19 de noviembre de 2020
Se definió como “el primer abanderado de este reclamo”
Alberto Fernández sobre el aborto: “Estamos en condiciones de que esta vez se convierta en ley”
El presidente Alberto Fernández garantizó que el oficialismo alcanzará el número suficiente de legisladores para que el proyecto para la legalización del aborto sea sancionado como ley. Además, prometió que hará “todos los esfuerzos para que el Congreso acompañe” esa causa y aseguró que esta vez “no va a haber ningún presidente llamando a un gobernador para que vote en contra”.
“Estamos en condiciones de que esta vez se convierta en ley”, remarcó el jefe de Estado, quien se definió como “el primer abanderado de este reclamo” y reveló que planteó su posición a las autoridades de la iglesia católica durante su última visita al Vaticano.
En declaraciones a la radio Futurock, también diferenció el contexto en que fue presentada la iniciativa respecto a 2018, cuando Mauricio Macri "avaló" el debate. “Que el Presidente mande un proyecto, que reclame su tratamiento y aprobación, y que se comprometa públicamente de que el aborto es necesario, genera un escenario distinto”, comparó.
“Esta vez no es un presidente que cumplió mandando una ley para que no digan 'no cumplió'. Sino que activamente se preocupa por el tema”, agregó y señaló que “la diferencia con otros tiempos es que más allá de la enorme lucha de las organizaciones feministas, yo me siento el primer abanderado de este reclamo”.
En acuerdo con el Ministerio de Turismo
Vacaciones 2021: cuáles son las provincias que no pedirán hisopado ni cuarentena
Las nueve provincias que reciben la mayor cantidad de turistas en verano no requerirán a los visitantes que cumplan cuarentena ni presenten un test previo de coronavirus con resultado negativo, según lo acordado por sus gobernadores con el Ministerio de Turismo y Deportes.
Se trata de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, que en conjunto son el destino del 90% de los turistas durante el verano.
A lo sumo, indicaron, algunas de esas provincias pedirán inscripción previa en el "registro vacacional", que asienta el número de ingresos a ciertos municipios y el movimiento del viajero dentro del país.
Además de no exigir la realización de una cuarentena ni el test PCR, los turistas tampoco estarán obligados a contar con un seguro de viaje, según los acuerdos establecidos por sus gobiernos con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.
Algunas provincias pedirán un control mediante el registro vacacional, para lo que ya están en contacto con la Secretaría de Innovación Pública -como el caso de Buenos Aires-.
El oficialismo quiere llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes
El Senado tratará la semana próxima el Aporte Extraordinario
Imagen: Prensa Diputados
Ahora le toca al Senado. La Cámara alta avanzará la semana que viene con el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas en la comisión de Presupuesto, con la mira puesta en sancionar la ley durante los primeros días de diciembre. En este contexto, el Congreso seguirá trabajando durante el verano con los temas principales de la agenda del Gobierno.
El próximo martes 24 la comisión de Presupuesto y Hacienda comenzará el tratamiento del proyecto que busca recaudar más de 300 mil millones de pesos para paliar los costos de la crisis generada por la pandemia, según señalaron fuentes del oficialismo en la Cámara alta. La comisión que preside el cordobés Carlos Caserio no se tomará demasiado tiempo para firmar el despacho. Si bien indican que "no será un tratamiento exprés", pretenden dictaminar a los pocos días para llevar el tema al recinto el primer jueves de diciembre.
El Frente de Todos cuenta con 41 de las 72 bancas de la Cámara alta, es decir que no necesita del apoyo opositor para avanzar con su agenda, a diferencia de lo que sucede en la Cámara baja. De este modo, antes de fin de año, la AFIP ya estaría en condiciones de recaudar este aporte por única vez de las diez mil personas más ricas del país.
Sin embargo, la holgada mayoría oficialista en el Senado no exime las presiones externas que se puedan recibir para frenar el tratamiento del proyecto. La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió que se "incorpore una visión productivista" al proyecto y enfatizó en su rechazo. "La redacción del proyecto en cuestión profundizará aquellos problemas que impiden emprender el camino de la recuperación sostenida. Más que gravar los recursos que se destinan a la inversión, Argentina necesita potenciarlos desde una mirada integral y de largo plazo", dice el comunicado de la organización que lidera Miguel Acevedo.
