04 de octubre de 2020
Compra de pistolas Taser para la policía provincial
Una política de shock desde Seguridad
Imagen: Sebastián Granata
"Lo importante no son las armas sino cómo se usan: podés con un arma letal producir un hecho que impida una consecuencia ulterior mucho más gravosa que dio lugar a la intervención, o podés con un arma no letal o de baja letalidad generar una catástrofe. Todo depende cómo se lo use. Plantear que el arma de fuego, la Taser o el gas pimienta son peligrosos en sí mismo sin dar cuenta de cómo se usa y de qué manera se usa, es una tontería". Con la frontalidad que lo caracteriza, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, fijó posición ante Rosario/12 sobre el debate generado a partir de la decisión del gobierno provincial de analizar la posible compra de las pistolas de descarga de un shock eléctrico para la fuerza santafesina.
El ministro argumentó: "Lo único que sí es cierto es que hoy el policía porta una arma de guerra, técnicamente hablando, que es una nueve milímetros, un arma de puño de fuego y en el medio para poder utilizar en un escenario donde la utilización de su argucia y de su físico no es suficiente, lo único que le resta es ese arma de fuego. Habría que discutir fuera de los casos específicos qué tipo de armamento entre su físico y su arma de puño hay, como para poder interceder en situaciones donde vos no necesitás hacer uso de un arma de fuego, pero sí necesitás neutralizar una persona que está en un acto de agresión. No importa si es una Taser, si es gas pimienta o si es otro tipo de arma, pero plantear que el arma de fuego, la Taser o el gas pimienta son peligrosos en sí mismo sin dar cuenta de cómo se usa y de qué manera se usa, es una tontería".
Para Sain "los instrumentos que utiliza cualquier policía son letales o no letales dependiendo del uso que se le da. Pero además en algunas circunstancias deben ser letales y está bien que lo sean, el principio rector de un policía es el de intervenir de manera tal de conjurar una situación de riesgo para personas o evitar consecuencias mucho más gravosas. Ese es el primer principio. El segundo, fundamental, es que sólo puede causar un daño cuando ese daño impide que el otro cause un daño mayor, es un poco la lógica de la legítima defensa. Entonces el instrumento que utilice para eso cualquiera es válido, pero no hagamos fetichismo del armamento".
Y recordó: "Por ejemplo el año pasado un policía le pegó un tiro en la pierna a un ladrón que iba armado en una esquina céntrica de Rosario (Italia y Montevideo) y con eso impidió un mal mayor. Ahora en el caso del policía federal Juan Roldán, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, claramente si hubiera habido una pistola Taser o de un arma no letal, se hubieran impedido dos muertes: la del policía y posteriormente la del agresor. Así que no yo no creo en ese tipo de discusiones, con los que dicen 'Taser sí" como (la ex ministra de Seguridad) Patricia Bullrich pero después bancan un homicidio calificado como el del policía Chocobar donde el asesinado ya estaba neutralizado, sin riesgo y sin peligro para nadie y fue asesinado, fue quemado, fue rematado por el policía Chocobar. O sea que es muy complicado el tema".
Por otro lado, Sain explicó la nueva organización de "Estrategias de Seguridad Preventiva para los centros urbanos". "Lo que debe orientar el accionar policial es la problemática delictiva, la idea rectora del trabajo policial es el problema criminal, pero hoy la policía actúa haciendo control poblacional pero no control criminal. Solamente se choca con el delito cuando éste ocurre pero no tiene en su lógica de funcionamiento y en su estructura organizativa, la problemática criminal como eje orientador".
"Lo que estamos haciendo ahora es georreferenciando los delitos predatorios bajo un precepto fundamental: se cometen en un tiempo y en un lugar. Así que identificar ese tiempo y ese lugar te permite, bajo el precepto de que son reiterativos, desplegar la policía en esos lugares de manera tal que impida la comisión de los mismos. Es ahí lo que técnicamente se llama disuasión criminal. Nunca vas a resolver por qué ese ofensor comete el delito, sencillamente vas a generar condiciones situacionales que impiden que cometan delitos o si lo está cometiendo, tenés una respuesta inmediata mucho más próxima. Yo siempre digo: la policía es la guardia de un hospital, sirve para salvar una vida, para atender un emergencia pero nunca va a resolver la cuestión de fondo".
