7 de septiembre de 2020

TROPEL 4 del 07.09.2020.

07 de septiembre de 2020
La banda Super Mario Bros hizo la prueba del polígrafo 
Por qué los espías macristas fueron obligados a pasar por el detector de mentiras 
Hubo mujeres que consultadas sobre la comisión de un delito terminaban hablando de abortos que se habían practicado. Crónica del día en que Alan Ruiz mandó a todos los agentes a enfrentar la máquina de la verdad.
Por Luciana Bertoia
Todos los Súper Mario Bros terminaron en el polígrafo cuando a uno de ellos le secuestraron el teléfono en un allanamiento que nada tenía que ver con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). 
Todos los Súper Mario Bros terminaron en el polígrafo cuando a uno de ellos le secuestraron el teléfono en un allanamiento que nada tenía que ver con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Uno de los jefes enloqueció ante la posibilidad de que empezaran a conocerse sus actividades de espionaje y los mandó  uno por uno al detector de mentiras que funcionaba en la sede central de la ex SIDE. Los polígrafos eran el terror de todos los agentes y no sólo de la banda de los Súper Mario Bros. Sometidas al llamado detector de mentiras, hubo mujeres que ante la pregunta de si habían cometido un delito terminaban hablando de abortos que se habían practicado. Los aparatos fueron una incorporación de la gestión de Gustavo Arribas, que no sólo autorizó la compra de los polígrafos, sino que también pagó una millonaria capacitación que hoy es investigada por la justicia federal como parte de distintas maniobras de administración fraudulenta.
Leandro Araque llevaba tres años en la AFI y era uno de los más activos en los distintos grupos de WhatsApp que compartían los espías que hoy están bajo la lupa de los tribunales de Lomas de Zamora. A fines de marzo del año pasado, allanaron la casa de sus suegros por una causa en la que habría estado implicada su esposa como oficial de la Policía de la Ciudad. Araque, sin seguir demasiados protocolos, se metió durante el procedimiento y le terminaron secuestrando el teléfono, que hoy es prueba clave para los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y sobre el que hoy esperarán preguntarle durante la ampliación de su indagatoria.






Según declaró otro de los espías, Emiliano Matta, Araque tardó en contar en la Agencia el secuestro de su celular. La razón era obvia: en el teléfono no sólo estaban los chats, sino también los informes, fotos y videos de sus seguimientos. Cuando se enteró Alan Ruiz, que fungía como director de operaciones especiales, se enfureció y los mandó a todos al polígrafo. El procedimiento era estándar: conectaban cables para medir la presión y las palpitaciones de cada agente, a quien le iban haciendo preguntas cuyas respuestas sabían para determinar sus valores normales. Después llegaban otros cuestionamientos más invasivos.
“Te preguntaban si vendiste información, si lucraste con elementos de la agencia y si cometiste algún crimen”, contó Jorge Ochoa, otro de los exagentes en su indagatoria en Lomas. Para este agente, el polígrafo generaba una división casi de clase al interior de la Agencia: quienes no integraban la planta permanente y eran pasibles de un fácil despido no tenían otra opción más que someterse a la prueba; los otros podían no presentarse.
“Si estabas apadrinado, el polígrafo no lo tenías que hacer”, contó, en la misma línea de Ochoa, ante la Bicameral de Inteligencia, una abogada que trabajaba en Contrainteligencia.

La marca de Arribas

Los polígrafos llegaron a la AFI con el macrismo. No sólo los compró la AFI, sino también el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, quien para justificar su uso dijo que eran empleados por más de 90 países y que eran validados por distintas agencias del gobierno de los Estados Unidos, como la CIA, la DEA y el FBI.
Arribas encargó cuatro polígrafos entre noviembre y diciembre de 2016. El 2 de noviembre, compraron dos polígrafos LX500 por 6400 dólares. A eso hubo que sumarle el envío y los accesorios. En total costaron cerca de 21.500 dólaresUn mes despuésadquirieron otros dos. Esta vez abarataron un poco los costos: cada polígrafo costó 5760 dólares y junto con el resto de los ítems la AFI pagó 20.208 dólares por las adquisiciones.






