Derechos ciudadanos, puja de intereses
La verdadera disputa tras el DNU sobre teléfonos, televisión paga e internet
El acceso a celulares y pantallas, servicio público. El derecho a la comunicación: prestación universal básica. Precios congelados. Alivio y ahorro para usuarios, puja distributiva con las corporaciones. Indignaciones y falacias de la derecha.
Por Mario Wainfeld
Imagen: Télam
El gobierno anunció una medida. La oposición clamó “¡Venezuela!” Tres juristas, elenco estable, denunciaron inconstitucionalidad. Cinco opineitors se encolerizaron, demostrando ignorancia absoluta sobre la medida. No importa cuando leas esto.
Vamos al enésimo episodio de la saga.
El presidente Alberto Fernández instituyó como "servicios públicos" a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión paga. El primer objetivo es garantizar el acceso a toda la población. Tuiteó: "de esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado”. La oposición clamó: “¡Venezuela!”.
El primer instrumento según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 es la suspensión de aumentos de dichos servicios hasta el 31 de diciembre. Las prestadoras los habían anunciado, varias llegaron a enviar facturas con nuevas tarifas para pagar en septiembre. Fernández recibió durante la semana a empresarios del sector, intentó disuadirlos, se negaron de plano.
Era el segundo incremento en el año de pandemia, queda sin efecto. El impacto inmediato aliviará a millones de ciudadanos que, por motivos evidentes, usan más el celular e Internet. Muchos están obligados porque realizan trabajo a distancia o porque tienen hijos en edad escolar que suplen, como mejor pueden, la ausencia de clases presenciales. Crece exponencialmente la demanda de particulares para mantener contacto con los afectos, para actividades culturales, para esparcimiento. La suba del consumo cuasi forzosa afecta al bolsillo de la gente común. La regulación procura protegerla.
Los precios no se congelan eternamente pero eventuales futuras subas deberán ser aprobadas por el Estado.
Más relevante aunque menos ostensible de entrada es el derecho a una prestación “básica, universal y obligatoria para los que menos tienen”. El acceso a bienes indispensables en el siglo XXI constituye una de las claves de los servicios públicos. La nómina de bienes se amplía, algunos lo llamamos progreso o equidad o hasta justicia social, con perdón de la palabra.
El Gobierno interviene, toma partido en un conflicto de intereses entre las prestadoras y millones de argentinos de a pie.
Vocifere “¡Venezuela!” si quiere. O lea, escuche, repase la historia.
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La sanata sobre el péndulo:
La normativa restituye valores derechos consagrados por la ley “Argentina Digital” del año 2014, suprimidos por el ex presidente Mauricio Macri. La Vulgata dominante se queja: “¿cómo es posible que las reglas cambien cada cuatro años?” La primera respuesta: hay democracia, con alternancia. Quienes reniegan del “péndulo” no quieren que haya equilibrio en improbable centro sino vivir en su extremo derecho.
Los gurúes económicos elevan preces al cielo: “que haya políticas de Estado”. Llaman así a la eternización de las decisiones de gobiernos de derecha.
Piden amplios debates, los hubo previamente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) incluyendo Foros provinciales. Macri la desguazó con un DNU a pocos días de asumir.
En el caso que nos ocupa, son más los derechos reestablecidos que las innovaciones, si tal cuestión importara.
Son numerosos los países en el que el acceso de Internet es considerado derecho esencial . La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo reconoce también. Abundan en el centro del mundo, Europa especialmente, Estados que reconocen como derecho esencial el acceso a la telefonía celular, un bien imprescindible en los tiempos que corren. Dejamos a los especialistas el listado.
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La opción inexistente:
La actual gestión estableció precios máximos para un conjunto vasto de productos, las reglas se cumplen… apenas en parte. Median escollos para que funcionarios ejerzan control activo. El público, a su vez, no puede seguir los consejos de la inefable Lita de Lázzari. La peste impone comprar en los negocios de cercanía. Peregrinar en busca de mejores precios pondría en riesgo la salud propia y la del prójimo.
Las tarifas de gas y electricidad están congeladas. En el ámbito privado, también los alquileres de viviendas .
Los combustibles líquidos mantuvieron precios durante meses, ahora se dispuso un aumento, por debajo de la inflación. Se atiende a varios objetivos: impedir la falencia de las empresas, en particular la estatal YPF. Sostener los puestos de trabajo y las finanzas de las provincias petroleras. Mantener vivo el potencial de Vaca Muerta. De cualquier manera, la suba afectará a las familias y las empresas. Se trata de optar, cualquier solución es opinable e imperfecta.
Empresas como Telecom, Cablevisión, Fibertel, Telefónica, Claro, Telecentro, protestan. El presidente suele pedirles que sean solidarias, que acepten “no perder sino ganar menos”. El imaginario de “los grandes jugadores” desconoce o niega la diferencia que señala Fernández. Para ellos, ganar menos equivale a perder, tout court. El Grupo Clarín es titular de las tres primeras empresas de la lista, son su principal fuente de ganancias. El poder se construye también con el imperio mediático pero el flujo de dinero no.
Huelga decir que el DNU que nos ocupa no legisla sobre contenidos ni sobre libertad de expresión. Esa evidencia jamás será reconocida por la oposición política y el establishment económico que se pintan la cara.
En el manual de operaciones de las corporaciones prevalece la judicialización. Si algo abunda en el Poder Judicial son magistrados dispuestos a admitir medidas cautelares absurdas en defensa de intereses concentrados. Esas medidas, como las prisiones preventivas del macrismo a sus adversarios, se transforman en eternas. Funcionan como sentencias firmes, sin serlo. Posiblemente mientras se tipea esta nota, en la tarde del sábado, estén trabajando a destajo abogados amigos del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, tal vez ex socios. O gente parecida, tanto da.
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Derechos en juego:
Los regímenes legales inclusivos buscan compensaciones entre el poder de los grandes proveedores de servicios y los usuarios, individuales y dispersos. Mitigar las asimetrías de poder. Los contratos de adhesión, en caso de duda, se interpretan a favor del cliente.
Los prestadores de telefonía móvil e Internet marchan a la vanguardia de quejas por mal servicio. Los organismos de Defensa del Consumidor o las Defensorías Públicas registran marcas récord.
