Denuncia penal de Aníbal Fernández contra su antecesor en YCRT por malversación de fondos
Un festival de lujos y gastos de los exfuncionarios macristas en Río Turbio
Raúl Kollmann
La administración Macri, que hacía marketing de austeridad y transparencia, incurrió en un asombroso festival de lujos y gastos injustificados en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). La maniobra, denunciada por el actual interventor Aníbal Fernández, consistió en que se libraron tarjetas de crédito Visa Business para tres directivos y el saldo lo pagaba la empresa estatal. Por ejemplo, iban a restaurantes carísimos, pedían sushi, compraban en la carnicería, todo por cuenta de YCRT. En un solo mes y tomando una sola tarjeta, en noviembre de 2016, el interventor de ese momento Omar Zaidán gastó 53.099 pesos, equivalentes en la actualidad a 188.501 pesos aplicando un conservador índice de actualización por inflación. Difícilmente alguien pueda considerar gastos imprescindibles para YCRT las cenas en Kansas, La Parolaccia, Sushi Club o el gasto en la carnicería El Turco, equivalente a 37.000 pesos de la actualidad.
La presentación de Aníbal Fernández se hizo en la Ciudad de Buenos Aires porque el perjudicado fue el erario público. Son 196 páginas de una documentación apabullante en la que se demuestra que el exinterventor le pidió al Banco Nación que emita tres tarjetas que fueron de uso del propio interventor Zaidán, del coordinador de YCRT, Sergio Lumachi y, curiosamente, de la secretaria privada de Zaidán, su cuñada, Cintia Roxana Da Silva. La cúpula respondía a Eduardo Costa, referente de Cambiemos en Santa Cruz.
Durante el macrismo, la mina fue abandonada, persiguió y echó trabajadores y dejó sin continuar una usina térmica capaz de generar 240 kw de energía. En 2017 se enviaron 500 telegramas de despidos y se presentó un proceso preventivo de crisis que tenía el objetivo de despedir más trabajadores todavía. Sin embargo, en septiembre de 2019, cuando el macrismo perdió las PASO y se veía que perdían la elección presidencial, cambiaron abruptamente y trataron de instalar que la empresa sí era viable. Sobre esa base incorporaron 417 personas, sólo 100 ellos trabajadores dentro de la mina, y todos vinculados a la intervención.
En ese marco, de que YCRT “era inviable”, el interventor Zaidan puso en marcha las tres tarjetas Visa Business en octubre de 2016 y siguió habiendo gastos hasta principios de 2020. La denuncia se presentó este martes después de intimar a Zaidán, Lumachi y Da Silva a que entreguen los comprobantes de los gastos y los justificaran. Ninguno de los tres hizo el descargo, algo que podrían haber hecho para dar alguna explicación. Llama la atención que en el listado haya decenas de pasajes de Aerolíneas Argentinas cuando YCRT, por supuesto, tenía cuenta en la línea de bandera y había una persona encargada de gestionar los boletos. Se ve que no querían que los controlaran.
El texto firmado por Aníbal Fernández dice: “una tarjeta corporativa relacionada a la cuenta correspondiente a YCRT, obviamente, debería haberse ceñido a erogaciones que resultasen propias, necesarias y/o mínimamente relacionadas para con el objeto de la empresa”.
Lo que queda claro es que mientras desmantelaban la mina de Río Turbio, los tres titulares de las tarjetas no se privaron de darse gustos.
Zaidan era un asiduo concurrente a Awwa Suites & Spa, pasándole la cuenta a la empresa cada vez que se hacía presente: unos 7.900 pesos como mínimo, 27.650 pesos actualizados a 2020. Hubo ocasiones en que a la tarjeta se cargaron gastos en Awwa 55.000 pesos de hoy en día. Pero, además, figuran carnicerías -alguna compra de 37.000 pesos de hoy-, supermercados, casi todos los restaurantes de la Costanera, vinotecas, farmacias, mercadito, sushi, pizzerías. En un mes promedio, como marzo de 2017, Zaidan le hacía pagar a YCRT 58.000 pesos de gastos suyos, 33.000 pesos de Lumachi y 47.000 de Da Silva. En valores actuales corresponderían, en total, a unos 414.000 pesos en un solo mes.
En la denuncia se le pide al juez federal que resultó sorteado -Luis Rodríguez- que les impida salir del país a los tres titulares de las tarjetas, les retenga el pasaporte, les imponga un embargo que cubra los gastos y obligue a presentaciones periódicas en el juzgado para que de esa forma se garantice su sujeción al proceso.
El consejo directivo de la central obrera emitió un crítico comunicado
Malhumor y una lista de
reclamos de la CGT al
gobierno nacional
La CGT se siente copartícipe de todo el esfuerzo que se viene realizando en este tiempo de pandemia y ese esfuerzo no sólo se traduce en el rol de los trabajadores que están directamente implicados en la lucha contra el coronavirus. También lo hacen en cuestiones relacionadas a la contención de las consecuencias negativas que provoca el virus en la economía y el trabajo. Es por eso que la negativa por parte del Gobierno de reabrir paritarias y la posibilidad de que las obras sociales sindicales tenga que correr con el costo de las vacunas contra el covid-19, entre otros temas, provocó que la temperatura subiera en varios de los presentes en la reunión del consejo directivo.
Los más enojados fueron los que representan gremios pesados por la cantidad de afiliados que tienen aunque no necesariamente los más activos a la hora de pelear salarios y medidas de fuerza. Sin embargo, en el encuentro realizado el edificio de Azopardo, pidieron medidas de acción directa porque a la lista de quejas le sumaron ahora el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria.
