25 de septiembre de 2020
El Frente de Todos emitió un comunicado respaldando la decisión del presidente de la Cámara Baja
Suspendieron al diputado Juan Ameri por protagonizar escenas sexuales durante una sesión virtual
El escandaloso comportamiento del diputado salteño Juan Ameri en plena sesión virtual mixta, trastocó el debate de la Cámara baja que abordaba la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema jubilatorio y refinanciación de las deudas de las provincias con la Anses. Ameri apareció en las pantallas gigantes del recinto protagonizando una escena íntima con su pareja y desató la indignación del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que tras un intercambio de opiniones con las autoridades del bloque del Frente de Todos –y hasta con el propio presidente Alberto Fernández--, interrumpió la sesión para denunciar el hecho y poner el marcha el procedimiento para sancionar al legislador. En ese marco, convocó a la conformación de una comisión de cinco miembros para que reglamentariamente decida la suspensión o la expulsión de Ameri. La comisión tiene un plazo de hasta 60 días para expedirse, pero la decisión no llevaría más de una semana y la suerte de Ameri ya estaría echada: el oficialismo quiere una sanción ejemplar para condenar la actitud del miembro de su bancada y ya piensa en su reemplazo para no complicar la suerte de los proyectos del Gobierno que se encaminan a una definción reñida.
“Quiero interrumpir el debate de esta ley, desgraciadamente, para plantear que, frente a una falta grave de un diputado en el marco de las sesiones presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el funcionamiento de esta Casa”, sorprendió Massa desde el estrado del recinto. “Hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta Casa, por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del Reglamento, disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri y la conformación de una comisión de cinco miembros para que determinen la sanción”, añadió el titular de la Cámara baja visiblemente ofuscado.
“Esta es la Casa del pueblo, vamos a escuchar las explicaciones del diputado pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, concluyó sin ocultar su indignación. Mientras el diputado oficialista Carlos Heller exponía como miembro informante el proyecto del Gobierno, el propio Massa tuvo una vista privilegiada de lo que se veía en la pantalla a la que estaba conectado el diputado salteño.
El propio Ameri intentó justificarlo a su manera en varias entrevistas periodísticas tras el escándalo que protagonizó y que ya lo había excluido de la sesión: “la conexión estaba caída, se reconectó. Mi mujer salía del baño, hacías días que no la veía porque estuvo con su madre. Como se había hecho un implante mamario le pregunté como estaba, entonces me dijo algo sobre las cicatrices y entonces le di un beso en el seno. No estábamos teniendo relaciones sexuales ni nada por el estilo”.
Un rato más tarde y en rueda de prensa, Massa dio otros detalles sobre su implacable decisión. Lamentó que la sesión con temas “tan importantes” se haya empañado con una “situación intolerable”, y que en virtud del reglamento de la Cámara y de la Constitución adoptó la determinación. “Situaciones como esta divorcian la política del conjunto de la sociedad argentina, que la está pasando mal por la situación que produjo la pandemia” y “de alguna manera, termina desprestigiando a la clase política toda. No lo podemos permitir", afirmó Massa, que reclamó una “sanción ejemplificadora”.
Aunque también detalló otras escenas que se dieron en las sesiones virtuales sin dar nombres. Como el "cartón pintado" con su imagen que instaló frente a la pantalla el senador macrista Esteban Bullrich; el cambio de camisa del diputado macrista Luciano Laspina; quienes "tomaban whisky" durante el debate, o se "tapaban en la cama" por las altas horas que trascurrían las sesiones y hasta quienes se "quedaron dormidos".
Massa también explicó que compartió la decisión con la conducción del Frente de Todos que preside Máximo Kirchner y que acompañan Cecilia Moreau y Cristina Alvarez Rodríguez. Igual que el propio presidente Alberto Fernández, con quien se comunicó. “Compartieron la sanción sin importar el color político”, remarcó el tigrense. "Como representantes del pueblo no podemos permitir una irresponsabilidad de esta envergadura, por lo que garantizaremos que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda", agregó mediante un comunicado la bancada del FdT.
