Rusconi le apuntó a Stornelli, que sigue siendo fiscal
Sab, 15/08/2020
El abogado penalista y defensor de Julio de Vido, Maximiliano Rusconi, estuvo en el aire de Gente de Derecho en dialogo con Jorge Rizzo, donde dijo que la justicia esta administrada por individuos muy sombríos, hizo referencia al traspaso y además opino sobre el proyecto de Reforma Judicial sobre el cual dijo que era austero, entre otras declaraciones. En tanto el abogado Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora e integrante del Consejo de la Magistratura destacó el respaldo que ofrece el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a la tarea de los letrados.
Carlos Stornelli, el fiscal federal que derribó Marcelo D'Alessio... sin querer.
"En los últimos cuatro años hubo un desastre, y tiene que salir a la luz. El Presidente habló de los sótanos de la democracia y la Justicia es administrada por individuos muy sombríos", indicó Maximiliano Rusconi en su entrevista.
Luego, dijo que «tenemos que resistir y apoyar a los jueces que están trabajando seriamente en la investigación pero que no sobreactúan» y afirmó: "Rescato siempre al apoyo el Colegio Público de Abogados, como abogados nos da una espalda mayor para hacer nuestro trabajo".
"El Colegio también tiene que ser un observador de lo que sucede en los ámbitos institucionales, lo agradecemos mucho", agregó.
Acerca de su trabajo, Rusconi sostuvo que "tener una persona detenida para un penalista, es un trabajo duro. No dormís de noche cuando tenés un cliente detenido" y opinó sobre el traslado de jueces: "Me parece muy raro lo del traspaso porque en nuestro sistema jurídico para ser nombrado juez hay que pasar por un conjunto de instancias".
"Lo de los traspaso es todo raro insisto. Le pedí a unos amigos que me expliquen cómo es, dado que juro que no lo entiendo", aseveró. En este marco, dejó su postura sobre la Reforma Judicial: "Estoy a favor, pero me parece una reforma austera que no hace honor a los presos políticos ni a lo que hemos sufrido en estos años".
Diego Molea
En el mismo programa de Jorge Rizzo, el consejero de la Magistratura de la Nación, Diego Molea, afirmó: "En épocas anteriores ha habido distintos traslados que no respondían al espíritu del traslado, no eran horizontales sino oblicuos no de una sala a la otra sino que no respetaban ni la competencia ni la jurisdicción".
Otras definiciones:
# "Nosotros pedimos al Ejecutivo que envie al senado para darles acuerdo y cumplir con la Constitución".
# "El acuerdo del senado que tienen es uno para el cargo de juez de tribunal en la capital federal y el otro de tribunal oral en la plata, el Senado te presta acuerdo para que ejerza su función de magistrado para algo en concreto".
# "No puede ser que estemos de acuerdo con una resolución judicial si nos gusta y sino no, respeto la decisión de la jueza, ahora hay que esperar".
# "Para mi la Reforma Judicial debe hacerse pero debe surgir de un gran debate y de un gran consenso".
# "Para mi es un inicio y estoy de acuerdo con que la Justicia de Comodoro Py ha cometido graves errores, pero hay que hacer un gran debate en positivo sin politizarlo ni decir que se trata de un avasallamiento".
# "Para mi los abogados somos actores indispensables deben participar en la ReformaJudicial los organismos oficiales que los representan, respeto por sobre todas las cosas a los colegios profesionales".
# "Esperemos a ver que dice la comisión, no tengo dudas que todos vamos a poder aportar lo que pensamos y estoy convencido que si no hay consensos no sale".
# "Si hay algo que nos deja esta pandemia es entender que a través de medios digitales podemos trabajar y avanzar mucho, todos estamos entendiendo que hay muchas herramientas digitales que nos ayudan".
# "Respecto del Expediente electronico el balance es positivo, todos los cambios son traumaticos y tenemos actores a los que les cuesta mas".
# "Por supuesto que cuesta y que hay cosas que fallan pero la implementacion electronica siempre es para mejor, la inversión que se viene es en tecnología".
# "Es necesario pensar en un Consejo de la Magistratura mas ágil".
# "No sirve que haya distintos criterios, en esta etapa encontramos en la corte la posibilidad de obtener consensos y así unificar criterios".
# "El Senado puede determinar que no va a dar el acuerdo y los magistrados deben volver al lugar donde tienen la estabilidad que es aquel para el que concursaron.. Farah podría volver o continuar donde esta ya que el pidió el traslado".
# "En ningún momento estuve vinculado al macrismo, presiones puede ser que haya habido pero no las considero como para hacer una denuncia y si hubo ciertos manejos en el Consejo en determinados momentos".
José Schulman: "Nosotros dialogamos entre pares y pares son los que luchan"
Así lo afirma el presidente de La Liga Argentina por los Derechos Humanos que organiza el ciclo "Diálogos en cuarentena. "Con estos diálogos buscamos intercambiar, compartir y debatir las diversas culturas, tradiciones y maneras de pensar desde el movimiento popular", expresó. La embajadora en Rusia Alicia Castro y el analista internacional Atillio Borón participarán del cuarto encuentro.
15 de agosto de 2020
Diálogos por la Libertad. Así se llama la tercera emisión del ciclo de entrevistas virtuales que lleva adelante la Liga Argentina por los Derechos Humanos y que el próximo 17 de agosto contará con la presencia virtual de la embajadora en Rusia, Alicia Castro y el sociólogo y analista internacional, Atilio Borón, quienes mantendrán una charla con el presidente de la entidad, José Schulman, sobre la figura del General San Martín como disparador del encuentro.
