29 de septiembre de 2020
Juntos por el Cambio intentó despegarse del escrache que la misma oposición fogoneó
Traslados de jueces: Presiones de todo tipo para una decisión clave
Imagen: AFP
El expresidente Mauricio Macri intentó despegarse de la manifestación frente a la casa en Rafaela del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Sostuvo que "la Corte debe fallar sin presiones de ninguna índole". Curiosamente, frente a lo de Lorenzetti estuvo una exprecandidata a intendenta de Rafaela de Juntos por el Cambio: Corina Vecchioli. Ella negó haber organizado la movida, pero confirmó que estuvo y que eran "todas personas de bien". Vecchioli participó en la interna de Juntos por el Cambio con una lista que llevaba la figura de Elisa Carrió, antigua antagonista de Lorenzetti. En el espacio opositor, la vinculan a la diputada Lucila Lehmann, quien participó de una marcha similar en Santa Fe.
En diálogo con este diario, la diputada cuestionó las críticas del oficialismo y dijo que se busca "criminalizar la protesta". Desde la Coalición Cívica-ARI emitieron un comunicado en el que criticaron a "los que buscan amedrentar" a los que protestaron frente a la casa de Lorenzetti. Mientras tanto, también por las redes se organizó una "vigilia y acampe" frente a Tribunales esperando el momento en que se reúna la Corte.
La manifestación en la casa de Lorenzetti fue el último paso de una larga cadena de presiones mediáticas y judiciales sobre la Corte Suprema para que intervenga con un per saltum a favor del trío de jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Con ese fin, y de manera unilateral, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, llamó a un acuerdo "extraordinario" para resolver ese tema y obligar a los otros ministros de la Corte a pronunciarse.
Además de los propios jueces y de los medios que hicieron presión, la coalición Juntos por el Cambio viene empujando para que haya un fallo de la Corte. De hecho, los diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri (UCR), Maximiliano Ferraro (CC-ARI) y Cristian Ritondo (PRO) presentaron un proyecto para que el Congreso exhorte a la Corte a tomar el caso y resolver el per saltum. El texto del proyecto asegura que “hasta acá las remociones o desplazamientos forzados de los jueces habían sido patrimonio exclusivo de los gobiernos que usurparon el poder por golpes de Estado”. Fue la forma en la que eligieron referirse a una decisión tomada por el Senado.
La decisión de ir a la casa de Lorenzetti, no obstante, los obligó a recalcular y a varias de las figuras principales del espacio opositor, a salir a repudiar. Mientras el presidente Alberto Fernández decía que Lorenzetti "sufrió un escrache propio del fascismo", desde Juntos por el Cambio comenzaron rechazar también que le organizaran una protesta en la puerta de la casa donde pasa los fines de semana en Rafaela. "Repudio profundamente los hechos ocurridos frente a la casa de Lorenzetti. Me solidarizo con él y con su familia. Todos tenemos que trabajar, siempre, por una Justicia independiente", escribió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Me solidarizo con Lorenzetti y su familia por el mal momento vivido hoy en la puerta de su casa. Los aprietes y la violencia nunca son el camino", indicó la exgobernadora María Eugenia Vidal.
"Las manifestaciones a casas particulares de funcionarios, ya sean jueces u otras personas públicas, no son métodos democráticos. Esto es así por Lorenzetti o cualquiera que lo sufra", señaló el titular de la UCR, Alfredo Cornejo. La titular del PRO, Patricia Bullrich, prefirió no decir nada, pero sí salió a hablar el ex presidente Mauricio Macri: "La Corte debe fallar conforme a derecho, sin presiones de ninguna índole. No es bueno para la República afectar la tranquilidad de los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti. Tenemos que respetar a la Justicia y dejarla actuar". Quizás el ex mandatario no estaba informado de que hubo excandidatos de su espacio político entre los manifestantes.
Al igual que Bullrich, Elisa Carrió también prefirió el silencio. Curiosamente, a esta última apuntaban tanto en el entorno de Lorenzetti como desde el Gobierno nacional a la hora de señalar quienes organizaron la manifestación. Concretamente, le apuntaron a la politóloga Corina Vecchioli. Se trata de una ex precandidata de Juntos por el Cambio en las PASO para definir al candidato a indendente de Rafaela. Compitió con la silueta de Carrió junto a su nombre y por la lista "por una República de Iguales", el nombre del ARI.
