Roxana Loarte/ Resumen Latinoamericano, 28 de agosto de 2020
Desde las organizaciones ciudadanas y de familiares de mujeres desaparecidas se tienen propuestas para mejorar la efectividad en las búsquedas y atender esta problemática. ¿Las desaparecidas y sus familias también importan para el Gobierno?
Familias desprotegidas. En una anterior publicación realizada por Wayka, se dieron a conocer tres casos de mujeres desaparecidas que ocurrieron en los últimos tres años. María Isabel Márquez (24) de Arequipa reportada en el 2018, Azucena Pingo (45) en el 2019 y Allison Olivos (21) en julio de 2020; ambas de Piura.
Las dos primeras continúan ausentes y sus familias las buscan, mientras que Allison fue víctima de feminicidio y su caso está en investigación. Todas ellas son madres y tienen hijos menores de edad.
El año pasado a ‘Saúl’ (7) le dieron como tarea realizar un trabajo artesanal por el Día de la madre en su escuela. Estos objetos serían entregados como regalos por la fecha.’Saúl’ se echó a llorar tanto que tuvo que ser atendido por el psicólogo del colegio. Es hijo de María Isabel Márquez, quien desapareció hace dos años. Hoy él vive con la hermana de su madre en Arequipa, Ana Márquez, quien ha quedado a cargo.
Similar es el caso de ‘Julia’ (11), una adolescente que vive con su tía en Piura. La hermana de su madre, María Pingo, cuenta que a veces le es difícil hacerse cargo de su sobrina, pero Azucena aún sigue desaparecida.
Las familias de ambas mujeres reportadas como desaparecidas afrontan la búsqueda solas y sin acompañamiento de las instituciones competentes.
Redes de apoyo
La fundadora de la organización Mujeres Desaparecidas Perú, Katherine Soto, explica que la búsqueda se sostiene principalmente por las propias familias. Mientras que la intervención policial es poca o nula. «En estos momentos los casos de desaparición de mujeres lo vienen sosteniendo las mismas familias, están insistiendo para que sus casos sean realizados en un proceso de investigación», comenta.
Este espacio ciudadano agrupa a familiares de mujeres desaparecidas a nivel nacional y ofrece apoyo a las familias en forma de incidencia. Fue creado ante la falta de una red de soporte estatal que brinde atención a cada una de las familias en los procesos de búsqueda.
Katherine Soto también sostiene que han sido las organizaciones feministas quienes han contribuido en visibilizar el fenómeno de las desapariciones de mujeres, a partir del caso de Solsiret Rodríguez. Además de incidir en los posibles episodios de violencia que están detrás de las desapariciones como los feminicidios, la violencia sexual y la trata de personas; y que necesitan ser estudiados. De esta manera se podría prevenir y socorrer a tiempo a las mujeres que estén en peligro.
«No se había colocado principal énfasis en el fenómeno de la desaparición en sí misma, y qué es lo que contiene detrás de ello. Hasta el día de hoy no se ha visibilizado tanto algo que está de hecho dentro de la agenda de este marco, y que están, por ejemplo, detrás de las denuncias de abandono de hogar», afirma Soto.
Las organizaciones de familiares casi no existen en otras regiones y han recaído en los grupos activistas de mujeres. Shirley Oporto, representante de Ni Una Menos Arequipa, señala que desde este espacio se intenta atender a las familias. «No hay ninguna organización. A nosotras llegan los casos, los familiares son los que nos proporcionan los documentos», comenta.
En Piura, María Luisa Vásquez, representante del Colectivo Para un País Sin Violencia, confirmó a Wayka que en la región la situación es similar. No se tiene una organización específica de apoyo a las familias, esta se realiza a través de los espacios feministas o de las propias familias. Como sucede en el caso de Allison Olivos, donde sus amigos cercanos en coordinación con los familiares crearon el colectivo «Justicia para Allison» en Facebook.
Menores en la orfandad
Los hijos de las mujeres desaparecidas son invisibles para el Estado. Han quedado prácticamente en la orfandad -a pesar que no se les reconoce esa condición porque legalmente la muerte de la madre no ha sido confirmada- y, en muchos casos, a cargo de familiares cercanos.
«Ellos caen en una situación muchas veces de abandono, quienes están socorriendo a los hijos de las mujeres desaparecidas son los familiares. Por ejemplo, en el tema de feminicidio, cuando ya hay una muerte decretada, esos niños reciben apoyo del MIMP (…) El Estado sí puede intervenir a partir de la identificación de estos casos, pero lo cierto es que ahora eso no está funcionando», afirma la Adjunta de los Derechos de la Mujer, Eliana Revollar de la Defensoría del Pueblo.
Para Revollar el tipo de apoyo que se detalla en el DL 1428, donde se establecen las medidas para la atención de casos de desaparición en personas en situación de vulnerabilidad, no se cumple porque la Policía Nacional del Perú tiene limitaciones para identificar cuántas mujeres han desaparecido y son víctimas de violencia.
Normas insuficientes
En el 2019 tras la aparición de los restos de la activista feminista Solsiret Rodríguez se propuso desde la ciudadanía organizada una ‘Ley Solsiret’, que permita resolver todas las falencias de las actuales normas para la búsqueda de las mujeres desaparecidas.