El organismo viene proponiendo una serie de diálogos con diversos referentes sociales, políticos, intelectuales, militantes y periodistas. El primero, denominado Diálogos por la Unidad, fue un mano a mano entre Milagro Sala, líder de la organización social Tupac Amaru, y Schulman.
El 9 de julio fue el turno de los Diálogos por la Independencia, que alcanzó más de 12 mil visualizaciones, mientras que el 26 de julio llegó la hora de Diálogos Rebeldes, que lleva más de 17 mil visitas en el Facebook Live de la Liga, donde se desarrollan los encuentros.
“Con estos diálogos buscamos intercambiar, compartir y debatir las diversas culturas, tradiciones y maneras de pensar desde el movimiento popular. Me acuerdo una frase de Agustín Tosco que decía ´nosotros dialogamos entre pares y pares son los que luchan”, explicó a Tiempo, Schulman.
El referente de la Liga destacó que en la actualidad hay 24 presos políticos y 12 tiene prisión domiciliaria. “Tenemos una mirada muy crítica de la democracia liberal. Decimos que con presos políticos no hay democracia. Hoy hay 36 dirigentes en esta situación”, puntualizó.
Durante Diálogos por la Unidad, Milagro Sala señaló: "Nosotros no armamos pelotones de desocupados, formamos conciencia", al tiempo que señaló que "es indispensable intervenir el poder judicial. La única manera de recuperar la libertad es que cambie la justicia en Jujuy". De ese modo, entendió que "tiene que haber un fiscal que investigue la malversación de fondos en la provincia".
A su turno, Schulman insistió con la unidad nacional y de campo popular Latinoamericano: "Hay que trabajar con hechos y realidades. Eso va cambiar cuando los dirigentes entiendan que el pueblo se moviliza en muchos lugares, pero los dirigentes están con miedo a salir".
El 9 de julio, Dora Barrancos, Amado Boudou, Daniel Catalano, Walter Correa, Fernando Borroni, además de Schulman dejaron sus impresiones en torno al sentido de la Independencia durante más de dos horas de charla.
“La lucha no es contra los varones sino contra el sistema patriarcal. El feminismo es el único partido de masas que hay hoy contra el sistema patriarcal, si asociamos el patriarcado a las formas más violentas del capitalismo”, expresó Barrancos, socióloga y asesora ad honorem del presidente.
El ex vicepresidente advirtió: “Nosotros peleamos por el amor y la igualdad. Que se reduzca la jornada laboral y que los trabajadores y trabajadoras tengan participación en las ganancias de las empresas. La estatización de los servicios públicos es la clave para lograr independencia económica, para mejorar la calidad de vida y para un entramado productivo que tenga energía a precios razonables”.
Por su parte, el secretario general de ATE Capital, Catalano, argumentó que “el capitalismo no es solo una organización económica, sino social y cultural que termina amansando y abriendo las puertas para que el neoliberalismo pueda entrar en la vida de las comunidades como nuevo orden mundial. No va haber independencia ni igualdad hasta que podamos referenciarnos con el otro y la otra tal cual es”.
“Parece que algunos tienen legitimado todo, y otros nada. El delito no es delito en este modelo porque se viole una norma, sino que es delito en relación a quién lo comete”, añadió el periodista Borroni; mientras que el diputado nacional por el Frente de Todos, Correa, concluyó: “No tengo dudas de que de la post pandemia salimos con más Estado, la presencia y articulación de nuestro pueblo”.
Fuente:TiempoArgentino
16 de agosto de 2020
Las mas de 70 mil hectáreas incendiadas intencionalmente en el Delta del Paraná precipitaron el debate
Diputados avanza en consagrar una ley de protección de humedales
Hay en discusión seis proyectos de todos los bloques legislativos y el objetivo es sancionarla este año. El lobby empresario, que frustró varias veces una legislación sustentable, ya se hace sentir en el Congreso.
Por Miguel Jorquera
La presentación de un proyecto por parte del presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso (Frente de Todos), abrió un nuevo debate, que incluye otras cinco iniciativas de todas las bancadas legislativas. Desde el gobierno nacional, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, promueve y respalda la propuesta de legislar presupuestos mínimos para proteger los humedales y su desarrollo sustentable, mientras está al frente del combate a los incendios y puso en marcha los Faros de Conservación del Delta del Paraná para la prevención
Hasta la Corte Suprema fungió de bombero y ordenó la creación de un Comité de Emergencia Ambiental, ante las quemas que “han producido una gran degradación ambiental en la zona. Es prioritario conservar este riquísimo ecosistema del delta y comprender que el camino es el desarrollo sostenible, aunque algunos insistan en defender métodos productivos del siglo pasado”. Un ente que estará encabezado por el Ministerio de Ambiente, junto a los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, sumadas los municipios de Rosario y Victoria de esas provincias respectivamente.
“Los humedales juegan un papel fundamental en el contexto del cambio climático, son el ecosistema que más capacidad de absorción de gases de efecto invernadero tienen, funcionan como barreras contra la elevación del nivel del mar y la intrusión de agua marina en las napas de agua dulce y reduciendo, además, el impacto las inundaciones, las sequías y las tormentas”, afirmó Grosso a PáginaI12. “Lo importante a comprender en este tema es que no se pretende prohibir la actividad económica sobre los humedales, sino lo que buscamos es regularla para no destruirlos, hasta acá lo que el Estado no regula el mercado lo destruye. Hay formas de producción sustentable y alternativas de desarrollo que protegen el ambiente”, admite el diputado oficialista.