Como en la Agencia no estaban entrenados en el uso del detector de mentiras, la gestión Arribas contrató a una empresa mexicana llamada International Polygraph Service Center SC que viajó en 2017 con diez representantes para enseñarles a los espías vernáculos las ventajas del uso del polígrafo. A ellos les pagaron pasajes, estadía y hotel para capacitar a doce agentes. La capacitación costó en total 50.000 dólares e incluyó también el alquiler de polígrafos, curiosamente después de que la AFI hubiera adquirido cuatro el año anterior. La empresa fue elegida a dedo y los funcionarios de la ex SIDE armaron un expediente 18 días después de que la hubieran contratado para darle un cierto marco de legalidad.
Éste es uno de los casos que denunció el 26 de agosto pasado la interventora Cristina Caamaño en los tribunales de Comodoro Py. La causa quedó radicada en el juzgado de Luis Rodríguez, que delegó la investigación en la fiscal Alejandra Mángano. La fiscal ya pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que remita los expedientes en formato digital para poder investigar si Arribas y sus subordinados incurrieron en administración fraudulenta y negociaciones incompatibles por la contratación de la empresa mexicana para capacitar en el uso de polígrafos, pero también en la realización de un megaevento para servicios iberoamericanos en el imponente hotel Llao Llao, en la compra de teléfonos fijos que ya estaban desactualizados al momento de la adquisición y los elementos para montar un laboratorio forense.






Los polígrafos eran potestad del área de Asuntos Internos, que dependía directamente del director general, así quedó establecido en una resolución que el mismo Arribas firmó el 15 de diciembre de 2017 en la que se modificaba la estructura orgánica de la Agencia. La dirección de Asuntos Internos es en sí misma una creación de Arribas, así lo contó en su indagatoria del 14 de julio por el espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner. Cuando él llegó a la AFI, había dos direcciones que se ocupaban del mecanismo de control de la Agencia –-además de Contrainteligencia--. Una era Sumarios Administrativos y la otra la de Auditoría General. Como eso le pareció insuficiente, creó un paraguas que se montó sobre las dos áreas, Asuntos Internos, y allí designó a un abogado de su confianza. El primero en ocupar ese lugar fue Roberto Real y después lo reemplazó por Julio Becerini.

Una forma de tortura

A fines de diciembre, Caamaño recibió una visita de dos hombres, que querían hablarle de las bondades de los polígrafos. La conversación duró poco. La interventora levantó la mano en el aire y los cortó en seco: “A mí no me vengan con esto que son formas de torturas”. El 8 de enero de este año firmó una resolución que prohibía su uso por considerarlos contrarios a la Constitución nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos. En abril, la ministra de Seguridad Sabina Frederic, que había heredado cuatro polígrafos sin uso de la gestión Bullrich, hizo lo mismo.
Después de la prohibición, Caamaño empezó a recibir comentarios en los pasillos de cómo se empleaba el polígrafo contra los escalafones más bajos de la Agencia: mozos, custodios, ordenanzas. Todos y todas debían pasar al menos una vez por año por el polígrafo. En algunos casos, eran dos o más, como contó uno de los espías indagados en Lomas.

El equipo que manejaba los polígrafos no tenía más de cinco personas. Una de las agentes que se formó en el uso de esa máquina declaró haber recibido capacitación no sólo de los mexicanos, sino también de los estadounidenses y que el aparato se usaba para el control de la lealtad de los agentes.
Ante la Bicameral de Inteligencia, una exagente de Contrainteligencia relató que ante las preguntas incisivas y constantes de quienes manejaban la maquinita de la verdad hubo mujeres que hasta terminaron confesando abortos como delitos para salir del trance. “Nada tenía que ver con la inteligencia”, remarcó la mujer. La AFI puso en marcha un sistema de crueldad y de intromisión en la vida de los propios que después replicaba en la vida de los otros.


07 de septiembre de 2020
Las reacciones en las redes por otra manifestación anticuarentena 
Repudio general contra la "quema de barbijos" en el Obelisco
Mientras los terapistas y las autoridades sanitarias alertan sobre la disparada de casos de coronavirus y llaman a intensificar las medidas de prevención, un grupo de manifestantes anticuarentena realizaron una "quema de barbijos" en el Obelisco en la tarde del sábado. Los videos, que se viralizaron en las redes sociales, causaron fuerte repudio e indignación entre los usuarios.


