Costa Salguero cierra círculo de los negocios inmobiliarios de Larreta

Todavía restan tres audiencias públicas y una segunda revisión en el recinto, pero esta semana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, retomó en la Legislatura porteña un añejo mecanismo de entrega de terrenos públicos. Casi pasó inadvertido frente a los ásperos debates que rodearon otra medida: llevar al norte de la Ciudad la extensión del lujoso barrio de Puerto Madero que su antecesor, Mauricio Macri, no logró ampliar hacia el sur de la capital. Será a través de la rezonificación de los 200 mil metros cuadrados del Complejo de Costa Salguero para construir torres premium frente al río. La decisión es la culminación de una saga de irregularidades y negocios que superan la década y cruzan a la arqueología del PRO en su territorio originario.
Este jueves la Legislatura viajó a los tiempos el viejo concejo deliberante. El oficialismo aprobó dos convenios firmados por el jefe de Gabinete capitalino, Felipe Miguel. Son con las empresas Koolhass S.A, Arkinver S.A. y Kilometros S.A. Las frimas desembolsarán 1,5 y 2,5 millones de dólares al Estado porteño a cambio de permisos especiales para construir proyectos urbanísticos, con alturas que superan lo permitido. Es en terrenos que compraron en subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por cuenta del Banco Ciudad, durante la gestión de Ramón Lanús, titular del organismo en la presidencia de Mauricio Macri. Son tres de los 87 terrenos públicos que el el expresidente decidió subastar en 2017.
Koolhass S.A. es parte de Ariel Naistat, uno de los cuatro socios de Mirabilia Desarrollos, que tiene 35 años en el mercado del real estate porteño. En la subasta de hace dos años pagó 13,6 millones para quedarse con el terreno ubicado en Fitz Roy, Vera, Ramírez de Velazco y las vías del Ferrocarril San Martín. Ahora deberá desembolsar la cifra de 1.041.112,89 dólares para contar con un permiso de construcción para construir 40 mil metros cuadrados. En ese predio de Villa Crespo sólo podían edificar 34 mil metros cuadrados. Podrán llegar a los 40 mil, también a cambio de construir una plaza que estaba originalmente prevista con anterioridad por el gobierno porteño y que nunca se concretó.
Kilómetros S.A. y Arkinver S.A. pertenecen a Carlos Wais. Es el titular de ABV, otro jugador con 20 años en el mercado inmobiliario. En junio de 2019 puso 33 millones de dólares para quedarse con los dos terrenos de la vieja Sastrería Militar, perteneciente a la obra social de las Fuerzas Armadas, ubicada en Las Cañitas, Palermo, frente al Club Argentino de Polo. De acuerdo al nuevo permiso deberá pagar otros 2,5 millones de dólares para ser beneficiados por otra disposición especial que le permitirá casi duplicar la cantidad de pisos.
Todavía falta un tercer permiso a cambio de dinero, ubicado en Juana Manso al 300 en Puerto Madero. Fue subastado por la AABE y la Corporación Puerto Madero en 2017 con una base de 60 millones de dólares. Ahora pertenece a Mitre Construcciones S.A. y Profidu S.A. Quieren sumarle 100 metros cuadrados a los 40 que les permite la legislación. Para hacerlo tendrán que emular a sus competidores de ABV con otros 2,5 millones de verdes para el permiso a medida.
Esos permisos volvieron a reavivar los debates sobre la enajenación de terrenos públicos en manos de especuladores inmobiliarios, pero el momento elegido para avanzar con esos permisos encierra una serie de razones políticas para la administración de Larreta que sus funcionarios prefieren eludir.
Desde diciembre la versión porteña de Cambiemos ya no cuenta en la Legislatura con los dos tercios o cuarenta votos necesarios para hacer cambios en el Plan Urbano Ambiental, previsto por la ley 2930. De acuerdo a un trabajo realizado por el equipo urbanístico del legislador porteño Matías Barroetaveña, los tres casos “tienen en común que son emprendimientos en suelo público que fue adquirido por privados durante los últimos años". Las operaciones dan cuenta “de un proceso de venta de suelo poco transparente. No sólo se encuentra en discusión el verdadero precio que valían cada uno de los terrenos sino un entramado de negocios entre los funcionarios del oficialismo y desarrolladoras inmobiliarias”.
El documento al que accedió Tiempo, revela un dato desconocido sobre los “convenios urbanísticos”. En los últimos 20 años sólo han sido utilizados en 9 oportunidades, pero Larreta decidió firmar tres en septiembre y darles un veloz trámite legislativo. El camino que tiene por delante no está sembrado de rosas: cada texto deberá pasar dos veces por la Legislatura y con audiencias públicas de por medio, donde la oposición y grupos ambientalistas buscarán impugnar los acuerdos que los desarrolladores ya rubricaron.

Tan audaz es la movida para conceder los permisos para los desarrolladores que algunos legisladores del oficialismo porteño temen que sean comparados con las viejas excepciones que otorgaba el Concejo Deliberante antes de la reforma constitucional de 1994 que le dio autonomía a la Capital Federal. En el bloque del Frente de Todos dentro de la Legislatura admiten que en los últimos años, hasta diciembre pasado, Larreta contó con el aceitado apoyo de sus legisladores para poder avanzar con la venta de terrenos y rezonificaciones. Con esos respaldos que ahora están en revisión, los recursos políticos y económicos de Larreta para sortear esa dificultad se acotaron. Y el gobierno porteño se amparó en la urgencia que impone la pandemia y aprovechó las potestades excepcionales de la cuarentena.
La covid-19 es la principal razón que esgrimieron en la comuna para justificar una medida que se asemeja demasiado al canje de dólares por permisos especiales de construcción para el real estate. “Necesitamos ampliar la recaudación ante el brutal recorte de la coparticipación federal en medio de la crisis sanitaria”, contestó una alta fuente de la administración de Rodríguez Larreta para justificar los “convenios”.
Pero hay excepciones urbanísticas que no pasan por la Legislatura y dependen exclusivamente del Ejecutivo capitalino. El ombligo de esas operaciones pasan por la Direccion General de Interpretación Urbanistica (DGIU), que depende de la funcionaria Sandra Tuya y reporta al ministerio de Desarrollo Urbano y a Felipe Miguel. Esa repartición tiene la potestad de extender permisos y excepciones constructivas por encima del Plan Urbano Ambiental, que transita una etapa de reformas. En los últimos seis meses extendió 600 medidas para reintrepretar el código urbanístico sobre inmuebles o terrenos que son protegidos por la legislación actual.
