Alberto Fernández encabezó la reunión del gabinete económico para comenzar a diseñar una estrategia que sea capaz de reactivar la producción. El gobierno espera una caída del 10% de la actividad para este año.
(Foto: Telam)
Por Gimena Fuertes - @gimenafuertes
1 de Julio de 2020
La caída de la actividad económica sumada a la crisis en todas las variables que dejó el macrismo preocupan al gobierno. Mientras Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía elaboran el proyecto de ley del Presupuesto 2121, para este segundo semestre el control de precios y los subsidios a la producción son los ejes de las herramientas tácticas post pandemia que prepara el Ejecutivo.
En el Informe de Avance del Presupuesto 2021, el texto que envió el Gobierno al Congreso, proyecta una caída de la economía del 10% para 2020. La recaudación cayó entre enero y mayo de 2019. "La Administración Pública Nacional registró un resultado primario deficitario, en base devengado, de $670.370 millones y un resultado financiero también deficitario de $931.713 millones", señala el informe oficial.
El ala económica del gabinete se juntó este miércoles con el presidente Alberto Fernández en Olivos. Estuvieron el Jefe de ministros, Santiago Cafiero, el titular de Economía, Martín Guzmán, su par de Trabajo, Claudio Moroni , de Producción, Matías Kulfas, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, Miguel Pesce, titular Banco Central y Mercedes Marcó del Pont, por la AFIP.
Durante tres horas, los altos funcionarios evaluaron cómo sigue la inscripción de las empresas para el ATP 3. Fueron 240 mil las empresas que se anotaron para este tramo y que representan un total de 2.300.000 trabajadores. Por ahora, el otorgamiento de estos beneficios está sujetos a la aprobación de los criterios sectoriales y de facturación.
A su vez se comenzó a diseñar una Plan Moratoria AFIP Integral destinado a empresas de todos los tamaños con el objetivo de que puedan empezar a producir. Estará pensado especialmente para comerciantes y emprendimientos productivos. A su vez, se estudian distintas líneas de crédito para que las empresas puedan tener acceso a capital de trabajo y retomar los niveles de producción a medida que la demanda se vaya recuperando.
Otro de los ejes de la reunión fue la situación de endeudamiento y baja de la recaudación de las provincias afectadas por la pandemia. Se analizaron en particular los datos de los sectores críticos que ven su nivel de actividad muy afectado por la cuarentena, como el turismo, el entretenimiento y las industrias culturales. Según afirman fuentes oficiales “se comenzaron a definir herramientas flexibles que permitan atender las heterogeneidades que se presentan según el sector, el tamaño de la empresa y la actividad específica”.
Vicentin: curiosas donaciones de propiedades días antes de que la empresa entre en convocatoria
Una accionista donó 5 inmuebles a sus hijos el 10 de enero. Para la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe constituye un posible intento de "enajenación de bienes" ante la caída de la compañía. Un caso similar involucra al propio Roberto Vicentin.
1 de Julio de 2020
Una accionista de Vicentin, la agroexportadora que está en concurso de acreedores por casi 100 mil millones de pesos y es investigada por presunto fraude, donó el 10 de enero último cinco inmuebles de sus propiedad a sus hijos, lo que para la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe constituye un posible intento de "enajenación de bienes" ante la caída de la compañía. Vale recodar que el 4 de diciembre 2019, Vicentin anunció públicamente a sus acreedores que se encontraba en una situación de “estrés financiero” y el 10 de febrero, la empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.
Las donaciones están reseñadas en el texto que la titular de la IGPJ, María Victoria Stratta, presentó ante el juzgado Civil y Comercial de la segunda nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, como ampliación del ofrecimiento de prueba para solicitar la intervención de Vicentin, dijeron los portavoces. Lorenzini es el magistrado que tiene en sus manos el concurso de la cerealera y aún debe resolver si acepta o rechaza un pedido de intervención de la administración realizado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe.
En el documento, Stratta adjunta una escritura pública pasada el 10 de enero de 2020 en la localidad santafesina de Avellaneda, sede de la empresa, por ante la escribana Mónica Lorena Ponticelli, mediante la cual la accionista de Vicentin, Bettina Eliana Padoán "dona con reserva de usufructo a sus hijos (algunos menores de edad) un inmueble" en esa ciudad del norte santafesino.
El escrito agregara que existe "otra escritura de igual fecha -número 6- y ante la misma escribana, mediante la cual se dona, también a los hijos y con reserva de usufructo, tres inmuebles más". Además, aporta como documentación una tercera escritura –número 7- "de igual fecha y ante la misma escribana, donde dona a sus hijos con la misma reserva otro bien inmueble" cuyos detalles no brinda. "Todos los certificados, que también constan en el anexo, habían sido ingresados el 18 de diciembre de 2019", señala Stratta al juez del concurso de Vicentin.