En las imágenes difundidas se puede ver como una mujer quema un tapabocas y, poco a poco, se van animando todos los otros asistentes a la marcha anticuarentena. Este acto de irresponsabilidad es festejado por los participantes al grito de “¡Quema de barbijos, quema de barbijos…!”, mientras algunos graban la situación.
El material se viralizó en las redes sociales y este domingo las consignas “quema de barbijos” y “Obelisco” se volvieron tendencia en Twitter, con duras críticas para los manifestantes.

El alerta de los terapistas

Como viene siendo una constante en estos últimos días, la comunidad médica alerta sobre una situación que se revela dramática. El martes pasado, los médicos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) expresaron que el país “está perdiendo la batalla ante el virus”. Al día siguiente fueron convocados por Alberto Fernández en Olivos y concluyeron que “una mayor flexibilización sería una invitación al desmadre”.
"Sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos", lamentaron los profesionales en una carta abierta. Con los números del reporte vespertino, los casos totales confirmados desde el comienzo de la pandemia son 478.792. Los fallecimientos acumulan 9.859. Las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 61,8 por ciento a nivel nacional y en un 68,2 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.


07 de septiembre de 2020
"No había condiciones para flexibilizar", advierten los intensivistas 
CABA: clausuras de bares y críticas de médicos por la reapertura 
Para el Gobierno porteño, las aglomeraciones son "excepciones" en medio de un "comportamiento satisfactorio".
Las clausuras fueron por venta de alcohol y realización de fiestas. 

Imagen: GCBA
El Gobierno de la Ciudad debió proceder a realizar clausuras durante el primer fin de semana de reaperturas de locales gastronómicos al aire libre, que dejó una serie de postales preocupantes. El viernes y sábado por la noche, en las redes sociales se hicieron virales imágenes de veredas de bares y restaurantes con más de cuatro personas por mesa -- cuando ese número es el máximo estipulado por protocolo -- y sin respetar el distanciamiento social. Aunque el Gobierno porteño clausuró comercios gastronómicos en cinco barrios, la evaluación oficial, tal como indicó el vicejefe Diego Santilli, fue que se trata de "excepciones" en medio de un "comportamiento satisfactorio" general. 
Por su parte, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, explicó que el Gobierno nacional acordó con el Gobierno de la Ciudad que las autoridades porteñas "van a fiscalizar con mayor eficiencia el protocolo que ellos mismos hicieron". "Las fotos (de lo ocurrido el fin de semana en la Ciudad) las vimos todos y claramente no se está cumpliendo ninguno de los protocolos que la Ciudad se había comprometido a llevar adelante", señaló y agregó que la situación genera riesgos, porque "carga más gente y circulación y mayor posibilidad del virus de circular".
En diálogo con Página/12, el médico intensivista Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), que la semana pasada alertó sobre el impacto de las aperturas en la ocupación de los hospitales, aseguró: "En primer lugar no había condiciones para flexibilizar. Y en segundo lugar no se controló nada, es un caos, y si se mantiene va a llevar a un aumento de contagios". 
Doce fueron las clausuras de comercios gastronómicos que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad llevó a cabo este sábado por la noche en los barrios de Palermo, Liniers, Agronomía, Constitución y Caballito. Sin embargo, ninguna de estas clausuras fue efectuada por incumplimiento del protocolo de distanciamiento que realizó el propio Gobierno para la apertura de locales al aire libre y que establece una distancia entre personas de un metro y medio, además de un máximo de cuatro comensales por mesa.
Según se comunicó oficialmente, nueve de las clausuras realizadas por la AGC fueron "por tener mesas y sillas en las veredas fuera del horario permitido, que es hasta las 24 horas", dos por "fiestas en el interior de los locales, actividad totalmente prohibida", y una "por vender bebidas alcohólicas después de las 20 horas". Aunque en las imágenes difundidas en redes sociales se podían ver mesas de hasta seis personas a menos de un metro y medio de distancia, ninguna de las clausuras fue realizada por esto. 
Para el Gobierno porteño el balance de la primera semana de reaperturas es "satisfactorio": "Salvo excepciones donde tuvimos alguna movilidad no deseada, la gente tuvo un comportamiento satisfactorio", aseguró el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, en declaraciones al canal A24. "Hay que quedarse con la mayoría de los buenos ejemplos", agregó, aunque adelantó que se reforzarán los controles en locales gastronómicos. Santilli ratificó, además, que la idea del Gobierno de "ir generando aperturas graduales". 
Sin embargo, los profesionales de la salud se muestran preocupados por las reaperturas. Temen que las aglomeraciones puedan llegar a impactar en la ocupación de camas de terapia intensiva de un sistema de salud que ya se acerca a su límite. "Esto puede llegar a saturar el sistema porque si se mantiene va a llevar a un aumento de contagios. El cinco por ciento de los pacientes con covid-19 va a terapia intensiva. Aún si hubiera una meseta de 1300 casos por día como dice el Gobierno, 65 irán a terapia, lo que suma 650 en el curso de diez días. Todo esto con una enfermedad que requiere internación prolongada, un promedio de 17 días. La velocidad de ingreso no es la de salida y eso genera condiciones para la saturación", explicó Dubin. 
El intensivista detalló que "si la terapia no da más, lo único que podés hacer es bajar los pacientes que ingresan y estas medidas no colaboran". En la cruda carta que días atrás publicó la SATI, recordó, "ya dijimos que estamos perdiendo la batalla y no damos más. Ahora vemos esto que es demencial. No había condiciones para flexibilizar y ahora tampoco se está controlando, es un caos, ni siquiera hay un monitoreo para tomar decisiones".
Por su parte, Laura Barcán, infectóloga del Hospital Italiano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, también rechazó la decisión de reabrir locales gastronómicos al aire libre: "Es muy contrastante esta medida con lo que está pasando, el número de casos va en aumento y si bien el contagio es menor al aire libre, no es nulo", resaltó y concluyó que "no es un momento adecuado para abrir más cosas".