De todas maneras, su proyecto plantea un aumento considerable en las multas por los incendios intencionales que llegan hasta 843 millones de pesos. Hasta ahora, las bajas sanciones económicas por las consecuencias ambientales de las quemas intencionales son absorbidas en los costos de producción de diferentes actividades para continuar con un modo productivo arcaico y no sustentable.
También incorpora un capítulo penal con sanciones de 1 a 10 años de cárcel. Una escala que va desde el delito culposo hasta el doloso e intencional. Incluso, contempla la “responsabilidad extendida” para que las sanciones no recaigan sólo sobre los responsables directos de los incendios, muchas veces peones rurales que cumplen órdenes, sino también de sus promotores.
En la segunda jornada de debate, por la comisión ya pasaron decenas de expertos y organizaciones ambientalistas, organismos nacionales como el Inta, entidades de productores, comunidades de pueblos originarios que habitan humedales, y por la que desfilarán también desarrolladores inmobiliarios y empresas mineras y que forman parte de al menos un centenar de expositores que pasarán por la Cámara baja.
Allí está en discusión la propuesta de Grosso (FdT) y otros cinco proyectos de distintos bloques políticos. El del socialista santafesino Enrique Estevez; de la lavagnista Graciela Camaño; y de los integrantes de Juntos por el Cambio con iniciativas diferenciadas: de la UCR encabezado por Brenda Austin, de la Coalición Cívica de Maximiliano Ferraro y de los senadores macristas Gladys González y Esteban Bullrich.
Uno de los puntos en discusión es el tiempo que cada uno de los proyectos otorga a la realización de un inventario nacional de humedales. Plazos de 2, 3 y 5 años, con diferentes niveles o etapas y una actualización cada 5 ó 7 años. La más divergente es la propuesta del PRO que no establece ningún plazo.
Lo mismo sucede con el “ordenamiento territorial” de los humedales, donde aparecen distintos clasificaciones mayormente divididos en “áreas de conservación, de gestión de recursos y aprovechamiento sostenible”. Y donde el proyecto de Grosso incorpora el “criterio de ecología del paisaje, sinergia con el enfoque ecosistémico y el manejo integrado de cuencas hídricas”, así como una mas estricta limitación territorial de actividades y ocupación.
Las medidas que deben adoptarse mientras se completen los pasos previos para la implementación plena de la ley, también son motivo de diferencias. Algunos proponen que no haya "moratoria" o que durante ese periodo se garanticen los ejes de la legislación, mientras que otros plantean que sus plazos se extiendan hasta que se realice el inventario nacional o el ordenamiento territorial. Otro de los puntos en los qeu por ahora no hay acuerdo tiene que ver con los fondos que se destinarán para todo el proceso. La mayoría coincide en que debe destinarse un 0,3 por ciento del presupuesto nacional, pero las diferencias aparecen a la hora de determinar las condiciones para acceder al fondo y sus criterios de distribución.
La discusión ya arrancó y existe una coincidencia generalizada en la necesidad de promover una ley de protección para los humedales. Aunque por lo bajo, no pocos legisladores admiten que el lobby en contra de una reglamentación para su uso sustentable ya comenzó a hacerse sentir.
16 de agosto de 2020
El ministro de Ambiente aseguró que la ley de humedales será la solución
Cabandié apuntó contra las prácticas ilegales que generan los incendios en el Delta
Entre otras de las políticas para terminar con los incendios que destruyen el medioambiente, Cabandié dijo que reactivaron Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, que había sido desfinanciado por la gestión de Cambiemos. "Hay que trabajar con los isleños y los productores para crear consenso y mejorar técnicas productivas sostenibles", agregó.
Este tema también formó parte de la agenda de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal odenó por unanimidad la creación de un Comité de Emergencia Ambiental , cuyo objetivo será detener y controlar los incendios irregulares en el Delta del Paraná. En cuanto a esto, Cabandié sostuvo que "fue muy importante". "El fuego no se va a terminar de un día para el otro, pero seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para contener esta situación", subrayó.
Por otro lado, el ministro Cabandié expresó su acuerdo con la Ley de Humedales que debate la Cámara de Diputados. "Es importante una ley que permita también el aprovechamiento productivo sostenible, porque si es una ley solo restrictiva, va a traer aparejado el rechazo", opinó el ex legislador en diálogo con este diario.
Sin embargo, reconoce que el proyecto que se trata semana a semana en la comisión de de Recursos Naturales "va a requerir una discusión". "Sabemos que la solución será la ley, pero durante el tiempo que tarde en aprobarse, necesitamos pensar en el 'mientras tanto', por lo cual tenemos que tener acciones concretas”, sumó el ministro de Ambiente y Desarrollo sustentable.
16 de agosto de 2020
Las consecuencias de las quemas en la salud
Incendios en el Delta del Paraná: crecen las consultas por enfermedades respiratorias
Los problemas se agravan en la población más vulnerable y entre los pacientes crónicos. Las mediciones de la calidad del aire arrojan números alarmantes en las zonas aledañas a las islas.
Por Juan Giosa
Imagen: EFE
Desde Rosario
Visibles son las consecuencias que provocan en la flora y fauna del Delta del Río Paraná las incesantes quemas en los humedales de las islas; solo basta con ver fotos o videos de la destrucción que dejan los incendios a su paso. Sin embargo, las secuelas de este ecocidio trascienden las fronteras de la provincia de Entre Ríos, afectan a las zonas aledañas y hasta llegaron a la Ciudad de Buenos Aires con su asfixiante humo, generando una contaminación en el aire que superó hasta 6 veces el límite permitido por la ley. Las autoridades sanitarias advierten que esta situación provoca graves consecuencias en la salud de la población, predisponiendo infecciones respiratorias e incluso agravando los cuadros de personas que padecen enfermedades crónicas.
