29 de noviembre de 2020
Nuevos cruces entre el Gobierno nacional y el porteño por la represión
Una relación que se vuelve cada vez más tensa
A poco de poner un pie en el año electoral, la tensión entre el gobierno nacional y el gobierno porteño sube de voltaje en varios escenarios. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, confirmó que recibió la indicación del presidente Alberto Fernández de denunciar judicialmente a la administración de Horacio Rodríguez Larreta por la represión policial en el adiós a Diego Maradona. Además, ayer hubo un nuevo cruce acerca de dónde partió efectivamente la orden para cortar la fila de asistentes en la 9 de Julio, que derivó luego en los incidentes. Pero, además, para este lunes, en el último día del período ordinario, el Frente de Todos convocó a una sesión especial para tratar el proyecto para recortar los fondos que la Nación le envía a la Ciudad por el traspaso de la Policía. También están las diferencias públicas en torno a la vuelta de las clases presenciales y ni hablar de la puja en torno al proyecto para la construcción de torres en el predio de Costa Salguero. "Durante un tiempo hubo una especie de luna de miel que estaba claro que no podía extenderse mucho", evaluaba un funcionario del Gobierno involucrado en, al menos, un par de estas peleas.
La denuncia de la secretaría de Derechos Humanos pide que se investigue al gobierno porteño por los delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona. "No pueden decir que combaten la violencia. La violencia son ellos: es el neoliberalismo, la política económica que llevan adelante y la manera de conducir a las fuerzas de seguridad", sostuvo ayer Pietragalla a propósito de la polémica abierta por la represión del jueves. "Obvio que la denuncia la hice por orden de Alberto Fernández, es una decisión que tomamos porque las imágenes son graves, es un caso evidente de violencia institucional", añadió en diálogo con El Destape Radio.
A diferencia de otras ocasiones, esta vez el gobierno porteño no esquivó la confrontación. "Es el discurso duro en el que se sienten cómodos", evaluaban en el oficialismo. Así, Rodríguez Larreta acusó a la Nación de "politizar un día tan triste". Su vice y ministro de Seguridad, Diego Santilli, de "favorecer el accionar de los violentos". El argumento de los funcionarios porteños fue que ellos recibieron la orden de cortar la fila en la 9 de Julio y que luego la Policía de la Ciudad fue agredida por grupos de barras bravas, que recién entonces actuaron para evitar que siguiera la agresión.
En la Casa Rosada rechazaban las dos respuestas. Desde el gobierno porteño sostenían que la orden de cortar la había dado el jefe de la Casa Militar de Presidencia, que depende de la secretaría general que encabeza Julio Vitobello. "Es falso que dimos la orden de cortar la fila porque sabíamos que iba a haber desmanes", afirmó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. "Fue una decisión inconsulta. Nosotros no tenemos posibilidad de darle ordenes a la Policía de la Ciudad, no tenemos jurisdicción, no se puede", coincidió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
En Gobierno comentaron que se sorprendieron como todos cuando se enteraron de lo que estaba sucediendo en la 9 de Julio. Además, que esa represión generó una estampida que desembocó poco después en los disturbios dentro de la Casa Rosada. Y que es poco creíble que lo que se vio fuera apenas la reacción policial a los piedrazos que recibían, dado el despliegue de tanquetas y de motos que realizaron en cuestión de minutos para la feroz represión.
Los cruces en torno a la triste despedida del Diez seguramente seguirán algunos días pero no será lo único que mostrará en veredas enfrentadas al gobierno nacional y el porteño luego de varios meses de muy buena relación, especialmente al comienzo de la pandemia. El Frente de Todos sorprendió con un pedido de sesión especial en Diputados para este lunes, cuando buscará convertir en ley la decisión del Gobierno de reducir los fondos que le otorga a CABA para mantener -justamente- a su fuerza policial, que pasará a ser de 24.500 millones de pesos anuales. Con el ahorro, el Gobierno creó un fondo de seguridad para el Conurbano. Rodríguez Larreta acudió en per saltum a la Corte Suprema, que todavía no se pronunció.
El oficialismo aprovechó ese tiempo para sacar la media sanción del Senado y ahora, en el último día de las sesiones ordinarias, buscará convertirlo en ley. El debate promete y, seguro, los sucesos del jueves pasado volverán a discutirse. Hubo 19 gobernadores del oficialismo y partidos provinciales que firmaron una solicitada en los diarios a favor del recorte de los fondos nacionales para la Ciudad, el distrito más rico del país.
