03 de noviembre de 2020
Como se requiere doble aplicación, ese total equivale a 10 millones de vacunas, más un remanente de 5 millones
Coronavirus: Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V
La Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, según anunció el presidente Alberto Fernández. Esto equivale a 12,5 millones de vacunas (ya que el esquema prevé dos aplicaciones). Los primeros diez millones llegarán entre diciembre y enero y quedará un remanente de 2,5 millones que vendría después. “Para diciembre podríamos comenzar la vacunación”, indicó Fernández, aunque esto estará supeditado a los tiempos de su aprobación. En el presente, la Sputnik V está siendo testeada en 40 mil voluntarios para completar la fase 3. Entre fines de este año y comienzos del siguiente, el país iniciaría entonces con el proceso de distribución masiva, siempre y cuando la variante atraviese con éxito todas las pruebas. Este acuerdo con Rusia se suma a los que el Gobierno ya fue haciendo con los laboratorios de distintos lugares del mundo como Pfizer, Astra Zeneca y Sinopharm para garantizar la provisión de una efectiva vacuna contra el coronavirus.
Según fuentes gubernamentales, la vacuna –que ya espera la aprobación de Anmat– en primer término será recibida por los grupos de riesgo –profesionales de la salud y adultos mayores– y luego el objetivo será inocular a todo el resto.
De acuerdo a las estimaciones del Presidente, de hecho, gracias a las dosis del antídoto que ofrece la Federación Rusa, “la mitad de la población argentina estaría vacunada”. Además, reconoció que él mismo se inmunizará con la variante: “Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo”, admitió.
El ministro de Salud, Ginés González García, por su parte, afirmó que se “está negociando con cinco firmas que están más adelantadas en llegar a la aprobación” y sostuvo que “la ventaja de Rusia es que ofrece una cantidad mucho mayor (de dosis) y nosotros las queremos cuanto antes”.
Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, fue la funcionaria que viajó a Rusia para analizar el estado de desarrollo de la sustancia activa y concretar el acuerdo. Será producida por laboratorios de India, Corea del Sur y China. También, a partir de un vínculo contractual entre el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) y la empresa brasileña Unión Química Farmacéutica Nacional, Brasil registrará a Sputnik V en su territorio. Ello permitirá, a partir de ese momento, producir y distribuir sus dosis. En total, según detalló Kiril Dmítriev, director del RDIF, ya han comprometido más de 200 millones para América Latina.
Ahora bien, si la vacuna todavía no finalizó sus ensayos en fase 3, ¿cómo es que Argentina ya se asegura sus primeras provisiones entre fines de este año y principios del que viene? Mario Lozano, virólogo del Conicet y experto en el área,lo explica: “La idea no es empezar a vacunar antes de que culmine la fase clínica 3. Lo que Argentina hará es una compra a riesgo con el objetivo de tener garantizada una buena cantidad y un número considerable en el caso de que supere todas las pruebas con éxito. Es una inversión la que se está llevando a cabo”, destaca.
Lo que suelen sostener desde las farmacéuticas y relata Lozano es que, en el marco actual de pandemia, las empresas no podrían comenzar a fabricar la vacuna una vez que los ensayos finalicen sino que deben hacerlo antes. La producción a riesgo –es decir, a costa de que la fórmula vacunal finalmente no tenga éxito– se justifica en la medida en que, apenas culmina la fase 3, las biotecnológicas ya cuentan con las dosis suficientes y están listas para iniciar con su distribución.
Sus características
“La vacuna rusa utiliza una tecnología muy parecida a la de (la Universidad de) Oxford. Es un adenovirus que está recubierto con la proteína S (Spike) del Sars CoV-2. El Instituto Gamaleya tiene mucha experiencia, tanto o más que los otros que también están trabajando en esta etapa definitiva”, señala Lozano. En este sentido, continúa: “Se trata de una técnica que ya ha funcionado pero en pocas enfermedades previas. Un buen ejemplo lo constituye el Ébola. Está siendo probada en fase clínica 3 en un montón de voluntarios, en particular, en integrantes del ejército de aquel país. Probablemente tenga éxito, como puede ocurrir con otras”.
La variante rusa emplea partículas creadas a partir de adenovirus, que comúnmente causa resfriado humano. El virus fue modificado con el objetivo de llevar los genes de la proteína (Spike, “S”) que recubre al Sars CoV-2 y opera como puerta de ingreso a las células del cuerpo. De esta manera, una vez dentro del organismo, si bien no tiene la capacidad de replicarse, genera los anticuerpos y lo prepara frente a una futura infección.
Como anuncia Lozano, Sputnik V basa su esquema de dos dosis (deben suministrarse con 21 días de diferencia), inspirada en una plataforma vacunal similar que fue desarrollada en 2015 para el Ébola, que causó la epidemia en el continente africano en 2017. Con la dosis y su refuerzo, según se ha comprobado en instancias preliminares, genera una respuesta similar a la observada en pacientes recuperados de la covid. En la actualidad, está siendo testeada en 40 mil voluntarios de diferentes edades y grupos de riesgo, mediante un ensayo doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo.
