ESPACIO GREMIAL, SOCIAL Y
PYME REIVINDICÓ SOBERANÍA ALIMENTARIA, FINANCIERA, TRIBUTARIA Y MARÍTIMA
20-11-2020
El espacio Producción y Trabajo, que integran organizaciones sindicales, sociales y de las pequeñas y medianas empresas, entre otras, reivindicó hoy los 175 años de "la gesta histórica" de la Vuelta de Obligado y ratificó la necesidad de lograr "la tan ansiada soberanía nacional alimentaria, financiera, tributaria, energética, productiva y marítima", informaron esta tarde los dirigentes del amplio sector.
"La soberanía nacional podrá lograrse con la concreción de las soberanías que aún convocan desde el horizonte de lo que resta conquistar", señaló un documento firmado por la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT del bancario Sergio Palazzo, el gráfico Héctor Amichetti y el curtidor Walter Correa, y por la CTA que conducen los docentes Hugo Yasky y Roberto Baradel.
El documento también fue firmado por los empresarios pymes del espacio Julio Ciolli, Eduardo Fernándezy Daniel Moreira, y por el agrario Pedro Peretti, según informó el secretario nacional de Prensa de la Bancaria, Eduardo Berrozpe.
El amplio sector reclamó que el Estado ingrese como "participante activo" en la producción agropecuaria y el complejo agroexportador, que genere "una empresa testigo que permita una planificación estratégica de los mercados de granos" y que fortalezca "las políticas de mayor seguridad y soberanía alimentaria para terminar con el hambre en la Argentina".
En relación con la soberanía financiera, demandó que el sistema "esté al servicio de la producción", por lo que exigió cambios de fondo para revertir "la especulación creciente desde la dictadura militar y profundizada en los últimos años, lo que inhibió sin duda el ahorro genuino y el acceso al crédito de las pymes".
"Ese proceso inhibió el ahorro en moneda nacional y el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, de las cooperativas y de la población, por lo que se impone la reforma de la Ley de Entidades Financieras", señalaron los dirigentes del espacio en el documento de prensa.
El sector señaló también la necesidad de lograr la soberanía tributaria como eje de la redistribución del ingreso, y enfatizó que la reciente sanción en Diputados de la ley de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas fue "un paso muy importante" para avanzar hacia "una reforma impositiva que revierta su actual regresividad".
"La energía es el insumo básico e imprescindible para alcanzar un desarrollo productivo sustentable, por lo que se impone la soberanía también en ese terreno", señaló el documento, que aseguró que "un país que no produce y no genera empleo y salarios dignos condena a su población a la pobreza".
"De allí que es preciso lograr la soberanía productiva. Las pymes cumplen un rol preponderante y generan el 70 por ciento de la mano de obra activa privada. Es necesario reconstruir el círculo virtuoso de la economía, pero el escollo más difícil para el crecimiento son los monopolios formadores de precios", puntualizó.
El sector agregó que esos monopolios dominan las cadenas de valor, por lo que reclamó que se otorgue a los productos primarios del agro o las economías regionales a través de la innovación productiva, la investigación y el desarrollo "el espacio económico que deben ocupar para no caer nunca más en déficit de la balanza comercial y en los posteriores endeudamientos", enfatizó.
Además, Producción y Trabajo exigió el logro de la soberanía marítima, para lo cual reclamó la reconstrucción de la marina mercante como instrumento de soberanía y de ahorro de divisas ante la actual contratación de barcos de bandera extranjera, por lo que reivindicó las tareas en los astilleros de Río Santiago y Tandanor, que además "generarán puestos de trabajo directos e indirectos".
"Ello también permitirá recuperar la soberanía sobre la Hidrovía para el desarrollo del comercio interior y de las exportaciones", puntualizó el espacio, que reafirmó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares respectivos y el sector antártico argentino.
Fuente:Telam
La coartada
Las grabaciones espurias de Elisa Carrió
Si hubiera habido una mínima prueba concreta, Gerardo Morales no hubiera necesitado revolucionar el sistema judicial jujeño para meter presa a Milagro Sala. La incorporación al Tribunal Superior de Justicia de jueces adictos y la selección de jueces y fiscales especiales, gracias a los cuales fue condenada, demuestra que es inocente. El encarcelamiento de Milagro Sala es indefendible en términos estrictamente judiciales.
Esa injusticia se sostiene porque un sector de la sociedad estaba molesta por los cortes de ruta y el conflicto o porque tiene una mirada conservadora antagónica a la de ella. Pero eso es política, no justicia. Es un caso muy claro donde la política usó a la Justicia para resolver sus embrollos.
“¡Es una ladrona, todo el mundo lo sabe!”, dicen los jujeños que respaldan su condena, aún sabiendo las movidas irregulares que debió hacer el gobernador. Pero si realmente fuera ladrona, el gobernador no hubiera necesitado hacer tanta manipulación. Si la hizo, fue porque un tribunal normal no la hubiera condenado. Entonces no es una ladrona. Se trata de una persona que fue condenada por su militancia social. Eso no es justicia. El que piensa diferente la puede criticar, pero no puede hacer que un juez la condene.
Alberto Fernández es abogado y profesor en la UBA, es consciente de ese mecanismo que denigra tanto a la política como a la Justicia. Pero considera que si mete mano en sentido contrario al que lo hizo Morales estaría cometiendo lo mismo que critica. En ese atolladero, el Presidente optó por hacer una advertencia sobre el mecanismo, para acotarlo, y al mismo tiempo aceptar el desenlace de los juicios. Pero en uno, Milagro Sala fue condenada a 13 años y en otro a tres años. Las demás acusaciones se cayeron.
