10 de noviembre de 2020
El Gobierno anunció cómo aumentarán los haberes previsionales
Para los jubilados, la fórmula de CFK
El Gobierno anunció la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que regirá desde marzo de 2021. Será la misma que estuvo en vigencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la cual permitió una recuperación sustancial de los haberes previsionales. El proyecto acordado en el Frente de Todos busca retrotraer el esquema de aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones al que funcionaba en aquel momento. Establece que las subas de haberes se determinarán por la evolución de los salarios de los trabajadores y la recaudación impositiva, incluidos los recursos a la seguridad social. Es decir, se excluye de la fórmula la variable inflación que había introducido el gobierno de Cambiemos, cuyo resultado fue una pérdida abultada de ingresos para los titulares de esos derechos, El otro cambio sustancial es la periodicidad de los aumentos: en lugar de trimetrales, como sucedía desde 2018 a la fecha, los subas volverán a ser semestrales.
El cierre político del trabajo de cinco meses en el Congreso para el estudio de la nueva fórmula, con la participación de especialistas en seguridad social y representantes de amplios sectores, se produjo este lunes con una reunión de funcionarios y legisladores. El encuentro fue en el Ministerio de Economía y estuvo encabezado por su tiular, Martín Guzmán, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. El proyecto será puesto a consideración de la Comisión Bicameral de Movilidad Previsional. Por el Poder Legislativo asistieron las autoridades del FdT: Sergio Massa, Máximo Kirchner y José Mayans, y legisladores a cargo de las comisiones que recibirán la ley: Marcelo Casaretto, Daniel Lovera, Carlos Heller y Carlos Caserio.
"La nueva fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley N° 26.417 que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017 y sus elementos constitutivos básicos, los salarios y la recaudación (en un 50% cada uno", destacó el Gobierno en un comunicado. En el caso de los salarios, se tomará la evolución del índice Ritpte, que elabora la secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo
"La fórmula que se propone es sustancialmente la misma a la sancionada en 2008 y que resultó en una mejora sostenida del poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta", agrega el comunicado. "Una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina. Porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos. En diversos países, las fórmulas de movilidad se basan en inflación siendo que los precios en esos países crecen menos que los salarios, lo cual quiere decir que no hay un objetivo de recuperación real de los ingresos. Además, los niveles promedio y las variaciones de la inflación en esos países son mucho más bajos que los que se observan hace lustros en Argentina, lo cual les permite dar cierta previsibilidad al gasto previsional", argumentó el Gobierno.
El proyecto recupera el tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de ANSES (multiplicado por 1,03). Se incorpora una cláusula de “legislación constante” que establece que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad.
La actualización semestral de los aumentos de las jubilaciones y pensiones en lugar de trimestral fue justificada en que "permite achicar el 'rezago', mientras que a la vez se reduce la indexación de la economía. Hacer ajustes semestrales con un rezago mínimo, disminuye la volatilidad y reduce la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019".
El nuevo dueño de Walmart pone 120 millones de dólares
De Narváez invirtió y sepultó
la fake news
Imagen: NA
El aliado menos pensado para el Gobierno apareció invirtiendo y contando la historia real de éxodo de la estadounidense Walmart. El empresario y político Francisco De Narváez, flamante comprador de la cadena de supermercados, se reunió con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le prometió inversiones para los próximos tres años y contó que la operación de venta se aceleró por un reestructuración global de la firma.
El Grupo De Narváez, que participará en estas horas y por primera vez en una asamblea de Directorio de Walmart, le anunció a Kulfas un desembolso de 120 millones de dólares, más el compromiso de bancar el programa oficial de Precios Cuidados, según informó Desarrollo Productivo por medio de un comunicado.
"Es una muy buena noticia porque se trata de una compañía internacional que hace una reestructuración global que incluye a países como Brasil e Inglaterra”, le dijo De Narváez a Kulfas en una charla por Zoom que duró media hora. El dato refuerza la idea central que explica la salida real de Walmart, diseminada en redes y medios como una fake news. La venta acelerada fue, en realidad, consecuencia de una movida global de desconcentración de la firma por fuera de los mercados más atractivos, como contó el sábado último Página/12.