Tras analizar y aportar documentaciones sobre casos similares de otros tres accionistas de la empresa, su presidente Daniel Buyatti, Roberto Oscar Vicentin y Martín Colombo, la titular de la IGPJ de Santa Fe concluye que "esta información resulta relevante, teniendo en cuenta que -de conformidad con lo dispuesto en la ley general de sociedades- los directores deben garantizar a la sociedad su desempeño".
Otro presunto caso de "enajenación de bienes" señalado por Stratta involucra a Roberto Oscar Vicentin, quien junto a su esposa María Soledad Raffin habrían realizado el trámite de protección de vivienda de un inmueble el 9 de diciembre de 2019. Según la presentación del Gobierno de Santa Fe, el 5 de febrero pasado realizaron el trámite inverso y "en la misma escritura, luego de producir la desafectación, Roberto Oscar Vicentin vende a Natalia Julieta Vicentin -aparentemente hermana suya- el referido inmueble antes afectado como vivienda".
En el documento, Stratta adjunta una escritura pública pasada el 10 de enero de 2020 en la localidad santafesina de Avellaneda, sede de la empresa, por ante la escribana Mónica Lorena Ponticelli, mediante la cual la accionista de Vicentin, Bettina Eliana Padoán "dona con reserva de usufructo a sus hijos (algunos menores de edad) un inmueble" en esa ciudad del norte santafesino.
El escrito agregara que existe "otra escritura de igual fecha -número 6- y ante la misma escribana, mediante la cual se dona, también a los hijos y con reserva de usufructo, tres inmuebles más". Además, aporta como documentación una tercera escritura –número 7- "de igual fecha y ante la misma escribana, donde dona a sus hijos con la misma reserva otro bien inmueble" cuyos detalles no brinda. "Todos los certificados, que también constan en el anexo, habían sido ingresados el 18 de diciembre de 2019", señala Stratta al juez del concurso de Vicentin.
Tras analizar y aportar documentaciones sobre casos similares de otros tres accionistas de la empresa, su presidente Daniel Buyatti, Roberto Oscar Vicentin y Martín Colombo, la titular de la IGPJ de Santa Fe concluye que "esta información resulta relevante, teniendo en cuenta que -de conformidad con lo dispuesto en la ley general de sociedades- los directores deben garantizar a la sociedad su desempeño".
Otro presunto caso de "enajenación de bienes" señalado por Stratta involucra a Roberto Oscar Vicentin, quien junto a su esposa María Soledad Raffin habrían realizado el trámite de protección de vivienda de un inmueble el 9 de diciembre de 2019. Según la presentación del Gobierno de Santa Fe, el 5 de febrero pasado realizaron el trámite inverso y "en la misma escritura, luego de producir la desafectación, Roberto Oscar Vicentin vende a Natalia Julieta Vicentin -aparentemente hermana suya- el referido inmueble antes afectado como vivienda".
Sigue el Ahora 12 hasta fin de año y los precios máximos hasta agosto
El gobierno nacional dispuso estas dos medidas para paliar la crisis económica producida por la pandemia.
1 de Julio de 2020
El gobierno nacional prorrogó el programa Ahora 12 hasta fin de año y los precios máximos hasta fin de agosto en medio de la continuidad de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.
El Gobierno nacional extendió hasta el 31 de diciembre próximo la vigencia del programa Ahora 12, e incorporó a las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito emitidas por entidades no financieras. También se podrán ofrecer pagos en 3, 6, 12 y 18 cuotas, y las compras de los artículos incluidos se podrán realizar cualquier día de la semana.
El programa comprende productos de línea blanca; indumentaria; joyería y relojería; calzado y marroquinería; materiales y herramientas para la construcción; muebles; bicicletas; motos hasta un valor de $ 180.000. También incluye al rubro turismo dentro del territorio nacional; y a colchones; libros de impresión nacional y anteojos recetados, adquiridos en ópticas, hasta $ 10.000.
La medida alcanza también a artículos de librería; juguetes y juegos de mesa; teléfonos celulares 4G; neumáticos: kit de conversión de vehículos a gas natural comprimido (GNC); repuestos para automotores y motos: Instrumentos musicales; computadoras, notebooks y tabletas; artefactos de iluminación; televisores; perfumería y pequeños electrodomésticos.
Además, incluye servicios de preparación para el deporte y gimnasios; equipamiento médico; maquinaria y herramientas; alimentos y medicamentos.
