con la excusa de la cuarentena y la lucha contra el Covid-19 el gobierno porteño aprieta trabajadores y los suman a tareas para las que no les proveen siquiera de alcohol en gel.
La cuarentena en la ciudad de Buenos Aires es la más estricta de la Argentina y desde un primer momento todas las áreas de la vida cotidiana porteña se vieron afectadas por las restricciones. Entre ellas, una que se sostiene en sus medidas es la que abarca a los empleados públicos.
A partir del momento en que la pandemia por el coronavirus se instaló con fuerza, la gran mayoría de los trabajadores que dependen del gobierno porteño vio paralizada su actividad laboral. En este marco, y desde hace ya varias semanas, quienes están sufriendo la precarización más que nadie son quienes revisten en la categoría “contratados”, que suman unos 18.000 y que sobreviven con convenios basura multiplicados por la gestión del PRO desde hace una década y media.
¿En qué consiste el manoseo del trabajo de los asalariados del Estado comunal? En obligarlos a sumarse como “voluntarios” para calzarse un chaleco con los colores del PRO y poblar esquinas porteñas con el fin de decirles a los transeúntes cómo ponerse los tapabocas. O peor: asistir con diversas funciones en hoteles donde se encuentran aislados pacientes positivos de Covid-19. Sin herramientas, sin protección acorde, en algunos casos sin siquiera alcohol en gel.
La manipulación de los trabajadores porteños tiene un marco teórico amparado en el programa denominado Servidores Públicos, surgido tras el estallido de la pandemia y que funciona bajo la órbita de la neblinosa Secretaría de Transformación Cultural, manejada por la funcionaria multitarget María Paula Uhalde, dependiente a su vez de Jefatura de Gabinete, aunque la cartera bajo la que se motoriza la extorsión de los contratados y su transformación en “voluntarios” es el Ministerio de Modernización, eufemismo con el que el PRO denomina a la oficina encargada de eliminar contratos y reemplazarlos por amigos y favorecidos de diversa índole.
“Me llamaron por teléfono todos los días hasta que dije que sí”, indicó ante Infonews un trabajador contratado en una de las dependencias que se encuentra bajo el paraguas de la Jefatura de Gabinete que maneja el siempre sonriente Felipe Miguel (“casado con Sofi, papá de Martu, Segundo, Joaco y Santi. ¡Todos bien bosteros!”, tal como indica su cuenta en Twitter).
En otro ámbito de la Ciudad, más precisamente en el de Cultura, los contratados penden de un hilo igual de débil que el resto. “Estuve parada cuatro horas en una esquina diciéndole a la gente mayor que se ponga barbijo y a los padres con chicos que no saquen a los nenes a la calle”, dijo por su parte a este portal una trabajadora de una de las dependencias de ese sector del gobierno porteño.
La situación en los hoteles es más grave porque se trata de trabajos puntuales que suelen realizar aquellos con conocimientos en salud, pero que en este caso son puestos cubiertos por quienes no tienen formación alguna en el tema y que se encuentran ahí solo para no ser despedidos.
“Me tocó estar varias horas en un hotel lleno de personas aisladas por haberles dado positivo el test del coronavirusNi siquiera tenía alcohol en gel para llevar encima”, puntualizó a Infonews un empleado de Infraestructura, otro de los ámbitos castigados por los caprichos de la primera línea de la burocracia larretista.
En tanto, el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), reafirmó su lugar de legitimador de las políticas del macrismo cuando celebró la creación del cuerpo de “voluntarios”: Sin embargo, ante la constante llegada de denuncias sobre las condiciones en las que se está llevando a cabo ese falso voluntariado, la conducción del sindicato a cargo del vitalicio Amadeo Genta emitió un comunicado en el que subraya la precarización. En un texto difundido el 30 de mayo, Sutecba achaca a “un grupo significativo de funcionarios políticos” la situación de “maltrato, impertinencia y arrogancia” con la que están llevando adelante la situación, que el sindicato relaciona con “comportamientos autoritarios e indignantes”.