07 de septiembre de 2020
Desarrollo de la Economía Popular 
Una experiencia cooperativa en Daireaux: "Mucha gente que no tenía trabajo se hizo productora" 
El estado municipal encontró una herramienta en la economía popular para generar empleo y abastecer a la ciudad de alimentos frescos.
Por Laura Vales
En Daireaux (localidad de 20 mil habitantes de la provincia de Buenos Aires) el estado municipal está creando cooperativas de alimentos, en un proceso que llevó un cambio significativo en la ciudad.  
En estos días es frecuente escuchar que la producción popular de alimentos podría dar respuesta a dos problemas, la falta de empleo y el precio de la comida. En Daireaux --localidad de 20 mil habitantes de la provincia de Buenos Aires-- estos supuestos tienen una comprobación. Allí, el estado municipal está creando cooperativas de alimentos, en un proceso que llevó un cambio significativo en la ciudad. Para darse una idea, éste ha sido el principal generador de trabajo durante la crisis del macrismo, continuada y agravada por la pandemia. Con las actuales restricciones en la circulación, es un camino que cobra una relevancia mayor.
“Esta experiencia surge de una estrategia del estado municipal en la creación de trabajo genuino. En 2016, los vecinos que venían a pedir trabajo a la municipalidad eran cada vez más. La creación de empleo privada, a través de la llegada de inversores, no se concretaba, no venía una Pyme ni una gran empresa a instalarse en el parque industrial para generar mano de obra. Y el empleo público ya estaba sobresaturado, no teníamos posibilidades de recargarlo más”, reseñó a PáginaI12 Magdalena Martin, secretaria de Desarrollo Económico, Educación y Empleo de Daireaux sobre el comienzo de esta iniciativa.
El municipio de Daireaux está gobernado desde 2015 por Alejandro Acerbo, del Frente para la Victoria, que fue reelecto en 2019 por el Frente de Todos. El intendente tuvo como primer secretario de Desarrollo Social a un ingeniero agrónomo proveniente del Inta, Walter Martin, padre de Magdalena.  Él comenzó, cuenta ella, con esta estrategia de desarrollo de la economía popular, consistente en ir completando todo el ciclo productivo.  Empezaron por una cooperativas hortícola, sumaron otra engorde de porcinos, una planta de  producción de alimento balanceado, luego criaderos de pollos, un faenadora municipal, cooperativas de producción de huevos y, finalmente,  de comercialización. Sumados, van por los 130 puestos de trabajo. Son más que los que sostiene la principal empleadora privada local, una gran aceitera de capitales multinacionales. 
La idea de la que partieron es que lo que se consume localmente sea producido en el mismo distrito.” A Daireaux los alimentos llegan después de viajar cientos de kilómetros. Los pollos se llevan de Entre Ríos, los huevos y cerdos de zona norte de la provincia, la verdura de La Plata o de Bahía Blanca”, apunta Martin sobre una situación que todavía registran en los supermercados. 
