Se descongelan la cuota de las prepagas: aumentan 15% en diciembre y 10% en febrero
El gobierno llegó a un acuerdo con las empresas. El último aumento había sido en diciembre. El valor de la cuota le había ganado a la inflación durante el macrismo.
El gobierno nacional y las empresas que brindan salud prepaga llegaron a un acuerdo y desde diciembre se descongelarán las cuotas, que ya tienen dos aumentos aprobados: un 15% antes de fin de año y un 10% en febrero de 2021.
“Se trata de primer ajuste de 2020. El último fue en Diciembre 2019. Este ajuste apunta a sostener las prestaciones del Sistema y cuenta con el compromiso de las entidades de Medicina Prepaga, de trasladar estas mejoras a los aranceles de Clínicas, Sanatorios e Instituciones de Diagnóstico”, explicó la Superintendencia de Seguros de Salud.
Con el devenir de la pandemia por coronavirus, el estado limitó sus precios para no golpear los bolsillos de los ciudadanos y las ciudanas que tan duramete sufren las consecuencias de la situación. Con este medida, las prepagas, que le habían ganado a la inflación durante el macrismo, estarán exactamente 12 meses con la misma tarifa.
A pesar de no haber aumentado la cuota durante todo 2020, estas empresas sí recibieron ayuda del estado nacional para que pudieran hacer frente a los costos adicionales que llegaron con los tratamientos por la pandemia. Además, estas empresas entraron al programa de ATP para los salarios de sus trabajadores.
Causa espionaje ilegal: rechazan la recusación a los fiscales
El recurso había sido presentado por la defensa de Darío Nieto y de los exjefes de la AFI, por temor a la parcialidad y supuestas irregularidades en el curso de la investigación.
Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide fueron ratificados al frente de la investigación por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé rechazó la recusación que había planteado la defensa de Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, al que se sumaron los exjefes de la AFI entre fines de 2015 y 2019, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
La decisión del juez Augé es inapelable, según establece el Código Procesal. Ello significa que la única manera de separar a los fiscales de la investigación radicará en una cuestión de “competencia”: la pretensión de las defensas para sacar el expediente de Lomas de Zamora y llevarlo a Comodoro Py 2002.
La audiencia en la que se resolvió el rechazo a la recusación de los fiscales se realizó vía la aplicación informática Zoom en la víspera. Durante casi tres horas expusieron sus argumentos el abogado de Nieto, Gervasio Caviglione Fraga; la de Arribas y Majdalani, Silvia Ayuso; el de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi, y el de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, entre otros.
La embestida de Nieto contra los fiscales se focaliza en el temor de parcialidad, supuestas irregularidades en la implementación de medidas de investigación que lo tuvieron por objetivo (especialmente el secuestro y la utilización de la información extraída de su teléfono) y la filtración de información, que además generó una denuncia penal.
Después de escuchar a las partes, el juez Augé rechazó la recusación pero no aplicó a los exfuncionarios acusados el pago de las costas del incidente judicial porque entendió que pudieron creerse con derecho al reclamo de apartamiento de los fiscales.
El gobierno busca instalar sus medidas en el debate público
A través de una campaña, aspira a que sus medidas no pases desapercibidas.
Después de los ecos que dejó la carta de Cristina Fernández, el presidente Alberto Fernández llamó este miércoles a la unidad, en un acto que eligió hacer en una cervecera en Luján de la mano de Axel Kicillof. Al mismo tiempo, se lanzó desde las redes una campaña denominada “Reconstrucción Argentina”, que lanzó primero el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y que es una recopilación de todas las medidas de gobierno que se implementaron desde el comienzo de la gestión, que también coincide con la llegada de la pandemia al país.
“Desde el primer día trabajamos para resolver los problemas de las argentinas y los argentinos. Unidos hagamos el país que nos merecemos. #ReconstrucciónArgentina”, se lee en las redes de los funcionarios y se muestra una seguidilla de medidas masivas que se implementó desde el Ejecutivo: créditos pymes, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argetina Hace, IFE, créditos a tasa 0%, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamiento del satélite, programa Casa Común, programa Potenciar, conectar igualdad, plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires.
“Eso es algo que sucede siempre, no es algo particular de esta gestión, cuánto más exitosas son algunas medidas, más se naturalizan”, analizaban desde gobierno, y destacaban la apropiación de medidas masivas por parte de la ciudadanía del IFE y el ATP.
La campaña que consiste en dos videos, uno más corto y otro más largo que se sumaron a otros que se emitieron la semana pasada, fragmentados por ministerio.
