Haber financiado el desastre económico macrista limitaría las exigencias del Fondo.
Claves de la próxima negociación FMI: ¿cuáles son las cartas de Guzmán?
Después de cerrar el acuerdo con los acreedores privados, con un nivel de adhesión record, llega el turno del Fondo. En una carta a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el equipo económico definió las condiciones de las tratativas para un nuevo programa.
Por Alfredo Zaiat
La definición "cancelado" y "descarrilado" fue precisada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, en la misiva enviada a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.
Esta caracterización de ese paquete financiero es un oportuno recordatorio para el comienzo de las negociaciones.
Con la debilidad relativa de un país periférico, endeudado y con la carga de la recesión macrista más el impacto fulminante de la pandemia, resulta ilustrativo mencionar la responsabilidad del FMI en su mayor fiasco histórico: financiar el programa económico y político del gobierno de Mauricio Macri.
Desastre
El FMI hizo todo mal en el auxilio entregado a una administración desesperada que se quedó sin acceso al crédito voluntario internacional, luego de exprimirlo a una velocidad y magnitud como ningún gobierno lo hizo antes.
Para salvar a un gobierno de derecha, subordinado a Estados Unidos, el Fondo cometió tres desvíos principales en su tradicional política de asistencia a los países.
1. El monto del préstamo entregado no tenía antecedentes en la historia del organismo. Fue equivalente a 1277 por ciento de la cuota correspondiente a la Argentina, lo que constituyó el crédito stand-by más grande que otorgó a un país. Ese desembolso convirtió a la Argentina en el principal deudor de la cartera del Fondo, incluso ahora que ha desplegado una activa política de auxilio financiero a decenas de países para atender los costos de la crisis del coronavirus.
2. Las condiciones financieras definidas eran insustentables e inconsistentes. En apenas 15 meses, el FMI desembolsó 44 mil millones de dólares de un préstamo total de 57 mil millones, paquete que se había ampliado desde el inicial de 54 mil millones luego de un primer fracaso a los pocos meses. No sólo el plazo de entrega de los dólares fue muy corto sino que el esquema de repago también lo era. Esto adelantaba el incumplimiento y la necesidad de una nueva renegociación. O sea, era insustentable e inconsistente, ambos criterios que el staff del FMI exige para el perfil de pasivos de los países endeudados, y que en este caso no se cumplieron.
3. El FMI violó su propio estatuto. El artículo VI especifica que "ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capitales". Pero gran parte de esos dólares fueron destinados a intervenir en el mercado cambiario para financiar la fuga de capitales y evitar una mayor devaluación desde junio de 2018, cuando se concretó el primer desembolso, hasta septiembre de 2019, cuando ya con reservas exhaustas se restablecieron restricciones al acceso de reservas del Banco Central. En ese periodo, el BC perdió 55.270 millones de dólares, más que el préstamo recibido por el FMI.
Cuchillo
Con esos antecedentes inmediatos, la estrategia de Guzmán podría consolidar dos movidas, inesperadas para desorientados analistas de la city:
La primera, haber conseguido una alianza táctica con el FMI para la negociación con acreedores privados, que resultó exitosa pese a los deseos en contra de la legión de economistas del establishment dedicados a comercializar pronósticos fallidos.
La segunda, aspirar a obtener un trato especial del FMI respecto a las condicionalidades tradicionales, teniendo en cuenta que el nuevo programa viene a reparar la excepcionalidad y posterior fiasco del pactado con el gobierno de Macri.
Con ese tono pausado y calmo que tanto molesta a financistas y voceros del poder económico local, acostumbrados a la estridencia fatua de gurúes, Guzmán ya adelantó en esa carta a Giorgieva que negociará con firmeza. Lo hará con su conocida sonrisa en cuyos dientes deberá sostener un cuchillo.
No es el retrato de una eventual postura cuando se inicien formalmente las negociaciones, sino la posición que ya exhibió en la carta enviada a Kristalina.
Su lectura atenta ofrece las siguientes definiciones:
* En el inicio de la misiva, valorando la colaboración conjunta en estos nueve meses y observando la capacidad de comprensión de la perspectiva del otro, refuerza el concepto de "hacer fuerza por el objetivo muto de la sustentabilidad de la deuda". Esto incluye la que se negociará con el FMI, lo que implicará postergar algunos años los pagos fuertes de la deuda con el organismo.
* Como se mencionó al comienzo, la carta recuerda que el stand-by fue un acuerdo "descarrilado". Después detalla que pese a la reducción del déficit fiscal primario y del déficit de cuenta corriente, la economía siguió padeciendo fuga de capitales, no consiguió financiamiento a tasas convenientes y ni se aseguró la sustentabilidad de la deuda. Además indica que hubo una contracción monetaria "sin precedentes". El saldo fue caída de la actividad e inflación altísima en 2018 y 2019.
* Esta puntualización del resultado de las políticas fiscal y monetarias restrictivas son un adelanto de la posición que tendrá Guzmán ante las exigencias del manual habitual del FMI.
* Después señala que a partir de diciembre de 2019, el gobierno de Alberto Fernández implementó una política diferente a aquella "para prevenir una caída mayor de la producción y el empleo, y reducir la inflación". O sea, una estrategia económica opuesta a la avalada por el FMI con Macri.
* Apunta que "la Argentina fue severamente impactada por la pandemia", lo que habilita una negociación flexible en base a los criterios de asistencia que el FMI está desplegando en estos meses de crisis por el coronavirus.