Por su parte, ATE Capital también emitió un comunicado pero la acción de resistencia a las extorsiones ejecutadas por Rodríguez Larreta por el momento no fueron más allá de eso.
Más allá de los comunicados y las declaraciones altisonantes, los contratados apretados para “voluntariar” siguen en una situación límite en la que tienen que elegir entre ponerse el chaleco amarillo o quedar indefensos ante los caprichos de un funcionario que de un momento a otro podría firmar la cancelación de sus empleos.
Además, el contubernio en el que se enroscan gobierno y Sutecba se vuelve grave cuando los propios delegados gremiales aconsejan a los contratados aceptar las condiciones precarias que les tira encima la jefatura comunal para estar “más juntos”, según testimonios de distintas reparticiones.
Entre los ámbitos más castigados los trabajadores que vienen soportando destrato, extorsión y humillación por parte del Estado se encuentran afectados a las áreas de Desarrollo Humano, Cultura, Comunicación, Infraestructura y Hacienda entre muchas otras.
En ese marco, el Complejo Teatral Buenos Aires es uno de los espacios donde más “voluntarios” se buscan. Días atrás, el coordinador administrativo del CTBA, Leonardo Bellante, envió un audio a los trabajadores indicando las presuntas ventajas de sumarse como voluntarios. La amenaza fue clara: “Les tengo que decir que aquellos que no se anoten… nos está pidiendo Jefatura de Gabiente que informemos nombre y apellido, mail y teléfono para que ellos directamente los contacten a cualquier actividad que el Gobierno necesite”.
Al mismo tiempo la situación se replica en el Ministerio de Hacienda porteño, aunque de forma más explícita, ya que un funcionario de alto rango difundió entre los empleados un audio en el que dice sin filtro que “no lo tomen como una amenaza, simplemente como una obligación civil que tenemos como empleados públicos… todos tienen que llamar (y anotarse como “voluntario”), el que no llama, se va«.

Superpoderes

La situación de precarización extrema de los trabajadores va de la mano con las flamantes facultades que la Legislatura porteña le otorgó en medio de la cuarentena a Horacio Rodríguez Larreta, quien desde ahora puede disponer de contratos y reubicaciones a sola firma, sin que medie negociación laboral alguna ni puedan intervenir los estamentos lógicos de las cadenas del universo del trabajo.

Trabajadores unidos

Ante el atropello, los empleados de Cultura, el área más castigada por los recortes desde hace 60 días, decidieron unirse (sin apoyo del sindicato) y emitir un comunicado en el que destacan “la disconformidad de lxs trabajadorxs del sector cultural del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a la reasignación de tareas que lleva adelante el actual gobierno de la ciudad, a través de la resolución RESFC-2020-GCABA-MJGGC EEN° 13.833.467-GCBA-SECTC/20”.
En el texto, remarcan que los trabajos que se ven forzados a realizar deberían “ser llevados a cabo por personas preparadas e idóneas para ello”.
“Reasignar a los trabajadores del sector cultural a trabajar en hoteles, vacunatorios y otros comprobados focos de infección, pone en riesgo nuestra integridad física, ampliando significativamente la posibilidad de contagio y circulación del virus, y contribuyendo irresponsablemente al aumento general de la curva epidemiológica”, dicen.
Además, exigen que, por el contrario, se les “asignen tareas que puedan ayudar a paliar el enorme daño económico que se está generando en el ámbito de la cultura y de ese modo colaborar en la creación y producción de contenidos culturales que puedan contribuir en esta época de emergencia a la prevención, información, pensamiento y reflexión y/o entretenimiento; poniendo en práctica las competencias por las cuales fuimos contratados”.
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Denuncian a Farmacity aprieta a sus trabajadores para aceptar rebajas salariales
Denuncian a Farmacity aprieta a sus trabajadores para aceptar rebajas salariales
Los trabajadores denunciaron que la cadena de farmacias del ex Vice Jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Mario Quintana aprieta a sus empleados para que «voluntariamente» acepten rebajas salariales.