La rezonificación de Costa Salguero es tan grande que jamás podría depender de una reinterpretación de la DGIU y tuvo que pasar por la Legislatura en un camino que recién comienza.
Para la política porteña el caso tenía fecha de vencimiento hace rato por una razón de mucho peso: el año que viene vence la última renovación de la concesión de Costa Salguero que beneficia a la empresa Telemetrix S.A., presidida por Fernando Polledo, esposo de Carmen, ex vicepresidenta primera de la Legislatura y actual diputada nacional del PRO por la Ciudad.
La última extensión fue concedida en 2016. Fuentes del PRO confiaron a este diario que la administración de Larreta estudia el destino de esa zona desde hace años. La categoría de “Urbanización Parque” es un viejo obstáculo legal para enajenar esa zona ribereña. Comenzó a ser atravesado este jueves para permitir la construcción de una decena de torres sobre las 7,5 hectáreas del predio donde Macri se casó en segundas nupcias y en el escenario donde festejó sus victorias electorales hasta las presidenciales de 2015.
En el peronismo porteño se preparan para judicializar cada uno de estos casos, pero el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado todos los recursos judiciales que reclaman la intangilibilidad del acceso al río porque es público. A pesar del escándalo, Larreta quiere resolver el trámite legislativo antes de fin de año para cubrir las expectativas de los desarroladores. La operación encierra un altísimo valor simbólico y político para el PRO. La entrega de la ribera que baña Costa Salguero sólo es posible gracias a las apuestas urbanísticas de Macri como presidente en la capital, como la construcción del Paseo del Bajo, la subida de la Autopista Ilia y las intervenciones focalizadas en la Villa 31 de Retiro. Cada paso gira en torno a la pieza más codiciada que comunica a Puerto Madero con Costa Salguero: el Puerto de Buenos Aires, la última y más preciada joya del Estado que los desarrolladores buscarán arrebatar con un aceitado lobby que incomoda a macristas y peronistas.
Debate por el uso de la tierra: el informe de la AABE que releva lo que tiene el Estado Nacional

En medio de la disputa de la Ciudad con la Nación por la reducción de la coparticipación federal, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) avanza con una auditoria para frenar la transferencia de 100 terrenos públicos del Estado Nacional. Tienen un valor superior a los 14.000 millones de pesos y fueron cedidos durante el gobierno de Mauricio Macri a la Capital.
El estudio no concluirá hasta fin de año. El organismo que preside Martín Cosentino cerró un relevamiento sobre la superficie en metros cuadrados que posee el Estado Nacional dentro y fuera del territorio argentino. La foto está en desarrollo, pero es un inventario de los inmuebles y parcelas que tienen todos los organismos federales. Incluye los terrenos, aunque el detalle de la utilización de los suelos es una incógnita que la AABE todavía desconoce y que indaga a partir de pedidos de información a todas las áreas del Estado.
El primer pantallazo de este trabajo, al que accedió de forma exclusiva Tiempo, revela que la Nación posee 76.475 inmuebles con una superficie de 129.667 millones de metros cuadrados. O casi 130 mil kilómetros cuadrados de terreno. Es un relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Servicios Registrales e Información de la AABE. En el trabajo todavía faltan clasificar 18.739 inmuebles para saber el destino de 10.049 millones de metros cuadrados. Sin embargo aporta una primera dimensión de las tierras que tiene el Estado para definir qué parte podrá utilizar para obras públicas o proyectos habitacionales.
Uno de los puntos que más incógnitas ofrece el relevamiento son los inmuebles que fueron propiedad del Estado. Son 2.588 con una superficie total de 2.460 millones de metros cuadrados. La cifra no es menor porque encierra en parte los terrenos y bienes subastados durante la administración de Cambiemos que la Nación busca anular.
El ranking de principales tenedores públicos de suelo lo encabezan las 54 universidades nacionales. La Universidad de la Plata cuenta con 90,8 millones de metros cuadrados de tierra, la de Buenos Aires posee 28,3 millones de metros cuadrados, la de Córdoba 12,7 millones y la de San Martín 9,8 millones. La de Misiones tiene 56,2 millones, mientras que la de Tucumán registra 122,5 millones de metros cuadrados.
El segundo puesto lo ocupan las tres fuerzas armadas, pero especialmente el Ejército, que tiene 1.571 inmuebles con 7.271 millones de metros cuadrados. El Estado Mayor de la Armada tiene 2.592 inmuebles con 1.350 millones de metros cuadrados. El tercer puesto lo ocupa la Fuerza Aérea que contabiliza 1.440 propiedades con 392 millones de metros cuadrados. Las tres fuerzas tienen más de 10.000 millones de metros cuadrados de tierra y fuentes castrenses confiaron a este diario que una porción pertenece a guarniciones militares, pero una “gran parte”, está compuesta por un enorme banco de tierras que son utilizadas para cría de ganado, producción de pasturas y cultivos agropecuarios.
Hasta que cada uno de los organismos públicos envíe el detalle de la utilización de sus suelos no habrá un mapa de utilización concreto. De todos modos, el documento anticipa que en los trazados urbanos de todo el país el Estado Nacional tiene 12.410 inmuebles con una superficie de 2.388 millones de metros cuadrados. En el ámbito rural cuenta con 4.381 inmuebles que tienen una extensión de 1.863 millones de metros cuadrados. También reseña que hay 5.446 inmuebles registrados como "Barrio Popular" o "Comunidad Indígena" que concentran 68.515 millones de metros cuadrados.
La lista incluye 5.176 inmuebles ferroviarios con una superficie de 409 millones de metros cuadrados.
También refleja que la Nación tiene 395 inmuebles en el exterior, con 473.756 metros cuadrados. En Estados Unidos, por ejemplo, el inventario cuenta que el país tiene 34 propiedades con 50.731 metros cuadrados y en Brasil otras 33 con 115.223 metros cuadrados. España hay 25 inmuebles con 6.400 metros cuadrados y en Uruguay hay otros 23, con 10.984 metros cuadrados.
Alberto descarta cambios de Gabinete y apunta a la gestión para instalar otra agenda

Hay más ruido afuera que adentro. Las operaciones se repitieron toda la semana en la televisión abierta pidiéndole "cambio" al árbitro. Pero el presidente Alberto Fernández no tiene en la mira ninguna posibilidad de modificar la estructura del Gabinete por ahora. Y tampoco se enoja con los cirujanos políticos. En Rosada atribuyen los rumores de cambio de ministros a la prensa y a algún funcionario con expectativas personales.
