El tibio Alberto tuvo dos buenos gestos, de firmeza
23/08/2020
La línea general del gobierno podría sintetizarse como de tibieza en sus medidas, que se quedan a mitad de camino. Esta semana, sin romper aquella matriz, tuvo dos gestos de mayor firmeza con la derecha y monopolios.
SERGIO ORTIZ
Que la doctrina del profesor de Derecho Penal es de tibieza socialdemócrata puede demostrarse con la mayoría de sus decisiones e indecisiones de estos ocho meses de gestión, sin contar el resto de su currícula.
Esa tendencia se ratificó con la oficialización del compromiso de pago a los fondos acreedores ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Allí reconoció que lo pactado con los tres grupos de bonistas llega al 54,9 centavos de dólar y que los pagos se adelantan a enero y julio de cada año, comenzando en 2021.
Sobre llovido, mojado, porque el Ministerio de Economía comenzó las tratativas por ahora preparatorias de la negociación de deuda externa concerniente al crédito del FMI. El mismo, que desembolsó 44.000 millones de dólares concedidos al sólo efecto de tratar de reelegir a Mauricio Macri, está denunciado de varias irregularidades ante la justicia. Esas causas las iniciaron Pedro Biscay, ex vicepresidente del Banco Central, y Eduardo Murúa, titular del Movimiento de Empresas Recuperadas.
No obstante eso, el bueno de Martín Guzmán confía en que su amiga Kristalina Georgieva le pueda dar facilidades de pago. El ministro es cauto y calcula que ese tironeo con el Fondo no estará concluido hasta principios del año que viene.
Habrá que ver qué pide el organismo, además de dólares, cuando el rojo fiscal de 2021 estará proyectado en el 7 por ciento. La obsesión fondomonetarista es que todos los países (menos EEUU y otras potencias, obvio) tiendan a bajarlo por etapas al 0 y si pueden, tengan superávit fiscal.
Quizás desde Washington apuren al gobierno con una reforma previsional, alentados por los reiterados e insuficientes aumentos por decreto que viene firmando el presidente. A partir del previsto para septiembre la jubilación mínima será de $18.146, una suma más que mínima.
Esas políticas de conciliación con el capital financiero internacional y local le granjearon al gobierno algunos elogios de círculos agradecidos por una mayor tranquilidad de cobranza de sus títulos. Pero en política no le sirvieron a AF para solventar ninguna alianza con sectores de la oposición. Éstos apenas hicieron un «stop and go», o sea frenaron un poquito sus golpes al gobierno y luego dieron rienda suelta a sus críticas incendiarias y de hecho destituyentes, en las calles y los medios.
Supuestamente la libertad y la República estaban en juego, a tenor del griterío del banderazo del 17 A que ensució el nombre del Libertador San Martín. No hacía falta ser un politólogo para darse cuenta que esos energúmenos tributan políticamente al PRO-Juntos por el Cambio, y no sólo el policía bolú que le hizo la venia a Patricia Bullrich.
SERGIO ORTIZ
Que la doctrina del profesor de Derecho Penal es de tibieza socialdemócrata puede demostrarse con la mayoría de sus decisiones e indecisiones de estos ocho meses de gestión, sin contar el resto de su currícula.
Esa tendencia se ratificó con la oficialización del compromiso de pago a los fondos acreedores ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Allí reconoció que lo pactado con los tres grupos de bonistas llega al 54,9 centavos de dólar y que los pagos se adelantan a enero y julio de cada año, comenzando en 2021.
Sobre llovido, mojado, porque el Ministerio de Economía comenzó las tratativas por ahora preparatorias de la negociación de deuda externa concerniente al crédito del FMI. El mismo, que desembolsó 44.000 millones de dólares concedidos al sólo efecto de tratar de reelegir a Mauricio Macri, está denunciado de varias irregularidades ante la justicia. Esas causas las iniciaron Pedro Biscay, ex vicepresidente del Banco Central, y Eduardo Murúa, titular del Movimiento de Empresas Recuperadas.
No obstante eso, el bueno de Martín Guzmán confía en que su amiga Kristalina Georgieva le pueda dar facilidades de pago. El ministro es cauto y calcula que ese tironeo con el Fondo no estará concluido hasta principios del año que viene.
Habrá que ver qué pide el organismo, además de dólares, cuando el rojo fiscal de 2021 estará proyectado en el 7 por ciento. La obsesión fondomonetarista es que todos los países (menos EEUU y otras potencias, obvio) tiendan a bajarlo por etapas al 0 y si pueden, tengan superávit fiscal.