* Informa que por el esfuerzo de las políticas públicas para enfrentar la pandemia y la reducción de la recaudación, el déficit fiscal primario alcanzó el 3,3 por ciento del PIB en el primer semestre del año. Promete reducirlo cuando termine la pandemia, pero "de un modo compatible tanto con la sustentabilidad de la deuda pública, como con la recuperación económica". Guzmán le adelanta al FMI que no habrá corrección fiscal recesiva.
* Afirma que el stand by anterior fue incapaz de restaurar la confianza y la robustez para incrementar las reservas. Solicita entonces "asistencia financiera" con un nuevo programa. Y que éste "no repita… los defectuosos presupuestos del programa de 2018".
Las condiciones de las negociaciones, a diferencia de experiencias anteriores traumáticas, han sido definidas por el gobierno de Alberto Fernández, y no por los técnicos del Fondo.
Mea culpa
Unos días antes del saludo formal entre el presidente Fernández y Georgieva, y de la carta del dúo Guzmán-Pesce, el FMI publicó un documento de investigación que es una mea culpa implícita del reciente caso argentino.
Los economistas Ramzy Al-Aminey y Tim Willems publicaron "Investor sentiment, sovereign debt mispricing and economic outcomes", investigación donde explican que los inversores extranjeros estuvieron muy entusiasmados con el triunfo de Macri y que, por ese motivo, le prestaron 56 mil millones de dólares hasta con un "un bono a 100 años sin precedentes".
Luego indican que ese sentimiento positivo "se agrió", lo que finalmente hizo que el país perdiera el acceso a los mercados de capital internacionales. Esto derivó en "el préstamo más grande en la historia del FMI en julio de 2018". Para concluir que "el optimismo indebido en torno a un país tiene como consecuencia resultados económicos adversos (menor crecimiento económico y crisis fiscales)".
El reconocimiento indirecto de haber sido partícipe de ese ciclo económico-financiero calamitoso tiene además una responsabilidad política indiscutible.
El asesor de Donald Trump y candidato a presidente del BID, rompiendo con la norma no escrita de que ese cargo debe ser para un latinoamericano, Marcelo Claver-Carone, admitió que Estados Unidos presionó al directorio del FMI para entregar el paquete financiero record al gobierno de Macri.
El entonces representante estadounidense en el Fondo relató en una videoconferencia con el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales que la administración Trump facilitó ese crédito para fortalecer las chances electorales de Macri frente a la fórmula peronista Fernández-Fernández.
La estrategia política fue fallida pero revela que el FMI bajo la conducción de Christine Lagarde fue una pieza fundamental de la campaña electoral de Macri, siendo de ese modo una intervención impúdica con pocos antecedentes.
Georgieva y la nueva conducción del FMI, que desplazó a la de Lagarde, están ansiosas de dar vuelta esa página oscura, que exhibió además debilidad teórica y práctica en las recomendaciones de política económica.
Jugada
No hay un nuevo Fondo Monetario, más bueno; es el mismo de siempre en un contexto histórico diferente. Existe una pandemia y el antecedente inmediato del fiasco por el financiamiento al gobierno anterior. Ambos factores lo impulsa a una flexibilización de sus criterios ortodoxos.
La crisis global colocó al FMI en el centro del escenario como bombero financiero. Más del 90 por ciento de la economía mundial está en recesión, cuando en la crisis financiera 2008 había alcanzado al 60 por ciento.
Desde abril pasado otorgó asistencia por 87.841 millones de dólares a 80 países. El viernes anunció un programa con Ecuador por 6500 millones de dólares.
En ese contexto, el comienzo de las negociaciones fue una oportuna jugada a dos puntas del gobierno de Alberto Fernández. Por un lado, se esperaba el anuncio para después del cierre del canje de deuda pero se adelantó para frenar presiones del establishment. Por otro, actuó como factor disuasivo con los especuladores del mercado cambiario que estaban apostando a una inminente fuerte devaluación.
El anuncio entonces desarticuló, por ahora, esas movidas que buscaban instalar un cuadro de mayor inestabilidad.
El otro punto a favor de la estrategia de Guzmán fue separar a los "villanos" y encarar las negociaciones de uno a la vez. El turno de los acreedores externos privados terminó, con un nivel de adhesión superior al 90 por ciento, porcentaje que incomodará a la legión de economistas que no se cansó de menospreciar la tarea el ministro.
Ahora se abrió el momento de tratar con el Fondo. El monto de la deuda, según registros oficiales a julio de este año, asciende a 45.095 millones de dólares. El plan financiero del gobierno es extender el plazo de pagos sin tener que hacer desembolsos netos en los próximos 3 a 4 años y luego distribuir el resto en los siguientes sin que sea una carga pesada para las cuentas públicas.
Guzmán sabe que tiene la oportunidad de negociar un acuerdo liviano en cuanto a condicionalidades y metas fiscales y monetarias, puesto que si el Fondo quiere dejar atrás la traumática experiencia reciente debería ser flexible asumiendo la corresponsabilidad de haber apoyado política y financieramente el desastre macrista.
30 de agosto de 2020
Dos expertos analizan la evolución de la pandemia
Coronavirus: ¿Por qué los contagios y las muertes siguen subiendo en Argentina?
Mientras la covid-19 continúa propagándose en el país, la posibilidad de retornar a una cuarentena estricta parece cada vez más lejana y todavía falta para el desarrollo de las vacunas. El diagnóstico y la proyección de los datos de los especialistas Rodrigo Quiroga y Ernesto Resnik.
