Resumen Latinoamericano, 1 julio 2020.-
Por la mañana, trabajadores autoconvocados de las empresas Ersa y Aucor cortaron el servicio en reclamo por el pago de deudas salariales.
El servicio de transporte urbano de pasajeros de Córdoba continúa resentido desde las primeras horas de hoy luego del bloqueo que comenzaron trabajadores de Ersa y Aucor junto a sus esposas en reclamo por una abultada deuda que incluye retenciones -que sostienen son indebidas- de aportes jubilatorios y de obra social.
A partir de esta situación, desde la mañana de este miércoles no circulan todas las líneas de los corredores 2, 3, 5, 7, 8, 45 y anulares de Ersa y el corredor 4 de Aucor. En cambio, comenzó siendo normal el servicio en las líneas que dependen de Coniferal y de la empresa municipal Tamse.
Finalmente, pasadas las 16, el gremio de los choferes del transporte urbano (UTA) decretó un paro por tiempo indeterminado en todo el sistema que cubre recorridos en la ciudad de Córdoba.
«Hemos tomado esta determinación ante la falta de respuestas del sector empresario a los requerimientos salariales hechos tanto en el Ministerio de Trabajo de la Nación como de la Provincia», sostuvo el gremio por medio de un comunicado.
«Nos están debiendo diferencias de abril, mayo, todo junio, dos cuotas del decreto de Nación y aguinaldo. No aportan a obras sociales. Ni jubilación», explicó María José, la esposa de uno de los afectados. “El gremio no nos atiende y cuando reclamamos el gremio nos manda la Policía. De acá no nos movemos hasta que no esté la plata depositada. Hay 400 personas con familias en la punta de línea», agregó.
Mientras tanto, el fiscal de instrucción Raúl Garzón dispuso que los manifestantes liberen media calzada en las puntas de líneas para permitir que los choferes que quieran trabajar lo hagan.
Municipales volvieron a movilizarse en reclamo de la caída de contratos
1 de julio de 2020
El Suoem volvió a movilizarse esta mañana en reclamo de la caída de unos 117 contratos laborales
Empleados municipales de Córdoba, nucleados en el gremio del Suoem, realizaron este mediodía una nueva movilización en reclamo porque el Gobierno local decidió no renovar los vínculos laborales de 117 trabajadores que vencieron el martes.
En una protesta que comprendió una marcha por las calles céntricas que finalizó frente al Palacio 6 de Julio, los gremialistas y trabajadores reclamaron una reunión con el intendente Martín Llaryora y puntualizaron su reclamo en que dos de esos contratos que no se renovaron corresponden a dos empleados del área de salud.
Sin embargo, la Municipalidad, que había adelantado el mes pasado que los trabajadores sanitarios continuarían sin modificaciones y sin rebajas salariales, aducen que las dos personas por las que reclaman realizaban tareas administrativas en el sector.
En la jornada de hoy, y ante los reiterados disturbios de las últimas protestas, se dispuso un importante operativo policial y un vallado en las adyacencias del edificio municipal, aunque no hubo mayores inconvenientes.
Resumen Latinoamericano, 1 julio 2020.-
Se trata de dos trabajadoras sociales y dos abogados, quienes en el actual contexto de emergencia por la pandemia Covid-19 fueron informadas por la persona a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos, Políticas de Género y Diversidades del Municipio que quedaban despedidos “por órdenes de arriba hay que recortar el presupuesto”.
Reproducimos comunicado de Trabajadores del Servicio Local de San Vicente y Trabajadores del Programa de Erradicación de la Violencia de Género e Igualdad de Oportunidades de San Vicente:
El día 27 de junio del corriente, en contexto de emergencia sanitaria por la Pandemia COVID19, cuatro compañeros/as, dos de las cuales se desempeñan como Trabajadoras Sociales y dos como Abogados, reciben un llamado por parte del Dr. Martin Torres Ferreyra, quien tiene a cargo la Dirección General de DDHH, Políticas de Género y Diversidades, comunicándoles que quedan despedidos/as de su puesto laboral, evadiendo su responsabilidad y manifestando que: “por órdenes de arriba hay que RECORTAR EL PRESUPUESTO de la municipalidad, yo no las elegí» (SIC). Dejando a entrever que la responsable sería, la Secretaria de Desarrollo Humano; Sra. Andrea Juana Romano.
