5 de octubre de 2020

TROPEL 2 del 05.10.2020.

 


05 de octubre de 2020

Un debate inconexo tras la muerte de un policía federal

Las Taser y el operativo clamor opositor: ¿respuesta a la inseguridad u oportunismo?

El asesinato de un agente reabrió la discusión por el uso de las pistolas eléctricas. Patricia Bullrich había comprado cien que recién llegaron este año y serán destinadas a fuerzas federales especiales. La Corte Suprema habilitó su uso en 2016 y cualquier jurisdicción podría usarlas, pero la oposición salió a implorar por su uso ahora, en una avanzada que la ministra de Seguridad Sabina Frederic calificó de "caranchismo". 
Por Karina Micheletto
La agitada agenda de la semana que pasó dejó instalado, entre tantos, un debate que se etiqueta como de "seguridad”. 
Imagen: Télam

La agitada agenda de la semana que pasó dejó instalado, entre tantos, un debate que se etiqueta como de "seguridad”. El asesinato de un policía federal a manos de un paciente pisquiátrico en Palermo, en un episodio en el que intervino otro agente de esa fuerza y dos policías de la Ciudad, sugestivamente reintrodujo, como si se tratara de una consecuencia natural, la discusión por el uso de las Taser. La oposición picó en punta para avivar las críticas, pero también se sumaron desde el oficialismo voces como las de Sergio Berni y Sergio Massa. La ministra Sabina Frederic habló de “falta de respeto y caranchismo”. Santiago Cafiero salió a aclarar que el Gobierno “no tiene en estudio” comprar estas armas. Desde el Ministerio de Seguridad reconfirmaron a PáginaI12 que no van a sumar más pistolas Taser a sus fuerzas, y que las cien que compró la gestión anterior y que llegaron este año serán usadas por fuerzas especiales, aunque aún no han sido entrenadas en su uso.

Operativo clamor 

Algunas cuestiones que fueron dejadas de lado en medio del súbito operativo clamor por las Taser, o que se presentaron especialmente inconexas en la discusión mediática, fueron:

* Juan Pablo Roldán, el inspector asesinado, era un efectivo de Caballería. En el supuesto contrafáctico de que la Federal hubiese adoptado las Taser, la posibilidad de que él hubiese portado una, es igual a cero.

* Dado el alto costo de estas armas (tan sofisticadas que incluyen un sistema de grabación que deja registrado cómo se utilizan), tampoco podrían de momento ser de uso extensivo (Patricia Bullrich compró cien a la empresa Axon, a un valor de casi 900 dólares cada una, más mil cartuchos operativos y 600 de capacitación, más los elevados impuestos aduaneros).

* Si, por ejemplo, la Ciudad hubiese comprado las 400 Taser que anunció en enero de 2019, o las 60 que evaluó licitar en junio de ese año, también es muy poco probable que los dos policías que actuaron en Palermo (entre 31.000 que tiene la Ciudad) hubiesen podido tener una Taser.

Alertado por los vecinos, Roldán corrió dos cuadras hacia una esquina que no era de su jurisdicción, donde ya estaban trabajando dos agentes de la Ciudad, a los que sí les correspondía intervenir. Sobre cómo actuaron ellos, los análisis no se detuvieron.

* Como se ve en los videos que circularon, las actuaciones de los cuatro policías incluyeron una serie de errores de procedimento, sin una acción coordinada. Sin embargo, entre todos los debates abiertos no estuvo el del entrenamiento y/o reentrenamiento que está recibiendo las fuerzas.

* El uso de las Taser está específicamente desaconsejado en casos de padecimientos psiquiátricos. También por eso, no podría haber sido usada en este caso.

No hay ninguna prohibición vigente sobre el uso de las Taser, y cada jurisdicción puede decidir su uso. ¿Realmente había que esperar a este episodio desgraciado para proponerlo?

Sí, se puede

A fines de diciembre de 2019, Frederic derogó la resolución 395 de 2019 para las fuerzas federales de seguridad (Gendarmería, Prefectura, la Federal y la Aeroportuaria). Esto no implicó la prohibición de las cien Taser que llegaron al país entre febrero y mayo de 2020: fueron autorizadas para las fuerzas federales especiales. Desde el Ministerio de Seguridad admiten que en este tiempo, pandemia de por medio, aún no se ha iniciado el entrenamiento necesario para que su uso pueda ser operativo. De hecho aún no existe el protocolo que regule ese uso, paso previo al entrenamiento.

La Corte Suprema falló a favor de la autorización de uso en 2016, rechazando un recurso de queja que planteaba que era un instrumento de tortura. Es decir que desde entonces la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o cualquier provincia, podría haberlas adquirido e instrumentado.

Menor letalidad

El problema planteado no se limita a “Taser sí / Taser no”. Contra lo que se intenta instalar como sentido común, este tipo de armas se proponen en reemplazo, y no sumadas, al arma de fuego reglamentaria. Ésta es al menos la recomendación concreta de la ONU, ateniéndose a la idea de “arma menos letal” (y no, como se comprobó en numerosos casos de violencia institucional en el mundo, “no letal”). También la página de la empresa que las fabirca, Axon, las promociona de este modo en su página web. Entonces, ¿es preferible que un miembro de fuerzas de seguridad tenga un arma “menos letal”? Podría pensarse a priori que sí, en tanto sería un elemento de disminución de la letalidad, uno de los objetivos de toda política de seguridad (ante la necesidad de defensa, mejor que recurra a una descarga eléctrica y no a un arma de fuego, diría un bienpensante).

Sin embargo, su utilización abre variables complejísimas, que van desde la proporcionalidad del uso de la fuerza (al reemplazar el uso del arma de fuego, ¿puede un policía enfrentar a un agresor si éste porta un arma “más letal” que la suya?) a la necesidad de protocolos que sean efectivamente aplicados por los policías en las calles. Sumado al entrenamiento muy específico que se requiere para el uso de estas armas.

“Las Taser son presentadas como un ‘arma menos letal’, pero la experiencia internacional demuestra que justamente esa categorización conduce a usos indiscriminados porque los funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos restricciones que a las armas letales”, se posicionó el Cels cuando el Gobierno de Macri anunció que compraría la hasta ahora única partida de cien de estas armas. “Las Taser sólo reducen la letalidad policial si se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal, no si su supuesta “no letalidad” habilita que se amplíen las situaciones en las que los policías podrían disparar”, observan.

Entre los estudios citados, uno realizado por Amistía Internacional en Estados Unidos muestra que, de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas y sólo 4 armas de fuego. Más del 90 por ciento de las víctimas fatales estaban desarmadas. “La American Civil Liberties Union también advirtió sobre los riesgos derivados de que las Taser ya no son utilizadas por las policías estadounidenses como un reemplazo del arma letal en situaciones de último recurso, sino como un instrumento de control. Este modo de usar las armas “menos letales” ha llevado a la multiplicación de muertes”, concluyen.

“Lo más inquietante sobre el uso por la policía de armas Taser es que la mayoría de las personas que posteriormente murieron no representaban una amenaza grave cuando la policía les sometió a las descargas”, declaró Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, tras analizar los resultados en este país.