Los tres años son por un huevazo que recibió Morales cuando Milagro estaba a varios kilómetros. La condena de 13 años fue por una acusación de corrupción con el dinero que recibía su agrupación para realizar obras. Pero hizo más obra de las que había propuesto y más que los gobiernos provinciales. Cualquiera que vaya a la provincia lo puede ver. La plata se usó para lo que estaba destinada. Y el que tiene que decidir ahora es el Tribunal Superior de Justicia que reformó Morales con una mayoría automática adicta.
La decisión del Presidente de no intervenir para que no se vea como interferencia con la Justicia genera de hecho que se prolongue una injusticia por la forma como se interfirió antes. Como sea, Milagro Sala sigue con detención domiciliaria cuando todos saben que las condenas fueron amañadas por una forma de hacer política que instaló el macrismo.
Disfrazada de honestismo denuncista por una corriente social conservadora, en realidad lo que se está dirimiendo en la Justicia es esa forma de hacer política que reemplaza el debate de ideas y propuestas por acusaciones y campañas de desprestigio.
La situación de Milagro Sala es quizás la más escandalosa porque es la más evidente y por las condenas que puede sufrir. Pero en realidad todos los presos políticos kirchneristas y la misma Cristina Kirchner han sido víctimas de este sistema.
Aunque las pruebas contra la ex presidenta se caen una tras otra, la pedicura del barrio dirá que “igual es una chorra” con la misma convicción con que rechaza la existencia de los virus en general. A la señora le gusta, o le conviene creer, que los virus no existen porque –“a mí no me van a engañar”-- los inventó la infectocracia. Y hay usinas especializadas en hacerle creer que le convienen las fantasías que inventan y que, por esa razón, para ella son más reales que la realidad.
Elisa Carrió se victimizó y aseguró que “Cristina la quiere presa”. Se vanaglorió de que es el verdadero motivo del pedido para que se solicite su indagatoria en la causa que investiga las deleznables grabaciones de las conversaciones en la cárcel entre los presos políticos y sus abogados defensores.
La privacidad entre un acusado y sus abogados constituye parte de las garantías de un juicio justo, o el debido proceso, como establece la Constitución. Las grabaciones ilegales se hicieron con la excusa de espiar a un narcotraficante, pero en realidad espiaron a los presos kirchneristas cuando hablaban con sus abogados.
Nada de lo que dijeron podía servir para acusar a nadie, pero pedazos de esas conversaciones, recortadas y editadas, fueron usadas para montar una campaña que intentaba desprestigiar al juez Alejo Ramos Padilla.
Graciana Peñafort y Alejandro Rúa fueron los abogados espiados que solicitaron al juez que convoque a indagatoria a Elisa Carrió. Más allá de lo que desee la vicepresidenta Cristina Kirchner, el pedido tiene lógica propia: ellos fueron espiados y Carrió la que usó las grabaciones.
Si Carrió sabía el origen espurio de esas grabaciones sería cómplice de un delito. Y si no lo sabía ni trató de saberlo, revela una enorme irresponsabilidad y una actitud infame con relación a la política. En las escuelas de periodismo se enseña a desconfiar de la información que llega de esa manera. Y no se debe usar hasta haberla confirmado por varias vías. Si no se puede confirmar, no se usa.
A lo largo de estas líneas ya se habló de corrupción de la Justicia, corrupción de la política y corrupción del periodismo. Los servicios de inteligencia construyen las causas falsas que son amplificadas por los medios y que son denunciadas por políticos y tomadas por jueces venales. Es lo que develó, a partir de la detención del espía y falso abogado Marcelo D'Alessio, el juez Ramos Padilla a quien se pretendía descalificar con esas grabaciones.
Es el mecanismo del lawfare que el macrismo instituyó como la principal herramienta de sus políticas. El dispositivo busca reemplazar el debate de ideas y propuestas por la judicialización de la política para difamar y destruir al adversario. Los dirigentes macristas participan poco en debates y confrontación de ideas y propuestas. Nadie sabe lo que piensa Carrió sobre la mayoría de los temas. Se la conoce solamente como denunciadora serial.
El momento judicial en transcurso es que casi todas las causas abiertas por el lawfare contra el kirchnerismo empiezan a caerse por falta de pruebas. Las denuncias fueron presentadas para potenciar una larga campaña mediática-judicial, judicial-mediática que destruyera al kirchnerismo, aunque al final se cayeran, como está sucediendo. Nunca tendrían que haber sido tomadas por los jueces. Ahora están en el brete de cerrar las causas sin condenas o aplicar condenas solamente para justificarse ante la sociedad.
Cuando la derecha conservadora es llevada al plano del debate de ideas concretas, ellos plantean aumentar las tarifas, aumentar los precios, precarizar el trabajo, bajar salarios y jubilaciones, defienden los intereses de los más ricos, subestiman la educación y la salud pública. Son discursos poco atractivos, por eso tratan de reemplazarlos por la destrucción del adversario con esa estrategia honestista denuncista.
Tal vez esa lectura sea reduccionista, pero la carrera política de Elisa Carrió se sustentó en esa estrategia muy respaldada por las corporaciones mediáticas. También es lo que se verificó en la pobreza conceptual de la gente que se movilizó en las convocatorias del macrismo.
Hubo un discurso genérico contra la corrupción sin precisiones pero con mucha indignación, más otros discursos difuso sobre la “defensa de la libertad” contra las medidas sanitarias de precaución por la pandemia, más otro directamente confuso sobre la defensa de la República y la Justicia.
Son generalidades tras las que se esconde una visión egoísta de la vida que, al creerse amenazada, reacciona con indignación y violencia. Allí encajan perfectamente el lawfare y las falsas noticias para justificar esa reacción ante una concepción más solidaria y comunitaria de la sociedad. No van a atacar a esta concepción por lo que realmente les molesta, sino con el argumento distractivo de la corrupción. Esa modalidad termina siendo la mejor coartada para los verdaderos corruptos que llegan encaramados en ese discurso.