Atienden a una clientela vasta, es verdad. Pero es ilustrativo leer sus cuentas de Twitter. Proliferan hallazgos como estos:
Cliente: “Ustedes cagándose en sus clientes, un clásico”.
Respuesta: “¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Flor y voy a ayudarte ¿Podrías indicarme el DNI del titular y el detalle de tu consulta por privado así lo vemos? Te espero”.
Otra.
C:“Dejen de hacerse los pelotudos”-
R: “Te respondimos por DM”.
Hay cantidades, divertido y pedagógico leer dicho material.
La parla macrista hecha y derecha. Te tuteo, le echo almíbar a la réplica, te “duermo” o mando a un callejón sin salida.
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Transferencias de ingresos:
La decisión presidencial es audaz porque aviva el odio de grandes corporaciones. Guarda coherencia con varias anteriores, el aluvional programa de salvataje en pandemia. Transferencias de ingresos como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o los ATP. Miles de empresas, anche de gran porte, embolsaron los subsidios sin quejarse del intervencionismo estatal. Chillaron, eso sí, cuando se les exigieron mínimas contrapartidas. Los conflictos escalaron cuando se fijó doble indemnización, cuando se prohibieron despidos sin causa o alegando fuerza mayor.
El abanico de acciones apunta a mantener fuentes de trabajo, minimizar la cantidad de despidos. Interviene en la puja de derechos entre trabajadores y patrones.
El DNU 690/2020 guarda coherencia con el resto, lo cualifica. Ingresa en la puja distributiva, redistribuye recursos. Es válido que los capitalistas defiendan su lucro. Es capcioso que usen como argumento los intereses de la contraparte.
Ni hablemos de las inversiones extranjeras, que se ahuyentarían. El neoliberalismo market friendly no las atrajo en cuatro años. Absurdo esperarlas en la “nueva normalidad”: todos los estados agrandarán el gasto social, la protección del trabajo de sus nacionales, revisarán las relocalizaciones dispuestas en tiempos que no volverán.
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Indignados contagiosos:
Volvamos al principio. La oposición amanece indignada. No sabe todavía por qué, ya lo decidirá. Convoca a un banderazo contra algo cuyos alcances desconoce.
No importa cuando digas esto.
La indignación se agrava con violencia verbal y un creciente desprecio por el prójimo. El intendente de Avellaneda (Santa Fe), Dionisio Scarpin, que marchó el lunes 17 sin barbijo, abrazó a vecinas-grupos de riesgo y al día siguiente anunció padecer covid dista de ser un caso excepcional. Expresa a una minoría intensa, irresponsable, insolidaria.
En estas horas la indignación trepa contra una norma que, como señala el académico especialista Glenn Postolski “restituye la concepción del rol del Estado como garante del derecho humano a la comunicación”. Amplía derechos, redistribuye bienes, beneficia a millones de personas. Achica los márgenes de ganancia a un puñado de corporaciones que hasta ahora se alzaban entre las contadas grandes ganadoras en medio de la debacle colectiva. Resignarán una fracción de las super ganancias. Seguramente eso les preocupará menos que el avance de los derechos de los ciudadanos-consumidores. Pero no lo gritarán.
23 de agosto de 2020
Las seis claves de la investigación.
Espionaje ilegal: Todos los caminos conducen a Macri
Las causas son varias, pero confluyen en un punto: operaciones de semejante envergadura solo podían ser ordenadas por la cúpula del gobierno de Cambiemos. Un estilo que arrastraba su historia. "Ojo con lo que hablás acá, Mauricio te filma hasta en los ascensores o el baño", era un alerta habitual entre los jugadores de Boca.
Por Raúl Kollmann
Espionaje ilegal: todos los caminos conducen a Macri.
La causa del espionaje ilegal de Cambiemos toca al ex presidente Mauricio Macri por todos los costados. En el estilo del paso a paso, el siguiente escalón son las indagatorias en Lomas de Zamora a la cúpula de la AFI, al secretario de Macri, los directores de la central de espías y los propios espías. El juez federal Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide están esperando que les asignen turnos en la sala virtual, el sistema informático que maneja el Consejo de la Magistratura y que permite concretar las indagatorias de manera remota, con grabación de los contenidos. Al mismo tiempo, también en Lomas esperan la confirmación de la Cámara Federal de La Plata de los procesamientos por el espionaje al Instituto Patria y el desarrollo de la investigación sobre la forma en que espiaron a las personas detenidas en el penal de Ezeiza. Al final de ese camino, que no debería tardar mucho, se tomará una decisión respecto de Macri, porque es difícil pensar que una mecánica ilegal de semejante envergadura, con tantos protagonistas y víctimas, la pueda haber puesto en marcha un subalterno.
El caso permite visualizar distintos capítulos:
1. Las frases de Ritondo
En el celular de Darío Nieto, el secretario de Macri, se encontró una comunicación dirigida en principio al ex presidente. En ella Nieto le comunica un mensaje enviado por Cristian Ritondo. El diputado integra la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, y que vio desfilar a espías y directores de la AFI que fueron reconociendo sus tropelías. El mensaje de Ritondo es dramático, porque pide que alguien le explique el desastre. "Estos tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso. Alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz para que desmienta todo, la aparición de Martinengo. Pero que lo que falta es un relato y una historia coherente de todo". En síntesis, lo que a través de Nieto le reclama Ritondo a Macri es que los espías fueron policías de la Ciudad, armada por el macrismo, que los llevaron a la AFI, manejada por el macrismo, y las órdenes las dieron jefes de la elite del macrismo. "Esto es todo nuestro, no hay personajes que dejó el kirchnerismo. Alguien se tiene que hacer cargo", es el mensaje del diputado.
2. El secretario
La prueba contra Darío Nieto, el secretario de Macri, no es sencilla, porque él borró los mensajes. Lo que se logró rescatar, pese a que también lo había borrado, es el block de notas. Lo que hacía el secretario es copiar los mensajes en su block de notas, en esencial las tareas que le asignaba el presidente y los mensajes que debía transmitirle. Por eso figura allí lo que Ritondo le quería transmitir a Macri. El problema es que no queda tan clara la prueba de quién mandó y quién recibió, ni cuándo.