Punitivismos

“A priori, la de Palermo fue una situación de abordaje de salud mental, aunque haya involucrado policías. Que uno haya terminado muerto es una tragedia enorme, pero no es un episodio de inseguridad. No estamos hablando de una situación en comisión de delito, sino de una persona en brote psicótico que no fue abordada por los dispositivos correspondientes de salud mental”, describe Tomás Bover, doctor en antropología y becario de Conicet.

“Sin embargo, hubo una clara intencionalidad de cargar la responsabilidad sobre unos u otros. Los policías de la Ciudad son conducidos por una fuerza política que defiende el uso de las Taser, pero no tenían Taser en ese momento. ¿Por qué quedó invisibilizada la policía de la Ciudad en todo este relato? Porque resultó que quien puso el cuerpo y la vida dependía de Nación”, describe el miembro del grupo de estudio en policías y fuerzas de seguridad.

“En el caso del policía Roldán los punitivistas de arriba y abajo encontraron otra excusa perfecta para volver a la carga con su agenda, y de paso seguir avivando malentendidos”, advierte Esteban Rodríguez Alzueta, investigador del laboratorio de estudios sociales y culturales sobre violencias urbanas de la Universidad Nacional de Quilmes. 

El problema no son las pistolas sino los policías que las empuñan o, mejor dicho, determinadas rutinas policiales que no se desandan de un día para el otro con protocolos y mejores entrenamientos. Estoy pensando en la brutalidad policial, en aquellas prácticas de hostigamiento que suelen ir acompañadas de ‘toques’ o ‘correctivos’ para imponer la autoridad. Esos toques pueden convertirse ahora en descargas eléctricas, en picanas portátiles. Entonces tenemos derecho a manifestar nuestra desconfianza, porque la historia de las policías en Argentina está asociada también a estas violencias eléctricas”, observa el autor de Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno.

“Se nos dice que los policías serán especialmente preparados, y que las pistolas vienen con manuales de instrucción. Pero ya sabemos que los impactos de las capacitaciones suelen llegar con mucho delay, porque nos estamos midiendo con prácticas de largo aliento, que forman parte de los repertorios de actuación para relacionarse con determinados actores (los jóvenes, morochos y pobres). Hay que pensar a las Taser al lado de la historia que nos tocó”, concluye.

Protocolos y entrenamiento

Con policías que sólo reciben entrenamiento durante su instrucción, o frente a alguna situación de ascenso, y que tienen por delante treinta años de una carrera que demanda despliegue físico, necesidad de reflejos, reflexión de sus prácticas, el del reentrenamiento es un tema pendiente que está, inclusive, entre los reclamos de las mismas fuerzas.

¿Existen protocolos para este tipo de casos, para tratar a alguien que no tiene conciencia de sus actos, ya sea por causas psiquiátricas o de consumo de sustancias? Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que sí hay protocolos y capacitaciones para tratar enfermos mentales y personas con consumos, conductas impredecibles. Pero advierten que, por encima de cualquier capacitación específica, el marco es el del programa de uso racional de la fuerza, que existe desde 2012 y que, aunque durante la gestión de Bullrich fue abandonado, se sigue con esa línea de trabajo. "Pensar en términos de 'proporcionalidad y racionalidad' en el uso de las fuerzas también cuida la vida a los policías", dicen, y describen un abordaje que implica no apelar al arma de fuego en todas las situaciones, evaluar cuándo sí y cuándo no, si una situación amerita replegar o buscar apoyos, entre otras premisas. 

Tu nueva compañera

La página Tasers International (perteneciente a Axon) muestra las bondades de estas pistolas en su versión doméstica y alienta su uso por parte de civiles, para defensa personal. También ofrece una "linterna de 80 lúmenes con un aturdimiento de alto voltaje que asombra y repele". "Fácil de usar. Segura de poseer", es el lema con el que se venden estos productos por Internet, asegurando al ciudadano deseoso de autoproveerse seguridad que "las herramientas de autodefensa Taser están diseñadas para brindarle tranquilidad mientras se adaptan a todos los aspectos de su vida diaria".

"Conoce a tu nueva compañera", invitan, y prometen: "Nunca estás solo cuando llevas uno de los productos de autodefensa de Taser. Creemos en un mundo con menos preocupaciones. Uno que sea más seguro, donde cualquiera pueda vivir su vida sin miedo. Ya sea que esté en casa o mientras viaja, nuestras herramientas de autodefensa son pequeñas, livianas y efectivas, lo que garantiza una potencia de frenado de nivel profesional para mantenerlo a salvo. Porque tienes lugares a los que ir y cosas que hacer". En ningún momento se habla de "arma", "disparo", "ataque", "delincuencia". Tampoco intervienen límites legales o protocolos de procedimiento. Aquí hay "potencia de frenado" (al agresor) y hay que "manenerse a salvo".  

La pistola, que se conecta a una app del celular que informa cuándo y dónde es disparada, sale 450 dólares, luego están los accesorios: más cartuchos (viene con dos), fundas, baterías. La linterna aturdidora se propone como "el complemento perfecto para su guantera o una discreta herramienta de autoprotección en caminatas nocturnas y paseos con perros en el vecindario". Sale 130 dólares y sin costo se puede sumar el "paquete de mascotas", una suerte de pañuelo para el perro que advirte que su dueño lleva este instrumento, una disuación similar a los carteles de seguridad privada en las casas. 

Según las estadísticas que allí se publican con orgullo, "cada día se usa una Taser 904 veces, salvando una vida de una muerte potencial o una lesión severa cada 30 minutos". En la página de Axon hay un contador de "vidas salvadas", y otro de disparos ("usos en el campo por oficiales en todo el mundo", que se va actualizando en tiempo real. Van casi cuatro millones y medio. 


La vacuna estaría disponible a "fin de año o principios del año que viene"

Ginés González García: 

"Este mes habrá dos remedios nacionales para tratar el coronavirus"

















El ministro adelantó que los nuevos  fármacos no son específicos para el coronavirus pero en las pruebas están funcionando muy bien. 
Imagen: Guadalupe Lombardo

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que este mes se pondrán a disposición dos medicamentos de producción nacional contra el covid-19. La vacuna, en tanto, estará lista para "fin de año o principios del año que viene".

“Yo calculo que en la segunda quincena de octubre va a haber un par de medicamentos nacionales aprobados, que vienen con mucha fuerza y que, creo, van a tener un efecto importante. Esta es la verdad”, aseguró el ministro.

Según detalló, los fármacos "no son específicos" para el coronavirus pero son utilizados en un tratamiento contra esta enfermedad que "funciona muy bien"

Para la vacuna, aclaró, habrá que esperar a "fin de año o principios del año que viene". "Con las vacunas quiero ser claro: nosotros estamos negociando con todos los proveedores, lógicamente con la exigencia de que la vacuna tenga los estándares de aprobación exigidos a nivel mundial, no hay ninguna vacuna que haya logrado esto todavía”, advirtió durante una entrevista con LM Neuquén.

“Estamos comprando todo lo que tengan disponible cuanto antes. Por eso, yo confío en que vamos a tener un acceso importante en el mediano plazo. No falta nada, dos meses y medio o tres meses”, celebró.