El otro tema importante es que el delito patente predatorio de calle, robos y hurtos, cometidos por personas que no están en carrera delictiva e incluso en aquellos que si ya lo tienen casi como oficio, son muy rústicos. Notablemente en Argentina en este tipo de delitos se incrementan cuando hay problemas de alto nivel de desigualación en un corto período de tiempo, y en zona urbana. Esto es así desde hace 30 años, está súper estudiado y hoy estamos afrontando esa situación".
En el nuevo proyecto Sain preve conformar seis núcleos de carácter netamente analítico-operacional denominados “Centros de Análisis y Operaciones Policiales” (COP) que estarán geográficamente localizados en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Tendrán la misión de producir análisis criminal, planificar operaciones e intervenciones policiales focalizadas y evaluar el desempeño operacional policial posterior.
Se establecerá un Centro Provincial de Análisis y Operaciones Policiales (“COP Central”) que estará situado en Rosario, dependerá de la Subsecretaría de Prevención y Control Urbano y se abocará a efectuar análisis criminal y planificación y evaluaciones operacionales de manera centralizada con alcance provincial.
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Es que más allá de la gravedad sanitaria y epidemiológica, en lo que va del año las muertes en episodios de violencia son casi tantas como el número de víctimas de la covid 19. Si bien es cierto lo que refieren las autoridades del Ministerio de Seguridad en cuanto a que la mayoría son disputas territoriales ente bandas de narcos, hay otros casos --balaceras incluidas-- que causaron víctimas ajenas a esas contiendas, en situaciones que no reportan a la narcocriminalidad, episodios como robos, arrebatos, entraderas y diferentes modalidades delictivas recalientan un clima de zozobra instalado hace mucho tiempo en la ciudad.
Sobre esto trabaja el ministro Sain, que llegó al cargo por sugerencia del Presidente al gobernador. Inicialmente con el adecentamiento de la fuerza, que tenía más participación en el problema que la solución, y naturalmente la "resistencia al cambio" hizo su parte cuando comenzaron los cambios que motivaron --entre otras cosas--la remoción de varios jefes, entre ellos el número uno, Víctor Sarnaglia, a quien había ido a buscar a su casa personalmente Perotti. Esto deja en claro que, a pesar de actitudes destempladas para cualquier funcionario, el respaldo a Sain va más allá de su temperamento que hasta el momento es más notorio que sus logros. Su continuidad dependerá de los resultados, no únicamente de las estadísticas que por ahora no lo benefician sino por la suerte que corra la reforma propuesta por el fundador en su momento de la policía de Seguridad Aeroportuaria, lo que le valió el reconocimiento y prestigio que pone en juego ahora en Santa Fe.
Pero reducir el tema de "seguridad" exclusivamante al combate policial del delito es una metodología que el propio Sain sabe que es insuficiente.
El anuncio de los tres mil millones fue bien recibido por todos, incluido el intendente --que había avisado un par de días antes a la Casa Rosada y a la Gris que haría público ese planteo-- y el propio Fernández en diálogo con los periodistas después del acto mencionado, lo "habilitó" para que "decidan con el gobernador cómo se invierte ese dinero".
A las pocas horas, hubo quienes no resistieron la tentación de transformar ese monto de dinero en miles de pistolas 9 milímetros, más cantidad de chalecos antiblas, ahora también pistolas Taser (ver nota de tapa) y un número importante de patrulleros y motos, como si la "seguridad" fuera exclusiva y excluyentemente un tema policial.
La provincia de Santa Fe, y particularmente Rosario, superan la oprobiosa media nacional de pobreza del 40 por ciento, con la mitad de los chicos menores de 15 años en esa condición, lo que equivale a más de medio millón de pobres en la zona en la que se facturan dos tercios de las exportaciones nacionales.
¿Qué tal si de esos tres mil millones una parte se destina a dotar de conectividad a todos los habitantes de Rosario, y por qué no, de la provincia? No está mal que se propongan nuevas luminarias con leds para las barriadas y sistemas de video vigilancia, y desde ya más equipamiento policial. Pero no sería una mala inversión --teniendo en cuenta los datos existentes que certifican que hay celulares en todas y cada unas de las casas-- dotar de wiffi a toda la ciudad. No solo permitiría alertar de inmediato ante un delito en curso, sino acercar comunidades, recibir y generar contenidos de todo tipo, desde educativos a laborales y de divertimento, reactivar programas sociales como fue en su momento el "Nueva Oportunidad" con un soporte tecnológico hoy ausente.