La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (Fafta) denunció a Farmacity, empresa creada y dirigida por el ex Vice Jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Mario Quintana, por «requerir» a los trabajadores la aceptación «voluntaria» de una reducción en sus salarios.
La entidad advirtió que es una práctica desleal que viola el DNU 329/20 -que prohíbe los despidos- y oculta una suspensión de tareas.
La federación que conduce Roque Garzón presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación frente a lo que consideró un «avance» de Farmacity sobre los derechos laborales y el Convenio Colectivo de los trabajadores de farmacia.
Para el gremio, la empresa busca disuadir a sus empleados para que acepten «menores horas de trabajo y reducción salarial, convirtiéndolos en blanco de ajuste de una supuesta baja en su rentabilidad, que la propia cadena de farmacias no puede demostrar».
Fafta planteó que Farmacity «en lugar de ir contra los derechos de los trabajadores para beneficio de la empresa, podría haber solicitado» adherirse al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para las empresas.
«El hecho de que no haya solicitado la asistencia del ATP exhibe la imposibilidad concreta de demostrar la merma en su facturación», sostuvo la entidad y advirtió que con este accionar Farmacity «pretende cubrir las pérdidas de las demás actividades del grupo Pegasus, al que pertenece -y que tiene diferentes actividades que están cerradas en algunas provincias-, con el sacrificio de los trabajadores de farmacia».
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«Confío en que el Gobierno va a encontrar una solución para que los trabajadores puedan cobrar el aguinaldo»
"Confío en que el Gobierno va a encontrar una solución para que los trabajadores puedan cobrar el aguinaldo"
El secretario general del sindicato de canillitas, Omar Planini, confió hoy en que el Gobierno «va a encontrar una solución» para que las empresas puedan abonar el aguinaldo en tiempo y forma», ya se que se trata, dijo, «de un derecho de los trabajadores».
«Que un trabajador sienta que no va a percibir un derecho que le corresponde (como el aguinaldo) no es bueno. Por eso, confío mucho en que el Gobierno va a encontrar una solución para que no haya que llegar a esa medida de no cobrarlo o tener que cobrarlo en cuotas», sostuvo el sindicalista.
En los últimos días, cámaras empresarias advirtieron que las pymes no están en condiciones financieras de hacer frente al pago del salario anual complementario que corresponde a junio, a raíz de la severa situación que atraviesan por efecto de la pandemia.
En declaraciones radiales, Plaini señaló que la posibilidad de que el aguinaldo de junio no se cobre en tiempo y forma «es una versión que circuló por los medios, pero creo que si hay algo de esto el Gobierno se conectará con la CGT para analizar la situación».
«Hasta ahora, el Gobierno siempre actuó conversando con todos los sectores de la sociedad. Y éste es un momento de seguir dando asistencia, como se está con el ATP, el IFE o los créditos a tasa cero. Hay que seguir en esa línea y confío en que el Gobierno lo va a hacer», enfatizó el dirigente gremial, quien también es senador bonaerense por el Frente de Todos.
Según Plaini, es necesario «mantener el colectivo de trabajadores que tenemos y mantener el ingreso, que estamos perdiendo en relación a años anteriores».
Por otra parte, comentó que todos los sectores «planteamos algún tipo de protocolo para funcionar en el marco de la cuarentena. A todos nos gustaría que se reabran todas las actividades, pero la decisión del presidente Alberto Fernández es muy inteligente».
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El Gobierno incluyó en el ATP a los más de 3 mil empleados de cines
El Gobierno incluyó en el ATP a los más de 3 mil empleados de cines
El Gobierno incluyó a las salas de cine entre las actividades que reciben el beneficio de reducción de contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de mayo, en el marco de las medidas destinadas a paliar la crisis por el coronavirus.
Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 963/2020 del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), publicada hoy en el Boletín Oficial, junto con el Acta 13 emitida por este cuerpo.
La normativa incluyó a la actividad denominada «exhibición de filmes y videocintas», que agrupa a los cines del país, y cuenta con 83 empresas que en febrero pasado emplearon a 3.333 asalariados.