“Los incendios forestales son un problema sanitario creciente a nivel mundial y tienen especial foco en la población más vulnerable, principalmente en niños, ancianos, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo cardíacas o pulmonares, que al estar expuestos al humo y a otros contaminantes ambientales pueden ver afectada seriamente su salud”, alertó la doctora Silvia Marmiroli, subsecretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, en diálogo con PáginaI12.
Para dimensionar el efecto que tiene la inhalación de humo en el organismo, la funcionaria explicó que “cuando se queman los pastizales, las materias orgánicas se transforman en una mezcla muy compleja de pequeñas partículas en suspensión, compuestas de vapores y gases, que quedan suspendidas en el humo y son las que penetran profundamente a nivel pulmonar. Producen desde irritación en los ojos y goteo nasal hasta problemas más complejos como laringotraqueítis, bronquitis, asma. Y en los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas o con problemas cardiológicos, pueden empeorar sus patologías”.
Si bien el problema de las quemas en las islas no es nuevo (se remonta al menos a 2008), durante este año alcanzó un nivel de asiduidad y expansión territorial que pusieron al tema en la agenda nacional. En ese marco, una de las medidas que tomaron en Rosario fue realizar un estudio para conocer la relación existente entre el comportamiento de las consultas e internaciones por problemas respiratorios específicos, y el humo por la quema de pastizales. Se hizo un recorte estadístico entre 2017 y 2020, periodo en el cual se chequeó la cantidad de consultas realizadas por ese tipo de cuadros en las guardias de los efectores públicos municipales y en los centros de salud, durante los días en los que hubo más humo o en los días posteriores. Pero este seguimiento se vio alterado por la pandemia: muchas personas que tuvieron sintomatología leve no realizaron la consulta o lo resolvieron con una llamada telefónica a su médico de cabecera, lo que impidió llevar un registro fehaciente que luego pueda ser medible para hacer esta valoración.
Marmiroli aclaró que esa circunstancia no permitió que “este estudio, que intentó buscar una correlación entre ambas variables, pueda ser categórico”. De todas maneras, la subsecretaria de Salud Municipal afirmó que habían comenzado a notar un mismo patrón y constataron un aumento de consultas por estos motivos en jornadas en los que el humo fue más intenso.
Al ser consultada por la existencia de casos puntuales de internaciones por inhalación de humo, Marmiroli aclaró que “es difícil hacer una linealidad porque las consultas por patologías respiratorias como broncoespasmos, rinitis o bronquitis se suelen asociar más a una virosis respiratoria. Por ejemplo, una persona asmática o con enfermedad pulmonar crónica puede tener un recrudecimiento de su cuadro a causa del frío, de un virus o también puede ser por la contaminación del ambiente debido al humo, situación que es más difícil de comprobar clínicamente”.
Lo que resulta innegable a esta altura es el alto nivel de contaminación que produce el humo generado por los incendios. En ese marco, el Grupo Calidad de Aire del Instituto Tecnológico de Diseño e Innovación, la Plataforma Ambiental y el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario comenzaron a realizar mediciones de la calidad del aire en la ciudad que arrojaron números alarmantes. De acuerdo al último informe, a partir del mes de mayo, con la aparición de los focos de incendio en las islas entrerrianas, los valores de contaminación fluctuaron en promedio entre 2 y 3 veces más de lo permitido, mientras que el 14 de junio se registró un valor que superó 5 veces el límite establecido, y el 15 de julio se obtuvo el valor más alto de contaminación, que fue de 6 veces por encima de lo admitido por la ley.
Este estudio sirvió para que la Corte Suprema de la Nación dictara una resolución determinando “que la quema indiscriminada en los humedales del Delta produce afección a la salud, en especial de los habitantes de la ciudad de Rosario”, según explicó Matías De Bueno, director del Observatorio Ambiental. El abogado ambientalista destacó que el Máximo Tribunal sostuvo que “los incendios producen problemas en la salud de las personas, tales como irritación en nariz, garganta, pulmones y ojos, problemas respiratorios y otras perturbaciones más complejas que exceden el límite de la normal tolerancia por la presencia en cantidades importantes de partículas que se desprenden de las llamas y contaminan el aire”. Y detalló que la Corte “reconoció la existencia de prueba suficiente de carácter público y notorio de que los incendios, irregulares, masivos y reiterados causan alarma en la población y amenazan al ambiente”.
Un acuerdo interprovincial
Para dar respuesta al flagelo de los incendios, las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, junto con el Estado nacional, suscribieron un acuerdo interjurisdiccional que derivó en la realización de mesas técnicas con responsables de las tres provincias.
En ese marco, Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, responsable de promover ese diálogo interprovincial, explicó a este diario que si bien durante lo que queda de 2020 se van a mantener guardias permanentes de brigadistas y aviones hidrantes y de observación, el objetivo principal está puesto en la prevención y para eso se está diseñando un plan para el año que viene.
“Estamos trabajando para el 2021 con una agenda muchísimo más compleja, que involucra la seguridad preventiva con un rol importante del Ministerio de Seguridad, el desarrollo de nuevas normas y también el impulso de la Ley de Humedales”, aseguró el funcionario nacional. Por otro lado, consideró que “el tremendo gasto que ha significado esta situación para el Estado tiene que transformarse en un gasto en la prevención y no solo en la respuesta”, que se vuelve muy difícil en medio de una sequía y de una bajante histórica del río Paraná.