El viernes, en el anuncio de la nueva fase de distanciamiento social, Alberto Fernández confirmó que los docentes estarán dentro de la población a vacunar en la primera etapa con la intención de que las clases puedan empezar en marzo. Sin embargo, el mismo viernes, Rodríguez Larreta insistió con su idea de una vuelta a clases temprana para el 17 de febrero, cuando es muy posible que los docentes todavía no hayan sido vacunados. Hasta ahora, el Gobierno nacional se mostró de acuerdo con las posiciones de los gremios. En cuanto al proyecto de venta de terrenos en Costa Salguero, el Frente de Todos inició una oposición tenaz que movilizó a agrupaciones vecinales y a ONGs que, todo indica, se convirtieron en un duro obstáculo para que Rodríguez Larreta saque la iniciativa.
"En algún momento el romance tenía que romperse y había que empezar a prepararse para la batalla", comentaba un funcionario. Rodríguez Larreta ya se perfila claramente como el principal referente de la oposición y a quien mejor aparece en las encuestas, así que será el rival a apuntarle en la campaña que se viene. "El problema para nosotros es que no tenemos conversada la estrategia para enfrentarlo, pero está claro que por ahora le vamos a trabar todas las pelotas y no le vamos a dejar pasar una. Ya no más", agregaba el hombre del Gobierno.
El Ejecutivo envió el proyecto de ley para que sea tratado antes de fin de año
La movilidad jubilatoria ya está
en el Congreso
El Poder Ejecutivo envió al senado el proyecto de ley que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria con el objetivo de sancionarla antes de fin de año para poder aplicar el primer aumento en marzo de 2021, bajo un esquema basado en la evolución tanto de los salarios como de la recaudación de Anses durante el segundo semestre del 2020.
"La fórmula propuesta pretende, además de preservar los derechos de los y las beneficiarias del régimen previsional, contribuir a la estabilidad macroeconómica y no ser un elemento desestabilizante. Por eso, se han descartado fórmulas indexadas a inflación pasada", anuncia el mensaje enviado al Congreso, que tiene las firmas del presidente Alberto Fernández, su jefe de gabinete Santiago Cafiero y los ministro de Economía, Martín Guzman, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni. Junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), son las carteras que se encargarán de reglamentar la ley una vez aprobada.
"Una fórmula atada a la inflación no es desable en la Argentina actual, en donde los ingresos de las jubiladas y jubilados se encuentran en niveles bajos, y uno de los objetivos es recomponer esos ingresos. Es cierto que, en muchos países, las fórmulas de movilidad se basan en inflación, pero justamente eso ocurre porque los precios en esos países crecen menos que los salarios y además tienen niveles de inflación bajos", explica el informe.
El proyecto de ley fue elaborado por una Comisión Mixta Bicameral convocada por el Poder Ejecutivo para tal fin; conformada por representantes del Ministerio de Economía; de Trabajo Empleo y Seguridad Social; de Anses; y a miembros de las Comisiones del Congreso. Fue aprobado a principios de noviembre por dictamen de mayoría luego de 17 reuniones con 60 legisladores, 24 exposiciones y un informe final de 131 páginas.
"Una fórmula basada equilibradamente en los salarios y la recaudación para que el ingreso de los pasivos acompañe al de los activos y a la realidad de la situación del sistema en su conjunto, ha sido valorada en la discusión de los especialistas en el marco de esta Comisión como la fórmula más justa y que los fallos de la Corte Suprema han respaldado", continúa el mensaje que el ejecutivo elevó a los legisladores acompañando el proyecto.
Principales puntos
El Poder Ejecutivo repasa los fundamentos del esquema cuya columna vertebral es la Ley 26.417, vigente desde marzo de 2009 hasta fines de 2017, pero "con la incorporación de algunas mejoras teniendo en consideración los conceptos recogidos de los y las diferentes especialistas para mantener y mejorar el valor real de las prestaciones":
- Retoma el criterio que pondera en un 50 por ciento salarios y en un 50 por ciento Ia recaudación tributaria de Anses,con el objetivo de recuperar el equilibrio del sistema en función de sus fuentes de financiamiento. Esto facilita que "en los períodos de crecimiento económico nuestros jubilados y jubiladas, y nuestros pensionados y pensionadas, puedan participar con justa razón de las mejoras salariales y del crecimiento económico", refuerza el mensaje.