En esa interna, perdió contra Leo Viotti y finalmente fue candidata a concejala en su lista. En Juntos por el Cambio la identifican con la Coalición Cívica-ARI. En su acto de lanzamiento dijo que su intención era "defender los valores que defiende la líder de este espacio, Elisa Carrió, donde la transparencia es fundamental". Se presentó como la nieta del poeta Mario Vecchioli e hija del excamarista Omar Vecchioli. Del acto participó la diputada de la Coalición Cívica-ARI Lucila Lehmann. Según fuentes del espacio, Vecchioli responde a esta diputada. Consultada por este diario, Lehmann lo negó: "No estamos en el mismo espacio político. Ella es independiente".
Vecchioli reconoció haber formado parte de la protesta frente a la casa de Lorenzetti, pero negó haberla organizado: "Sí, yo asistí pero esto no fue un escrache ni fue organizado por una agrupación política. Me están atribuyendo algo que no he tenido tal poder de convocatoria ni organización". "Las personas que fuimos somos todas personas de bien. No hubo ningún delito", aclaró en declaraciones radiales.
No obstante, según pudo saber este diario, la organización de esa manifestación trajo un cortocircuito de los concejales de la Coalición Cívica con los de la UCR y del PRO. Los de estos dos últimos espacios se echaron atrás a último momento y no participaron de la protesta. Exprecandidata a intendenta, Vecchioli sí fue. Lo mismo hizo la diputada Lucila Lehmnan en otra manifestación organizada en Santa Fe.
"Lo de Santa Fe fue una manifestación pacífica frente a la Catedral, organizada por autoconvocados en la que solo participé como ciudadana", aclaró Lehmann a este diario. "No estoy a favor de manifestarse en la casa de nadie y no considero tampoco se criminalice una protesta", afirmó. Luego el bloque de la Coalición Cívica-ARI, emitió un comunicado donde criticaron las declaraciones del presidente y sostuvieron: "Nos preocupa que se quiera criminalizar y amedrentar a quienes se hayan manifestado frente al domicilio del juez Lorenzetti".
No está claro cómo se compatibiliza ese comunicado con los repudios de Vidal, Larreta, Cornejo y Macri por las presiones a la Corte, en los que hablaron de "aprietes y violencia" y "métodos no democráticos".
29 de septiembre de 2020
Se reúne hoy en un acuerdo extraordinario forzado por Rosenkrantz
La Corte Suprema debe
definir los traslados de jueces
Como informó Página/12, la ofesiva de Rosenkrantz en favor del trío de jueces BBC, dos semanas atrás, cuando abandonó su bajo perfil y dio a entender en declaraciones a La Nación y Clarín que la Corte trataría los recursos de per saltum, un instrumento excpecional, para casos de gravedad institucional. Entre el resto de los supremos reinaba otra tónica: esperar a que la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolviera el amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi en su intento por conservar los cargos en la Cámara donde fueron trasladados, sin acuerdo del Senado, por el gobierno de Mauricio Macri.
La semana pasada, para sumar presión y forzar el tratamiento del tema, el presidente del alto tribunal hizo uso de una de las pocas facultades que el permiten decidir algo en soledad y le dio carácter extraordinario al acuerdo de este martes y estableció que el tema a tratar serían los per saltum. Se podrían sumar los pedidos de licencia de Bruglia y Bertuzzi. Hasta el anochecer del lunes, ninguno de los ministros y ministra de la Corte habían presentado proyecto de voto alguno. Nadie parece querer mostrar sus cartas antes del encuentro, que en algunas vocalías dicen que será virtual y en otras que será presencial. La manifestación en la puerta de la casa de Lorenzetti, con consignas políticas, aumentó el malestar y los niveles de tensión.