El informe del Comité destacó que «si bien el sector emplea a trabajadores en todas las provincias, tiene una clara concentración geográfica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), región que explica más del 60% de los puestos de trabajo del sector».
Subrayó que «el sector ha sido uno de los más castigados por la coyuntura de la pandemia, producto de que la totalidad de los cines permanecieron cerrados tras el inicio del aislamiento».
Precisó que «los datos de la ATP para el pago de salarios de abril permiten ver que el 99,3% de los empleados del sector fue beneficiario del programa, lo cual indica una crisis sectorial sin precedentes».
Indicó que «a modo de comparación, en el resto de los sectores que se presentaron a la ATP dicha cifra fue en promedio del 46,3%, lo que es indicador de la gravedad relativa de la actividad».
Señaló que la situación del rubro de cines reviste una gravedad aún mayor, ya que a la facturación virtualmente nula del período iniciado a partir del 20 de marzo se le suma el hecho de que se trata de una actividad que, al implicar aglomeración de personas, va a tardar más que el resto en ser rehabilitada.
Además, puntualizó que «al día de la fecha los cines siguen cerrados en todo el país, incluso en las provincias que más han flexibilizado sus actividades».
Asimismo, remarcó que «la concentración geográfica del sector en el Amba implica que, aún si los cines se llegaran a rehabilitar en un futuro próximo en provincias con favorable evolución epidemiológica, la mayor parte del sector tardará todavía más en reactivarse».
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El subsecretario de Empleo de María Eugenia Vidal se queda con la intervención del SUPA San Martín
El subsecretario de Empleo de María Eugenia Vidal se queda con la intervención del SUPA San Martín
Se trata de Eugenio Begue, camaleónico dirigente de pasado massista que supo ser subsecretario de Empleo de María Eugenia Vidal hasta el 10 de diciembre de 2019. Ahora estará al frente de la intervención del SUPA San Martín.
A través de la Resolución 460/2020 publicada hoy en Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo de la Nación designó al frente de la intervención del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbúes y Puerto Gaboto a Eugenio Begue por el plazo de 180 días.
Begue es un camaleónico dirigente de raíces peronistas que supo ser massista y macrista y que fue subsecretario de Empleo de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires hasta el 10 de diciembre de 2019.
Reemplazará en el cargo a Marcelo Urban que en los últimos días había cerrado un acuerdo modelo, cuyos lineamientos de gestión se los atribuyó a la cartera laboral, por el cual el gremio asumió parte de las remuneraciones de los afiliados incluidos en el grupo de riesgo del Covid-19.
Ahora, Begue deberá presentar un informe detallado del estado económico financiero en que se encuentra la entidad, como así también rendición detallada de su gestión en el cargo, en el término de 45 días corridos contados desde la fecha de toma de posesión de su cargo.
Begue, un antikirchnerista furioso, es recordado por varios dirigentes del mundo sindical por una nota de opinión que llevaba su firma en la que, desde un reconocido portal de política, le diagnosticó problemas mentales a CFK.
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Córdoba: problemas sindicales por recorte previsional, salarial y falta de transporte público

Aunque la pandemia ha mostrado dos argentinas distintas: la de Buenos Aires y la del interior, hay problemas que atraviesan toda frontera y se exhiben con similitudes en todos los territorios de norte a sur.
En ese sentido el diputado nacional nacional del Frente de Todos por Córdoba, Pablo Carro, señaló que aunque en algún sentido el nivel de apertura de actividades es distinto, la crisis económica es para todos y “su provincia no escapa a la realidad nacional que tiene sus problemas en la capital y tiene sus focos de conflictividad social en los barrios marginales”.
Al respecto afirmó en Estado de Alerta que en provincia han llevado a “una reforma previsional que es un recorte de derechos laborales sin ninguna duda, una caja deficitaria, los jubilados que van a terminar ganando menos de lo que ganaban”, denunció el legislador. 
Según señaló algo similar sucedió en la ciudad: “se modificó el estatuto del trabajador municipal para achicar la jornada y pagar menos salarios” y sumó conflictos también en otros sectores: “hace más de un mes que no hay transporte urbano ni interurbano en la Ciudad de Córdoba, la pandemia un poco esconde todo esto, pero hay una gran conflictividad sindical”, remarcó el legislador.