Quizás desde Washington apuren al gobierno con una reforma previsional, alentados por los reiterados e insuficientes aumentos por decreto que viene firmando el presidente. A partir del previsto para septiembre la jubilación mínima será de $18.146, una suma más que mínima.
Esas políticas de conciliación con el capital financiero internacional y local le granjearon al gobierno algunos elogios de círculos agradecidos por una mayor tranquilidad de cobranza de sus títulos. Pero en política no le sirvieron a AF para solventar ninguna alianza con sectores de la oposición. Éstos apenas hicieron un «stop and go», o sea frenaron un poquito sus golpes al gobierno y luego dieron rienda suelta a sus críticas incendiarias y de hecho destituyentes, en las calles y los medios.
Supuestamente la libertad y la República estaban en juego, a tenor del griterío del banderazo del 17 A que ensució el nombre del Libertador San Martín. No hacía falta ser un politólogo para darse cuenta que esos energúmenos tributan políticamente al PRO-Juntos por el Cambio, y no sólo el policía bolú que le hizo la venia a Patricia Bullrich.
Firmeza en la tibieza.
Al menos de palabra, habrá que aguardar los hechos, el presidente se puso firme en respaldar su reforma judicial. Ante la avalancha gorila aludida, dijo que «no nos van a doblegar los que gritan».
Eran días donde dos comisiones del Senado debatían el proyecto de reforma judicial. Pese a que la misma dista mucho de ser una refundación del Poder Judicial -que es lo que necesita después de la pandemia macrista en Inodoro Py y la Corte Suprema, pasando por los pisos intermedios y elevados de Tribunales- la oposición se pintó la cara como para la guerra.
Llamaron «Comisión Beraldi» a la Comisión Asesora de once miembros, todos prestigiosos menos una. Aluden al abogado de Cristina Fernández de Kirchner en las causas inventadas por Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, entre otros.
También apodaron «Cláusula Parrilli» al agregado al artículo 72, inciso E, de dicho proyecto, que pide a los funcionarios judiciales «comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos». Esa referencia a los medios de comunicación provocó un aluvión de críticas de la derecha y su «house organ», Clarín, pese a estar ampliamente justificado. Es que en los últimos años hubo decenas y decenas de operaciones cocinadas por el macrismo y sus servicios, amplificadas por las 237 licencias de medios audiovisuales en poder de Héctor Magnetto, para presionar a jueces y camaristas a abrir o cerrar determinadas causas.
La bancada de senadores del PRO-Juntos por el Cambio directamente no hizo propuestas alternativas ni correctivas en las dos comisiones del Senado. Y hará lo posible para que fracase la sesión prevista para mediados de semana, luego que 19 senadores del Frente de Todos firmaron el dictamen favorable. Como en esa cámara el oficialismo tiene 41 senadores se estima que la votación estaría asegurada.
En cambio ese resultado es incierto en Diputados y no sólo porque las correlaciones de fuerza no son tan favorables al gobierno. Cuenta allí con 118 diputados propios y necesita 129 para el quórum y comenzar su tratamiento, frente a los 116 del bloque amarillo. No le será fácil al FDT atraer a 11 legisladores de otros bloques cuando los 4 que responden a Juan Schiaretti, de Córdoba, han adelantado que sufragarán en contra y otro tanto sucede con los alineados con Roberto Lavagna. Los 2 del FIT, como es usual, también en contra.
No se crea que los oficialistas esgrimen sólo razones políticas o jurídicas para conseguir esos porotos. Desde el gobierno nacional se busca el voto del interior con compromisos de ayuda financiera y determinadas obras en las provincias. En fin. Un debate de baja estofa, de toma y daca.
La pulseada en la Cámara Baja también está en duda por la baja ideología de Sergio Massa, quien durante años fue parte de las operaciones de lawfare entre Comodoro Py, Clarín y la embajada norteamericana. Ahora duda si impulsar el proyecto o bien, haciéndose el tonto, usar como pretexto las exigencias empresarias y mediáticas de que la reforma judicial debe esperar porque no es prioridad en la pandemia y tiene que ser consensuada.
Juntos por el Cambio boicotea la reforma, en coordinación con la cúpula de los monopolios nucleados en IDEA, la tristemente célebre organizadora de los Coloquios en Mar del Plata.
