30 de septiembre de 2020
Cómo fue el acuerdo para aceptar el per saltum y cómo sigue la causa
La decisión de la Corte: una concesión a los jueces nombrados a dedo y una carta en la manga
La Corte Suprema hizo una demostración de fuerza frente al Gobierno al aceptar en forma unánime abrir el per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que buscan que el tribunal convalide las designaciones por el mecanismo de traslado que los llevó a cargos claves de Comodoro Py sin acuerdo del Senado durante el gobierno de Mauricio Macri. El tribunal aceptó tratar ese recurso excepcional, pero aún no resolvió nada sobre la discusión de fondo que atañe a la validez de los nombramientos en juego. La decisión combina una cuota de concesión ante las presiones de la oposición política y sus medios afines en las últimas semanas, con una advertencia de que son ellos, los supremos, quienes en definitiva pueden tener la última palabra para disponer la suerte de las designaciones que el oficialismo en la Cámara alta y los decretos del Poder Ejecutivo dejaron sin efecto. La sentencia acelera los tiempos, le prohíbe al Consejo de la Magistratura que reemplace a los jueces atrincherados e insinúa una posible decisión expeditiva, que aún no se sabe si será real o es sólo para tranquilizar a la tribuna y apaciguar escraches y protestas.
La Corte tiene acuerdo todos los martes, pero las características de éste en particular fueron forzadas por el presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, que le dio carácter de “extraordinario” e impuso el tratamiento del tema del trío "BBC" para saltear instancias. Para su sorpresa, los otros cuatro integrantes del tribunal cerraron filas y decidieron aceptar el per saltum, aunque no lo hicieron exactamente con los mismos argumentos que él, que quedó abiertamente alineado con argumentos de los jueces que esperan conservar sus lugares en los tribunales de Retiro. El plenario fue peculiar, según reconstruyó este diario: cuatro cortesanos estaban de cuerpo presente en el Palacio de Justicia, e incluso tuvieron pequeñas reuniones por separado, pero el acuerdo propiamente dicho se hizo por Zoom. Estaban allí, Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se quedó en su casa. Cerca del mediodía la decisión estaba firmada.
En el Gobierno la noticia causó desconcierto, fue leída como un golpe y una afrenta, pero con el correr de las horas algunos funcionarios y funcionarias intentaban poner una dosis de optimismo pensando en que todavía falta la definición central. La semana pasada Alberto Fernández había sido crítico con el tratamiento del per saltum, en especial con la ofensiva de Rosenkrantz. El fallo de la Corte es cuidadoso con los términos: si bien no menciona ni al Senado ni al Poder Ejecutivo, que invalidaron los traslados de BBC, deja planteado tácitamente un conflicto de poderes.
Laberinto
Hasta la semana pasada la mayoría de los integrantes de la Corte dejaban entrever que preferían esperar a que la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo fallara sobre los amparos presentados por Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Los dos primeros estaban en la Sala V, el otro en la Sala III. No veían urgencia ni gravedad para apurarse. Pero después de las presiones por los medios y del escrache a Lorenzetti el fin de semana, parece que el escenario cambió. El argumento que aparece en el fallo es que “las circunstancias originarias se han modificado a la luz de acontecimientos sobrevinientes que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores privándolos de un acceso efectivo a justicia”. Es un poco borrosa esa definición. La Corte pone foco en la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura --el primer órgano que consideró inválidos los traslados-- avance en cubrir vacantes en la Cámara Federal, donde estaban trasladados Bruglia y Bertuzzi, ya que estaba abierto el concurso para otros dos cargos (los que tuvieron Eduardo y Horacio Cattani). Para esos puestos ya hay un orden de mérito, pero el Consejo no descartaba ampliar el concurso a los otros dos cargos, que originalmente ocuparon Jorge Ballesteros y Eduardo Farah. Este último le pidió al Senado volver al tribunal, por lo que el enredo es mayor aún, porque su caso está en veremos.
El otro argumento, algo curioso, que dio la Corte, es que el “planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego a interpretación constitucional de los traslados de jueces federales”. “El recurso concierne de modo directo a los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales que --conforme ha señalado esta Corte-- han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley”, dice y también habla de “la aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial". Ese es justamente un punto clave de la discusión: si los Gobiernos pueden sacar y poner jueces a su antojo de distintos cargos.