Paro, marcha y acampe en Plaza de Mayo por el Día de la Enfermería
Enfermeros y enfermeras reclamaron ser reconocidos
como profesionales en la
ciudad
Desde los hospitales de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, cientos de profesionales de la salud se acercaron este viernes a las inmediaciones del Congreso para movlizarse hasta Plaza de Mayo por la profesionalización de la actividad y “por un salario digno”: el sueldo de la categoría de enfermería apenas llega a 35 mil pesos.
También hubo paros y movilizaciones en Neuquén y en Córdoba. “Este es un reclamo federal, porque el maltrato hacia nuestra profesión no hace diferencias”, señaló a Página/12 Clara Bibiloni, enfermera de terapia intensiva en el Hospital Fernández. Después de la marcha, los trabajadores de la salud acamparon en Plaza de Mayo.
Hay una frase que resuena desde el 2018: "La enfermería es profesional". Ese año, cuando al sancionar la Ley 6035 la Legislatura porteña dejó a los enfermeros y enfermeras excluidos de la categoría de profesionales de la salud, empezó la lucha de los trabajadores de los hospitales que dependen del Gobierno de la Ciudad.
Este viernes, la bandera principal que encabezaba la marcha llevó un mensaje contundente: “No a la violencia contra enfermería”. A principios de octubre, en la movilización durante el Día de la Sanidad, un conjunto de enfermeras que se manifestaban en la puerta de la Legislatura fueron golpeadas por la Policía de la Ciudad. Bibiloni, que fue una de ellas, relató: “Lloro muchas veces, antes o después de ir a trabajar. Estoy agotada, llegando a un pico de estrés, y aun así tengo que seguir remando, pensando en sumar nuevos trabajos para llegar a fin de mes”.
De fondo, los cantos acompañaban la movilización que avanzaba por Avenida de Mayo: “reprimen, silencian; mientras la salud espera, seguimos luchando por el pase a la carrera”. Dos enfermeras, que llevaban escritas frases sobre sus ambos blancos, intentaban acomodar su bandera del Hospital Sardá, la maternidad de donde salió la movilización que, a fines de octubre, culminó con un acampe frente a la casa de Gobierno porteño. “La postura de (el ministro de salud porteño, Fernán) Quirós es firme: no quiere reconocer que los enfermeros son profesionales de la salud”, afirmó Rodolfo Arrechea, titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Capital), y advirtió que “si no hay respuesta, vamos a hacer un paro nacional y a pedirle al Presidente, Alberto Fernández, que nos reciba”.
Si bien entre los referentes corría el rumor de una posible reunión en la Casa Rosada, finalmente no se concretó, aunque pudieron entregar una carta dirigida al Presidente. “Venimos desde el inicio de la pandemia poniendo el cuerpo y dejando la vida en los hospitales”, relataron en el escrito, en el que le solicitaron que convoque a una reunión “de carácter urgente” con los ministros de Salud de la Provincia, de la Ciudad y de Nación. “Sentimos que al día de la fecha ese reconocimiento social no se tradujo a nivel laboral, salarial y profesional”, advirtieron los referentes de las diferentes organizaciones que participaron del reclamo.
La columna vertebral del Hospital
La semana pasada, la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), convocó a una gran caravana por la Ciudad, que terminó con un reclamo frente al Ministerio nacional de Salud. Este viernes, enfermeros y enfermeras de toda la Provincia de Buenos Aires --del Hospital Eva Perón, del partido de San Martín, del Estéves, de Lomas de Zamora, y del Oñativia, de Rafael Calzada, entre otros-- se sumaron a la movilización. “Es triste que arriesguemos nuestra vida y no se nos reconozca con un salario digno. La lucha es común para todos los enfermeros del país”, señaló María, que estudió en la Cruz Roja y en la Universidad de La Plata, y trabaja hace 10 años en el Oñativia.
“La enfermería es la columna vertebral de toda institución de salud, si no mantenés fuerte tu columna vertebral el resto del cuerpo no funciona bien”, explicó Celia Giménez, enfermera en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, y agregó: “La energía para reclamar la sacamos de la vocación, porque las ganas de servir a la sociedad es parte de nuestro pensamiento y no queremos dejar de hacerlo”.
Al masivo reclamo de enfermería, el martes pasado se sumaron los médicos: profesionales de distintas especialidades de los hospitales porteños llevaron adelante un paro de 24 horas para manifestar su rechazo al aumento del 23 por ciento --en tres cuotas-- que les propuso el Gobierno de la Ciudad. Si bien la Asociación de Médicos Municipales (AMM) no convocó a una movilización, un movimiento de médicos, concurrentes y residentes autoconvocados se manifestaron frente a la casa de Gobierno porteño.
Este viernes la expansión del reclamo podía verse en las banderas que sostenían los trabajadores de los distintos centros de salud: Méndez, Rivadavia, Borda, Moyano, Posadas, y también el Hospital Garrahan, en el que se reunieron “con una convocatoria multitudinaria” para salir hacia Plaza de Mayo. “La sensación oscila entre la emoción y la tristeza por estar en esta situación siendo un centro de salud de tanta referencia para el país”, se lamentó Norma Lezama, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan.
La semana pasada, los profesionales del Hospital presentaron una carta dirigida al ministro Ginés González García, en la que manifestaron su rechazo al 7 por ciento de aumento que el Consejo de Administración les propuso. “La respuesta fue la oferta de un bono de 10 mil para cobrar por única vez. El problema de los bonos, así como los módulos y las horas extra, es que no son soluciones a largo plazo. Queremos discutir verdaderamente nuestro salario”, explicó a este diario Pino Oroz, referente de ATE en el Garrahan, y remarcó que “fue un año muy estresante”.