Khaterine Soto ha seguido de cerca esta propuesta y asegura que como organización Mujeres Desaparecidas Perú, el sentido de la norma es plantearlo como un tema de memoria. «Entonces dentro de la propuesta mencionamos sobre la necesidad de la interinstitucionalidad, por ejemplo del DL 1428 que ya lo contiene pero que no se hace efectivo, (…) no lo articulan con el Ministerio del Interior ni tampoco con otros ministerios, por ejemplo el sistema de mensajería no articula con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones», señala.
Otro de los puntos que proponen es la sanción civil a las empresas de telefonía que demoran en la entrega de los reportes de geolocalización para ubicar a las desaparecidas. «Esto está mencionado dentro del DL 1428, pero no como una sanción civil sino como una obligatoriedad, tiene que haber una responsabilidad hacia el Estado con sanciones directas a las empresas».
Soto también agrega que solicitan se declare de interés nacional la búsqueda de mujeres desaparecidas. Si bien en el decreto se menciona la responsabilidad de los gobiernos locales, esta no se cumple y debería ser extensiva a los gobiernos regionales. Por otra parte, solicitan se incorpore en la Ley 30364 a las desapariciones de mujeres como una forma de violencia, pero de manera explícita y no como «otras formas de violencia». Además de la creación de un banco de ADN de mujeres desaparecidas y sus familias, y una reparación civil.
«También hablamos de una reparación para las familias en caso de desapariciones, entendiendo que hay los marcos internacionales de que esta es una forma de violencia, es una forma de tortura, en las cuales se ven involucradas también las familias», afirma Katherine Soto.
¿Y el Congreso?
Desde el Congreso de la República no se tiene una iniciativa legislativa que recoja los puntos señalados en la propuesta de la ‘Ley Solsiret’, como lo ha explicado la fundadora de la organización Mujeres Desaparecidas Perú. Tampoco ha habido un acercamiento de las bancadas hacia las ciudadanas organizadas.
La congresista Rocío Silva Santisteban confirmó a Wayka que la Comisión de la Mujer y Familia tendría un dictamen relacionado al tema de las desaparecidas y que estaría por verse en el Pleno Mujer, que se realizará en septiembre. Además mencionó que la ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, ha propuesto que se active el Registro Nacional de Personas Desaparecidas para resolver los «impases» entre su cartera ministerial y el Ministerio del Interior.
Tanto el Registro Nacional como un sistema de búsqueda efectiva son dos demandas pendientes con las familias de las mujeres desaparecidas y las organizaciones ciudadanas que reclaman por quienes aún están ausentes. El premier Walter Martos prometió que para inicios de octubre el registro ya estaría implementado. Se espera que el Gobierno cumpla su palabra con las miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas reportadas como desaparecidas durante años; porque ellas también importan.
FUENTE: Wayka.pe
Pluspetrol se rehúsa a reparar daños ambientales desde hace 5 años
Por Álvaro Meneses/ Resumen Latinoamericano, 28 de agosto de 2020
Luego de operar por quince años en el lote petrolero 1AB (ahora Lote 192), desde 2015 la empresa Pluspetrol no ha cumplido con presentar un Plan de Abandono que garantice la reparación de las zonas contaminadas por derrames de petróleo y que haya sido validado por el Ministerio de Energía y Minas.
De acuerdo a reportes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte y estudios toxicológicos del Ministerio de Salud (Minsa) estos son los impactos ambientales en el lote en cuestión: un total de 33 toneladas de plomo se vertieron en ríos y quebradas, más de 1900 sitios del Lote 1AB fueron contaminados por derrames de petróleo, se detectaron altos niveles de metales pesados en los suelos y aguas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.
En esa misma zona, de acuerdo a un Estudio Epidemiológico y Toxicológico realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio ambiente (CENSOPAS) del Minsa sobre 39 comunidades indígenas, se detectó la presencia de metales pesados en el 75% de población. En el proceso, tomaron muestras de sangre y orina a 392 familias, de las cuales el 69% vivía cerca a alguna zona afectada por los derrames de petróleo.
Maniobras evasivas
En enero de 2015, Pluspetrol presentó su primer Plan de Abandono, pero este recibió 125 observaciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Posteriormente, en julio de ese año, la petrolera apeló contra la decisión del MINEM, pero esta fue declarada infundada.
Un año después, en julio de 2016, Pluspetrol presentó un segundo Plan de Abandono, pero fue devuelto en enero de 2017 con 67 observaciones y posteriormente desaprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del MINEM. Pluspetrol apeló a dicha resolución sin éxito y terminó por pedir un plazo para presentar un tercer Plan de Abandono. Le dieron 40 días de tiempo.
A la par, mientras Pluspetrol preparaba su tercer Plan de Abandono, inició el 23 de julio de 2019 un proceso judicial contra el MINEM para anular la resolución viceministerial que desaprobó su segundo Plan de Abandono.
Recién dos meses después, Pluspetrol presentó su tercer Plan de Abandono sobre el Lote 192, en donde asignó 5 millones 598 mil 113 de soles para ejecutar las acciones de reparación ambiental, pero este no cumplió con los requisitos mínimos, según la Dirección General de Asuntos Ambientales, y dieron 5 días para subsanar las observaciones.
Pluspetrol optó por apelar nuevamente, y esa vez el Viceministerio de Hidrocarburos lo aprobó y ordenó a la Dirección de Asuntos Ambientales a evaluar nuevamente el Plan de Abandono, pese a que dicha área había alertado que el documento no cumplía con los requisitos mínimos. Hasta la fecha, el tercer Plan de Abandono sigue en evaluación.
FUENTE: Wayka.pe
Envio:RL
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