Resumen Latinoamericano, 21 julio de 2020.
El hambre mata pero tambien mata la falta de vivienda digna. Por eso es natural que apelando a la dignidad se trate de que el lugar donde se habita no sea un pozo de hacinamiento y malvivir. De allí que la gente más humilde, que tiene hambre organiza ollas populares y los que a esa situación le suman la falta de vivienda o que están habitando en donde pueden pero siempre en pésimas condiciones higiénicas, se organizan para ocupar tierras que nadie utiliza y que con el correr de los años se han convertido en terrenos baldíos.
Esta mañana desapacible de frío invierno, en medio de la pandemia, un grupo de aproximadamente 250 vecinos de Numancia, partido de Presidente Perón, en la localidad bonaerense de Guernica, han precedido a tomar pacíficamente alrededor de cuatro manzanas de tierra que ni siquiera tenían alambrados, rápidamente han montado provisorias carpas o improvisadas casuchas, como para decir «aquí estamos, no damos más de reclamar atención del Estado y nos merecemos tener un pedacito de tierra para poder vivir con nuestros hijos e hijas». Gente curtida por los dolores y falencias que fueron acumulando a lo largo de la vida, pelean por sobrevivir con la desesperación que tienen los que no cuentan en las estadísticas. Esos, como es el caso de estos vecinos, a los que les cortan la luz cada dos por tres, y para los que el agua potable es un artículo en extinción.
Desde la Intendencia, a cuyo frente está Blanca Cantero, esposa del sindicalista de la CGT, Carlos Acuña, no tardaron en fletar patrulleros policiales que, como siempre ocurre, llegaron para intentar atemorizar a los vecinos y vecinos, exigiéndoles abandonar el lugar en nombre de una «legalidad» que da vergüenza solo con nombrarla. Sobre todo, en un país donde algunos pagan millones de dólares de una deuda externa ilegítima y otros se mueren de hambre.
Mientras la policía habla de «usurpación» y «delito», no dicen nada de que una mujer de la zona estuvo en los últimos días tratando de inventarse un «loteo» de esas tierras y ofrecer una pequeña franja de las mismas a 100.000 pesos. A eso, este sistema no lo llama «delito» sino «operación inmobiliaria».
Ahí están los vecinos y vecinas de Numancia, cansados de aguantar desatenciones y esperando solidaridades para con esta lucha que han iniciado. Y también desean que los burócratas políticos no sigan queriendo resolver la ausencia del Estado, con represión y más uniformes.
Solo el pueblo salvará al pueblo.
Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs
Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2020.
Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.
Foto: Ramiro Dominguéz
Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.
Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:
- “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
- “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
- “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
- “Queremos cobrar”.
Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.
Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.
Conflicto grandote
La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”.
Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.
Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.
Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.
Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.
Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.
Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo.
Y votaron la instalación de la carpa.
Unión & galleta
Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.
Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.
Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.
Las trabajadores y los trabajadores de La Nirva siguen con el acompañamiento del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) para la constitución de la cooperativa. Mientras esperan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.
Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.
Fuente: Lavaca.
Las cosas por su nombre: un pedófilo
Por Andrés Borrello, Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2020
Una persona forma una pareja con un hombre. Él es un perverso sexual, que durante años abusó de las hijas de su mujer. Desde la niñez hasta la adolescencia, se sirve de su situación de poder para acceder carnalmente a dos niñas durante años. Producto de esas violaciones, nacieron tres niñas.
El hombre en cuestión es un pedófilo, es decir, un hombre que siente atracción y excitación sexual permanente hacia niñas y niños menores, y abusa sexualmente de ellos y ellas utilizando para su sometimiento el engaño, la manipulación y la mentira.
Las identidades no son necesarias. Lo mismo que el lugar donde ocurrieron, ni el tiempo. Sí podemos decir que fue en Argentina, en el interior del país, en esas pequeñas ciudades donde le hacen honor a la frase “pueblo chico, infierno grande”. Donde la opinión pública es más importante que los hechos en cuestión, y donde “cada casa es un mundo”. Pero cualquier otra mención sería directamente una revictimización para las mujeres que sufrieron a este perverso sujeto, que hoy cumple una condena de 24 años de prisión.