Una profesión no reconocida
Para asegurar las guardias mínimas hubo quienes, como parte de la lucha, se quedaron en los hospitales porque no pueden dejar de atender a los pacientes. “Hoy, que estamos de paro, no hay quien cumpla las tareas que hacemos en el Hospital”, advirtió Liliana, que hace 35 años es enfermera y hace 20 trabaja en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. “Yo reclamo para los que vienen, para los que están estudiando”, afirmó y remarcó que la suya “es una profesión muy linda pero poco reconocida”.
En medio de la avenida, Liliana y sus compañeros del Hospital Gutiérrez acarreaban una pequeña camilla con un muñeco de plástico y, atados a los costados, dos tubos de los que colgaban recipientes con líquidos transparentes y rojos que se movían a cada paso. “Esto es para que los que deciden nuestros salarios vean a qué nos enfrentamos cada día. Cómo trabajamos con los pacientes. Vivimos situaciones de mucha presión”, explicó la enfermera, quizás la más experimentada del grupo.
Instrumentadores quirúrgicos, licenciados en bioimágenes y enfermeros y enfermeras llevan adelante un mismo reclamo: que las autoridades de la Ciudad los recategorice como profesionales de la salud. “Es un pedido histórico por una vida mejor, por un sueldo acorde a la importancia que nos dicen que tenemos”, agregó Julia, que trabaja en el Cesac 46, ubicado en el barrio de La Boca.
Cerca de las dos de la tarde, el masivo reclamo que ocupaba más de tres cuadras llegó a Plaza de Mayo, donde se instaló el acampe. Reynaldo llegó junto a su compañera que, como él, trabaja en enfermería en el Hospital Fernández. “Enfrentamos situaciones terribles y resistimos durante todo el año, reclamando mientras trabajábamos, sin desatender la situación”, relató el hombre, vestido con su ropa de trabajo, y se preguntó: “¿para qué nos formamos, estudiamos, trabajamos tanto, si nadie nos lo reconoce?”.
En el dique Cabra Corral
Murió el banquero Jorge Brito al caer el helicóptero en el que volaba
Sin embargo el fiscal federal Ricardo Toranzos, de turno, que tomó intervención a partir de una comunicación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Jefatura del Aeropuerto local, informó que el plan de vuelo, en principio, estaría firmado por el empresario Jorge Brito, en calidad de piloto, con Beauden de acompañante. Por lo que la nave podría haber estado siendo piloteada por el banquero.
El accidente se produjo alrededor de las 15:30, en el kilómetro 34 de la ruta provincial 47, por la zona del dique Cabra Corral, más precisamente sobre el río Juramento.
Las primeras especulaciones, en base a testimonios de testigos, apuntaban a que el helicóptero se enredó con los alambres de acero que cruzan los cerros a gran altura y se usan para la práctica de tirolesa. Se trata de una zona utilizada para turismo aventura donde es usual ese tipo de prácticas y atractivo.
Esto luego fue confirmado por el ministro de Seguridad Salteño Juan Manuel Pulleiro, que sobrevoló la zona del accidente. Según lo narrado por el ministro el helicóptero cayó en el río, pero estima que ambos pasajeros murieron de inmediato por el impacto, aunque aclaró que eso se determinará posteriormente.
El helicóptero es un Eurocopter Ecureuil matricula LV-FQN, que había partido desde Finca Las Costas, lugar de residencia del gobernador salteño Gustavo Sáenz con quién había compartido un almuerzo. Iba con destino a Joaquín V. González, sede de su empresa Inversora Juramento.
El primer aviso sobre el accidente fue dado, aparentemente, por una mujer que estaba haciendo rafting y avistó restos del helicóptero sobre el río Juramento. Dio el aviso y pocos mintuos despues se hicieron presentes los efectivos que confiormarpn el accidente y el trágico resultado.
La Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, informó que la aeronave siniestrada tiene caja negra, por lo que se espera que en las próximas horas arribe a Salta, procedente de Córdoba, personal de la Junta Nacional de Accidentes.
El ministro de Seguridad indicó que el gobernador salteño estaba consternado con la noticia, ya que era amigo del empresario.
Pulleiro describió que esa es una ruta aérea habitual para dirigirse desde la capital al sur, y que los cables con los que chocó el helicóptero hace mucho tiempo que están, descartando que hayan sido clandestinos o colocados recientemente. Igualmente señaló que los cables carecían de demarcación de seguridad por lo que era difícil verlos.
Brito habitualmente se movilizaba por Salta en helicóptero y en su avión privado para atender sus emprendimientos agropecuarios en el departamento de Anta.
Su carrera empresarial despegó cuando compró el banco provincia de Salta, durante el gobierno de Juan Carlos Romero, que luego se convertiría en el Banco Macro.
Comunicado del Macro
Cerca de las 20, el Banco Macro comunicó oficialmente el fallecimiento "de su fundador y Presidente don Jorge Horacio Brito, quien en la tarde de hoy sufriera un accidente de aviación en la localidad de Coronel Moldes, provincia de Salta".
En el comunicado firmado por Delfín Jorge Ezequiel Carballo, el vicepresidente de Banco Macro describe que "En 1978 ambos fundamos Macro Compañía Financiera S.A. que fuera el origen de lo que es hoy Banco Macro. Brito ocupó además la presidencia de la Asociación de Bancos Argentinos entre 2003 y 2016. Fue asimismo presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos entre 2012 y 2014".
También destacan que creó otras empresas como "Inversora Juramento S.A., Frigorífico Bermejo, Cabaña Juramento, Vizora y una decena de firmas". Las tres primeras tienen su centro de operaciones en Salta. Inversora Juramento es considerada la mayor compañía de agronegocios del noroeste argentino con 89.504 hectáreas productivas. Pero a su vez es señalada por la organización ambientalista Greenpeace como responsable del desmonte de 50 mil hectáreas en el departamento de Anta.