Así, sin un fundamento lógico, sin contemplar que estos despidos se dan en el marco de la pandemia del DNU 329/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que los PROHIBE.
El Servicio Local de Promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes es un Organismo esencial creado por Ley 13.298, donde el deber de la Municipalidad es garantizar el funcionamiento y sostenimiento de tal, a fin de brindar el acompañamiento necesario para la población que sufre distintos tipos de vulneración.
En este contexto, siendo trabajadores monotributistas, precarizados, sin incremento salarial desde hace más de 1 años, nos encontramos con cuatro despidos arbitrarios e injustos provocando el vaciamiento del área de niñez y de Género, actor fundamental para garantizar y proteger derechos de niños, niñas y adolescentes, mujeres y Diversidades.
¿Recorte de presupuesto en materia de Derechos Humanos? ¿En plena crisis social y económica?
Esto redunda en un perjuicio para los NNyA y de las Mujeres que se encuentran atravesando una situacion de violencia.
Despiden profesionales cuando en este contexto se incrementan las intervenciones de violencia en general.
Estamos frente a un estado que no garantiza niveles esenciales de derechos, que no maximiza los recursos disponibles para lograr la plena efectividad de estos, sus políticas públicas no aseguran el acceso de NNyA a sus derechos humanos fundamenta y obstaculizan el desempeño de les trabajadores de la niñez como defensores de derechos iniciando un proceso de creciente vulnerabilidad.
No tenemos respuestas, pese a presentarnos en el Palacio Municipal, y evadidas por el Sr. Intendente, Mantegazza Nicolás, quien se mostró apresurado por atender su agenda y tomo la carta que le dejamos, desestimó nuestra presencia y refirió «más tarde se van a comunicar con ustedes».
Hasta el día de la fecha, no hemos tenido una respuesta, por ello solicitamos la reincorporación del personal despedido, tanto del Servicio Local de San Vicente como del compañero del Programa de Erradicación de la violencia de Género.
Fallo ejemplar en el caso Guevara: Declaran femicidio para que los hijos puedan cobrar resarcimiento
Resumen Latinoamericano, 01 de julio de 2020
A pedido del fiscal Méndez, se dictó el sobreseimiento por extinción de acción penal –fallecimiento- de Martín Aníbal Colón, femicida de Camila Guevara. Además, se declaró el delito de femicidio o feminicidio de Camila Guevara. Al calificar el hecho de esta manera, permite que los hijos de la víctima tengan derecho a la Ley Brisa N° 27452
A pedido del fiscal de la sede General Acha, Juan Bautista Méndez, se dictó el sobreseimiento por extinción de acción penal –fallecimiento- de Martín Aníbal Colón, femicida de Camila Guevara.
Además, como lo solicitó Méndez, el juez de control Héctor Alberto Freigedo declaró que se cometió el delito de femicidio o feminicidio de Camila Guevara. Al calificar el hecho de esta manera, permite que los hijos de la víctima tengan derecho a la Ley Brisa N° 27452, la cual otorga una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidios, equivalente a un haber jubilatorio mínimo e incluye una cobertura integral de salud hasta los 21 años de edad.
El fiscal hizo hincapié en conceptualizar “femicidio” y “feminicidio” citando el Protocolo de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (Femicidio) elaborado por el Ministerio Público de La Pampa: “De acuerdo con la definición de Russell, el femicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, “los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacía ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. El feminicidio. En desarrollo del concepto anterior, la investigadora mexicana Marcela Lagarde acuñó el término “feminicidio”. Lo definió como el acto de matar a una mujer sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, pero confirió a ese concepto un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en esos casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de investigar y de sancionar. Por esta razón, Lagarde considera que el feminicidio es un crimen de Estado. Se trata de “una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”.