En el tribunal miraban con atención los pasos que daba la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya les rechazó una cautelar a Bruglia y Bertuzzi pero debe decidir sobre el recurso de amparo planteado por ellos, es decir, si son válidos o no sus traslados desde un tribunal oral a la Cámara Federal de Comodoro Py. Si esa Cámara se expedía antes del acuerdo de los cortesanos, el per saltum perdería razón de ser, quedaría abstracto. Pero ocurrió algo sorpresivo: los dos jueces que analizaban el tema, Jorge Alemany y Guillermo Treacy, quedaron en posiciones enfrentadas: uno quiere anular el fallo de primera instancia de la jueza María Biotti, que rechazó el amparo de los jueces, y para el otro hay que avalarlo y cuestionar los traslados. Esta situación llevó a la necesidad de que se sortee un tercer juez (el otro integrante de la sala está excusado, Pablo Gallegos Fedriani, porque llegó al tribunal por un traslado), pero increíblemente había problemas con el sistema informático y se hará este martes a las 11.30 con un bolillero manual. Las partes están convocadas.
El fiscal ante la Cámara, Rodrigo Cuesta, había presentado un rato antes del enredo de votos un dictamen durísimo contra Bruglia y Bertuzzi, coincidente con la posición del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Casación, que sostiene el rechazo a los traslados y que deben volver a sus cargos originales. Cuesta recordó que la la propia Cámara Federal que integraron a dedo se había opuesto a sus traslados en el momento en que fueron concretados. El dictamen recuerda que la propia Corte dijo que el sistema de traslados es de "marcada excepcionalidad, que en ningun caso podría desnaturalizar el procedimiento constitucional de selección de magistrados". Para él es claro que los traslados de Bruglia y Bertuzzi no cumplen los requisitos que podrían eximirlos del acuerdo del Senado (ser mudados a la misma juridicción y competencia y en materia y grado).
Así, hay varios posibles desenlaces en puerta: uno es que los supremos se junten pero no lleguen a ninguna decisión (la tradición es que los per saltum se resuelven rápido y estos llevan varias semanas). Otro es no abrir ese recurso pero exhortar a la Cámara en lo Contencioso a que resuelva de manera urgente (con lo que quedarían bien con varias audiencias). Otra alternativa sería aceptar el per saltum pero tomarse mucho tiempo para resolverlo, lo que sería atípico. También podría rechazarlo sin más.
El ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni evaluó: "no creo quela Corte firme la partida de defunción del poder judicial, no creo que se suicide". Cuestionó la posibilidad de habilitar cualquier trasaldo de jueces y que "cada presidente se arme un Poder Judicial". Para él la teoría de la impunidad de Cristina Fernández de Kirhcner, que agita la oposición, es una "pretexto": "acá se fueron 80.000 millones de dolares y eso deja huellas (...) el temor es que a un juez imparcial se le ocurrar ir a ver donde fueron a parar".
“Asesinado en cumplimiento del deber”
El mensaje de Alberto
Fernández tras el crimen del policía Juan Roldán
La Cámara de Casación pidió lo que no existe ni existirá: la grabación de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los Cuadernos. Para colmo se viene una especie de Gran Bonete. Casación se lo pidió al juzgado que era del fallecido Claudio Bonadio y que ahora está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Este magistrado le mandó este lunes un escrito a Carlos Stornelli que fue el que arregló con cada uno de los arrepentidos. El fiscal inevitablemente contestará que nada se grabó como indica la ley, pero que Bonadio estuvo de acuerdo en que no era necesario porque, como siempre se supo, aplicaba el Código Bonadio. La pelota quedará en la cancha de Casación en una causa en la que, además, se dijo que los cuadernos se quemaron y luego la mayoría apareció intacto. Ni siquiera hay una pericia sobre la escritura que se adjudica al chofer Oscar Centeno que mintió con un relato falso sobre el asado que dijo que hicieron con los cuadernos. La locura política de Bonadio, Stornelli y gran parte de la estructura de Comodoro Py produjo desastres jurídicos de esta calaña, lo que arruinó lo que podía haber sido una investigación seria sobre la cartelización de la obra pública, los aportes a las campañas electorales y también la coima que habría cobrado algún funcionario como José López, por ejemplo, ya condenado por los bolsos en el convento.