La mayoría de los presentes coinciden, al menos en el análisis, que la situación con el gobierno está un tanto tensa, sobre todo por la falta de comunicación (que incluye la delicadeza del gobierno de anticipar algunas decisiones) y la inacción que viven las mesas de trabajo entre la Rosada, los gremios y la patronal. Sin embargo, y a pesar de este diagnóstico, la mayoría no acompañó la moción de medidas de acción directa. Una negativa que incluyó algunos duros señalamientos para con los gremialistas ahora soliviantados.
El malestar se saldó, al menos por ahora, con dos acciones. Por un lado decidieron pedir reuniones de urgencia tanto con el presidente Alberto Fernández como con la vice Cristina Fernández de Kirchner. Van a pedir que los encuentros se realicen en un plazo perentorio para trasladar las quejas y preocupaciones.
Lo que resta decidir es si realizarán alguna actividad para conmemorar el próximo 17 de noviembre el día de la militancia por el primer regreso de Juan Domingo Perón en 1972. Es un tema urticante porque Hugo Moyano ya anució para ese día una caravana como la del 17 de octubre y eso aviva la interna en la CGT con el líder camionero.
La otra acción fue la redacción de un comunicado. El texto expresa la preocupación de la CGT por las medidas del gobierno "que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales". Es por eso que ante la continuidad de la pandemia afirmaron que "no es posible desarmar el andamiaje socio-económico construido con tanto esfuerzo, y hay que garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios previsionales".
También se puede decir que hubo una tercera medida que se tradujo en una nota ante la Superintendencia de Servicios de Salud donde solicita que la vacunación contra el coronavirus "sea financiada con recursos del Tesoro Nacional, para evitar la sangría de las obras sociales".
Las razones del Gobierno para retomar el proyecto de legalización del aborto
La ola verde de nuevo con
rumbo al Congreso
Imagen: Sandra Cartasso
"Pasado lo peor de la urgencia, retomar la discusión por la ley del aborto es una manera de volver a nuestra agenda original, la del Alberto Fernández de la campaña", explicaban en Gobierno la decisión de enviar ahora al Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con la posibilidad de una vacuna contra la Covid cada vez más consistente, el dólar en baja y las conversaciones con el FMI encaminadas, se abría un camino para volver a la carga con el IVE, pero también con otras iniciativas en stand by como el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria o la reforma judicial. A diferencia del esquema habitual, que privilegia el ingreso de proyectos por el Senado donde el Frente de Todos tiene mayoría, esta vez se utilizará Diputados, con la confianza que habilita aquella histórica media sanción que tuvo la legalización del aborto en junio de 2018. La pelota pronto quedará del lado del Congreso.
El proyecto lo tenía listo la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, en marzo pasado. Lo vieron el ministro de Salud, Ginés González García, la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y , finalmente, el presidente Alberto Fernández. Tenía el visto bueno de todos, con eje en que se trata principalmente de una cuestión de "salud pública", de prevenir muertes de mujeres por abortos clandestinos. Pero justo en marzo arrancó la cuarentena y una situación de crisis sanitaria que nadie podía imaginar. Cualquier debate por afuera de la pandemia quedaba fuera de foco.
En las últimas semanas, desde las organizaciones sociales y de sectores feministas comenzaron un trabajo de presión para volver a poner el tema en agenda, incluyendo la reciente caravana de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Tanto Ibarra como Gómez Alcorta mantienen un vínculo muy cercano a estos sectores y buscaron también acelerar el envío. Comentaban que la vicepresidenta Cristina Kirchner estaba entre las no muy convencidas de retomar la discusión en este momento, cuando todavía la pandemia se mantiene como una preocupación con numerosos contagios y fallecidos diarios. Pero días atrás recibió a un grupo de funcionarias que la persuadieron con la idea de que con el IVE aprobado se liberarían las miles de camas que ocupan las mujeres que deben ser atendidas por abortos mal hechos, por lo que habrá más capacidad para administrar a los demás enfermos, incluyendo a los de coronavirus. A la vicepresidenta le pareció un buen argumento.
"Teníamos todos los esfuerzos puestos en otro lado, ahora acabamos de pasar la fase ASPO a la DISPO. Hablamos de la vacuna rusa y algunos se burlaban, apareció el anuncio de Pfizer y de repente todo se volvió muy real. Podemos pensar en la vuelta de la totalidad de las actividades económicas, de los chicos reencontrándose con sus compañeros en las escuelas. Hay que volver a armar una agenda propia", explicaban en un despacho de la Casa Rosada el panorama abierto en los últimos días. En realidad no es nuevo, es el de meses atrás. De cuando Alberto Fernández y su gabinete se acomodaban en sus despachos, dispuestos a llevar a la práctica lo prometido durante la campaña.
El proyecto de IVE, consideraban, es abarcativo de las demandas acercadas de parte de los distintos sectores "verdes", por lo que tendrá un apoyo amplio. Además, irá acompañado con el Plan de los 1000 Días, de sostén a la maternidad y los primeros años de vida de niños y niñas (ver aparte). Diputados, con su habitual corte transversal partidario, aparece como la Cámara más amigable para iniciar la discusión que se enviará para la sesiones extraordinarias. Dado el extenso debate de 2018, la idea es acortar los tiempos de debate a algo razonable. Tal vez con una media sanción hacia fin de año o a principios de enero. En el Senado, reconocían, la situación no era muy clara. Probablemente, la presión que pueda ejercer Cristina Kirchner podría volcar la balanza. Había quienes recordaban aquella votación por el matrimonio igualitario, cuando invitó a dos senadoras reacias a viajar con ella a China.