En la maratónica sesión del martes pasado en Diputados hubo espacio para acusaciones infundadas, amenazas y argumentos descabellados. "El impuesto a la riqueza tiene tras de si, financiar la reforma judicial", dijo el radical Alvaro De Lamadrid. Lo cierto es que en ningún artículo el Aporte Extraordinario hace mención al proyecto de reorganización de la justicia federal. Incluso, hace más de dos meses tiene media sanción pero el oficialismo no logra los votos para avanzar. También dijo que era "para que la vicepresidenta se pueda vengar de la Justicia, del campo, de quienes no se arrodillan frente a ella".
"Tengan cuidado porque la rebelión fiscal no va a tardar en suceder", advirtió Jorge Enríquez (UCR), con un tono amenazante, invitando a la evasión impositiva desde el Congreso de la Nación. En tanto, sanjuanino Eduardo Cáceres (PRO) en alegato a la meritocracia dijo que al país lo sacan adelante "las mentes brillantes de los emprendedores y la saca la Argentina de los Pumas, la Argentina de bien", en referencia a la Selección nacional de rugby.
Pero la sesión también dejó en evidencia que el oficialismo avanzará en su agenda con el apoyo de los bloques menores, sin esperar un aval de Juntos por el Cambio. En la Cámara baja, el oficialismo es la primera minoría y necesita doce votos para alcanzar la mayoría simple de 129. Así, el apoyo que recibió de 9 de los 11 lavagnista y de los seis del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, le dio a Máximo Kirchner la confianza para avanzar con este proyecto que estaba listo para ser tratado hace más de un mes, pero quedó cajoneado.
A diferencia de otros temas importantes, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR), se enteró que iba a tratarse el Aporte Extraordinario a la par que la prensa. Ni Sergio Massa, ni Máximo Kirchner lo llamaron para ponerlo en tema. Los acuerdos vinieron por otro lado: los gobernadores. Incluso, Gerardo Morales, el único peso pesado de la coalición opositora que se manifestó a favor de la medida, dio órdenes expresas los dos diputados radicales de su distrito de que acompañaran al oficialismo. Así, Gabriel Burgos y Jorge Rizzotti votaron a favor, en contra mano del resto del interbloque.
Los mismo pasó con Misiones luego de que se incluyera en el Presupuesto 2021 una zona franca donde se pagan menos derechos de importación y exportación de productos tecnológicos. Los tres diputados del Frente de la Concordia Misionero, que responden directamente al gobernador Oscar Herrera Ahuad, también acompañaron el presupuesto y el Aporte Extraordinario. El otro mandatario provincial que se alineó con el Gobierno para las leyes económicas es Juan "Gringo" Schiaretti. Los cuatro diputados que siguen linealmente sus órdenes votaron a favor de la ley de leyes y del Aporte Extraordinario, salvo Alejandra Vigo, que en esta última votación estuvo ausente "porque no se sentía del todo bien", explicaron fuentes cercanas al bloque.
Un filtro para la Corte, cambiar la integración del Consejo de la Magistratura y acortar el
mandato del Procurador
Reforma judicial: las
propuestas que el consejo
de asesores le presentó al Presidente
Para todo dicen que es imprescindible que se respete la paridad de género, hoy inexistente. Alientan un acortamiento en el mandato del procurador/a a cinco años y que sea elegido con mayoría absoluta, no de dos tercios como es en la actualidad para un mandato vitalicio. Para la remoción sugieren mantener el sistema de juicio político actual. Impulsan, entre otros puntos novedosos, que la designación del o la titular de la Oficina Anticorrupción sea con audiencia pública, a propuesta del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. A la vez, plantean una reducción de sus funciones.