Fuks no se olvidó del rol que debe cumplir el Poder Judicial en esta tarea: “Paralelamente, esperamos una acción de la Justicia para que determine fehacientemente la lógica de los incendios intencionales, sus culpables y también sus causas”.
16 de agosto de 2020
El trabajador es esencial para mover la maquinaria del capital.La cuarentena como espacio de disputa política
Cuáles son los objetivos inconfesables de la militancia anticuarentena
Las corporaciones y el dispositivo mediático de derecha fomentan la apertura sin importar el riesgo sanitario. No lo dicen abiertamente pero en los hechos postulan que los trabajadores puedan enfermarse y hasta morirse. El propósito es que la rueda del sistema económico vuelva a girar en plenitud. El caso emblemático del Ingenio Ledesma de la familia Blaquier.
Por Alfredo Zaiat
Cinco meses de la pandemia del coronavirus en el país permiten verificar tres sentencias:
1. Sin los trabajadores en sus puestos el sistema económico no funciona, y por ese motivo el mundo empresario es el más activo militante en combatir la estrategia sanitaria de confinamiento, que es la más efectiva para evitar contagios y, fundamentalmente, miles de muertes.
2. El periodismo de guerra está desencajado en su patológica obsesión con Cristina Fernández de Kirchner y con cualquier cosa que comience con la letra K, sin dar tregua pese a los fulminantes costos humanos en el frente sanitario y sociolaborales en el económico provocados por la covid-19.
3. La cuarentena se ha transformado en un espacio de disputa política donde las fuerzas de derecha (política y mediática) ganaron terreno interpelando a la sociedad desde las emociones (angustia, libertad), minimizando hasta ocultar la racionalidad de los datos de la pandemia y el esfuerzo del gobierno para atender los frentes laboral, social y productivo.
Capital y trabajo
La primera reacción global ante la irrupción del coronavirus fue el confinamiento. Sin tratamiento médico adecuado y sin vacuna, el miedo a lo desconocido y la letalidad del virus derivaron en una cuarentena estricta en la mayoría de los países. Esto implicaba que, en la relación básica de producción, los trabajadores quedaban encerrados en sus casas y el capital (maquinarias, plantas e insumos) paralizado.
El derrumbe de la economía fue inmediato. Caída vertical de la oferta (producción) y de la demanda (consumo). La economía mundial se frenó de golpe como nunca antes había sucedido.
Esa rápida y dramática consecuencia dejó al descubierto que el capital productivo no se reproduce solo y que resulta esencial el trabajador para que el sistema funcione.
La categoría de esencial para trabajadores no corresponde solamente para las tareas indispensables en la instancia de la cuarentena estricta. Esta definición es básica para que pueda girar la rueda del sistema económico. No es una descripción corriente puesto que cuestiona el discurso conservador y va a contramano del pensamiento económico convencional, que privilegia el capital sobre el trabajo.
Es obvio que existen matices en esa relación capital-trabajo y transformaciones en algunas cadenas de generación de valor con la automatización, robotización y aplicación de inteligencia artificial en procesos productivos. Pero la pandemia dejó al descubierto que el trabajador sigue siendo una pieza central para que gire el capital y genere ganancias a sus dueños.
Superado el shock inicial, la maquinaria del capital se lanzó entonces a impugnar la cuarentena como medida de cuidado de la salud. Y pese a que el Estado diseñó en tiempo record una red de auxilio para transitar la emergencia, que implicaba garantizar un ingreso mínimo a la mayoría de los trabajadores, las corporaciones los necesitaban en sus puestos; que se enfermaran sería un daño colateral de la crisis, que podría ser reparado reemplazándolos a medida que cayeran en el campo de batalla del coronavirus.
Espejo
El conflicto por los despidos dispuestos por el grupo Techint cuando el gobierno de Alberto Fernández los prohibió por decreto fue el final del brevísimo apoyo corporativo a la cuarentena, que duró apenas dos semanas.
El comportamiento del holding de la familia Rocca en Italia, donde tiene una de sus plantas en la región de Lombardía, era una referencia para adelantar esa reacción. Desde la cámara empresaria de la provincia de Bérgamo lideró la campaña de apertura y en contra de medidas restrictivas, con un saldo sanitario dramático en contagios y muertes en esa zona.
Del mismo modo que la evolución del virus en Europa ha ofrecido información sustancial para tomar decisiones oportunas, como definir una cuarentena estricta temprana, lo mismo se puede decir respecto a prever la conducta corporativa.
Fue un espejo apropiado cuyas imágenes permitieron encarar una estrategia efectiva para minimizar costos ineludibles de la pandemia.
La administración Fernández enfrentó entonces con firmeza las presiones para una rápida flexibilización y cuando la hubo exigió estrictos protocolos de seguridad sanitaria. Esto pudo cumplirse en el principal nodo industrial del país, en la Provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof.
En los últimos dos meses igual aparecieron fisuras en esa política por la persistente campaña anticuarentena y la debilidad relativa para contrarrestarla.
Ledesma
El caso testigo de la desaprensión hacia los trabajadores es el del Ingenio Ledesma de la familia Blaquier, en Jujuy, gobernada por Gerardo Morales.
La azucarera aplicó la lógica implacable del capital que requiere del trabajador para que el sistema continúe funcionando.
Pese al reclamo del sindicato de azucareros, la empresa argumentó que "todos los puestos de trabajo son esenciales para el adecuado funcionamiento" de la compañía.