En tribunales había quienes no terminaban de interpretar el interés comunitario aludido por la Corte, incluso teniendo en cuenta que a ninguno de los jueces se los estaría dejando sin cargo ni trabajo. Hasta ahora lo que ocurrió fue que el Consejo evaluó que sus traslados y los de otros siete jueces y juezas eran inválidos porque no se había cumplido con el proceso complejo y completo de designación, que requiere acuerdo del Senado. A la vez, una votación de 41 senadores/as rechazó los traslados del tridente BBC en parte porque tampoco cumplieron con la presentación a la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, luego el Poder Ejecutivo rechazara sus traslados por decreto, la Cámara de Casación consintió esas disposiciones y los mandó a sus tribunales de origen, lo mismo interpretó la Cámara Federal y en el fuero contencioso administrativo hasta ahora les habían rechazado todos sus planteos.
Hoy Bruglia, Bertuzzi y Castelli tienen licencias concedidas en los tribunales donde trabajaban antes de ser trasladados por el gobierno de Macri. Los dos primeros tiene 10 días hábiles desde el 23 de septiembre y el tercero tiene hasta el 6 de octubre. Todo apuntaría a que estas licencias duren mientras esperan la resolución de fondo.
Los argumentos
* Lo concreto es que la decisión la Corte confluye en admitir el recurso per saltum porque habría cuestiones irreparables en juego. Le pide a la Cámara en lo Contencioso el expediente (que es digital), con lo cual ese tribunal ahora ya no puede resolver nada, o si podrá a futuro dependerá de lo que diga la Corte. Ya fue designada por sorteo la jueza Clara Do Pico para desempatar entre Jorge Alemany y Guillero Treacy, pero no se sabe cómo seguirá la historia.
* Al admitir el per saltum los jueces dicen que no necesitan dictar ninguna medida cautelar ya que queda automáticamente suspendido el amparo anterior, que los jueces de primera instancia dictaron contra el trío BBC.
* Al Consejo de la Magistratura los supremos le advierten que no puede “llevar adelante actos de ejecución de la resolución 183/202 cuya validez se cuestiona” y que es la que había declarado que una decena de traslados habían sido irregulares, y son los que quedaron en manos del análisis del Senado. Es decir, sostiene que el Consejo no puede avanzar con reemplazos en los lugares que ocupaban Bruglia y Bertuzzi.
* También le corre traslado al Consejo, como parte demandada, para que en 48 horas responda con su postura. El mismo plazo le da al procurador interino Eduardo Casal, para que dictamine.
* Desde uno de los despachos supremos subrayaron que la Corte no opinó sobre el fondo pero se esmeró en sacar una decisión unánime y que la intención es dar seguridad y previsibilidad en las reglas del juego. El último per saltum antes de este contra una sentencia de primera instancia fue en 2013 y sirvió para declarar inconstitucional la reforma judicial que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner. En ese caso, había un cronograma electoral de por medio que impactaba en la composición del Consejo, que imponía una urgencia.
* La Corte desliza que su intención es expedirse pronto, posiblemente la semana que viene. Es un misterio el cómo. Declarar válidos o inválidos los traslados no sería la única variante. En el Gobierno hay quienes creen que podría evaluar si los traslados son permanentes o no, y habilitar así que los cargos sean concursados.
El voto de Rosenkrantz
El voto de Rosenkrantz, el único que de entrada mostró sus cartas a favor del reclamo de los jueces BBC, además de hacer lugar al per saltum acerca argumentos que parecen adelantar su idea de fondo, coincidente con la del trío: dice que puede estar en juego la “garantía de inamovilidad” y que no sólo se trata de una discusión sobre los traslados sino sobre su “revisión retroactiva”. Uno de los argumentos de los jueces en cuestión es que tienen “derechos adquiridos”. Más allá de la discusión jurídica, es impresionante como las presiones desde distintos ámbitos han logrado transformar una debate sobre cargos en una gran discusión política movida por intereses mediáticos. La Corte también tiene pendiente la cautelar del gobierno porteño por la coparticipación.
Compás de espera luego de la resolución
La reacción del Gobierno
tras el per saltum:
"Sabremos qué Corte
tenemos"
Imagen: NA
Luego de una primera reacción de enojo, el Gobierno decidió guardar silencio y abrir un compás de espera por la decisión de la Corte Suprema de aceptar el per saltum presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. "Era una de las posibilidades, algo imaginable, pero todavía no hay nada definido. Ahora lo tienen que tratar", sostenía anoche un alto funcionario que había conversado de la cuestión con el presidente Alberto Fernández. Sólo el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, salió a comentar que "esto nos va a permitir saber si tenemos una Corte que respeta la Constitución y a los demás poderes del Estado o si se maneja conforme una agenda de presiones que se fijan desde otro lado", que ubicó en los medios de comunicación y un sector de la oposición.