Habrá que ver si el presidente mantiene su gesto de firmeza o hace la gran Vicentín: «recalculando» dice la gallega del GPS y reculando, el criollo.
Al menos de palabra, habrá que aguardar los hechos, el presidente se puso firme en respaldar su reforma judicial. Ante la avalancha gorila aludida, dijo que «no nos van a doblegar los que gritan».
Eran días donde dos comisiones del Senado debatían el proyecto de reforma judicial. Pese a que la misma dista mucho de ser una refundación del Poder Judicial -que es lo que necesita después de la pandemia macrista en Inodoro Py y la Corte Suprema, pasando por los pisos intermedios y elevados de Tribunales- la oposición se pintó la cara como para la guerra.
Llamaron «Comisión Beraldi» a la Comisión Asesora de once miembros, todos prestigiosos menos una. Aluden al abogado de Cristina Fernández de Kirchner en las causas inventadas por Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, entre otros.
También apodaron «Cláusula Parrilli» al agregado al artículo 72, inciso E, de dicho proyecto, que pide a los funcionarios judiciales «comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos». Esa referencia a los medios de comunicación provocó un aluvión de críticas de la derecha y su «house organ», Clarín, pese a estar ampliamente justificado. Es que en los últimos años hubo decenas y decenas de operaciones cocinadas por el macrismo y sus servicios, amplificadas por las 237 licencias de medios audiovisuales en poder de Héctor Magnetto, para presionar a jueces y camaristas a abrir o cerrar determinadas causas.
La bancada de senadores del PRO-Juntos por el Cambio directamente no hizo propuestas alternativas ni correctivas en las dos comisiones del Senado. Y hará lo posible para que fracase la sesión prevista para mediados de semana, luego que 19 senadores del Frente de Todos firmaron el dictamen favorable. Como en esa cámara el oficialismo tiene 41 senadores se estima que la votación estaría asegurada.
En cambio ese resultado es incierto en Diputados y no sólo porque las correlaciones de fuerza no son tan favorables al gobierno. Cuenta allí con 118 diputados propios y necesita 129 para el quórum y comenzar su tratamiento, frente a los 116 del bloque amarillo. No le será fácil al FDT atraer a 11 legisladores de otros bloques cuando los 4 que responden a Juan Schiaretti, de Córdoba, han adelantado que sufragarán en contra y otro tanto sucede con los alineados con Roberto Lavagna. Los 2 del FIT, como es usual, también en contra.
No se crea que los oficialistas esgrimen sólo razones políticas o jurídicas para conseguir esos porotos. Desde el gobierno nacional se busca el voto del interior con compromisos de ayuda financiera y determinadas obras en las provincias. En fin. Un debate de baja estofa, de toma y daca.
La pulseada en la Cámara Baja también está en duda por la baja ideología de Sergio Massa, quien durante años fue parte de las operaciones de lawfare entre Comodoro Py, Clarín y la embajada norteamericana. Ahora duda si impulsar el proyecto o bien, haciéndose el tonto, usar como pretexto las exigencias empresarias y mediáticas de que la reforma judicial debe esperar porque no es prioridad en la pandemia y tiene que ser consensuada.
Juntos por el Cambio boicotea la reforma, en coordinación con la cúpula de los monopolios nucleados en IDEA, la tristemente célebre organizadora de los Coloquios en Mar del Plata.
Habrá que ver si el presidente mantiene su gesto de firmeza o hace la gran Vicentín: «recalculando» dice la gallega del GPS y reculando, el criollo.
Servicios esenciales.
El otro anuncio positivo fue el congelamiento de tarifas de la telefonía celular, Internet y televisión por cable. Fernández quiere garantizar el acceso de estos servicios para todos y recuperar herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. «En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado», agregó.
Es una buena medida que alivia los bolsillos populares, a diferencia del aumento de YPF en los combustibles. Las empresas del sector de comunicaciones estaban relamiéndose porque a partir de septiembre aumentarían tarifas. No son Pymes. Son pulpos como Telefónica y, una vez más, Clarín con Cablevisión-Fibertel.
Según cuentas del Enacom, el diminutivo del Afsca, esas firmas tuvieron ingresos por mil millones de dólares en los primeros tres meses del año. Tienen espaldas para aguantar aunque se quejen de mal trato del Estado sin llegar al extremo derechista de Federico Pinedo: «la estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis».
No hay tal «estatización» sino un control de tarifas, derivada del decreto presidencial que los clasificó como «servicios públicos esenciales». El Estado no es dueño de esas empresas ni fija sus tarifas, pero sí debe autorizarlas o no. Y no hizo hasta fin de año.