A esta lista se agregaron ahora -bajo la modalidad de 3 y 6 cuotas- las lámparas y tubos de iluminación con tecnología LED, producidas dentro o fuera del territorio nacional, cuyo destino sea residencial, comercial o industrial, y cumplan con los requisitos exigidos a los fines de su comercialización.
Por otra parte, se mantuvieron los plazos de cobro y las tasas de interés para proveedores y comercios, por las operaciones con tarjetas, que rigen para todos los plásticos, sean emitidos por una entidad financiera o no.
Cómo cobran los operadores
Los proveedores y comercios en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito cobrarán en un plazo de hasta 10 días hábiles para las ventas realizadas con la modalidad de tres cuotas, con la aplicación de una tasa máxima de descuento de 2,44%; y en seis cuotas, de hasta 4,75%.
En tanto, podrán elegir cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento del 7% directa o en hasta 10 días hábiles con una 9,15%, para las ventas realizadas en 12 cuotas.
Para las operaciones a 18 cuotas se podrá elegir entre cobrar a 60 días corridos con un descuento del 11,18% o hasta 10 días hábiles, con un descuento del 13,26%.
Precios Máximos
La decisión del Gobierno nacional de prorrogar hasta el 30 de agosto próximo la vigencia de los precios máximos dispuestos para 304 productos básicos, que incluyen alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, de acuerdo con sus valores al 6 de marzo último, quedó oficializada este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial.
En la norma, se intima además a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización “a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada, y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión” durante el período de vigencia de la medida.
La prórroga dispuesta comprende a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas, y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo que cuenten con salón de ventas.
Los comercios incluidos deben mantener los precios máximos de venta al consumidor final efectivamente informados al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).
Lo mismo rige para todos los distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios, y prestaciones que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y esparcimiento.
En este caso, deben mantener los precios que estaban vigentes al 6 de marzo último para venta a consumidores, hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas y supermercados mayoristas.
A través del sitio web www.argentina.gob.ar/preciosma... los consumidores y consumidoras pueden acceder al listado de valores tope ahora prorrogados.
Deuda: el gobierno apuesta a la división de los bonistas
Podría haber una nueva oferta para satisfacer a uno de los sectores más dialoguistas. Otros dos bloques se quejaron públicamente por "la falta de interacción" en la negociación.
Por Marcelo Colombres - @econocolombres
1 de Julio de 2020
El frente de bonistas que discute los términos del canje de deuda ofrecidos por el gobierno argentino volvió a mostrar señales de resquebrajamiento. Dos de los grupos emitieron un comunicado criticando las dilaciones en la presentación de una propuesta que los satisfaga, mientras que el tercero se abstuvo de participar y negocia por cuerda separada con el Ministerio de Economía.
La novedad responde a la estrategia fijada por Martín Guzmán, quien busca evitar la conformación de un bloque férreo que por su fortaleza pueda imponer sus propias condiciones de negociación. Lo malo de la noticia es que el sector con el que el ministro hizo mejores migas es minoritario y no alcanza con su adhesión para concretar el canje esperado. Es el Comité de Acreedores, que coordina Hans Humes, CEO de Greylock, y que actúa en conjunto con Gramercy y Fintech, entre otros fondos de inversión. “A nadie le sirve un default duro”, es la frase que suele usar Humes cuando le preguntan sobre la negociación. El banco suizo UBS es el intermediario en la negociación entre el Comité y el gobierno argentino.
En cambio, los grupos Ad Hoc y Exchange Bondholder, que en las últimas semanas reforzaron su alianza táctica, endurecieron su posición. El martes, el estudio neoyorquino de abogados White & Case, que los representa jurídicamente, lanzó una declaración pública afirmando que “no se ha emprendido ninguna interacción sustantiva entre ellos y las autoridades de Argentina desde el 17 de junio, a pesar de la publicación de informes en sentido contrario”. Y agregó: “La falta de una interacción seria por parte de las autoridades de Argentina es sumamente preocupante dado que el tiempo es un factor esencial y todas las partes deberían centrarse en evitar los elevados costos legales y económicos que conllevaría prolongar el incumplimiento de pagos en el que se encuentra el gobierno argentino”.