El titular de la Cámara baja agregó que la situación podría estar resuelta en 7 días. En el oficialismo la decisión ya está tomada y Ameri ya no tendrá futuro en Diputados. En la lista aparece la antropóloga Alcira Elsa Figueroa por ser la primera suplente y que además es Especialista y Magíster en Políticas Sociales e integrante de la comisión de familiares detenidos-desaparecidos de Orán.
La Cámara lo aprobó en la madrugada
Renunció Juan Ameri, el protagonista del escandalete sexual en Diputados
La renuncia le había sido reclamada a primera hora de la noche por la dirigencia del Frente de Todos de su provincia. La encargada de hacerlo público fue la senadora Nora del Valle Gimenez, quien utilizó su cuenta de Twitter para comunicar que "El Frente de Todos de Salta, ante la grave inconducta del diputado nacional Juan Ameri durante el la sesión de la Cámara de Diputados, resuelve expulsar en forma inmediata e irrevocable al legislador y le solicita su renuncia a la banca en representación del Frente por Salta".
El diputado no se hizo rogar y poco después Sergio Massa recibía el texto con su firma. "Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente" empezó su misiva el diputado, quien enseguida aclaró que "no fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió".
Con poco más que explicar, ya lo había hecho por radio apenas se desató el escándalo, pasó a la parte resolutiva: "Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie."
Una vez que recibió la carta de renuncia, Massa interrumpió la sesión en la que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, estaba presentando el "Proyecto de Ley sobre prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales". Con el permiso de los presentes, convocó a los presidentes de todos los bloques para tomar una decisión sobre el tema.
La reunión se extendió por unos minutos y el consenso general fue votar la aceptación al cierre de la sesión. El que dio el OK por Juntos por el Cambio fue el jefe del bloque Mario Negri.
Cuando todo parecía cerrado, volvió a asomar la chispa del escándalo. Un sector del principal bloque opositor, encabezado por Fernando Iglesias y otros macristas "duros", se negaban a aceptar que la Cámara de un cierre rápido al sainete, deseosos de multiplicar el descrédito de la institución en todos los medios.
"Iglesias quiere hacer una suerte de show, pedir ue se arme la comisión expulsora en el recinto y que saque una resolución", confesaban en voz baja algunos de sus compañeros de bancada, que a continuación dejaban claro que les parecía otra tontería. "Es al pedo porque el Frente de Todos ya anunció que someterán a votación la renuncia, así que terminará la sesión con todo aprobado", y, agregaban con una sonrisa, "por unanimidad".
A pesar del entusiasmo de los revoltosos, el pronóstico de los allegados a Negri se transformó en realidad. O casi, porque pese al respaldo de todos los bloques hubo un solitario voto negativo.
Se trata del abogado Pablo Pinamonti
Ramos Padilla procesó al máximo responsable del espionaje ilegal macrista en Buenos Aires
El juez federal Alejo Ramos Padilla acaba de procesar a Pablo Pinamonti, el máximo responsable de las bases que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desperdigó por toda la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones de medio término de 2017 y que se dedicaron al espionaje político --incluso de comedores comunitarios y de organizaciones que se manifestaban por la aparición de Santiago Maldonado. Por considerarlos responsables del cheque en blanco al espionaje político y por nutrirse de la información que allí se recolectaba, Ramos Padilla convocó a indagatoria para la semana próxima a los máximos responsables de la AFI macrista y al resto de los jerarcas del llamado Proyecto AMBA.