- Plantea considerar la Remuneración Imponible para los Trabajadores Estables (Ripte) como único índice salarial, por tratarse de un índice que se construye en base a registros de trabajadores formales y sus remuneraciones. El índice de salarios calculado por Indec capta la evolución de los salarios del sector informal, por lo que no se vincula en forma directa con los ingresos de Anses.
- Vuelve a una actualización semestral que permitirá acompañar un proceso de desindexación de la economía. "Durante toda la vigencia de la movilidad de la Ley N° 26.417, la aplicación semestral de la misma no generó ningún tipo de perjuicio en los haberes. Una movilidad trimestral, pero en condiciones macroeconómicas inestables y con componentes de alta volatilidad, como se ha podido comprobar en los hechos, no garantiza en modo alguno una mejora en los haberes previsionales", afirma.
Durante 2020 el gobierno garantizó aumentos trimestrales por decreto en marzo, junio, septiembre y diciembre. Dada la superposición de períodos, Anses aclaró que el proyecto de Ley establece que el aumento trimestral del 5 por ciento otorgado en diciembre de 2020 será considerado dentro del cálculo semestral que se realizará para marzo de 2021.
- Para preservar la estabilidad normativa, establece el supuesto de "legislación constante" que establece que los cambios en la política tributaria o políticas de la seguridad social no tengan efecto en la movilidad.
- Reduce en tres meses el rezago entre el período a considerar y la fecha de aplicación de las principales variables involucradas, para que la movilidad sea más acorde a la realidad económica del momento y evitar focos de litigiosidad. Así, el aumento de marzo se basará en las variaciones de los salarios y la recaudación tributaria de Anses entre julio y diciembre del año anterior. En tanto, el de septiembre, entre enero y junio de ese mismo año.
"La nueva ley de movilidad de los haberes previsionales garantiza una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema previsional en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución, teniendo en cuenta a su vez, la sustentabilidad del mismo", concluye el informe.
Empalmes
¿Qué sucedió con el empalme en el cambio de fórmula de 2018 y qué sucederá ahora?La fórmula que tuvo vigencia hasta 2017 otorgaba una movilidad semestral. La última movilidad de los haberes por esa fórmula fue en septiembre de 2017, por lo que correspondía otorgar el siguiente aumento en marzo de 2018. Cuando en diciembre de 2017 la Ley 27.416 modificó la periodicidad de los aumentos por una movilidad trimestral, el gobierno de Cambiemos otorgó el primer aumento trimestral de esa fórmula en marzo de 2018, a pesar de que por el cambio de periodicidad correspondía otorgarla en diciembre. Esto generó una fuerte pérdida en el poder de compra de los jubilados y las jubiladas. Las jubilaciones perdieron casi 7 puntos respecto a la inflación en ese trimestre.
La situación actual es exactamente la inversa. Si los aumentos trimestrales que el gobierno otorgó en 2020 tuvieran continuidad, en marzo de 2021 debería otorgarse el próximo. Con la actualización semestral propuesta por el gobierno, la primera aplicación también sería en marzo 2021. Dada esta superposición de períodos, el proyecto de Ley establece que el aumento trimestral ya otorgado en diciembre 2020 sea considerado dentro del cálculo semestral que se realizará para el mes de marzo 2021.
El Frente de Todos avanza con su agenda mientras espera la convocatoria a extraordinarias
Una por una, las leyes que
tratará el Congreso
Antonio Riccobene
Con la persistente baja de casos de coronavirus en los principales puntos del país, el Frente de Todos aprovecha para retomar los puntos principales de su agenda antes de fin de año. El viernes a última hora, el bloque oficialista convocó a una sesión especial para el lunes a las 13.30. El tema principal es el proyecto que fija en 24.500 millones de pesos el monto por el traspaso de tareas de la policía porteña, y, así, ajusta la coparticipación del distrito. Confían que los votos que le faltan al oficialismo para aprobar la ley llegarán de los bloques provinciales, al igual que el resto de las iniciativas económicas.