Se escucharon diálogos de fondo mientras el Senado debatía
El papelón de Lousteau:
participó de la sesión con
el micrófono abierto
Mientras se debatía en la comisión del Senado el mandato y remoción del Procurador de la Nación, el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, dejó abierto su micrófono en la sala virtual, que tenían conectada a través del celular, y se lo escuchó hablar triviliadades de su día. "Esto demuestra la importancia que tiene para el senador Lousteau la discusión y el debate que estamos dando el debate en el seno de la comisión en nombre de la República", lamentó la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, quien vio interrumpida su alocución.
-¿Hola?
-Hola, maestro.
-Pero estoy hace diez, quince minutos, boludo.
-Pero, boludo. ¿Sabés por qué subiste?
-Porque estoy con la comisión...
Ese es el diálogo que se escucha entre voces de fondo, sonido de timbre y un portazo; desde el celular de Lousteau, mientras Sacnun exponía sus pareceres respecto del debate que definirá la continuidad del procurador Eduardo Casal --puesto a dedo por el presidente Mauricio Mactri tras conseguir la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó-- y la votación del nuevo procurador propuesto por el Ejecutivo a principio de año, Daniel Rafecas.
El oficialismo aún no consigue los dos tercios de los votos que precisa según la normativa vigente para nombre un nuevo procurador general, por la negativa de Juntos por el Cambio. En paralelo, el bloque del oficialismo en el Senado presentó un proyecto para modificar ley de Ministerio Público Fiscal y conseguir nombrar un nuevo procurador por mayoría simple y recortar la duración del cargo a cinco año, cuando actualmente es a perpetuidad.
Rafecas agitó el debate al señalar que no asumirá el cargo si es votado por mayoría simple, a lo que sumó el respaldo inesperado de Elisa Carrió para su cargo, especulando que el oficialismo podría avanzar con la ley y poner otro candidato con la nueva forma de votación. Sin embargo, en Casa Rosada, insisten con que el candidato es Rafecas.
El oficialismo obtuvo el dictamen de Comisión
El Senado avanzó con la
reforma del Ministerio Público
El oficialismo avanzó este viernes en el Senado con la iniciativa que busca modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que podría ser tratada el próximo viernes en la Cámara alta. El Frente de Todos llevó a la Comisión de Justicia un dictamen que incluye la reducción en el número de votos necesarios para darle acuerdo al pliego del Procurador General y le pone un plazo de cinco años al mandato, según adelantaron fuentes parlamentarias a Página/12.
Después de tres reuniones informativas y del dictamen del Consejo Asesor de Juristas, la comisión que preside el neuquino Oscar Parrilli (FdT) estuvo reunida desde las 10 de la mañana hasta el mediodía.
Tal como preveían en el oficialismo, se alcanzó un dictamen unificado con los distintos proyectos de reforma del Ministerio Público Fiscal que ingresaron al Senado, presentados por Martín Lousteau (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), aliada de Juntos por el Cambio y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), aliado del Frente de Todos. También consideraron las recomendaciones del Consejo de Asesores sobre el tema.
"Esta es la cuarta reunión que estamos realizando para analizar los proyectos que modifican las leyes 27.148 y 27.149. Hemos hecho un trabajo muy intenso. Han concurrido a las reuniones fiscales, abogados y expertos en la materia quienes han dado opiniones distintas que han sido transmitidas públicamente", manifestó Parrilli al inicio del encuentro.
Sobre el cargo de Procurador General, indicó que "es un tema que hay que resolver que viene de arrastre" y consideró que "están dadas las condiciones para resolver este problema". "Nos parece que el camino es dictar una nueva ley que regule, no solo el funcionamiento, remoción, mayoría, tiempo, sino el funcionamiento de la procuración", remarcó el senador.
Por su parte, la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT) señaló que "todos los sectores tanto oficialismo como oposición coincidieron en la necesidad de una reforma".
Además, planteó que "la mirada debe ir más allá de la discusión de las mayorías, elección y remoción" sino que "debemos discutir también como este Parlamento asume la tarea de control de esa política criminal que satisfaga los intereses de la gente. Hay que darle una mirada que aborde el federalismo, la igualdad de género y fortalecer los controles".
Con la ley actual el oficialismo necesita la aprobación de los dos tercios de los senadores para designar a Daniel Rafecas como Procurador General, pero Juntos por el Cambio se niega a aportar los votos que hacen falta. Con la modificación, se buscará que alcance con una mayoría absoluta para designar al jefe de los fiscales, es decir la mitad más uno de todos los senadores. Estos son 37 votos, que el Frente de Todos conseguirá sin esfuerzo.
Tanto la modificación de la mayoría necesaria como el plazo de cinco años en el cargo, se sumaron al debate que se viene llevando a cabo en la Comisión de Justicia a partir del proyecto que Weretilneck presentó hace dos semanas. La iniciativa del rionegrino también apunta a modificar el mecanismo de remoción tanto para el Procurador como para el Defensor General.
En las reuniones informativas hubo un amplio consenso en que el cargo de Procurador General deje de ser vitalicio, y que pueda renovarse una vez cada determinada cantidad de tiempo. Los proyectos que presentó la oposición hace varios meses van en ese sentido.
Lo que sí generó mayores diferencias fue la decisión de reducir el número de votos necesarios para designar al jefe de los fiscales. En el Consejo Asesor de Juristas esto se resolvió con seis votos a favor y cinco en contra de pasar a mayoría absoluta. Mientras que en Juntos por el Cambio señalan que esto es "nuevo embate del kirchnerismo contra el Ministerio Público Fiscal".
Son semanas agitadas en el trabajo parlamentario. Las comisiones en el Senado tienen tiempo de dictaminar y aprobar leyes hasta el 30 de noviembre. A partir de ahí es el Presidente quien decide los temas a tratar. En este contexto, el oficialismo parlamentario está dispuesto a avanzar con la modificación de la norma.