Una de las variables que analizan en gobierno es que la situación de la pandemia desordena el debate público. Hay ruido por la pandemia más el ruido político alrededor de la pandemia.
A su vez, sostenían que el contrato electoral con el que asume el Frente de Todos no solo está vigente, sino que la administración Fernández, al encontrarse con algo absolutamente inesperado, sigue con la decisión política de mantener el eje de ese contrato electoral. Destacaron que el ATP es clave para mantener el tejido productivo de las pymes, que una vez pasada la pandemia, es necesario para reactivar la economía, la tan mentada esperanza de Fernández durante la campaña. “Muy distinto sería que hubiera un cementerio de empresas chicas y medianas que luego cuesta mucho más poner de pie”, analizaban.
Con respecto al IFE, sostienen que no habría sido implementado si no hubiera habido pandemia, pero sí coincide con el espíritu del contrato electoral de empezar por los últimos, tal como decía el presidente durante el año pasado.
Lo mismo sucede con los 12 hospitales modulares, que ya quedaron disponibles y se espera que se construyan más para este verano en la zona costera bonaerense.
“La pandemia en algún momento va a pasar, pero cuando pase tenemos que estar preparados para seguir con la reconstrucción, muchas de las cosas que se hacen ahora atienden a la emergencia por un lado, pero también están pensadas para dejar las bases productivas y sociales preparadas”, se esperanzan.
Fuente:TiempoArgentino
30.10.2020 / Escandaloso
Un testigo reconoció que la AFIP macrista persiguió al Grupo Indalo y que su deuda estaba "regularizada"
En el marco del juicio oral, un ex funcionario de alto rango en el organismo reveló que "áreas centrales" bajo las órdenes de Abad crearon una "herramienta" para vigilar a la empresa dueña de medios periodísticos lejanos al macrismo. "Para alguien, podía ser importante ver a todo el grupo", sugirió, y reconoció que los planes de pago a los que la firma ingresó "corrían para todos".
En pleno juicio oral, es decir bajo juramento y con riesgo de ir preso ante una declaración falsa, el ex director de Recaudación de la AFIP durante el Gobierno de Mauricio Macri reconoció que bajo la gestión de Alberto Abad el organismo creó una "herramienta" especialmente diseñada para vigilar y perseguir al Oil Combustible y el Grupo Indalo por una deuda que, según advirtió, ya estaba "regularizada".
Ambas cuestiones son centrales para comprender una causa que sirvió políticamente al macrismo: se intentó presionar y callar la voz de esa firma, que a su interior tiene a diversos medios, como C5N, cuya línea editorial era contraria a los intereses del Gobierno de Cambiemos. Pero además contribuyó a solidificar la idea de que la administración kirchnerista financiaba al Grupo Indalo y que éste no pagaba los impuestos correspondientes y, así, estaba fuera del cumplimiento de la ley.
Según informó hoy Ámbito Financiero en una nota de Gabriel Morini, Sergio Oscar Flosi, que intregraba la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, aseguró en una declaración fraccionada que la gestión de Abad creó un sistema informático especialmente desarrollado por el organismo para monitorear en tiempo real los movimientos de la petrolera Oil Combustibles y de sus empresas relacionadas.
Lo que hizo el ex funcionario es reconocer el hallazgo que se investiga en otra causa judicial que tiene en el centro de las acusaciones al ex administrador macrista por haber escogido un puñado de contribuyentes para incluirlos en esta “herramienta informática”.
Según trascendió, aunque no lo dijo el testigo, además del grupo económico de Cristóbal López, el único otro gran contribuyente que Abad metió en la aplicación era el de Lázaro Báez.
Si bien Flosi trató de aclarar que su área no utilizó el sistema diseñado dentro de AFIP porque tenía acceso a las bases de datos por otra vía, sí mencionó que la plataforma permitía que otros sectores del ente recaudador pudieran acceder a la misma información sobre Oil, cuyo diseño corrió por cuenta de las “áreas centrales” que estaban bajo el mando de Abad.
Ante la mención de un presunto “grupo de tareas” que realizaba los análisis sobre Oil, el testigo esquivó definciones al sólo responder que él trabajaba con su equipo. No obstante, deslindó todo en órdenes de Juan Carlos Santos, su superior en Grandes Contribuyentes, y uno de los señalados como encargados de impulsar el estrangulamiento de la empresa pereguida por Macri desde el fisco.
En el marco del juicio, Flosi continuará declarando la semana próxima, pero también se sabe que Santos, su superior y según sus palabras responsable de la vigilancia contra Oil, tendrá que sentarse como testigo.