Méndez retomó las palabras de Valerio Emanuel Contini: “El femicidio, es normalmente, una culminación de un proceso prolongado de abuso de poder que está dirigido a dominar, someter y controlar a la mujer y viola los derechos humanos […] Debe tenerse muy en cuenta dos particularidades: 1) que gran número de casos no se denuncian (los casos denunciados son solamente la punta de un Iceberg), y 2) que las víctimas de este flagelo son cada vez más jóvenes. Estas tendencias remarcan la importancia de tomar medidas adecuadas para solucionar esta problemática”.
A partir de estas argumentaciones, el fiscal solicitó que se deje constancia en la sentencia que la muerte de Camila Guevara se produjo como consecuencia del accionar delictivo de quien era su pareja en ese entonces, Martín Aníbal Colón, que ese hecho configuró el delito de femicidio o feminicidio.
Martín Aníbal Colón mató a Camila Fernanda Guevara de forma violenta, mediante disparo de arma de fuego, en el interior del domicilio donde convivían, a raíz de que la víctima le había expresado su intención de separarse de él, situación no aceptada por el victimario, quien se negaba a abandonar la vivienda, habiendo armado una carpa en el patio frontal donde estuvo pasando los últimos días. A raíz de la decisión de separarse tomada por Camila, conforme el relato de los testigos, la observaban que se sentía libre, que había comenzado actividades que antes no realizaba, iba a la peluquería, salía a caminar, comenzó a realizar actividades de cerámica. La falta de aceptación de la separación es lo que se conoce comúnmente como la «cosificación» de la mujer, la conversión del sujeto en objeto, susceptible de propiedad. Esto se puede graficar y resumir en la frase «sos mía o no sos de nadie», y que hace referencia a la expresión amenazante e intimidante de quien obliga a otra persona a que se quede con él, y si no lo hace, termina con la vida de ella. Esto es justamente lo que se encuentra acreditado en este legajo y por esa razón, Camila fue víctima del delito de femicidio o feminicidio, enmarcado en la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Luego del delito, ocurrió la muerte del imputado por ello corresponde dictar el sobreseimiento.
Fuente: Diario Femenino
De la academia al territorio: educación por una Soberanía Alimentaria
Por Nicolás Esperante Alonso, Resumen Latinoamericano, 01 de julio de 2020
#QuéAgroecologíaNecesitamos Un repaso por la experiencia de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) y su red de colectivos afines: el proyecto que llevó la realidad alimentaria de los Pueblos al ámbito universitario para, desde ahí, articular con política pública, territorio y educación popular. Investigación, formación, extensión y comunicación para que la alimentación deje de ser un negocio y llegue a ser un derecho. Entrevista a Carlos Carballo y Miryam Gorban.
Durante el anuncio ante los medios de la intervención -y la intención de estatizar- la principal empresa cerealera argentina, Alberto Fernández declaró que “la expropiación de Vicentin es un paso hacia la Soberanía Alimentaria”. Más allá de los interrogantes que plantea la posible acción del Estado en la empresa agroindustrial, la sola mención de aquel concepto por parte del Presidente puso en la agenda pública un término que provocó curiosidad en quienes lo escuchaban por primera vez, y que llamó la atención de aquellxs para quienes es bandera de lucha y organización.
La idea de Soberanía Alimentaria se refiere al derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de garantizar una alimentación saludable, sostenible, culturalmente apropiada, suficiente y pensada para alimentar a sus habitantes. El término, propuesto por La Vía Campesina, empezó a sonar con fuerza a partir de 1996, en la Cumbre Mundial de Alimentación de la FAO, en Roma, que sucedía mientras en el Cono Sur empezaba a implementarse el modelo agroindustrial basado en la imposición de monocultivos y en el uso de agrotóxicos. La experiencia de la Cumbre fue un puntal para el desarrollo de la agroecología en nuestra región y para la difusión, promoción y debate de ideas que garanticen una alimentación saludable, que no responda a los intereses de la industria. En ese plan, y como consecuencia de la crisis económica, política y social que atravesaba la Argentina, nace en 2003, en la Universidad Nacional de La Plata, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, primera expresión de un fenómeno que hoy se extiende por todo el país.