La semana pasada, el Presidente había criticado abiertamente al titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por la convocatoria al acuerdo extraordinario de ayer para definir la cuestión. "¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte?", se había preguntado. Le había llegado información de un diálogo reservado entre Rosenkrantz y el ex presidente Mauricio Macri, aunque luego el titular de la Corte se lo desmintió a través de un mensajero. Ayer, cuando se conoció la noticia, la primera reacción en Gobierno fue de desconcierto por la decisión, en especial por la unanimidad. Después, cuando analizaron la resolución resolvieron esperar la decisión de fondo, que es de imaginar se va a conocer muy pronto.
"Hubiera sido muy duro que se lo rechazaran sin siquiera tratar el tema", analizaban anoche cerca del Presidente. "Era más o menos previsible que, dado todo el ruido que se generó, al menos le aceptaran el recurso. Pero no está nada definido respecto a la cuestión de fondo", respondían en la Casa Rosada. La decisión oficial fue guardar silencio y recién por la tarde apareció el viceministro Mena, que había sido uno de los funcionarios que en los días previos habían salido a subrayar las presiones que se ejercían sobre los jueces de la Corte.
"Me llama la atención que se haya hecho uso de esta herramienta tan excepcional como es el per saltum que se utilizó una sola vez desde que existe la ley", comentó respecto a la decisión judicial. Recordó algunos casos como la difusión de escuchas telefónicas cuya oficina estaba justamente a cargo de la Corte o la persecución a dirigentes políticos realizadas desde un sector del Poder Judicial que no ameritó ningún intervención del Tribunal, que en apariencia no lo consideró lo suficientemente grave. "Desconozco cuál es el 'gravedómetro' que utiliza la Corte para resolver", ironizó. "Hay bastantes problemas más graves en nuestro país de los que la Corte no se hace eco", añadió.
"Evidentemente, algunos miembros de la Corte son influenciables. Luego de asistir a todos los mecanismos de presión que venimos denunciando, se produce un cambio en el mecanismo procesal", continuó Mena. En su análisis, Rosenkrantz ya adelantó su posición respecto a la cuestión de fondo al decir que lo resuelto afecta el principio de inamovilidad de los jueces. "Regresar al cargo que le asignó la Constitución, no puede afectar nunca la inamovilidad judicial y mucho menos la independencia", le retrucó el viceministro.
Mena ubicó las presiones sufridas por la Corte en los últimos días en los medios y en un sector de la oposición, que ayer salió a celebrar la decisión. "¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡Gracias a Dios!", escribió la ex diputada Elisa Carrió, quien había pronosticado que en breve Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte, no podría caminar por la calle. "Quiero destacar a los argentinos que, pacíficamente, han defendido la institucionalidad, levantando sus banderas. Conmueve esta Argentina valiente", dijo la titular del PRO, Patricia Bullrich. "¡Al fin un tiro para el lado de la Justicia!", celebró el jefe del bloque de diputados opositor, Mario Negri. "La resolución da un respiro democrático a nuestras instituciones", lo siguió el titular de la UCR, Alfredo Cornejo.
Los registros de arrepentidos que nunca existieron
Fotocopias de los cuadernos: ¿Grabaciones? Nada por aquí
"Mire, acá no hay nada". Con frases un poco más ceremoniosas, pero con ese contenido, el juez Marcelo Martínez de Giorgi le dio una primera contestación a la Cámara de Casación Penal que este lunes le pidió las grabaciones o filmaciones de la declaración de los 31 arrepentidos de la causa de las fotocopias de los cuadernos. El "registro técnico idóneo" -grabaciones o filmaciones- de las declaraciones de los "colaboradores", es una exigencia de la ley del arrepentido y lo que el magistrado le dijo a la Casación es que en el expediente que instruyó su antecesor, el fallecido Claudio Bonadio, no consta ningún registro. Falta ahora la respuesta de Carlos Stornelli, que fue el que negoció con los arrepentidos y que tiene hasta este miércoles a última hora o el jueves a primera hora para contestar. Es seguro que Stornelli dirá que no tiene ni filmaciones ni videos, sólo actas de las audiencias celebradas con los arrepentidos, lo que llevará después a una decisión de la Sala I de la Casación.