El clima y la calidad de tierra permiten la producción hortícola y de granja --la zona es Pampa Húmeda, la ciudad está rodeada de campos hiperproductivos, dedicados a la soja, el trigo y el girasol-- pero la zona había perdido a sus productores de alimentos para el consumo diario. Tampoco tenía infraestructura. “La municipalidad convocó a través de su bolsa de empleo a quienes quisieran dedicarse hacer quinta. Y equipó terrenos de uso fiscal con un sistema de riego por goteo, que actualmente cubre 14 hectáreas. En la cooperativa hortícola, organizada dentro de la UTEP, los trabajdores perciben el salario social complementario, lo que les permitió contar con cierta estabilidad. En estos días ,proveen de verduras agroecológicas a la ciudad.
Daireaux tiene también una cooperativa panificadora, otras textiles y recientemente inauguraron la ampliación de un nuevo centro de ventas de toda esta producción local. Lo interesante es lo que permitió sostener  ese entramado: la escuela técnica rural, por ejemplo, tiene un centro de gestación y parición porcina, un aspecto que los técnicos señalan como el más complejo de encarar. Y la fábrica de alimento balanceado fue planificada para para dar sostén a las cooperativas de engorde de los cerdos, con la idea de poder extenderse, como luego hicieron, a la producción avícola. 
“Nuestro rol es, por un lado, convocar a las personas a través de la bolsa de empleo municipal y formar las cooperativas para que la producción sea asociativa, porque la experiencia nos mostró que no se sostienen igual si  cada uno vende por su lado. Tenemos en claro que a medida que pasa el tiempo y las cooperativas ganan autonomía, nuestro papel se ve disminuido. Hoy el rol del estado depende del caso: en la cooperativa hortícola, que ya tiene tres años y medio, tenemos un lugar menos importante que en la de pollos, que fue creada más recientemente. Hacemos mucho acompañamiento, el rol nuestro está en función de la experiencia y el proceso que lleva andado cada cooperativa”, considera Martin.
La iniciativa más reciente fue crear una cooperativa productora de huevos, con pobladores del paraje Andant, ubicado a 40 kilómetros. El paraje es un asentamiento de peones rurales que hacen trabajo en los campos, en general con changas o con algún tipo de relación contractual en negro. La cooperativa fue integrada mayoritariamente por las mujeres del paraje. El municipio les proveyó de los materiales para hacer gallineros y les llevó ponedoras. Cumplió un año en agosto, ha permitido a las familias aumentar sus ingresos. En los meses iniciales de la cuarentena, cuando la circulación estuvo más restringida, fue la única en condiciones de abastecer de huevos a la ciudad.
“Cuando miramos lo que producen las cooperativas vemos que hay generación de ingresos para sus integrantes, pero también que tiene otras ventajas. Por ejemplo, ese dinero queda en la ciudad, es decir que hay generación de riqueza con una mejor distribución”, considera Martin. “Es una lógica diferente, con desafíos y aspectos a los que todavía le encontramos la vuelta, pero con ganancias evidentes. En los hechos, hoy hay vecinos que viven con lo que ganan en las cooperativas. Otros aún deben complementarlo con otras actividades o un salario social. Pero ha sido un cambio significativo, y vemos que tiene por delante un margen amplio de crecimiento”.
La Secretaría de Agricultura Familiar armó, tomando elementos de este modelo, un programa a nivel nacional, el Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL).