“La operación local es adquirida por un grupo importante del sector con experiencia en el país y operaciones en Uruguay y Ecuador”, contó De Narváez en la reunión, en referencia a un grupo de equipos técnicos que viene del retail y que trabajan para el negocio local. En la charla, como en toda buena aproximación de un empresario que debuta con el Gobierno de turno, De Narváez también bajó línea "oficialismo friendly": "los empresarios tenemos que invertir y dar trabajo formal y pagar nuestros impuestos”, destacó.
Anunció, además, la voluntad de trabajar en la ampliación de la participación de las pymes en todos los tramos de la cadena minorista y hasta sumarse al modelo de mayoreo. “Nos interesa que se desarrolle el entorno comercial en beneficio del consumidor y el componente pyme en toda la cadena”, afirmó el ministro, mostrando un esquema de negocios con el que De Narváez ya opera en Uruguay y Ecuador.
Montos y nombres
El estudio Marval O'Farrel confió que fue la firma elegida para asesorar en la negociación de venta del negocio de Walmart. En números, la operación le costó a De Narváez 44 millones de dólares por el 100 por ciento del paquete. Se hizo acreedor así de 31 hipermercados, 52 tiendas Changomas, y 8 tiendas MiChangomas distribuidos por todo el país y más de 9500 empleados. Naturalmente, hay también un compromiso de no achicar en empleos y responder por la totalidad de una plantilla de 9000 empleados directos.
En la próximas horas se definirá el mayor de los misterios, el nombre que tendrá la cadena. Ante el conflicto de Francisco y su hermano Carlos, desarrollador inmobiliario y titular de la denominación Casa Tía, es complejo que ésa reemplace a Walmart. Tampoco parece posible que se elija Chango Más, una empresa del grupo que apunta más a sectores medios bajos y bajos. La tercera opción es, por ahora, la más sólida: Ta-Ta, el nombre con el que el grupo opera supermercados en Uruguay y Ecuador, que podría darle a la firma una idea de estrategia regional.
Lo confirmó la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra
Aborto legal: el Gobierno
enviará el proyecto al
Congreso durante noviembre
Mariana Carbajal
La funcionaria también se refirió a las agresiones que en los últimos días han recibido en redes sociales y también en la vía pública periodistas que defienden el aborto legal. “La violencia no es un práctica que acepta la democracia”, advirtió.
El anuncio se hizo días después de que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, realizara una caravana de Plaza de Mayo al Congreso y otras acciones en distintas ciudades para reclamar que el mandatario cumpla con su promesa de promover la sanción de la ley en el 2020, y se anunciara la posibilidad de que la marea verde vuelva masivamente a las calles, ante la demora en el envío del esperado proyecto.
“El presidente asumió en campaña electoral el compromiso de enviar el proyecto de ley de legalización del aborto al Congreso, una decisión que él además ratificó ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo y que cada vez que fue consultado, ratificó su voluntad de hacerlo. Estamos cursando un año muy complejo por lo que sucedió con la pandemia, vinculados a temas de salud y económicos. El presidente va a cumplir con su compromiso. Quiero comunicar, es oficial, el presidente va a enviar en el curso del mes de noviembre el proyecto de ley y va a ser incorporado al temario de extraordinarias para ser tratado”, informó la funcionaria.
Ibarra reiteró que el proyecto de IVE se enviará junto con el Plan de los 1000 días, “de acompañamiento de la maternidad y a los tres primeros años de vida de niños y niñas”, y que el enfoque que el Gobierno le dará al tema será el de “salud pública”. Dijo además, que el proyecto del Ejecutivo se pondrá en discusión junto con otros que se refieren al tema, como el de la Campaña que se volvió a presentar por octava vez en 2019, que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.
“El aborto clandestino en la Argentina es un enorme problema de salud pública”, subrayó la funcionaria. “Las mujeres más allá de la amenaza de prisión, cuando no tienen el proyecto de la maternidad, acuden a un aborto clandestino. Por las estimaciones más serias que se han hecho, hay entre 370 mil y 520 mil abortos por año, es una enormidad, donde van las mujeres a exponer su vida y su salud. Tenemos entre 38 mil y 40 mil ingresos hospitalarios por abortos mal practicados en la clandestinidad: ahí van las mujeres, a afectar su salud, a veces a morir. Son situaciones muy trágicas”, detalló Ibarra.