Primera parte
El hombre en cuestión, a quien llamaremos Carlos, es un trabajador rural del norte de nuestro país, que estaba en nuestras latitudes desde hacía muchos años. Formó pareja con una mujer de la localidad donde trabajaba, quien tenía dos hijas que apenas superaban los 10 años.
De acuerdo a las declaraciones de las víctimas, los primeros indicios de abuso sexual era los manoseos que Carlos cometía con ellas, para volverse luego en acceso carnal, utilizando el lenguaje jurídico. Pocos años después, una de ellas queda embarazada, en circunstancias poco claras, y Carlos aplica toda su perversión con su hermana, quien sufre igual destino unos años después, para luego padecer otro embarazo de parte su abusador.
Sí, Carlos abusó de sus hijastras en reiteradas ocasiones, y en al menos tres situaciones embarazó a las niñas. El acusado sostuvo en su declaración indagatoria que no todo lo que se decía era verdad, aunque sí una parte. Se negaba a reconocer los manoseos, pero no tembló en reconocer que abusó sexualmente de las niñas cuando eran pequeñas.
Las voces de las víctimas fueron contundentes, así como los testigos que apuntaron a Carlos como el responsable. Del mismo modo, las pruebas de ADN a las hijas de las niñas abusadas (dos nacieron con un mes de diferencia, lo que corrobora que abusó de ellas al mismo tiempo) apuntaban a él como el progenitor.
Pero no solo se comprobó el acceso carnal, sino también la privación de la libertad y las agresiones a terceros, amigos de las niñas, que se acercaban a la casa. Carlos era amo y señor, y ejercía ese poder con todas las mujeres de la vivienda. Las encerraba en su casa, les tenía terminantemente prohibido tener novio, y era conocido en el pueblo como alguien agresivo, que en algunas oportunidades agredió a algunos jóvenes conocidos de las víctimas.
Segunda parte
El juez de la causa sostuvo que las víctimas padecieron la voluntad de Carlos, que disponía la modalidad y la frecuencia de los abusos sexuales y cuánto duraban. No puede calcularse el daño que causó en ellas, y por consiguiente en las niñas que nacieron de esos abusos, ni tampoco la influencia que tuvo en la formación de su personalidad y su desarrollo emocional. En ningún momento, sostuvo el magistrado, el acusado mostró remordimiento cuando reconoció los abusos. Como si asumir la responsabilidad de sus actos lo eximiera de algún tipo de arrepentimiento. No manifestó preocupación por las niñas abusadas, ni por el mal causado, ni lo injustificable de su conducta. Sólo se preocupó por los años que deberá pasar encerrado en prisión.
De acuerdo con el informe del psiquiatra, la pericia indicó que Carlos poseía rasgos manipuladores con fuertes semblantes coercitivos, y una inclinación por el interés sexual con menores, sin manifestar ningún tipo de culpa o remordimiento, y minimizando sus responsabilidades.
Las denuncias se realizaron después de una década y media de abuso sostenido. Las niñas, convertidas ahora en mujeres (y forzadas y obligadas a ser madres de la violación de la pareja de su mamá) se animaron a hablar cuando llegaron a los 30 años. Hasta donde pudimos averiguar, a raíz de estas denuncias, Carlos habría sumado otra causa por abuso sexual de una mujer ajena a su círculo familiar.
La motivación de la denuncia por parte de una de las damnificadas tiene múltiples interpretaciones, y debemos ser respetuosos en eso. Solo una víctima de violación sabe cuándo es momento de hablar, y como sociedad debemos respetar y acompañar esa decisión. Las condiciones subjetivas también son fundamentales para comprender la situación: su percepción de los hechos, la naturalización de los abusos y la violencia, la comprensión de que eran actos ilegales, entre otros.
Quien tomó la iniciativa fue la menor de las hermanas, que sospechaba que Carlos intentaba abusar de las hijas que él había concebido con ellas. En su declaración, a la que después se sumó la hermana mayor, relataron los padecimientos sufridos por casi 15 años.