Primero se habían ensañado con Martín Guzmán, al frente del estratégico Ministerio de Economía que comanda las negociaciones con el FMI. Esa tarea es por ahora necesariamente oculta, e incluso si sale bien –como el acuerdo con los bonistas privados–, es abstracta para muchos sectores de la sociedad. Y, además, tiene la particularidad de no producir alegría hasta que se cierre el acuerdo. Recién se podrá festejar al final de la faena. Es por eso que el presidente lo invitó a la entrega de viviendas del plan Procrear este viernes en Ezeiza, donde estuvo junto a otros ministros e intendentes del Conurbano. Allí lo nombró tres veces para ponderar su trabajo.
Ante las versiones de un regreso a la Jefatura de Gabinete, cargo clave en la estructura de gobierno, el presidente invitó a almorzar dos veces esta semana a su excompañero de fajina, Aníbal Fernández, ahora actual titular del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). En la Rosada remarcan el rol político “todoterreno” del exministro de Producción en 2002, de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en 2007, jefe de Gabinete dos veces y secretario general de la Presidencia.
Es que la escasez de los dólares, el cepo y la subida del precio de la divisa ilegal generaron un clima de descontento que se sumó a la continuidad de la cuarentena, rígida en algunas provincias, y el consecuente parate económico que trae aparejado. Ese escenario fue visto como un paisaje propicio para pedir cambios en el Gabinete, que fueron descartados a este diario por altas fuentes. Un ministro de perfil “armador” negó movimientos. “Objetivamente no es por ahí, el Gabinete no es el problema. Alberto no cree en eso, él ve y piensa otra cosa”, aseguró, a la vez que reconoció: “Nos cuesta hacer pie algunos temas”.
Sí es verdad que, según fuentes ministeriales, falta una estrategia para posicionar mejor algunos temas en determinadas áreas, contar de manera más relevante algunas acciones de gobierno. Desde hace dos meses el presidente hace anuncios vinculados con la producción y la obra pública, generadoras de empleo, pero tiene poco rebote en la agenda diaria. Según analizan, hay que elegir entre tres y cinco temas para instalar. Los únicos cambios que se pueden producir son como los que se llevaron a cabo hasta ahora: la reubicación de programas. El Plan del Manejo del Fuego pasó del área de Seguridad a Ambiente y el Plan de Urbanización de barrios populares se transfirió de Hábitat a Desarrollo.
El “temple albertista”, como le dicen algunos de los miembros de su Gabinete, impone calma y paciencia. “No hay que dejarse llevar por la agenda de los medios sino ganar espacio propio”, parafrasean. De hecho, tras el error reconocido de haber desperdiciado un anuncio de fase de cuarentena con un spot sin la palabra del presidente, este viernes Alberto Fernández retomó la comunicación oficial y quedó contento, según relató un funcionario que lo vio después.
A las dificultades para instalar la agenda se responde con más agenda propia. Reconocen que el triunfo del arreglo con los bonistas privados “pasó rápido”, pero ahora se proponen recuperar la mística de la pelea contra el Fondo Monetario a partir de una deuda que fue adquirida en su totalidad por Mauricio Macri. “Es poder construir los episodios”, explican.
Fuera del palacio también se proponen recuperar la mística militante, que sí tuvo mucho volumen durante la campaña de 2019, y que luego se logró transformar a un lenguaje de gestión. Pero la pandemia hizo que se paralizara el territorio, eje clave del peronismo. Es por eso que el sábado 17 de Octubre están preparando el megaacto virtual que será clave para demostrar el apoyo popular al presidente. También se está organizando otro acto el 27, para recordar los diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner, que podría tener lugar en la Casa Rosada.
“Para no ceder la agenda hay que involucrar más a la militancia, que quiere activarse y participar. Hay que proveer de mejores herramientas discursivas y comunicacionales para que se sepa cómo se tiene que defender el espíritu del mensaje. Esa es una tarea del gobierno, pero también de la política. Volver a recuperar la iniciativa narrativa que nos está faltando”, reconocen.
Octubre es el mes del aniversario del nacimiento del peronismo, también es el mes aniversario del triunfo electoral de Alberto Fernández y el mes del fallecimiento de Néstor Kirchner.
Cinco escenarios posibles para el futuro de la causa de los "cuadernos"

La Cámara Federal de Casación tendrá en los próximos días la oportunidad de confirmar que las leyes dicen lo que los jueces quieren que digan. El máximo tribunal penal debe resolver una serie de planteos de los imputados en la Causa Cuadernos, entre ellos la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido y, en ese contexto, la validez de las confesiones de los empresarios que optaron por ese mecanismo cuando chirriaban las puertas de rejas de la cárcel, con ellos del lado de adentro.
Hay cinco escenarios:
1 - Casación avala a los arrepentidos pese a la ausencia de grabaciones. En ese caso, el próximo paso será la Corte Suprema.
2 - Anula todos los acuerdos y vuelve el expediente a fojas cero. Ello significaría el virtual final de la causa. Y un golpe duro para los investigadores que, no obstante, siempre tendrán a mano el argumento de “la impunidad del kirchnerismo” para justificarse y expiar sus propios errores.
3 - Anula los acuerdos y ordena volver a tomar las confesiones, pero esta vez con grabaciones. Los abogados de los exfuncionarios imputados coinciden en calificar esa posibilidad como “un escándalo nacional”.
4 - Ordena convocar a los arrepentidos a ratificar los acuerdos. Los empresarios consiguieron en estos dos años mejorar sus situaciones: ya no están procesados por asociación ilícita y, en algunos casos, hasta podrían ser considerados víctimas. La propia Casación ordenó suspender las elevaciones a juicio oral para producir más prueba que demuestre qué fue lo que les pasó. ¿Por qué habrían de volver atrás?
5 – Devuelve el expediente a la Cámara cuestionando la falta de grabaciones. En ese caso habría juicio oral, con una avalancha de planteos de nulidad, tomando como referencia justamente el fallo de la Casación.
Varias de esas alternativas se complementan e incluso podrían ser simultáneas.
Ya quedó oficialmente establecido que los arrepentimientos no fueron grabados, ni filmados. ¿Son válidos en esas condiciones?, ¿de qué manera decidieron casi al unísono 24 imputados –la mayoría de ellos en prisión- confesar delitos?, ¿lo hicieron libremente o el hecho de abandonar esposados sus cómodas residencias y mudarse a una celda de dos por tres, con letrina y cama de cemento fue demasiado para ellos?