El Proyecto AMBA duró poco, pero dejó una marca indeleble en la historia del espionaje en provincia de Buenos Aires. Tal es así que Ramos Padilla llegó a compararlo con las delegaciones de la tenebrosa Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Entre 2016 y 2017, Gustavo Arribas puso en manos del abogado Pablo Pinamonti seis bases nuevas bases que se sumaron a delegaciones históricas que ha tenido la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la provincia. A las ya tradicionales bases en Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata –actualmente en la mira por el espionaje a los familiares del ARA San Juan – se sumaron las bases de Haedo, Quilmes, Pilar, San Martín, La Matanza y Ezeiza. Esta última estaba a cargo de Ricardo Bogoliuk, ya procesado y detenido como miembro de la banda del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.
Según reconstruyó Ramos Padilla, esas bases se crearon con el argumento de investigar el narcotráfico o la trata de personas, pero se usaron para espiar a militantes políticos y sociales – especialmente en un año sensible como fueron las elecciones de medio de término de 2017 en las que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compitió como candidata a senadora por la provincia. CFK no fue ajena a la vigilancia del Proyecto AMBA. La siguieron, desde la Base Ezeiza, cuando encabezó un acto en la zona de Canning y hasta registraron las patentes de los vehículos que participaron de la manifestación política de la principal política opositora al entonces presidente Mauricio Macri.
Desde esa misma base, realizaban periódicamente un cuadro con posibles alertas – que catalogaban de acuerdo con su potencial gravedad. Entre las alertas figuraban, la entrega de mercadería antes de un acto de CFK o la visita de la dirigente a un barrio popular. Lo que se buscaba, dice Ramos Padilla, es evaluar las acciones políticas que podían tener impacto en la gestión de Macri.
Uno de los hechos que más investigaron durante ese año fue la desaparición de Santiago Maldonado en el sur del país. Pese a la distancia con los hechos, las bases del AMBA enfocaron sus radares en las protestas que se hacían antes de las elecciones para exigir su aparición y cuánto podía influir esto en la percepción de la gestión Macri. Hubo inteligencia sobre marchas, misas e incluso convocatorias sobre redes sociales. “Lo que se pretende con estas acciones de inteligencia es conocer la extensión del reclamo en relación a la afectación de la imagen del gobierno nacional”, escribió el juez federal de Dolores.
Con Pinamonti procesado sin prisión preventiva y con Bogoliuk con una ampliación del procesamiento, Ramos Padilla escalará ahora hacia la cúpula de la AFI macrista. Ya citó para el martes a las 11 a Gustavo Arribas y para el mismo horario del miércoles a Silvia Majdalani. A Arribas lo acusa de haber ordenado a través de la creación del Proyecto AMBA el espionaje político en la provincia, en clara violación con la ley, y a Majdalani de nutrirse de toda la información que las bases recolectaban.
Por debajo de Pinamonti, la AFI incorporó a dos exBonaerense Vicente Melito y Daniel Salcedo – experito de las hijas de Alberto Nisman – para hacerse cargo del Proyecto. Ellos sumaron a otros comisarios y policías provinciales para manejar las bases, lo que dio pie a un rápido enfrentamiento por los negocios que históricamente estuvieron en manos de la Bonaerense. La experiencia del AMBA terminó en diciembre de 2017 – con acusaciones veladas de espionaje por parte de María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, hacia Macri y la cúpula de la AFI. Después del AMBA, Pinamonti volvió al área de Jurídicos de la AFI, uno de los puntos nodales del espionaje y que hasta ahora no tuvo a ninguno de sus altos mandos en la mira de la justicia.
Entre quienes convocó a indagatoria Ramos Padilla están también los exjefes de las bases AMBA Pedro Oscar García, Alicia Nocquet, Andrés Maisano, Gustavo Emilio Carreiras y José Luis Fiorentino. Es probable que la lista se amplíe en las próximas semanas. Para Arribas y Majdalani será una escala previa antes de ser indagados por el juez Juan Pablo Augé en la megacausa de espionaje que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora. En esa jurisdicción, ya fueron procesados por el espionaje contra Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento.