No es una originalidad, pero sí una variante. Se ha implementado en diferentes ciudades de latinoamérica en donde el mapa del delito no era menos cruel que el de Rosario y Santa Fe.
Para eso hay que convocar un equipo multidisciplinario, en que el desde ya debe estar el Ministerio de Seguridad, pero también otros, como Educación, Acción Social, Obras y Servicios Públicos y Cultura. Es decir el Gobierno y expertos en una problemática que no se resuelve con más patrulleros y hombres y mujeres de azul.
El fiscal federal Rodríguez rechazó un operativo para sacarle una causa
El destino de un millón de dólares
Desde Santa Fe
El fiscal federal Walter Rodríguez rechazó un operativo para sacarle la causa en la que investiga a su colega, la fiscal Cristina Ferraro y el destino final de una fortuna: el dinero de la caja fuerte del empresario Hugo Oldani, asesinado el 11 de febrero último, que según un informe de la Policía Federal eran más de tres millones de pesos y un millón de dólares. Rodríguez imputó a Ferraro por supuesto “encubrimiento agravado” en la modalidad de “hacer desaparecer pruebas, rastros o instrumentos del delito” y pidió su indagatoria ante el juez Marcelo Bailaque, quien aún no la ordenó. La acusación es por una denuncia del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, que plantea el gran interrogante: ¿dónde está la plata? Porque lo único que quedó en el legajo son fotos y videos. Ferraro designó defensor al penalista Néstor Oroño, quien lo primero que hizo fue pedirle a Bailaque que declare la “incompetencia del fuero federal para entender en la investigación” y se la pase al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que integra Ferraro. Pero el viernes, el fiscal Rodríguez se opuso al intento de correrlo de la causa, solicitó al juez Bailaque que rechace el planteo de la defensa y además le cobre las costas del incidente.
El intento de Ferraro de desplazar a Rodríguez de la investigación no es nuevo. Ya hubo un primer operativo apenas éste recibió la denuncia del ministro Sain, en junio. Dos fiscales que responden a directivas del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, plantearon la inhibitoria del fuero federal para investigar los negocios de Oldani, pero el Colegio de Jueces rechazó el recurso por falta de pruebas.
Ahora Ferraro volvió a plantear –por segunda vez- la “incompetencia” de Rodríguez para investigarla a ella y contrató como defensor a Oroño. Ya en agosto, por otra causa, el ministro Sain había alertado sobre el doble rol del penalista, quien en Tribunales litiga contra fiscales o los defiende –como en el caso de Ferraro- y en la Legislatura asesora al presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, Raúl Gramajo, que investiga la conducta de fiscales y defensores públicos. “Es una vergüenza que el abogado que asesora a la comisión de Acuerdos en procesos disciplinarios contra fiscales”, en paralelo litigue contra esos mismos fiscales (o los defienda) en forma privada. “Es algo espurio desde el punto de vista institucional y debería ser revisado. Nosotros tenemos el deber de poner luz a estas cosas”, dijo Sain. La auditora del MPA, María Cecilia Vranicich ya solicitó a la bicameral que preside Gramajo que investigue el desempeño de Ferraro.
En su denuncia, Sain dijo que Oldani dirigía una agencia de viajes. “El hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma” en pesos y dólares “no se condice con los montos que maneja un operador turístico”. Por lo tanto, existen “elementos serios y verosímiles para inferir” que allí “podría haber funcionado una ‘cueva financiera’, sin autorización del Banco Central, ni de la Afip, para realizar operaciones de cambio y/o préstamos de dinero”. Y encuadró los hechos en los supuestos delitos de “lavado de activos, intermediación financiera no autorizada, infracciones a la Ley Penal Cambiaria y a Ley Penal Tributaria”, todos de “competencia federal”.
En la imputación a Ferraro, el fiscal Rodríguez recordó que la hija de Oldani y su esposo declararon en la causa que “retiraron el dinero” porque Ferraro los “autorizó a retirar todo lo de valor”. La mujer dijo que lo cargaron “en una mochila y dos portafolios” y su marido relató que lo hicieron en “una mochila y en una caja azul”.