"Recuperamos un poco de aire y volvimos a activar nuestros temas", remarcaban cerca de Alberto Fernández. El viaje a Bolivia para la asunción de Lucho Arce y el acompañamiento a Evo Morales hasta la frontera indudablemente habían actuado como bálsamo después de tantos meses de malas noticias. La posibilidad cierta de la vacuna y la persistente baja del dólar redondearon el nuevo cuadro que posibilita la vuelta de página. Por ejemplo, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que -aseguraban- gracias al despegue de actividad que se producirá el año que viene, permitirá que los jubilados recuperen poder adquisitivo en sus haberes como sucedió durante el gobierno de Cristina Kirchner. Otro tema será la propuesta no vinculante que presentará el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial , que posiblemente se conozca la semana que viene.
Incluso, sumaban el nuevo pago del IFE "reperfilado" que todavía se definía. Explicaban que si bien lo cobrarán algunos millones menos de personas, se debía tener en cuenta el millón que sumó a la AUH y todos los que se agregaron a planes específicos como el Potenciar Trabajo. "No hay una lógica fiscalista en la decisión, sino que tiene que ver con dirigir los recursos a los objetivos que nos propusimos. Por ejemplo, privilegiar actividades productivas. A nosotros, de un día para el otro, la pandemia nos cambió las prioridades. Ahora queremos volver a centrarnos en lo que vinimos a hacer", definían en la Casa Rosada.
El debate en torno a la fórmula de movilidad de los haberes
Jubilaciones: ¿Con ajuste
por inflación, o sin ajuste?
A un año de la suspensión de la ley de movilidad, el Gobierno presentó los lineamientos del proyecto que buscará que apruebe el Congreso de los que surgirán los aumentos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones a partir de marzo del año que viene. La principal diferencia entre la fórmula de Cambiemos y la que impulsa el Frente de Todos es que la aprobada en 2017 ajustaba en un 70 por ciento por inflación y un 30 por ciento por salarios, mientras que la fórmula que se tratará en los próximos días en Diputados busca que los haberes se actualicen 50 por ciento por recaudación y 50 por ciento por salarios.
En diálogo con PáginaI12, economistas y abogados expertos en seguridad social coincidieron en que la ventaja es que es una fórmula procíclica, que mejora las jubilaciones cuando a la economía le va bien. Sin embargo, los detractores sostienen que los haberes perderían en momentos de caída de la recaudación y del salario real, como ocurrió este año. La fórmula que impulsa el Gobierno es muy similar a la que estuvo vigente entre 2008 y 2017: en esos años, los haberes crecieron de manera acumulada 26 por ciento contra la inflación, pero perdieron en 2014 y 2016, años recesivos con inflación elevada.
Recaudación
La nueva fórmula fue defendida por el abogado Miguel Fernández Pastor, abogado especialista en seguridad social y quien fuera director de la Anses. “Me parece un avance formidable volver a tener una fórmula que contemple los parámetros que para mi son los que demostraron tener éxito”, afirmó en diálogo con este diario. El abogado defiende que la fórmula actualice por recaudación y salarios. “Si mejora la actividad económica, aumenta la recaudación, y eso le llega a los jubilados, por lo que hace a la gente más vulnerable partícipe del crecimiento económico del país”, justificó.
Además, destacó que durante los nueve años en los que estuvo esta fórmula, hasta el 2017 que Cambiemos la modificó, “las jubilaciones le ganaron a la inflación muy claramente”. Consultado sobre qué ocurrirá en los años recesivos, con caída de la recaudación y de los salarios reales, contestó: “Si a la economía le va mal, nos cae a todos. Les empieza a ir mal a los trabajadores porque el país está mal, por lo que es un absurdo que a los jubilados les vaya bien, no puede haber una isla de la sociedad que le va bien y al resto mal, me resulta inconcebible”.
Durante el debate en la comisión previsional que se creó este año en el Congreso y en la que se invitó a expertos a exponer sobre el tema, también el abogado Guillermo Jauregui se mostró a favor de una fórmula como la de 2008. Sin embargo, remarcó que la desventaja es que no funciona bien cuando hay “retracción” en la economía. Para solucionarlo, propuso un “fondo de reserva” que podría acumularse cuando hay exceso de recursos. Esto no está contemplado en el proyecto de ley.
Inflación
Por su parte, uno de los detractores fue Rafael Rofman, quien trabajó en la Superintendencia de las AFJP y en el Banco Mundial. “El objetivo de la movilidad es dar previsibilidad, y la recaudación no aporta eso, es muy volátil, sube rápido en buenos tiempos y baja en los malos, la información es poco transparente y las reglas cambian seguido en función de políticas tributarias. El 70 por ciento del impuesto país va a la seguridad social, si hay mayores o menores restricciones para operar, eso va a afectar la movilidad, ¿tiene sentido?”, escribió en su cuenta de twitter.
Sin embargo, el proyecto de ley incorpora una cláusula de “legislación constante”, que establece que los cambios en la política tributaria no tendrán efecto en la movilidad. “Este punto es positivo, porque utilizar los recursos tributarios de Anses hacía que las modificaciones impositivas pudieran afectar el mecanismo de indexación de los haberes. Habrá que ver la implementación, pero blindar la movilidad de decisiones tributarias que tengan otros objetivos de política económica es importante”, afirmó Sergio Rottenschweiler, economista e investigador de la UNGS.