Son 18 acusados por el choque del tren en 2012
Tragedia de Once: la Corte Suprema confirmó las
condenas
La Corte se expidió respecto de las condenas dispuestas en el primero de los juicios orales por la tragedia, mientras que todavía no recibió el expediente relacionado con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado en el segundo juicio oral.
El fallo del máximo tribunal de justicia que confirma las condenas fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti, quienes rechazaron las apelaciones de los defensores de los condenados.
La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes de la terminal ferroviaria de Plaza Miserere. En diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara dijeron en su fallo que el tren funcionaba en malas condiciones porque los fondos públicos que se recibían no se destinaban a mejorar el servicio. Se dijo que los funcionarios públicos no controlaban el destino de los fondos y también fueron condenados altos directivos de la empresa TBA.
De todos modos, diez días atrás se conoció que el conductor del tren, Córdoba, reconoció durante un peritaje psicológico que fue el responsable de lo ocurrido aquel 22 de febrero porque desconectó el freno de emergencia, llamado freno hombre-muerto. “Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir”, dijo ante las peritos psicológicas. Córdoba admitió su accionar como una forma de probar que está arrepentido y acceder a la libertad condicional. La causa por la tragedia de Once giró, justamente, en torno de los frenos.
En mayo de 2018, la Cámara Federal de Casación confirmó 20 de las condenas y bajó la mayoría de las penas. El 5 de octubre de ese año los condenados fueron detenidos y algunos de ellos siguen en esa situación.
En el fallo de la Corte Suprema quedó pendiente la situación de Ricardo Jaime, que tiene una pena de siete años de prisión. Esto se debe a que en el juicio oral se lo condenó sólo por uno de los delitos, el de administración fraudulenta. Con posterioridad, Casación también lo encontró responsable del delito de estrago culposo.
La Corte Suprema sostuvo que antes de resolver el caso de Jaime, se requiere una doble condena, de manera que Casación debe analizar de nuevo la situación del ex funcionario y ratificar la condena, para que la Corte pueda expedirse.
Por la tragedia de Once también fue condenado Julio De Vido, quien el 10 de octubre de 2018 recibió una pena de 5 años y 8 meses de prisión que le impuso el Tribunal Oral Federal 4 en el segundo juicio oral del caso. De Vido fue condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y no por el estrago.
La defensa de De Vido apeló la condena que se encuentra en la Cámara de Casación. La Sala II de Casación tiene el expediente desde hace un año y todavía no lo resolvió.
Las principales condenas que quedaron firmes son las de Schiavi (5 años y seis meses de prision), los Cirigliano y Córdoba (3 años y 3 meses). Respecto de los empresarios se tuvo en cuenta “la deliberada decisión de las autoridades de TBA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados, contando con la colaboración necesaria de los directivos de Cometrans SA y, especialmente, de los por entonces funcionarios de la Secretaría de Transporte”. Agregó que esos funcionarios “tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario, deber que deliberadamente incumplieron; todo lo cual ocasionó un paulatino deterioro del material rodante y la disminución de su vida útil, ocasionándose un enorme perjuicio al patrimonio estatal”.
Los recursos rechazados por la Corte habían sido presentados por las defensas de los imputados mencionados, más Pedro Ranieri, Jorge De los Reyes, Guillermo D'Abegnino, Laura Aída Ballesteros, Francisco Pafumi, Carlo Michele Ferrari, Marcelo Calderín, Carlos Pont Verges, Antonio Suárez, Oscar Gariboglio, Víctor Astrella, Jorge Álvarez, Alejandro Lopardo y Sergio Tempone, informó el máximo tribunal.
Por decreto, se dispuso además la extensión del congelamiento de precios
Alquileres: suspenden los desalojos hasta el 31 de enero
El Gobierno mantendrá suspendidos los desalojos por falta de pago y seguirá el congelamiento de precios de los alquileres. Así había sido establecida a fines de marzo con el decreto 320, con fecha de finalización el 30 de septiembre. Pero ante la emergencia económica y sanitaria por la crisis del coronavirus, el Gobierno decidió prorrogar las medidas hasta el 31 de enero de 2021.