Al mismo tiempo, consideró que “es muy importante darnos una muy fuerte política de estado en educación sexual integral”, y para “llegar a las mujeres a tiempo”. Y explicó que en la actualidad la práctica del aborto se realiza mayoritariamente con pastillas. “El misoprostol llega a resolver fácilmente un aborto en las primeras semanas y no expone a que la mujer se muera allí o quede afectada su salud”, explicó.
En 2018 un proyecto de IVE, impulsado por la Campaña, al que se le incorporaron algunas modificaciones, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue rechazado en el Senado por 38 votos a 31, dos abstenciones y una senadora ausente por licencia de maternidad.
Economía emitió deuda por 750 millones de dólares para que se retiren del mercado
local fondos de inversión especulativos
El dólar blue sigue bajando
y aflojan las tensiones
financieras
El dólar paralelo bajó 6 pesos y cerró este lunes en 151 pesos. El Banco Central sumó 113 millones de dólares de reservas, siendo la cifra más elevada desde el 29 de mayo. Los bonos en moneda extranjera aumentaron hasta casi 4 por ciento y el riesgo país bajó 5,4 por ciento para ubicarse en 1354 puntos. El Ministerio de Economía mantiene su hoja de ruta para reducir la brecha cambiaria y colocó dos bonos por 750 millones de dólares para darle salida a fondos del exterior que estaban presionando sobre el dólar contado con liquidación.
La caída del precio del dólar no oficial genera cada vez más desconcierto y fastidio entre quienes apostaron a que la cotización de esos billetes verdes iba a subir arriba de 200 pesos. También entre los consultores del mercado que empezaron a distribuir informes intentando explicar por qué no se cumplieron sus pronósticos de colapso cambiario.
Estos economistas de la city deberían hacer acuse de recibo: clientes de las consultoras que compraron dólares confiando en sus cálculos fallidos acumulan una pérdida de más del 20 por ciento en menos de tres semanas. Para tener una referencia el paralelo alcanzó un pico de 195 pesos el 23 de octubre. Desde ese momento bajó 44 pesos, es decir un 23 por ciento.
Entre los datos destacados de este lunes figura la compra de divisas del Central. El cambio de las expectativas impacta en la capacidad de la entidad monetaria para volver a acumular reservas internacionales. En los últimos cinco días hábiles adquirió 179 millones de dólares.
La cifra puede compararse contra las pérdidas de los primeros cinco días de los meses previos:
1. En julio se perdieron 258 millones de dólares
2. En agosto 477 millones
3. En septiembre 492 millones
4. En octubre 386 millones
Fuentes oficiales indicaron que la compra de dólares se explica por el éxito de los filtros diseñados para las empresas para evitar que anticipen importaciones y adelanten pagos de deuda. Fueron dos factores centrales de la salida de divisas en los últimos meses.
A esto se suma que el Palacio de Hacienda viene coordinando un paquete de medidas para reducir las presiones cambiarias, bajar la brecha y reactivar el ingreso de divisas al mercado.
Una de las estrategias del Ministerio de Economía fue acelerar la licitación de deuda en moneda local con privados para reducir las necesidades de emisión. En octubre el Tesoro terminó con una colocación record de más de 500 mil millones de pesos a partir de una combinación de distintos bonos ajustado por cer, dólar-linked y a tasa variable.
Con esta misma lógica se colocó este lunes 750 millones de dólares en dos títulos. Esta operación financiera se hizo para permitir a algunos fondos de inversión del exterior con activos en moneda local pasarse a títulos en dólares y evitar que presionen la brecha cambiaria a través del contado con liquidación.
“Se recibieron 370 ofertas, adjudicándose 500 millones de dólares de Bono AL30 y 250 millones de Bono AL35”, detalló el Palacio de Hacienda. La cifra colocada fue equivalente a 43 mil millones de pesos y permitirá reducir las necesidades financieras del Tesoro en 22 mil millones de pesos en diciembre y en otros 21 mil millones de pesos en 2021.