El fiscal Rodríguez puso bajo la lupa esa “supuesta autorización” de Ferraro a sacar la plata. “Digo supuesta –explicó- porque no hay ningún documento oficial que lo acredite”, más allá de los testimonios de la hija de Oldani y su esposo.
Por lo tanto, le pidió a Ferraro que le informe si había documentado "quiénes sustrajeron valores y dinero en efectivo el 11 de febrero de 2020 en la escena del crimen” y le entregue las "filmaciones".
Pero la respuesta de Ferraro sorprendió al fiscal Rodríguez. Lo que recibió fue “una contestación elusiva”. Porque “no sólo omitió responder a cada uno de los interrogantes, sino que agregó una suerte de alegato respecto de un planteo de competencia que se encuentra fuera de su órbita de conocimiento e intervención”.
Por lo tanto, ante la “falta de respuestas razonables” de Ferraro acerca de dónde está la plata y “no tener noticias” de que investiguen a la hija de Oldani y a su esposo por “falso testimonio”, el fiscal Rodríguez coincidió con el denunciante, el ministro Saín, acerca del “modo irregular que una importante cantidad de dinero, documentación y anotaciones desaparecieron de la escena del crimen”.
La Policía Federal analizó las imágenes del “dinero desaparecido” y concluyó que eran más de “3 millones 50 mil pesos y un millón 100 mil dólares. “Una suma injustificada" por la actividad que realizaba Oldani, dijo el fiscal. Por lo que resolvió abrirle una causa a Ferraro para “investigar su conducta, sin perjuicio de la eventual participación de terceros” en los hechos.
El viernes, en el dictamen que solicitó al juez Bailaque que rechace el planteo de la defensa para sacarlo de la causa, Rodríguez dictaminó: “La comprobada tenencia injustificada de grandes cantidades de dinero (1.100.000 dólares y 3.050.000 pesos) resulta ser un dato concreto y objetivo de la manifestación de capacidad económica pasible de ser investigada” por el fuero federal.
HUMEDALES
Dos cortes dos
EDUCACION
Programa de conectividad
Cleri a favor de una ley de protección de ecosistemas
Apagar el ecocidio
“Es un instrumento más para frenar ecocidios como el del Delta y evitar que estas tragedias se reiteren en el futuro”, dijo el diputado nacional por Santa Fe, Marcos Cleri, al ser consultado respecto del proyecto de ley de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios, presentado el viernes pasado en el Congreso Nacional.
“Se trata de una iniciativa del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, a la que acompañamos legisladores de distintas provincias y bancadas que priorizamos como agenda común la necesidad de cuidar la naturaleza y el bienestar de la gente. Lamentablemente no se sumó ningún legislador de Juntos por el Cambio, pero esperamos contar con el respaldo necesario para lograr la aprobación en ambas cámaras legislativas”, destacó el legislador santafesino.
El proyecto establece la modificación de la ley 26.815 de Manejo del Fuego para que quede prohibido realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios. Estas modificaciones implican cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
Será por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales. Además, en el caso de tratarse de bosque nativos, estas prohibiciones podrán ser extendidas por más tiempo de acuerdo a lo que indique el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de cada provincia.
“Venimos trabajando para parar el ecocidio con el Ministerio de Ambiente de la Nación, presentando documentación y listados en la Justicia, buscando consensos con los gobiernos provinciales”, resaltó Cleri.
“Llamamos a dejar de lado las actitudes egoístas de buscar aumentar ganancias a costa de la salud y el ambiente de todos y todas. Estas prácticas no se deben legitimar, se deben condenar judicialmente y tenemos que legislar para garantizar que esto no siga pasando”, subrayó el diputado nacional santafesino.
Un documento remitido por diversas ONGs al Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas al respecto de los incendios en el Delta del Paraná indica: “Estos sucesos impactan severamente en la biodiversidad, así como en la salud y seguridad de las personas que habitan especialmente en el sector de islas del Delta del Paraná".
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, expresó que "los incendios son intencionados y hay que buscar a los responsables”.
A 90 años del fusilamiento de Joaquín Penina
¿Abrazarías a un condenado a muerte?