Lo más importante es la prevención

El único camino hasta que efectivamente esté la vacuna, subrayó el ministro, es la prevención. “Nos encontramos en una situación en la que se pone énfasis en la atención a la vez que se desatiende la prevención. Yo siempre voy a hinchar en que lo más importante es la prevención", dijo.

"No hay muchos secretos: o aislamiento o protección personal o distanciamiento, que son las medidas que cada cual debe tomar, o lo que estamos haciendo ahora en todo el país que es el rastreo, a través del (plan) Detectar intensificado por los barrios y las ciudades", agregó.

Respecto a la situación del sistema de salud, sostuvo el funcionario, “ahora no necesitamos insumos ni faltan elementos, como respiradores. Lo que falta es recurso humano".

Por eso, insistió, "hay que cuidarlo mucho, porque es difícil de hacer, demora años en formarse, porque tiene más exposición al riesgo que el resto”.

Balance

Desde marzo, respondió González García a modo de balance de estos 6 meses, "estamos acomodándonos a la situación", conforme a cómo va evolucionando el virus. 

"Primero hicimos que entrara despacito con los primeros aislamientos importantes, eso nos permitió preparar el sistema de atención", recordó. "Después empezó a operar el agotamiento social respecto de las medidas y todo lo que se conoce", lamentó.

Sobre una posible autocrítica, admitió: "Posiblemente, nadie tiene la verdad absoluta. Yo lo que digo es que si no hacíamos lo que hicimos y hubiesen venido todos los casos juntos como pasó en Europa, hoy estaríamos multiplicando los muertos que hemos tenido y habríamos tenido hace unos meses ya un escenario con gente sin atención, gente muerta en las calles, como pasó en otros lugares".

Antes de la llegada del gobierno de Alberto Fernández, recordó el funcionario, "el país no tenía ministerio".

"No tenía vacunas, no tenía cosas esenciales. No tenía una política nacional. No tenía una relación fluida de las provincias con la nación. Todo eso lo recompusimos desde el ministerio nacional", subrayó.

"En cuatro meses dotamos al sistema con cuatro mil camas nuevas de terapia intensiva, que es prácticamente un 50 por ciento más de las que había. No es poco ni lo han hecho muchos países", observó.

Una de los principales obstáculos, reconoció, fue la "partidización de la pandemia". "A las provincias que tomaron ese camino no les fue bien. Decían que les iba a ir bien porque gobernaba un signo distinto y no fue así", dijo en referencia a provincias como Jujuy y Mendoza. 

"Me da miedo porque hay lugares con curvas ascendentes y cuesta hacer lo que dicen los manuales que hay que hacer", concluyó.


Las consecuencias ambientales y sociales de los incendios

Córdoba, con pronóstico desolador

Habrá mayores crecidas de ríos e inundaciones, contaminación del agua para consumo y 
pérdida de economías campesinas.
Por Leonardo Rossi













Imagen: NA-Greenpeace

Desde Córdoba

Crecidas e inundaciones, escasez y contaminación del agua para consumo, pérdida de economías campesinas y sus alimentos asociados, y una mayor vulnerabilidad para la salud colectiva son algunas de las problemáticas que ya se vislumbran en los territorios afectados por los incendios en Córdoba. “Se está destruyendo el ciclo del agua para que unos pocos hagan negocios”, advierte, por ejemplo, el geógrafo Joaquín Deón.

Tras el fuego, exceso y escasez hídrica

Córdoba padeció graves crecidas de ríos e inundaciones en los últimos años, con el antecedente de 2015 como huella más dramática. Los incendios, que según el instituto Gulich alcanzaron esta temporada a 146 mil hectáreas, tienen relación directa con esos fenómenos. El geógrafo Joaquín Deón (Conicet) explica que “de siete macro-cuencas que tiene la provincia, cinco se han quemado en casi un cuarenta por ciento”. Según los primeros análisis, por ejemplo la del río Suquía, del embalse hacia abajo se quemó en más de 65 por ciento, y en la del río Cruz del Eje se afectó prácticamente en su totalidad. Otro tanto ocurrió en Traslasierra, y en los ríos Cuarto y Quinto.

“Cuando se queman las cuencas, y encima durante varios años seguidos como viene pasando, vienen las primeras lluvias y se genera una escorrentía superficial muy fuerte hacia los cauces, estos se colma tan de cenizas y de sedimentos, y el agua se vuelva intomable”, apunta Deón. Por otra parte, y en base a la experiencia reciente, “las inundaciones llevan a que haya mayor cantidad de agua presente en los cauces, mayor velocidad de arrastre, y mayor nivel de destrucción, con los costos en vidas humanas que eso tiene”. El investigador enfatiza que derivado de la destrucción de ecosistemas, “Córdoba alteró la periodicidad de las crecidas”. Si históricamente se daban cada 32 años, después eso ocurrió cada 14 años, luego cada siete, y pasamos a tener en 2008, 2012, 2014, 2015 y 2016. “Las cuencas están tan dañadas que las inundaciones son cada vez más frecuentes”.

El geógrafo remarca que además, “el arrastre de las crecidas hace que el agua no quede en el subsuelo, y la disponibilidad en las cuencas bajas sea cada vez menor”. Un problema que se evidencia en los diversos proyectos en trámite para trasvasar agua entre diversas cuencas, incluso para traer agua desde otras provincias. “Las comunidades locales están teniendo que buscar agua en lugares cada vez más lejanos con obras costosísimas, cuando lo necesario es cuidar las cuencas serranas”. Deón sostiene que “con los incendios, el camino del agua que hacen las cuencas, con los bosques nativos de esponja, se destruye y se está convirtiendo en un tobogán producto del negocio de unos pocos”, en referencia a proyectos inmobiliarios, mineros, agrícolas y megaturísticos.

El monte es salud y arraigo

Las comunidades que enfrentan por estas horas los incendios sostienen que proteger el bienestar de los territorios es cuidar la salud colectiva. “A corto plazo es fácil ver que los incendios repercuten en la salud. Muchas de las especies que crecen en el bosque son alimento y medicina aún hoy para familias que viven en esas zonas”, señala Natalia De Luca, ingeniera forestal, especializada en flora nativa. Pero también con todo el territorio que se quemó, “se pierde para los urbanos la oportunidad de que se fortalezca una alimentación agroecológica basada en todo el potencial de frutos que tiene el monte”.

Desde Charbonier, el apicultor Rodolfo Zabaleta lamenta: “Para la actividad apícola de monte se perdió todo; toda esta región incendiada es donde está la flora para las abejas”. En simultáneo, se pierde “la apicultura como actividad ecológica clave por la polinización que aportan las abejas, y por otro, como actividad económica de familias campesinas que quedan condenadas al desarraigo”. “Acá habitan miles de familias que tienen economías integradas, que cosechan algarroba, tienen huerta, colectan plantas aromáticas, tienen pequeñas granjas, y sin el monte ya no tienen futuro posible”.