Hubo otros dos puntos centrales esgrimidos por el macrismo para atacar al grupo lejano a sus intereses: en primer lugar, que debía más dinero que otros y que había recibido planes de pago que otras empresas no; y en segundo lugar, que esta supuesta situación irregular fue "descubierta" gracias a decisiones de la administración macrista.
Convocado por la querella y la fiscalía para declarar en el juicio, Flosi tuvo un primer análisis sobre la situación de planes de pago de Oil Combustibles y de su deuda apenas fue recibido por Grandes Contribuyentes. Ante preguntas, confirmó el informe en el que cuantificó una deuda de $6645 millones, pero también agregó que todos los planes de pago que habían quedado caducos fueron incluidos en nuevos planes contenidos en Resoluciones Generales, procedimiento que se hizo de manera automática y que los sistemas de AFIP permitían, sin intervención humana.
“Corre para todos los contribuyentes”, sostuvo el testigo, con casi 40 años de carrera, descartando de manera tajante cualquier tipo de ayuda a las empresas de López. Y agregó: “Tenía planes totalmente vigentes y se actualizó esa información (a la justicia). No era deuda exigible”.
Respecto del segundo punto, confirmó que la AFIP del kirchnerismo, durante la era Ricardo Echegaray, ya había tenido intenciones de mover a Oil de la agencia Palermo a Grandes Contribuyentes a principios de 2015. Esto es clave porque la gestión macrsita siempre argumentó que se había “ocultado” a la petrolera para permitirle controles más laxos.
Sin embargo, cada testigo al que se le preguntó rechazó que existieran diferencias entre los controles de ambas áreas. Lo que ahora se agregó y generó sorpresa, como consignó Ámbito, es que se hubiera evaluado hacer algo similar con un año de anterioridad, lo que contradice que ese paso hubiese sido clave para advertir su situación respecto al ITC. “Es exactamente igual”, explicó Flosi las acciones que desde ambas áreas se hacían para intentar el recupero de las deudas.
El testigo también aclaró cómo se tramitaban los planes de pago especiales del Artículo 32 y los pedidos que surgían para los planes de pago hasta de organismos públicos y de entidades sin fines de lucro, incluyendo otras petroleras. La fiscalía intentó cuestionarlo, pero respondió contundente: “Se trataba de un contribuyente que había decidido acogerse a planes de pago y estaba dilatando el ingreso mensual de su obligación, pero todos los planes estaban vigentes. No era exigible la deuda porque estaba financiada”.
“En ese momento no había que tomar ninguna decisión. La había regularizado reiteradamente en planes de pago”, agregó, frase que no tuvo mucho impacto al ser pronunciada, pero que remarcar que dijo que “no había que tomar ninguna decisión” sugiere a las claras que ocurrió lo contrario.
30.10.2020 / Política y Justicia
El PRO línea Larreta respaldó la idea de Carrió de apoyar la designación del procurador propuesto por Alberto
El espacio más moderado del partido fundado por Macri se distancia cada vez más de los halcones liderados por el propio ex presidente y Patricia Bullrich: Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno porteño, avaló que se vote al juez Daniel Rafecas como jefe de los fiscales, tal como pidió "Lilita". Qué puede pasar.
Las diferencias que se reproducen al interior de Juntos por el Cambio son iguales, o tal vez menores, que aquellas que recrudecen casi ante cada tema de la agenda política en el PRO, el histórico partido fundado por Mauricio Macri que lo llevó a gobernar la Ciudad y luego la Argentina.
Es que después de que la UCR y el sector más duro del PRO, con el propio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, rechazaran el pedido de Elisa Carrió, la otra socia de JxC desde la Coalición Cívica, de votar a favor de la designación del candidato del Frente de Todos para la Procuración General de la Nación, ahora el ala moderada que se mueve alrededor de Horacio Rodríguez Larreta avaló la idea de "Lilita".
Todo comenzó cuando la ex diputada nacional anunció su posición sobre el juez federal con un comunicado y luego recorrió canales de TV. “Rafecas sabe derecho, lo respaldan los fiscales más serios de la Nación y evitamos que 'Madura'", dijo Carrió en referencia a su idea según la cual compara a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el presidente venezolano, a partir de la hipótesis de que ella desea modificar la forma de designación del procurador.
La líder de la CC, de hecho, sostuvo que hace unos meses le pidió al candidato a Procurador de Alberto que no desistiera, con uno más de sus argumentos casi místicos: “Puede ser la última salvación de la República”.