El juzgado que hoy encabeza Martínez de Giorgi -sucesor de Bonadio- emitió el siguiente texto ante la pregunta que le envió la titular de la Sala I, Ana María Figueroa: "de las constancias incorporadas al presente expediente (el de las fotocopias de los cuadernos), no surge que se cuente con registros fílmicos o digitales de las declaraciones de los imputados arrepentidos en el marco del acuerdo de colaboración previsto en la ley 27.304". Firmó el secretario que participó de la instrucción de la causa, Pablo Martín Lioy. O sea que el juzgado, por sí mismo, no puede enviarle nada a la Casación, porque no tiene nada.
Están los que sostienen que no tiene por qué haber un original o copia de las inexistentes grabaciones en el juzgado y que eso le correspondería a la fiscalía. Sin embargo, también era razonable esperar que el juez Bonadio consignara en sus resoluciones algún elemento de esas grabaciones o registros. Lo cierto es que, según dejó por escrito el secretario, no hay nada.
Como anticipó Página/12, Martínez de Giorgi le mandó el pedido de los registros a Stornelli y le otorgó 48 horas para responder. El plazo vence este jueves. En el edificio de Comodoro Py todos saben que no hay ni filmación ni grabación y que Stornelli contestará lo que ya le convalidó Bonadio en su momento: que no es obligatorio grabar ni filmar, que con la firma de las actas de las audiencias entre el fiscal y el arrepentido es suficiente.
Sucede que eso es contrario al espíritu de la ley que justamente quiere que se acredite que el imputado no fue coaccionado ni torturado. Fueron varios los arrepentidos que contaron que la opción que les daban era simple: "o declara contra Cristina, o la celda". A veces, a manera de ablande, se hacía pasar al detenido por un día entero de calabozo con olor a orín y materia fecal, para luego volver a enfrentar la alternativa: "o declara contra Cristina o más celda". Esa es la razón por la que las audiencias no quedaron registradas. El empresario Gerardo Ferreyra, por ejemplo, relató que el fiscal le decía: "usted esta noche puede volver con su familia, piénselo".
Una vez que venga la respuesta de Stornelli, dejando en claro que no hay filmaciones ni grabaciones, la pelota quedará en la Sala I de la Casación, integrada por Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Los camaristas tienen que resolver dos cosas:
* Si son nulas las declaraciones de los arrepentidos por no estar los registros.
* Si se puede aplicar la ley del arrepentido en este expediente, ya que recién en octubre de 2016 se extendió a los casos de corrupción, mientras que los hechos que se investigan en la causa de las fotocopias ocurrieron antes, entre 2008 y 2015.
Lo concreto es que la causa se viene manejando de manera irregular desde hace más de un año y el aparato de Comodoro Py, alineado con Cambiemos, miró para otro lado ante las evidencias de coacciones, aprietes y maniobras desopilantes. Jugaron para que el macrismo tuviera material electoral, desoyendo advertencias. El periodista Jorge Fontevechia, por ejemplo, detalló la exigencia a los imputados para que declaren contra la expresidenta, en tanto que el abogado Mariano Cúneo Libarona reveló que le aconsejó a su defendido que mienta para no ir a parar a una celda. La verdad no interesaba, de manera que la mentira era más rentable.
Las jugarretas con los cuadernos llegaron al colmo de que quien supuestamente los escribió, el chofer Oscar Centeno, declaró en la justicia que los quemó en una parrilla y resulta que meses después, seis de los ocho cuadernos, resurgieron intactos de las cenizas. Nadie explicó nada. Y, para redondear, en más de un año no se hizo pericia alguna: ni se verificó si la letra se correspondía al chofer, si los ocho cuadernos fueron escritos por la misma persona, si Centeno -con su limitado intelecto- pudo ser el autor de los textos o si el papel, la tinta y los cuadernos mismos se corresponden con las fechas en que el chofer dice que los escribió. Una pericia tan elemental como esa, ni siquiera se empezó a hacer.
Berni, Massa y Patricia Bullrich se expresaron a favor del uso de estas pistolas eléctricas
Una muerte que relanzó el
debate por las Táser
La muerte del inspector de la Policía Federal Juan Roldán revivió el debate sobre la utilización de las pistolas Táser, que generan una descarga de 50 mil voltios para incapacitar a la persona a la que se le dispara, pero que produjeron más de 300 muertes en Estados Unidos. Curiosamente, esta vez hubo coincidencias entre algunos funcionarios oficialistas y opositores. El primero en apoyar su uso fue el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, quien dijo que se debería "revisar ciertas cuestiones ideológicas". Rápidamente lo respaldó la titular del PRO, Patricia Bullrich al sostener que "la discusión de la Táser es ridícula y atrasa". Poco después, y a través de un hilo de tuits, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa argumentó a favor al señalar que es preciso recurrir al "uso de nuevas tecnologías" pero con una fuerte capacitación de los miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en el gobierno nacional no piensan como estos dirigentes porque el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ya aclaró que "no está en estudio" el uso de tásers.