Aún así, Nieto terminó procesado porque a través suyo se trasladan informes de espionajes ilegales, como los que se hicieron en el Gran Buenos Aires antes de la reforma jubilatoria. Los espías estaban alarmados porque veían que iba a haber una fuerte reacción y le mandaron decir a Macri que tal vez convendría postergar la reforma. Lo hicieron a través de Susana Martinengo-Darío Nieto y al mismo tiempo por los canales de la AFI hacia Gustavo Arribas. Todos los caminos llevan a Macri, pero habrá que probarlo. Hay una nueva pericia de celulares en marcha y habrá que ver qué sale de allí.
3. ¿Mala calidad?
Los espías fueron enviados a espiar el Instituto Patria y los agarraron. Otros hicieron espionaje a decenas de opositores y oficialistas, a referentes sociales como el obispo Jorge Lugones --por supuesta amistad con el Papa Francisco-- y hasta a la hermana de Macri, Florencia, y su pareja. Toda esa información se les encontró después en los celulares, en especial el de Leandro Araque, y otra parte surgió de la guerra interna que hubo en la AFI entre agentes de carrera y policías llevados a la central de espías por Cambiemos.
Hay una primera conclusión obvia: fue espionaje berreta, de mala calidad, propio de un estilo policial más acostumbrado a usar buchones y guardar la información para venderla o usarla más tarde contra alguien. Lo cierto es que los ex policías hasta grabaron a sus jefes para después guardar y difundir los audios. Parte del escándalo estalló porque se asociaron con un narco de Lanús para amenazar a José Luis Vila, un funcionario con antecedentes en la AFI. Con ese narco y su abogado intentaron influir en la causa de los Moyano, pero el letrado cambió de bando.
Con ese panorama de mala calidad, hay expectativa en la ampliación de indagatorias convocadas por el juez y los fiscales porque ahora volverán a desfilar todos los espías. De allí y de la nueva pericia pueden salir todavía más elementos. Para agilizar lo que se viene, los fiscales le enviarían a todos los indagados la prueba reunida, de manera que el salón virtual se pueda usar más rápido y por menos tiempo.
4. Correspondencia
Desde el principio de la causa, la ex coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, aparece en el centro de la escena. Para los fiscales es una protagonista menor de los hechos, aunque también será indagada por ser un canal de los informes de espionaje ilegal. Igualmente, todo fue parte de la baja calidad: los espías entraron a la Casa Rosada dejando su nombre en los registros. En realidad los encuentros entre Jorge El Turco Sáez, Leandro Araque y Martinengo en la Rosada fueron porque ella quería ser candidata a diputada por La Matanza. En ese marco, los espías hicieron una presentacion entre el Rafa Di Zeo, referente de la barra de Boca, y Martinengo, porque supuestamente el primero iba a juntar votos para ella. O sea, una mezcla de espionaje y politiquería.
5. Cárceles
En la semana que empieza, el esfuerzo en el juzgado y la fiscalía de Lomas estará centrado en las declaraciones referidas al espionaje, sobre todo en el penal de Ezeiza. Por ejemplo, van a declarar Amado Boudou y Roberto Baratta, víctimas del aparato que, según parece, plantó micrófonos y cámaras en los pabellones en que estaban los ex dirigentes del gobierno de CFK y los empresarios imputados especialmente en la causa de las fotocopias de los Cuadernos.
La cuestión es importante, no sólo por el espionaje en sí mismo, sino porque marcaría que intervinieron áreas muy distintas: el Servicio Penitenciario Federal, la Agencia Federal de Inteligencia y el Poder Judicial. Semejante operatoria mostraría un mando único del máximo nivel. No es como en un caso de corrupción, que un funcionario de segundo orden se queda con fondos: acá obviamente parece haber un interés superior.
6. Tiempos
La investigación del espionaje ilegal está siendo acechada por varios lados, en especial desde Comodoro Py, donde traban conflictos de competencia. Sin embargo, los fiscales Incardona y Eyherabide seguirán dando pasos adelante. Esperan, en primer lugar, que se confirmen los procesamientos dictados a la cúpula de la AFI y a los principales directores de la central de espías por los hechos del Instituto Patria. En segundo lugar, se vienen las indagatorias por el espionaje a oficialistas, opositores y referentes sociales, que no se iniciarían esta semana, sino en la primera de septiembre. En tercer lugar, están a la expectativa de lo que surja en los próximos días en las declaraciones sobre el espionaje en las cárceles. Finalmente, hay esperanza de encontrar más evidencias en la nueva pericia de los celulares.
Con toda esa prueba los fiscales decidirán si avanzan con quien parece ser el protagonista central de esta historia, el ex presidente Macri. Necesitan encontrar evidencia sólida, no solamente inferencias y deducciones. Un histórico jugador de Boca Juniors fue en los años 90 con su abogado a las oficinas de Socma, Sociedades Macri. El letrado recordó está semana que el jugador, antes de entrar al edificio, le dijo: "ojo con lo que hablás acá. Mauricio te filma y te graba en el ascensor y en el baño". A primera vista, parece una conducta ilegal que sigue y sigue.
23 de agosto de 2020
Qué hacer en un mercado bajo tensión. Medidas para la compleja coyuntura y una estrategia estructural para sumar divisas
Dólar: la corrida cambiaria permanente
La demanda de dólares es continua desde hace más de diez años sin distinguir orientación política de los gobiernos ni política económica. La necesidad de un discurso unificado del Banco Central y del Ministerio de Economía. La brecha cambiaria y las presiones del poder económico para una fuerte devaluación.
Por Alfredo Zaiat
Con un superávit comercial importante, sin tener que hacer desembolsos para pagar deuda en moneda extranjera, con restricciones de compra y para girar divisas al exterior y con una muy fuerte caída de la economía y, por consiguiente, del ingreso disponible de la población, igual existe una presión intensa en el mercado cambiario.
Este escenario económico-financiero debería haber brindado cierto alivio en un frente muy sensible. Pero no lo hubo, más bien las tensiones se han agudizado a lo largo de estos meses, incluso luego de cerrar el acuerdo de deuda con los acreedores privados del exterior.