La ley
La llamada ley del arrepentido ordena, en su artículo 6, que "las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice una evaluación posterior".
El texto es claro en que se necesita más que la declaración firmada por el arrepentido: debe grabarse. El espíritu es que el fiscal está haciendo un acuerdo con alguien que cometió delitos y por lo tanto hay que despejar las dudas sobre una coacción. Sería el equivalente a despejar las dudas sobre una confesión bajo tortura.
La camarista de Casación, Ana María Figueroa, viene insistiendo en que debían pedirse esas grabaciones y, además, desde hace un año afirma que no puede aplicarse la ley del arrepentido porque su sanción para casos de corrupción -en octubre de 2016- fue posterior a los hechos denunciados en las fotocopias.
De todas maneras, en la audiencia realizada la semana pasada, distintos letrados pidieron la nulidad de las declaraciones de los 31 arrepentidos.Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores de Julio De Vido; Eduardo Barcesat, abogado de Gerardo Ferreyra, Laura Fechino, representante de un funcionario de Planificación, Hernán Gómez,y Marcelo Mónaco letrado del empresario Juan Carlos Lascurain plantearon , justamente, la inconstitucionalidad de la ley porque no puede aplicarse en forma retroactiva y también la nulidad porque no hay ningún tipo de registro de las declaraciones.
El oficio
En la oficina de Stornelli se recibió este lunes el escrito firmado por Martínez de Giorgi trasladándole el pedido de la Casación: que se entregue copia de la grabación de las declaraciones. Como es obvio, no existen.
Todo indica que el fiscal contestará con alguno de los argumentos que esbozó Bonadio en su momento.
*Que no es necesaria la grabación porque es suficiente la declaración por escrito, firmada. Eso es violatorio de lo que dice explícitamente la ley.
*Que las nulidades sólo las pueden pedir los propios arrepentidos, una idea descabellada porque justamente los perjudicados por esas declaraciones son los que tienen derecho a objetarlas si no se hicieron como correspondía.
El ejemplo contrario se pudo ver en Dolores, en que el juez Alejo Ramos Padilla estuvo firme en que las audiencias con los posibles arrepentidos -incluyendo a Marcelo D'Alessio- debían grabarse, algo que concretó el fiscal Juan Pablo Curi.
Las decisiones
Ante lo que parece una respuesta cantada -que no existen las grabaciones-, la Sala I de Casación, integrada por Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, deberá resolver si mantiene la validez o nulifica esas declaraciones.
En caso de nulidad, quedan para sostener la acusación el resto de las pruebas del expediente. Pero también eso es un tembladeral, empezando por los propios cuadernos.
Como se sabe, la sospecha se instaló desde un principio con el razonamiento de que el chofer Oscar Centeno "habla como un jugador de fútbol y escribe como García Márquez". Pero lo más serio es que declaró que pusieron los cuadernos en una parrilla para quemarlos y de la forma más insólita, un personaje anónimo, se los entregó al periodista de La Nación Diego Cabot, en una esquina de Nuñez al anochecer. El dato llamativo es que de los ocho cuadernos aparecieron seis. Faltaron el tres y el cinco, justito el primer cuaderno en que cambió el estilo, porque al principio sólo se registraba "fui de tal lado a tal otro lado", para cobrar luego como un remise, y a partir del tres empiezaron a aparecer textos sobre el dinero. El cuaderno 5 tiene los supuestos pagos de Techint relacionados con su filial de Venezuela. En la aparición de los cuadernos, lLa mezcla entre medios, justicia y servicios de inteligencia pareció aflorar una vez más.
Un ingrediente que parece esencial, las pericias, también está pendiente. Es obvio que debió determinarse todo lo referido a la letra del chofer, al origen de las fotocopias y los originales y una larga serie de elementos técnicos casi elementales. Bonadío elevó el expediente a juicio oral sin haber concretado una medida que parece la base de cualquier investigación.