Antes de esto, Rafecas ya había advertido, de todos modos, que no aceptaría el cargo si el oficialismo cambia el requisito de los dos tercios de los votos por una mayoría simple para su nombramiento.
En medio de todo este cruce, Carrió también pidió “ayudar” al Presidente y disparó contra Macri: “Ya fue. No tengo ganas de hablar con él, me faltó el respeto”. Según Clarín, integrantes de la Coalición Cívica remitieron a una discusión durante un encuentro entre ambos de manera virtual.
En este punto, Bullrich e integrantes del bloque de senadores de JxC rechazaron en on y en off la propuesta de Carrió. También pareció distanciarse Macri este mediodía en Twitter. Pero el PRO porteño, que lidera Larreta, salió a despegarse y avaló a "Lilita".
“Comparto la decisión de Carrió”, le dijo Diego Santilli, el vice de Larreta, a Clarín sobre la estrategia para el caso Rafecas. Legisladores del sector más moderado de Juntos por el Cambio, en linea con Rodríguez Larreta, transmitieron una posición similar. Cristian Ritondo, el jefe del bloque de Diputados del PRO, había elogiado al juez federal a título personal, lo que no quita el peso de sus palabras hacia la opinión pública y como mensaje interno: “En mi experiencia, de haber trabajado con él como ministro de Seguridad, es un excelente profesional”.
Todo esto no significa que las diferencias se traduzcan en acciones concretas en el Senado, pero muestra que el debate está abierto. El PRO tiene ocho legisladores en la Cámara alta, aunque el interbloque se propuso tomar una posición unificada. En ese grupo, una senadora responde a Larreta: es Guadalupe Tagliaferri, ex ministra de Desarrollo Social porteña.
“Es inteligente lo que ella está planteando. Rafecas es un tipo razonable. Si se cae esa propuesta no sabés en qué termina el Ministerio Público”, fue el argumento en la sede de Uspallata, en línea con el comunicado de la Coalición Cívica, e incluso se escuchó una autocrítica -o una crítica a Macri- sobre la estrategia que derivó en Eduardo Casal como interino.
Según Clarín, la postura del PRO de Larreta habla del presente con el pasado como antecedente. “Fue un error proponer a (Inés) Weinberg de Roca y no a (Raúl) Pleé. Ahora tendríamos un Procurador designado”, argumentan.
30.10.2020 / Buena para el Gobierno
Dólar y tipos de cambio implícito: el blue, el CCL y el MEP cerraron una semana con fuertes caídas
Tras la exitosa licitación de bonos y papeles, el Gobierno consiguió que la divisa del mercado paralelo cayera en cinco días 26 de los $49 que llevaba aumentados en octubre, para cerrar hoy en $169. El Contado con Liquidación bajó un 2,3% a $147,70 y achicó la brecha al 88,6%, mientras que el Bolsa cedió un 0,6% a $143,23. Qué pasó con el oficial.
Después de la muy exitosa licitación de bonos y papeles en pesos atados a la fluctuación de la divisa y otras medidas del Ministerio de Economía, el Gobierno consiguió una notoria mejora esta semana en la situación cambiaria que le permite terminar octubre mucho mejor de lo que estaba cinco días atrás: el dólar oficial culminó estable, el blue cayó fuerte y el resto de los tipos de cambios implícitos clausuraron este viernes con una baja de más del 12% y las brechas por debajo del 90%.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) retrocedió hoy un 2,3%, y así acumuló en la semana una caída de 12,4% ($21), hasta llegar a los $147,70 con lo que la brecha cerró al 88,60%, la más baja en un mes.
Con la misma tónica, el dólar MEP o Bolsa descendió un 0,6%, lo que significa un 7,7% ($11,9) en la semana. Así, el spread terminó en el 82,9%.
Sin embargo, los tipos de cambio implícitos dejaron atrás un octubre complicado con un avance de casi 4%, provocado en medio de una fuerte presión cambiaria y con grandes fondos de inversión ligados a ex funcionarios del macrismo. De hecho, el 21 y 22 de octubre tocaron sus máximos históricos: $181,83 (CCL) y $170,90 (MEP).
"Los que acopian esperan una devaluación para vender, y se van a quedar esperando que eso ocurra", aseguró el presidente Alberto Fernández en declaraciones radiales, con lo que, antes y después de las medidas, el mandatario descartó que vaya a haber "permiso" del Gobierno para la caída del peso.