Según los considerandos del decreto, la medida fue tomada debido a la situación económica, por lo que los locatarios vieron "afectados sus ingresos como consecuencia de la merma de la actividad", lo que les dificultó "hacer frente a sus obligaciones". El objetivo del texto "no es otro que evitar el agravamiento de la problemática respecto de la vivienda", agrega. La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró en una entrevista radial: "Vamos a seguir acompañando a la gente que alquila ya que estos meses fueron difíciles".
En la misma línea, el Gobierno extenderá al 31 de enero de 2021 el decreto 319, que es el que mantenía congeladas las cuotas de los créditos hipotecarios UVA hasta fin de este mes. También se mantendrán las suspensión de ejecuciones. Los montos adeudados por el congelamiento podrán ser convertidos a UVA y refinanciados sin intereses en el marco del "esfuerzo compartido" entre los deudores y los bancos. El esquema de convergencia se extenderá entre el primero de febrero y el 31 de julio. Habrá "instancias para la consideración" en los casos donde la cuota supere el 35 por ciento de los ingresos de los deudores.
Según los considerandos del decreto, la medida fue tomada debido a que el fin del congelamiento iba a implicar un salto de la cuota de octubre del 33 por ciento o 16 por ciento, según los que hubieran sido también alcanzados por el congelamiento del gobierno de Cambiemos, entre septiembre 2019 y febrero de este año. Además, si se le adicionan deudas por diferencia en el monto de las cuotas o falta de pago, dichos porcentajes se incrementarían entre el 70 por ciento y el 33 por ciento, "cifras con un importante impacto en los ingresos de los deudores".
Alquileres
La extensión del decreto 320 significa que los inquilinos que no hayan pagado el alquiler no podrán ser desalojados. Aplica para inmuebles, pero también a habitaciones destinadas a viviendas en pensiones u hoteles. En los casos que hubiera una actualización semestral (como era con la anterior ley de alquileres) los inquilinos podrán decidir pagarla o mantener congelado el valor, y cuando finalice el decreto, pagar en hasta 6 cuotas lo adeudado, a partir de febrero de febrero 2021. En los casos donde hubiera deudas por falta de pago, será la misma cantidad de cuotas, pero con intereses.
A quienes se les hubiera terminado el contrato en estos meses, se les prorroga automáticamente hasta el 31 de enero, con el mismo valor. Los contratos alcanzados son los de vivienda, pero también inmuebles utilizados por monotributistas, autónomos, pymes, cooperativas y para actividades culturales/comunitarias.
La medida fue celebrada por las agrupaciones de inquilinos. “Estamos contentos en un momento de tanta incertidumbre, esto es un alivio”, aseguró a este diario Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos. Según datos elaborados por la entidad Inquilinos Agrupados, hay 700 mil personas que hubieran sido desalojadas de no extenderse el decreto. Con aumento del desempleo y de suspensiones laborales y paritarias pisadas, el 37,7 por ciento no pudo pagar en septiembre o lo hizo parcialmente, y el 47,4 por ciento tiene al menos un mes de deuda.
Muñoz plantea que hay inquilinos que en este contexto no pueden pagar la renovación del alquiler. “Hubo casos donde se pidió un 100 por ciento de aumento”, aseguró. En tanto, para mudarse una familia necesita más de 70 mil pesos, entre el mes de depósito, de adelanto, la comisión (no en el caso de la Ciudad), el flete y los informes. Pero además de la situación económica, los inquilinos resaltan el momento sanitario, dado que hay zonas del país donde se prohibieron las mudanzas y la actividad inmobiliaria, por el aumento exponencial de contagios. Este es por ejemplo el caso de Rosario y la ciudad de Santa Fe. “En esta provincia hay alrededor de un millón de inquilinos, presos de aceptar lo que diga la renovación, porque entre el 4 de septiembre y el 25 de este mes no pudimos salir a ver otro departamento ni efectuar una mudanza”, explicó Emmanuel Canelli de Asociación Inquilinos Rosario.