Los peligros
Como se ve, el expediente de las fotocopias de los cuadernos fue convertido en una sucesión de irregularidades e ilegalidades. A dos de los protagonistas -José López y Daniel Muñoz- se le encontraron millones de dólares inexplicables, pero eso sucedió en causas anteriores: la de los bolsos arrojados en el convento de General Rodríguez y un expediente previo sobre Muñoz, a raíz de sociedades que aparecieron en Panamá Papers, lo que recién después se vinculó con las fotocopias. A ningún otro funcionario se le detectaron ni sociedades ni cuentas ocultas. También existía una sospecha sobre la cartelización de la obra pública, un supuesto entramado de constructoras que se repartían las licitaciones. Pero nada se pudo investigar como corresponde porque al dúo Bonadío-Stornelli sólo le importó el atropello político de la oposición y el alineamiento con el macrismo. Las maniobras fueron dejadas correr durante más de un año y ahora existe un paquete, armado ilegalmente por la coalición judicial-política-mediática relacionada con Cambiemos, que no está claro cómo se va a desatar.
La Campaña y un pañuelazo virtual para exigir la sanción de la ley IVE
Actividades y reclamos por el aborto legal en el día de la
lucha por la despenalización
La Campaña Nacional por el Derecho al Abortó Legal, Seguro y Gratuito realizó un pañuelazo federal online para reclamar que se trate de forma urgente en el Congreso la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La manifestación virtual se dio en el marco de la jornada de lucha global por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Bajo el lema “es urgente, es prioridad y es esencial”, el encuentro que convocó a miles de mujeres fue organizado por Zoom y seguido por redes sociales y la plataforma de videos Youtube. Saludos locales e internacionales alternaron con videos y la lectura de la declaración de San Bernardo, el documento donde las feministas de la región suscribieron el 22 de noviembre de 1990 su compromiso por la despenalización y legalización del aborto.
Aunque se dio a través de las pantallas, no dejó de ser una jornada de lucha y reivindicación que abrió pasadas las 18 con la coordinación de las anfitrionas y militantes de la Campaña Mariángeles Guerrero y Constanza “Coti” Fosch Rodón. Tras la proyección del corto Aborto legal ya, de Eleonora Ghioldi, tres militantes históricas, Nina Brugo, Mabel Gabarra y Cristina Ercoli (de CABA, Rosario y La Pampa respectivamente) leyeron la declaración de San Bernardo.
El texto, leído a tres voces, recuerda que "miles de mujeres mueren diariamente en América Latina y el Caribe a causa del aborto clandestino", que el "aborto clandestino constituye la primera causa de muerte en las mujeres en edad reproductiva en la mayoría de nuestros países". Y advierte que "la maternidad involuntaria es una forma de esclavitud de las mujeres", que "frente al aborto los sectores de poder adoptan una actitud hipócrita, negando, reprimiendo y castigando a las mujeres víctimas del sistema que ellos mantienen", y que" la mayoría de las mujeres latinoamericanas y del Caribe no tenemos acceso a la educación sexual, ni a los métodos anticonceptivos seguros, ni adecuado apoyo a la maternidad, sin embargo somos culpabilizadas por la ley".
El documento concluye señalando que "solamente movilizándonos, las mujeres latinoamericanas y caribeñas, podremos desterrar y librarnos de los mitos, los prejuicios, las costumbres y los intereses, que por siglos nos condenaron a ser solamente reproductoras de la especie y nos negaron el derechos al placer y a decidir sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestras vidas".
Luego de la lectura y saludos de compañeras de Uruguay y México, se pasó un video de la cantante Julieta Venegas, quien dedicó la canción a RUDA, la Red Universitaria por el Derecho al Aborto, poco después una integrante de Socorristas en Red y otra de Red de Profesionales leyeron la carta-comunicado que la Campaña difundió para este 28 de septiembre. En la que advierten que a 30 años de “aquella histórica Declaración de San Bernardo que marcó este día de lucha feminista, nuestro compromiso sigue firme e incesante. No queremos más muertas ni presas por abortos inseguros y clandestinos, ni tampoco queremos niñas torturadas, obligadas a gestar y parir. Queremos el derecho esencial del aborto legal para vivir una vida libre de violencias”.