Cátedra Libre es el término con el que la Universidad argentina denomina al medio para promover áreas de la cultura y el saber que no encuentran lugar específico en la currícula de las carreras. O sea que la problemática alimentaria y nutricional del pueblo argentino no estaba presente en la universidad pública, por lo menos, con el enfoque que le da la soberanía alimentaria, que se centra en el derecho de los pueblos”, explica Carlos Carballo, ingeniero agrónomo y referente de la Cátedra de Facultad de Agronomía de la UBA. “Las CaLiSA están abiertas a toda la población y no exclusivamente a los estudiantes universitarios, lo que promueve el intercambio de saberes con la comunidad”. Conformadas por graduadxs, estudiantes y profesorxs en una organización interna horizontal, desarrollan actividades de docencia, investigación y extensión como ferias, jornadas en barrios y producción ecológica de alimentos. Cuestionan el modelo industrial dominante de agronegocios, basado en organismos genéticamente modificados, monocultivos y fertilizantes sintéticos, como también la concepción del supermercado y el hipermercado como forma dominante de distribución de los alimentos, que los propone como mera mercancía. “Brindan su apoyo al trabajo docente, la organización y a las redes que contribuyen a la democratización del sistema agroalimentario argentino; a los procesos de la economía social solidaria que promueven la relación directa entre productores y consumidores, el comercio justo y el consumo responsable, y que constituyen la base de la producción agroecológica. Las CaLiSA buscan, en pocas palabras, la creación de redes para la construcción colectiva de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo”.
Miryam Gorban, licenciada en nutrición y Doctora Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, participó de la Cumbre de Roma en 1996 y, hoy, es referente de la Cátedra Libre de la Facultad de Medicina de la UBA. Recuerda el surgimiento y expansión de las Cátedras: “A partir de la de La Plata, surgió la de la Facultad de Agronomía en 2011 y la nuestra, en 2013, que sale de la iniciativa de los estudiantes que presentan el proyecto al Consejo Superior de la Facultad de Medicina, y que fue aprobada por unanimidad. Las otras se fueron creando poco a poco en las distintas universidades”. Las políticas neoliberales y la resistencia social de 2015 en adelante aceleraron el proceso de creación y articulación de la Red CaLiSA (las Cátedras y los colectivos afines), haciendo que hoy sean casi cincuenta cátedras y espacios presentes en universidades, facultades e institutos de todo el país. “La propuesta central es bajar la bandera del monocultivo de la soja transgénica y de los commodities, y sustituirla por la producción regional de alimentos sanos, seguros y soberanos, que -por las condiciones climáticas excepcionales que tiene nuestro país- somos capaces de producir y también de exportar. Por otro lado, planteamos la autosuficiencia alimentaria a nivel de los municipios: que cada municipio tenga un tambo, un matadero o faena para animales chicos y un cinturón de huerta para evitar los alimentos kilométricos que atraviesan el país consumiendo más energía fósil e influyendo en los desastres climáticos que nos toca vivir”.
Con la decisión de intervenir en las políticas públicas, las CaLiSA fueron convirtiéndose en actores de referencia y consulta en la discusión de normativas y políticas. Carlos indica que esta presencia se da a nivel zonal, provincial y nacional, “pero seguramente su incidencia es mayor a nivel local, en sus respectivas instituciones, con los actores y problemáticas presentes en territorios cercanos; actuando según cómo están pensando localmente la soberanía alimentaria y la agroecología”. Las distintas realidades de cada colectivo integrante de la Red hacen que la búsqueda de respuestas a los problemas sociales y ecológicos provocados por la intensificación y expansión de la agricultura industrial, se dé por diferentes caminos. “En algunas redes, se privilegia el debate académico del tema; en otras se acompaña con línea de trabajo concreto en las universidades y/o en los territorios, línea de investigación y docencia, directa o indirectamente vinculadas con la promoción de experiencias concretas de producción, elaboración, comercialización y consumo, intentando satisfacer y hacer visible demandas y necesidades de los territorios. Para todas las cátedras, constituye un enorme desafío relacionar el colectivo que la conforma -y las prácticas que la vinculan- con la realidad local, con lo nacional y lo global. Esto exige la continua y compleja reflexión resultante de esto que, para la mayoría, consiste en actuar localmente, pero pensando globalmente, respetando la diversidad propia de cada uno de los procesos en los que se participa”.