El fiscal instructor de la causa, Carlos Stornelli, (quien en el momento más caliente de la investigación hizo trascender entre los abogados de los arrepentidos que “la sortija no es para todos”) está convencido de que las grabaciones no son necesarias porque la ley no las exige. Con Stornelli coinciden el fiscal ante la Casación Raúl Plee y la fiscal que intervendrá en el juicio, Fabiana León.
El artículo 6 de la norma determina que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. ¿Un acta escrita y escaneada cumple con el espíritu de la ley? El arrepentimiento debe ser libre y voluntario. ¿Lo fue?
El 8 de agosto de 2018, el diario La Nación, con la firma del periodista Diego Cabot –origen de la investigación- publicó un artículo con el título “Cómo fue la negociación secreta para lograr los primeros arrepentidos”. Allí se afirma que “el juez y el fiscal presionaron a los imputados con la certeza de que permanecerían encarcelados, y así lograron la confesión”. Uno de los principales párrafos de la nota dice textualmente: “’Acá no sale nadie’, le dijo Stornelli al abogado de (el directivo de Isolux, Juan Carlos) De Goycoechea, Javier Landaburu. Mientras, el empresario estaba en el juzgado de Bonadio a la espera de ser indagado. En pocos minutos, Landaburu le trazó el panorama que venía. ‘No salís. Las opciones son dos: o te quedás a pelear el proceso detenido o subimos y hablamos con el fiscal. En todo caso, lo escuchamos’, dijo. El fantasma de Lázaro Báez , que está detenido en una cárcel común desde hace más de dos años, sobrevoló la conversación. ‘Si te dan a elegir entre quedarte preso o irte a tu casa, ¿vos qué elegirías?’, desafió el abogado”.
Fuente:TiempoArgentino
10.10.2020 / Frente de Todos
"Nos unimos y nos pusimos de pie": mensaje de Alberto a 10 meses de gestión con la pandemia en el medio
El Presidente compartió un mensaje del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a poco de cumplirse el primer año de mandato del FdT. Fernández afirmó que durante la pandemia los argentinos lograron unidad y se pusieron "de pie en un país endeudado que había abandonado a su suerte a millones de personas”. Mirá qué dijo.
Al alcanzar exactamente los primeros 10 meses de gobierno junto a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández publicó un contundente mensaje en el que celebró que durante la pandemia de coronavirus los argentinos consiguieron unirse y ponerse "de pie en un país endeudado que había abandonado a su suerte a millones de personas”.
Lo hizo al compartir y citar un mensaje en Twitter del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sobre las obras realizadas por el Gobierno nacional en 10 meses de gestión, en el que el funcionario destacó que se realizaron obras y se cumplió "con la palabra de mejorarle la vida a la gente".
“Cuando se pregunten qué hicimos los argentinos en la pandemia, aquí tienen una respuesta. Nos unimos y nos pusimos de pie en un país endeudado que había abandonado a su suerte a millones de personas”, sostuvo el jefe de Estado.
“Ahora, caminamos unidos para empezar a crecer”, remarcó el Presidente en su mensaje que acompaño con el hastag #ReconstrucciónArgentina.
“A 10 meses del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en el medio de una crisis mundial por la pandemia, tenemos un Estado presente a la altura del esfuerzo de los argentinos y argentinas”, había cerrado su texto compartido por Alberto el ministro Katopodis.
10.10.2020 / Judiciales
Qué pasará con Arribas, Majdalani y Nieto, que no desmintieron el espionaje ilegal macrista pero negaron su rol
El juez federal Juan Pablo Auge ya está en condiciones de definir la situación procesal de los 24 acusados en la causa de la inteligencia ilegal, entre los que sobresalen los ex jefes de la AFI de Cambiemos y el secretario de Mauricio Macri. Los tres dijeron ser víctimas de la política y desestimaron haber participado de operaciones que no negaron.
Después de casi tres semanas de intensas rondas de declaraciones indagatorias de los 24 acusados de la causa de la presunta banda de espionaje ilegal realizado desde el mismisimo corazón del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge está en condiciones de decidir el futuro procesal de los supuestos jefes, según indica la investigación, de esas maniobras espurias: Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Darío Nieto.
Los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y quien fuera secretario presidencial y que actualmente sigue asistiendo al ex mandatario fueron los últimos tres indagados y recurrieron exactamente a una misma estrategia, en términos futboleros, conservadora para no arriesgar: se consideraron víctimas de una persecución de tipo político aunque sin decir cómo ni por quién; no negaron las escandalosas maniobras de espionaje ilegal que quedaron a la vista de todos pero aseguraron que no las ordenaron, participaron ni supieron de ellas; e intentan llevarse el expediente a Comodoro Py, terreno permeable al macrismo judicial.
Tanto Arribas y Majdalani como Nieto se defendieron con monólogos de extensiones variables y -a pesar de los anuncios rimbobantes en redes sociales- le escaparon a contestar preguntas. También coincidieron en dedicar una buena parte de sus minutos a criticar a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, a los que no le reconocieron competencia sobre el expediente que, como imputados, pretenden mudar a la Ciudad de Buenos Aires.
Esta semana todos presentaron argumentos ante la Cámara Federal de La Plata, que tiene que resolver un incidente vinculado con la jurisdicción en la que debería tramitarse el expediente: Lomas de Zamora vs. Comodoro Py.
No obstante, Nieto ya recibió una negativa: la Cámara platense rechazó planteos de nulidad realizados por el ex secretario de Macri, que había impugnado el allanamiento que se realizó en su casa y en la de sus padres, y ratificó la investigación en Lomas de Zamora.
Mientras que algunos de los ex agentes "patearon para arriba" las responsabilidad por las órdenes -sin hablar de que fuera ilegales-, los dos extitulares de la AFI optaron, como estrategia de defensa, a decir que tal vez hubo operaciones cuestionables pero que en la abundante prueba de supuesto espionaje ilegal que hay en el expediente ninguno de los dos aparece dando órdenes a los espías.
Básicamente, dicen que los trabajos en territorio que hicieron los espías sin amparo de la ley nunca surgieron de sus órdenes y que jamás supieron que eso ocurrió con agentes de la central de inteligencia que conducían.