El consejo mantuvo deliberaciones durante tres meses y se manejó con un temario específico detallado en un decreto presidencial. El martes por la noche le hizo llegar al Presidente el documento, de casi mil páginas, con sugerencias que podrían ser utilizadas para el envío de distintos proyectos de ley. Quizá en unos días se haga algún acto o reunión. Las posiciones de los juristas no fueron unánimes, en muchos casos quedaron divididas 6 a 5 y en ciertos temas, como en lo que atañe al Consejo de la Magistratura, hubo consensos un poco más altos. Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera se ocuparon de la mayor parte de la redacción y coordinación de todas las posturas. El resto de los integrantes fueron León Arslanian, Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Hilda Kogan, Enrique Bacigalupo, Claudia Sbdar María del Carmen Battaini, Omar Palermo y Raúl Gustavo Ferreyra. Aquí, algunos detalles de las recomendaciones:
Corte Suprema
El consejo no opinó sobre el número de jueces de la Corte, tras discutir si estaba entre sus misiones hacerlo. Al analizar el funcionamiento del alto tribunal, hubo una opinión mayoritaria de que debería obrar como un tribunal constitucional y tratar menos casos al año, al estilo de la Corte de Estados Unidos. Para eso idearon distintos tipos de filtro. El principal sería un tribunal intermedio, que podría asimilarse a una cámara de casación, con competencias múltiples. La mayoría cree que debería dedicarse a revisar, en esencia, las sentencias arbitrarias, las que vienen de cámaras federales y tribunales superiores de las provincias. Sobre este último punto hay posturas variadas. Algunos consejeros prefieren que sólo revise fallos de las cámaras federales. El esquema es una división en salas, que daría una integración de unos 15 jueces/as. Otro filtro que consideran es el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, donde deberían ir --dicen-- las apelaciones de las cámaras nacionales antes de llegar a la Corte.
Los juristas plantean que el Congreso debería sancionar una ley orgánica que regule todo lo que atañe a la Corte y defina, por ejemplo, desde la designación de sus miembros, que la integración garantice paridad de género, pluralidad ideológica y representación federal, pero también la obligatoriedad de audiencias públicas para cierto temas, que haya acuerdos públicos, que los supremos/as tengan un plazo razonable establecido para fallar.
Otras ideas: que la Corte pueda resolver acciones declarativas de inconstitucionalidad “puras”, es decir, sin que haya un caso, por ejemplo, ante el cuestionamiento de una ley. Que pueda responder consultas no vinculantes sobre proyectos de ley. Señalan también que el llamado artículo “280” que se usa para rechazar planteos sin fundamento sea reformulado o que exista una exigencia de fundamentación mayor. De acuerdo un pedido de los organismos de derechos humanos, plantearon la creación de secretarías específicas, también en el Ministerio Público Fiscal, y que la falta de aplicación de las disposiciones de organismos internacionales de derechos humanos y fallos de la Corte Interamericana sean causal de remoción de jueces.
Pusieron en tela de juicio también que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que contiene a la oficina de escuchas, continúe en la Corte. Sugieren evaluar su traspaso, aunque no dicen a dónde. También advirtieron que el famoso fondo anticíclico (el ahorro millonario que tiene la Corte) se debe utilizar para mejorar los sistemas con una innovación basada en inteligencia artificial.
Procuración y Ministerio Público
Es un tema candente porque está en pleno debate en el Senado y, de hecho, el oficialismo allí esperaba la postura de la comisión. La idea de limitar el mandato del Procurador/a tuvo diez adhesiones y se propuso una duración de cinco años. Gil Domínguez fue el único que sostuvo que debe quedar como está, sin límite. Algunos agregaron la posibilidad de reelección. Las diferencias aparecieron en la mayoría necesaria para la designación. Kogan, Weinberg, Battaini, Gil Domínguez y Bacigalupo se inclinaron por sostener el acuerdo de dos tercios actual. Beraldi, Arslanian, Ferreyra, Herrara, Palermo y Sbdar prefieren mayoría absoluta. Para la remoción hubo coincidencia en sostener el juicio político, con acusación de dos tercios en Diputados, y destitución por dos tercios del Senado.
El proyecto plantea que la selección de fiscales también debería ser con audiencias públicas y criterios de paridad de género. Dicen que se debe apurar la implementación del sistema acusatorio. Sugieren crear una policía judicial que trabaje con el Ministerio Público Fiscal.
También analizaron las funciones de la Oficina Anticorrupción y la posibilidad de que se contemple su traspaso al Ministerio Público, algo que no definieron. Sí postulan que el o la titular de la OA sea elegido a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado y que siga en la estructura del primero pero con menos funciones. Los asuntos penales debería derivarlos a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Debería enfocarse a la prevención y control.
Consejo de la Magistratura
Para el consejo asesor, la composición actual de trece miembros no es equilibrada y no respeta la Constitución. Esbozaron un consejo de 16 integrantes (4 jueces/as, 4 abogados/as, 4 académicos/as y 4 representantes políticos). Deben tener dedicación exclusiva, por lo tanto si son legisladores/as podrían tener representantes. La propuesta es que haya audiencias públicas para elegirlos también y que se respete también la paridad de género.