También Rofman remarcó que, de 79 países en América y Europa, 60 actualizan por inflación, salarios, o una combinación. En la misma línea se manifestó en redes sociales Sebastián Galiani, viceministro de Economía durante el macrismo. Uno de los funcionarios del Ministerio de Economía lo cruzó en Twitter. “Quieren utilizar herramientas que aplica Japón en un contexto diferente. Ajustar por inflación es un error en Argentina y en cualquier país con inflación mayor al 10 por ciento”, escribió Roberto Arias, Secretario de Políticas Tributarias. Por su parte, Rottenschweiler aseguró que con la recaudación se toma a la inflación de “forma implícita”, dado que los recursos tributarios se explican en un 90 por ciento por Ganancias e IVA, impuestos cuya base se ajusta en línea con la inflación.
Finanzas
Oscar Cetrángolo, economista experto en finanzas públicas, había mencionado en su exposición en el Congreso las desventajas de actualizar por recaudación. "Si hoy hubiese estado asociado con la recaudación, dado que ésta prácticamente desapareció, hubieran desaparecido los haberes. En el futuro cuando se recomponga la recaudación, a la salida de la pandemia, seguramente ésta pegue un salto, y tampoco uno puede pensar que los haberes deben tener esos saltos”, había dicho.
Uno de los objetivos de la nueva movilidad es “restablecer un equilibrio sustentable” en las finanzas públicas, en función de las fuentes y el financiamiento del sistema previsional. El proyecto de ley contempla un tope anual a los aumentos. “Tiene una ventaja desde el punto de vista fiscal, pero el problema es que le pone un tope a los aumentos en un contexto de aceleración de la inflación”, afirmó Rottenschweiler.
Según datos del economista Eric Calcagno, entre 2003 y 2015 Anses tuvo un superávit del 0,27 por ciento del PBI. Desde 2018, la recesión, caída del empleo y del salario real llevaron a una caída en los recursos del sistema hasta casi 1 por ciento del PBI. Según sus proyecciones, de no haber frenado la fórmula de Macri, tras la inflación récord que hubo en 2019, Anses tendría un déficit del 3,8 por ciento del PBI este año.
Cambios en la Corte, la Procuración, el Consejo de la Magistratura y el manejo del
presupuesto
Reforma judicial: Las
propuestas que prepara el
consejo asesor
El consejo asesor de juristas para la reforma judicial que conformó Alberto Fernández está en la recta final de la preparación de un dictamen con recomendaciones, que sería entregado, si no hay contratiempos, el 18 de noviembre. Algunas pistas sobre las propuestas que se vienen: posible cambio en las mayorías para designar Procurador o Procuradora y límites para su mandato; en cuanto al futuro de la Corte Suprema, la tendencia que se perfila no sería recomendar en forma explícita su ampliación --aunque varios podrían dejar por escrito que lo creen necesario--, sino crear un tribunal intermedio de casación que se ocupe resolver planteos de arbitrariedad en todas las especialidades; hay consenso para postular la modificación para el Consejo de la Magistratura, cuya integración los juristas de la comisión consideran inconstitucional; los expertos dirán que el manejo del presupuesto del Poder Judicial debe estar en manos del Consejo y no de la Corte; habrá impulso de una ley de juicio por jurados para todo el país; y un esquema de traspaso de toda la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El grupo de expertos, anunciado a fines de julio junto con el proyecto de reforma judicial, está integrado por 11 juristas y se reúne desde entonces dos o tres veces por semana. Por estas horas ya redactan sus propuestas: quienes se ocupan de esa tarea puntual, con todas las ideas acordadas, son Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera. De todos modos, el viernes todo el mundo terminará de enviar sus posiciones por escrito, ya que en algunos casos no hay uniformidad de criterios. Las conclusiones quizá sirvan para algún impulso, además, a la reforma judicial, que quedó anclada en la media sanción en el Senado pero no avanzó en Diputados. También podría sumar un empujón a otros proyectos ya en discusión, como el de modificación del Ministerio Público Fiscal, y dar pie a otros nuevos.
Los otros integrantes del consejo son León Arslanian, Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini, Omar Palermo y Raúl Ferreyra. Algunos ingredientes que acompañaron todas las deliberaciones son la necesidad de instalar la perspectiva de género y del desarrollo de innovación con inteligencia artificial para mejor todo el funcionamiento judicial.
Procuración General
La reforma de la ley de Ministerio público fiscal fue uno de los ejes de análisis y una mayoría ajustada de los asesores coincide en que quien conduce la Procuración debería tener un mandato acotado a 5 o 6 años reelegibles si el presidente/a quiere, y que su designación podría ser con mayoría absoluta. Hay distintas posiciones. Aún resta definir si la remoción por juicio político sería con dos tercios de los votos. Un esquema similar a lo que ya se discute en comisión en el Senado en base a proyectos de los opositores Martín Lousteau y Carmen Lucila Crexell, pero que tomó el oficialismo. En la Casa Rosada insisten en que el candidato a la Procuración del gobierno --más allá del malestar en un sector del Senado-- es el juez federal Daniel Rafecas, quien expresó públicamente que no comparte que el acuerdo no exija mayoría agravada. Lo que no se descarta es que la pueda conseguir igual, más allá de un cambio de la ley, a partir de que Elisa Carrió anunció su apoyo.