Si bien es cierto que esa llamada "prueba directa" de sus presuntas órdenes no está en el expediente, lo que sí hay es ex agentes diciendo que sí existieron esas órdenes y su negativa a responder preguntas deja persistiendo la duda, como analizó la agencia Télam, sobre cómo se les pudo pasar que más de 20 espías y un director nombrado en un área creada por ellos (Alan Ruiz, en Operaciones Especiales) trabajaron al menos entre 2017 y 2019 a seguir dirigentes políticos, gremiales y religiosos sin que ellos, máximas autoridades de un organismo fundamental del Estado, se enteraran.
Tanto Arribas como Majdalani señalaron que la AFI contaba con un total aproximado de 1800 agentes cuando ingresaron. El ex señor 5, como se conoce al jefe máximo de ese organismo en la jerga de los espías, hasta se animó a decir que "era imposible estar en el día a día de la actividad de cada uno de ellos".
Este último y la ex señora 8, el número que le toca en la jerga a la subdirectora, apuntaron hacia abajo: su hipótesis es que si el espionaje ilegal existió fue producto de un cúmulo de agentes descontrolados y con espíritu emprendedor que buscaron ganar unos pesos más a fin de mes con actividades prohibidas.
Majdalani, en particular, sostuvo en su declaración del jueves que en la AFI no funcionó una "banda de delincuentes ni una asociación ilícita" y que tal vez existió espionaje ilegal pero pudo haber sido desplegados por "cuentapropismo" o "autoemprendimiento"; mientras que Arribas dijo al día siguiente, el viernes, que él no ordenó nada ilegal y que "desgraciadamente" los mecanismos de control y denuncia que él mismo dijo haber fortalecido "no fueron activados a tiempo". ¿Se cometieron múltiples delitos de espionaje ilegal durante dos años que no ordenaron ni notaron?
“Jamás utilicé la estructura del Estado para cometer un delito, jamás di ni recibí una orden para hacer algo ilícito y fuera de la ley. Nunca supe que existiera espionaje ilegal o espionaje político”, enfatizó Majdalani, la tal vez más elocuente de los tres, tras reconocer que “pudo haber existido cuentapropismo, o algún autoemprendimiento y es así en cualquier institución”, todo sin decir nombres ni identidades.
Y concluyó con frases como "estoy acusada por dimes y diretes", "entregué cuatro años de mi vida a la Patria" y "me fui de la AFI con la sensación del deber cumplido". Qué "Patria" y qué "deber cumplido" deberían ser prerrogativas a ser respondidas al finalizar la investigación.
En su declaración, ex secretario Nieto aseguró que nunca el ex presidente Macri le pidió ningún informe de inteligencia. También trató de despegarse -soltándole la mano- de la ex funcionaria de Casa de Gobierno Susana Martinengo, otra de las imputadas del caso de espionaje ilegal.
“Le pido que sean justos e imparciales. Sepan que la estoy pasando muy mal con esto, me estoy comiendo un garrón enorme con algo en lo que no tengo nada que ver“, se victimizó Nieto para cerrar su acto de indagatoria vía Zoom ante el juez Auge.
Sobre las acusaciones y la prueba que pesa en su contra, dijo poco. Negó trato y conocimiento con espías y con Martinengo, y que nadie nunca le pidió nada vinculado a espionaje. "Sin perjuicio de destacar que la misma (la amplia prueba en sus celulares, que niega y dice que le plantaron) no resulta relevante ni dirigente sobre la falaz construcción fáctico jurídica efectuada por los fiscales (recusados) en mi contra, no haré referencia verbal alguna a los cargos aludidos en el dictamen que requiere mi declaración a este respecto", sostuvo en el escrito que pidió incorporar a su indagatoria.
Los espías rasos, señalados por Arribas y Majdalani e ignorados por Nieto, tomaron otro camino estratégico: todos callaron en este turno de indagatoria y se remitieron a sus primeras declaraciones en el expediente. Allí, la mayoría de ellos había señalado que las órdenes vinculadas con el espionaje político las daba Ruiz, a instancias de los jefes de la AFI, siempre aclarando que ellos creían que eran legales.
Los espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez, que son parte del núcleo principal de la trama de los grupos de WhatsApp y las visitas a la Casa Rosada, ratificaron sus primeras declaraciones en las que dieron cuenta del supuesto vínculo directo entre Ruiz y Majdalani, algo que superaba incluso lo establecido por el organigrama de la AFI en el que Operaciones Especiales no dependía directamente de la subdirección de la central de espías sino que reportaba dentro de Contrainteligencia.
De hecho, sobre el vínculo de Ruiz con la ex señora 8, un agente de la AFI aseguró ante la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia, que al ex director de Operaciones Especiales sus subordinados lo bautizaron "el 9", dato que lo pone bajo el mando de los dos jefes.
Para los fiscales de la causa, todos los acusados "conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia", según consta en la imputación.
La máxima responsabilidad les cabe a los ex jefes de la AFI de Macri: la dirección de "esta empresa ilegal provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani", según los fiscales Incardona y Eyherabide, que, además, indicaron que "se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes".
A Nieto le toca un rol de menor peso para una posible futura condena, pero de mayor importancia política para un eventual giro que toque a Macri: se lo acusa de haber sido el canal alternativo para que algunos de los informes producidos con información obtenida de manera ilegal llegara al despacho presidencial por una vía alternativa que involucraba a una empleada de un área bajo su cargo (Mertinengo, documentación presidencial) que está imputada y reconoció su amistad con algunos de los espías.
Una parte importante del material probatorio que obra en el expediente surgió de los teléfonos celulares secuestrados a los espías investigados, donde se detectó que compartían parte de la información producida de forma ilegal en grupos de WhatsApp identificados como "Super Mario Bros", "Grupo Pilar", "Grupo Argentina", "Grupo Las Tres" y "Grupo Cueva", según pudo reconstruir esta agencia.
Fuente:PoliticaArgentina
Federalizar las comunicaciones en defensa de la democracia
Una gran cantidad de medios de comunicación se pronunciaron a favor de un cambio democrático en las políticas de distribución de la pauta pública.
A once años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la propiedad de los medios de comunicación aún sigue concentrada y centralizada en pocas manos en nuestro país. Esta situación daña y atenta contra la calidad de la vida democrática.
En este marco, son necesarias reformas en las políticas de comunicación de los Estados nacional, provinciales y municipales. La más urgente es la federalización y la democratización de la pauta publicitaria pública. Su distribución se ha convertido en otro “sótano” de la democracia, donde las grandes corporaciones se llevan la mayor parte de estos recursos económicos destinados a difundir las políticas de Estado.