El día después
Propietarios e inmobiliarias se mostraron en contra de la medida. En un comunicado del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba), aseguraron que estas decisiones “sólo sirven para desincentivar la oferta de inmuebles para alquileres de vivienda, generando, en última instancia, un perjuicio para los propios inquilinos a los que se dice querer defender”.
De hecho, durante la cuarentena, mientras rigió el decreto de alquileres, también se sancionó la nueva ley en julio. Desde ese momento, los alquileres subieron 19,2 por ciento y la oferta cayó hasta 26 por ciento, según los distintos sitios web del mercado. Con respecto a los precios, Eduardo Di Fini, del Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, aseguró que recién podrían “acomodarse” en un año, cuando los propietarios observen que el nuevo índice de aumento “ajusta debidamente”. “Un jubilado lo pone en venta, pero si pasa un mes, con todos los gastos, lo vuelve a poner en alquiler. Pero una inmobiliaria con un edificio entero, alquila uno o dos departamentos para mantener los gastos fijos y el resto los deja en venta, hasta lo que pueda aguantar”, explicó.
En este sentido, los inquilinos podrían encontrarse en el mismo laberinto cuando finalice la prórroga. Por este motivo, piden un programa de desendeudamiento, ya sea con créditos a tasas blandas. A diferencia del caso de los créditos UVA, donde todos los hipotecados están bancarizados, en el mercado de alquileres no hay estadísticas fehacientes de los contratos, debido a la alta informalidad.
Una propuesta que impulsan la CGT y los gobernadores
Quieren que Fernández
presida el PJ
Desde la central sindical partió la propuesta de realizar una jornada por el 17 que funcionara como apoyo político para el Gobierno. Originalmente, la idea era realizar una gran movilización, pero Fernández pidió que buscaran otra forma para no contravenir las recomendaciones por el coronavirus. Finalmente, será una jornada de discursos que cerrará Fernández en la sede de la calle Azopardo, de la que participarán gobernadores, intendentes, legisladores, sindicalistas y dirigentes sociales de forma presencial y virtual. Además, analizan variantes para que la militancia pueda sumarse de alguna manera, aunque sea a través de las redes o desde sus casas.
Junto a esta propuesta comenzó a tomar forma la iniciativa de que Fernández asuma como presidente del PJ como otra manera de ver fortalecido su caudal político. Tanto la CGT como un grupo de gobernadores ya lo conversaron y se entusiasmaron con la propuesta, en la idea de que el Presidente es el único que representa a todos los sectores del justicialismo. Es una tradición que cuando gobierna el PJ, el presidente de la Nación también asuma en el partido, aunque Cristina Kirchner dejo esa constumbre de lado. Ya en marzo pasado, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, propuso que Fernández reemplazara a Gioja cuando caducara su mandato en mayo, idea a la que luego se sumaron otros referentes. Pero llegó la pandemia y el mandato de Gioja se prorrogó.
En su momento, Fernández avisó que prefería concentrarse en la gestión y descartó la presidencia partidaria. Pero, en estos momentos que recibe ataques de la oposición y de los medios afines, tal vez ese respaldo unificado de toda la dirigencia sea recibido de otra manera.
Ley de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
Media sanción al blindaje del
FGS
El tratamiento del dictamen de mayoría comenzó cerca de las 17.30 en una sesión especial mixta, presencial y virtual, en la que estuvieron presentes la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y el titular del FGS, Lisandro Cleri. Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), destaco "el amplio acuerdo" logrado entre las fuerzas políticas.