Dentro de las reformas plantean que los concursos se deben realizar por anticipado, por materias (no para un cargo) y tener un plazo de cuatro años. Los jurados deben ser elegidos públicamente y debe haber criterios de paridad para garantizar el acceso de mujeres y de la comunidad LGBTIQ + a los cargos. En cuanto a los exámenes, señalan que la entrevista no puede valer más de 20 puntos, porque eso es lo que permite manipular ternas. También sostiene que es necesario que el plazo de trámite de una denuncia contra jueces o juezas no dure más de un año (hoy dura tres).
Un tema que podría traer roces con la Corte, como ocurre históricamente, es que el consejo asesor plantea que se debe respetar la Constitución y los fondos del Poder Judicial tienen que ser administrados por el Consejo de la Magistratura. Creen que una ley debe ordenar eso.
Juicio por jurados
El sistema de juicio por jurados se debe implementar en todo el país. Los juristas recomiendan jurados de 12 miembros con paridad de género. La mayoría sostiene que debe ser para casos de delitos con penas superiores a 15 años. Gil Domínguez planteó que se debe incluir a los delitos de corrupción y también algunos procesos civiles (por ejemplo, sobre marcas, servicios de comunicación, salud y acciones colectivas). No hubo acuerdo sobre si puede ser una elección del acusado/a ser juzgado por un jurado popular.
Otro tema espinoso sobre el que no hubo consenso es el modo en que puede hacerse el traspaso de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires y las posibilidades de que lo jueces nacionales pasen al fuero federal (lo que chocaría con el reciente fallo de la Corte sobre Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia). Se señala que debe haber un convenio de transferencia para que pasen prioritariamente a CABA y que no dure más de tres años.
Movimientos en Comodoro Py tras el regreso de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi
Martín Irurzun, el artífice de la doctrina de las prisiones preventivas arbitrarias, fue reelegido en la Cámara Federal
Después de semanas convulsionadas, la Cámara Federal hizo un gesto de reorganización interna tras el regreso de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, según dispuso la Corte. La primera decisión de impacto fue la reelección como presidente de Martín Irurzun, célebre durante el macrismo por las prisiones preventivas que se aplicaron siguiendo su doctrina y por ser la cabeza de la oficina de escuchas de la Corte, y la segunda fue la decisión de que Bruglia continúe interviniendo en las dos salas de la Cámara, por lo que cualquier decisión sobre investigaciones en trámite que llegue a esa instancia pasará por sus manos.
El jueves hubo una reunión en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py entre los cuatro jueces que actualmente integran la Cámara Federal. Bruglia y Bertuzzi se habían reintegrado el lunes pasado después de una licencia que siguió al fallo de la Corte Suprema que los restituyó temporalmente en el tribunal al que fueron trasladados durante el macrismo. Por unanimidad, los jueces resolvieron volver a entronizar a Irurzun como el presidente de la Cámara para el año próximo y también eligieron a Bruglia como vicepresidente. Esa acordada se firmó el jueves 12, pero recién se conoció ahora.
Al día siguiente, los jueces acordaron que Llorens y Bruglia iban a subrogar en la Sala II, donde hay actualmente dos vacantes, una que está sometida a un concurso y la otra que reclama el juez Eduardo Farah. De ese modo, la Sala II quedó integrada por Irurzun, Bruglia y Llorens, mientras que la Sala I por Llorens, Bruglia y Bertuzzi. Por el momento, tanto Llorens como Bruglia tendrán un ojo en cada uno de los expedientes que pasen por la Cámara.
Trascendió que la vocalía que ocupa Llorens en la Sala II es a la que debería volver Farah, que pidió su traslado primero a un tribunal en lo penal económico y después a un tribunal oral federal en San Martín, después de una campaña de desprestigio del macrismo y medios afines por haberse pronunciado por el cese de la prisión preventiva para los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Farah reclamó al Consejo de la Magistratura que lo reintegren a la Sala II de la Cámara Federal, sin hacer mención alguna al número de vocalía. Farah concursó para ese cargo y consiguió el nombramiento en 2008. Durante largo tiempo fue él quien ocupó una vocalía en las dos salas, por lo que pudo tener una mirada total a lo que sucedía en la Cámara.