La candidatura de Daniel Rafecas
En febrero ingresó a la comisión de Acuerdos el pliego de Daniel Rafecas. Pero la oposición se negó en todo momento a avanzar con la designación del candidato de la Casa Rosada. Así, siguió en el cargo Eduardo Casal, quien fue designado interinamente (sin la aprobación del Senado) por Mauricio Macri, luego de alentar la renuncia de Alejandra Gils Carbó. El expresidente pudo tener a su candidata en la procuración, Inés Weinberg de Roca, ya que nunca pudo conseguir los dos tercios.
En el bloque oficialista afirman que primero habrá una nueva ley del Ministerio Público Fiscal y luego avanzarán con la designación de Rafecas. "No podemos seguir dando vuelta y discutiendo este tema. Ya está la levadura al máximo, el debate es público y hay que meterlo en el horno", metaforizó un senador oficialista, en diálogo con Página/12.
"Hace cuatro años tenemos un procurador interino irregular y hace ochos meses un pliego en el Senado", remarcó para explicar la urgencia en avanzar sobre este tema. En paralelo, la comisión bicameral del Ministerio Público Fiscal seguirá evaluando las distintas denuncias por mal desempeño que pesan sobre Casal en el Congreso.
Daniel Rafecas, por su parte, ya dijo que iba a renunciar a su candidatura si el Senado modificaba el número de votos para su designación. Los comentarios no cayeron bien en la Cámara alta. "¿Por qué un juez de la Ciudad de Buenos Aires nos viene a poner condiciones a los representantes de las provincias sobre las leyes que trabajamos?", se preguntaba con indignación un senador del Frente de Todos que sigue la agenda judicial. En paralelo, tanto Alberto Fernández como la ministra de Justicia, Marcela Losardo, insisten que el candidato de la Casa Rosada para la Procuración General sigue siendo Rafecas.
Tampoco fueron bien recibidos los dichos de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sobre el tema. La exdiputada les pidió públicamente a los senadores de Juntos por el Cambio que voten a favor del pliego, aunque su partido no ocupa ni una sola banca en la Cámara alta. La postura del interbloque siempre fue la de defender al procurador interino y evitar que sea removido.
En las últimas 24 horas hubo 261 nuevas muertes
Coronavirus en Argentina: se registraron 9608 nuevos
contagios
De los 163 hombres fallecidos, 78 eran residentes en la provincia de Buenos Aires; 15 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 3 residentes en la provincia de Chaco; 3 residentes en la provincia de Chubut; 8 residentes en la provincia de Córdoba; 6 residentes en la provincia de Entre Ríos; 1 residente en la provincia de Jujuy; 3 residentes en la provincia de La Pampa; 2 residentes en la provincia de Mendoza; 2 residentes en la provincia de Salta; 4 residentes en la provincia de San Luis; 3 residentes en la provincia de Santa Cruz; 16 residentes en la provincia de Santa Fe; 2 residentes en la provincia de Tierra del Fuego, y 17 residentes en la provincia de Tucumán.
En el caso de la mujeres, 53 eran residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 residentes en la Ciudad de Buenos Aires; 2 residentes en la provincia de Chaco, 2 residentes en la provincia de Chubut; 7 residentes en la provincia de Córdoba; 3 residentes en la provincia de Entre Ríos; 1 residente en la provincia de La Pampa; 4 residentes en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Neuquén; 1 residente en la provincia de Río Negro; 1 residente en la provincia de Salta; 4 residentes en la provincia de San Luis; 2 residentes en la provincia de Santa Fe, y 7 residentes en la provincia de Tucumán.
En las últimas 24 hs fueron realizados 37.816 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.622.893 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 79.840 muestras por millón de habitantes.
Monitoreo de internados y camas UTI:
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 4.187
(Información reportada por las jurisdicciones)
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
- Nación: 57,6%
- AMBA: 60,7%
(Información reportada por las jurisdicciones)
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 2.305 | 602.122
- Ciudad de Buenos Aires 410 | 155.869
- Catamarca 12 | 1.646
- Chaco 256 | 17.503
- Chubut 343 | 20.780
- Corrientes 164 | 4.673
- Córdoba 982 | 107.886
- Entre Ríos 253 | 21.502
- Formosa 3 | 177
- Jujuy 21 | 18.273
- La Pampa 88 | 5.060
- La Rioja 58 | 8.420
- Mendoza 317 | 54.811
- Misiones 3 | 434
- Neuquén 321 | 29.259
- Río Negro 201 | 29.746
- Salta 166 | 20.678
- San Juan 471 | 5.553
- San Luis 378 | 12.787
- Santa Cruz 248 | 13.847
- Santa Fe 1.757 | 136.009
- Santiago del Estero 252 | 14.163
- Tierra del Fuego** 127 | 14.965
- Tucumán 472 | 62.879
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
Aclaración: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la provincia de residencia, se asigna la provincia de carga. Pudiendo variar en función de la investigación de la jurisdicción.
Avanza en Diputados el proyecto que fija el monto para financiar a la policía de la Ciudad de Buenos Aires
Dictamen para la reducción
de los fondos que Macri le dio unilateralmente a CABA
El oficialismo ya tiene todo listo en Diputados para llevar al recinto el proyecto que fija el monto por el traspaso de la policía de la Ciudad. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda firmaron este viernes el dictamen del proyecto que tiene media sanción del Senado, en un debate caliente con la oposición que rechazó la medida. En las próximas semanas el Frente de Todos podría convertirlo en ley.
A pocas horas de que termine el periodo para que las comisiones puedan dictaminar, el bloque que conduce Máximo Kirchner decidió avanzar con la firma del despacho, que tiene media sanción desde el 2 de octubre. "El distrito con más recursos solidariamente tiene que ceder algo que le está sobrando, que viene de fondos nacionales, para ser redistribuido con otros distritos", dijo en defensa del proyecto del Gobierno la diputada por Catamarca Lucía Corpacci.