Las corporaciones mediáticas no sólo concentran recursos públicos y privados. También concentran información a lo largo y ancho de nuestra patria, aplastando a experiencias importantes en ciudades y provincias donde no llegan otras voces.
Redefinir un sistema de medios plural y federal es una deuda de la democracia. La firma del DNU 690/2020 por el presidente de la Nación constituye un paso importante porque plantea que “el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables". En ese camino, es necesario avanzar con políticas y legislaciones como el Proyecto de Ley de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa que espera tratamiento en el Congreso, y otras que posibiliten la democratización de las comunicaciones frente a la grave concentración persistente.
Como redes de medios comunitarios, cooperativos y recuperados, como sindicatos que ponemos en el centro al derecho a la información, seguiremos señalando el daño de sostener un sistema dominado por las grandes corporaciones de multimedios y trabajaremos por la democratización de las comunicaciones en nuestro país.
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina – Canillitas (FVDRRA), Federación Gráfica Bonaerense (FGB).
Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Asociación de Revistas Culturales Independientes (AReCIA), Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA), Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación (CODEHCOM), Coalición por una Comunicación Democrática, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC – Argentina), Red de Medios Digitales, Red de Comunicadores del Mercosur, Red de Periodistas con Visión de Género, Colectivo Más Democracia, Asociación Argentina de Teledifusoras Pymes y Comunitarias (AATECO), Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA), Cadypba.
Diario Tiempo Argentino, Cooperativa Nuevo Día, Cooperativa LU33, Diario La Portada, Infonews, Sur Capitalino, Giramundo TV, Urbana TV, Pares TV, Barricada TV, Proa Centro TV, Canal 4 Mar de Ajó, Asociación Civil Radio Tinku, Canal 7 Arias, Radio Nota, Cina Cina Audiovisual Cultura, Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social (FM En Tránsito, Revista Guarnin y Platea Oeste), Notas Periodismo Popular, Revoluciones.net, Enfat Terrible, La Plata Comunicación Popular, El Grito Sur, Comunicadas, Ancap, Perycia, San Fernando Nuestro, Lalengua, Diario Nep, El Otro Diario, Revista Resistencias, Que pasa, Revista Cítrica, El Resaltador, La tinta, Mancha, Al Margen, Timbó, Agencia Sur Noticias, Feminacida, Emergentes, Zorzal Diario, Agencia Paco Urondo, La Retaguardia, Infoban.com.ar, Ponele, Cooperativa Editores Radiales, Villa Crespo Mi Barrio, Síntesis Comuna 3, Vínculos Vecinales, El Bario Villa Pueyrredón, La Rayuela, Comuna 12, Comuna 13, Todo Paternal, Revista Don Julio, Raíces Rock, Viamonte Digital, Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, Colectivo de Revista Periodismo por Venir, Radio Gráfica, Coalición por una Comunicación Democrática, Cooperativa La cigarra (Diario El Ciudadano), Cooperativa de Trabajo El independiente Copegraf, Cooperativa de Trabajo Comunicar, Cooperativa de Trabajo La Prensa, Cooperativa de Trabajo La Posta del Noroeste, Cooperativa de Trabajo La Masa, Cooperativa de Trabajo EME Contenidos, Cooperativa de Trabajo Ecomedios, Cooperativa de Trabajo Ojo al Sur Producciones, Cooperativa de Trabajo La Qilqa, Cooperativa de Trabajo Prensa de la Comarca Coopreco, Cooperativa de Trabajo Marejada, Cooperativa de Trabajo La Minka, Cooperativa El Miércoles Comunicación y Cultura, Cooperativa de Trabajo Cóndor Andino, Cooperativa de Provisión y Comercialización de Bienes y Servicios Audiovisuales Dos Pinos, Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión Siete, El Trillo Cooperativa de Trabajo, Cooperativa de Trabajo Comunidad.
Sindicato de Vendedores de Diarios Revistas de la Ciudad Autónoma y de la provincia de Buenos Aires (SIVENDIA), Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), Asociación de Prensa de Tucumán (APT), Sindicato de Prensa de Mar del Plata, Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste del Chubut (STPOCh), Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), Asociación de Prensa de Santa Fe, Sindicato de Prensa de Neuquén, Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia (SIPRENCR), Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPYC), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).
Fuente:Infonews
Exclusivo: los chats que involucran al fiscal Carlos Stornelli en un
escándalo de venta de artículos nazis
Un expediente judicial al que tuvo acceso El Destape vincula al fiscal
con un vendedor de artículos nazis. Los datos que analiza la justicia.
11 DE OCTUBRE, 2020
Los contactos del fiscal procesado Carlos Stornelli no dejan de sorprender. Esta vez su nombre apareció en una causa que tiene por protagonista a un anticuario, coleccionista de objetos nazis. Según se desprende del expediente al que tuvo acceso El Destape, hay un chat entre el imputado Carlos “Charly” Olivares y una persona agendada como “Carlos Estornelli”, que se muestra interesada en la adquisición de objetos sobre el nazismo, en especial sobre Adolf Hitler, a quien apodaban “el tío”. El número celular del potencial comprador era el del fiscal, tal como comprobó este medio. Es el mismo teléfono desde el que se contactó con el espía ilegal Marcelo D’Alessio como surge de los registros de la causa que tramita en la justicia de Dolores. La
conversación entre Olivares y Stornelli denota que se conocían.
Un año atrás, el 26 de agosto de 2019, Olivares fue procesado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien le adjudicó diversos delitos. Según se desprende de las conversaciones analizadas por los investigadores, “Charly” comercializaba “todo tipo de antigüedades” como “piezas del régimen nacional socialistas y del antiguo Egipto –las que tenía en su hogar- así como colmillos de tigre de ‘millones de años’, que en palabras del imputado, resultarían ser ‘de museo’”. En el expediente, que se abrió en 2017, se había presentado la DAIA como querellante.
El chat
De acuerdo a la constancia judicial, el 17 de abril de 2017 se contactan “Charly” y una persona agendada como “Carlos Estornelli”. “Cómo estás Carlitos”, abrió la conversación "Estornelli", desde el mismo número celular que el fiscal de Comodoro Py utilizó para chatear con D'Alessio. “Hola Carlos, cómo estás?”, le devolvió el saludo el coleccionista de simbología nazi. “Bien vos? Tanto tiempo”, dijo el fiscal y dejó en claro que se conocían de hacía tiempo. El diálogo continuó así:
"Charly": Muy bien, que contás?