En conjunto, los dos grupos declaran poseer títulos argentinos bajo ley extranjera por U$S 21 mil millones, casi un tercio de los U$S 66.800 millones que el gobierno busca reestructurar. Por eso será difícil formalizar una operación que prescinda directamente de ambos. Las cláusulas de acción colectiva bajo las cuales se emitieron bonos en los últimos años fijan umbrales mínimos de entre 50% y 66% de aceptación para que un eventual cambio en las condiciones (por ejemplo, un canje) se convierta en obligatorio para todos sus tenedores. Y una de las pretensiones de la alianza Ad Hoc-Exchange es elevar ese piso a entre 75% y 85%, tal como se estipuló en las reestructuraciones de 2005 y 2010. El gobierno entendió que cambiar ese requisito es inaceptable y congeló las conversaciones.
Con el diálogo casi roto con ese sector, en estos días la idea del Palacio de Hacienda es llegar a un arreglo con el Comité de Acreedores y esperar que a él se sumen otros grupos independientes y acreedores minoristas, que no participan de la negociación. Para ello se especula con lanzar una nueva oferta con mayores atractivos pero con una fecha límite de aceptación, tras la cual esos beneficios extra se perderían. Esto forzaría a los sectores más renuentes a un acuerdo a definir si mantienen su negativa aun perdiendo dinero. Un retoque hacia arriba en la tasa de interés y un adelantamiento en el pago de los cupones podrían servir como aliciente para los indecisos y presentar un nivel de adhesión al canje que, si no llega al mínimo legal, sirva al menos como respaldo político para viabilizar la operación.
Mientras Guzmán afina el lápiz buscando ese estímulo, el gobierno sumó a comienzos de la semana otros dos incumplimientos en el pago de intereses de los bonos Centenario y Discount, por U$S 581 millones. Ambos se suman a los U$S 503 millones de los Global que quedaron sin abonar el 22 de abril. De la concreción o no de la reestructuración dependerá si la falta de respuesta a estos compromisos queda en el olvido o será la base de un nuevo litigio judicial en los tribunales de Nueva York.
Fuente:TiempoArgentino
Fuente:TiempoArgentino
02.07.2020 / GENERAL ALVEAR
Escándalo en Mendoza: piden explicaciones a un intendente de Cambiemos por una fiesta en el municipio
El salón del polideportivo de General Alvear fue el lugar de festejo en el que participaron un grupo de empleados municipales, entre los que se encontraba el titular de la cartera local de Desarrollo Social del gobierno de Walther Marcolini. El justicialismo pidió la renuncia de los involucrados.
“Nos enteramos por las redes sociales como muchos, en ese cumpleaños hay más de 10 personas y no cumplen con las medidas como el uso del tapabocas o el distanciamiento social. Además hay dos funcionarios municipales”, dijo el titular del bloque justicialista, Ariel Andrés al diario Los Andrés, para quien “es lamentable lo sucedido”.
“Mientras que por un lado la gente de Alvear hace un gran esfuerzo por otro tenemos este tipo de hechos. El intendente deberá tomar medidas pero creo que los implicados deberían ahorrarle el tiempo y renunciar”, cuestionó.
01.07.2020 / Economía y política
Vicentin: Perotti intervino el puerto que controla la firma y ofreció pruebas que apoyan su estrategia judicial
El gobernador de Santa Fe intervino el puerto de Reconquista tras recibir un informe del representante provincial en el Ente Portuario, del que se desprenden irregularidades hechas por la concesionaria, perteneciente al grupo de la cerealera. Además, le remitió al polémico juez a cargo del concurso un documento que sustenta el pedido de intervención de la empresa.
IRREGULARIDADES EN EL PUERTO
Perotti avanzó sobre el puerto de la ciudad de Reconquista, porque aparentemente como ocurrió con la cerealera en tiempos de Mauricio Macri, recibió un informe del representante de la provincia en el Ente Portuario del que se desprenden posibles irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin.
También se designó como titular de la intervención al actual representante de la provincia en la entidad, Martín Deltin. En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA, reseñó el periódico santafesino.
El decreto indicó que el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”.
El informe reveló que supuestamente “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.
De acuerdo al trabajo realizado por Deltin, “ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno", situación que configura "un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual".
Deltin denunció ante Prefectura Naval Argentina “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador ‘Cynthia’ matrícula 01478”, el 26 de mayo de este año, lo que indica que sí hubo actividad en la terminal.
El decreto de Perotti añadió también que “la ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya” y que "el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías (de lanchas)" y a un estacionamiento.
"Por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley", se sostiene en el decreto del gobernador santafecino.
También se adjudica un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control", que deriva en "que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos".
"No existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año", añade el decreto, que ordena la intervención del puerto por 180 días "ante la gravedad de los hechos detallados”.
Finalmente, el texto encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del Ente", con "facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.