El Gobierno, en la antesala del cierre de esta buena semana, tomó muchas medidas. Se estableció un esquema transitorio de retenciones para la soja y sus principales derivados; el Banco Central modificó sus rendimientos pasivos para reacomodarlos a una "tasa de equilibrio" del mercado luego de la mega licitación del Tesoro; el Ministerio de Economía obtuvo financiamiento por un monto total de $254.671 millones a través de la colocación de un bono en pesos atado a la variación del dólar, en el que obtuvo un equivalente a USD1.660 millones, y otros cuatro títulos de distintas características; y también se redujo el “parking” en inversiones de valores negociables a tres días y se vuelve a permitir a los no residentes operar en el Contado con Liquidación.
En tanto, el dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y un 35% a cuenta de Ganancias-, subió un 4% en octubre a $138,42 (-2 centavos hoy), ya que el promedio minorista cerró a $83,89. En el Banco Nación, en tanto, el billete se vendió a $83,50.
La divisa en el segmento mayorista subió $2,14 a $78,32 con lo que exhibe un avance del 30,77% en lo que va del año. En la semana, la divisa subió 19 centavos, la corrección semanal más baja desde la penúltima semana de enero pasado. Mientras que, en el día, subió dos centavos, en un escenario de bajo volumen de operaciones.
El dólar blue, finalmente, cerró en baja por quinta jornada consecutiva este viernes: cayó otros $6 hasta los $169, lo que representa su menor valor en dos semanas, según publicó Ámbito. La brecha cambiaria, frente al oficial, se redujo al 115,8%, tras rozar el 150% el viernes pasado.
Así, en la semana, el billete paralelo acumuló una merma de $26, al pasar desde el récord de $195 hasta los $169 actuales. De todos modos, en el mes registró una suba de $23, tras haber cerrado septiembre en $146.
Al referirse a la situación cambiaria, Fernández reconoció que la Argentina tiene "un problema" allí, pero aclaró que su Gobierno trabaja en forma diaria para poder despejar la incertidumbre y dar mayores certezas a los inversores. También habló del dólar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que la economía "bimonetaria" es "el problema más grande" del país y que debe ser resuelto a través de un amplio acuerdo.
Fuente:PoliticaArgentina
Lavagna apoyó la convocatoria al diálogo de Cristina
El exministro de Economía Roberto Lavagna apoyó la convocatoria al diálogo que hizo el lunes pasado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El exministro de Economía -durante el gobierno de Néstor Kirchner- y también excandidato presidencial Roberto Lavagna apoyó hoy la convocatoria al diálogo que hizo el lunes pasado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que "ese ejercicio permite proponer, coincidir o disentir dentro de los márgenes del respeto y teniendo el objetivo del bien común".
Lavagna dijo en un comunicado difundido por las redes sociales que "la política bien entendida y generosa con el ciudadano no reconoce mejor forma que el diálogo como factor constructivo de un futuro mejor", citó Télam.
"A 37 años de haber recuperado la democracia y el ejercicio de la soberanía popular, el pueblo argentino merece que construyamos el futuro con diálogos para el consenso", agregó el exministro de Economía en los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, quien recordó, además, la histórica elección del 30 de octubre de 1983.
Lavagna resaltó que "la recuperación de la democracia nos confirmó entre sus enseñanzas el valor del diálogo político, entonces ejercido por la Hora del Pueblo", documento firmado el 11 de noviembre de 1970 por la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) y los partidos Peronista, Socialista Argentino, Conservador Popular y Bloquista, que exigía elecciones inmediatas tras la caída del dictador Juan Carlos Onganía el 8 de junio de aquel año.
"Hoy quizá la realidad nos reclama otra Hora del Pueblo, con la intervención de las fuerzas políticas y otras instituciones de la sociedad", concluyó.
La vicepresidenta escribió una carta con motivo de los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner en la que invitaba a los diferentes sectores al diálogo.
"Es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina", aseguró la vicepresidenta en el documento difundido el 27 de octubre.
Fuente:Infonews
Horas decisivas en el caso D’Alessio: Stornelli aseguró que se pondrá a
Derecho y entregará el pasaporte
Tras dejar vencer el primer plazo que le había dispuesto el juez Alejo
Ramos Padilla, el fiscal procesado dijo que cumplirá con las medidas cautelares
que le fueran dispuestas. Debe entregar el pasaporte y pagar una caución de $10
millones, que pidió “adecuar a su situación patrimonial”. Qué le respondió el
magistrado.