07 de septiembre de 2020
Se presentó una denuncia penal 
Hackers atacaron la Dirección Nacional de Migraciones 
Estiman que se trató de un ataque ransomware conocido como NetWalker: los delincuentes robaron información y piden un rescate para devolver los archivos, pero según explicaron a PáginaI12 desde el Ministerio del Interior “no se trata de ninguna información sensible o grave”.
La base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) fue atacada por un grupo de hackers el jueves de la semana pasada. 

Imagen: Télam
La base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) fue atacada por un grupo de hackers el jueves de la semana pasada, provocando la caída de distintos servicios en los puestos fronterizos, el aeropuerto de Ezeiza y la terminal de Buquebus por algunas horas. Estiman que se trató de un ataque ransomware conocido como NetWalker. Es decir, los delincuentes robaron información y piden un rescate --en un plazo que terminaría el miércoles-- para devolver los archivos, pero según explicaron a PáginaI12 desde el Ministerio del Interior --del cual depende la DNM--  “no se trata de ninguna información sensible o grave”. De todos, modos la apoderada del organismo, María Eugenia Lachalde, ya realizó una denuncia penal que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y el hecho será investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. 
Al día siguiente del ataque fue desplazado de su cargo el el Director General de Gestión Informática y Tecnología de la Información, Juan Carlos Biacchi, quién durante la gestión anterior del organismo, bajo la dirección del ex fiscal Horacio "Toto" García, alardeó sobre la supuesta seguridad de un nuevo sistema que habían instalado en conjunto con Red Hat --una multinacional estadounidense que provee software de código abierto--  para crear una plataforma de análisis de migración.
Según explicaron desde la DNM, "el jueves a las siete de la mañana la Dirección de Tecnología y Comunicaciones del organismo recibió llamados de diversos puestos de control solicitando soporte técnico". Eso dio cuenta de que no se trataba de una situación común y al evaluar la situación constataron la actividad de un virus que había afectado diversos sistemas de archivos. El ataque provocó un impedimento para el normal funcionamiento de atención al público en sedes administrativas y puestos de control migratorio, ya que decidieron suspender los servicios de red para impedir la propagación del virus en distintos servidores.
Según especificó Lachalde en la denuncia, “la vulneración generó una afectación en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información involucrada que se vio afectada, al ser alterada por personal no autorizado que se infiltró en el sistema”. A su vez, explicó que el atacante “ha incurrido un claro acceso ilegítimo a un sistema informático de acceso restringido, con el agravante de que ha sido realizado en perjuicio del sistema y los datos informáticos de un organismo público estatal”. Desde la DNM, el día del ataque, informaron que lograron contenerlo y que no afectó la infraestructura crítica del organismo, ni la información sensible, personal o corporativa que administra.
¿Qué significa un ataque ransomware?
"Ransom" significa rescate en inglés y "ware" es un acortamiento de la palabra software. Es decir, el ransomware es un programa de secuestro de datos. El virus que atacó a la DNM es un tipo de malware (software malintencionado) que tiene como objetivo bloquear -cifrando- el acceso a toda o parte de la información que contiene el equipo atacado, para después pedir un rescate --casi siempre monetario-- a cambio de su liberación. Por eso las principales víctimas del virus son grandes empresas, instituciones o gobiernos. De hecho, según explicó Lachalde, en la comunicación que le llegó a Migraciones el día del ataque, los hacker expresaron que “la única forma de recuperar sus archivos es cooperar con nosotros y obtener el programa descrypter”. 
NetWalker, cuyo primer nombre fue "Mailito" apareció por primera vez en 2019 y tiene un blog al cual se puede acceder solo a través de navegadores de la Deep Web. Los hackers de Netwalker también se atribyeron otros ciberataques como el de la “intrusión ilegal” en junio pasado a servidores de la Universidad de California, cuyas autoridades terminaron pagando varios millones de dólares para recuperar información. Según un informe de McAfee --compañía especializada en seguridad informática--, se estima que ya llevan recaudados cerca de 25 millones de dólares en lo que va del año en base a extorsiones.
Para la apoderada Lachalde la acción llevada a cabo "encuadra múltiples delitos", como el de extorsión, daño agravado, acceso ilegítimo a un sistema informático de acceso restringido y acceso ilegítimo a banco de datos personales.
Informe: Melisa Molina


07 de septiembre de 2020
Afectaron al 20 por ciento del Delta y 46 mil hectáreas en Córdoba
Qué hay detrás de los incendios 
Las causas incluyen factores climáticos, intereses agropecuarios, inmobiliarios y mineros y prácticas de antaño de agricultores que terminan en accidentes.
Por Javier Lewkowicz
Los incendios tienen a profundizar el desequilibrio ecosistémico. 