“El trayecto por las calles de Rosario fue el siguiente: Moreno, Santa Fe, Dorrego hasta Ayolas, San Martín, Av. Arijón y, atravesando el puente (Arijón) sobre el arroyo Saladillo, tomamos el camino de tierra que conduce hacia el Sudeste de Pueblo Nuevo. Unos trecientos cincuenta metros después del puente, y a la izquierda del camino por el cual marchábamos, la segunda compañía del regimiento 11 de infantería, ha construido cavando sobre el terraplén, un stand para tiro de fusil ametralladora que tiene la forma de una U.” (1)
Detengo el trabajo alienante del aislamiento y empiezo a compartir estas palabras con esos desconocides que podrían terminar de escribirlas al leerlas. ¿Podré darle un abrazo a un compañero catalán que camina sus decisivos pasos al borde del Saladillo? Es setiembre y 1930, todavía no nací: ¿cómo hago para darle un abrazo a ese muchacho que desafía con desprecio a los militares traidores a San Martín que lo van a fusilar?
“Cuando el camión llegó allí, el auto que nos precedía ya había hecho alto y los ocupantes nos dieron orden de que nos detuviéramos La noche era suavemente fresca, de una luna fuerte, que por momentos ocultaban las nubes. Hasta ese momento no había sentido fuertemente en mí la impresión de la orden que tenía que cumplir. Pero el aspecto triste y desolado de las quebradas, el mirar temeroso e interrogante de los soldados, y el pensar que tendría que apagar una vida en una noche que era más para soñar que para morir, empezaron a influir sobre mi desde el instante en que pisé la tierra, la que iba a ser manchada con la sangre de un obrero… No conocía ni el nombre ni el aspecto del detenido. Sólo sabía su delito”. (1)
La poesía y la epopeya son esas bolsitas de plástico no biodegradables que contaminan/asfixian la realidad. La expresión indispensable va por otros medios. Espero no traicionarme. Un abrazo expresa más realidad que las infinitas imágenes de tu pantallita.
“El suboficial lo acompañaba apoyándole suavemente la mano sobre el hombro izquierdo; se dejó conducir. No dijo una palabra. Yo iba detrás, a pocos pasos. Desde que lo había visto bajar, en mi frente y en mis ojos sentí que se había posado un velo de extrañeza y de irrealidad. Obraba mecánicamente, llevado hacia donde sentía una orden. – ¡Ahí!…- dijo alguien. El detenido hizo alto y bruscamente dio media vuelta, quedando frente a mí y al pelotón que yo tenía que comandar.” (1)
Los aniversarios casi siempre son hipócritas, pero es setiembre y Covid.
“Serían las 11 de la noche. Entre él y nosotros había unos nueve metros. De un lado, el valor y la muerte. Del mío, la repugnancia y la vergüenza… Pensé en ese momento; ¿por qué ese hombre, que yo desconocía, no sería un enemigo de mi vida a quien tuviera armado frente a mí, pronto para matar o defenderse? Pensé cuánto valor y sangre fría necesitaría frente a él, esposado pero no vencido, que delante de alguien que pudiera matar.” (1)
¿Sos capaz de golpear al que te roba el celular y ponerte la camiseta de Vicentin?
“- ¡Fuego! – ordené sin ver ya nada. Doblando las rodillas, se inclinó lentamente hacia adelante, entre gemidos sordos y comenzó a girar sobre sí mismo y hacia el lado derecho. No caía, y no quise prolongar su agonía, y sin mirar ni apuntar hice fuego hacia él. Dos soldados más, sin saber, hicieron fuego, porque, por apresurar el instante y acortar el dolor de ese hombre, yo hice las cosas tan nerviosamente que me olvidé de mandar: ¡Alto el fuego!!! El ejecutado mientras tanto, tras otro gemido de dolor, retorciéndose cayó para siempre, pecho en tierra, la cara aplastada sobre ella. Salí unos dos pasos al frente del pelotón y, como el caído aún temblaba sobre el polvo, sin mirar casi, tiré. Parece que no di en él porque sentí una voz que me dijo: -¡A la cabeza!! Entonces tiré de nuevo, e instantáneamente el reo quedó inmóvil. Fui hasta mi capitán y le dije: “¡He cumplido la orden!”. (1)
¿Cómo abrazar a los que ya no están? ¿Y a los que todavía no nacieron?