Por Pablo Esteban
“En el Área Metropolitana se produjo un amesetamiento de casos, que se vio en CABA pero también en el primer y en el segundo cordón del conurbano. Muchos partidos se mantenían estables o, incluso, bajando un poquito. Sin embargo, al mismo tiempo explotó el interior, que está cada vez peor. Hay muchas provincias con una cantidad infernal de casos, con Jujuy a la cabeza”, dice Rodrigo Quiroga, bioinformático, docente en la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet. Al ejemplo jujeño, cuyo sistema de salud, en palabras de su gobernador Gerardo Morales, “está colapsado”, se suman los brotes en Córdoba, Mendoza, Río Negro, La Rioja y Santa Fe. “Como ningún otro país, los casos se han distribuido muy bien en el tiempo. Se debe a que existe un porcentaje muy considerable de la población que se ha guardado muchísimo desde marzo. Además, las personas que circulan más --por decisión o por ser trabajadores esenciales-- ya se contagiaron y generaron una especie de inmunidad de grupo entre los más expuestos. La movilidad, tanto en CABA como en algunos partidos del conurbano, se mantuvo bastante reducida. En parte, los tres factores explican la meseta en el AMBA”, describe Quiroga. Para el especialista, según las proyecciones trazadas, 1 de cada 6 personas de la Ciudad de Buenos Aires estuvo contagiada. Su estimación se basa en la tabla de fallecidos en relación a la pirámide poblacional dividida en rangos etarios.
Aunque la suma de estas variables ayudó a disminuir el índice “R” --en algunos momentos por debajo de 1-- la situación se complicó con la reapertura y la flexibilización de un mayor número de actividades, así como también con el estado de relajamiento en la que han incurrido muchas personas, ya cansadas de la “nueva normalidad”. Vale recordar: si el R se halla más cerca de 2, el país experimenta un crecimiento exponencial; cuando está en 1 se mantiene constante; y por debajo de 1, significa que el número de contagios va disminuyendo. Para que una epidemia termine se requiere disponer de una tasa de reproducción por debajo de 1.
El biólogo molecular y biotecnólogo Ernesto Resnik ofrece un punto de vista diferente que vincula la propagación del Sars CoV-2 con las condiciones socioeconómicas. El problema, desde aquí, se revela estructural: “Lo que ocurre en Argentina, esta subida sin destino preciso, se parece a la curva que en algún momento caracterizó a Chile o a Brasil. Hay algunos especialistas que dicen que las cuarentenas en los países en los que hay mucha pobreza no pueden funcionar. La gente vive hacinada y sale igual porque tiene que ganarse el pan. En Nueva York, uno de los barrios más perjudicados es Corona, caracterizado por migrantes y por gente que vive en malas condiciones. El examen de seroprevalencia dio un 53 por ciento de contagios”. Algo similar sucedió en Villa 31 cuando se realizó una evaluación para determinar qué porción de su población había generado anticuerpos contra el virus. “Con las villas en India es igual. Es un factor que al comienzo despreciamos, pero la verdad es que resulta decisivo. En Perú y México lo mismo, por lo tanto, no debe ser casual. Es el clásico: ¿qué me importa si yo ya vivo mal? Encima me tengo que quedar en casa, en un cuarto con otras ocho personas’. Hasta es comprensible”, reflexiona Resnik.
Aislar
Las curvas se explican a partir de las políticas sanitarias. La cuarentena estricta, apenas se desató la pandemia, evitó el colapso temprano del sistema de salud y permitió al país aprovisionarse de insumos críticos. Hoy, con una mayor circulación de las personas --y, por tanto, del virus-- retornar a fases previas parece muy lejano.
“Es complicado volver a restringir y retornar a fases previas. Esta situación no solo la detectamos nosotros, sino también los propios políticos. A su vez, tenemos una percepción distorsionada: los que gritan más fuerte y tienen más presencia en los medios son, precisamente, lo que no quieren la cuarentena. Mientras tanto, los que sí queremos el aislamiento no tenemos tanta exposición porque no salimos a manifestarnos”, plantea Quiroga. “Hace 25 días teníamos 4 mil fallecidos, ahora llegamos a los 8 mil y en 25 días más tendremos 16 mil. La curva de muertos no se mueve, exhibe un crecimiento exponencial constante desde el principio de la pandemia. Si nos resignamos a seguir como hasta ahora, solo acumularemos muertes. No hay que brindar una falsa sensación de seguridad, la cosa está más complicada que nunca”.
Ante la falta de consenso para restringir nuevamente, las autoridades sanitarias fomentan la realización de actividades al aire libre, ya que los espacios cerrados se presentan como los escenarios que mayores riesgos generan. De la misma forma, se mantiene la consigna de evitar el uso de transporte público y seguir cumpliendo con el uso de tapabocas y la distancia social.
“Los números son difíciles de explicar. La realidad es que el virus está en todos lados. Cuando el aislamiento ya es insostenible, los países suelen tomar la única estrategia disponible: que sea lo que sea. Esa vía tomó EE.UU., que pase lo que pase hasta que luego del pico, la curva comience a bajar. Yo temo ese escenario para Argentina porque no parece posible lo que verdaderamente hay que hacer: volver atrás con dos meses de cuarentena”, apunta Resnik. Melbourne (Australia), precisamente ahora, está culminando con su segundo mes de aislamiento estricto. “Ellos lo pueden hacer porque cuentan con un sistema en que la gente puede sobrevivir sin trabajar por dos meses.”