El 27 de julio pasado, el sindicato denunció penalmente a directivos de Ledesma y al médico laboral de la empresa por violación del Código Penal (artículo 202 y 203) por responsabilidad en la propagación de una enfermedad.
El "adecuado funcionamiento" que proclama Ledesma ya tiene anotados 11 trabajadores fallecidos y más de 300 infectados por coronavirus. La representación sindical hizo un paro de 24 horas reclamando por las condiciones sanitarias que entrega la empresa, y difundió un comunicado denunciando que "ha quedado evidenciado que se priorizan la producción y sus ganancias a la salud y la vida de nuestra gente".
La familia Blaquier integra la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que reúne a los presidentes de los principales grupos económicos del país y que se ha convertido en líder de la resistencia corporativa a la cuarentena.
Ante el reclamo sindical, Ledesma comunicó que "dispensó" a más de 1000 operarios de 7000 en total de concurrir a las fábricas y labores de campo. Propuso licenciar a aquellos mayores de 62 años "que así lo solicitaran, con un pago no remunerativo del 40 por ciento del salario".
Esos abusos los presentó como beneficios, cuando ese personal está exceptuado de concurrir al lugar de trabajo por ser grupo de riesgo, y si hacen uso de ese derecho la empresa les pagaría menos de la mitad de su salario.
"Siga siga"
El árbitro Francisco Lamolina se destacó en las décadas del '80 y '90 con el gesto clásico de empujar un carro para sugerir que continúe en movimiento. Era el famoso "siga, siga" la jugada aunque hubiese un encontronazo fuerte entre jugadores y mereciera parar la pelota y cobrar un foul.
La estrategia sanitaria y económica para encarar la pandemia se ha convertido en un espacio de disputa política, en el cual la derecha ha impuesto la filosofía Lamolina.
El mundo sindical tiene la oportunidad de actuar como contrapeso a las presiones por la flexibilización de las corporaciones, para cuidar la salud de los trabajadores.
Un reciente informe del colectivo Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos covid-19 en CABA advierte que a medida que se fue prolongando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el mismo se fue flexibilizando con un aumento considerable de la movilidad de la población que trajo como consecuencia directa el incremento en la velocidad de propagación del virus.
Destaca que por ahora la única medida que resultó efectiva fue el aislamiento social, preventivo y obligatorio de parte de la población y sostenido con fuerte presencia del Estado. Indica que las aperturas en forma indiscriminada sólo conducen al colapso del sistema sanitario y a las tristes imágenes que recorrieron el mundo de personas muertas en la calle por no acceder a la atención médica.
Señala que, en ese contexto, la posibilidad de realizar un aislamiento preventivo, es decir la posibilidad de no tener que salir a trabajar, se convertirá en una necesidad para proteger la salud y la vida.
Pero reconoce que para que eso pueda concretarse se requiere, además de la aceptación de la población, un compromiso por parte del Estado para garantizar que dicho aislamiento sea posible para todos y todas desplegando un amplio dispositivo de protección y asistencia a empresas, trabajadores y sectores en situación de mayor vulnerabilidad.
La oposición política y mediática rápidamente entendió que la cuarentena es un terreno apto para desplegar una disputa política con el objetivo de erosionar la base electoral del oficialismo.
El dispositivo discursivo del periodismo de guerra es conocido. Promueve la militancia anticuarentena, aumentan entonces los contagios y muertes, para después concluir que la cuarentena impulsada por el Gobierno no sirvió para frenar el avance de la pandemia.
Protección del empleo
Por razones no explicitadas, el presidente Alberto Fernández no comunica la acción oficial en el frente económico de la pandemia en las conferencias quincenales, compartidas con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Para la población agobiada por la pandemia la cuestión económica no está separada de la sanitaria. Las dos van de la mano en la preocupación cotidiana y, por ese motivo, merecen atención y exposición detallada.
El último informe del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo ofrece interesantes datos sobre el impacto de la red de emergencia diseñada por el Gobierno. Uno de ellos es sobre la evolución del mercado laboral.
Entre febrero y mayo se perdieron 154.000 empleos asalariados formales en el sector privado, una caída del 2,5 por ciento, la mayor desde 2002. Casi toda esa contracción se produjo en marzo (-0,7 por ciento) y abril (-1,7 por ciento), mientras que mayo mostró una virtual estabilización (-0,1 por ciento).
La primera impresión es que son cifras muy negativas. Sin embargo, del mismo modo que se muestran curvas comparativas de contagios y muertes de covid-19, cuando se observa la magnitud de esa caída en relación a la de otros países del continente americano resulta ser moderada.
El Ministerio de Trabajo informó que esa baja del 2,5 por ciento del empleo asalariado formal del sector privado es menor a la registrada por Brasil (-7,5 por ciento), Chile (-12,2), Estados Unidos (-13,8) y Canadá (-19,2 por ciento).
El CEP de Desarrollo Productivo explica que son varias las razones de esas diferencias, entre las que sobresale la institucionalidad del mercado laboral (más regulado que el de esos otros países) y la combinatoria de políticas públicas: prohibición de despidos, acuerdos por suspensiones y la ayuda salarial por vía del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
La reducción de las nóminas fue mayormente porque las empresas no repusieron las bajas por otras razones, como renuncias, jubilaciones o finalización de períodos de prueba.
La posibilidad de tener una vacuna fabricada en el país en un horizonte inmediato despeja el frente sanitario para los próximos meses y facilita transmitir un mensaje épico por contar con una base científica-industrial nacional. Esa misma épica merece un acuerdo de deuda con los acreedores privados en un contexto desfavorable y cuando se observa la efectividad de las medidas de protección de empresas y empleos en la peor crisis económica mundial desde el colapso de la década del '30 del siglo pasado.