En otra línea, De Luca describe el vínculo entre situaciones que suelen ser analizadas de forma aislada, como son los calores extremos, la pérdida de humedad, la predisposición a nuevos incendios, y diversas afecciones sanitarias. “Los sistemas boscosos regulan la amplitud térmica, la velocidad del viento y equilibran la hidrología”. Todo esto deviene en “si tenemos más vientos huracanados, fenómenos climáticos extremos, sequías, con más predisposición a incendios, de un lado, e inundaciones, de otro, y todo lo que eso va implicando en la salud de las comunidades”.

 

Problemáticas como la voladura de suelos, con la suspensión de materia particulada en el aire o la ruptura de equilibrios que pueden devenir en plagas son consecuencias directas de la pérdida de los bosques. “En un ambiente degradado las personas estamos expuestas de forma creciente a nuevas enfermedades, y nuestros cuerpos al mismo tiempo están en peores condiciones para hacerle frente, que es justamentelo que hoy pasa con la pandemia”, concluye De Luca. 



Ya son más de 430 mil hectáreas quemadas en todo el país

Incendios: los especialistas advierten sobre las 

consecuencias ambientales 

Hay nueve provincias con focos activos. La situación más preocupante se centra en Córdoba 
y San Luis.













Imagen: NA

Los incendios forestales avanzan en todo el país y en lo que va del año ya arrasaron más de 430 mil hectáreas en todo el país. De las nueve provincias con focos activos, las más afectadas al día de hoy son Córdoba y San Luis, adonde viajó este domingo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, para acompañar la llegada de dos aviones hidrantes y 76 brigadistas que se movilizaron desde distintos puntos del país. Además de señalar a la especulación inmobiliaria y a productores agropecuarios como responsables del fuego, los especialistas advierten sobre las consecuencias acumulativas del desastre ambiental. Sostienen que las sequías son producto de la deforestación de años anteriores y trazan un pronóstico desolador: los incendios provocarán nuevas sequías que a su vez realimentarán el ciclo de catástrofes naturales.

"Se habla de las sequías que posibilitan los incendios como si fueran un agente exógeno, como si no hubiera causas detrás de ellas. Cuando el año pasado en Brasil se incendió el Amazonas los especialistas ya decían que iba a haber consecuencias directas en toda la región y el aumento de sequías era una de ellas", aseguró en diálogo con Página 12 Guillermo Folguera, doctor en Ciencias Biológicas por la UBA e investigador del Conicet. Es que, para los especialistas, uno de los puntos más importantes a la hora de analizar las causas y consecuencias de los desastres ambientales se centra en comprender la conexión que existe entre los distintos fenómenos que ocurren a lo largo de los años en toda la región. 

"Hay una cuestión preocupante y es que cada presidente se ocupa de su país, cada gobernador de su provincia, cada intendente de su municipio, pero en términos ambientales todo está conectado: cuando se incendia el Amazonas impacta en Argentina", agregó Folguera. Por su parte, Roberto Bo, licenciado en Ciencias Biológicas por la UBA y director del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, explicó que "los efectos son acumulativos, la ocurrencia de un disturbio como la sequía potencia las posibilidades de que ocurra otro disturbio como el incendio. Con la sequía, por ejemplo, los árboles ya no tenían agua y ahora además los prenden fuego. No tenemos que potenciar los efectos negativos de la seca con malos manejos. En el Delta, si se observa cómo fueron apareciendo los focos queda claro que no fue la naturaleza".

Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), los incendios son producidos por intervenciones humanas en el 95 por ciento de los casos. En su visita a San Luis, el ministro Cabandié aseguró que "los Estados apagamos los incendios pero, como sucede muchas veces, luego se vuelven a encender. Ahí es la justicia la que tiene que actuar”. Además, el funcionario detalló que "hay distintas situaciones, a veces es lo ganadero, lo agrícola o lo inmobiliario, en la mayoría de los casos hay intencionalidad". En este sentido, el funcionario celebró el proyecto de ley presentado en el Cogreso por el diputado Máximo Kirchner que apunta a prohibir modificaciones en la utilización de los suelos en los bosques nativos afectados por incendios.  

A San Luis, donde se registran focos activos en Papagayo, El Morro y Carpintería, este domingo llegaron 76 brigadistas nacionales y 2 aviones hidrantes. Además de San Luis, hay otras ocho provincias con incendios: Córdoba, Jujuy, Catamarca, Misiones, Salta, Tucumán, Formosa y Chaco. En Córdoba, donde la situación es crítica desde hace más de una semana, hay focos en las serranías del noroeste provincial, entre el Valle de Punilla y Cruz del Eje, y también en los montes del sur en el departamento de Río Cuarto. Este domingo las condiciones climáticas fueron más favorables. Según un comunicado oficial del Gobierno de Córdoba, hubo un “alto porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado y un marcado descenso de la temperatura”.

El registro del SNMF indica que desde enero hasta el 15 de septiembre de este año, es decir, sin contar los grandes incendios de las últimas semanas, en Argentina se quemaron 434.975 hectáreas en 22 provincias. "En los últimos treinta años Argentina pasó a estar entre los diez países del mundo que más desforestó", señaló Folguera y agregó que "en términos ambientales nada bueno puede surgir de esto. La consecuencia más directa es la perdida de biodiversidad, pero también genera efectos a mediano y largo plazo". 

Para el especialista lo que se vive es un "espiral" de destrucción ambiental: "De golpe entramos en un espiral. La destrucción ambiental produce nuevos desgastes que lo único que hacen es intensificar los desastres. Ahora mismo hay un mapa de sequías que a su vez predice inundaciones en unos meses. En uno, dos, cinco años todo esto se intensificará". 

En este sentido, Folguera cree que habrá "un incremento productivista, algunos sectores ven estas cuestiones como oportunidades, es muy probable que los territorios quemados tomen forma de soja, vacas o negocios inmobiliarios". A su vez, el doctor en Ciencias Biológicas explicó que este proceso también repercutirá en los "procesos demográficos, hay políticas de despoblamiento porque cada vez es más difícil vivir en pequeños poblados".  

Del total de hectáreas quemadas a lo largo del año, la zona de las islas del Delta del Paraná fue las más afectada y solo en el territorio entrerriano se incendiaron 165.108 hectáreas. Según informó el Ministerio de Ambiente este domingo, ya no hay focos activos en las islas. Sin embargo, durante el año los incendios en esta zona se han apagado más de una vez y siempre se volvieron a encender. 

"En el Delta lo primero que necesitamos es que llueva y las perspectivas vienen mal, se está formando un ambiente más seco porque las perspectivas de recuperación de la cuenca del Paraná son lentas", explicó Bo, especialista en Ecología de Humedales, y agregó que "si viniera una creciente, el Paraná trae semillas y el sistema se recicla, pero si eso no pasa va a tardar mucho en recuperarse".

Además, el especialista detalló que "la magnitud y la duración de los fuegos hace que la situación sea muy problemática. Un pajonal quemado en el Delta se recupera en función de cuánto duró el fuego y cuán intenso fue. Si el fuego estuvo mucho tiempo y actuó constantemente se puede quemar la materia orgánica del suelo y la capacidad de recuperarse es menor. Este año las llamas llevan una duración enorme, hace diez meses que hay fuego en las islas y hay lugares que se quemaron más de una vez. Veo complicada la recuperación porque hay sectores en que se destruyó toda la capa orgánica".  