La responsabilidad es estatal, pero también ciudadana. “Esto termina dependiendo de la propia sociedad. El Gobierno puede tomar todas las medidas que sean necesarias pero, si no hay cooperación, es muy difícil”, afirma Quiroga. No obstante, “el tema es que tampoco se están tomando medidas. El último intento fue en junio con la cuarentena estricta en AMBA y no funcionó todo lo bien que se esperaba. Desde mi perspectiva, la propia sociedad debería pedirle al Gobierno que imponga una nueva cuarentena. Los gobernadores retardan mucho la vuelta atrás, la presión de los empresarios es muy fuerte y no quieren pagar el costo político que implica el aumento de las restricciones”, completa. El caso chileno es ilustrativo de lo que enuncia el investigador: tanto la sociedad como el mandatario se oponían al aislamiento estricto, pero terminaron decretándolo con un toque de queda por medio.
Aguantar
A nivel nacional, las camas están ocupadas en un 58 por ciento y en el AMBA esa cifra asciende a 66,7. En muchas áreas de la provincia de Buenos Aires, de hecho, según ha señalado el gobernador Axel Kicillof, los centros de salud se han equipado como nunca. Además de las instituciones de salud, se han desplegado a lo largo y a lo ancho de la región metropolitana espacios creados para atender a pacientes leves. Dos casos emblemáticos. Uno es el de Tecnópolis, el predio de Villa Martelli, antes destinado a la promoción de la ciencia y la cultura, y desde julio convertido en parque sanitario, disponible para atender a nada menos que 2 mil personas con covid-19. Ya se alojaron 250 enfermos, atendidos por profesionales y voluntarios. El segundo, la Universidad Nacional de Quilmes. En las aulas en dónde se dictaban clases hoy se atiende a personas contagiadas: 110 camas disponibles que, en promedio, se ocupan en un 40 por ciento. En un laboratorio de la misma casa de estudios, además, científicos y técnicos procesan muestras que llegan de los hospitales de la zona. El anclaje territorial, a flor de piel.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina pasó de contar con 8521 camas de terapia intensiva en marzo a llegar hoy a 12.023. La diferencia representa un incremento de 3502 camas para adultos, una suba del 41 por ciento. No obstante, algunos distritos ya comunicaron que sus sistemas colapsaron. Es el caso de Jujuy, pero también de Roca y Cipolletti, localidades de Río Negro.
La premisa es aguantar hasta que haya vacuna. En el mundo, según la OMS, ya son más de 167 las naciones que están poniendo a punto sus fórmulas. Solo seis, sin embargo, están en fase III. Algunas farmacéuticas --como AstraZeneca de Reino Unido o CanSino de China-- anunciaron que podrían tener su tecnología lista para producir antes de fin de año. De hecho, los argentinos podrían acceder a la variante de Oxford durante el primer trimestre de 2021. Hasta ese momento, la ciudadanía deberá redoblar los cuidados. Es cierto, con un horizonte de posibilidades los esfuerzos se realizan con otras ganas. “Hay que hacer algo porque la vacuna llegará pero todavía falta. Siendo optimista --si los casos se mantienen como están hoy-- tendremos entre 8 y 9 mil fallecidos por mes. Debemos estar dispuestos a hacer algo diferente para cambiar la situación”, propone Quiroga. Y remata Resnik: “El problema es que con esta situación no vamos a llegar bien a la vacuna, por el contrario, vamos a apilar muertos semana tras semana. Argentina debe apostar fuertemente a la vacuna. Más allá de que se aseguró la producción con la de Oxford, y eso estuvo muy bien, debería ir comprando algunas dosis por adelantado. Cuanto antes las tengamos menos muertos habrá”.
29 de agosto de 2020
Protesta antimapuche con perfil anticuarentena
Un violento "banderazo patriótico"
Vecinos "indignados" de Bariloche intentaron romper el diálogo del Gobierno con las comunidades con cortes de ruta y ataques a piedrazos hacia la policía que defendía a los originarios,
Por Patricia Chaina
“Porque criminalizar es más fácil que dialogar”, dicen desde las organizaciones ante el episodio que escala en torno a un reclamo ancestral: las tierras. “El conflicto tiene que ver con las tierras” sostiene Orlando Carriqueo, desde el Parlamento Mapuche Tehuelche, pero distingue esta protesta “como claramente desestabilizadora”. Algo que unificó las decisiones de línea nacional y provincial en un solo gesto: prevenir la violencia.
Desde las comunidades se tomó nota de la convocatoria. El Parlamento denunció ante el Instituto de Asuntos Indígenas (INADI) al diario El Cordillerano por utilizar términos racistas al referirse a jóvenes mapuche. “Y promover la protesta en Villa Mascardi, en tiempo de asilamiento, portando armas o cualquier elemento cortante”, puntualizo Carriqueo a Página/12. En tanto, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por la posible comisión de delitos ante el riesgo de que el banderazo derivara en enfrentamiento.
“Es un conflicto de fondo porque el problema de la propiedad de la tierra es estructural” confirma Gabriel Fuks, a cargo de la articulación con las comunidades desde Seguridad. En Mascardi los vecinos cortaron la ruta para expresar su posición contra los jóvenes de la comunidad Lafken Huincul Mapu. La protesta implicaba una caravana. Incluso el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, promovió que desde su ciudad se viaje, en caravana, para participar de la protesta.