16 de agosto de 2020
La complicidad del Servicio Penitenciario Federal
Espionaje ilegal: Una estructura armada para controlar y vigilar tras las rejas
El juez Juan Pablo Augé y los fiscales creen que “funcionarios de las máximas jerarquías del SPF" ejecutaron "un plan para controlar y vigilar" a ex funcionarios y empresarios detenidos.
Por Irina Hauser
Imagen: NA
El último día que Emiliano Blanco trabajó como director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en mayo, dos personas de su equipo se llevaron varias cajas llenas de documentación de las oficinas a su cargo. Lo revelaron dos funcionarios que lo habían visto con sus propios ojos y que tuvieron que declarar el jueves último cuando una delegación de la fiscalía de Lomas de Zamora y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó la Dirección Nacional del SPF, en Lavalle y Pueyrredón, en la Ciudad de Buenos Aires. Buscaban material vinculado con el espionaje ilegal en las cárceles. Porque los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide ya están convencidos a esta altura de que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo actividades de inteligencia ilícitas sobre un grupo específico de ex funcionarios y empresarios presos por causas de corrupción, y así lo dejaron escrito en las órdenes de allanamiento que se desplegaron también la última semana en el penal de Ezeiza, en la ex Área 50 (de Inteligencia) y en el Departamento de Asuntos internos. Claro que con el dato del robo de papeles, el viernes hubo otro operativo en las casa del propio Blanco, que ahora quedó formalmente imputado en la causa. Fue en el country Highland Park y también en las viviendas de los colaboradores que lo ayudaron.
El IRIC, invento para espiar
Lo que afirma la fiscalía y fue remarcado por el juez Juan Pablo Augé al ordenar los allanamientos es, textual, que “funcionarios de las máximas jerarquías del Servicio Penitenciario Federal habrían llevado a cabo un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC (Intervención para la reducción de índices de corruptibilidad), que principalmente incluyó a ex funcionarios públicos imputados de haber cometido actos de corrupción. Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia”. El IRIC fue un sistema que inventó el macrismo, para tener encarcelados todos juntos a los ex funcionarios kirchneristas y otras personas ligadas a ellos. La investigación judicial plantea que se creó, precisamente, con fines non sanctos. Algunas de las derivaciones más conocidas fueron aprietes a presos y familiares; otra a través de la filtración de las llamadas de los teléfonos públicos intervenidos, que se usaron para difundir llamadas privadas de los presos y armar el “Operativo Puf”, que contrarrestara la causa del D’Alessiogate.
Cuando los fiscales hablan de que los responsables fueron las máximas jerarquías, se refieren a personas puntuales: además de Blanco, su asesor Fernando Carra, el chofer de éste, Sergio Ducal, Cristian Suriano, que era el jefe del Area 50 de Inteligencia, Miguel Angel Perrotta, ex jefe de Asuntos Internos y Juan Carlos Silviera, ex director de Seguridad. Ahora quedan salpicados dos nombres más, los de quienes ayudaron a Blanco a llevarse la documentación en sus autos: Fernanda Koser, del Servicio de Prevención de Corrupción, vinculado con el IRIC, y Marchese, jefe de gabinete del SPF. Ambos siguen en funciones.
La renuncia de Blanco --un ex funcionario que venía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero permaneció con el de Macri-- fue aceptada en mayo último después de idas, vueltas y largos silencios en el Ministerio de Justicia, en un contexto donde se superponían problemas: había una escalada de protestas en las cárceles a raíz del coronavirus, con epicentro en Devoto, donde se le atribuía al ex funcionario la pérdida de control pero, además, comenzaba a avanzar la investigación sobre espionaje y el juez que entonces tenía la causa, Federico Villena, allanaba la Dirección de Inteligencia del SPF, la de Seguridad y el penal de Ezeiza. ¿Por qué? Porque ya aparecían conexiones entre el grupo de espías conocidos como “Super Mario Bros” y el SPF y porque dos testigos de identidad reservada describieron con muchísmo detalle cómo se había “cableado” con micrófonos y cámaras la zona del IRIC del penal de Ezeiza, cómo la información era enviada a Inteligencia y el hecho de que su usaba, por ejemplo, para presionar a ciertos detenidos para que declaran contra CFK o en las causas de alto impacto, como la de los cuadernos u otras.
En el procedimiento del jueves, del que participó la fiscal Incardona en persona, fueron hallados documentos útiles para la investigación en un sector de la Dirección Nacional llamado Dirección de Trato y Tratamiento, según pudo saber PáginaI12 por allegados a la causa. Se incautaron computadoras donde había informes de las personas privadas de la libertad en el IRIC y que, todo indica, eran monitoreadas con una ingeniería específica, no precisamente para cuidarlos. También en Ezeiza aparecieron carpetas con datos y reportes del mismo tipo, sobre las mismas personas, del mismo sector. Allí, al módulo 6 del penal, donde estaba el IRIC, habían trasladado al narcotraficante Mario Segovia, con la excusa de que lo iban a controlar porque podría estar digitando delitos desde la cárcel o planeando una fuga. Pero lo que se hacía, según declararon dos personas que trabajaban allí, era espiar a los ex funcionarios y empresarios. A ellos les parecía extraña la presencia de Segovia en ese lugar, y tenían motivos para dudar.