Existen indudables factores coyunturales y de base de la estructura productiva y del régimen financiero-cambiario para comprender la permanente incertidumbre alrededor de la cotización del dólar.
La inestabilidad cambiaria es constante independientemente del origen político del gobierno y de la estrategia económica que se despliega.
Intervención
La paridad cambiaria tiene además un componente político que no puede desconocerse a riesgo de erosionar la legitimidad de gestión de un gobierno. Es también una variable clave en la economía local en la distribución del ingreso.
La capacidad de intervención en ese mercado tan emotivo, que tienen jugadores de peso del bloque de poder económico, desde grandes corporaciones locales hasta el cartel de firmas exportadoras, exige una estrategia oficial coordinada para tratar de contrarrestar movimientos especulativos.
Exhibir falencias en esa tarea tiene costos elevados.
A esta altura, después de tantas crisis cambiarias en las últimas décadas, es sabido que medidas o análisis acerca del mercado del dólar no se debaten públicamente entre funcionarios ni se entregan trascendidos a los medios y muchos menos se anuncian eventuales modificaciones del régimen cambiario que luego no se concretan.
El precio del dólar es un componente muy delicado del manejo de las expectativas económicas. Merece por lo tanto una estrategia comunicacional específica, además del prioritario diseño de una política cambiaria que atienda el persistente comportamiento de ahorrar en dólares.
Cortocircuitos
En las últimas semanas aparecieron cortocircuitos en la misión oficial de comunicar acerca del panorama cambiario, que es un cuadro complicado como lo está siendo desde hace mucho.
El Banco Central envió el mensaje de que el cupo mensual de compra de 200 dólares debería ser eliminado o limitarse porque se estaban perdiendo muchas reservas por esa vía.
La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el presidente Alberto Fernández comentaron en entrevistas radiales que les preocupaba esa filtración de dólares.
El Ministerio de Economía difundió en cambio que no se está estudiando ninguna modificación en el esquema de compra de dólares ahorro.
Después, en el Banco Central aseguraron que, por ahora, no están evaluando la alteración de ese régimen de acceso a dólares ni de la estrategia de ajuste del tipo de cambio.
En una economía con hipersensibilidad cambiaria y el asedio imperturbable de la conducción política del poder económico , esa participación en el espacio público de figuras relevantes del Gobierno agrega un factor innecesario de confusión en una cuestión complicada.
Economía y BCRA
La posición de Economía se resume en que superada la instancia del canje de deuda con acreedores privados , en los tramos externo y local, en los primeros días del mes próximo, se aliviarían las presiones cambiarias.
Evalúan que entonces habría ingreso de dólares financieros motivado por un eventual mejor clima para invertir en activos locales. Esas divisas permitirían al Banco Central sumar reservas y la demanda mensual del cupo de 200 dólares no afectaría ese stock. Incluso estiman que podría disminuir esa demanda por la reversión de la tendencia dolarizadora por el atractivo de las colocaciones en pesos, ya sea por tasas de interés reales de plazos fijos o por rendimientos elevados de los nuevos títulos públicos en moneda nacional.
En el Banco Central, en tanto, dicen que no hay ninguna posibilidad de hacer algo diferente mientras se desarrolle el canje, pero dejan abierta la puerta para hacer algo después de la operación con los acreedores privados.
Aseguran que la presión sobre las reservas es manejable y que no está previsto activar el swap de monedas con China.
Consideran que el actual tipo de cambio es competitivo, indicando que se ubica por encima del nivel de unificación cambiaria de fines de 2015 del gobierno de Macri, que se alcanzó luego de una fortísima devaluación.
Sostienen que la demanda de dólares de estas últimas semanas está muy relacionada con el reinicio de la actividad económica y de importadores vinculados a esa recuperación. Aclaran que se privilegiará el nivel de actividad y, por lo tanto, no está previsto cerrar el grifo de dólares para los importadores.
Para evitar costos mayores a una economía golpeada sería importante que Economía y el Banco Central pudieran coordinar la estrategia cambiaria y, fundamentalmente, administrar sus disidencias.
Corridas
La actual inestabilidad del mercado cambiario no tiene que ver con los impactos dramáticos de la pandemia ni con la política económica del gobierno de Fernández.
Este ciclo de turbulencias alrededor de la paridad se mantiene constante desde hace trece años. La crisis del coronavirus le agregó un elemento adicional a esta corrida cambiaria permanente.
La pérdida de dólares de las arcas del Banco Central es continua desde mediados de 2007, meses previos a la primera elección presidencial ganada por Cristina Fernández de Kirchner. Se intensificó con la crisis del campo en 2008, luego con la debacle financiera internacional de 2009, y antes de la reelección de CFK en 2011.
En cada uno de esos momentos, la presión era por una fuerte devaluación, que CFK resistió instrumentar.
En esos años, la demanda de dólares fue atendida con el superávit de la balanza comercial. Esos dólares comerciales excedentes se agotaron y la economía volvió a toparse con la denominada restricción externa, o sea la escasez relativa de divisas.
El aumento de las importaciones impulsado por el fuerte crecimiento del Producto evaporó el superávit comercial, siendo un componente relevante el déficit energético. En esa instancia se diseñó un régimen de control y administración de divisas en el período 2011-2015, que limitó pero no detuvo la sangría de reservas, dólares que también se utilizaron para seguir pagando vencimientos de intereses y capital de deuda.
Durante el gobierno de Macri 2015-2019 la corrida no se frenó pese a la liberación total del mercado cambiario. La demanda fue atendida por un endeudamiento desaforado y por el ingreso de dólares financieros para aprovechar las fabulosas ganancias en bicicletas entregadas por el Banco Central.
Cuando se agotaron esas dos fuentes de abastecimiento de dólares y, sin que la corrida hubiera detenido su marcha en esos años, se reinstalaron restricciones de acceso a las divisas.
El gobierno de Alberto Fernández mantuvo las limitaciones de compra de dólares en un contexto de tensiones cambiarias que no cesaron.
Trampa
El mercado del dólar, además de ser un refugio financiero, es un espacio de disputa económica y política sobre cómo se reparte el ingreso. La trampa no por conocida deja de repetirse; eludirla es el desafío principal. Consiste en el consejo reiterado de una fuerte devaluación para aliviar las presiones en el mercado cambiario.