"Lo que pasó ayer (por el lunes) vale la revisión de ciertas cuestiones ideológicas que no valoran la vida de la yuta y tienen a la policía como moneda de cambio", aseguró Berni, a solo unas semanas de la revuelta policial de la Bonaerense, que obligó a que intervinieran al gobernador Axel Kicillof y al presidente Alberto Fernández. "La Taser es fundamental para situaciones de las características de lo que pasó en Palermo", aseguró el ministro bonaerense y agregó que "en el 2020 no podemos estar discutiendo si la Taser sí o no por una cuestión ideológica". "La gente que discute las Taser no está en la calle y no tiene el riesgo que sus hijos sean apuñalados. No hay duda que con las Taser nos evitábamos dos muertos. En esta situación, la ideología no se puede entrometer. Quiero saber qué pensaría la gente que dice que las taser son como las picanas si el oficial Roldán fuera hijo de ellos", indicó.
Quienes dijeron que las táser eran similares a las picanas fueron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, APDH, H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “Esta arma eléctrica no hace más que traernos del pasado la práctica y el recuerdo de la tristemente célebre picana”, escribieron en un comunicado conjunto ante el primer intento de uso de táser por parte del gobierno de Macri en la Ciudad.
Quien derogó el protocolo para el uso de las táser que había instaurado Patricia Bullrich en mayo de 2019 fue Sabina Frederic. La ministra indicó que las 300 pistolas que había comprado Bullrich serían usadas "en toma de rehenes, algunos allanamientos, circunstancias extremas".
Aprovechando la ocasión se coló la exministra Bullrich, quien terminó acordando con Berni. Dijo que la muerte del policía "se podría haber evitado si sentía el respaldo para actuar" y volvió a defender a Chocobar, quien mató por la espalda a una persona que huía de la escena del crimen. "El caso es parecido al de Chocobar", aseguró. Sobre la táser, indicó que "el policía puede utilizarla en lugares de aglomeración de gente y salvar vidas. Muchos países las usan y se demostró que es un arma no letal, porque genera una paralización de la persona".
Sin polemizar con Berni, el secretario de Seguridad nacional, Eduardo Villalba, advirtió que no es posible saber qué hubiera pasado si el policías acuchillado hubiera tenido una táser y advirtió que el número de táser que tiene a su disposición el Estado es muy inferior a la cantidad de agentes. "Discutir sobre las Taser hoy es una entelequia porque nunca las tuvo la Policía", indicó.
Pero sobre el final de la tarde, Sergio Massa emitió su opinión a través de Twitter. El presidente de la Cámara baja, tras solidarizarse con la familia del policía muerto, escribió: "Usar Taser, tonfas o cualquier instrumento nuevo que ayude a incorporar tecnología contra el delito es una obligación. Son las herramientas que en Estado de Derecho nos da la Constitución para hacer cumplir la ley". Luego agregó que es preciso "garantizar un entrenamiento en estas herramientas menos letales que demandan una capacitación tan rigurosa como las más letales. Necesitamos fuerzas de seguridad capacitadas y con todos los recursos".
Es más, Massa indicó que es "obligación reequipar, profesionalizar en el uso de nuevas tecnologías, capacitar a nuestras Fuerzas de Seguridad y defender su actuación en el marco de la ley, para que cumplirla sea la regla y el que comete un delito sea castigado".
Otro que se sumó a la discusión fue el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, quien aseguró: "Si Roldán hubiera disparado al cuerpo del asesino, hoy estaría preso”. Por la polémica que se inició, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tuvo que aclarar que "no está en estudio el tema de las Taser".
La polémica por las táser comenzó con una prueba piloto durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno, con Guillermo Montenegro como Ministro de Seguridad. En ese momento se compró un número pequeño de Taser X-26 para probarlas: eran cinco, en total. Esto fue repudiado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y otras entidades. En particular, Amnistía Internacional recordó que las llamadas "armas no letales" habían producido muertes a lo largo del mundo. Solo en Estados Unidos, entre 2001 y 2008, mataron a 334 personas. Por eso, la empresa que las fabrica debió enfrentar más de 300 juicios e indicó en el instructivo que sus efectos “aumentan el riesgo de morir o de un daño severo”. El Comité contra la Tortura de la ONU las clasifica así: “Provocan un dolor intenso, constituye una forma de tortura y en algunos casos puede causar la muerte”.