31 DE OCTUBRE, 2020
Por Franco Mizrahi
El fiscal federal Carlos Stornelli finalmente afirmó que se pondrá a Derecho en el caso D’Alessio, donde está procesado. El titular de la Fiscalía Federal Nº 4 de la Capital Federal había dejado vencer el primer plazo que le había dado el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para entregar su pasaporte y pagar una caución de 10 millones de pesos. Luego del primer vencimiento, Ramos Padilla extendió otros tres días hábiles el plazo y la abogada del fiscal, Raquel Pérez Iglesias, presentó un escrito en el que aseguró que su representado cumplirá las medidas cautelares que le fueran dispuestas. Este viernes, el Ramos Padilla convalidó el escrito y espera que Stornelli cumpla con lo que dijo.
El pasado 21 de octubre, cuando cerró una importante etapa de la instrucción del D’Alessiogate, Ramos Padilla amplió varios procesamientos, como el del espía ilegal Marcelo D’Alessio, el del periodista de Clarín Daniel Santoro y el del fiscal. A su vez, respecto a este último, ordenó que entregue su pasaporte y pague una caución para “garantizar su sujeción al proceso y la concurrencia a tribunales cuando sea convocado”. Stornelli reaccionó acusando al juez de montar “un show mediático”. Pero al parecer cambió de opinión. Ramos Padilla lo había notificado de una extensión del plazo para dar cumplimiento a lo requerido “bajo apercibimiento, en caso de un nuevo incumplimiento injustificado, de disponer lo que por derecho corresponda”.
De acuerdo a fuentes con acceso al expediente, en el escrito que acercó su abogada, Stornelli señala que entregará el pasaporte y pagará la caución aunque pidió una “adecuación a su situación patrimonial”. “En lo que hace al pedido de ‘adecuación’ del monto de la caución impuesta y la solicitud de que el mismo se revea atendiendo ‘a las posibilidades patrimoniales’ del imputado; una vez que sean identificados los bienes inmuebles que se habrán de poner a disposición para garantizar la sujeción al proceso, se analizará”, le respondió el juez este viernes.
Un pasaje insólito del escrito de Stornelli refiere a la pandemia y el funcionamiento de los tribunales de Dolores. “En virtud de las consultas que se efectúan vinculadas al modo de ingreso a la ciudad de Dolores, hágasele saber que no se requieren permisos especiales, más allá de los permisos administrativos generales que se han dispuestos en el marco de la pandemia por el Poder Ejecutivo Nacional -tal como lo han gestionado todas las partes que habitualmente concurren a esta sede sin inconveniente alguno”, indicó Ramos Padilla. Y luego agregó: “En lo que hace a su consulta vinculada al ingreso al Tribunal, hágasele saber que tratándose de un trámite sencillo, puede concurrir en el horario de atención al público o coordinar –vía correo electrónico y/o telefónicamente– un turno por Secretaría”. Respuestas elementales que un fiscal federal debiera saber.
Además de asegurar que se pondrá a Derecho, Stornelli apeló la ampliación de su procesamiento que dispuso el juez federal de Dolores. Es que Ramos Padilla le adjudicó participación en un nuevo hecho: el caso de Pablo Barreiro, víctima de la banda de D’Alessio y quien fuera secretario de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta de la Nación. El pasado 21 de octubre, el magistrado procesó al fiscal por el “delito de extorsión en grado de tentativa” en perjuicio de Barreiro “en carácter de coautor, cometido en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal”. “Ese delito concurre de forma real con aquellas otras conductas ilícitas por las que ya se ha dictado su procesamiento”, aclaró Ramos Padilla.
El fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos ya había sido procesado por siete hechos, en diciembre de 2019: “GNL”, “Brusa Dovat–PDVSA”, “Terrorismo–Irán”, “Pedro Etchebest”, “Ubeira”, “Castañón” y “Munín–Talevi”. La Cámara Federal de Mar del Plata, instancia revisora del juzgado de Dolores, aún no resolvió la primera apelación que hizo el fiscal. Ahora se sumó un octavo suceso.
Fuente:ElDebate
30/10/2020 SESIÓN ESPECIAL
El Senado convirtió en ley el proyecto que refinancia las deudas de las provincias con Anses
Uno de los principales ejes de la iniciativa establece que 21 de las 24 jurisdicciones podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo.
La Cámara de Senadores convirtió este viernes en ley por unanimidad, en el marco de una sesión especial, el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
El expediente obtuvo el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición durante la segunda sesión de la semana, debido a que en la víspera la Cámara alta también se abocó al análisis de otras iniciativas de ley.
El proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la ANSES.
Uno de los principales ejes de la iniciativa establece que 21 de las 24 jurisdicciones (las que no firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis) podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo, y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.
Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del Tesoro Nacional.