La explicación de Economía sobre esta emisión fue la siguiente: “El mercado argentino tiene un universo de acreedores externos con instrumentos en pesos, cuyas estrategias y mandatos de inversión pueden redundar en comportamientos que afecten las condiciones de inestabilidad financiera y macroeconómica”. En otras palabras, los fondos del exterior que no salieron hasta el momento de la Argentina venían dolarizándose por goteo usando el contado con liquidación y siendo un elemento extra de tensiones sobre la cotización del dólar financiero.
Para cerrar una jornada financiera con resultados óptimos se registró también un fuerte rebote del precio de las acciones argentinas. En la bolsa porteña avanzaron 2,4 por ciento y las compañías locales que operan en Nueva York ganaron hasta 23 por ciento. Se combinaron el panorama del mercado interno más calmo, los anuncios sobre el resultado exitoso de una de las vacunas contra el coronavirus y la buena aceptación de las bolsas mundiales del triunfo de Joe Biden.
Guzmán pedirá al FMI no pagar el crédito en los próximos 4,5 años. Envía también una
ley para que toda deuda sea aprobada por el Congreso
Patear para adelante la
deuda con el Fondo y freno
al endeudamiento
irresponsable
Imagen: Télam
A la puertas de una reunión importante con el Fondo Monetario, el ministro de Economía, Martín Guzmán, envió al Congreso un proyecto de ley con el que busca evitar que las políticas de endeudamiento sean vicios inconsultos de los gobiernos de turno. Un acuerdo de facilidades extendidas “es un resultado que va en la línea de generar más estabilidad en el frente cambiarlo y también de fortalecer el mercado de deuda pública y de instrumentos de financiamiento en general en pesos”, afirmó Guzmán.
"Esta semana presentaremos un proyecto para convertir la sostenibilidad de la deuda en una política de Estado", señaló Guzmán durante un seminario virtual convocado por la organización gremial internacional UNI Global Union. La normativa pretende que todos los acuerdos que se alcancen con el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluidos los programas de multilaterales, tengan aval parlamentario.
"Los préstamos en divisas tienen que ser responsables, de ahí que resulte aconsejable darle mayor decisión al Congreso", aclaró Guzmán. Y en cuanto al rol de los organismos multilaterales en la actual crisis mundial, sugirió que "son necesarias importantes reformas a nivel internacional, no sólo ahora durante la pandemia, sino también de cara al futuro".
El ministro, además, destacó la necesidad de avanzar en los consensos alcanzados durante el encuentro del G20 (Grupo de los Veinte) en cuanto a "una ampliación de los derechos especiales". "Es el momento de ampliar los derechos especiales de giro, es esencial crear liquidez, se necesita del liderazgo del FMI y este es el momento para hacerlo", indicó el ministro de Economía. La ampliación de esos derechos especiales "sería positivo para todo el mundo" y "es importante que se pongan a disposición créditos para financiar infraestructuras públicas, que es un factor multiplicador de la economía", dijo Guzmán.
Misión posible
Con una comitiva nutrida encabezada por Luis Cubeddu y Julie Kozak, desembarca este martes una nueva misión del Fondo Monetario. "Se van a quedar varias semanas", dijo a Página I12 una fuente oficial que tiene contacto directo con el armado de las agendas. Luego de su paso por el país en octubre, donde se reunieron además con empresarios y dirigentes de la CGT, los enviados de Kristalina Georgieva vienen a un partido por los puntos con los equipos de Guzmán.
"Lo que se busca es una resolución sensata para ambas partes, hay una comprensión de cómo es la situación", contó a este diario una fuente del organismo. En el Gobierno desestiman que haya pedidos de ajuste, y en esa línea se manifestó el propio Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Pero saben que la negociación será dura.
"El ajuste, primero lo hizo Macri, y después la pandemia", admitieron en el entorno del ministro, donde sostienen que hace tiempo vienen charlando con el FMI, a nivel local y en Nueva York, donde Sergio Chodos, representante argentino ante el organismo, hace un trabajo silencioso pero intenso.
En el Gobierno admiten que un ajuste es improbable pero Guzmán manifiesta a cada paso que no se puede continuar con políticas que no se preocupen por la salud de las cajas. En las últimas horas, el ministro ha dado gestos en ese sentido. Y la gran batalla del ahorro lógico serán los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Según supo este diario, ya trabaja junto a Energía en una segmentación de los subsidios por consumo, aún más detallada de la existe hoy, que haga que no pague el que realmente no puede.