"Venimos a restituir la situación original, ya que se garantiza que el FGS será el garante de todo el sistema previsional, y no solo para las personas que tienen que cobrar la reparación histórica", dijo Heller. En ese sentido, el legislador aclaró que "se cumplirán con los acuerdos homologados en sede judicial". También recalcó que con la nueva norma se eliminará "la posibilidad de vender activos (del FGS) para que no se destruya ese patrimonio, que es un garante permanente del conjunto del sistema previsional".
El proyecto establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación. Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos.
También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del FGS. En ese sentido, no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.
Con respecto a los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del primero de enero de 2020. También establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.
Además, se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional. Así, se creará el Fondo Fiduciario Público "Programa de Inversiones Estratégicas" que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado, como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.
"No sé si fue inoperancia, ideología o maldad", dijo sobre la actitud de su antecesor
Alberto Fernández entregó viviendas Procrear que Macri dejó inconclusas
Y agregó: "La verdad es que uno no quiere echar culpas, no tiene ganas de estrujar el pasado. No estamos sembrando grietas, pero queremos aprender. Detrás de cada obra inconclusa hay una lógica que subyace a quien gobierna", dijo el Presidente desde el predio Procrear de San Antonio de Areco. Desde allí anunció la entrega de viviendas para familias de cinco provincias. Durante el acto, el jefe de Estado se comunicó mediante videoconferencia con los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y Misiones, Oscar Herrera Ahuad. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo acompañó presencialmente.
"Que el Estado vaya en auxilio de los que producen y los que trabajan no me avergüenza. A mí me avergüenza que el Estado le de vía libre a los pícaros para especular, para romper el trabajo, para destruir el crecimiento y ganar ellos solos", dijo el jefe de Estado. "No estoy en paz sabiendo que hay gente que no tiene un lugar digno para vivir. Entré y visité una de las casas. Son lugares vivibles, no son soluciones de emergencia. Es grato acercarse a los balcones y disfrutar de estas casas", resaltó respecto de una de las viviendas de San Antonio de Areco. El desarrollo urbanístico en esa localidad bonaerense llevará el nombre de barrio Papa Francisco: cuenta con un total de 92 casas, de las cuales 47 serán entregadas este mes y las restantes en los meses subsiguientes. El proyecto requirió una inversión de 229.973.555 pesos y las viviendas consisten en departamentos y casas unifamiliares de dos y tres dormitorios, con terminaciones de obra de calidad, vías de acceso, cercanía a centros educativos, recreativos y de salud, e infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.
La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, recordó también que “estas obras se empezaron en 2014”, y señaló: “Las hicimos aun en la dificultad que nos impone la pandemia, pero tuvimos desde el primer momento de la gestión” la premisa de “no discontinuarlas para que ninguna familia quedara expectante de su vivienda”.
A su turno, Axel Kicillof también fue duro con el gobierno anterior. "Yo escucho los debates actuales, escucho dar consejos y censurar todo lo que se hace. Los mismos que deberían explicar por qué estas viviendas, como los satélites, estuvieron cuatro años paradas. Prejuicio, ideología o incapacidad, hubo que esperar cuatro años para que llegue un Estado que soluciona", dijo.
Kicillof destacó la nueva modalidad del Procrear, con la que "el Estado construyó estas viviendas con un crédito que se puede pagar". "Venimos de una época en la que el crédito era lo contrario de lo que debe ser. Uno no está en contra ni de los bancos, ni de los préstamos, pero no pueden ser un instrumento de especulación financiera. Tienen que ser un engranaje de la producción y de la mejora de las condiciones de vida", indicó el gobernador bonaerense. Cabe señalar que, en esta etapa, el Procrear funciona con créditos del programa Hog.Ar, cuyo Coeficiente de Variación Salarial (CVS) garantiza mayor previsibilidad en la actualización de las cuotas y en la protección de los ingresos de las familias adjudicatarias: de hecho, el 98 por ciento de quienes tenían un crédito Procrear en UVAs cambió a la modalidad ofrecida por el programa Hog.Ar.