Con respecto al funcionamiento del Congreso, Carro explicó que por una cuestión “telemática y las dificultades que hay, estamos buscando tratar de llegar a la Cámara con acuerdos previos y que sean temas sencillos de tratar y de trabajar”, concluyó el diputado que presentó un proyecto para que las grandes empresas que tienen dinero o firmas en paraísos fiscales queden exentas por de recibir los beneficios de ATP del Gobierno nacional.
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La CGT y la UIA extienden por 60 días el acuerdo para suspender personal

  El mecanismo había vencido el 31 de mayo pero fue renovado y comenzará a regir una vez que sea homologado por el Ministerio de Trabajo. Contempla el pago del 75% del sueldo bruto.
CGT y UIA
CGT y UIA, nuevo acuerdo 
La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) acordaron este jueves extender el mecanismo pactado de suspensiones masivas contra el pago del 75% de los salarios netos por 60 días más. Ambito había adelantado la semana pasada que estaba definiéndose la prórroga. Resta que lo homologue el Gobierno.00:00/00:00Loading Ad
Si bien aún falta que el Ministerio de Trabajo homologue la extensión de la medida que había sido firmada por las autoridades de ambas partes el 30 de abril de 2020 y venció el pasado 31 de mayo, este acuerdo promete la continuidad de los puestos de trabajo durante el tiempo en que se haga efectiva la suspensión.
«Ambas instituciones buscan mitigar el impacto de la pandemia brindando un marco de previsibilidad para trabajadores y empresarios», informó la UIA mediante un comunicado impartido a los medios periodísticos.
Asimismo, se comunicó que el acuerdo exceptúa a los trabajadores que no pueden concurrir a sus puestos laborales por estar dentro de los grupos considerados de riesgo, así como también a los que hayan acordado con sus empleadores continuar sus labores desde el lugar de aislamiento.
«Este acuerdo es fruto del esfuerzo conjunto que están realizando empresarios y trabajadores en el marco de una pandemia que afecta a todos los países. Preservar los puestos de trabajo existentes y garantizar la sustentabilidad de las industrias argentinas son los objetivos fundamentales de esta iniciativa conjunta», argumentó la entidad presidida por Miguel Acevedo.
La noticia había sido adelantada por este medio la semana pasada luego de recurrir a fuentes que participaron de la negociación.
Desde la CGT expresaron que la medida encontrará nuevamente el visto bueno por parte de las autoridades gubernamentales.
Este mecanismo llevado adelante por la CGT y la UIA sirvió de base para acuerdos sectoriales de licenciamientos masivos como los que firmaron con sus cámaras empresarias los gremios de Comercio, gastronómicos (Uthgra) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre otros.
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Advierten que solo 10 hospitales porteños cuentan con los elementos de protección necesarios

Un nuevo relevamiento realizado por trabajadores de la salud de la Ciudad denuncia la falta de camisolines y barbijos. El distrito ya tiene casi 10 mil casos.
Trabajadores de los hospitales de la Ciudad denuncian la falta de elementos de protección contra el coronavirus.
Trabajadores de los hospitales de la Ciudad denuncian la falta de elementos de protección contra el coronavirus.
Con casi 10 mil casos de coronavirus confirmados, la Ciudad es el epicentro de la pandemia en la Argentina y el temor se focaliza en un eventual colapso de su sistema de salud. Por eso, y con la economía como telón de fondo, la continuidad de la cuarentena en territorio porteño plantea varios interrogantes.00:00/00:00Loading Ad
Un nuevo relevamiento realizado por trabajadores de la salud de la Ciudad advierte que solo diez de los hospitales públicos locales cuentan con los Equipos de Protección Personal (EPP) necesarios para evitar contagios de Covid-19 entre los empleados sanitarios.
Un vecino del barrio José Luis Cabezas de Berisso y Ensenada, aislado a raíz de la aparición de un brote de Covid-19.