"Estornelli": Todo en orden. Cómo va el negocio?
"Charly": Muy bien. Estoy también en una expo hasta el 23 de estilo pilar.
"Estornelli": Avisame cuando aparezcan cosas raras.
"Charly": Tengo cosas únicas del tío Alfred y de Egipto. Muy especiales.
"Estornelli": Es (sic) tema de las cosas del tío es poder establecer la autenticidad.
"Charly": Son todas auténticas. Todas están selladas y el origen ya sabés si te conté del secretario de la organización del año (NDelR: no logra leerse) en el Luna Park.
"Estornelli": Lo del secretario no me contaste.
Acto seguido, el anticuario hace mención sobre alguno de sus mejores clientes. Y le dice a "Estornelli": “Googlea reunión nazzi luna park año 1939”. Desde el celular del fiscal responden: “Ok”.
"Charly": Poné imágenes y te caes de culo.
"Estornelli": Ok.
"Estornelli": Me metí en google. No aparecen las cosas ahí.
"Charly": Aparece una organización increíble y el secretario de esa organización recibía los objetos de cada uno de los nazis que llegaba acá.
"Estornelli": Dónde lo dice?
Es entonces que “Charly” le envía una serie extensa de archivos. Por ejemplo, se puede observar un objeto con la imagen del águila nazi y un busto de Adolf Hitler.
En chats con otros “clientes" Charly aclara que tiene “cosas personales del tío por eso es importante que sepas que nada baja de los 10 mil dólares”.
Para Arroyo Salgado, Olivares “obra en pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta” porque “para referirse a objetos nazis utiliza un lenguaje particular, refiriéndose a Adolf Hitler como ‘tío’ o ‘Alfred’, o bien escribe ‘nazzis’, con la clara intención de ocultar su accionar”.
Entre los elementos del régimen genocida que Olivares tenía en su poder y comercializaba figuran: instrumentos de medición del cuerpo; representaciones plásticas de Hitler; condecoraciones; y equipamiento militar nazi.
La causa
Según se desprende del expediente que tramitó en la justicia federal de San Isidro después de la charla entre "Estornelli" y "Charly", a Olivares se le había imputado, entre otras cosas, “el haber alentado o incitado a la persecución o el odio contra grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, en razón de haber adquirido en circunstancias inciertas una colección de objetos propagandísticos, militares, instrumentos médicos de medición y de culto al régimen nacionalsocialista NAZI”. Ese material lo tenía en su casa pero para los investigadores “se encontraban íntimamente vinculados con su actividad comercial de venta de dichos bienes”.
Olivares no sólo vendía simbología nazi. Tenía en su poder piezas de origen paleontológico y arqueológico, protegidas la ley 25.743 (que versa sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico).
En su descargo, Olivares dijo que ninguna de las piezas son originales y que los objetos alemanes con insignia nazi no estaban a la venta. Algo que se contradice con lo que se desprende del chat que mantuvo con "Estornelli" antes de que se complicara su situación judicial. Por estos hechos, el fiscal no fue investigado. Su nombre apareció en el expediente por su contacto con el imputado y así fue referenciado por Arroyo Salgado. Las fuentes judiciales consultadas aseguraron que si el fiscal actuó en el marco de una causa propia como "agente provocador" -algo que no se desprende de la pesquisa- su situación podría complicarse.
El origen de la primera causa por este tema se dio luego de una serie de tareas que desplegó la División Delitos Culturales de Interpol. La policía internacional había descubierto que Olivares estaba comercializando piezas amparadas por la ley 25.743, algunas incluidas en la lista roja de la Unesco. Arroyo Salgado ordenó allanar sus domicilios, en junio de 2017. Allí encontró objetos considerados patrimonio arqueológico; piezas paleontológicas; y objetos relacionados con el nazismo. A eso se sumó que el 6 de octubre de 2017, la policía interceptó a “Charly” y familiares suyos en el Aeropuerto de Ezeiza por ingresar material de forma ilegal a la Argentina, previo soborno de un agente de control. Venían de China.
En agosto de 2019, por los primeros dos hechos la jueza lo procesó por el “comercio de piezas, productos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos nacionales e internacionales”. Por el tercero, le adjudicó infringir “la ley de protección contra actos discriminatorios en la modalidad de realizar propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.
En el marco de todo este proceso, los investigadores se toparon con otros delitos cometidos por Olivares, por lo que también se lo procesó en aquel entonces por considerarlo jefe de una asociación ilícita en concurso real con el delito de contrabando. Para esto último, se sostiene en la resolución judicial, contó con la ayuda de funcionarios de Aduana.
Según pudo reconstruir este medio, la causa se fragmentó y algunos pasajes se giraron al fuero Penal Económico y otros fueron elevados a juicio en un tribunal oral federal de San Martín, que le terminó otorgando una probation a Olivares.
Para verificar la autenticidad de las piezas comercializadas por “Charly”, la Justicia había ordenado peritajes. Por ejemplo, concluyó que las 119 piezas egipcias analizadas eran auténticas. “Sin dudas han sido robados de algún museo o de depósitos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto”, indicaron los expertos. Lo mismo sucedió con los objetos paleontológicos.
El material nazi sobre el que Olivares conversó con Stornelli fue analizado por especialistas alemanes. Se elaboró un informe sobre cada una.
Según dejó asentado Arroyo Salgado en el expediente hubo 10 piezas del nazismo que eran auténticas. El resto fue agrupado como falsificaciones o adulteraciones. A pesar de ello, “varios museos alemanes manifestaron su interés en la incorporación de determinados objetos”, indicó la magistrada en 2019. Según informaron diversos medios en septiembre del año pasado, las 71 piezas que estaban en poder de “Charly” fueron otorgadas provisoriamente al Museo del Holocausto.
Por la pandemia, más de 12 millones de personas adeudan facturas de
servicios esenciales
Los niveles de morosidad que tienen las empresas en los servicios
domiciliarios de gas y energía eléctrica y los cambios de plan de
telecomunicaciones y televisión por cable. La tarifa social y el decreto que
impide los cortes.