En septiembre, cuando se desató el problema por los fondos coparticipables de la Ciudad, 19 de los 24 gobernadores, entre oficialistas y de los partidos provinciales, avalaron la quita de estos fondos que se le hizo al distrito que gobierna el PRO hace 13 años, mediante una contundente carta. De este modo, esperan el apoyo de esos bloques aliados para conseguir el quórum de 129 diputados y después sancionar la ley con mayoría simple. Juntos por el Cambio, por su parte, rechazó de lleno esta propuesta en la comisión, no dará quórum y votará en contra.
Sostenibilidad de Deuda
En paralelo, la Cámara alta avanzará con el proyecto que quedó pendiente del jueves pasado, mientras el país lloraba la muerte de Maradona. Esta nueva iniciativa del ministro de Economía, Martín Guzmán, prevé que el Congreso apruebe el endeudamiento con cualquier fondo extranjero y también los acuerdos pactados entre los gobiernos y el FMI. La iniciativa recibió el apoyo de Juntos por el Cambio en el debate en la comisión de Presupuesto. De este modo, no se esperan mayores complicaciones para que se apruebe la media sanción.
Ley de Aborto
La agenda del Congreso sigue el martes. Ese día, a las 10, se discutirá nuevamente el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara baja. Estarán presentes los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de Salud Ginés González García. Defenderán el texto que mandó el gobierno hace 10 días en el plenario de las comisiones de Legislación general, Salud, Mujeres, género y diversidad y Legislación penal.
El debate se extenderá al miércoles, jueves y viernes. En la última fecha esperan firmar el dictamen para tratarlo en el recinto el 10 de diciembre. El comando verde no tendrá demasiadas complicaciones, ya que la mayoría de los integrantes del plenario están a favor de la ley. En total, se esperan 50 expositores y expositoras, una mitad a favor, y la otra, en contra. Tanto en el Senado como en Diputados la intención del Frente de Todos es avanzar para que antes de fin de año sea ley.
Fórmula jubilatoria
El Gobierno finalmente envió al Senado la nueva fórmula jubilatoria. Era esperado que ingresara por la Cámara alta, ya que el Frente de Todos cuenta con 40 de los 37 votos que se necesitan para su aprobación. Fuentes parlamentarias adelantaron que esta semana comenzará el debate en la comisión aunque "aún no está definido cuándo va al recinto. Pero tiene que ser sí o sí este año". En los próximos días se espera que el Presidente firme el decreto para convocar a sesiones extraordinarias y este será uno de los principales temas que se incluirá.
Ministerio Público Fiscal
Otro de los que estará en la lista es el proyecto que reforma la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que el viernes tuvo media sanción en el Senado. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo confirmó ayer: "Sí, claro, creemos que ese tratamiento debe continuar". Pero lo cierto es que el oficialismo en la Cámara baja no cuenta con los votos necesarios para aprobar las leyes judiciales. En este escenario, la reforma de la justicia federal, que tuvo un rápido tratamiento en el Senado, está frenada hace tres meses. "No tenemos los votos", se sinceran en el comando oficialista.
Otro de los temas que traerá discusión esta semana en la Cámara baja es el de las sesiones virtuales, que ya parecía saldado por Sergio Massa con la oposición. El interbloque que conduce Mario Negri (UCR) dejó trascender que no firmará este martes el protocolo para sesionar de forma telemática. Juntos por el Cambio quiere "100% presencialidad, fin del protocolo. Vuelta a la normalidad, ya no hay más aislamiento obligatorio", indicaron fuentes de la coalición opositora.
El director de Asuntos Jurídicos de la AFI macrista declara en Lomas de Zamora
Reactivan la causa por el
espionaje a CFK
Se sabía que Juan Sebastián De Stefano tendría que declarar el lunes por videoconferencia por el espionaje en las cárceles ante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, pero los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide sorprendieron el jueves cuando pidieron ampliar la imputación también por los hechos vinculados al espionaje contra CFK. Lo mismo sucedió con Bernardo Miguens, un abogado joven que venía de trabajar en el juzgado de Claudio Bonadio y que recaló en la AFI macrista como jefe de departamento de Oficios Judiciales. Quizá la novedad fue la incorporación de una abogada de Contrainteligencia, Jimena Honor, que había brindado información detallada de la maniobra de encubrimiento -- aunque Honor hacía tiempo que ya se había presentado en la causa y designado una abogada.