La discusión tuvo un derrotero judicial, con un fallo de primera instancia que prohibió su uso. La jueza Andrea Danas consideró que su uso “puede lesionar derechos como la vida, integridad física y salud de las personas, aun de quienes se encuentran en perfecto estado de salud” y que “la incorporación de estos dispositivos puede fomentar el encubrimiento o la impunidad policial favoreciendo situaciones de abuso”. En 2013, la Cámara de apelaciones compartió los criterios y mantuvo la orden de no utilizar las táser. Pero el Gobierno porteño siguió apelando. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia porteño -con varios integrantes cercanos al PRO- avaló el uso de las táser. La Corte Suprema recibió un pedido de revisar esa cuestión, pero lo rechazó.
Revelaciones de la exagente Dominique Lasaigues
Cómo espiaba la AFI en las cárceles
Un grupo de integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se paseó por el penal de Ezeiza a fines de 2018. Dentro de las paradas del tour de los espías estuvo el centro de monitoreo de la cárcel y los pabellones destinados a los funcionarios y empresarios kirchneristas presos. Así lo relató una exagente de la AFI que amplió ayer su indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. La declaración de la exagente Dominique Lasaigues abona a la línea de investigación sobre el espionaje penitenciario que vienen llevando adelante los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Lasaigues es la más joven del grupo de los Súper Mario Bros. Entró a la AFI en 2018 por el contacto de un amigo de su padre con Gustavo Arribas. Para esa época, ella ya estaba terminando la licenciatura en Criminalística en el Instituto Universitario de la Policía Federal. Al ingresar, la incorporaron a un grupo de tres personas que tenía a Martín Terra como responsable, que también había entrado por su amistad con el entonces Señor Cinco. Por unos meses se dedicaron a concurrir a fiestas electrónicas para detectar vendedores de drogas de diseño. Ese grupo se disolvió para julio o agosto de 2018, cuando pasaron a depender de Alan Ruiz, quien para entonces ya oficiaba de director de operaciones especiales de la AFI.
La muchacha dijo no recordar con precisión, pero un día Ruiz les dijo que iba a ir al penal de Ezeiza. Ella y Terra pidieron ir. “Queríamos ir a chusmear”, contó Lasaigues. Se les sumó Mercedes Funes Silva, otra de las agentes que el jueves deberá ampliar su indagatoria. Todo sucedió entre noviembre o diciembre de 2018, apuntó.
El recorrido de la comitiva de la AFI se inició con una visita a la directora del penal y terminó en el centro de monitoreo. La exagente –que renunció en enero de 2019– dijo no recordar que les hayan pedido los datos al ingresar a Ezeiza, lo que mostraría la familiaridad que tenían algunos altos mandos de la AFI para entrar y salir del penal. Antes del centro de monitoreo, pasaron por los pabellones Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad –creados en 2016 por el macrismo– y a ella le llamó la atención un hombre que estaba ahí, supuestamente preguntó y Alan Ruiz le contestó que era Ricardo Jaime. Según ella les dijo a los fiscales, tuvo que googlear porque no sabía quién era el exsecretario de Transporte.
Son varios los exespías que reconocieron las visitas a la cárcel o que Alan Ruiz contaba con un bibliorato con fichas de los presos políticos. En la causa también surge con los agentes de la AFI se frecuentaban con los jefes de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y que, para el momento de la visita, ya estaba en vigencia un convenio que había firmado la AFI con esa área del Ministerio de Justicia, tal como reveló este diario.
Los fiscales indagan en el espionaje en los penales. Hay dos testigos de identidad reservada que hablaron de un centro de monitoreo desde la casa de Varela 266 –donde funciona la Dirección de Análisis de Información del SPF–, desde donde se seguía en directo lo que pasaba en Ezeiza. Las novedades se reportaban a un grupo de WhatsApp interno y luego se compartían en uno llamado “Circulo de Confianza”, en la que estaban jefes de inteligencia del SPF del país.
El balance 2019 de la cerealera, con pérdidas de $ 52 mil millones
Vicentin, en el límite de la "disolución de la sociedad"
El balance de sumas y saldos presentado por el Directorio de Vicentin por el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019 exhibe un quebranto de 52.536 millones de pesos, una vez realizado el ajuste por inflación. El patrimonio neto negativo asciende e 17.502 millones de pesos. "De acuerdo con los dispuesto por el artículo 94 inciso 5to de la ley General de Sociedades", dice la Memoria que acompaña al Balance, "esta situación de patrimonio neto negativo es causal de disolución de la Sociedad por pérdida de su capital social. Sin embargo la ley de Solidaridad y Reactivación Económica 27.541, sancionada por el Senado el 21 de diciembre de 2019, suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 la obligación de disolver las sociedades que pierdan el capital o tengan patrimonio neto negativo". Es como si el Directorio de la empresa hubiera escrito su propia sentencia.