Corte Suprema
Los integrantes del consejo asesor discuten por estos días si se desprende del decreto que los convocó a trabajar que deban analizar cambios en el número de integrantes de la Corte Suprema. Lo que les pidieron es que analicen el funcionamiento, pero hay varios juristas que creen que ese estudio incluye la composición. Tal vez por cautela, todo indica que no habrá un proyecto explícito para cambiar la conformación del tribunal, pero podrían volcarse sugerencias en los textos y librar esa decisión al ámbito de la política. Pese a que el consejo quiso convocar a los integrantes del tribunal a compartir una reunión por Zoom, como se hizo con organizaciones y con funcionarios, incluido el actual procurador interino, Eduardo Casal, el Poder Ejecutivo no concretó la convocatoria. El argumento es que sobrevino la discusión y resolución del per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y fue imposible.
Teniendo en cuenta que la comisión asesora encontró diversos problemas de funcionamiento en la Corte y hay acuerdo para acotar su campo de acción y que se dedique a resolver pocos casos, al estilo estadounidense. Para eso propondrán mecanismos que generen filtros y el principal es la posible creación de un tribunal intermedio, de casación, que se ocupe ante todo de los reclamos por “arbitrariedad”, y que tenga competencia para tribunales federales de las provincias. Sería para todas las competencias.
A menudo la Corte usa una herramienta conocida como “280”, que es el número de un artículo del Código Procesal Civil y Comercial, que permite rechazar planteos sin dar fundamentos. Algunos de los juristas creen que parte de todos esos recursos podrían ser derivados al tribunal intermedio pero, de todos modos, propondrían una modificación normativa que exija una mayor argumentación de quien resuelve. No es un tema menor. El “280” se ha usado para cuestiones menores pero para otras donde los efectos son trascendentes. Por ejemplo, la Corte tramitó la cautelar más larga de la historia en una causa donde el diario La Nación tenía una deuda impositiva cercana a los 280 millones de pesos que la AFIP se veía impedida de cobrarle. El alto tribunal con un “280” rechazó un reclamo del órgano recaudador y terminó dejando firme un régimen diferencial sobre el IVA promovido por un grupo de medios por el cual no podían ejecutarles las deudas ni considerarlos en mora.
Más allá del intento por acercar la Corte al concepto de un tribunal constitucional, los juristas analizan ponerle plazos al máximo tribunal para la resolución de casos.
Consejo de la Magistratura
Uno de los temas donde la gran mayoría de los asesores coincidió es que la composición actual del organismo que elige y sanciona a los jueces no respeta el equilibro de representación de todos los estamentos y es inconstitucional. Harán una propuesta que algunos describen con aires de misterio como “innovadora” y nunca evaluada. Es decir, se podría avecinar una reforma de la composición del consejo, que hoy tiene 13 miembros, lo que requerirá una ley.
Se prevén nuevos mecanismos y criterios para la selección de jueces para evitar la discrecionalidad en los concursos.
El dictamen incluirá una referencia a una situación que históricamente genera tensión y pelea de poder entre el Consejo y la Corte: el manejo del presupuesto. Los asesores dirán que la Constitución Nacional establece que los fondos judiciales están a cargo del Consejo, desde los sueldos hasta decidir en qué se gasta. La Corte puede manejar sus propios recursos, más allá de eso. También señalará otras facultades que fue absorbiendo la Corte, como la oficina de notificaciones y el cuerpo de auditores.
Juicio por jurados
Hay consenso para promover una ley que aplique los jurados populares para la resolución de casos de delitos graves a nivel nacional; la discusión aún abierta es, para qué delitos sería, cómo se integran los jurados, si es obligatorio participar, si los veredictos requieren unanimidad. Por ahora cada provincia donde hay juicio por jurados tiene su propio régimen.
Traspaso de la justicia nacional a CABA
El traspaso de los juzgados y tribunales penales nacionales a la justicia porteña es algo previsto en el proyecto de reforma del Poder Ejecutivo. Las quejas fueron grandes en su momento, incluso de la Cámara del Crimen con una acordada en su momento. Los jueces y juezas de ese fuero perciben que los bajarían de jerarquía y algunos pretendían, por ejemplo, ir a tribunales federales. Con el fallo de la Corte que dice que los traslados nunca pueden ser permanentes, el consejo de juristas avalaría el traspaso en bloque a los tribunales porteños pero no al fuero federal.
El Gobierno asegura que no se seguirán viejas recetas del organismo
Negociar un acuerdo con el
FMI sin los condicionamientos
del Consenso de Washington
Con la misión del Fondo Monetario (FMI) ya alojada en un hotel céntrico y dispuesta a pasar 15 días de agenda intensa en el país, se iniciarán las negociaciones con el Gobierno Nacional para cerrar el capítulo de los 44 mil millones de dólares de deuda con el organismo.
El Ministro de Economía, Martin Guzmán, acompañado por el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, recibieron a la delegación del FMI encabezada por la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack; el jefe de la misión del FMI para Argentina, Luis Cubeddu y el representante residente del FMI en Argentina, Trevor Alleyne.
El encuentro se da en el contexto de las negociaciones sobre un nuevo programa de apoyo de la institución. Ambas partes consideraron la reunión como productiva. Se espera que la misión del FMI continúe su trabajo y mantenga otros encuentros con autoridades económicas del país en los próximos días.
En las últimas horas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, manifestó ante prensa internacional la decisión de pedir un plan de Facilidades Extendidas, que llevaría -de aprobarse- el plazo de pago hasta el año 2024. En este contexto, el Gobierno se encargó de aclarar que esto no supondrá más ajuste ni ingerencia interna del organismo.