Miryam señala que, con la educación, el debate y la acción política como herramientas, las Cátedras se abocan a la difusión de otro modelo de producción posible, con la premisa de que la Soberanía Alimentaria no puede concebirse sin una agroecología integral que, además de la producción regional y sin agrotóxicos, reclame el acceso al territorio. “Planteamos el cambio del modelo productivo: salir del envenenamiento con agrotóxicos para pasar a la producción sobre la base de la agroecología. Pero no hay soberanía alimentaria sin acceso a la tierra, que se simboliza en la bandera de la reforma agraria integral”. La Red apoya las luchas por la tierra de distintas comunidades y organizaciones, y manifiesta el rechazo a la modificación de la ley de semillas, apoyando también el proyecto de ley de semilla nativa. Se expresa también contra el desmantelamiento de organismos públicos claves para el desarrollo de políticas de promoción y apoyo a la agricultura familiar campesina indígena y a lxs trabajadorxs rurales sin tierra. Al respecto, Carlos afirma: “Es clave tener políticas concretas que terminen con la discriminación negativa que impulsa a trabajadores del campo a los periurbanos, donde no encuentran bienestar ni trabajo. Es imprescindible una política de Estado referida a la agricultura familiar campesina indígena, y nos sorprende que, a seis meses de haber asumido las actuales autoridades, no esté reglamentada la ley (de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena), que es de enero del 2015”.
Queda claro que las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria no se circunscriben al aula, ni se limitan al ámbito académico. Los vínculos con las organizaciones son fundamentales, y varían localmente de acuerdo a las realidades de los territorios y a los objetivos comunes con cada una de las cátedras y grupos afines, compartiendo espacios de trabajo y reflexión, generando propuestas y acompañando sus reclamos. Al respecto, Miryam dice: “Esto nos ha fortalecido a ambas partes porque, por un lado, volcamos nuestros conocimientos, y por otro recibimos conocimientos ancestrales que están en sus manos. Nos vinculamos, desde ya, con todos los pequeños productores. Hablamos de la UTT, del MNCI, del Movimiento Campesino Liberación, de Comercio Justo, con las organizaciones sindicales… todos los movimientos sociales estamos vinculados, y la vinculación es mucho más estrecha en cada uno de los lugares de asentamiento de las cátedras: los movimientos sociales de cada territorio se vinculan con las Cátedras de sus regiones, y viceversa”.
El último Encuentro Nacional de la Red, en mayo de 2019, mostraba un presente de lucha viva y saludable, con una red de militantes y organizaciones activa y conectada. Pero también evidenciaba una situación alimentaria marcada por las dificultades de los sectores más vulnerables de la población. Hoy, con el COVID-19 sumando su agresión, las CaLiSA tienen clara la importancia de continuar tejiendo redes con la mira puesta en la Soberanía Alimentaria. “La realidad actual nos retrotrae a escenarios que se creían superados”, reflexiona Carlos. “Antes, se discutía sobre la cantidad y calidad de alimento nutricionalmente apropiado, estando ya salvada la ingesta diaria. Actualmente, nos hallamos discutiendo la posibilidad de acceder a una alimentación básica”. La Red entiende que el medio ambiente se relaciona directamente con el buen vivir de los pueblos, con la calidad de los alimentos y con la forma de producirlos, por lo que es urgente la visibilización del estado de conflicto, así como la exigencia de que el poder político se comprometa a asumir un rol activo, posicionándose del lado de la población; enfrentando -y no apoyando, como hasta ahora- al modelo del agronegocio. “Debe hablarse de un alerta sanitario alimentario de nuestra América y del planeta todo, donde se pone en riesgo cotidianamente la salud de nuestros pueblos, afectando de modo irreversible la biodiversidad planetaria y condicionando cada vez más la vida en nuestra madre tierra. Por ello, se acuerda expresar la solidaridad de todas y todos los integrantes de la Red -a nivel nacional e internacional- con todos los pueblos que luchan y resisten las agresiones del imperio y las arbitrariedades cometidas por gobiernos al servicio de las transnacionales y los agronegocios. El hambre es un crimen, de eso no tenemos duda. Y, como todo crimen, tiene víctimas; pero también causas y responsables”.