Sin embargo, en las últimas líneas de la misma Memoria, el Directorio manifiesta que, pese a su compleja situación, y hallarse en convocatoria de acreedores desde el 9 de marzo, "la Sociedad ha continuado funcionando en prácticamente todas sus plantas, manteniendo los salarios al día y sin producir despido alguno, encontrándose en el proceso de negociación de nuevos contratos que proporcionarán trabajo para todo el ejercicio siguiente".
El Directorio que presenta el balance, con varios meses de retraso y a casi siete meses de haber entrado en convocatoria de acreedores, está encabeza por Daniel Buyatti (presidente) y Alberto Macua (vice). Los directores titulares son Roberto Gazze, Sergio Nardelli (ex CEO, fallecido hace pocas semanas), Máximo y Cristian Padoan; Martín Colombo; Sergio, Pedro y Roberto Vicentin y Yanina Boschi.
Junto a la Memoria y Balance, se presentó la nota de Convocatoria a la asamblea general ordinaria para aprobar dichio balance, para el 15 de octubre próximo, en la que además se prevé el "Tratamiento de renuncias directores titulares y suplentes; determinación del número y elección de los nuevos directores que reemplazarán a los renunciantes hasta el fin del mandato en curso".
El pésimo resultado económico y financiero del ejercicio al 31 de octubre, inexplicable para los bancos acreedopres extranjeros que recibieron un informe de estado de situación al 31 de julio de 2019 que reflejaban una compañía exportadora próspera, es explicado por las autoridades de Vicentin como la consecuencia de un "contexto macroeconómico mundial sumamente volátil en el año 2019", con acontecimientos "tanto en Europa como en Asia y Latinoamérica, dando lugar a procesos difíciles de desentrañar en lo inmediato".
Cita, entre esos elementos, el Brexit (salida del Reino Unidos de la Unión Europea) y "el diferendo comercial por aranceles planteado entre Estados Unidos y China" provocando "severos problemas en la economía mundial". De allí salta a "la recesión ocasionada por la Covid-19, "probablemente la más profunda para las economías avanzadas desde la Segunda Guerra y la primera contracción del producto en las economías emergentes y en desarrollo en, al menos, los últimos seis decenios". Lo curioso es que la pandemia se declaró mucho después de la fecha de cierre de balance, ya que para ese entonces sólo aparecía como una enfermedad localizada en una región de China.
En el plano local, el informe del Directorio de Vicentin marca "el impacto negativo de las turbulencias financieras iniciadas en 2018, que implicaron una revisión del plan económico y la necesidad de contar con un programa de asistencia del Fondo Monetario Internacional, con el objetivo principal de estabilizar las cuentas públicas". "Sin embargo", advierte de inmediato, "una nueva ronda de volatilidad desatada en el mes de agosto de 2019 después que el oficialismo perdiera las PASO, con una escalada del dólar del 50% en un día, puso en suspenso este programa".
Todos estos aspectos, que según el Directorio "impactaron de lleno" en los resultados del ejercicio de la empresa, no afectaron del mismo modo a las demás empresas del sector, que desarrolla la misma actividad, se maneja con los mismos precios y condiciones de mercado que Vicentin. La memoria y balance remite a estas condiciones generales del contexto las causas de la extraordinaria pérdida de 71.512 millones de pesos antes de impuestos (la incidencia del impuesto a las ganancias que refleja el balance tiene un resultado a favor, curiosamente, reduciendo las pérdidas en $18.975 millones). Tampoco da respuesta a las múltiples sospechas sobre intentos de vaciamientos o derivación de negocios en favor de empresas o el holding formados por los mismos accionistas o dueños en Uruguay.
Por otra parte, la empresa intenta justificar en los cambios en el régimen de retenciones que implementó el macrismo durante 2018 (equiparando el tratamiento de las materias primas con los productos elaborados) y en las sucesivas devaluaciones de 2018 y 2019, un graver perjuicio sobre su "agresivo programa de importaciones temporarias" de materias primas, para su elaboración y posterior exportación. Lo llamativo es que estas operaciones de importaciones temporarias fueron, en general, compraventas intrafirma --es decir, con sus propias filiales en países limítrofes--, por lo cual, todo perjuicio por diferencias cambiarias, si las hubo, deberían haber sucedido en beneficio de sus filiales en el exterior.