Ese esquema, diferente en plazos y condiciones a un Stand By, le permite en los papeles al FMI monitorear bien de cerca los planes económicos de países deudores. Además de exigirles reformas de fondo, como la previsional, laboral e impositiva. Pero en el Gobierno ven la situación de otra forma y garantizan que, ya en charlas previas, se aclaró que en la negociación no se harán "reformas de fondo".
Lo puso en criollo Guzmán, en charla con periodista del mundo. "El programa no va a tener exigencias de ese tipo, hubo fracasos anteriores con esas recetas. Son premisas del Consenso de Washington que no corren más", detalló. Naturalmente, en el Gobierno saben que, aún con el cambio de perfil ante la llegada de Kristalina Georgieva, el FMI "no es una sociedad de beneficiencia". Por lo que entienden que habrá una negociación dura pero sin ir a los extremos.
Visto en perspectiva, el Gobierno tiene antecedentes favorables que muestran exigencias laxas o errores serios. El primero, el stand by que se le otorgó al gobierno de Mauricio Macri y el préstamo récord de 57 mil millones en 2018. En ese préstamo, si bien la crisis que generó Cambiemos hizo reformas de hecho, no se exigieron cambios de fondo.
De todos modos, en el Gobierno también leen señales y detallan que el plan fiscal que se viene aplicando responde a necesidades de ponerle bases al crecimiento y, en paralelo, en guiños al Fondo en la previa a la mesa de debate. En la cabeza de Guzmán ya estaban el cuidado de la emisión y evitar el deterioro fiscal, como partes de un plan de crecimiento sustentable.
Cuentan en el Gobierno que el lunes hubo cuatro hitos que fueron en la línea antes mencionada. Por la mañana, la conferencia de Guzmán con europeos, en la que anunció el envío al Congreso de una ley para legitimar vía el Parlamento la toma de deuda de los gobiernos. Más tarde, un seguimiento de la subasta de 750 millones en bonos.
Un rato después, la conferencia con periodistas extranjeros, en la que, sin que le pregunten, adelantó las Facilidades Extendidas. Y el cuarto hito, cerca de las 22, la foto con el titular de Diputados, Sergio Massa; el jefe del Bloque de Todos, Máximo Kirchner, y los legisladores del oficialismo para comunicar el cambio de fórmula para el cálculo de las jubilaciones, que también irá al Congreso.
Ese paquete, para el Ejecutivo, refleja un alineamiento político interno atrás de una estrategia común. Y respalda el mensaje de un plan económico consensuado. "Hablamos, discutimos, cuidamos el crecimiento y la caja, pero el control lo tenemos nosotros y el plan no se toca", sintetizaron fuentes oficiales ante este diario.
El paralelo había tocados los 195 pesos y el último cierre fue de 149 pesos
El dólar blue volvió a bajar y
la pregunta es hasta cuánto
Imagen: Sandra Cartasso
El dólar blue volvió a retroceder dos pesos este martes cerrando en 149 pesos. Acumula una baja de 46 pesos desde el 23 de octubre. La cotización de este tipo de cambio paralelo se ubica a menos de 9 pesos del dólar ahorro que cotiza en 140,30 pesos. Este precio surge de sumar el recargo de 30 por ciento del impuesto País a la cotización oficial junto con el impuesto a cuenta de Ganancias o Bienes Personales del 35 por ciento.
La brecha entre las cotizaciones financieras y la del dólar oficial había superado el 130 por ciento en la segunda quincena de octubre. Ahora se encuentra en el 75. Las reservas internacionales muestran otro dato clave. Si bien este martes se habrían perdido 25 millones, el lunes se compraron 113 y desde que comenzó noviembre se acumularon 150 millones de dólares. Entre julio y octubre los primeros días hábiles de cada mes habían mostrado una fuerte pérdida de reservas.
En el mercado hubo un cambio de expectativas sobre la posibilidad del Gobierno de evitar la devaluación. Las tareas coordinadas desde el Ministerio de Economía dieron resultados para calmar las presiones y poder empezar a reducir la brecha cambiaria.
Entre las propuestas definidas en el Palacio de Hacienda se destacan la mayor colocación de deuda pública en pesos con el sector privado para evitar nueva emisión monetaria. Con este criterio la secretaría de Finanzas anunció este martes una nueva colocación de títulos en moneda local ajustada por inflación y por tasa variable. En el mercado estiman que el Tesoro deberá renovar deuda por 340 mil millones de pesos en noviembre y por 426 mil millones en diciembre. En ambos casos se consideran los pagos que debe hacer tanto de Letras como de bonos en moneda local.
Cerca de la mitad de los vencimientos de noviembre –167 mil millones de pesos- se encuentran en un título llamado TN20 que se encuentra en manos del sistema bancario. Por este motivo no se esperan mayores complicaciones con la renovación. El Ministerio de Economía estima hacer un roll over del 110 por ciento que permite cubrir no sólo el pago de la deuda en pesos hasta fin de año sino parte del déficit fiscal sin la necesidad de solicitar asistencias extra al Banco Central.
Los funcionarios aseguraron incluso que si reciben del mercado más financiamiento de lo esperado devolverán adelantos transitorios al Banco Central en busca de mostrar un mensaje de orden en el mercado monetario.