Ese brusco ajuste, teóricamente, equilibraría la oferta y demanda de dólares en un valor superior al oficial; hoy sería al del blue. Se sabe cuál sería el saldo de esa decisión: un shock inflacionario, con ganancias para titulares de activos dolarizados y para firmas exportadoras, y fuerte retroceso del poder adquisitivo del salario y jubilaciones salvo que existan medidas reparadoras inmediatas.
Experiencias recientes permiten exhibir que una devaluación violenta es la peor salida para una situación de estrés cambiario. El 23 de enero de 2014 el ajuste cambiario derivó en un alza de precios, que terminó siendo compensado en los ingresos de trabajadores y jubilados a lo largo del año. En cambio, las devaluaciones macristas de diciembre de 2015 y del bienio 2018/2019 consolidaron la pérdida de esos ingresos en términos reales.
En esos tres episodios cambiarios lo que hubo fue una suba generalizada de precios, que hoy no sería diferente en un contexto mucho más complejo, puesto que el cuadro socioeconómico está muy castigado por el deterioro en los años macrista a lo que se sumó el impacto fulminante de la pandemia.
La brecha
La diferencia entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones del dólar Bolsa (MEP y contado con liquidación) alimenta las expectativas de devaluación.
Es una situación con la que tendrá que convivir el equipo económico mientras haya estrictos controles en el acceso a divisas.
El desafío de gestión es cómo administrarla y tratar de que sea la menos amplia posible. Medidas desesperadas que establezcan un control más férreo al existente pueden terminar agravando el cuadro.
No es secreto que las medidas económicas deben ser evaluadas por sus efectos amplios, no sólo por el inmediato, o sea por el impacto en segunda y tercera instancias.
Eliminar el dólar ahorro con cupo mensual de 200 tendría como resultado inicial un freno a la salida de 600 a 800 millones de dólares de las reservas.
Ese sería el impacto primario y parecería efectiva para detener el drenaje de dólares del Banco Central. ¿Cuáles podrían ser otros efectos de esa decisión? Es probable que se amplíe la brecha cambiaria, lo que alimentaría las expectativas de devaluación. Y más importante es que podría generar una mayor incertidumbre sobre la cantidad de reservas, lo que impulsaría a ahorristas de depósitos en dólares a retirar los billetes verdes de los bancos.
Como un porcentaje de esas colocaciones a plazo están como depósitos indisponibles (encajes) en el Banco Central, su disminución se traduciría en una caída de las reservas.
O sea, el objetivo de evitar una merma de reservas por el cupo de dólar ahorro podría terminar con una pérdida aún mayor por el retiro de los bancos de depósitos en dólares.
Otro efecto adicional es que los bancos, cuando registran retroceso de las colocaciones en dólares, suspenden las líneas de prefinanciación de exportaciones, con lo que la pérdida de dólares sería todavía mayor.
No hay que retroceder mucho en el tiempo para descubrir una medida que parecía oportuna para frenar la sangría de dólares del Banco Central que terminó desatando una corrida y una pérdida más abultada de reservas: fue el insólito y desesperado reperfilamiento de la deuda en pesos dispuesto por Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Mauricio Macri.
Qué hacer
El gobierno de Alberto Fernández recibió un tipo de cambio oficial en 63 pesos por dólar. Con una política de minidevaluaciones, el viernes cotizaba a 77,50 pesos. O sea, el Banco Central lo subió 23 por ciento, mientras la tasa de inflación en ese período fue de 19,5 por ciento.
La clave entonces no es devaluar porque ya se está haciendo para mantener el tipo de cambio real en un umbral competitivo (sin atrasarlo), sino en intervenir con efectividad en la oferta y demanda de divisas.
Ante la consulta de qué hacer, el economista Emmanuel Álvarez Agis propuso lo siguiente para aumentar reservas:
* Negociar una línea contingente adicional con bancos del exterior, que con paridades de los bonos en alza tendría un costo más bajo.
* Ofrecer un seguro de cambio a exportadores para aumentar en 5000 millones de dólares su exposición con el exterior (los ingresos de dólares por financiación local y prefinanciación extranjera de exportaciones está en mínimos históricos).
* Negociar con China una ampliación del swap de monedas convertible a dólares.
* Vender bonos luego del canje para bajar la brecha cambiaria con el dólar contado con liquidación.
Para desincentivar el ahorro en dólares, Agis sugiere:
* El Tesoro debe emitir bonos en pesos con rentabilidad sujeta a la evolución del tipo de cambio (en el mercado se denomina "dólar-linked") para conseguir el financiamiento necesario hasta fin de año por 300 mil millones de pesos.
* Ahorristas grandes y pequeños deben poder colocar sus pesos en depósitos también a "dólar-linked".
* Subir la tasa de interés de las colocaciones en pesos.
Son opciones financieras de coyuntura que abren el debate para administrar un mercado cambiario bajo tensión. En tanto, la tarea prioritaria es avanzar con políticas estructurales que mejoren el perfil productivo para incrementar el ingreso de dólares por exportaciones.
Entre la urgencia y las políticas de mediano plazo, el manejo cambiario tiene que evitar la peor salida de ese laberinto: una fuerte devaluación que resultará regresiva en términos de distribución del ingreso.
23 de agosto de 2020
Reacción ultraconservadora ante negociaciones con el Consejo Agroindustrial
Alambran al campo para impedir que se acerque al gobierno
Ex funcionarios del PRO y CEOs del agro combaten toda forma de acercamiento al Gobierno. Quién es quién entre los ultraconservadores.
Por Leandro Renou
David Lacroze, referente del bloque ultraconservador del agro, junto a Mauricio Macri en la Rural.
En el más cuidadoso de los silencios, un grupo de empresarios rurales y de la agroindustria iniciaron hace unos meses contactos con el Instituto Patria y la Casa Rosada para reunirse con el presidente Alberto Fernández y su vice y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Bajo el sello de Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), crearon un espacio negociador que produjo un crac interno en el frente del campo, que desde la disputa de la 125 venía enfrentado al peronismo en todas sus vertientes. La movida, audaz y posible luego de una relación que alguna vez fue conflictiva pero que de ambos lados maduró en un acercamiento, descolocó al sector más ultra del campo. Seteados para vivir y negociar en la dinámica del conflicto eterno, un grupo de ceos agropecuarios que financiaron la campaña de Cambiemos y ex funcionarios del PRO, se abroquelaron para boicotear el nexo del CAA con el Ejecutivo.