Antes del cierre llegó uno de los momentos más potentes con la transmisión de un video con la adaptación local de la performance Un violador en tu camino, del colectivo chileno “Las tesis” . La letra de la canción, que traspasó las fronteras chilenas para convertirse en un himno internacional, dice: "El patriarcado es un juez que nos obliga a parir y nuestro castigo es la violencia que ves. Es femicidio. Maternidad como destino. Es violación. Es aborto clandestino. El Estado opresor es un macho violador. El Congreso opresor es un macho violador..."
Después sí, con el Zoom a pleno con mil usuarias conectadas, cuando faltaban unos minutos para las 19, llegó el "azo, azo, azo se viene el pañuelazo" y el clásico "aborto legal en el hospital", con el que cerró la jornada.
El tipo de cambio y las reservas
El dólar, puertas adentro del Gobierno
Imagen: NA
La reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo este fin de semana con su equipo económico disparó versiones sobre anuncios respecto al dólar que se mezclaron con filtraciones del sector privado y los mercados. El dato más fuerte, y que resume lo charlado en Olivos, es que el Ejecutivo observa la necesidad de ordenar algunas cuestiones técnicas que les garanticen al sector privado que invierte y deja divisas el acceso al mercado cambiario en condiciones normales. Una especie de guiño a algunos rubros con desembolsos fuertes por venir. En este pelotón, hay dos que verán novedades, como los sectores minero y energético.
En este contexto, se colaron además operaciones cruzadas sobre una supuesta idea oficial de incentivar la liquidación de dólares del campo vía menos retenciones. Por ahora, ese tema está más cerca de una intención que de anuncios formales. Aunque sí el Gobierno cree que esos 10 mil o 12 mil millones de dólares de granos (soja y maíz) sin vender, o que esperan tener precio, serían insumo interesante para alimentar unas reservas golpeadas en un plazo no mayor a tres meses.
Este jueves, cuando se reúna el directorio del Banco Central (BCRA), su titular, Miguel Pesce, detallará dos normativas que no serán anuncios sino simplemente comunicaciones técnicas. Según supo Página I12, habrá una flexibilización para empresas mineras y de energía que les garantice la disponibilidad de dólares para fines de pago de deudas. Creen en el Gobierno que ese sector, de inversión intensiva, necesita una señal que no le afecte la perspectiva de su negocio, centrado buena parte en Vaca Muerta, la cuna de las divisas petroleras.
Luego de las medidas cambiarias que endurecieron las condiciones para acceder a divisas, las empresas con deudas en dólares fueron las más perjudicadas dado que deben refinanciar sus pasivos. Sería, en este orden, una decisión más de contexto y de clima que sobre el dólar en sí mismo.
El caso de los dólares del campo es distinto. En el Gobierno hay posiciones disímiles sobre cómo estimular al productor para que les vendan, sobre todo la soja, a los exportadores. Lo que descartan de plano, hoy, son bajas en las retenciones. No sólo porque el ministro de Economía es el cancerbero del costo fiscal, sino porque las medidas de este estilo no se declaman ni se filtran, se anuncian. Incluso en el sector privado creen que los que dispararon el rumor de una baja en derechos de exportación fueron sectores que quieren estimular la no venta a la espera de mejores condiciones, con intención de perjudicar al Gobierno.
De todos modos, el Gabinete Económico tiene sobre la mesa diferentes papers que acercaron privados, algunos de los cuales ofrecen esquemas de impacto fiscal sobre descongelamiento paulatino de retenciones y hasta modificaciones en tributos al combustible y los fertilizantes. Todas opciones en estudio y sin confirmación oficial.
Así, apareció sobre la mesa apurar los reintegros por el Fondo de Compensación para los pequeños productores, un tema estipulado por ley que se discutió fuerte justo antes del inicio de la cuarentena por la Covid 19. Lógicamente, el impacto de esta medida será menor.
Desde el Gobierno descartaron ante este diario la posibilidad de que haya un dólar campo. “Hoy los productores reciben un dólar a cerca de 50 pesos, y compra al dólar de las transacciones comerciales, que no se tocó”, explicaron.