En los allanamientos del viernes también se secuestraron teléfonos de Blanco, que serán analizados, pero ni en su casa ni en la de los funcionarios se encontraron los documentos buscados. También están pendientes de análisis los celulares de los otros sospechosos del SPF que, a entender de la fiscalía, conformaban “una de las ramas de la organización criminal investigada en estas actuaciones”. En efecto, otra pata de la investigación es la relacionada con el espionaje a políticos, tanto oficialistas durante el gobierno de Cambiemos como opositores, periodistas, dirigentes sociales y eclesiásticos, en una lista que hay nombres que van desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Horacio Rodríguez Larreta.
Las pruebas
* Una de las pruebas que hay hasta ahora sobre el espionaje en la cárcel, que fue puntapié para la aparición de otras, estaba en el celular del ex espía Leandro Araque, igual que muchas de las carpetas sobre seguimientos a políticos. Había una planilla tipo Excel con una lista de las personas privadas de la libertad en el IRIC (funcionarios, sindicalistas, empresarios), el detalle de la causa por la que estaban o están detenidos, un semáforo --que había sido revelado por este diario-- que parecía indicar la prioridad para espiarlo y el nombre del agente encargado de sus seguimiento. En otro ítem de “observaciones” figuraba el lugar de detención y otras personas vinculadas al expediente.
En la lista de detenidos estaban, entre otros, Lázaro Baez, Omar “Caballo” Suárez, César Milani, Ricardo Jaime, Fabián de Sousa, Julio de Vido, Juan Pablo Pata Medina, Cristóbal López, Carlos Kirchner, Roberto Baratta, Jorge Chueco, Víctor Manzanares, Oscar Thomas, Fernando Esteche, Rafael Llorens, entre otros. En el caso del ex jefe del Ejército, Milani, además había un gráfico donde se detallaba su grupo familiar, su ámbito carcelario, amistades y políticos cercanos, quiénes lo visitaban, con qué abogados hablaba. En otra planilla figuraban las preguntas “para obtener información de interés para la organización criminal”. Aunque la mayor parte de la información carcelaria se refiere al sistema federal, también se encontraron rastros de espionaje en Melchor Romero, incluso un sistema de cableado y una celda preparada para Pablo Moyano, cuando además salía a la luz presionaba para que lo metieran preso. Araque incluso presentó todos sus archivos ante la bicameral de Inteligencia del Congreso cuando fue citado.
* Uno de los testigos de identidad reservada describió cómo se hacían los seguimientos a los ex funcionarios presos y la recolección de información por parte de “agentes y autoridades” y señaló la presencia de cámaras y micrófonos, parte de los cuales fueron hallados en un primer allanamiento que hizo el juez Villena. Carra fue señalado como alguien que veía a los presos y los presionaba. “Formaba parte de un engranaje manejado por Emiliano Blanco del cual participaban Perrota y Suriano”, dijo. Estos últimos “se encargaban de la parte logística, es decir, recolectar información a través de la observación de los internos del programa IRIC por medio de cámaras y micrófonos (…) La parte de las cámaras y micrófonos estaba a cargo de Suriano. La parte de Perrota era la de infiltrar agentes que cumplían la función de celador. Estos se encargaban de anotar toda la actividad que realizaran los internos que se encontraban siendo investigados por la Justicia, los cuales era Segovia y Medina, pero en realidad, su actividad se centraba en los internos mencionados, como ser (Carlos) Zaninni, (Amado) Boudou, (Daiel) Pérez Gadín, Ricardo (Jaime), Lázaro Báez…”.
Otro testigo secreto dijo que se utilizaban para la vigilancia dos monitores de “aproximadamente un metro por un metro”, que estaban conectados a una CPU y que lo que observaban lo dejaban plasmado en un cuaderno y a veces hacían capturas de las pantallas. Si escuchaban algo muy relevante lo transcribían y guardaban en un pendrive. Esos aparatos estaban en la sede de Inteligencia penitenciaria, el Área 50, a cargo de Suriano. Lo que creen los investigadores es que la información circulaba de los penales hacia esa dependencia, en la calle Varela 266, en Flores, y de allí a la AFI y tal vez otras autoridades de la Casa Rosada.
* Las declaraciones de algunos espías permitieron inferir que el algunos integrantes de “Super Mario Bros” fueron al penal de Ezeiza y que uno de ellos, Jorge “el Turco” Saez, que había sido penitenciario, tenía relación con Suriano. Los ex espías Alan Ruiz, jefe de Operaciones, Martín Terra, Dominique Lasaigues y Mercedes Funes Silva estuvieron en el penal de Ezeiza, en el IRIC. Ruiz declaró que los llevó Suriano y que unos días antes habían tenido reuniones con Blanco.
* “La estructura para recolectar información de las personas alojadas en IRIC fue posible gracias a la creación de programas, en apariencia legítimos, regulados por normas aprobadas por la propia administración penitenciaria, como ser las Pautas generales de funcionamiento del sistema IRIC”, explicaron los fiscales. Esa norma generó un sistema de circulación de información con apariencia de legalidad que incluía a distintas áreas del SPF: la Dirección General de Régimen Correccional y Dirección Principal de Trato y Tratamiento dependiente de la primera; la Dirección Principal de Análisis de la Información; el Departamento de Asuntos Internos y la Dirección Nacional. Toda esa normativa también fue secuestrada, con los antecedentes de su confección.
Con todas estas novedades, es posible que se cite a dar testimonio a varios de los presos espiados, se avanza en un peritaje para establecer la forma de contacto de Ezeiza con el Área 50 y podrían incorporase nuevas imputaciones. A la vez, avanza el peritaje sobre 50 celulares en la causa.
Fuente:Pagina12
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