En eco, se puede leer la reacción sobre otro hecho: 130 familias ocuparon un predio del INTA en El Bolsón esta semana. Pero a contramano de lo previsto, en lugar de enviar una caravana antiderechos a Mascardi, El Bolsón ayer recibía a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los enviaba Seguridad para proteger a las personas involucradas en el proceso de toma. “Y ya nos apedrearon una camioneta”, contó un funcionario a Página/12, en terreno, mientras las fuerzas transitaban la comarca andina.
A Bariloche llegó también la gobernadora Arabela Carreras. A poner paños fríos. “La violencia no es forma de resolver conflictos” dijo. “Pero se avala a la policía que azuza a los pobladores mapuche” reclaman las organizaciones ya que, hasta esta jornada, la policía ha tomado partido contra una de las partes, la que los medios presentan como la parte violenta: la comunidad Lafken Huincul Mapu. “Esta visión está lejos de reconocer el genocidio y permitir la construcción de una sociedad más justa”, apunta Carriqueo.
El conflicto por la recuperación de tierras frente al Mascardi escaló con el desembarco las fuerzas de seguridad que mataron a Rafael Nahuel. Desde entonces, todos los actos que ocurren, sean incendios a cabañas o piedrazos a “gente que pasa”, se adjudica a los jóvenes de la comunidad, de antemano. Sin peritaje, sin que medie una investigación, sostienen en la zona.
“Y los medios le otorgan a esta ocupación una visibilidad que no permite ver otros conflictos al interior del territorio” analiza la historiadora Pilar Pérez, que dirige desde el Conicet, en Bariloche, el equipo de investigación sobre Territorios y Alteridades en Nor Patagonia. Con ellos, entre otros grupos de abordaje territorial, trabajará el ministerio dirigido por Sabina Frederic, desde la “Mesa de resolución alternativa de conflictos”, creada por el Consejo de Seguridad Interior en febrero de este año.
“Estamos reactivando el Relevamiento de Tierras para Pueblos Originarios que se dejó de hacer en los últimos cuatro años”, afirma Fuks, mientras monitorea el desarrollo de la jornada. Porque el eje es la tierra. Y la propuesta permite recuperar iniciativa en un tema conflictivo y desdibujado por las violencias cotidianas, esas que relegan al poblador mapuche tras el interés de los grupos concentrados, tanto en el poder de los medios, como en la propiedad de los campos.
30 de agosto de 2020
Dueños del fuego, explotadores de la tierra
Quiénes son los dirigentes y los sectores que buscan frenar la ley de humedales
El Congreso busca avanzar con una norma que ponga freno a los incendios intencionales. Los empresarios que se benefician con el ecocidio recorren despachos de gobernadores, diputados y funcionarios para evitar el debate.
Imagen: Gentileza Guillermo Galliano
Por Melisa Molina y Agustín Alvarez Rey
Las asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras y mineras juegan fuerte para evitar la sanción de una ley de presupuestos mínimos para resguardar a los humedales. El lobby de los sectores interesados en frenar el debate de la norma no es novedad. La ley fue frustrada dos veces en los últimos años por la acción de corporaciones que tienen intereses sobre esos territorios. Desde las distintas organizaciones que reclaman por la preservación de los ecosistemas humedos no dudan en señalar que los dirigentes y empresarios que recorren los pasillos del Congreso para hacer naufragar el debate, son responsables de los incendios intencionales que desde hace semanas arrasan con las reservas naturales.
Los incendios de los últimos meses en el Delta del Paraná volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de sancionar una ley que regule las actividades en los humedales, pero al mismo tiempo dejaron expuestos a los sectores que utilizan el fuego como el primer engranaje para poner en marcha sus negocios. Muchos de los denunciados e investigadas por daños ambientales tienen vínculos directos con empresas que militan en contra la cualquier norma que ponga limites al ecocidio. En ese marco, las cámaras empresarias plantean un falso dilema entre la aprobación de una ley que proteja el medio ambiente y la actividad productiva. En algunos casos, el poder político provincial hace suya la postura de las corporaciones y repite los argumentos en reuniones con autoridades y funcionarios.
En Argentina el área de humedales alcanza cerca de 21,5 por ciento del territorio nacional, según la organizaciones ambientales. En ellos se llevan a cabo plantaciones de arroz, la extracción de litio, la ganadería --que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansión de la soja-- y también se construyen countries, motivo por el cuál también existe lobby, aunque en una proporción menor, por parte de distintas empresas inmobiliarias.
Para regular la actividad en estos territorios que cuentan con ecosistemas de gran biodiversidad, que son capaces de regular el caudal de agua, absorber y atenuar inundaciones, se impulsaron leyes en 2013 y 2016. En ambas ocasiones fueron bloqueadas. En julio de este año se presentaron seis proyectos, de los cuáles el impulsado por el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, es el que más avanzó. Sin embargo, más rápido que la ley, crece el lobby de las grandes corporaciones y el fuego en los humedales.
Dentro del Congreso, el proyecto divide las aguas dentro de los bloques. La disciplina partidaria no logra, por ahora, romper la lógica territorial que impera en el debate. En ese marco, como cada vez que se discute una norma que enfrenta el lobby de un sector poderoso, la desición política del Poder Ejecutivo resulta determinante. Ante ese escenario, Grosso se mostró optimista y afirmó ante Página/12 que "hay un compromiso de todo el arco político a que se generen los consensos necesarios para sancionar la ley", y agregó: "Estamos haciendo un esfuerzo grande para tener la mejor ley posible. Tenemos la decisión política de avanzar por muchas que sean las resistencias, porque lo que el Estado no regula el mercado lo está destruyendo".