El Informe Epidemiológico elaborado por la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA relevó 29 de los 34 efectores públicos de salud, y destacó que «23 tienen atención con internación de pacientes que padecen Covid-19».
Según el estudio, los trabajadores denuncian el uso de «camisolines hidrorepelentes que no repelen, que se rompen, que no llegan a cubrirnos, barbijos n95 que no están certificados, que no alcanzan y que se caen durante los procedimientos», y advirtieron que esos «son solo algunos ejemplos del día a día en los hospitales y centros de salud».
«Los trabajadores refieren que de contar con los EPP, son de mala calidad, no hay diferentes talles, por lo que no cubren al personal de salud durante el procedimiento, poniéndolo en riesgo», informa el estudio.
Y añade: «Esto hace que tengan que autogestionarse con plata de su bolsillo o pedir donaciones, usando estos insumos y no, los otorgados por el Gobierno».
Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que «todavía no pasó lo peor». «Estamos con 400 casos por día y la curva está evolutiva. No estamos como los europeos, aún no pasamos lo peor», relató el funcionario en diálogo con Radio con Vos.
Con respecto a la posibilidad de flexibilizar más el aislamiento, Quirós justificó la decisión de permitir la actividad física nocturna en la Ciudad y la apertura de nuevos comercios debido a que que «se ha estabilizado la curva» de casos de coronavirus.
«Tuvimos un crecimiento, pero en esta semana se ha estabilizado la curva. Además la ciudadanía porteña está clara en lo que pasa y nos está acompañando», sostuvo el funcionario en otra entrevista con el programa «Alguien tiene que decirlo» por Radio Rivadavia.
Quirós señaló que el índice de contagio en la ciudad es algo superior a uno: «Por eso crecen los casos, pero muy poco», advirtió, y reiteró que las disposiciones que se tomarán a partir de la semana que viene son una respuesta «a una sociedad que se encuentra muy cansada y espera otro tipo de medidas», en el marco del aislamiento por la pandemia.
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La construcción se desploma un 75% y pierde 100 mil puestos de trabajoA pesar de las flexibilizaciones en las provincias, se espera una destrucción aún mayor del empleo sectorial.
La construcción se desploma un 75% y pierde 100 mil puestos de trabajo
En una caída sin precedentes históricos, la construcción sufrió un desplome del 75,6% interanual en abril y acumula una destrucción de 100 mil puestos de trabajo en el último año.
A pesar de las flexibilizaciones en varias provincias y los tenues anuncios de obra pública, la actividad continúa en caída libre desde hace 19 meses. Por lo tanto este nivel de caída se da en relación a un mes que ya había sufrido un fuerte recorte respecto a 2018.
En términos intermensuales, la baja desestacionalizada alcanzó el 51,5% contra un marzo que ya había caído un 37,9%.
Los datos reportados por el Indec muestran que los números más dramáticos se dan en el hormigón elaborado (-93,7%), mosaicos (-90,3%), ladrillos huecos (-87,1%), asfalto (-86,5%) y yeso (-85,6%). Pero incluso el rubro menos afectado, las cales, también marcó una preocupante contracción del 33,8%.
En este marco es que se destruyeron 17 mil empleos formales en un mes y 100 mil en el último año, un descenso del personal del 23,4%.
Las proyecciones estiman un sendero aún más preocupante. Por un lado, porque el reporte de puestos de trabajo tiene un atraso de un mes en relación a los datos de producción, es decir que en este momento recién estamos observando la situación de marzo.
A su vez, la apertura de mayo fue muy lenta y dadas las dificultades de transporte en el AMBA, es probable que este ritmo se mantenga algunos meses más.
En Capital Federal el 70% de los trabajadores de la construcción viven más allá de la General Paz, lo que podría convertir al transporte público en un foco infeccioso para los más de 150 mil obreros de esta rama.
Es por eso que la encuesta realizada por el Indec, el 76,7% de los empresarios prevé que la obra privada disminuirá y el 44,2% considera que tendrá que recortar personal contra solamente un 2,3% que piensa aumentar sus dotaciones.
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Envio:RL

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