Además, recordó que, cuando ella era gobernadora de su distrito, la gestión de Mauricio Macri quitó unidireccionalmente el Fondo Sojero, sin diálogo. "Nos enteramos por el diario que no se nos pagaba más, a partir de ese momento. Si pretendemos que las cosas vayan por el camino que corresponde, hagámoslo siempre".
En tanto, para Juntos por el Cambio este proyecto es "inconstitucional porque nuestra Constitución, en materia de coparticipación y transferencia recursos de nación a provincia, establece principios claros y fáciles de cumplir que no se respetaron en este caso", explicó Pablo Tonelli, en nombre del interbloque. "Todo lo referido a la coparticipación tiene que ser resuelto mediante convenios celebrados por todas las partes involucradas, quien transfiere y quien recibe. Este es un principio esencial en nuestra Constitución", insistió.
Ante esto, Corpacci repuso: "Se le quita un porcentaje de fondos que fueron entregados por medio de un convenio entre Macri y Rodríguez Larreta, en el que aumentaron de 1,4% a 3,5% los fondos que tenían un destino específico, que era solventar los gastos que demanda la Policía de la Ciudad. Eso se hizo sin consulta a nadie, a los gobernadores no se nos dijo nada".
Este proyecto prevé la aprobación de un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía fijando ese monto en unos 24.500 millones de pesos anuales. Este monto contempla una actualización trimestral basada en un 80 por ciento por el índice del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por inflación.
En 2016 Macri hizo este pase de tareas sin pasar por el Congreso. Para financiarlo, llevó la coparticipación porteña de 1,4% a 3,75%, y luego a 3,5% en el marco del Consenso Fiscal. "Modificó de manera ilegal los índices de coparticipación y estableció e incrementó esa masa coparticipable en 165%. Algunos legisladores que han sido gobernadores pueden recordarlo", señaló Pablo González, que presidió el debate durante toda la jornada.
El pasado ocho de septiembre, presionado por una violenta marcha policial en la Quinta de Olivos por reclamos salariales, Alberto Fernández decidió quitarle un punto de la coparticipación de la Ciudad para crear el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y así resolver una parte del conflicto.
A los pocos días, Horacio Rodríguez Larreta fue a la Corte Suprema de Justicia a pedir que se declare la inconstitucionalidad de la medida tomada por el Presidente, y que se le retrotraiga el beneficio concedido por Macri. El argumento del jefe de Gobierno es que les alcanza justo para financiar a la Policía con los puntos de coparticipación que les aumentó el ex presidente. Pero en la Casa Rosada insistían que había una excedente de 86 mil millones de pesos.
En paralelo, Alberto Fernández presentó este proyecto de ley, que en el Senado rápidamente tuvo media sanción. "Se trata de ordenar y readecuar el correcto cálculo de los gastos del servicio de seguridad", explicó González sobre el proyecto y remarcó que con este proyecto "no se busca perjudicar a la Ciudad". Con esto, la Casa Rosada recibió un fuerte apoyo de los gobernadores del Frente de Todos y de los partidos provinciales.
"La situación económica y social requiere de un diálogo sincero de todos los sectores. El esfuerzo debe ser equitativo. No podemos seguir cargando o pidiendo a los que poco o nada tienen", dice la carta que firmaron 19 de los 24 gobernadores, solo no acompañaron los cuatro de Juntos por el Cambio y el cordobés, Juan Schiaretti, que en su momento mantenía una mayor distancia del Gobierno de Alberto Fernández.
En este contexto, el oficialismo busca dejar resuelto el monto que implica el traspaso de tareas de la Policía de la Ciudad mediante una ley sancionada por el Congreso, que deshaga los Decretos de Necesidad y Urgencia que se firmaron previamente. "En 2016 nos desayunamos con un decreto de Macri que le daba dos puntos coparticipación al gobierno de la Ciudad. Sí, es injusto con respecto a las provincias, es profundizar y romper con el federalismo", dijo Sergio Casas, que fue gobernador de La Rioja en la gestión anterior y sufrió los desmanejos de los fondos de la gestión cambiemita.
El Presidente participa de la cumbre de jefes de Estado del G20
Fernández pedirá un Pacto de Solidaridad Global
A tono con el año de la virtualidad, el presidente Alberto Fernández participará hoy y mañana desde Chapadmalal de la Cumbre de Líderes del G20 que tiene como sede de realización Arabia Saudita, a unos cuantos miles de kilómetros. Con la idea de resaltar los principios de solidaridad y cooperación internacional, Fernández volverá a la carga con la propuesta de crear un fondo común para combatir la pandemia, con una pata en la cuestión sanitaria y otra en lo social y económico. Pero será difícil conseguir acuerdos en un año que no se caracterizó por las respuestas globales a la crisis planteada por la aparición del coronavirus. Todavía había alguna disidencia en cuanto a la firma del documento final, en tanto que el único jefe de Estado que no había confirmado su participación en la cumbre era el de Estados Unidos, Donald Trump, un tenaz opositor al multilateralismo que encima está en medio de su salida con escándalo y denuncias de la Casa Blanca.
"Hacer realidad las oportunidades del siglo XXI para todos", es el lema, siempre poético, de la convocatoria. El Presidente tendrá tres breves intervenciones en los dos días: en la apertura de hoy y en el cierre de mañana, en ambos casos alrededor de las 11. Además, hablará en uno de los eventos paralelos, pero ese mensaje ya está grabado. En marzo pasado, a poco de iniciar la cuarentena en el país, Fernández participó de una cumbre extraordinaria del G20 para debatir específicamente sobre la pandemia y ya entonces mencionó la necesidad de ir hacia un pacto de solidaridad global y crear un fondo mundial de emergencia humanitaria. En los mensajes de hoy y mañana volverá sobre las mismas ideas, las que menciona como "un nuevo capitalismo".