En cuanto a la situación de Córdoba, el especialista aseguró que "se quemaron áreas que antes no se quemaban y no es lo mismo recuperar un bosque que un pajonal". En este sentido, Bo explicó que, en los bosques con mucha biodiversidad, "cuando se quema aparecen arboles exóticos y volvés a tener un bosque pero distinto, con componentes que no son naturales ni originales" y añadió que "para ver el típico paisaje del bosquecito de Córdoba o recuperar un bosque ribereño en el Paraná van a pasar años". 

Informe: Santiago Brunetto


Los conmovedores testimonios de los que se instalaron: "Que sea pobre no quiere decir que sea menos".

Toma de Guernica: las 

gestiones de Andrés 

Larroque en el terreno

Los hombres y mujeres que accedieron a hablar con PáginaI12, cada uno con su historia de
miseria a cuestas, coincidieron en señalar que no tenían otra opción que ocupar el terreno 
para sobrevivir. 
Por Julián Bruschtein













Imagen: Enrique García Medina

El viento frío en Guernica azota las casillas. El sonido del plástico que protege  las casas en el predio del municipio de Presidente Perón donde la gente reclama vivienda se hace constante. "Venimos de años de abandono. La mayoría son familias de la zona que comparten el terreno. Sabemos que es un problema estructural sobre el que estamos trabajando. Logramos acordar con muchas familias que volvieron a sus casas y el lunes reanudamos la mesa de trabajo con las organizaciones", explicó el ministro de Desarrollo Comunitario, Andrés Larroque. En el terreno tomado, María, con su hijo en brazos explicó que "no pude pagar el alquiler y me desalojaron", una de las razones que afecta a muchas de las personas que piden un pedazo de tierra.  

"Hace veinte años que estoy en Guernica. Esto lo hacemos porque que sea pobre no quiere decir que sea menos", aseguró Noelia, integrante de una de las familias que fueron a la toma para reclamar vivienda. Vive a unas cuadras del predio tomado. En su terreno, en la parte de adelante vive su cuñado y la suya está unos metros más atrás. "En el 2015 se me quemó la casilla donde vivía con mi esposo y en ésta nos arreglamos", asegura señalando la casita de madera con piso de tierra adentro. Con 32 años y cinco hijos, señala el suelo húmedo y cuenta que "cuando llueve nos vamos a dormir a la casa de Ezequiel", de 18 años. Está frente a la suya, a dos metros de distancia, y un poco mejor preparada para una tormenta. "Tenemos derecho a vivir mejor", apuntó rodeada de los voluntarios del ministerio de Desarrollo con la Comunidad que asisten a las familias que acordaron retirarse de la toma.

El caso de Noelia es uno de los cuatrocientos que firmaron el acuerdo. "Mi marido falleció hace diez meses y todo se hizo mucho más difícil", relató sentada en una silla en el frente de su casa triste pero sin quebrarse. Además, explicó que sufre una enfermedad y que hacía meses no tomaba los retrovirales por falta de recursos. "Trabajé toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Pero cada día es más complicado", resaltó mientras su nieta de dos años Xiomara se ríe a carcajadas jugando con los hijos de su abuela que hacen picardías en medio de las visitas.

Foto: Enrique García Medina

El municipio cambió su fisonomía normal por el conflicto por la tierra. Entre las carpas del gobierno provincial, Larroque se instaló para seguir de cerca la toma y para acercar propuestas que la destraben. "Presidente Perón es uno de los tres municipios que más creció demográficamente en los últimos veinte años. Este es un tema que es estructural y que se agravó con la política del gobierno anterior", aseguró el dirigente. La respuesta institucional en principio fue cubrir las necesidades básicas de la gente para luego convocar a una mesa de diálogo para acercar posiciones. "Estamos buscando tierras, porque es un distrito que tiene pocas terrenos fiscales. Pero además acordamos con 400 familias que ya se retiraron de la toma y estamos trabajando para mejorar su situación", afirmó Larroque acodado en la mesa en la que un mapa donde está señalizada las tierras en conflicto.

El paisaje que muestra el viaje para llegar a Presidente Perón evidencia parte del conflicto. Una gran cantidad de barrios cerrados van pasando uno tras otro sobre la ruta. Uno tras otros van pasando otra gran cantidad de terrenos cercados en los que en algunos una entrada a medio construir indica que también tiene destino de barrio cerrado, a pesar de que los matorrales crecidos en el terreno muestran que hace tiempo que no hay avances.

La toma de terrenos comenzó el julio y se extendió por dos meses más. Presidente Perón es administrado por la intendenta Blanca Cantero, que proviene del massismo e integra el Frente de Todos. El gobierno bonaerense abordó el conflicto desde el inicio, aunque a algunas de las organizaciones sociales que tienen participación en la toma le plantearon sus diferencias. El funcionario se puso a intentar resolver el problema e intentó poner una oficina en el ingreso al terreno tomado, pero desistió ante la insistencia de las personas que reclamaban. Finalmente la base interministerial de la gobernación se afincó a una cuadra de la municipalidad, donde toman las decisiones y organizan el trabajo. Hay representantes del Polo Obrero, de Barrios de Pie - Libres del Sur, del Frente de Organizaciones en Lucha y del Frente Darío Santillán. También tiene presencia el Movimiento Teresa Rodríguez, la OLP - Resistir y Vencer y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, entre otros.

En la zona donde se instalaron por las familias, el frío se hace sentir. Algunas de las casillas ya fueron abandonadas, pero muchos vecinos todavía resisten. "Estaba alquilando y no pude pagar más terminé en la calle con mis hijos chiquitos. Qué más puedo hacer", señaló María mientras su hijo de casi tres años juega y se divierte entre el polvo que levanta el viento. Su hermano también corre, entran y salen de la casilla de madera y plástico, aunque con un improvisado contrapiso para evitar que se arme barro adentro cuando llueve. A unos metros un grupo de chicos improvisó una cancha de voley y se entretienen cuando empieza a caer el sol. La división del terreno la marca un alambre con guías enterradas en el piso con una entrada.

Dos adolescentes caminan con normalidad por su nuevo barrio. "Vivo con mis papás y tres hermanos. No pudimos juntar para el alquiler y nos desalojaron. Nos vinimos para acá a ver si podemos conseguir un terreno, aunque sea pagando. No tenemos nada", destacó Dylan, de 15 años y el pelo teñido con un mechón rubio cerca de la frente. Su amigo asiente y agrega que su familia "está igual. Queremos vivir un poco mejor", siguiendo su camino a encontrarse con el grupo que armaron en los casi tres meses que lleva la toma. Los delegados están en medio de una asamblea en la que analizan y deciden cómo van a seguir mientras el sol termina de caer.