Para continuar con la euforia de este lunes la bolsa porteña mostró un fuerte incremento de casi 4 por ciento. Hubo acciones como la petrolera YPF que subieron al 15 por ciento. Esta empresa fue castigada en los últimos dos años y medio por el mercado debido a la combinación de la crisis financiera local y del derrumbe del precio internacional del petróleo. En Wall Street YPF acumula en lo que va de noviembre una ganancia de 46 por ciento. En el mercado de bonos hubo subas de hasta 1 por ciento en títulos como el Bonar 2041. El precio del contado con liquidación terminó en 147,68 pesos marcando una leve suba del 0,2 por ciento mientras que el dólar mep bajó 0,2 por ciento a 141,73 pesos.
Este jueves se reúne la comisión creada por Sergio Massa
Aborto: la estrategia en el Congreso después de la confirmación del Gobierno
Mariana Carbajal
En el Congreso esperan darle un tratamiento rápido al proyecto de ley Interrupción Voluntaria de Embarazo --aunque no express-- una vez que el Presidente, Alberto Fernández, mande el texto redactado en la Casa Rosada. La idea no será convocar a prolongadas audiencias informativas, como se hizo en 2018, sino escuchar algunas voces representativas a favor y en contra en plenario de comisiones, sacar dictamen y llevar la votación al recinto en pocas semanas. Entre verdes del oficialismo y de la oposición se sintió como un bálsamo el anuncio de este lunes de Vilma Ibarra, secretaria de Legal Técnica, que aseguró que el envío se hará durante el mes de noviembre y que se incluirá en el temario de sesiones extraordinarias. “Esperábamos la confirmación de que se tratará este año. En el bloque cayó muy bien la noticia. Tenemos compañeros que van a acompañar y otros que no”, dijo a Página|12 la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, vicepresidenta de la bancada y titular de la comisión de Legislación General, que podría volver a ser cabecera del proyecto de IVE, como en 2018 –cuando el debate estuvo al mando del entonces macrista “verde” Daniel Lipovetzky-. Los votos aunque justos, están, afirman quienes llevan el conteo del minuto a minuto. En el oficialismo y la oposición coinciden en que un proyecto del Ejecutivo tiene más fortaleza para convertirse en ley, sobre todo cuando el Presidente expresó la voluntad política de buscar su aprobación. También leyeron el anuncio de Ibarra –en dos canales de televisión-- como una certeza de que el Gobierno tiene garantizado el poroteo favorable: de otro modo, analizaban distintas voces en el Congreso, no correría el riesgo de avanzar con el debate.
“Me parece muy buena decisión incluirlo en extraordinarias”, acordó la diputada radical “verde” Brenda Austin, integrante de Juntos por el Cambio. “A lo largo del año se ha puesto como argumento para postergar el envío del proyecto que estaba agobiado el sistema de salud por la atención de los casos de coronavirus. Pero todos los años unas 40 mil mujeres terminan hospitalizadas como consecuencia de abortos realizados en la clandestinidad, con un promedio de siete a diez días de internación cuando los cuadros se complican. Este año no ha sido la excepción. La mejor respuesta que puede dar el Estado es la legalización y no la amenaza del Código Penal. La inequidad en el acceso, incluso cuando se trata de abortos legales en niñas y adolescentes violadas, constituye una violación de los derechos humanos, y ha sido definida además, por organismos internacionales, equivalente a la tortura. Nos merecemos que el país legisle en consecuencia”, agregó a este diario Austin, una de las diputadas del grupo de “las sororas”, clave en la articulación transversal para lograr la media sanción en Diputados en 2018.
Este jueves está prevista la primera reunión de la comisión que dispuso crear el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre “verdes” del oficialismo y la oposición para afilar la estrategia parlamentaria con integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Lo propuso Massa cuando recibió a una delegación de la Campaña el jueves pasado. Luego recibió a una comitiva “celeste”.
En realidad, legisladoras y activistas “verdes” vienen reuniéndose cada diez días. Ahora lo harán en el marco de esa formalidad. Esa comisión “de enlace” estará encabezada por Mónica Macha, presidenta de Mujeres y Diversidad, junto a la vicepresidenta Silvia Lospennato, del PRO.
“De a poco la sociedad va entendiendo que se trata de un tema de salud pública y que nadie será obligado a interrumpir un embarazo si no lo quiere. El Estado tiene que establecer políticas públicas sin la influencia de las creencias religiosas”, apuntó a este diario el diputado “verde” del FdT Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, otra de las comisiones que tendrán que dictaminar sobre el tema. No están definidos los giros a los que podría ir el proyecto del Ejecutivo pero se descuenta que serán las mismas cuatro comisiones del proyecto de la Campaña, que se volvió a presentar por octava vez en 2019: además de Legislación General y Salud, Mujeres y Diversidad, y Legislación Penal, a cargo de Carolina Galliard, también verde del FdeT. Es decir, las cuatro comisiones en Diputados que tendrán que dictaminar tienen presidentes “verdes” del oficialismo. No es casualidad. Dos de ellas, además, Mujeres y Diversidad y Legislación General, tienen vicepresidentas “verdes” de Juntos por el Cambio: Lospennato y Carla Carrizo. En las otras dos, las vicepresidencias son “celestes”: en Acción Social y Salud Pública, Carmen Polledo, del PRO, y en Legislación Penal, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, (muy muy celeste).
Aunque Vilma Ibarra reiteró que el proyecto del Ejecutivo recoge los consensos que surgieron del debate del 2018, en la oposición reclaman conocer el texto. “No sabemos que concesiones está haciendo el Ejecutivo a los celestes y si son las que el movimiento de mujeres está dispuesta a otorgar. En realidad, por ahora tenemos más interrogantes que certezas. Tampoco tenemos información de lo que pasa en el Senado”, objetó la diputada “verde” del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), también “sorora”, Romina del Pla.