En su charla en el seminario europeo, Guzmán dio algunas pistas de lo que se viene. "Entendemos que no hay restauración de la estabilidad macroeconómica sin la recuperación del crecimiento económico”, explicó, y en cuanto a los lineamientos que formarán parte de la mesa de negociaciones, aclaró que "en los los tiempos venideros será muy importante que los programas del FMI se basen en premisas apropiadas".
De acuerdo a su visión, esas premisas se deben respaldar "en la evidencia, con una participación generalizada a nivel nacional cuando se trata de discutir los términos de un programa con el FMI”.
“Es muy importante cuando enfrentamos una situación de carga de la deuda insostenible, que se aborde de manera oportuna y suficientemente bien”, consignó el ministro. Esto implica, según el ministro, "que haya una redefinición de los contratos de deuda con suficiente alivio para que se puedan implementar las políticas que sean necesarias para la recuperación económica”. Concluyó Guzmán que, de hecho, cuando no se percibe ese alivio "se observan problemas más profundos que hacen crecer el desempleo, la pobreza y la desigualdad".
El ex jefe de la Armada y otros 7 ex oficiales podría ser destituidos
ARA San Juan: Consejo de
Guerra por las muertes de
los 44 tripulantes
El almirante Marcelo Eduardo Srur, ex jefe de la Armada durante el gobierno de Mauricio Macri, será sometido a un juicio castrense junto con otros siete ex oficiales de la fuerza, imputados por “infracciones gravísimas” ocurridas antes, durante y después del hundimiento del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo. Otro de los que estará en el banquillo será el contralmirante Enrique López Mazzeo, quien en la causa civil, que tramita en la justicia federal de Caleta Olivia, reveló hace unos días que el gobierno de Cambiemos tuvo información sobre el lugar del naufragio a los 20 días de la desaparición de la nave, pero la mantuvo en secreto durante casi un año.
En el juicio militar, la sanción más grave que pueden recibir es la destitución y la consecuente baja de la fuerza, lo que les haría perder todos los beneficios de que gozan hoy como personal retirado. Lo que se va a juzgar en el proceso castrense, tiene que ver con las graves deficiencias que tenía el ARA San Juan al momento de la partida. Esos problemas ya habían sido evidenciados en una misión anterior a la que realizaban el 15 de noviembre de 2017, fecha en la que se perdió contacto con la nave.
También se analizarán las irregularidades, ocultamientos y negligencias que se cree que habrían ocurrido durante las tareas de búsqueda del submarino, que se prolongaron –según la versión oficial ahora puesta en crisis por López Mazzeo—, hasta el 16 de noviembre de 2018, cuando se anunció oficialmente del hallazgo. Las posibles sanciones penales, por supuesto, seguirán siendo analizadas por la justicia civil.
El Consejo de Guerra quedará constituido el 25 de noviembre próximo en el Edificio Libertador, Azopardo 250, sede del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor General del Ejército y del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas. Además del almirante Srur, deberán comparecer el contralmirante Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, otros cinco oficiales que, como él, están también procesados en la causa que lleva la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y el capitán de navío Carlos Ferraro, quien estuvo al frente del Proyecto Submarinos.
Los otros cinco imputados en la causa civil y ahora también en la militar, son el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de Submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del Departamento de Logística de la fuerza submarina.
A los seis oficiales procesados en la causa civil se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”. Ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, donde ahora está la causa, el fiscal federal Norberto Bellver, se sumó al pedido de las querellas y adelantó que solicitará que se cite a declarar como imputados en la causa civil al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, y al almirante Marcelo Srur.
La convocatoria del Consejo de Guerra se hizo ahora en el marco del legajo disciplinario ordenado en su momento, luego del hundimiento, por el ex ministro de Defensa Oscar Aguad. Este primer anuncio público fue hecho por la gestión encabezada por el actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, a días del tercer aniversario del hundimiento del ARA San Juan.
El Consejo de Guerra debe determinar las “responsabilidades disciplinarias encuadradas dentro de las previsiones” del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Se analizan en principio las “infracciones gravísimas” y también aquellas que, sin alcanzar el mismo nivel de gravedad, puedan surgir de la investigación de los autores navales.