La constitución del CAA movilizó un pelotón de casi 60 cámaras sectoriales, economías regionales, la Unión Industrial (UIA), los exportadores de vinos de Bodegas de Argentina y la Unión Vitivinícola Argentina, los cerealeros de CIARA-CEC y toda la Mesa de Enlace menos la Sociedad Rural (SRA). Un frente activo que le disputa representación a los sectores más conservadores y reacios a la política.E n tiempo récord, llegaron a la foto con el Presidente en Olivos y a una postal con CFK en su oficina.
Mauricio Macri suele veranear en Villa La Angostura en la mansión de David Lacroze Ayerza. El amigo del ex presidente, que se hizo famoso por escrachar a CFK con un video durante un viaje en avión, es el patriarca de los ultras. Cuando Cambiemos dejó el poder, financió el tour del ex ministro Luis Miguel Etchevehere por las asambleas de ruralistas en el interior. La idea era llevar -vía el think tank “PRO-Agro”- la premisa de que había que bancar al PRO, aún después de un modelo que también golpeó a los productores. En algunas de esas reuniones llegó hasta a recibir silbidos por haber subido retenciones ante la promesa de bajarlas.
Lacroze, que fue titular de la Junta Nacional de Granos, invierte en Macri desde bastante antes. Fue uno de los aportantes al G-25, el think tank que fundaron Patricia Bullrich y el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Muy activo en varios grupos de Whatsapp, es parte de Nuestra Voz, el chat que armó el titular de Mercado Libre, Marcos Galperín. Allí cruzó fuerte la idea del Gobierno de expropiar Vicentin: “Si van a pagar, va a ser con nuestra guita!, es un tremendo acto de irresponsabilidad del Estado”, escribió y hasta pidió emitir un comunicado urgente. No tuvo eco.
Más cerca en el tiempo, en otro de los grupos que congregan a ultras del campo, llamado “Gurú Market”, pidió que la Mesa de Enlace se mantenga en el Consejo Agroindustrial como una especie de Caballo de Troya del campo primario, para convencer al Gobierno de que hay que bajar las retenciones a los productores y no tocar el diferencial exportador.
Cuentan que fue Lacroze quien convenció a Macri de poner a Etchevehere en el ministerio. Tres laderos del entrerriano son su brazo operativo para mantener vivo al campo ultra. Santiago del Solar Dorrego, su ex jefe de Gabinete; Ricardo “Ricky” Negri, ex secretario de Agricultura; y Guillermo “Willy” Bernaudo.
El trío es el ala comunicativa y de relacionamiento. Su participación en la agrupación Campo más Ciudad los puso recientemente al comando de la agitación de las marchas contra el Gobierno. Encabezaron la de Vicentín, la del 9 de Julio y la del 17 de agosto en redes sociales y grupos de Whatsapp.
Pero la figura que aglutina directamente con Cambiemos como partido es Bernaudo. Ex miembro de CREA, es el brazo de gestión agropecuaria de Bullrich, a quien conoce de los años del Grupo Agro Político (GAPU). De esa agrupación también nació a la política Leonardo Sarquis, ex ministro de Agricultura de María Eugenia Vidal. Es Bernaudo el que le arma los Zoom con productores de todo el país y le lleva los datos del termómetro de las chacras. En uno de los últimos, Bullrich blanqueó la intención de Cambiemos de transformar la expropiación fallida de Vicentin en una épica símil guerra por las retenciones móviles: “salgamos a la calle para hacer una 126”, disparó allí.
En ese Zoom se hicieron ver, además, las terminales parlamentarias de la resistencia a un acercamiento del campo con el Gobierno. Uno fue el mellizo Alfredo De Ángeli, directivo de la Federación Agraria que armó los cortes de ruta de 2008. Otro, el diputado nacional Pablo Torello, también productor agropecuario. Fue uno de los que llamó a buena parte de los ceos del agro para pedirles que se cuadren y expongan críticas al Ejecutivo por el caso de la aceitera en desgracia.
La resistencia que hoy existe de estos sectores hacia un campo negociador busca un proceso de institucionalización en la próxima elección de la SRA, en septiembre. Si bien el actual titular, Daniel Pelegrina, ha confesado su afinidad con Cambiemos, está siendo corrido por derecha por los ultras, que quieren coparle la entidad. Más aún cuando Alberto Fernández empezó a llevar a Pelegrina a los actos con ceos.
En la lista para hacerse del poder en SRA hay un armado digitado por Etchevehere y Lacroze. Nicolás Pino, un matarife que muchos califican de anti peronista, quiere ser el presidente de la entidad. Por esas cosas del destino, fue el creador del bono de 500 mil pesos que la SRA le pagó a Etchevehere cuando se fue a la función pública. Devolución de favores.
Marcos Jorge Celedonio Pereda Born, titular del Grupo Bermejo, es fanático de recorrer distancias con transporte de hélice. En el sector se ganó el mote del “hombre del helicóptero”. Hijo de Matilde Born Frías, hermana de Jorge y Juan Born, será el segundo en el escalafón. Pereda Born fue unos de los principales financistas de la campaña de Vidal, con casi 6 millones de pesos.
El otro padrino que invierte en el armado es el criador y titular de Brangus Martín Goldstein. Con su empresa Cleanosol, investigada en la causa de los Cuadernos, puso 3,5 millones de pesos para la campaña de Macri 2019. Goldstein es amigo personal de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti.
Entre los más marginales e inorgánicos están los representantes de los Productores Autoconvocados de todo el país. Los de Tucumán emitieron un comunicado esta semana boicoteando el acercamiento de la agroindustria a la política. En territorio bonaerense, el que ostenta su comunicación es el diputado bonaerense Luciano Bugallo. Hombre de Elisa Carrió, es quien avisó que había productores comprando armamento y escopetas para defender los ataques a silobolsas, que atribuyó a delitos políticos.