PRUEBAS PARA EL JUEZ AMIGO DE VICENTIN
La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, le remitió hoy al juez a cargo del concurso de la firma, Fabián Lorenzini, un extenso documento a través del cual ofrece pruebas para sustentar el escrito que solicitó la intervención de la firma el 19 de junio pasado.
Sobre uno de los puntos fundamentales, las vinculaciones societarias, Stratta insistió en las participaciones de Vicentin SAIC en otras sociedades y sobre ese particular ofrece como pruebas el "Estado del activo presentado por la concursada en el expediente de concurso" y la página web del grupo Vicentin "donde se demuestra que hace suyas todas las empresas en las que dice contar con participaciones ínfimas".
También menciona estados contables no sólo de Vicentin SAIC sino de diversas sociedades de las que forma parte, "en algunos casos con control declarado, en otros no; en algunos casos es accionista directa; en otros lo son sociedades que ella controla".
Stratta sostiene que "la sociedad cuenta con ejemplares de esos estados contables" y que "habrá de intimarse a su representante legal su presentación, bajo apercibimientos de ley".
También menciona "estados contables, incluyendo balance general, memoria, informes de sindicatura societaria y de auditoría externa" de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que "se intimará su presentación a Vicentin SAIC".
Además, el escrito indica que "resultan relevantes las notas a los estados contables del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019", haciendo notar que "el plazo de confección y consideración se halla largamente cumplido y su vencimiento operó antes de que se produzcan las limitaciones emergentes de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional".
Para la IGPJ, "estos estados contables son fundamentales, porque abarcan el ejercicio inmediato anterior a incursión en estado de cesación de pagos" y señala que "lo último que se tiene es el ejercicio 60, cerrado el 31 de octubre de 2018, en el que ni siquiera se vislumbra la hecatombe".
En ese sentido, menciona las proyecciones de inversión presentes en el ejercicio 60, que involucra un importante crecimiento de la firma Renova SA y sostiene que "parece de otra empresa" ese documento, que "está firmado el 15 de febrero de 2019, o sea menos de diez meses antes de la cesación de pagos".
También ofrece como prueba los estados contables de los ejercicios 2014 de las empresas Buyanor S.A., Renova S.A., Emulgrain S.A., Juviar S.A., Sir Cotton S.A., Oleaginosa San Lorenzo S.A., Renopack S.A.1 y Algodonera Avellaneda S.A., "todas domiciliadas en calle 14 número 495, o sea en la sede de Vicentin SAIC".
Lo mismo solicita sobre los estados contables 2014 de las sociedades Río del Norte S.A., Reconquista Friar S.A., Diferol S.A., Biogas Avellaneda S.A., Terminal Puerto Rosario S.A., Rosario Playa Puerto S.A. y Rosario Alimentos Refrigerados S.A.
En la presentación también ofrece los estatutos sociales y estados contables por los mismos períodos de Vicentin Paraguay, Vicentin Brasil Comercio y Exportaciones, Vicentin Europa y Tastil S.A, al igual que los estados de Sottano S.A., y de las sociedades uruguayas VFG Inversiones y Actividades Especiales S.A., Vicentin Family Group, Industria Agroalimentaria Latam S.A., y Nacadié S.A., esta última porque "reviste interés respecto de Friar S.A"..
Luego ofrece las actuaciones caratuladas “CFP 268/2020 Sandleris Guido y otros s/defraudación”, actualmente en trámite ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11 de la ciudad de Buenos Aires, causa que corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 10, Secretaría Número 20..
También ofrece como prueba un informe emitido por la Sindicatura General de la Nación el 25 de junio de 2020, referido a la actuación de los interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, ya que "de su contenido surgen serias falencias en el desempeño de la administración societaria".
En el escrito de 19 páginas también se solicita "informativa de la Comisión Fiscalizadora de Vicentin S.A.", acerca de varios puntos, al igual que a la sindicatura concursal, especialmente para saber si una serie de personas ya han presentado sus solicitudes de verificación de crédito.
Otro de los ítems en los que Stratta enfatiza es en la nómina de directores y síndicos de varias empresas del grupo Vicentin, asentadas en las jurisdicciones Reconquista y Rosario, además de información de la Inspección General de Justicia de la Nación para que informe quiénes son los directores inscriptos de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, ARSA, Sudeste Textiles S.A. y Renopack S.A.
Sobre el final, la inspectora Stratta le solicita al juez que "tenga presente todo lo manifestado y por ofrecida la prueba", que "disponga todo lo necesario para su producción, librando las comunicaciones pertinentes" y que "se habiliten días y horas para la producción de la prueba, teniendo en cuenta la celeridad con la que debe resolverse la situación".
Fuente:PoliticaArgentina
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