“Todos nos acercamos hasta donde estaba el cadáver de Penina y alguien dijo: “Fue un valiente hasta el último momento”. Allí pude ver bien su tipo; vestía pobremente, zapatos de caña, pantalón de fantasía marrón oscuro, pues la escasa luz de la luna no permitía distinguir bien. Un saco, también color oscuro. Era rubio y de estatura pequeña, cabellera desmelenada y cara pálida. Representaba unos 25 o 26 años”. (1)
Nadie es inocente en esta realidad, pero no todos somos culpables.
“No sé quién del grupo ordenó que se le revisara. De sus bolsillos se sacaron dos o tres galletas marineras muy duras y en parte comidas; un trozo de papel de diario sin ninguna importancia, y un giro de cinco pesetas para un hermano de Barcelona, en España… El giro no llegó a mis manos ni sé tampoco quién se lo llevó… Así fue como sucedieron los hechos aquella fatídica noche del 10 de Setiembre de 1930 en las Quebradas del Saladillo.” (1)
Nadie abrazó a Joaquín Penina.
Telefonía celular y fija, internet y televisión por cable
Relevantes y necesarios para la comunidad
Hace poco más de un mes, el presidente Alberto Fernández estableció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual se declaró a los servicios de telefonía celular y fija, de Internet y de televisión por cable como servicios públicos esenciales. ¿Qué significa tal medida y cuáles son sus alcances? Lucila Dattilo y María Laura Pujol, docentes de la asignatura Política y Derecho a la Comunicación que se dicta en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, profundizaron conceptos sobre este tema.
El documento emitido por el Gobierno Nacional establece una clara postura en la conceptualización del derecho a la comunicación dentro de sus considerandos. “Lo toma como un derecho humano fundamental. Este aparece consagrado en todos los instrumentos internacionales receptados en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994. Significa que hay una responsabilidad del Estado de garantizar el ejercicio de este derecho y el DNU se suscribe en esta lógica general. En la actualidad podríamos pensar que el ejercicio de la libertad de expresión, a diferencia de otros momentos, se materializa en gran parte en la interacción con Internet y las nuevas plataformas digitales”, comentó Dattilo.
Producto del avance tecnológico, y acelerado por la pandemia, la mayoría de las acciones requieren el contacto con Internet. “Se transforman nuestras maneras de hacer y ser en el mundo, de vinculación con les otres y el entorno, cambian las formas de informarnos y producir conocimiento, de participación política, estructuran de otra manera los procesos productivos. Frente a esos nuevos procesos también se plantean nuevos dilemas. Uno de ellos se relaciona con el acceso, lo que nos lleva a preguntarnos quiénes lo hacen y bajo qué condiciones. El decreto viene a funcionar como un regulador de las reglas de juego del sector”, aportó Dattilo.
La medida adoptada está basada en varios documentos y antecedentes internacionales que subrayan la importancia del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. “En 2011 se publica una declaración conjunta de la ONU, OEA y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que alientan a los Estados a declarar el acceso a internet y los servicios TICs como un derecho humano, fundamental y necesario para la ciudadanía. En 2013 surge la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se llamó “Libre expresión e internet”, la cual brinda principios orientadores para proteger la libertad de expresión en el entorno digital. Estos documentos ya advertían que era necesario trabajar para garantizar este derecho”, argumentó Pujol.
En la Relatoría de 2013 se destacan cuatro principios básicos que se enfocan en el acceso, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad. “Se refiere al acceso universal en igualdad de condiciones, el cual según el documento debería ser ubicuo, equitativo, asequible y de calidad adecuada. También habla de la necesidad de conformar una estructura de precios inclusiva y de lograr la conectividad en todo el territorio. Todo esto lo retoma el DNU y lo pone como fundamentos básicos”, subrayó Dattilo.
Los puntos principales
El DNU modifica la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078, más conocida como “Argentina Digital”. La primera modificación sustituye el artículo 15, estableciendo que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y el acceso a las redes de telecomunicaciones son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. “Me parece que hay una gran confusión general sobre qué se denomina servicios públicos, porque lo asocian a servicios estatales y no es así. Son públicos porque son relevantes y necesarios para la comunidad, y pueden ser brindados por el Estado o por un tercero, pero la regulación pasa por el Estado. El artículo 42 de la Constitución Nacional hace referencia a la protección de los consumidores y usuarios, como también, a la protección del interés económico de los mismos, por lo cual hay un fundamento fuerte que lo respalda. Hay que articular el acceso a estos servicios y a su vez la defensa de los consumidores y usuarios porque brindar un servicio deficiente implica poner en riesgo el acceso a diversos derechos humanos”, aclaró Pujol.