En las distintas provincias las presiones para que no avance proyecto, son variadas. Corrientes es uno de los ejemplos más significativos. Hace unas semanas, la Coordinadora de Entidades Productivas de dicha provincia --de la que forman parte, entre otras, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA)-- lanzaron una declaración en contra del proyecto, ya que consideran “preocupantes los efectos que tendría sobre el bienestar humano, así como sobre el futuro desarrollo económico de la Provincia, y de una gran extensión de la Argentina”. En el mismo escrito, estas entidades señalaron que los proyectos que se debaten en el Congreso “poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades; encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos y podrían limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulación y desagüe”.
Producto de estas presiones, el Senado de la provincia de Corrientes rechazó la normativa que pretende regular la actividad y sus representantes afirmaron que tendrá "implicancias negativas hacia el sistema productivo" del nordeste del país.
Chirstian Jetter es uno de los voceros de los empresarios que se oponen a la ley. Es integrante de ACPA y gerente de la empresa Copra S.A, una firma dedicada al arroz y ,en menor medida, a la ganadería. Jetter afirmó: “en nuestra provincia no vemos un problema ambiental real. El problema se da en las islas del delta y algunas regiones de Buenos Aires, pero no en la provincia de Corrientes”. A su vez, el gerente de Copra consideró que los proyectos de ley podrían “restringir actividades o poner exagerados controles” sobre las actividades agropecuarias tradicionales. Los hermanos de Chirstian son Ingrid Jetter, diputada por Corrientes de Juntos por el Cambio, y Martín Jetter, intendente del municipio correntino de Riachuelo en donde, hasta el momento, se quemaron unas tres mil hectáreas.
Por su parte, José Antonio Aranda, presidente de Copra, posee tierras en Corrientes y es uno de los productores más grandes de arroz del país. En 2011, junto a la empresa Adecoagro, se unieron para intentar realizar un proyecto que consistía en represar el arroyo Ayuí, destruyendo así las selvas ribereñas y humedales, y haciendo desaparecer un arroyo público para convertirlo en un reservorio de agua para fines privados. Si bien ese proyecto logró ser frenado, el empresario continuó expandiendo sus plantaciones de arroz sobre las reservas acuíferas, y hoy Copra es una fuerte detractora de la ley.
Según explicó en diálogo con Página/12 Adriana Arzolin, licenciada en química con un posgrado en impactos ambientales y miembro de la Fundación Humedales, “el proceso de sojización y de la expansión de su frontera hizo que el ganado fuera a parar a tierras que antes eran marginales, principalmente al Delta. Ahí siempre hubo cría de ganado, pero en cantidades mucho menores, el problema es que el aumento desmedido". "Lo que hacen, entonces, es prender fuego los terrenos en los que ahora están los animales para renovar los pastos que son su alimento”, aseguró la especialista.
Otro empresario poderoso que está imputado por la justicia federal de Paraná por estar detrás de las quemas es Rufino Baggio, descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio. El empresario tiene 35 hectáreas en el Delta y miles más en la provincia de Entre Ríos. Por otra parte, en la provincia mesopotámica también fueron imputados otros productores y empresarios como Enzo Federico Vignales; Raúl Álvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti, cuyas causas se tramitan en el Juzgado Federal N°4 a cargo de El juez federal Marcelo Bailaque. Por su parte, en la provincia de Santa Fe, el fiscal Jorge Onel imputó a seis personas acusadas de “provocación dolosa de incendios, con peligro para los bienes”.
Según Arzolin “es importante desmontar es ese discurso que quiere hacerle creer a la gente que si sale una ley de humedales no se va a poder hacer nada. Eso es lo que vienen agitando ciertos sectores que no quieren ningún tipo de regulación. El objetivo de la ley es ordenar y ver la aptitud que tiene cada uno de los suelos para la producción. Ahora se está haciendo cualquier cosa y la prueba son los fuegos incontrolables”. “Lo que puede hacer una ley es determinar la capacidad de carga del ecosistema, qué actividad y con qué intensidad se puede usar cada humedal. Obviamente habrá algunos muy frágiles en los que no se podrá hacer nada y otros que podrán seguir siendo usados en condiciones ordenadas y bajo ciertas normativas”, explicó.
Con respecto a los debates en el Congreso, la experta indicó que “hay un lobby muy poderoso, pero lo que tienen que entender los empresarios es que los humedales contienen agua que son un bien común. Las reservas naturales son de todos, no de un puñado de gente y con este desmadre que hay son pocos los que ganan y muchos los que nos perjudicamos". Luego Arzolin agregó que "por supuesto que luego habrá que hacer cumplir la ley, sabemos que no nos dará una solución absoluta, pero será una herramienta más que es sumamente necesaria".
30 de agosto de 2020
La oposición recurrió a argumentos falsos para atacar el proyecto del oficialismo
Las cinco falacias sobre las reforma judicial
Por Irina Hauser
El debate sobre la reforma judicial ha estado plagado de falacias instaladas por la oposición política y por medios de comunicación que colaboran con esa resistencia que intenta generar descrédito para el Gobierno actual, y que hasta ahora tampoco hizo propuestas superadoras. Aquí el análisis de las principales “fake” que marcaron la agenda del tema, con una magra discusión de fondo. Quizá la primera sea llamarla "reforma", según dijo en la noche del sábado Albeto Fernández, que prefiere hablar de "reorganización de la justicia federal". Queda una oportunidad para una deliberación sustanciosa en la Cámara de Diputados.