Imagen: NA
En las últimas semanas, los incendios afectaron al 20 por ciento del Delta del Paraná y 46 mil hectáreas de las sierras de Córdoba. Son registros que están entre los máximos históricos y preocupan a las comunidades, especialistas y autoridades porque además de las pérdidas materiales, tienden a profundizar el desequilibrio ecosistémico e implican una emisión masiva de gases de efecto invernadero.
Los incendios tienen múltiples causas: factores climáticos, intereses agropecuarios,  inmobiliarios y mineros y prácticas de antaño de parte de pequeños agricultores que terminan en accidentes por el mal manejo del fuego. También hay deficientes prácticas estatales, falta de regulación, de prevención y de capacitación.
La magnitud de los incendios despertó la atención sobre la Ley de Humedales, que tendría impacto directo en el caso del Delta. Hay proyectos de todas las fuerzas parlamentarias que buscan, con matices, crear un ordenamiento territorial de éstas áreas, lo cual implica el control sobre la actividad agropecuaria, minera e inmobiliaria, motivo de lobby en contra de sectores económicos.
Página/12 consultó sobre los incendios en el Delta, a Roberto Bo, licenciado en Ciencias Biológicas (UBA) y director del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales (GIEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y en relación a la situación en Córdoba, a Horacio Britos, ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba y técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Coordinación Córdoba).

El Delta

“Los análisis satelitales muestran que el 20 por ciento de las 1.750.000 hectáreas del Delta están quemadas. En la anterior quema de 2008 se quemó el 11 por ciento”, indica Roberto Bo. “Los factores climáticos y meteorológicos son condicionantes, ya que los grandes incendios ocurren en años secos. Este año, hay además una bajante histórica de los ríos de la cuenca del Paraná. Sin embargo, los orígenes del fuego son humanos. Un elemento fue el traslado de la ganadería a zonas de Delta, empujada por el avance de la frontera agrícola. 
Los ganaderos hicieron cosas que no correspondían porque se quedaban sin pasto. Si bien este año no había demasiada ganadería en la zona, hubo decisión de quema y a muchos se les fue de control, porque hay mucha biomasa en pie, plantas pirógenas y casi no hay agua en el suelo. Se trasladan prácticas pampeanas a un contexto muy distinto, como es el humedal”, detalla el especialista.
“Hay intereses mineros vinculados a la extracción de arena, inmobiliarios, intención de hacer más agricultura en la zona y de aprovechar la hidrovía. Esto hace un caldo de cultivo para las quemas. Además, todo fue favorecido por el contexto de pandemia, que redujo controles estatales y hizo que menos gente circulara por la zona”, detalla Bo.
“La nueva realidad climática es que hay alternancia entre eventos extremos de inundación y de sequía. Esto nos obliga a ser más cuidadosos, teniendo en cuenta que una buena parte de la población argentina vive a la vera del sistema fluvial Paraná-Rio de la Plata. Los fuegos surgen como consecuencia de un inadecuado ordenamiento ambiental territorial. Se necesita de mayor presencia del personal adecuado del Estado y una ley de Humedales que regule el uso de las tierras”, concluye Roberto Bo.

Sierras de Córdoba

Según datos que el INTA elaboró junto a la Federación de Bomberos de Córdoba, en estos meses en las sierras de Córdoba se quemaron 46.827 hectáreas. "Tenemos ciclos de 8 a 10 años en donde aparecen incendios más grandes. En muchos casos, hay una acción humana inicial, pero encuentran condiciones favorables dadas por la situación atmosférica y la baja humedad del suelo, que está cubierto de pastizales o pajonales pirógenos, con biomasa en pie. En la zona en donde se originó el fuego no se da el avance de la frontera urbana, que es lo que más genera especulación por precios de las tierras", explica Horacio Britos.
"En Córdoba hubo una tradición de quemar para habilitar tierras para pastoreo en zonas de sierras, de hecho las sierras estaban cubiertas con bosque, que quedó muy reducido a causa del uso del fuego para hacer ganadería mayormente bovina. La fisionomía de la región se conformó con fuego mal manejado. Si bien era manejo tradicional la quema para estimular el rebrote, hoy en día esto no es generalizado. Pero hay casos aislados e intencionalidades y el ecosistema es proclive al incendio", agrega.
"No hay que criminalizar a la gente, que por ahí no tiene otra posibilidad tecnológica. Hay falta de capacitación y de conocimiento frente al cambio climático y es necesario tener un manejo agropecuario con otro abordaje, más sabio en cuanto a los ciclos de pastoreo y que apunte a la restauración de bosques, que son mitigadores. Necesitamos mejores dotaciones de bomberos, salud, acceso a internet, formación para los campesinos y oportunidades para los jóvenes. Y para ello se necesita un Estado con más recursos, es decir, que los ricos paguen más impuestos", concluye Britos. 
Fuente:Pagina12                                                   

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