"Ese Pacto de Solidaridad Global se estructura a partir de tres ejes, fundados en la salud, la protección social para todos, y la recuperación económica, como puntos centrales para la promoción de la cooperación y la unidad, con el fin de fortalecer y garantizar oportunidades del siglo XXI para todos", informaron desde la Casa Rosada sobre la exposición presidencial. En cuanto a lo sanitario, pedirá que los test, tratamientos y vacunas sean calificados como "bien público global", de manera que resulten accesibles para todos los habitantes del planeta.
El embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, es el "sherpa" del Presidente en la Cumbre, es decir, quien lo representa en las negociaciones previas. "Que se generen los necesarios consensos para que la recuperación económica global sea inclusiva y sustentable", explicó en un video que subió a las redes acerca de cuál será el objetivo del mensaje de Fernández. Argüello estuvo esta semana en Buenos Aires acompañando la visita de la misión del FMI y permanecerá hasta que culmine el G20 para luego regresar inmediatamente a Washington, que es donde hoy está puesta la mira de la política exterior. En lo inmediato, en las negociaciones con el Fondo, tal como lo expresó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el encuentro de funcionarios previo a la Cumbre de Líderes. Un poco más allá, la expectiva es por la asunción de Joe Biden y el vínculo que el país puede generar con la nueva gestión demócrata.
Hasta anoche, la participación de Trump en la Cumbre continuaba siendo una incógnita. En cambio, el secretario de Estado, Mike Pompeo, estará presente en Arabia Saudita luego de su controvertido paso por Israel. Que la cumbre sea virtual es una gran desilusión para la monarquía saudí, histórica aliada de Estados Unidos, que esperaba la oportunidad para mejorar su imagen ante el mundo, jaqueada por múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Al cierre, permanecían disidencias en el documento final en el tramo dedicado al cambio climático. En estas circunstancias, un tema de segundo orden dada la urgencia por atender las consecuencias de la pandemia. Se calcula que los gobiernos llevan gastados 11 billones de dólares en atender el impacto de la crisis sanitaria y que el PBI mundial caerá casi el 5 por ciento en este 2020. Obviamente, la expectativa por el éxito de las vacunas en marcha y la posibilidad de una salida cierta de la actual situación será lo que prevalezca en las participaciones. El secretario general de la ONU, el portugés Antonio Guterres, apeló a la solidaridad de los países más ricos. "Debemos recuperarnos de una forma que sea inclusiva", exigió en su mensaje previo a la Cumbre.
El ministro pidió respaldo del G-20
Martín Guzmán sobre el stand by que el FMI le dio a Macri:
"Fue un préstamo político"
El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó de una reunión virtual de ministros de Finanzas del G-20 y jugó dos fichas fuertes: le pidió a los países líderes respaldo político para avalar la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario (FMI) vía un programa sostenible; y a la vez contó detalles de las charlas con la misión del organismo. El dato más jugoso, una coincidencia de "todas las partes" sobre lo negativo y arbitrario del préstamos stand by que tomó la gestión de Cambiemos.
En la jornada titulada “La Economía global y el camino a seguir”, el ministro reclamó el "apoyo de los países miembros a la negociación que la Argentina está llevando a cabo junto al FMI para establecer un programa sostenible", informó el Palacio de Hacienda en un comunicado. Durante el encuentro, previo a la Cumbre de Líderes que se desarrollará este fin de semana bajo la presidencia de Arabia Saudita, el ministro agradeció “a todos los países del G20 por haber apoyado el proceso de reestructuración de la deuda argentina”.
En esa línea, Guzmán destacó que “el siguiente paso para resolver nuestra crisis macro y de deuda es el programa con el FMI, que reemplazará al acuerdo stand by que Argentina y el organismo firmaron en 2018”. Agregó además que "ahora también los necesitaremos, y les pido su apoyo en este proceso”, y resaltó las “negociaciones y el trabajo constructivo con el FMI”. Fue en ese contexto que deslizó críticas coincidentes entre el Fondo y el Gobierno Nacional sobre el crédito a Cambiemos. "Para todas las partes ha habido mucha frustración y enojo con el programa anterior", sentenció.
Según el ministro, "muchos de nosotros lo vimos como un préstamo político y afortunadamente todas las partes han estado mostrando un liderazgo muy positivo. Tanto Kristalina Georgieva como el presidente Fernández han ayudado a calmar la situación”, añadió.
Algunas pistas
La posición de Guzmán ante el G-20 dejó ver además algunos detalles de lo que se charló con la misión del organismo, que ya está en viaje a Washington. En cuanto al nuevo programa que se negocia con el organismo multilateral, explicó que “las políticas macroeconómicas tendrán que dar cuenta de la realidad que atraviesa el país. Tenemos que definir de manera muy cuidadosa las formas con las que decidimos resolver todos los desequilibrios, porque es urgente abordar los desequilibrios sociales”.
En relación con los procesos de reestructuración de deuda soberana, el ministro remarcó que “las cláusulas de acción colectiva modernas ayudaron, pero hay espacio para mejorar los marcos formales internacionales, y el equilibrio de poder entre los deudores soberanos en apuros y los acreedores”. “El acuerdo del G20 sobre la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) es un hito importante y la Argentina apoya el marco común para ese tratamiento en la DSSI”, puntualizó.
Al respecto, sostuvo que “la Argentina seguirá trabajando dentro de los límites de las reglas de la arquitectura financiera internacional junto a todos los países del G20 para construir una economía mundial más resiliente e inclusiva”. “Permítanme agradecer a la Presidencia saudí por el liderazgo positivo durante este año. Le damos también la bienvenida a la nueva presidencia italiana, y les deseamos todo el éxito con los grandes desafíos por delante”, concluyó Guzmán.
Fuente:Pagina12
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