1 ) El oficialismo va a poder nombrar numerosos jueces y juezas para “colonizar la justicia” y "repartir cargos”
Es cierto que una de las características del proyecto que obtuvo media sanción es que multiplica juzgados y tribunales, y con eso crea cargos en varias provincias. De la propuesta original del Poder Ejecutivo surgía el dato más conocido: la fusión de los fueros penal federal y penal económico y la duplicación de juzgados, a 46, además de el agregado de tribunales orales en lo penal federal. Pero Comodoro Py no es el centro del mundo, y como parte de la negociación política, el Frente de Todos se topó con provincias que reclamaban la creación de Cámaras de Apelaciones y juzgados.
Así, el proyecto incorporó juzgados en Tigre, Avellaneda, La Matanza, fiscales, defensores, una cámara en La Pampa, otra en la Rioja, también ella Matanza, y en las provincias se crean juzgados federales y penales ya que en muchos casos un único juzgado concentra múltiples competencias. Con títulos catástrofe ante la media sanción Clarín y La Nación pusieron el foco en que se crean 1387 cargos, decía el primero, y 1700 decía el segundo. El número que calculó el oficialismo es diferente: 413 cargos en las provincias, y sumando el los de Ciudad de Buenos Aires no llegan a 600. Con todo, no es el eje de la cuestión.
Uno de los objetivos de multiplicar juzgados planteado por Alberto Fernández apuntó a diluir el poder histórico de los 12 juzgados federales de Comodoro Py. Pero no los pondrá a dedo. Todo cargo nuevo de jueces, fiscales o defensores deberá ser concursado. Para ser juez o jueza incluso se incrementaron los requisitos para los exámenes. Es más, ya existen muchas vacantes en el Poder Judicial, más del 25 por ciento, que el Gobierno podría haber “ocupado” y no lo hizo. Quien concurse para un cargo nuevo deberá pasar también por el acuerdo del Senado, que requiere una mayoría de dos tercios.
Se podrá discutir cuántos cargos crear o no. El macrismo presentó en su momento un proyecto que creaba juzgados y tribunales en las provincias que, de hecho, fue incorporado por Fernández. Está también el argumento de que si se quiere un Poder Judicial eficaz, y más aún frente a los grandes delitos como el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, hacen falta estructuras más grandes. Como sea, un punto que ni la oposición ni el oficialismo terminan de abordar seria y profundamente, pese a que hubo posibilidad de debate, fue planteado por el jurista Alberto Binder en un artículo titulado “La Expansión de Comodoro Py”. Si el tema es, por ejemplo, cambiar viejas prácticas sembradas en Comodoro Py, por qué hacerlo crecer, y cómo compatibilizarlo con el sistema acusatorio que se proyecta establecer, aprobado ya a fines de 2015. Lo que teme Binder es que se reconfigure “ese espacio para que los dueños de Comodoro Py no pierdan influencia (…) con otros jueces, con otras reglas pero con las viejas redes informales y sus mañas”, donde florecen alianzas entre empresarios, políticos, jueces, operadores. La observación que plantea el procesalista, que no tiene nada que ver con la tónica de la crítica por el número de cargos que surge de la oposición, es “este proyecto, en lugar de ser un camino hacia el sistema acusatorio, es un modo de condicionar su puesta en marcha, permitiendo a los protagonistas de las redes mafiosas y sus asesores legales, que se reposicionen en los próximos dos años”.
2) La reforma está pensada para otorgar “impunidad” a Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios.
Este fue el gran slogan de la oposición para cuestionar el proyecto, al instalar la idea de que se quiere armar tribunales a medida para los juicios pendientes contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios. Una primera cuestión obvia es que las causas más rutilantes contra CFK y compañía ya están radicadas en distintos tribunales orales. En todo caso será un desafío para esos tribunales determinar si fueron causas armadas o no bajo las prácticas del “lawfare”. El artículo 14 de la ley que obtuvo media sanción en el Senado dice claramente que las causas en trámite van a continuar en los mismos juzgados o tribunales donde están.
Esto, en todo caso, parece ser un motivo de preocupación para el macrismo por dos razones: porque las causas contra el ex presidente Mauricio Macri y su equipo aún están en trámite y es un clásico que jueces y juezas que llevan años en sus tronos se dediquen a investigar más al poder político anterior que al de turno.
Paradójicamente, un hecho que dejó en evidencia la falacia de la “impunidad” fue la exposición del constitucionalista de Daniel Sabsay en la ronda de especialistas. Primero insistía en decir que el proyecto busca “asegurar la impunidad de aquellos sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado”. Cuandola senadora Ana Claudia Almirón le preguntó en qué artículo del proyecto para hacer esa afirmación, no pudo puntualizar ninguno y dijo: “hablé de lo que considero el proyecto de reforma en su totalidad; no de este en particular donde es cierto no aparece un artículo en particular”. Aclaró que podría haber problemas “a futuro”, o sea, no vinculados con casos del kirchnerismo.