11 DE OCTUBRE, 2020
Por la pandemia se mantienen a la fecha cuatro millones de hogares, equivalente a más de 12 millones de personas, con deudas en servicios de gas, electricidad y comunicaciones (telefonía móvil y cable prepagas). Si bien el índice de mora comenzó a mejorar a partir de junio, según relataron fuentes de las compañías del sector consultadas por este medio, la incobrabilidad todavía es alta y con pocas perspectivas de recuperarla en el corto plazo. Son hogares que dejaron de percibir ingresos y quedaron amparados en disposiciones oficiales que impiden el corte del suministro y que al final del año habrán acumulado siete meses impagos de sus facturas de servicios. El Destape hizo un relevamiento de la situación de morosidad para cada uno de los servicios, en los que también se verifica una alta dispersión por región.
El Gobierno analiza distintas salidas post pandemia que se podrán ofrecer a las familias para "ponerse al día" frente a un escenario que no promete una recuperación de los ingresos en el corto plazo. En algunos casos se estudia la posibilidad de absorber parte de la pérdida que genere para las empresas esta situación de incobrabilidad. Según las disposiciones vigentes, cuando se levante el congelamiento las prestadoras deberían establecer un plan de cuotas para los hogares con facturas impagas.
El peor momento fue abril y mayo, según relatan las empresas del sector. "Ahí la caída en el nivel de cobros se contrajo más de la mitad, debido a que no había lugares habilitados para el pago del servicio ni para el envío de las facturas. En junio, cuando se declaro esencial el envío de las facturas y las mediciones los hogares comenzaron regularizar sus situaciones", explicaron a este medio desde la distribuidora Naturgy, una de las empresas que abastecen en conjunto a 8,6 millones de hogares a través de la red de gas.
"A nosotros nos sucedió lo mismo. En ese momento la cobrabilidad se ubicó en el 30% o 40%, según la zona. Fue mejorando a partir de un trabajo para que se acceda digitalmente a la factura", sumaron su aporte desde la distribuidora eléctrica Edenor. Las distintas empresas del sector eléctrico brindan servicio a 11,5 millones de hogares residenciales. Por usuario se refiere a una conexión, así que son muchas más las personas que acceden al gas por red, ya que en un hogar generalmente vive más de una persona.
Con boleta en mano
El porcentaje de cobra de cobrabilidad acumulado a los usuarios residenciales y comerciales e industriales pequeños a partir del 20 de marzo y hasta el 25 de septiembre promedia el 90% sobre un total de 8,6 millones de hogares. El total de incobrabilidad a del servicio público de gas por redes alcanza a 1.015.000 hogares, según estimaciones propias realizadas sobre la base de la información del Enargas.
Si se analiza por empresa, Gasnor, con más de 500 mil usuarios de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, mantiene una regularidad del cobro del orden del 84%, seguida por Distribuidora de Gas Cuyana, abasteciendo a más de 600 mil usuarios en Mendoza, San Juan y San Luis, con 85% de cobrabilidad en su facturación. Gasnea, que abastece a más de 100 mil usuarios de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, tiene una cobrabilidad de 88%. Luego se registra que Metrogas (2,4 millones de usuarios en AMBA) y Naturgy Ban (1,6 millones en zona noroeste de Buenos Aires) tienen una cobrabilidad de 86% y 87% respectivamente.
Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, que conectan a más de 2 millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires, la Región Pampeana y Patagónica; junto con Distribuidora de Gas del Centro (700 mil usuarios en Córdoba, Catamarca y La Rioja) y Litoral Gas (supera los 700 mil usuarios en Santa Fe y los partidos de San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Colón, Bartolomé Mitre, San Pedro y Baradero) registran un promedio de cobros de 90% o mayor sobre facturación vencida.
Al normalizarse los canales de pago presenciales, se observa una mayor cobrabilidad. A la fecha, se incrementó aproximadamente un 28% el promedio de la cobrabilidad respecto de abril, señala el ente regulador. "Por ejemplo, medido en cantidad de operaciones, de enero a agosto de 2020, el 46% de los cobros realizados por Naturgy fueron realizados por medios electrónicos (742.139); mientras que en el mismo período de 2019 la cifra fue de 36% (370.240)", explicaron desde Naturgy, que aclara que aún "no llegó a compensar la caída de las cobranzas de los canales presenciales".
En el caso del servicio eléctrico la regulación es distinta y cada jurisdicción tiene competencia sobre el servicio. Según datos de Cammesa, la red eléctrica abastece a 11,5 millones de hogares. No se cuenta el suministro a empresas, que suma 2,5 millones de usuarios adicionales. Estimaciones de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) advierten que el índice de cobrabilidad se ubica actualmente entre el 70% y 75%, lo que dejaría entre 2,8 y 3,5 millones de usuarios con deudas en sus facturas de electricidad. Si se extrapola a una "familia tipo" de cuatro integrantes, estaría afectando a más de 12 millones de personas.
El conjunto de las distribuidoras asociadas a ADEERA presta el servicio público de electricidad a más de 14 millones de clientes en todo el país y la población beneficiada llega a 32,5 millones de habitantes. Las distribuidoras de ADEERA operan el 97% de la energía eléctrica que se consume en la Argentina.
Esta semana la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, y el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo Richards, establecieron una agenda conjunta con el fin de "coordinar acciones para proteger a las y los usuarios del servicio eléctrico en su carácter de consumidoras y consumidores".
El decreto vigente contempla el caso de usuarios del sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet que no hubiesen abonado recargas para acceder al consumo y aplaza hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de "brindar un servicio reducido que garantice la conectividad". Según cifras de la Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se registran 400.000 usuarios de una de las operadoras que se acogieron a servicio reducido, y los 75.000 hogares al mismo esquema para el Cable.
Según la reglamentación vigente, quien acredite que sus ingresos cayeron 50% pueden pedir que no le corten el suministro por 180 días y acceder a una prestación básica. Por su parte, pueden solicita la Tarifa Social, tanto para gas como electricidad, jubilados o pensionados, titulares de un plan social, quienes reciban un seguro por desempleo, tengan una discapacidad o se encuentren en situación de pobreza. Las cifras oficiales revelan un universo de 18 millones de personas en condiciones de pobreza; es decir, sin recursos para afrontar la canasta básica de alimentos y servicios.
Fuente:ElDestape
10/10/2020 SALUD
"Súpercontagios": la prueba de que el coronavirus se transmite por aerosoles
El investigador español José Luis Jiménez brindó una conferencia virtual para Argentina donde abordó "los modos de transmisión del SARS-CoV-2 y cómo protegernos". Allí afirmó que "aunque la OMS indique que las gotas son las que prevalecen como causa de contagio, los aerosoles tienen más evidencia".













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