Situación particular vivía la madre de las víctimas. Ni Carlos ni sus hijas se refirieron al rol que tuvo la mujer. Desde el primer momento la fiscalía no tenía claro si era una damnificada más, e incluso si sufría violencia de género, o bien era cómplice y partícipe de los abusos, o simplemente omitió todo, lo que no configura ninguna acusación posible. En el debate, que fue a puertas cerradas por tratarse de una causa con menores, se pudo reconocer que ella sabría de la existencia de los hechos, aunque no con claridad si los conoció antes o después de la denuncia.
El juez consideró que las víctimas padecieron la pasividad de la madre, producto de la dependencia económica y el profundo entramado de temor que ejerció Carlos. Él las forzaba a vivir en un aislamiento que controlaba y dirigía a su antojo. Manipulaba la vivienda, no solo puertas adentro, sino también los posibles vínculos de las niñas con el exterior. Estableció una sujeción que le permitía elegir, sin ningún tipo de inhibición, a cuál de las mujeres de la casa quería abusar, a punto tal de naturalizar la situación.
En el desarrollo del juicio se conoció que Carlos reconoció legalmente a las víctimas como sus hijas, si bien no era el padre biológico. Y aunque el violador argumentó que fue a fines de cobrar un salario familiar y tener un ingreso extra, este cambio en la situación legal lo convirtió en padre, y no solo empeoró su situación jurídica, sino que, y esto es lo más importante, redobló el sometimiento de las niñas con él.
Mediante el uso de la amenaza, la intimidación, la violencia psicológica y física, además de la consumación de abusos sexuales, todo prolongado por más de una década y media, configuró una relación de sometimiento que se transformó en una relación de dependencia. El abuso de autoridad y poder de ninguna manera puede traducirse en consentimiento para las víctimas, que sufrieron a Carlos desde niñas sin poder hacer nada.
Epílogo
Hay una frase que sostiene que el infierno es ese momento en que esperamos que la muerte llegue a nosotros y nosotras. Pero Carlos, como hombre violento y abusador sexual de las hijas de su pareja, se ocupó de
convertir la vida de dos niñas de poco más de 10 años en un calvario permanente. Esas niñas, hoy mujeres, demostraron una valentía inusitada al denunciar a su padrastro.
“Yo estoy arrepentido” dijo Carlos en su declaración. “En ciertas circunstancias pensé que no iba a llegar a esto, más de una vez dije que quería sacar a la luz esto, pero ellas dijeron que no”, sostuvo el cínico violador, quien de una forma descarada e impúdica intentó posicionarse como un arrepentido de la situación, e incluso como víctima.
¿Podría haberse evitado? Sí, si hubiera existido la perspectiva de género necesaria. Cuando las víctimas eran pequeñas, la Justicia local fue notificada de la situación de aislamiento de dos menores, que en condiciones poco claras estaban embarazadas. El desinterés por el futuro de dos niñas pobres violadas del interior del país no despertó la voluntad de buscar justicia por parte de los funcionarios.
Este caso demuestra que la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para los y las funcionarias del Estado y demás organismos públicos, es más que una simple capacitación virtual, o una charla de algunas horas donde se repiten tratados internacionales y la legislación vigente. Asumir la responsabilidad que requiere la función pública implica una real toma de conciencia sobre las múltiples situaciones de violencia que existen en nuestra sociedad. En ese sentido, creemos, deben pensarse estrategias pragmáticas para cada estamento público en concreto, específico con el área de trabajo.
Si esta ley hubiera existido en su momento, y si se aplicara de manera real y genuina, y con un compromiso sincero en la necesidad de instruirse, estas niñas tendrían una vida diferente. Esta ausencia, esta negligencia judicial, arrastró a las niñas a permanecer bajo la sumisión de Carlos, que violentó y abusó de ellas, y que gozó de impunidad por más de 15 años.
Fuente: Diario femenino
Envio:RL
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