"Con el censo que pudimos hacer se pudo organizar el trabajo para acercarle alguna solución a la gente. El setenta por ciento de las personas que están en la toma son de Presidente Perón. El resto pertenecen a seis municipios distintos", indicó Larroque al detallar el trabajo que viene realizando con su equipo. El martes pasado el gobernador Axel Kicillof anunció el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que aborda el nudo del conflicto en Guernica. "Se creó la Unidad de Tierra y Vivienda que está a cargo de (la ministra de Gobierno) Teresa García. El registro de oferta de tierra es muy importante", destacó el funcionario poniendo el acento en el plan que está pensado para el período 2020-2023. "De las familias que están en la toma, la mayoría son desocupados, el veinte por ciento tiene trabajo informal y el ocho por ciento tiene trabajo. De las cuatrocientas familias que firmaron el acta ya visitamos a doscientas tomando nota de las necesidades que nos plantean para poder acercar soluciones concretas", afirmó el ex diputado nacional.

El conflicto por la toma de tierras fue creciendo desde julio, y fue judicializado. El juez Martín Rizzo había dispuesto el desalojo para el jueves pasado. "Presentamos ante el juez el trabajo que realizamos. Primero fue el censo, después profundizar la información socio ambiental para poder tener un diagnóstico más profundo. Además informamos al juez de los acuerdos firmados, lo que hizo que prorrogara la fecha del desalojo hasta el 14 de octubre", detalló Larroque rodeado por el equipo que encabeza. Por las calles del municipio caminan los voluntarios con las pecheras del gobierno bonaerense para visitar a las familias que se retiraron pacíficamente del terreno en discordia.

"Recomponer la mesa de diálogo es el principal objetivo", destacó el ministro y agregó que "creemos que este lunes (por hoy) podemos volver a reunirnos. También es nuestra voluntad acercar la interministerial a la zona para poder profundizar el diálogo y acercar posiciones con las familias", anticipando algunos de los pasos que van a tomar esta semana. 



Un ex subsecretario convocado por Aguad era espiado por el propio Aguad

ARA San Juan: además de a 

los familiares, espiaban a sus funcionarios

El ex subsecretario de Defensa, José Luis Vila, denunció que lo perseguía un organismo de 
inteligencia del Ministerio de Defensa, cuya titular ahora es jueza federal.
Por Carlos Rodríguez













La actual jueza federal en Córdoba, María Noel Costa, denunciada como titular de la DNIEM, del Ministerio de Defensa. 
Imagen: Fino Pizarro

Un ex subsecretario del Ministerio de Defensa durante la gestión de Oscar Aguad, denunció ante la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, que estando en funciones fue objeto de amenazas y espionaje ilegal por parte de miembros de los servicios secretos durante la gestión de Mauricio Macri. La Bicameral, precisamente, se reunirá este lunes para incorporar la denuncia a las investigaciones sobre las denuncias de espionaje contra los familiares. El denunciante sostuvo que la persecución habría sido realizada por personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) del Ministerio de Defensa, cuando estaba al frente del organismo María Noel Costa, designada en ese cargo por el ex ministro Aguad.

En su presentación ante la Bicameral, el ex subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa José Luis Vila, colaborador del ex ministro Oscar Aguad, aclaró que tiene la certeza de que no fue espiado “ni por la inteligencia militar, uniformada, ni por los veteranos de los servicios de inteligencia”, a los que conoce porque durante doce años trabajó en la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Su sospecha recae sobre la DNIEM, organismo del Ministerio de Defensa que estaba entonces al mando de la doctora Costa, hoy jueza federal en la provincia de Córdoba.

La denuncia será analizada en la reunión que mantendrá este lunes la Comisión Bicameral, presidida por Leopoldo Moreau, que podría convocar a la jueza Costa para consultarla sobre la denuncia presentada por Vila. Ante esa posibilidad, familiares de los tripulantes del ARA San Juan solicitaron a la Comisión tener la posibilidad de remitir preguntas por entender que Costa puede también aportar “información sensible” sobre las causas del hundimiento del submarino.

En julio de 2019, Costa fue citada a prestar testimonio en la causa que tramita en el juzgado de Caleta Olivia a cargo de Marta Yáñez, para informar sobre tareas de inteligencia que habría realizado el submarino que naufragó con 44 tripulantes a bordo. Costa, alineada en la Unión Cívica Radical y amiga personal de Aguad, fue funcionaria del gobierno anterior hasta abril de 2019 y desde mayo de ese año es jueza del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba. En la causa por el naufragio, respondió las preguntas por escrito.

Costa no dio información sobre los aspectos centrales del interrogatorio como testigo, señalando que debía mantener en secreto algunas cuestiones, de acuerdo a lo que establece la Ley de Inteligencia. El juzgado envió una solicitud al ministro Aguad para que la relevara del secreto, pero el funcionario nunca dio respuesta. Cuando le reiteraron el pedido, Aguad ya había dejado el cargo. El mismo Aguad tampoco había dado respuesta, en septiembre de 2019, cuando se le pidió un informe sobre los dichos del subsecretario Vila (ver nota aparte), quien desde esa fecha esperaba la audiencia con los miembros de la Comisión Bicameral que recién se concretó en mayo de este año.

La abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de 26 de los tripulantes del ARA San Juan, presentó un escrito ante la Comisión Bicameral, el 16 de junio de este año, al tomar conocimiento de las denuncias que hizo el ex subsecretario del Ministerio de Defensa, en las que mencionó el nombre de Costa.

La abogada Carreras, entre otros familiares, representa a la esposa de Enrique Damián Castillo, el único miembro de la Inteligencia Naval que integró la tripulación del ARA San Juan. Ella se presentó ante la Bicameral en nombre de sus representados, antes de que se abriera la causa que lleva ahora en Mar del Plata el fiscal general Daniel Adler, en la que se investiga la pinchadura de teléfonos sufridas por los familiares de los tripulantes del submarino hundido en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017.

Lo hizo entonces en relación con la causa que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. La presentación fue por las “pinchaduras”, pero también para tomar conocimiento de la denuncia formulada por el ex subsecretario Vila que mencionan a la ex funcionaria de inteligencia.

En el escrito dirigido al presidente de la Bicameral, Leopoldo Moreau, la abogada Carreras le expresó el interés de los familiares porque en el cuerpo legislativo “se propuso convocar a la ex titular de la Dirección de Inteligencia DNIEM, del Ministerio de Defensa, doctora María Noel Costa, quien dejó el cargo citado para asumir como Jueza de Cámara en la Provincia de Córdoba”.

El motivo de la presentación es “acceder a la palabra de la doctora Noel Costa, quien no concurrió a prestar declaración testimonial, sólo hizo llegar un escrito a la instrucción, el cual no consta digitalizado en el PJN”, en referencia a su testimonio ante la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

Carreras señaló que el área de inteligencia en el que actuó Costa durante el gobierno de Macri “accedía a los oficiales de enlace con las fuerzas del extranjero, como también a los Agregados de Defensa extranjeros acreditados en nuestro país”. Cita entre ellos al “agregado de Defensa de EEUU Michael Rayburn, quien accedió a información del luctuoso final del submarino, antes que el Gobierno Argentino”.

Agregó que en el DNIEM “se manejaban los fondos de Inteligencia Militar, se realizaba la determinación e identificación del objetivo a investigar o a trabajar desde dicho área, se trazaba un nexo entre la Inteligencia Exterior y por ejemplo el G20”. Lo que pide la querellante es “poder probar que Inteligencia Militar no se resumía a solo ser recopiladores de datos, e información general como han pretendido asegurarlo los oficiales que testificaron oportunamente” en la causa de Caleta Olivia.