Aseguran que "los focos de incendios son generados para responder a intereses
económicos"
Incendios en Córdoba:
Asambleas denuncian
"desidia" del gobierno
provincial
Dos focos de incendios forestales se mantienen activos en la provincia de Córdoba y avanzan en el departamento de Punilla y las serranías que rodean a Alta Gracia. Tras confirmarse que el viernes murió un hombre que ayudaba a apagar los incendios -el segundo caso registrado-, vecinos del Valle de Punilla organizados en asambleas responsabilizaron en un comunicado al Gobierno provincial por "la desidia tanto para la prevención como para la contención de los incendios y el fallecimiento de dos cordobeses defendiendo el ambiente y la vida". Por su parte, en San Luis hay dos incendios activos en el lado oeste de la Sierra de Comechingones.
"Sostenemos que el gobierno de Córdoba y sus reparticiones encargadas de generar los mecanismos para la protección del ambiente y las personas que lo habitamos, están siendo totalmente incapaces de afrontar la magnitud del impacto socioambiental generado por los incendios forestales", expresaron las Asambleas del Valle de Punilla en un comunicado. Es que los incendios en las sierras cordobesas continúan activos y este lunes los focos de Punilla y Alta Gracía avanzaron a pesar de la acción de diez aviones hidrantes, un helicóptero y 300 bomberos.
El comunicado asegura que "en las sierras de Córdoba casi la totalidad de los focos de incendios son generados para responder a intereses económicos en desmedro del ambiente". Según los vecinos, el 90 por ciento de los incendios son intencionales y aparecen en zonas que luego son loteadas, con un interés especial por "limpiar" las sierras para ganadería y agricultura.
"La mayoría de los incendios se provocan en zonas rojas y amarillas, que son restrictivas para los emprendimientos productivos agroganaderos", explicó a este diario un representante de las Asambleas, quien agregó que "aunque el bosque este quemado, estas zonas deben mantenerse por ley en la misma calificación de suelo, en zona roja o amarilla". Los asambleístas de Punilla estiman que en lo que va del año las llamas arrasaron con cerca de 50 mil hectáreas y piden ayuda del gobierno Nacional, ya que la magnitud de los focos de incendio comienza a superar los bomberos.
Además, los activistas denuncian que, desde los fallecimientos de Cristóbal Varela y José Roble, dos vecinos que colaboraban para apagar los incendios, el Gobierno provincial comenzó a "menospreciar y criminalizar las acciones de defensa del bosque nativo llevadas adelante por brigadas de vecinos y vecinas organizadas", según se lee en el comunicado.
Uno de los funcionarios señalados por esta "criminalización" es el director de Defensa Civil, Diego Concha, quien manifestó que "si las personas continúan entorpeciendo la tarea se utilizará la fuerza pública”, en relación a quienes se organizan para apagar las llamas. En el comunicado, las Asambleas aseguran que "en vez de proponer capacitaciones para vecinos y vecinas, interesadas genuinamente en resguardar el territorio y ofrecer insumos para contener los incendios, Concha propone usar la fuerza policial para reprimir al pueblo que protege su lugar".
Por su parte, en el noreste de San Luis, cerca del límite con Córdoba, continúa activo el incendio que se inició el jueves pasado en la zona del Chorro de San Ignacio, en la localidad de Villa Larca, y se extendió el viernes hacia la ciudad de Papagayos. Aunque el sábado los bomberos lograron controlar las llamas y así evitar que llegaran a zonas urbanas, ahora el fuego volvió a activarse en dos focos.
El jefe de prensa del Ministerio de Seguridad de la provincia de San Luis, Gabriel Casari, sostuvo que "el incendio que comprometió a Villa Larca y Papagayos el fin de semana fue controlado", pero los vientos presentes en la zona "hicieron que el fuego se corriera al lado oeste de la Sierra de Comechingones donde es muy difícil combatirlo debido a la altura y a la presencia de cañadas inaccesibles para los bomberos".
Además, Casari explicó que durante el fin de semana se distribuyeron "autobombas en cercanía a las zonas más pobladas para evitar daños materiales" y que "solo hubo que lamentar el avance del fuego sobre cinco cabañas en construcción, pero no tuvimos que lamentar otro tipo de pérdidas materiales ni de vidas humanas".