Fuente: La Tinta
Qué hay detrás de los atentados a banderas de la diversidad
Por Ricardo Vallarino* , Resumen Latinoamericano, 01 de julio de 2020
Los ataques a la bandera de la diversidad perpetrados entre el sábado y el domingo en cuatro provincias de Argentina exhiben la profundidad de un conflicto y la magnitud de su escala. El conflicto es profundo precisamente porque su sentido está a plena luz del sol. Pocas cosas materializan un sentido colectivo de manera tan evidente como una bandera, artefacto ancestral destinado precisamente a indicar, concentrar, convocar y conformar identidades colectivas.
Estos ataques a la bandera de la diversidad fueron distintos en tanto retomaron antiguos pretextos que motivaba a los atacantes: percibieron o dijeron percibir una afrenta a la identidad nacional. Y en cierto sentido, lo era, dado que el izamiento de la bandera del arcoíris tenía como propósito de visibilización y de bienvenida a nuestra comunidad, de expresar la intención de que los espacios públicos y de gobierno desean amoldarse a las experiencias e identidades LGBTIQ+; y tal bienvenida implica necesariamente el reconocimiento de la violencia patriarcal que fundó a todas las instituciones que la bandera argentina significa.
En este sentido la suplantación de una bandera por otra es el gesto de reconocimiento de que algo siempre ha estado mal en esa instauración de la bandera cosida sólo para ser mirada con ojos patriarcales. Y para ojos patriarcales, la más leve modificación de ese sentido significa la negación total de la Nación Argentina.
El proyecto de nación argentina se erigió sobre la utilidad de las mujeres para la reproducción, de las personas afro para la explotación, de la extinción de los indios para el territorio, de la corrección y/o eliminación de las personas LGBTIQ+ para producir y reproducir sin desviaciones.
Pero la bandera nacional, antes de convertirse en estándar normalizador y guerrero del orden blanco, nació como emblema de una lucha emancipadora. En ese sentido, es perfectamente compatible e incluso reemplazable por la bandera de la diversidad. Y no olvidemos que Belgrano, su creador, fue acusado por contemporáneos de ser demasiado “suave”, es decir un maricón, o una persona no conforme a su género avant la lettre. Algo que generaciones de nerviosos historiadores sentían la necesidad de aclarar que no, que no era así.
“El enemigo interno hoy somos las mujeres y las personas LGBTIQ+“
De todas maneras, no es lo mismo atacar la bandera vomitando expresiones de odio que invocando la constitución y el ser de la patria. El odio está a la base de los ataques, consciente o inconscientemente, y no importa si las ofensas verbalizadas son sinceras o deshonestas, ya que en la política lo que importa son los efectos reales, los intereses y los sentidos explícitos.
Esto queda más claro con los lugares de los ataques: las ciudades como Córdoba, Rosario, Mar del Plata y San Luis. Los sitios donde fueron los atentados nos hablan de enclaves articuladores de la dimensión federal. Fue un intento defensivo de la expansión maricona torta y trans. Nos encontramos tierra adentro, donde las fronteras argentinas fueron extendidas merced a la sangre indígena, indígenas que, por otra parte, eran acusad*s de todo tipo de corrupción de costumbres análogas a todo aquello que no encajara en la recta masculinidad de la construcción de la nación.