El status de servicio público busca garantizar derechos y es el Estado el garante de los mismos. “Muchos aprovechan esta confusión para desinformar y busca rehabilitar uno de los pilares del paradigma neoliberal de los años 90, donde se consideraba al Estado un actor poco eficiente para la administración de recursos y la incapacidad del mismo para adaptarse a la velocidad que los cambios tecnológicos demandan. El Estado debe tomar un rol principal en este área porque los objetivos de los empresarios son otros y no tienen que ver con garantizar derechos a la población”, agregó Dattilo.
La segunda modificación es sobre el artículo 48, que habla de la fijación de precios y tarifas. La misma marca que los licenciatarios y licenciatarias de los servicios TICs fijarán sus precios, que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación. “Lo que cambia es que en el texto original se decía que los precios de los servicios públicos esenciales podrán ser regulados por la autoridad de aplicación, cuestión que se modificó y ahora se afirma que serán regulados por dicha autoridad, que hoy es el Enacom. O sea, pasa de una posibilidad a una expresión imperativa. Ya que este ente va a tener la posibilidad de regular estas tarifas, sería interesante que habilite audiencias públicas para que las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores, y la población en general, pueda participar de este proceso. Es decir, habilitar la participación ciudadana como lo habilita el Artículo 42 de la Constitución Nacional”, describió Pujol.
“He leído comentarios que afirmaban que la norma le quita a los licenciatarios la potestad para fijar los precios, pero de ninguna manera es así. Lo que hace es poner un primer filtro en pos de establecer el principio constitucional de la racionalidad ante posibles aumentos desmedidos y desproporcionados. Esto se vincula además con el decreto 620/2020 que suspende el aumento de los servicios públicos hasta fin de año”, explicó Dattilo.
En este punto también se establece una prestación básica universal obligatoria, que es un piso mínimo necesario para garantizar este derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. “En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había una herramienta similar que era el abono social, que luego fue eliminado por un decreto del Gobierno Nacional anterior. El DNU mantiene ese espíritu, bajo la idea de dar la posibilidad del acceso a personas que no tienen gran capacidad de recursos”, agregó Pujol.
La tercera modificación afecta al artículo 54, el cual subrayaba que el servicio básico telefónico mantiene su condición de servicio público, y ahora se le agrega el servicio de telefonía. “Es la misma ecuación que para las TICs, es decir que debe haber una prestación básica universal que pueda ser accesible para la población”, expresó Pujol.
Desde antes que se sancionara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 al desguace de la misma durante el gobierno de Mauricio Macri, las políticas en comunicación han sido un foco de debate frecuente que profundizaron la famosa grieta política. "No se puede hacer una lectura profunda de este DNU sin historizar. Si no hay participación ciudadana en la construcción de la norma, difícilmente la sociedad pueda defender esa legislación y apropiarse de ella. Es necesario realizar un debate amplio, plural y de consenso democrático para poder establecer una política en materia de comunicación que no dependa del gobierno de turno", determinó Pujol.
En consonancia, Dattilo subrayó que es necesario hacer un esfuerzo para transformar la mirada y así poder pensar a la comunicación desde un sentido más amplio, delimitando objetivos para planificar políticas a mediano y largo plazo. “En esta nueva mirada es imprescindible recoger las particularidades territoriales y demográficas de nuestro país dado que condicionan las posibilidades materiales de acceso, distribución y apropiación de los recursos materiales y simbólicos, como también, es necesaria una seria planificación en cuanto a estructura tecnológica en pos de disminuir las brechas de acceso. Es elemental lograr un piso de acuerdos mínimos con los diversos sectores sociales implicados para definir dónde vamos. También hay que construir indicadores confiables y actualizados sobre un ecosistema en permanente movimiento, y en esta tarea no sólo se necesita la intervención del Estado, sino también de las Universidades que pueden aportar mucho en este sentido con sus observatorios de medios”, concluyó.
Fuente:Rosario12
Fuente:Diario El Ciudadano y la Región
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