Los títulos de «Desinfobae» fueron pro-monopolios: «Nos enteramos por Twitter»: sorpresa, alarma e inversiones en duda en el sector de las telecomunicaciones. Críticas de economistas y la oposición, que comparó la decisión con el modelo venezolano».
Otra vez sopa. Otra vez seríamos Venezuela. Ojalá fuéramos bolivarianos a nivel de gobierno, pueblo y Fuerzas Armadas.
Si esos son los títulos de la web proyanqui de Daniel Hadad, pueden imaginarse los de Clarinete. ¿Ah no? Entonces citamos: «Alberto Fernández y un DNU que es una trampa. Esta medida se suma a la virtual derogación de la ley de economía del conocimiento y el hostigamiento público a empresarios».
Otra de Clarín. El hijo de Bolsonaro cuestionó el decreto de Fernández sobre la telefonía celular, Internet y la TV paga: «La venezuelanización de la Argentina continúa».
Para tomar más dióxido de cloro basta con prender TN o poner radio Mitre. Según el dicho «hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño». En este caso ni siquiera le pegaron al chancho, apenas anunciaron leve reforma judicial y una dieta en sus raciones, y reapareció Clarín.
En Inodoro Py y la Corte Suprema se necesita una reforma en serio. Y con ese monopolio hace falta una nueva ley de medios; no alcanza con la enmienda de Parrilli ni con su demanda contra Marcelo Bonelli.
El GPS dice que esos altos objetivos no figuran en el plan del gobierno. Se sabía, pero que al menos no salga la gallega diciendo «recalculando» o reculando como en Vicentín.
El otro anuncio positivo fue el congelamiento de tarifas de la telefonía celular, Internet y televisión por cable. Fernández quiere garantizar el acceso de estos servicios para todos y recuperar herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. «En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado», agregó.
Es una buena medida que alivia los bolsillos populares, a diferencia del aumento de YPF en los combustibles. Las empresas del sector de comunicaciones estaban relamiéndose porque a partir de septiembre aumentarían tarifas. No son Pymes. Son pulpos como Telefónica y, una vez más, Clarín con Cablevisión-Fibertel.
Según cuentas del Enacom, el diminutivo del Afsca, esas firmas tuvieron ingresos por mil millones de dólares en los primeros tres meses del año. Tienen espaldas para aguantar aunque se quejen de mal trato del Estado sin llegar al extremo derechista de Federico Pinedo: «la estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis».
No hay tal «estatización» sino un control de tarifas, derivada del decreto presidencial que los clasificó como «servicios públicos esenciales». El Estado no es dueño de esas empresas ni fija sus tarifas, pero sí debe autorizarlas o no. Y no hizo hasta fin de año.
Los títulos de «Desinfobae» fueron pro-monopolios: «Nos enteramos por Twitter»: sorpresa, alarma e inversiones en duda en el sector de las telecomunicaciones. Críticas de economistas y la oposición, que comparó la decisión con el modelo venezolano».
Otra vez sopa. Otra vez seríamos Venezuela. Ojalá fuéramos bolivarianos a nivel de gobierno, pueblo y Fuerzas Armadas.
Si esos son los títulos de la web proyanqui de Daniel Hadad, pueden imaginarse los de Clarinete. ¿Ah no? Entonces citamos: «Alberto Fernández y un DNU que es una trampa. Esta medida se suma a la virtual derogación de la ley de economía del conocimiento y el hostigamiento público a empresarios».
Otra de Clarín. El hijo de Bolsonaro cuestionó el decreto de Fernández sobre la telefonía celular, Internet y la TV paga: «La venezuelanización de la Argentina continúa».
Para tomar más dióxido de cloro basta con prender TN o poner radio Mitre. Según el dicho «hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño». En este caso ni siquiera le pegaron al chancho, apenas anunciaron leve reforma judicial y una dieta en sus raciones, y reapareció Clarín.
En Inodoro Py y la Corte Suprema se necesita una reforma en serio. Y con ese monopolio hace falta una nueva ley de medios; no alcanza con la enmienda de Parrilli ni con su demanda contra Marcelo Bonelli.
El GPS dice que esos altos objetivos no figuran en el plan del gobierno. Se sabía, pero que al menos no salga la gallega diciendo «recalculando» o reculando como en Vicentín.
Fuente:laArena
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