Señaló que en el intento de avanzar en la investigación de las causas del naufragio “volvemos a toparnos con María Noel Costa”. Lo que solicita es coincidente con “el pedido de citar a la doctora Costa que formulara el señor José Luis Vila”.

María Noel Costa asumió en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa (DNIEM) en septiembre de 2017, , designada por Aguad, tres meses antes de la desaparición del ARA San Juan. 


Con la premisa de intensificar el trabajo para recuperar la economía

Alberto Fernández acelera el 

Pacto Social: reunión con empresarios y sindicalistas

Este lunes se reunirán en Casa Rosada en el marco de un encuentro de Gabinete económico 
ampliado desde la Confederación General del Trabajo (CGT) hasta la Unón de Trabajadores 
de la Economía Popular (CTEP) pasando por la Unión Industrial Argentina (UIA) y distintas 
cámaras empresarias. La reunión será a agenda abierta y no se descartan anuncios a su 
término.













Foto de febrero, cuando el gabinete económico y social reunió a sindicalistas y empresarios para analizar el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Imagen: Télam

El presidente Alberto Fernández pasó su primera semana completa trabajando desde Casa Rosada. Fuentes cercanas al mandatario aseguraron, en diálogo con este diario, que "terminó la etapa de trabajo desde la Quinta de Olivos", y que "los funcionarios están muy contentos de que el Presidente haya vuelto a la Casa de Gobierno". Ahora, según adelantaron, el plan es "intensificar mucho el trabajo en pos de la aceleración de la recuperación económica". Con ese objetivo, este lunes se reunirá el Gabinete Económico que dirige el Jefe de ministros, Santiago Cafiero, con distintos actores sociales. Entre ellos, la Central General de los Trabajadores (CGT), La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA),  con la presencia de Hugo Yasky,  la Unón de trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que estará representada por su secretario General Gringo Castro, la Unión Industrial Argentina (UIA) y las Cámaras de Comercio y de la Construcción. El encuentro está fijado para las 17 y, según informaron a PáginaI12 fuentes de Casa Rosada, el objetivo central será "seguir construyendo la hoja de ruta de 'trabajo y producción', la obsesión de Alberto Fernández desde el diez de diciembre". 

La reunión será en la Casa Rosada, en el Salón de las Mujeres, donde también la semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció un paquete de medidas económicas. No solo formarán parte de la reunión del Gabinete Económico el jefe de Gabinete,  Santiagp Cafiero; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, el ministro de Economía Martín Guzmán, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, la directora de la AFIP, Mercedes Marco del Pont y el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sino que será un encuentro ampliado en el que también estarán presentes empresarios y sindicalistas.

Según detallaron fuentes del Ministerio de Trabajo a PáginaI12, la intención del Gobierno "es avanzar con el pacto social" --que consiste en una agenda de acuerdos de precios y salarios-- , y por eso, los mismos sectores que estarán en la reunión del Gabinete Económico el lunes, también fueron convocados por la cartera que conduce Moroni al Consejo Nacional del Salario que se reunirá el miércoles 14 de octubre por videoconferencia --citada en dos sesiones a partir de las 15 y 16.30--.

La reunión de este lunes en Casa Rosada será con una "agenda abierta", que tendrá como objetivo principal "escuchar y hablar de la recuperación económica con los distintos actores sociales". Se estima que luego del encuentro podría llegar a haber algunos anticipos importantes de medidas, como por ejemplo, la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia que comenzó en abril y que ya va por su cuarto pago.  

Los dirigentes del agro y representantes de las patronales rurales no fueron convocados a la reunión ampliada del Gabinete Económico, porque el gobierno nacional tiene planificada una reunión con ellos para el 14 de octubre --el mismo día que se reunirá el Consejo Nacional del Salario-- en la que llevarán a cabo una mesa de trabajo con el Consejo Agroindustrial. Esta entidad había enviado a Casa Rosada un plan para "incrementar las exportaciones" que está siendo evaluado por el ministerio de Hacienda.

La semana pasada, el Presidente también mantuvo una cena en la Quinta de Olivos junto a distintos empresarios de la que participaron el Jefe de Gabinete y el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro. En esa ocasión estuvieron sentados en la mesa junto al mandatario y los funcionarios, el presidente de Techint, Luis Betnaza, el presidente de la UIA, Adrián Kaufmann, el titular de la empresa de aluminio ALUAR, Javier Madanes Quintanilla y el empresario y ex senador, Roberto Urquía, entre otros.

Desde Casa Rosada adelantaron que otra de las actividades que estará en la agenda del Presidente esta semana es una reunión por videoconferencia el jueves con la cámara de Comercio del Estados Unidos. Para este evento se encuentra ultimando detalles el embajador Argentino en Washington, Jorge Argüello.

El Gabinete Económico es uno de los cinco gabinetes temáticos que funcionan de manera regular en Casa Rosada. Desde el comienzo de la pandemia en ese gabinete se decidieron programas como el ATP, el IFE, los créditos a tasa cero y los préstamos para pymes al 24 por ciento. Luego, en agosto, se sumaron otros cuatro gabinetes temáticos que funcionan como espacios de trabajo interministerial para, según explicaron en su momento desde la Jefatura de ministros, "implementar y fortalecer la dinámica de la gestión, así como también la consolidación de los ejes estratégicos y la articulación de políticas públicas, que serán coordinados por la Jefatura de Gabinete". Los restantes gabinetes son el de Comercio Exterior; el de Planificación Urbana y Hábitat; el de Promoción Federal y el de Ciudadanía.  


El retroceso en septiembre fue de 10,1 por ciento, según informó CAME

Las ventas minoristas 

empiezan a caer menos

En lo que va del año el retroceso acumulado es de 27,9 por ciento, influenciado 
fundamentalmente por el freno que registró la actividad en los primeros meses de la 
cuarentena. 













Las ventas de Perfumería y cosmética retrocedieron 19,3 por ciento. 

Las ventas minoristas bajaron 10,1 por ciento interanual en septiembre, según informó CAME. En lo que va del año el retroceso acumulado es de 27,9 por ciento, influenciado fundamentalmente por el freno que registró la actividad en los primeros meses de la cuarentena. En los locales a la calle las ventas cayeron 13,7 por ciento, mientras que el comercio online creció 21 por ciento, aunque con una incidencia baja en el total de operaciones.

“En la desaceleración de la tasa de caída del mes incidió mucho la normalización de la actividad comercial en el AMBA, aunque todavía con niveles de operaciones bajos”, destacó CAME en un comunicado. También incide que se está comparando contra un mes de altos retrocesos como fue septiembre de 2019, cuando las ventas tuvieron una disminución anual de 14,5 por ciento. Si se compara contra septiembre de 2018, en la actualidad el comercio está vendiendo 23 por ciento menos que dos años atrás.

Todos los rubros finalizaron en declive, incluso aquellos considerados esenciales como Alimentos, Farmacias o Materiales eléctricos y ferreterías, que todavía mantienen leves caídas. En el caso de Alimentos, el mes finalizó con un descenso de apenas 2 por ciento anual y en Farmacia, la caída fue de 1,1 por ciento, siendo el rubro con menor retroceso interanual.