El reporte del Ministerio de Salud
Coronavirus en Argentina:
se registraron 406 muertos
y 13.477 casos en las últimas
24 horas
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 406 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 16.519.
El número de contagios diarios fue de 13.477, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García. Con estos registros, suman 736.609 positivos en el país. Por su parte, del total de contagiados, hay 3.768 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 61,9 por ciento a nivel nacional y en un 65,8 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reporte completo
📌 Hoy fueron confirmados 13.477 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 736.609 positivos en el país, de los cuales 585.857 son pacientes recuperados y 134.233 son casos confirmados activos.
📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 406 nuevas muertes, son 245 hombres y 161 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 16.519.
📌Del total de fallecidos que reporta la provincia de Buenos Aires en el día de hoy (12.824), 3.045 casos se encuentran pendientes de carga en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).
📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 25.072 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.951.789 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 43.013 muestras por millón de habitantes.
📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:Buenos Aires 5.328 | 411.734Ciudad de Buenos Aires 993 | 125.068Catamarca 4 | 279Chaco 143 | 8.386Chubut 209 | 3.799Córdoba 1.800 | 32.485Corrientes -12 | 1.073Entre Ríos 162 | 7.306Formosa 0 | 104Jujuy 102 | 15.513La Pampa 19 | 738La Rioja 51 | 4.702Mendoza 668 | 24.358Misiones 8 | 87Neuquén 77 | 7.701Río Negro 339 | 12.470Salta 324 | 12.055San Juan 20 | 715San Luis 150 | 1.351Santa Cruz 113 | 4.699Santa Fe 2011 | 40.381Santiago del Estero 142 | 3.323Tierra del Fuego** 221 | 4.107Tucumán 605 | 14.175
Al mismo tiempo congeló el sueldo de los funcionarios políticos
El Gobierno ofreció 7% de aumento a los estatales a
partir de octubre
El Gobierno nacional ofreció a los trabajadores estatales una mejora salarial del 7 por ciento a partir de octubre que no incluye a los funcionarios políticos ni a las autoridades superiores, propuso continuar las negociaciones en diciembre, en el marco de un acuerdo que fue aceptado por el gremio de UPNC y rubricado en disidencia por ATE.
En el contexto del segundo encuentro paritario realizado este martes en la dependencia laboral de la Avenida Callao al 100, el Gobierno ofreció un 7 por ciento de aumento salarial para octubre y retomar el diálogo a partir de diciembre para determinar "la línea de incrementos del primer semestre de 2021", según explicó ATE en un comunicado de prensa.
En tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que conduce Andrés Rodríguez, también secretario adjunto de la CGT, aceptó la propuesta oficial, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, la rechazó de forma rotunda y afirmó que "no detiene la caída de los ingresos".
Un comunicado de la Jefatura de Gabinete de Ministros indicó que en la discusión salarial y de condiciones laborales del personal de la Administración Pública Nacional (APN) participaron la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, y el subsecretario de Empleo Público, Mariano Boiero; Diego Gutiérrez, titular de Carrera y Convenio de la UPCN, y Godoy.
El Gobierno ofreció un 7 por ciento de aumento desde octubre próximo para el personal estatal comprendido en el convenio colectivo 214, que no incluyó a "los funcionarios políticos, autoridades superiores y extraescalafonarios", y fue firmado por el gremio de Rodríguez y rechazado por Godoy.
"El acuerdo fue firmado por la UPCN, y la ATE lo rubricó en disidencia. Se pasó a un cuarto intermedio hasta diciembre y, durante ese período, continuarán funcionando las mesas técnicas de condiciones laborales en sus variantes remota y presencial", puntualizó el comunicado del Gobierno.
El Gobierno modificó la oferta original del 22 de septiembre, cuando en la inauguración de la paritaria en Trabajo había ofrecido un 15 por ciento en cuatro tramos en octubre (4%), diciembre (3%), febrero (4%) y abril (4%).
Godoy reclamaba "la recomposición salarial de 2019 y un aumento digno para este año, la ampliación e inclusión como rubro de la asignación estímulo del decreto 315/20 a quienes realizan tareas esenciales, la regularización del empleo y el pase a planta permanente" del personal de la administración.
La ATE rechazó "el aval" de la UPCN a la oferta oficial a "la baja de semejante magnitud" y puntualizó que los trabajadores perderán entre un 15 y 16 por ciento de poder adquisitivo ante "una inflación estimada del 35 por ciento".
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