Mientras eso ocurría, el Gobierno de Axel Kicillof se sentaba con la Mesa de Enlace y con dirigentes del Consejo para mostrar los resultados de las pesquisas a esos delitos en terreno bonaerense. Más de la mitad fueron ya esclarecidos sin rastros de ataques partidarios.
En este escenario, en el Consejo Agroindustrial se encargan de aclarar que la suya no es una posición de militancia pro peronista sino un giro pragmático y de maduración de un vínculo. Sí aclaran que se alejaron de los ultras porque no querían ser arrastrados por una militancia partidaria, en este caso, del macrismo.
Con estos datos que dan cuenta de una leve baja en el promedio de casos registrados en los últimos días, la cantidad total de contagiados ascendió a 336.802 mientras que la de fallecidos a 6.848.
El reporte matutino de la cartera sanitaria había consignado el fallecimiento de 65 personas, mientras que el vespertino precisó el de otras 53 personas, la mayoría en el AMBA. De estos, 36 fueron hombres, 25 residentes en la provincia de Buenos Aires. 3 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 3 en Córdoba, 2 en Mendoza, 1 en Río Negro y 2 Santa Fe. Se suman 17 mujeres, 11 de la provincia de Buenos Aires, 5 de la ciudad y 1 de Córdoba.
Del total de casos, 1.178 (0,3 por ciento) son importados, 83.443 (24,8) son contactos estrechos de casos confirmados, y 205.996 (61,2 por ciento) son casos de circulación comunitaria. El resto se encuentra en investigación epidemiológica.
El detalle de casos registrados en las últimas 24 horas y el total acumulado desde que llegó la pandemia, provincia por provincia es el siguiente:
Buenos Aires 4.838 | 209.907
Ciudad de Buenos Aires 1.100 | 83.905
Catamarca 1 | 64
Chaco 78 | 4.834
Chubut 36 | 510
Córdoba 219 | 5.673
Corrientes 4 | 247
Entre Ríos 135 | 2.132
Formosa 1 | 80
Jujuy 212 | 6.086
La Pampa 4 | 191
La Rioja 28 | 1006
Mendoza 245 | 4.497
Misiones 1 | 59
Neuquén 103 | 2.170
Río Negro 118 | 4.584
Salta 150 | 1.740
San Juan 3 | 39
San Luis 2 | 41
Santa Cruz 47 | 1.293
Santa Fe 294 | 4.609
Santiago del Estero 34 | 489
Tierra del Fuego 34 | 1.670 (se suman 13 casos en las Islas Malvinas argentinas)
Tucumán 72 | 976
23 de agosto de 2020
El número de contagios registrados en el país asciende a 336.802
Coronavirus en Argentina: 7.759 nuevos casos y 118 muertos en las últimas 24 horas
Imagen: Leandro Teysseire
Tras dos jornadas en las que se reportaron más de 8.000 casos diarios, el Ministerio de Salud consignó este sábado que en las últimas 24 horas se registraron 7.759 nuevos contagios y 118 muertos en el mismo lapso de tiempo. A nivel nacional están ocupadas el 58,1 por ciento de las camas de terapia intensiva y en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) la ocupación asciende al 67,1.
23 de agosto de 2020
Descubren facturas apócrifas para solicitar reintegros a la Afip
Más estafas de Vicentin en el comercio de granos
La denuncia penal que presentó la Afip muestra que, entre 2016 y 2019, obtuvo reintegros a la exportación por $111 millones presentando facturas falsas de supuestos pagos a proveedores.
Por Raúl Dellatorre
Imagen: Télam
La Afip denunció la detección de una maniobra fraudulenta para la obtención de reintegros a la exportación por 111 millones de pesos por la empresa Vicentin, a través de facturas apócrifas de supuestos proveedores. El régimen penal tributario estipula penas de prisión de 3 años y medio a 9 años por el tipo de maniobras denunciadas. La denuncia involucra a los actuales titulares de la firma Vicentin SAIC, Daniel Buyatti y Alberto Macua, y a todo su directorio, que incluye a varios integrantes de las familias Vicentin, Padoan e incluso a Sergio Nardelli (recientemente fallecido). La revelación del caso también deja a la vista la falta de controles y fiscalización por parte de la Afip durante el período macrista.
Es una de las mayores exportadoras de granos del país pero se encuentra en una situación complicada, no sólo por un concurso de acreedores sobre el cual se sospecha que pudo estar precedido de un proceso de vaciamiento, sino porque además carga con una denuncia penal por estafa millonaria en dólares al Banco Nación.
Las operaciones fraudulentas fueron detectadas a través de una fiscalización iniciada en mayo de este año, pero corresponde a operaciones realizadas entre 2016 y 2019. Lo que pudo constatar la Afip es que Vicentin utilizaba facturas de supuestos proveedores que le cobraban el IVA, para presentarse ante el organismo recaudador y pedir su reintegro.
Al ser su principal actividad la exportación de granos y derivados, y al estar estas operaciones de ventas al exterior exentas de IVA, correspondía la devolución del impuesto que había pagado en sus compras por actividades ligadas al objetivo exento: la exportación. Pero, en realidad, no había un impuesto a devolver porque nunca se había pagado, ya que se trataba de facturas apócrifas por ventas que no se habían hecho: se concluye que entre Vicentin y el supuesto proveedor se consensuó la emisión de una falsa factura al sólo efecto de que la primera pudiera reclamar a la Afip y cobrar el reintegro.
Quienes figuran como emisores de las facturas apócrifas son 54 firmas que, en su mayoría, tienen vinculación con el sector agropecuario. Ocho de ellas dieron origen a las facturas que justifican el 60% del monto total de reintegros solicitados durante el período investigado. De los 111,7 millones de pesos que en total Vicentin recibió como reintegros solicitados de manera apócrifa, 69 millones de pesos corresponden al año 2016, 32 millones son de 2017, 9,5 millones de 2018 y 1,2 millones de 2019.
La fiscalización realizada por el organismo a cargo de Mercedes Marcó del Pont sobre los proveedores de las facturas dejó en evidencias diferentes irregularidades. En muchos casos, no se pudo comprobar la relación comercial con Vicentin. En otros, el volumen de la capacidad de acopio de la empresa agropecuaria no se correspondía con los servicios o ventas de productos facturados. También hubo casos en los que las empresas proveedoras no pudieron justificar el origen de los granos o directamente no poseían plantas acopiadoras. Algunas ni siquiera tenían una actividad específica conocida, incluso sin declarar personal a cargo.