El expediente establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.
Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento, mientras que los intereses se pagarán con una tasa del 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.
También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En ese sentido, el proyecto fija que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en la administración de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.
Además, se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional.
Con respecto a los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1º de enero de 2020.
También establece que la reanudación del cobro de las mismas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito del momento en que quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las fue otorgado y con las modificaciones acordadas que favorecen al deudor.
La iniciativa también crea el Fondo Fiduciario Público "Programa de Inversiones Estratégicas" que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.
Durante la sesión de esta tarde, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el pampeano Daniel Lovera, afirmó que “este proyecto pretende alterar la fuente de financiamiento, haciendo que los mismos sean soportados con los recursos del SIPA y con las reasignaciones presupuestarias que determine el Ministerio de Economía”.
“De ese modo podemos cubrir a los beneficiarios de la reparación y preservar los recursos direccionándolos a su principal objetivo”, explicó Lovera y agregó que “se trata de un paso necesario para lograr un sistema previsional fuerte y solidario”.
En tanto, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio, aseguró que la iniciativa busca “jerarquizar el Fondo de Garantías de Sostenibilidad” como “una estrategia muy significativa que es bueno para ANSES y los jubilados”.
“El horizonte que tenemos por delante es construir una Argentina inmensamente productiva que deje de lado todo el sistema especulativo que debe ser canalizado por otro lado”, afirmó el legislador mediterráneo.
Por su parte, el senador bonaerense Esteban Bullrich, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aseveró que el FGS “sigue la tendencia de la Argentina: cuando a la Argentina le va bien, al fondo le va bien y viceversa. Pero esta ley no basta”.
“Debemos pensar que estamos frente a un sistema que es deficitario y esa condición debe ser atendida, porque sino el fondo nunca va a alcanzar”, agregó el senador de Juntos por el Cambio.
Por último, Bullrich defendió la fórmula del cálculo de las jubilaciones aprobadas durante el gobierno de Mauricio Macri y que la administración de Alberto Fernández decidió suspender.
“El gobierno está 'defaulteando' a los jubilados por no seguir la fórmula que se sancionó en algún momento. El oficialismo puede decir que piensa en los jubilados futuros, pero no en los presentes”, añadió el senador bonaerense.
A su turno, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff, defendió la política previsional del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, al argumentar que “parecería ser que, según el oficialismo, el derrumbe del FGS nace con una decisión política de la reparación histórica”.
“La decisión del destinar el dinero del blanqueo a la reparación no fue una mala decisión política”, afirmó Naidenoff.
Si bien elogió la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de incorporar al sistema previsional a millones de jubilados que no registraron aportes, Naidenoff advirtió que “no puede ser lo mismo quien aporta que quien no aporta: tal vez hubiera sido mejor que quienes ingresaron al sistema tuvieran un beneficio inferior a la mínima de quien aportó durante 30 años”.
Finalmente, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, recordó que cuando terminó el gobierno de Fernández de Kirchner, el FGS tenía un valor de 65 mil millones de dólares y que cuando Macri dejó el poder “había caído a 35 mil millones de dólares”.
“Por el camino se les cayeron treinta mil millones de dólares. El equivalente a las reservas argentinas. Eso fue producto de muchas arbitrariedades”, concluyó Mayans.
30/10/2020 DOCUMENTO
Firme respaldo de todas las provincias a la estrategia nacional contra la pandemia
Los ministros y ministras de Salud de todas las provincias dijeron que "la estrategia de amesetamiento de la curva de contagios mediante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ha sido, sin lugar a dudas, una estrategia efectiva".
Los ministros y ministras de Salud de todas las provincias respaldaron la política sanitaria del Gobierno Nacional frente a la pandemia de coronavirus y dijeron que "la estrategia de amesetamiento de la curva de contagios mediante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ha sido, sin lugar a dudas, una estrategia efectiva".
Los funcionarios provinciales afirmaron en un documento conjunto que gracias a esa estrategia "se logró el efecto buscado: tener un sistema de salud preparado y con mayor capacidad de respuesta", según indicaron este viernes fuentes del Ministerio de Salud de la Nación.
"El colapso sanitario registrado en diversos países del mundo obedeció al desborde que sufrieron los sistemas hospitalarios a raíz de la pandemia de la Covid-19, y la propagación de este virus puso tales sistemas al límite, provocando que se vieran sobrepasados y paralizados, especialmente por falta de infraestructura, personal y otros medios necesarios para afrontar las circunstancias", indicó el documento suscripto por los ministros provinciales.