Los sentidos últimos de la patria
Quienes quemaron banderas, destruyeron placas y desafiaron órdenes de la autoridad democráticamente instituida no sólo invocaron a la patria y a la constitución para legitimarse, sino que subrayaban a la figura del ex combatiente. Esta figura también toca el fondo de los sentidos últimos de la patria. Últimos en sentido literal: soldado es quien pone el cuerpo por la patria, la vida por la nación. Y el ejército es ese brazo del Estado que se presume defensor de la vida frente ataques extranjeros frente al “enemigo interno”. Ese enemigo interno hoy somos las mujeres y las personas LGBTIQ+. El último era otro fantasma llamado marxismo. Esta es la asociación que los conservadores agitan a norte y sur del continente y que dada nuestra conflictiva historia con el comunismo nos resulta tan disparatada; pero se trata en definitiva de los agentes invasores y corruptores de la patria que viven o bien en la memoria-presente de los antiderechos.
Tenemos una única y triste guerra en nuestro pasado reciente, ejecutada por usurpadores de la patria. La figura del ex combatiente suele tener dos caras: la del héroe de la guerra y la de víctima de la dictadura. Los que nos insultaron ayer exhibían la primera faz, los que nos defendieron hoy, la segunda.
El arcoiris por el todo
Estamos asistiendo a un quiebre histórico y por eso la inquietud reaccionaria con la bandera es doble. Por un lado, es otra manifestación de una multitud rara que se aglutina, que adquiere derechos y que “avanza” sobre un territorio, pero al mismo tiempo políticamente no se sabe bien qué es. Es al mismo tiempo nación y extranjería, etnia sometida o europeo colonizador: enemigo externo e interno.
Esta paradoja en la lectura del sentido de la nación se produce porque la nación se ha erigido precisamente sobre el mito de la parte por el todo, que no es otro mito que el mito de la nación católica (hétero, cis, sexista, patriarcal, blanca). Lo que cambia no es sólo el conflicto sino la óptica que precisamos para comprenderlo. No es otra cosa que el paradigma de la diversidad donde la propia existencia no es una negación. Pero nada se gana sin que algo se pierda. Es el integrismo reaccionario que perdimos en el 82 y la democracia que adquirimos en el 83.
Las personas que cometieron estos atentados son producto de una experiencia política que conoce los dobles estándares. Ellos tienen la ley, la legitimidad y la autoridad de su lado pero optaron por no ir por el lado de la agresividad física. Sino que fueron al símbolo. En su imaginario hay una convicción democrática.
Pero ¿por qué rechazan tanta belleza? No se puede sino reconocer que la respuesta viene escondida en la pregunta. Sólo resta, para que tal resistencia cese, que quienes quemaron la bandera avisten en la salida del sol, después de días lluviosos y tristes, el fenómeno raro y fugaz que revela en toda su magia la materia brillante que compone un simple y homogéneo haz de luz.
*Es licenciado en Filosofía (UBA) e integrante de la organización 100% Diversidad y Derechos. Fuente: Agencia presentes
Ambientalistas de Esteban Echeverría denuncian aval gubernamental a la destrucción de humedales
Resumen Latinoamericano, 01 de julio de 2020
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, habilitó para que la institución deportiva Racing Club construya su predio de entrenamiento en la Reserva Laguna de Rocha. Luego de años de conflicto judicial, se destrabó la causa que impedía que avancen con las obras, ya que después de un estudio de impacto ambiental el proyecto fue declarado inviable. El martes 23 de junio los vecinos y vecinas se enteraron a través de la página oficial del club de la noticia de que la causa se destrabó y que tienen el permiso para avanzar con la construcción. Esta situación fue negociada a espaldas de los vecinos y grupos ambientalistas, que están favor de la conservación de la reserva y el humedal. “No se presentó la evaluación de impacto ambiental y nadie dice nada la respecto. Van a tapar el humedal para construir un predio deportivo generando daños gravísimos al ecosistema y causando inundaciones en los barrios aledaños”, remarcó el Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha.