El proyecto de la Campaña establece la despenalización y legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo proviene de una violación. En todas estas situaciones, dice el texto de la Campaña, se debe garantizar la atención en el sistema de salud, público, privado y de obras sociales y las prestaciones deberán estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio. Se espera que el proyecto del Gobierno se aproxime a esa definición.
En la actualidad, la mayoría de los abortos se realizan con pastillas de misoprostol, es decir, no necesitan internación. Y está calculado que es mucho más económico garantizar el aborto legal, que atender en el sistema de salud a las casi 40 mil mujeres que llegan cada año con complicaciones por intervenciones realizadas en la clandestinidad, y que en los casos más graves requieren de atención en terapia intensiva. Dos informes presentados durante las audiencias informativas que se hicieron en el Senado en 2018 revelaron que garantizar el acceso a la IVE disminuirá la cantidad de hospitalizaciones y significaría una reducción presupuestaria superior al 40 por ciento. Las estadísticas oficiales publicadas en 2019, registraron que 39 mujeres –varias muy jóvenes, algunas adolescentes— murieron por esa causa evitable en el país a lo largo de 2018.
“Celebro la confirmación de que va enviar este año. Estoy convencida de que es un tema prioritario, no solo por la demanda social, sino porque los abortos en pandemia siguieron existiendo. Con escuelas cerradas se perdió ese lugar clave para la detección del abuso sexual en niñas y adolescentes, que muchas veces terminan en embarazos forzados producto de la violencia intrafamiliar. Tenemos que dar este debate urgente. Es importante que el tratamiento sea antes del año que viene porque el 2021 es electoral y será más complicado debatir un tema como el aborto”, consideró la diputada “verde” de la UCR Karina Banfi, del interbloque Juntos por el Cambio.
Las juventudes radicales se están ocupando de conversar con los senadores del partido, para garantizar más votos que en 2018. El poroteo en el interbloque de Juntos por el Cambio, señalan en sus filas, es más favorable a la despenalización del aborto que dos años atrás. Se espera que en el bloque oficialista, la presencia de la vicepresidenta CFK juegue un rol clave para convencer a quienes sea necesario para llegar a la mayoría. En la cuenta fina, en lugar de 37 votos a favor en la cámara Alta se necesitaría uno menos, dado que el tucumano “celeste” José Alperovich está con licencia –por la denuncia por abuso sexual que le inició una sobrina y ex colaboradora suya— hasta el 31 de diciembre y lo más probable es que pida que sea renovada.
Un estudio de Stiglitz y Guzman sobre consumo y endeudamiento
La especulación financiera,
una fuente de inestabilidad
Si bien se trata de un modelo puramente teórico y a lo largo del documento no hay referencias a ninguna experiencia histórica, en reiteradas oportunidades Guzmán se refirió a los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri en términos que pueden asimilarse al comportamiento esbozado en el paper. El ministro considera que hubo un excesivo optimismo, fogoneado en buena medida por el propio gobierno de Cambiemos, acerca de que la Argentina encaraba un sendero de crecimiento sostenido y "pro-mercado". Eso derivó en un endeudamiento explosivo que se derrumbó a principios de 2018 y arrastró a toda la economía nacional a una profunda crisis.
El Nobel Stiglitz informó este lunes que la Royal Economic Society había publicado su paper con Guzmán acerca de la "pseudo-riqueza y la fluctuación del consumo: una explicación sobre las situaciones en donde las variables fundamentales de la economía no cambian pero el consumo agregado experimenta cambios significativos". Stiglitz tuvo mucha influencia en la formación de Guzmán y participó muy activamente en la búsqueda de un consenso global acerca de la necesidad de que Argentina reestructure exitosamente su deuda externa con los acreedores privados.
En el paper, los autores se proponen dilucidar porqué hay determinadas circunstancias en donde las expectativas operan en favor de una “pseudo riqueza”: el ciclo consiste en un fuerte aumento del consumo sin que eso esté de la mano de una mejora en ninguna variable real o física. También relacionan este fenómeno al mercado de deuda, en donde "los acreedores pueden creer que recibirán menos de lo que los deudores creen que van a pagar y también se puede dar el efecto pseudo-riqueza".
Guzmán y Stiglitz desarrollan un modelo teórico en el cual hay dos agentes que realizan una apuesta, lo cual representa la lógica de un segmento del mercado financiero. Ambos agentes creen que van a ganar, con lo cual experimentan un incremento de la “pseudo-riqueza”, con el consiguiente impacto en la toma de endeudamiento y en el consumo. Sin embargo, la apuesta arroja un solo ganador. El agente favorecido tiene un aumento de la riqueza real, aunque ya se había beneficiado de la expectativa favorable. En cambio, el perdedor tiene que desarmar su idea de riqueza, con lo cual en forma agregada hay una caída del consumo y de la actividad económica.
“La innovación financiera –en relación a la apuesta—crea un riesgo en una economía que de otra manera sería estable. Si el planificador –en relación al Estado—hubiera prohibido la apuesta, la sociedad hubiera experimentado un patrón más suave de consumo”, describen los autores al simple modelo que utilizan en el paper. Plantean que la pseudo-riqueza puede ser la fuente de la fluctuación económica cuando la innovación financiera no tiene ninguna relación con la capacidad de la economía de producir bienes y servicios y solamente ofrece la oportunidad de una apuesta.
Fuente:Pagina12
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