3) Habrá un derroche presupuestario para la reforma judicial
La oposición y los grandes medios dicen que la reforma demandará un presupuesto de 10.000 millones de pesos, calculando estructuras y nuevos empleados y empleadas. El costo que preveía el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, era de 1939 millones de pesos anuales. Con la creación de más cargos, tal como quedó la redacción final, está estimado para el oficialismo en 3.088 millones de pesos. Como sea, un dato que recordó José Mayans durante el debate parlamentario es que el presupuesto judicial representa una porción muy pequeña del presupuesto nacional, que es algo apenas superior al 1 por ciento de 6 billones para 2020. Como sea, el presupuesto se debate y vota en el Congreso, tampoco es que se decide en forma unilateral y será una discusión a futuro. Es evidente que si se quiere mejorar el sistema y el servicio de justicia habrá que aumentar el presupuesto. Mayans puso el foco en cómo hacer para investigar el narcotráfico, la evasión, la trata, los secuestros extorsivos, entre otros delitos, sin presupuesto.
4) La reforma es “K” y es inoportuna
El planteo de la necesidad de generar una reforma del sistema de justicia fue una propuesta y promesa de campaña del presidente Alberto Fernández. Luego fue núcleo de su discurso ante la Asamblea Legislativa, cuando utilizó entre otras definiciones la de “Nunca más a una justicia que persigue según los vientos políticos” y Nunca más a “los sótanos de la democracia”, una frase que sintetizó las marcas del funcionamiento judicial marcado por los servicios de inteligencia, el poder económico, el poder corporativo, el poder político. El proyecto presentado, con las virtudes o defectos que pueda tener, viene colmar una promesa en un ámbito de discusión democrática como es el Congreso, y sobre un tema cuestionado de un modo otro por todas las fuerzas políticas. Las bases del proyecto fueron trabajadas por Gustavo Béliz, por Vilma Ibarra (quien escribió un libro crítico sobre CFK), en parte por la ministra Marcela Losardo. La actual vicepresidenta habló esta semana en un texto de la reforma que ella intentó en 2013 (que pudo tener defectos técnicos pero instalaba una debate contudente sobre la cultura y las prácticas judiciales y el papel del Poder Judicial y la ciudadanía), y que volteó la Corte Suprema, y de la reforma de facto aplicada por Cambiemos desde 2015 para perseguir opositores, con la Agencia Federal de Inteligencia como órgano directriz. “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”, dijo. Con esa frase desdramatizaba las vagas críticas opositoras, pero dejaba entrever cierta falta de satisfacción.
Algunos senadores cuestionaron la oportunidad por las urgencias económicas y las demandas de la pandemia. La sensación, en un país en que el macrismo tomó en 2018 un crédito por 50 mil millones de dólares del FMI sin pasar por el Congreso, la observación sobre la oportunidad parece más propia de quienes están cómodos con la estructura judicial actual y esquivan cualquier debate de fondo.
5) Modificar el sistema de justicia no le cambia la vida a la gente
Lo primero que vale recordar, como criterio general, es que el sistema de justicia representa a los ciudadanos y las ciudadanas frente a los poderes institucionales, económicos o cualquier otro que pueda avasallar sus derechos. Eso está en su ADN, allá lejos y hace tiempo cuando nació la división de poderes. Ergo, una reforma judicial integral del sistema federal difícilmente sea ajena los ciudadanos, en una u otra dirección.
Es posible, como dice Binder, que quizá el sistema “acusatorio no sea la panacea, pero si se logra instalar, como plantea la reforma en un plazo de dos años, debería haber respuestas muchísimo más rápidas y eficaces ante el delito. Más allá de que los fiscales y fiscalas adquieran más protagonismo y los jueces y juezas sean garantes y cada quien tenga su papel específico, la oralidad de los procesos de por sí debería proporcionar transparencia y celeridad. El Ministerio Público Fiscal, además, tiene como rasgo básico ser el representante de la sociedad.
Más allá de esto, hay ejemplos recientes que desmienten esa idea de ajenidad a la ciudadanía desde otro punto de vista. Esta semana se quitó la vida Cristina Vázquez, una joven que había estado 11 años presa acusada de un homicidio que no cometió, pero que atravesó un proceso de acusaciones judiciales en su provincia, Misiones, desde mucho antes. Tenía 19 años cuando la acusaron de un homicidio en 2001 y 37 cuando la Corte Suprema, que había tenido la causa dos veces con anterioridad, la absolvió dejando sin efecto su condena a prisión perpetua por considerar que había estado plagada de prejuicios –tales como atribuirle una vida promiscua-- y construida en base a rumores. La propia Cristina decía que la habían condenado por ser pobre, mujer, por fumar porro y porque debía materias. Entre 2001 y 2008 fue encarcelada en tres oportunidades, en 2010 fue condenada, el superior tribunal de Misiones resolvió su recurso recién tres años después. En 2015 Cristina no sabía que su condena estaba firme y fue a la Corte, que igual ordenó revisarla, pero no tomó ninguna medida directa y tajante. Lo hizo recién en diciembre del año pasado, con la perseverancia de la estrategia trazada por la abogada Indiana Guereño de la Asociación Pensamiento Penal. Pero antes el procurador interino tuvo el caso a estudio un año entero para finalmente rechazarlo. Cristina salió de la cárcel después de todos esos años de calvario con la vida destrozada. Tampoco el sistema contempla a quienes recuperan libertad. A ella la mató un Poder Judicial corrupto, ineficaz, clasista y machista. ¿Hacen falta más razones para cambiar el sistema de justicia?
Fuente:Pagina12
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