Se dice que concluida la instrucción, se ha determinado a través del “Informe final” la existencia de faltas que determinan la constitución del Consejo General de Guerra. El presidente del Consejo será el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Aníbal Rossi, los vocales serán el general de brigada Juan Martín Paleo y el brigadier Pedro Esteban Girardi y será secretario el comodoro Angel Rojo. Como auditor intervendrá el general de Justicia Juan Antonio Stanchina.
Uno de los artículos citados en la convocatoria al Consejo de Guerra, es el que sanciona al militar que “en tiempo de guerra o en operaciones” ordenadas por las fuerzas “perdiera la unidad confiada a sus órdenes, provocara daño a la tropa o al equipamiento”. Y también por no haber tomado “las medidas preventivas necesarias” para evitar que eso ocurriera. Del mismo modo se penaliza el hecho de “no solicitar con la debida antelación el auxilio requerido”, entre otros puntos.
La estrategia de los jueces designados a dedo por el macrismo
Bruglia y Bertuzzi no
renuncian y hasta quieren concursar sus cargos
Irina Hauser
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi volvieron este lunes a los cargos donde habían sido trasladados por el macrismo en la Cámara Federal de Comodoro Py. Después del fallo de la Corte Suprema, que estableció que esas designaciones no son nunca permanentes, el dúo había extendido su licencia por cinco días más, para reflexionar sobre sus próximos pasos. Ya de regreso, tras el "banderazo" opositor del 8N, dejaron trascender que no renunciarán y que se presentarían al concurso para los lugares que ellos mismos cubren, opción ofrecida por los supremos. Especulan, según contaron sus colaboradores a este diario, con que se prolongue el proceso de selección y cambie la composición del Consejo de la Magistratura y haya una mayoría que los favorezca. También tienen pensado pedir que haya ONG que auditen el procedimiento.
La Corte firmó su sentencia en el per saltum de Bruglia y Bertuzzi después de dos meses de juego de misterio y consignas autodenominadas republicanas que lograron hacer de la discusión de los traslados de jueces y juezas una pelea política. La decisión fue criticada tanto la oposición, como el oficialismo y el dúo BB. Pero a medida que pasaban las horas y los días, la cuestionaron todos, al menos en voz baja. No sólo porque el tribunal repartió críticas, dejó al Senado en una posición decorativa (tras haber llamado a una decena de audiencias públicas para revisar designaciones) y al Consejo de la Magistratura muy mal parado, sino porque como estableció criterios generales para todos los traslados, ahora ningún organismo sabe bien qué hacer. La única certeza, igualmente relevante, es que el Consejo sí planea llamar a concurso para los cargos que ocupan los dos hombres en pugna en la Sala I de la Cámara Federal y el oficialismo especula con poder terminarlo en un tiempo récord de seis meses. La Corte advirtió que el promedio habitual de duración es de tres años y medio. El ala opositora de consejeros había hecho circular, como chicana, la idea de que con el criterio supremo habría que llamar a concursos para más de 60 lugares, incluyendo ejemplos de hace años como el de María Servini.
Bruglia y Bertuzzi estuvieron este lunes en los despachos que habitaron desde 2018 en en esa Cámara que en los últimos años respaldó entre otras cosas la causa de los cuadernos y dio vigor a la doctrina “Irurzun”. Ahora el mayor volumen de casos sensibles que hay allí son los que atañen a Mauricio Macri y su gabinete. El tribunal, en esencia, revisa lo que hacen los jueces y juezas de primera instancia y en ocasiones hasta imparte directivas. Germán Castelli, el otro juez que inició una demanda para ser reconocido como definitivo en el Tribunal Oral Federal 7, que justamente tramita la causa de los cuadernos, también volvió a su silla en los tribunales de Retiro.
El fallo de la Corte rechazó reconocerle a Bruglia y Bertuzzi el carácter que pretendían de integrantes definitivos de la Cámara Federal donde el macrismo los había llevado trasladados con aprobación del Consejo de la Magistratura y luego por el Poder Ejecutivo entonces a cargo de Macri. Si quieren quedarse con el cargo, dijeron los supremos, van a tener que rendir examen. Se deberá abrir en el Consejo un concurso específico para estos puestos, señaló. Castelli, cuyo planteo la Corte resolvió dos días después, tendrá que esperar una sentencia sobre el fondo, de la jueza de primera instancia. La preocupación para los medios afines a la oposición, es si Castelli estará para juzgar a Cristina Fernández de Kirchner.