La Afip concluyó que la operatoria utilizada por Vicentin "consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 supuestos proveedores, empresas y personas humanas (...). Las tareas de control permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real".
Vicentin SAIC se encuentra en convocatoria de acreedores en una compleja situación societaria e incluso política. La comprobación de los delitos penales a través de facturas apócrifas agrava el nivel de sospecha que pesa sobre el comercio de granos, principalmente con destino a la exportación, que ya se abrió a través de las diversas denuncias de que ha sido blanco la empresa.
23 de agosto de 2020
El oficialismo no apurará el debate en la Cámara baja
Reforma judicial: debate con final abierto en Diputados
Sergio Massa busca tiempo para garantizar los votos que le permitan aprobar la reforma judicial.
Imagen: Prensa Diputados
Imagen: Prensa Diputados
La reforma judicial tendrá un lugar destacado en la agenda del Congreso esta semana: el Senado le dará media sanción (Ver aparte) y los diputados comienzan a dividir las aguas entre los votos a favor y en contra. En la Cámara baja el poroteo está complicado para el oficialismo: 128 en contra, 117 a favor y 10 que aun no se definen, según pudo relevar Página/12. En este marco, fuentes parlamentarias señalaron que el Frente de Todos podría dilatar el tratamiento y llevarlo al recinto más adelante, con la discusión del presupuesto 2021 en el medio, para acordar con los gobernadores.
El tratamiento de la reforma del fuero federal en el Senado no traerá demasiados inconvenientes, el oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para aprobar con los propios la iniciativa del Gobierno. Esto no sucede en Diputados, donde el Frente de Todos, que es la primera minoría, deberá acordar al menos con 12 diputados para sancionar la ley. El bloque que preside Máximo Kirchner lo integran 119 diputados de los 257 que conforman la totalidad del cuerpo. De estos, votan 117, en principio (Massa ocupa el estrado presidencial y solo lo haría en caso de empate y José Ignacio "El Vasco" de Mendiguren está de licencia por su cargo en el Banco de Inversión y Comercio Exterior).
La postura del interbloque de Juntos por el Cambio es el rechazo sistemático, incluso, lo hicieron antes de leer el proyecto y no aceptaron la invitación del Presidente a la presentación de la reforma. Asimismo, no hicieron ninguna propuesta concreta para el dictamen del Senado. El interbloque que conduce Mario Negri cuenta con 116 votos, que irán todos por la negativa. En este contexto, la definición, como sucedió en la mayoría de las votaciones desde que asumió Alberto Fernández, queda en manos de los interbloques de menor peso, pero claves para la definición.
De esta forma, el lavagnismo confirmó que no acompañará al gobierno en esta iniciativa. La semana pasada los tres diputados del bloque de Consenso Federal --Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro "Topo" Rodríguez-- adelantaron su voto en contra. "Tenemos otros temas prioritarios, mucho más importantes. Hay que ver qué pasa más adelante con la reforma, ahora no es el momento", opinaron desde este espacio a Página/12.
A estos, se sumaron los cuatro diputados de Córdoba que responden al gobernador Juan "Gringo" Schiaretti. "El tratamiento de dicho proyecto es inoportuno y no debe tratarse sin el consenso necesario que requiere una reforma de esta envergadura", explicaron en el comunicado donde reafirmaron su voto en contra. En este escrito nada dijeron sobre si darían quórum, o no, para abrir la sesión. En Córdoba, uno de los principales bastiones electorales del antikirchnerismo, la marcha del lunes pasado se hizo sentir en un sector de la población, y sus dirigentes no quieren pagar el costo político. El interbloque lavagnista además lo integran los dos diputados del socialismo santafesino --Luis Contigiani y Enrique Estevez-- que también rechazaron la iniciativa. Con el voto negativo ya anunciado de Nicolás Del Caño (PTS), Romina del Plá (PO) y Beatriz Ávila (PJS), la suma total da 128: 116 de JpC, 9 del lavagnismo, 2 de la izquierda y Ávila.
Igualmente, nada está definido. Quedan una decena de legsiladores que aun no se pronunciaron públicamente por la iniciativa. Ahí están dos del bloque Justicialista Eduardo "Bali" Bucca y Andrés Zottos, siete del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón, de muy buen vínculo con Massa. Este espacio, por lo general, vota de forma dividida pero no obstaculiza al oficialismo para avanzar con sus proyectos. De esta misma forma suele hacerlo la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
Sergio Massa no se apresura para hablar de la reforma y busca llevar una agenda de consenso con la oposición. La intención del tigrense es sesionar esta semana para el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la pesca ilegal en las Islas Malvinas. Pero para esto deberá sentarse con los jefes de bloque de la oposición y acordar la continuidad de las sesiones telemáticas, en el marco de la pandemia. En este tema, la posición de Juntos por el Cambio es conocida: solo tratar temas que tengan previo acuerdo.
Si con el correr de las semanas, el conteo de votos sigue complicado para el Frente de Todos, el oficialismo tiene distintas herramientas para tratar el tema en el recinto sin una desventaja que los comprometa. Así, podría De Mendiguren renunciar a su cargo en el BICE y ocupar su banca nuevamente. También la discusión del presupuesto para el año que viene traerá nuevos acuerdos entre el oficialismo y los gobernadores opositores, que podrán alterar el voto de algunos diputados o levantarlos de su banca en le momento que resulte necesario. En todo caso, la votación será reñida. El trabajo en las comisiones, y particularmente en la redacción de los despachos, suele ser otro lugar en el que el oficialismo logra acordar con algún sector de la oposición para sumar apoyos en el recinto.
Así las cosas, el Senado dará media sanción a la reforma del fuero federal y girará el proyecto a Diputados. Si bien el panorama no es del todo alentador para el Frente de Todos, la dupla Kirchner-Massa tendrá que recurrir a la rosca para sancionar una ley, bajo la atenta mirada de la Casa Rosada.
Informe: Antonio Riccobene
Fuente:Pagina12







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