A CFK la espiaron entre fines de julio y el 7 de agosto de 2018. La AFI envió a agentes en, al menos, dos autos: un Megane y un Voyage para montar guardia afuera del Instituto Patria y del departamento. Los agentes que estuvieron a cargo de la vigilancia declararon como testigos que les habían pedido que informaran si había movimientos con bolsos. La vigilancia fue contemporánea con la explosión del caso de los cuadernos. El 7 de agosto, trabajadores del Instituto Patria detectaron el auto y un agente de la Policía de la Ciudad identificó a sus ocupantes como integrantes de la AFI. Los espías entraron en pánico y doblaron en “U” por la calle Rodríguez Peña. Era tarde porque ya habían sido captados por las cámaras. La escena tragicómica se repitió en loop en redes sociales y en medios de comunicación.
A los dos días, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani enviaron una carta a la Bicameral de Inteligencia, que decía que estaban haciendo tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial. Como después de la identificación del Voyage se presentaron denuncias que quedaron unificadas en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, la AFI buscó insertar informes que justificaran su presencia en la calle Rodríguez Peña en una causa que se había abierto ante la inminencia de la cumbre del G20 en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. Allí remitieron dos informes en el que decían que estaban haciendo tareas de prevención ante posibles amenazas a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Waldo Wolff, Diego Santilli y, al pasar, mencionaban a CFK. A Martínez de Giorgi le informaron que estaban actuando en esa causa para que cerrara la denuncia.
Uno de los procesados por el espionaje en el Patria, el entonces director operacional de Contrainteligencia de la AFI Martín Coste, fue quien apuntó su dedo hacia la estructura de Jurídicos por el montaje para tapar el espionaje a CFK. Coste declaró que, después de que se hiciera público el episodio, él concurrió a la sede central de la AFI a ver a su superior directa, Majdalani, pero en la antesala se encontró con Alan Ruiz -- sindicado como quien ordenó las tareas de inteligencia ilegal -- ensayando una respuesta con De Stefano y con Hernán Martiré, uno de los históricos de Jurídicos de la AFI. Según Coste, Jurídicos le decía a Contrainteligencia qué debía volcar en cada uno de los informes para justificar la presencia de los espías en el Patria.
Entre julio y agosto, la Bicameral, que preside Leopoldo Moreau, citó tanto a De Stefano como a Miguens y a Martiré para dar explicaciones. Los tres rechazaron los cargos que formularon los funcionarios de Contrainteligencia. Martiré negó la existencia de la reunión con Alan Ruiz. De Stefano dijo que los informes que Jurídicos mandó a los juzgados eran producidos por Contrainteligencia, mientras que Miguens minimizó su rol dentro de la Agencia.
Los procesamientos a Arribas, Majdalani, Coste y Ruiz están hace dos meses para ser revisados por la Cámara Federal de La Plata. Comodoro Py reclama la competencia de la causa porque entienden, como Arribas, que todos los hechos sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires. Hay planteos por la competencia tanto en la Cámara de La Plata como en la Sala I de la Casación Federal -- que tiene todas las miradas sobre sí por un fallo pendiente sobre los arrepentidos. Se espera que haya novedades en los próximos días.
Las teleconsultas se duplicaron durante la pandemia
El Gobierno invertirá 5 mil
millones de pesos en
telemedicina
Imagen: Télam
Las teleconsultas médicas se duplicaron durante la pandemia de coronavirus, y llegaron a las 100 mil en lo que va del año, lo que dio impulso a un programa oficial que contempla invertir 5 mil millones de pesos en los próximos dos años, así como el desarrollo de un sistema informático que permitirá en una primera etapa el acceso digital a las historias clínicas entre médicos de distintas provincias.
Se trata de Impulsa, un programa llevado adelante por el ministerio de Salud junto al software de la firma Red Hat. Se busca alcanzar a 20 millones de personas sólo en el sistema público y a unos 29 mil establecimientos sanitarios de todo el país, sumando a las clínicas privadas.
"La telemedicina ya funcionaba en la Argentina hace dos años y medio, pero este año la cantidad de consultas se duplicó. Teníamos previsto llegar a unas 50 mil y hace pocas semanas un efector de San Juan hizo la consulta número 100 mil", dijo a Télam Fernando Nuñez, Director Nacional de Gobernanza e Integración de los Sistemas de Salud de la cartera sanitaria.
Núñez destacó que "en un sistema de salud tan fragmentado como el nuestro, en el que cada provincia tiene su propio formato digital de historias clínicas, y en el que el 49 por ciento de las personas no poseen cobertura de obra social, es realmente un desafío implementar un programa que permita almacenar todos los datos y, a la vez, realizar interconsultas".