El eje de la controversia por la Cámara Federal pasa por cómo quedará integrada. Después del banderazo del “8N” que tuvo entre sus consignas la defensa de los jueces atrincherados, el pedido de que no renuncien y las críticas a la Corte, el dúo BB hizo saber que seguirá su pelea y que va a concursar, pese a que el fallo supremo les pareció jurídicamente cuestionable. Para Bruglia será la primera vez que rinda examen, porque cuando fue designado en los noventa aún no existían y todos los nombramientos eran a dedo. Hasta que llegó hoy junto con Bertuzzi el tribunal estaba solo integrado y manejado por Martín Irurzun y Mariano Llorens. A los cuatro, la oposición los considera jueces afines.
Los 13 miembros del Consejo se reunieron el viernes último, algunos a través de representantes, y la mayoría oficialista pasó en limpio que lo único que tiene en claro es que cubrirá cuatro lugares en la Cámara de Comodoro Py. Este jueves se reúne la comisión de selección, que preside la peronista Graciela Caamaño, que está dispuesta a agilizar el concurso y que acompañó este año al oficialismo en el cuestionamiento de una decena de traslados. En el organismo acotan que si ahora el dúo BB se decide a concursar, eso no les garantiza el ingreso a una terna y menos ser elegidos por el Poder Ejecutivo. A lo que Bruglia y Bertuzzi apuestan es a que el concurso se demore y cambie la integración del Consejo, con las elecciones legislativas del año próximo.
Para las otras dos vacantes el concurso está avanzado, pero hay un juez, Eduardo Farah, que integró esa cámara por concurso y que había pedido un traslado (primero a Penal Económico, luego a San Martín) durante el gobierno de Cambiemos, por presiones y amenazas por liberar a los dueños del grupo Indalo, según dijo en el Senado. Allí planteó también que quiere volver. Es una encrucijada para los consejeros, que deben decidir si eso es viable y cómo sería el mecanismo para que regrese. Farah hizo consultas en el Consejo y analiza presentar un pedido si es necesario. A la vez, no se sabe si el Senado que lo recibió en audiencia para rever su pliego, hará algo. En la Cámara alta tampoco tienen decidido qué harán con los pliegos pendientes de revisión.
Los interrogantes sobre qué hacer con todos los demás traslados que no son los de los jueces que iniciaron demandas son consecuencia de un tramo del fallo de Corte que incluyó pautas generales. El tribunal dijo que los casos del trío BBC no son aislados sino que reflejan un mecanismo “inconstitucional” arraigado para nombrar jueces sin concurso ni acuerdo. Eso es lo que generó irritación en el Consejo y en el Senado, frente a quienes –además— Asociación de Magistrados y también una de sus listas comenzaron a ejercer presión. Por que es obvio que entran en discusión todos los traslados que el Consejo había cuestionado (10), los que había relevado sin criticar (28 más) y los que agrega la oposición. Este debate, todo indica, será dilatado.
El Ejecutivo prorrogará las sesiones ordinarias hasta fin de año y convocará a
extraordinarias para enero y febrero
El Congreso tendrá un
verano con mucho trabajo
“El temario lo iremos definiendo semana a semana”, explicó uno de los referentes del Frente de Todos en la Cámara baja y detalló: “Hay temas que quedaron pendientes que ocupan la centralidad de la agenda pública y que conocemos todos, pero hay otros temas como la ley de grooming que son urgentes y también van a ser puestas en debate”.
La prórroga del periodo de sesiones ordinarias le permitirá a ambas Cámaras seguir emitiendo dictámenes sin el límite que impone el reglamento para el período de sesiones ordinarias. En ese marco el oficialismo acelerará el trabajo en comisión para evitarle al Ejecutivo el envío de un temario extenso junto con la convocatoria a extraordinarias. Bajo esa lógica esta semana Diputados abordará algunos de los proyectos que ya cuentan con media sanción del Senado, entre ellos la ley de etiquetado de alimentos y la reducción de la coparticipación de la Ciudad.