La noticia la dio a conocer Racing Club de Avellaneda en su página oficial y luego fue difundido por diversos medios de comunicación. De esa manera se enteraron los y las vecinas y las organizaciones ambientalistas: “el martes 23 de junio vecinos/as y ambientalistas de Esteban Echeverría leímos con sorpresa la nota del medio El Diario Sur donde se informaba que fueron aprobadas las obras del predio del Racing Club dentro de los límites originales del humedal que conforma la Reserva Natural Integral y mixta Laguna de Rocha, en Esteban Echeverría. Esta gestión se llevó a cabo a pesar de que en la última reunión realizada en conjunto este tema no fuera tratado, sino quitado silenciosamente del temario. Y, en detrimento, de la lucha histórica por preservarla”, expresaron su indignación en un comunicado desde el Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha.
“Advertimos que el humedal y la Reserva forman parte de la cuenca media y baja del Matanza-Riachuelo y cumple una función fundamental como regulador hídrico y oxigenador – alertó la organización – Esto es clave a la hora de evitar inundaciones. La construcción de un predio aquí significará la destrucción de uno de los pulmones verdes más grandes de la provincia de Buenos Aires, ubicada en Echeverría y lindera con los partidos de La Matanza y Lomas de Zamora“, expresó, y agregó: “el predio donde el Club Racing construirá el Centro Deportivo para el plantel de primera división está previsto como un complejo de alto rendimiento y se emplazará sobre tierras fiscales nacionales que forman parte del humedal y le fueron cedidas temporariamente por una disposición del entonces presidente Néstor Kirchner, en 2009. El mismo día que el Club Racing dio a conocer la noticia, Clarín publicó la nota enviada por Gray a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en donde confirma que “habiendo sido sometido a tratamiento el Informe del Racing Club (su plan de obras más Evaluación de Impacto Ambiental) y no registrándose ni consultas ni oposiciones, da por aprobado el ‘Proyecto de Centro Deportivo Néstor Kirchner’ del Racing Club Asociación Civil”.
En esa línea, apuntaron al intendende Fernando Gray y al presidente del Organismo para el desarrollo Sustentable (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires, Ignacio Brardinelli, y les exigieron que “en un muy corto plazo esclarezcan a la ciudadanía” los siguientes puntos:
“1º- ¿Por qué habría firmado Gray que fue tratado el Informe de Racing en la reunión del Comité de Gestión del 9 de marzo cuando precisamente este tema no fue tratado en esa reunión sino quitado silenciosamente del Orden del Día, aunque la convocatoria previa sí contemplaba informar sobre ‘Resolución Corte Suprema de Justicia caso Racing’?
2º- ¿Por qué el Plan de obras y el Estudio de Impacto Ambiental de Racing no fue discutido, ni siquiera informado y menos circulado a la consideración de las tres agrupaciones ambientalistas presentes en esa reunión del Comité de Gestión el 9 de marzo?
3º- ¿Por qué previo a su nota a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires no circuló las actas del Comité de Gestión de aquella reunión a NINGUNA de las agrupaciones?
4º- ¿Por qué Brardinelli su OPDS incumple con sus atribuciones y no dispone señalizar y proteger a la Reserva Natural Laguna de Rocha que de Ud. depende, con Guardaparques activ@s, con móviles y con todos los recursos disponibles para el derecho público a un Ambiente sano?
5º- ¿Por qué la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos sigue demorando el señalamiento de la línea de inundación, e impedir con ello los avances de privados, de ocupantes clandestinos y de clubes millonarios que atentan contra la Reserva y pueden llevar a un colapso hídrico de la zona?
6º- ¿Será que Gray firmó a espaldas de vecinos/as y organizaciones ambientalistas porque conoce el rechazo histórico que hemos expresado a que se rellene un humedal público protegido por Ley, fundamental regulador hídrico y oxigenador de la cuenca media y baja del Matanza-Riachuelo, y fuente de biodiversidad?
7º- ¿Ignoran las posibles centenas de muertos e inundados como ya ocurrió en La Plata el 3 de abril del 2013, sólo cinco meses después que el actual ministro -e hincha caracterizado de Racing- Julio Alak dejara de ser su intendente tras 16 años?”.
Esas fueron las preguntas abiertas que dejó el Colectivo Ecológico Unid@s por Laguna de Rocha a los funcionarios responsables de la medida inconsulta, a la espera de obtener respuestas.
Fuente: AnRed
Envio:RL
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