De hecho, hace pocas semanas, las provincias de Neuquén y Misiones pudieron intercambiar datos de historias clínicas de pacientes. "Prevemos que en los próximos dos años 4 mil establecimientos sanitarios más de los que ya están puedan tener una interoperabilidad en sus sistemas informáticos", detalló Nuñez.
¿Cómo funciona el software de Red Hat? Es un "bus de interoperabilidad", según Jorge Payró, director de la empresa. "Es como si fuera una gran autopista informática donde circulan datos y que se conecta con cada una de las provincias con un software que permite democratizar el uso de estos datos en forma segura y escalable. Esto permitirá que estén conectados la Nación, las provincias y los municipios, tanto de centros de salud públicos como privados".
Todos los datos se almacenarán en una "nube de información sanitaria" que "progresivamente tendrá información de historias clínicas de pacientes, recetas electrónicas o el portal del paciente". Otro eje será la conectividad, que permitirá "que cualquier paciente pueda sacar un turno online para cualquier profesional del país, acceder a un telediagnóstico y ver las agendas de salud, entre otros beneficios", añadió Payró.
Añadió que "por la magnitud que implica conectar 24 provincias tan disímiles no tengo referencias que haya algo similar en el mundo" y remarcó que, en abril pasado, el Ministerio de Salud ganó el premio a la innovación que otorga Red Hat por este emprendimiento.
Otra acción importante que se encara desde Impulsa es la conectividad de los centros sanitarios, en especial aquellos que están muy alejados de los puntos urbanos y no cuentan con señal de Internet. Núñez dijo que "se está avanzando muy bien en el Fondo Universal de Conectividad, cuya finalidad es conectar los sistemas en forma satelital donde no hay enlace de radio. Para esto hay prevista con el Enacom una inversión de 250 millones de pesos". Además, se busca dar conectividad a todos los establecimientos sanitarios que están en el radio de la ruta 40, en el oeste el país, que es donde llega el satélite que puede proveer de Internet.
Ya se lograron conectar a unos 200 centros sanitarios. "Esto nos permitió dar teleconsultas a todos los pacientes que se atienden sobre esa traza del satélite", dijo Núñez, para quien "este programa cierra brechas, es más equitativo y transversal a todas las personas. La inequidad de la persona que se atiende en el interior profundo con el que tiene una prepaga se trabaja por otro lado, el programa Impulsa apalanca, ayuda a cerrar esa brecha".
El gobierno provincial quiere habilitar la actividad extractivista
Crece el conflicto por la megaminería en Chubut
El gobierno de Chubut, en medio de la profunda crisis financiera que transita la provincia desde 2016, presentó un proyecto de ley para habilitar la megaminería en el territorio, por más que esta actividad está prohibida desde el año 2003 por la ley provincial 5001. Las asambleas del No a la Mina organizaron en la última semana movilizaciones multitudinarias y, el mismo día que el gobernador presentó la iniciativa de zonificación, ingresaron a la legislatura un proyecto de iniciativa popular que tiene el objetivo de completar los “baches” de la ley 5001, para frenar el avance de las mineras. La mesa de unidad sindical, en tanto, sigue reclamando por los salarios de los trabajadores estatales que tienen un atraso de dos meses en el pago y no cobraron el aguinaldo de julio, aseguran que la minería “es una falsa salida” y proponen una Ley tributaria de emergencia para paliar la crisis.
El 20 de noviembre el gobernador Mariano Arcioni presentó en la legislatura provincial un proyecto denominado “desarrollo industrial minero metalífero sustentable”, que plantea la realización de una zonificación para, de ese modo, exceptuar zonas de la provincia de la prohibición que rige por la ley 5001. Eso podía ser factible, según dicha ley, solo durante los 120 días posteriores a su promulgación. Arcioni quiere hacerlo 17 años después, y luego de haber ganado las elecciones con una campaña antiminera. La punta de lanza del extractivismo en Chubut sería permitir la explotación en la meseta, en en el marco del denominado “Proyecto Navidad” de la empresa transnacional Panamerican Silver, que extraería plata, plomo y cobre a cielo abierto.