El sector de mayor derrumbe anual continúa siendo Relojería, joyerías y bijouterie con una declinación de 25,9 por ciento. Este rubro está muy ligado a las salidas y paseos de la gente, con lo que las mayores estadías en los hogares las impacta. Además, en la medida que se fue normalizando la economía, se volvieron a ver ventas en las calles, donde prevalecen estos artículos. Especialmente en el Gran Buenos Aires.

Perfumería y cosmética quedó en segundo lugar con un retroceso interanual de 19,3 por ciento, mientras que calzado y marroquinería completó el podio con un descenso de 18,6 por ciento.

En el caso de la indumentaria, las ventas redujeron su tasa de caída anual, de 32 por ciento en agosto a 16,9 por ciento en septiembre. “Se vendió más ropa cómoda y menos ropa de vestir, la gente de volcó a los packs promocionales que lanzaron los negocios para cubrir gastos. Lo que sigue tirando para abajo el consumo en esta rama, son las restricciones para ingresar. Sobre todo, en las ciudades pequeñas, la gente manifiesta incomodidad de estar mirando, eligiendo y probando mientras otras personas (muchas veces conocidas) esperan afuera”, informó CAME.

Donde sí las ventas vienen mejor, es en Indumentaria y artículos deportivos: las operaciones bajaron 7,3 por ciento anual (siempre en cantidades) aunque con mejoras en aquellos comercios que venden artículos vinculados a todo lo que es ejercicio (gimnasia, caminata, correr, bicicleta). En cambio, continúan saliendo poco los artículos vinculados a deportes tradicionales.

Los datos surgen de la medición que realizó CAME en base a 1300 negocios de todo el país relevados entre el miércoles 30 de septiembre y el sábado 3 de octubre por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país y el AMBA. 


Desarrollo del Conicet incrementa el rendimiento del trigo y la soja

Innovación que resiste la 

sequía

La investigadora superior del Conicet, Raquel Chan, detalló a PáginaI12 cómo descubrieron 
esta tecnología que aún no se comercializa.
Por Natalí Risso













La Universidad del Litoral y el Conicet realizaron un convenio con Bioceres para el desarrollo. 
Imagen: Alejandro Elías

”Fuimos por una pregunta básica, pero teníamos en la mano una tecnología”, reflexiona la investigadora superior del Conicet Raquel Chan, directora del grupo de investigación que descubrió el gen HB4 del girasol, que permite que algunas especies pueden adquirir mayor tolerancia a la sequía. Aplicado en plantas de interés económico -como el trigo y la soja-, implica un rendimiento 22 por ciento mayor en producción de estos cultivos.  En diálogo con PáginaI12 cuenta cómo descubrieron la tecnología y en qué estado se encuentra hoy para su comercialización. 

-¿Qué motivó esta investigación?

-Con el equipo de investigación del Instituto de Agrotecnología del Litoral venimos trabajando para responder una pregunta muy simple, que tiene que ver con cómo se adaptan las plantas al medio ambiente a nivel molecular. Para que una planta se adapte a su medio hay muchos factores involucrados: agua, luz, temperatura, etcétera. La falta de agua es el más impactante en la producción. A su vez, la planta tiene una capacidad de adaptación al medio ambiente, que depende de las especies. En esos procesos hay involucrados entre 20 mil y 50 mil genes y proteínas, algunos de los cuales tienen mucha importancia para esa respuesta de adaptación. El girasol es la especie más resistente a la falta de agua, así que tomamos uno de sus genes y se lo insertamos en una planta que no lo tenía. Esa planta que recibe el gen pasa a ser un transgénico. Le pusimos un gen exógeno y descubrimos que en el girasol era efectivo en términos de que mejoraba su rendimiento frente a distintas condiciones de riego y con respecto a otras plantas sin el gen. El razonamiento fue, si le ponemos el gen a una planta de mayor interés económico, tenemos nueva tecnología en mano. 

-¿En qué consiste el convenio con Bioceres?

-Al entender que contábamos con una tecnología novedosa que podía aportar de forma positiva a la producción agropecuaria, la Universidad del Litoral y el Conicet realizaron un convenio con Bioceres. Es que para aplicar la tecnología en plantas de interés agronómico, hace falta inversión en patentes, agrónomos que hicieran ensayos a campo de verdad, e incluso espacios para hacer estas pruebas; además de asegurarse una producción a escala. 

-¿Cuáles son los argumentos que de quienes se oponen a la comercialización de este descubrimiento?

-Hay al menos dos grupos de personas en contra de esta tecnología. Por un lado los ambientalistas, que cuestionan cualquier producto que sea modificado. Hubo mucha mala propaganda de transgénicos a principios de los 2000, y la gente asocia transgénicos a glifosatos, porque efectivamente el transgénico más difundido es el resistente al glifosato. Pero este no es el caso. Por otro lado, están los grupos económicos, a los que no les conviene que Argentina sea pionera en desarrollar una tecnología de tolerancia a la sequía, y mucho menos que se la apropie una empresa relativamente chica como es Bioceres.

-¿En qué estado de aprobación está esta tecnología para su comercialización?

-Para que en un país como el nuestro se apruebe un producto transgénico, debe pasar por tres áreas del Ministerio de Agricultura: la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), el Senasa y la Dirección Nacional de Mercados Agropecuarios. En esta última aún no emitieron dictamen. Bioceres se encargó de financiar y gestionar los temas regulatorios.  Conabia requiere una demostración de que el nuevo producto no es dañino para el medio ambiente, o por lo menos igual de dañino que el producto sin el gen. Los resultados fueron positivos. Senasa exige corroborar que el producto no tenga más alérgenos o tóxicos que el original. También se demostró que no es dañino para la seguridad alimentaria humana y animal.  

-¿Cuál es la función de la Dirección Nacional de Mercados Agropecuarios?

-Define que el producto no le genere un problema económico al país. Para el caso de la soja, el convenio comercial con China establece que hasta que nuestro principal comprador no apruebe el producto no podemos comercializarlo. Nos exige los mismos ensayos que se hicieron en Argentina, pero en su tierra. Bioceres los está realizando hace cinco años y aparentemente está en la recta final. Con el trigo, nuestro principal cliente es Brasil y no hay un convenio, pero sí una cuestión de mercado. Aquí es más complejo porque Bioceres pide que se apruebe la comercialización del producto, supeditado a que Brasil lo apruebe; pero Brasil no va a aprobar si el país de origen no da el visto bueno. 

-¿Cuán importante es la aprobación de este producto para Argentina?

-Sería importantísimo ser pioneros en esta tecnología que se realizó gracias a una exitosa asociación público-privada y que generaría muchas divisas para el país. Asimismo, su no aprobación es un mensaje negativo para la investigación. Es decir, interpretamos que no deberíamos investigar más para conseguir tecnologías de este tipo, porque se la vamos a seguir comprando a empresas extranjeras.

 

Raquel Chan, investigadora superior del Conicet.

 

Fuente:Pagina12                                                           

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