Informe: Santiago Brunetto
Un cambio esperado por las organizaciones sociales
Traspaso en la urbanización
de los barrios populares: la
tarea quedó en manos de
Daniel Arroyo
El Gobierno traspasó al ministerio de Desarrollo Social la tarea de urbanizar los 4400 barrios populares, retirándola de la órbita de María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, para ponerla en la del Daniel Arroyo. El cambio era esperado por las organizaciones sociales, que tienen a su cargo la secretaría que urbanizará las villas y asentamientos y venían quejándose de que Bielsa, en los nueve meses que lleva de gestión, no usó los fondos disponibles para hacer las obras, a pesar de la gravedad de la crisis habitacional. El traspaso estaba decidido hace más de un mes y se esperaba su publicación en el Boletín Oficial, que se concretó este lunes..
El ministro Daniel Arroyo dijo a PáginaI12, tras la confirmación del traspaso, que hay una decisión política de no demorar más las obras de la urbanización de los barrios donde “cuatro millones de personas viven hacinadas, sin agua, sin servicios básicos, en condiciones más cercanas al siglo XIX que al XXI”.
“Tenemos el objetivo de ir urbanizando de a 400 barrios por año. Éste es un proceso de diez años, no hay manera de hacer las obras en los 4400 barrios a la vez, en el corto plazo, pero es un proceso para empezar ya”, aseguró telefónicamente desde su casa, donde en estos días está aislado tras haber contraído coronavirus.
Con el traspaso, la Secretaría de Integración Sociourbana, que está a cargo de Fernanda Miño, del Movimiento de Trabajadores y Excluidos, se mudará a Desarrollo Social. La referente del MTE habló con Arroyo por la mañana. Su secretaría había podido comenzar unas pocas obras, en veinte barrios, pero tiene avanzados proyectos para un centenar de asentamientos distribuidos en todo el país. La ley prevé que un 25 por ciento de la mano de obra ocupada sea del mismo barrio, mediante cooperativas de construcción, por lo que su realización es esperada para reactivar localmente el trabajo.
La urbanización de los 4400 asentamientos y villas censados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) está pendiente desde 2018, cuando fue sancionada por ley, con los votos del oficialismo y la oposición. El expresidente Mauricio Macri la reglamentó en 2019, poco antes de dejar el Gobierno, aunque sin haber hecho las obras ni dotarlas de presupuesto. A principios de este año, con la creación del impuesto PAIS, el gobierno de Alberto Fernández dispuso que un 9 por ciento del impuesto a la compra de dólares para ahorro fuera destinados a un fondo para la urbanización. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) tiene por esto unos 8000 millones de pesos disponibles para las obras. Si se aprueba el impuesto a las grandes fortunas, podría sumar 45.000 millones de pesos, un 15 por ciento de lo que se estima va a recaudarse.
Arroyo agregó a PáginaI12 que la urbanización implica tres áreas de trabajo: "abrir calles, mejorar las viviendas en sus núcleos húmedos, sus cocinas y baños, y en tercer lugar crear lotes con servicios”.
Para la creación de los lotes, la ley habilita al estado a comprar tierras privadas y asignar tierras fiscales, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe).
Con la ampliación de sus funciones, la estrategia del ministerio en adelante tendrá tres ejes, añadió Arroyo. Una es el Programa Potenciar Trabajo, que unificó los planes sociales para asociarlos a actividades productivas, de cuidado o de capacitación. Son en total 550 mil salarios complementarios, que alcanzan a cubrir --contrariamente a lo que instalan los medios dominantes-- bastante menos del universo de quienes hoy trabajan por su cuenta: apenas a un diez por ciento de quienes no tienen empleo. “El segundo es ir hacia un ingreso de base para la gente que se quedó sin poder desarrollar su actividad” por la pandemia, señaló el ministro sobre lo que será la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia, la asignación de 10 mil pesos mensuales que el gobierno está transfiriendo, en la pandemia, a 9 millones de personas; el tercero será la ahora transferida urbanización de los barrios populares.
Fuente:Pagina12
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