En declaraciones recientes, el gobernador expresó que “somos una provincia minera por excelencia”, y puntualizó que “tenemos la obligación, quienes tenemos la decisión política de llevar adelante este proyecto, de dar la discusión sin eufemismos, sin ideologías, dejando de lado las posiciones dogmáticas y de escuchar esas miles de voces que están en silencio. A mi no me van a callar los ruidosos”.
El proyecto del gobernador para permitir la zonificación deberá tratarse en una comisión parlamentaria, mientras que el de iniciativa popular, en tres. “Es paradójico porque el gobierno dice que está abierto al diálogo, pero festejó cuando se anunció que su proyecto iba a tratarse en una sola comisión”, aseguró Pablo Lada, Integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Luego explicó que el proyecto de iniciativa popular pretende completar a la ley 5001 para prohibir otros químicos tóxicos además del cianuro y otras etapas previas a la explotación". Estiman que el gobierno tiene el objetivo de que el proyecto de zonificación sea tratado antes de fin de año en una de las tres sesiones que quedan. Este diario intentó comunicarse con el gobierno provincial para consultarle sobre esta y otras cuestiones, pero no obtuvo respuestas.
La crisis en la provincia es de larga data. En 2016, en el marco del desfinanciamiento del gobierno de Mauricio Macri, se habilitó a las provincias a tomar deuda con acreedores extranjeros. En ese entonces, el ex gobernador, Mario Das Neves, emitió un bono por 650 millones de dólares para ordenar las cuentas provinciales e invertir en obra pública. Sin embargo, a mediados de 2018, con Arcioni como gobernador, la provincia comenzó a tener problemas para pagar los salarios a los estatales. Marcela Capón, Secretaria de Hacienda de Atech, aseguró que actualmente “la provincia está muy complicada. Tenemos dos meses de atraso en los pagos y nunca cobramos el aguinaldo. Las familias están endeudadas, los chicos sin clases y los hospitales colapsados, con médicos que no cobran”.
La propuesta de la mesa de Unidad Sindical es frenar el pago de la deuda y realizar una auditoría, porque no saben a dónde fue el dinero. Además, presentaron en la legislatura un proyecto de ley tributaria de emergencia: “hace más de tres años que estamos peleando por eso. En la provincia hay grandes terratenientes que no pagan el impuesto rural inmobiliario, no se cobra el canon pesquero, tampoco pagan impuestos las mineras o las grandes empresas como Aluar”, aseguró Capón. “En vez de apuntar a esos sectores poderosos, desde el gobierno proponen cómo salida la megaminería que traerá aún más miseria”, apuntó.
Capón expresó que tuvieron una reunión virtual con legisladores provinciales y nacionales. De los provinciales no obtuvieron respuesta, pero los diputados nacionales del FdT --Santiago Igon, Estela Hernández y Rosa Muñoz-- se posicionaron en contra de la megaminería. "Además tuvimos el compromiso de ellos de avanzar con los proyectos de la mesa de unidad sindical", expresó y detalló que "los que no se posicionaron fueron Ignacio Torres y Gustavo Menna de JxC".
Lada agregó que "desde el gobierno provincial argumentan que la minería es necesaria para la gente de la meseta, cuando el propio Estado abandonó esa zona hace años y la ha dejado en manos de Panamerican, que lleva más de diez años allí. Se ha convertido en una suerte de estado paralelo: provee a los pobladores telefonía, leña, generadores eléctricos”. Luego detalló que “argumentan que hay que generar dólares, pero Chubut es la cuarta exportadora del país y tenemos solo 600 mil habitantes".
El representante de las asambleas puntualizó que "el gobierno nos ha endeudado y ahora propone que nos abracemos al ancla de la minería. Pero la población está informada y ve lo que pasa en provincias donde se desarrolló la actividad. En Catamarca, que tuvo el yacimiento más grande del país, el 67 por ciento de la población recibió el IFE, y los índices de pobreza son de los más altos del país. Estos datos no se pueden ignorar”.
Además de las masivas movilizaciones, distintos sectores se han posicionado en contra de la mina. En una carta firmada por representantes de la la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la UTN, el Conicet y el INTA, dirigida al presidente de la legislatura, indicaron que "no están dadas las condiciones para la aprobación de esta ley", y que "los avances en las distintas disciplinas científicas y tecnológicas indican de manera categórica que no hay procesos que logren el desarrollo sustentable si no están dadas las condiciones de participación para una construcción colectiva".
Informe: Melisa Molina.
Fuente:Pagina12
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