Todos los gobernadores que, a la distancia, participaron ayer del acto, destacaron su importancia. Incluido el opositor Suárez, el mandatario radical de Mendoza: “Más allá de nuestra pertenencia --dijo--, vamos a coincidir aquellos que nos dedicamos a la función pública en que no hay acto que cobra mayor significación y mayor sentido del trabajo que hacemos que la entrega de viviendas”.
Las 784 viviendas entregadas ayer corresponden a desarrollos urbanísticos ubicados en San Antonio de Areco, en Posadas, provincia de Misiones; en Maipú, Mendoza; en Chilecito, La Rioja; y en la ciudad de Santiago del Estero. Durante septiembre y octubre se continuará con la entrega de otras 1500 viviendas en predios de Salta, Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba y Río Negro, que forman parte de un total de 11 mil construcciones que el gobierno anterior dejó inconclusas.
Habían sido adjudicadas por el macrismo bajo la modalidad PPP
El gobierno rescindió dos concesiones viales
El gobierno nacional anunció este jueves la rescisión de la concesión de dos corredores viales que se habían otorgado bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP) durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión se tomó de común acuerdo con la contratista, conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA y COPASA (España), luego de haberla intimado por irregularidades e incumplimientos.
En julio de 2018, el gobierno de Macri concesionó seis corredores viales bajo la modalidad PPP. Los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado. Sin embargo, desde entonces las obras prácticamente no han avanzado porque las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas.
En julio de 2019, el gobierno anterior suscribió una adenda de los contratos PPP, que tuvo como objetivo condonar el incumplimiento de las condiciones básicas de los contratos, fundamentalmente la falta del financiamiento exigido para realizar las obras, pero el nuevo cronograma de avance de obras dispuesto en la adenda tampoco se cumplió y en algunos casos actualmente la parálisis es total.
“Luego de más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llega en promedio solo al 2 por ciento”, informó el Ministerio de Obras Públicas a través de un comunicado. Estos contratos debían impactar en el Programa Rutas Seguras que prometía la realización de 4000 kilómetros, pero solo hicieron 6 kilómetros.
El pasado 27 de mayo se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo percibimiento de extinción de los contratos; y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre. Fue en ese contexto que se acordó rescindir la concesión de los corredores E y F.
El Corredor E abarca las Rutas N° 9 (Autopista Campana - Rosario) y la Ruta 183, en Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe; mientras que el Corredor F comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33.
“Desde el Gobierno mantenemos la misma posición desde que asumimos: defender con todas las herramientas el patrimonio de los argentinos y argentinas. Por eso, Vialidad Nacional, como organismo rector en la planificación vial, va a realizar las obras que no se hicieron en estos dos años”, señaló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
Los seis proyectos prometían una inversión de 5400 millones de dólares en cinco años para la construcción de 3400 kilómetros de autopistas y rutas. Sin embargo, desde el gobierno remarcaron que el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre 10.000 y 13.000 millones de dólares, dependiendo del nivel del riesgo país. De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento.
“Estos contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, una política que podría perjudicar la administración de las divisas de la Nación, debilitando las reservas del Banco Central”, advirtieron desde Obras Públicas.
Los contratos incluían, además, la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos). De esta manera, los contratistas han estado percibiendo los beneficios producto de las concesiones desde agosto de 2018.
“El esquema Público-Privado de la gestión macrista fue un fracaso y era ruinoso para el Estado: beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron. El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía. Estos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”, remarcó Katopodis.
Los cuatro corredores viales restantes con los que se siguen negociando para avanzar en la misma dirección que con los corredores E y F son los siguientes:
• Corredor A: abarca las Rutas N°3 y N° 226. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa Italia.
• Corredor B: comprende la Ruta N° 5. Las obras a ejecutar estaban a cargo de China Construction América SA junto a Green SA.
• Corredor C: incluye la Ruta N° 7. Las obras a ejecutar estaban a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA.
• Corredor SUR: incluye la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).
Fuente:Pagina12
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