Más allá del reacomodamiento en la Cámara Federal por el affaire Bruglia-Bertuzzi, lo cierto es que los camaristas aceleraron los tiempos en lo que hace a la reelección de Irurzun, que está en el tribunal desde 1994 y lleva más de diez años como presidente. El año pasado, la reelección de Irurzun había sido el 12 de diciembre, dos días después de la asunción de Alberto Fernández. Sus colegas explicaban entonces que había sido un espaldarazo a uno de los jueces emblemas durante el macrismo por su doctrina a favor de las preventivas para exfuncionarios kirchneristas y por su rol mando en la oficina de escuchas de la Corte Suprema.
Desde el reintegro de Bruglia y Bertuzzi, no hubo demasiados intercambios entre los jueces de la Cámara. Como la mayor parte del trabajo es remota, cada uno va un día a los tribunales de Retiro y sólo se reúnen excepcionalmente. Cuando el Senado rechazó el traslado de Bruglia y Bertuzzi --después de una revisión decidida por el Consejo de la Magistratura--, ni lentos ni perezosos, Irurzun y Llorens se repartieron las subrogancias entre ellos. Para subir un poco más el tono del encono, la Corte Suprema recordó en su fallo del 3 de noviembre que la dupla Irurzun y Llorens se había opuesto al traslado de Bertuzzi a la Cámara Federal. Tanto Bruglia como Bertuzzi llegaron a ese tribunal en 2018 desde el Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal. En el caso de Bertuzzi, él partía de un traslado anterior desde el TOF 1 de La Plata.
La Corte restituyó a los B-B a la Cámara Federal hasta en tanto se realice un concurso para cubrir las vacantes que ellos ocupan. La comisión de selección del Consejo de la Magistratura, que preside Graciela Camaño, decidió la semana pasada avanzar con ese llamado a concurso. Tanto Bruglia como Bertuzzi ya hicieron saber su voluntad de presentarse, aunque apuestan a que el proceso se prolongue en el tiempo porque, después del conflicto de alto impacto que protagonizaron con el Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura, saben que tienen pocas chances de ingresar en una terna.
El Consejo de la Magistratura, que se reunirá este jueves, debe todavía examinar el pedido de Farah y dar las puntadas finales al concurso para la otra vacante en la Sala II. Después de los exámenes quedaron bien posicionados los jueces en lo penal económico Diego Amarante, Pablo Yadorola, así como los federales Marcelo Martínez de Giorgi y Alejo Ramos Padilla --que también tiene chances en el Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires--. Nada indica que vaya a haber definiciones en el plenario de hoy.
Un socialista se incorpora en el gobierno nacional
Jorge Rivas es el nuevo
director de Estrategias
Inclusivas del Ministerio de
Transporte
El dirigente socialista Jorge Rivas, que quedó cuadripléjico hace más de 10 años debido a las secuelas de un robo que sufrió cuando era vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández, fue designado como director Nacional de Estrategias Inclusivas, Accesibles y Desarrollo Sostenible del Transporte, una dirección que se encuentra dentro del Ministerio de Transporte de la Nación a cargo de Mario Meoni.
En noviembre del 2007, el entonces vicejefe de Gabinete de Néstor Kirchner y diputado electo, Jorge Rivas, fue atacado por un grupo de ladrones que lo golpearon con tanta fuerza en la cabeza que lo terminaron dejando cuadripléjico. Luego de una larga rehabilitación, sin embargo, Rivas pudo jurar como diputado nacional en el 2009 para la banca para la que había sido electo, volviéndose el primer diputado de la Argentina (algunos dicen del mundo) en asumir su cargo con un cuadro de cuadriplejia.
Rivas, que también es abogado y especialista en Derechos Humanos y Asuntos Constitucionales, logró reincorporarse plenamente a la vida laboral y política gracias a un programa de software, el cual interpreta el movimiento de su cabeza para formar y reproducir a través de un parlante las oraciones que él va formando. En el 2011, el dirigente socialista fue reelecto y, al año siguiente, intervino por primera vez en la Cámara Baja para manifestar su apoyo al proyecto de Ley de Voto Joven. Cuando terminó el discurso, el recinto entero lo aplaudió de pie.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, Rivas continuó participando de la política, aunque no logró ser reelecto como candidato del Socialismo Para la Victoria. Finalmente, luego del triunfo del Frente de Todos, Rivas se reencontró con Alberto Fernández, y fue designado como asesor en temas de derechos de las personas con discapacidad. Al menos así fue hasta ayer a la tarde, fecha en la que la Jefatura de Gabinete lo designó como Director Nacional de Estrategias Inclusivas, Accesibles y Desarrollo Sostenible del Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación.
Fuente:Pagina12
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