Grandes fortunas
El debate sobre el aporte extraordinario de las grandes fortunas sigue sin tener fecha de tratamiento y sus chances reales de convertirse en ley por ahora son escasas. La decisión del Poder Ejecutivo es priorizar la reforma tributaria y postergar el aporte solidario por única vez. Así las cosas, el tratamiento del proyecto de Carlos Heller y Máximo Kirchner quedará postergado hasta que se conozca la letra chica del texto que está trabajando el Ministerio de Economía.
"El ministro (Martín) Guzmán prometió que en los próximos días enviará al Congreso una reforma tributaria. Queremos ver al menos el borrador de ese proyecto antes de avanzar con el gravamen a los grandes patrimonios. No queremos que se termine en un esquema incongruente o incompatible con la reforma", detallaron desde el bloque oficialista.
La negociación por la reforma tributaria no sólo incluye el aporte extraordinario, sino también el nuevo consenso fiscal y otros temas vinculados a la relación con los gobernadores. En todos los casos el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el presidente del bloque, Máximo Kirchner, y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, son los encargados de llevar adelante la articulación con los distintos representantes de los intereses provinciales para lograr un acuerdo.
Reforma Judicial
Otro de los temas pendientes de la agenda propuesta por el Ejecutivo para el año parlamentario es la reforma judicial. De hecho, el propio Alberto Fernández reclamó públicamente celeridad para el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. "Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia Federal", se quejó el Presidente. El pedido de Fernández por ahora no será satisfecho. La iniciativa no cuenta con los votos necesarios y el debate seguirá sin fecha a la espera de poder acercar posiciones con alguno de los bloques opositores.
"La oposición pregona la necesidad del diálogo político, pero no pone ningún papel sobre la mesa. Está claro que la Justicia, así como está, no funciona. Nos gustaría recibir de la oposición una propuesta en la que se nos diga qué cosas está dispuesta a reformar. Si presenta alguna alternativa estamos dispuestos a estudiarla", enfatizaron en los despachos peronistas de Diputados.
Desde el oficialismo aseguran que la demora también se debe a la fragmentación opositora. “No hay una oposición, hay varias y eso es un problema”, explicó ante Página/12 uno de los hombres encargados de tender puentes con los distintos sectores de Juntos por el Cambio.
Ley del fuego
El oficialismo quiere darle media sanción al proyecto que busca poner fin a la especulación financiera e inmobiliaria sobre las tierras arrasadas por el fuego. El texto impulsado por Máximo Kirchner cuenta con el aval de los bloques provinciales y un sector de la oposición. Por ahora, sólo Juntos por el Cambio manifestó su rechazo a la norma.
En paralelo, el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja buscará también avanzar con la ley de humedales.
Reforma del Ministerio Público Fiscal
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado continuará esta semana con las reuniones para escuchar a los distintos expertos que fueron propuestos por el oficialismo y la oposición. Desde el Frente de Todos la decisión es lograr la medida sanción de la reforma que contempla tanto una modificación en la extensión del mandato como la refromulación de los requisitos para la aprobación del pliego del Procurador General.
En tanto, los senadores del oficialismo esperarán el dictamen no vinculante que elaborará el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, al cual el Presidente le encomendó el diseño de propuestas para mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura y para implementar el sistema acusatorio para el sistema penal y el juicio por jurados a nivel nacional.
Aborto
La fecha del comienzo del tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un misterio. Sin embargo, en el bloque oficialista dan por descontado que la iniciativa será enviada por el Ejecutivo antes de que finalice el mes de noviembre.
En la Cámara baja, las diputadas que más pendientes están del tratamiento de la norma confiaron a Página/12 que el trámite no será extenso y señalaron que podría ser tratado en el recinto de Diputados antes de fin de año.
Informaron las fechas de cobro
AUH, jubilados y pensionados:
el calendario completo de
pagos de la ANSES en
noviembre 2020
Como todos los meses, la ANSES confirmó hoy el calendario de pagos para noviembre 2020 de jubilaciones y pensiones, Pensiones no contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).
Las AUH, AUE y SUAF se pagan desde el martes 10 de noviembre. Ese mismo día también dio comienzo del pago para Jubilados y Pensionados.
El calendario completo de pago de la ANSES
Fuente:Pagina12
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