"En nuestro país, desde el comienzo de la pandemia y con la detección del primer caso positivo, el día 3 de marzo pasado, se pusieron en marcha una serie de acciones comandadas por el Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Ginés González García, que transcurridos 7 meses han permitido lograr un abordaje adecuado de la contingencia sanitaria", señaló el escrito.
Los ministros también recordaron que, en ese contexto, "las jurisdicciones pudieron incrementar (duplicando y hasta triplicando) las capacidades de nuestras terapias intensivas, con la incorporación de equipamiento aportado en su mayor parte por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a un criterio de equidad".
Los ministros destacaron, además, la política de descentralización de los laboratorios, que permitió "dotar a cada una de las provincias del equipamiento necesario (termocicladores en tiempo real) para hacer los diagnósticos de la enfermedad en los pacientes".
"Esta medida logró aumentar significativamente la cantidad de testeos, acortando los tiempos en el diagnóstico", agregaron.
Y dijeron que, "así las cosas, se logró un objetivo histórico, muchas veces pregonado y nunca concretado: tener un sistema de salud único, conformado por los subsectores público y privado, merced a un acuerdo de trabajo conjunto, en virtud del cual se unificaron criterios y se optimizó la capacidad de respuesta".
Los ministros explicaron en el documento que una pandemia "es un evento único y extraordinario, más aun cuando se trata de una enfermedad nueva, que no se conoce y para la cual no hay estrategias de abordaje previamente diseñadas".
Y acotaron que "la dinámica de la enfermedad nos obligó a tomar decisiones de alto grado de impacto, no solo sobre el sistema sanitario sino también sobre otras áreas del Estado, y esas decisiones nunca fueron tomadas unilateralmente, sino que siempre fueron discutidas, consensuadas y aplicadas con el acuerdo del conjunto de ministros y ministras de Salud de cada una de las jurisdicciones del país".
Los ministros ratificaron que ese mecanismo en la toma de decisiones "fue algo totalmente inédito e innovador dentro de nuestro sistema, que permitió que se materializara un federalismo real, gracias al acompañamiento permanente que recibimos desde la Nación, no solo en lo referido a equipamiento, sino también en la presencia permanente de funcionarios y equipos técnicos, cuando así lo requerimos".
"Los equipos itinerantes de profesionales de la salud que se conformaron (integrados por médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos y técnicos, entre otros) se pusieron a disposición de cada una de las jurisdicciones, a fin de dar el apoyo necesario a los trabajadores de la salud que están sufriendo un gran desgaste y cansancio, no solo físico sino también psicológico, debido a la intensidad y extensión de la pandemia", señalaron en el documento.
En relación al debate generado respecto a la carga de datos, indicaron que "se ha hecho responsable al Ministerio de Salud de la Nación, cuando la responsabilidad exclusiva es de cada una de las jurisdicciones, que cargan sus propios datos en el sistema nacional de vigilancia, donde algunas no pudieron llevar la carga en los tiempos adecuados".
"La demora en la carga de los testeos negativos -indicaron- dio un alto porcentaje de positividad en las muestras, pero desde la cartera sanitaria nacional se nos han brindado las herramientas para corregir dicha situación".
"Por todo lo expuesto es que manifestamos, desde cada una de las provincias, nuestro absoluto respaldo y acompañamiento a las políticas sanitarias implementadas por el Ministerio de Salud de la Nación, agradeciendo el acompañamiento permanente y el respaldo con el que contamos ante las situaciones críticas que estamos afrontando en cada una de las jurisdicciones", puntualizó el documento.
El pronunciamiento lleva las firmas de Daniel Gollán (Buenos Aires); Claudia Palladino (Catamarca); Paola Benítez (Chaco); Fabián Alejandro Puratich (Chubut); Fernán Quirós (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Diego Cardozo (Córdoba); Ricardo Cardozo (Corrientes); Sonia Velázquez (Entre Ríos); Edgar Crocci (Formosa); Gustavo Bouhid (Jujuy) y Mario Rubén Kohan (La Pampa).
También suscribieron Juan Carlos Vergara (La Rioja); Ana María Nadal (Mendoza); Oscar Alarcón (Misiones); Andrea Peve (Neuquén); Fabián Zgaib (Río Negro); Juan José Esteban (Salta); Silvia Venerando (San Juan); Silvia Sosa Araujo (San Luis); Claudio García (Santa Cruz); Sonia Martorano (Santa Fe); Natividad Nassif (Santiago del Estero); Judith Vigilio (Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur) y Rossana Chahla (Tucumán).
Fuente:Telam
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