Antecedentes
Las pruebas se iniciaron el 18 de junio en la Universidad Séchenov (Moscú), bajo el mando del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya (Ministerio de Salud de la Federación Rusa). Sputnik V –en una clara alusión a la carrera espacial durante la Guerra Fría del siglo pasado– fue la primera vacuna inscripta por el gobierno ruso en agosto. En aquel momento, Vladimir Putin –felicitado por Alberto Fernández– ya se proponía un desafío ambicioso: fabricar millones de dosis desde diciembre hasta enero, 500 millones anuales y desplegar su producción hacia naciones de latinoamericanas.
De inmediato, generó ilusiones en una parte del globo, pues podría comenzar a escalarse industrialmente en los próximos meses, y al mismo tiempo despertó sospechas en una parte de la comunidad científica occidental. Hasta la propia OMS, a través de su vocero Tarik Jasarevic, planteó en rueda de prensa que “acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad”. El eje de disputa que se le criticaba a la candidata rusa es que no había completado con el tradicional ciclo de fases por la que deben pasar todas las vacunas para poder ser, primero, seguras (no tóxicas ni generar efectos secundarias) y luego efectivas en grandes poblaciones.
“En su momento se debatió acerca de su aprobación por parte de la oficina de patentamiento rusa. En aquel país tienen una metodología muy particular: obligan a los organismos, empresas o instituciones que estén fabricando una vacuna a que realicen la patente antes de iniciar con la fase clínica 3”, explica Lozano. Con esto, intenta explicar que el gobierno ruso no intentó distribuir su droga sin atravesar todas las etapas previas, sino que la patente constituyó un paso burocrático para poder continuar con el procedimiento.
Parte de las dudas de la comunidad científica fueron saldadas cuando a comienzos de septiembre la revista médica británica The Lancet publicó los resultados de las fases 1 y 2 de las pruebas clínicas. Allí confirmaron la seguridad y la eficacia.
El fallo indicaría que pueden ocupar los cargos sólo hasta que se concursen nuevos
titulares
Tres jueces de la Corte se
pusieron de acuerdo sobre
los jueces nombrados a dedo
Imagen: Télam
A menos que alguno de sus integrantes cambie de idea a último momento, la Corte Suprema se apresta a firmar un fallo que dirá que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi no pueden ocupar un lugar en la Cámara Federal para siempre del modo en que los designó a dedo el gobierno de Mauricio Macri. El alto tribunal definirá, para resolver la cuestión de fondo del per saltum que abrió hace más de un mes, que los traslados de jueces o juezas de un tribunal a otro no son permanentes y que quien quiera quedarse en el cargo deberá pasar por un concurso, ser postulado por el Poder Ejecutivo y recibir acuerdo del Senado. En la práctica, el dúo en cuestión podrá volver al tribunal de alzada en Comodoro Py pero sólo hasta que termine un nuevo concurso, al que se podrán presentar. Este es un dato clave: de acuerdo con el fallo que se perfila, el Consejo de la Magistrura deberá llamar a un nuevo concurso para esos dos lugares y no podrá incluirlos en el que ya está en marcha para otras dos vacantes en la misma Cámara.
Hasta la noche del lunes la posición de que los nombramientos por "traslados" no pueden ser definitivos era compartida por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Todo indica que Elena Highton de Nolasco está de acuerdo en lo sustancial del resultado, pero optó por elaborar un voto propio. El presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, no se movería de lo que anunció hace rato: para él los traslados de Bruglia y Bertuzzi son incuestionables y podrían quedarse en la Cámara Federal para siempre, que es la postura que alentó el ala autonodenominada "republicana" de la oposición política.
Bruglia y Bertuzzi habían sido trasladados por el macrismo, cuando era mayoría en el Consejo de la Magistratura, desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal. El caso de Germán Castelli, que fue trasladado de un tribunal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7, tramitó aparte y será resuelto en otra sentencia que tendrá el mismo sentido.
Según pudo saber este diario por allegados al máximo tribunal, la sentencia tendrá críticas al Consejo de la Magistratura, que fue el organismo que elaboró el informe que cuestionó una decena de traslados, lo que derivó en la revisión de los pliegos por parte del Poder Ejecutivo y el Senado, que decidieron rechazarlos en el caso del trío B-B-C, después de que no se presentaran a la audiencia pública. Los cuestionamientos se enfocarán a las prioridades del organismo que, analizarían los cortesanos, se ocupó de los traslados pero sigue habiendo demoras en los concursos.
Los efectos del fallo
El fallo tendrá varios efectos. Por un lado, Bruglia, Bertuzzi y Castelli podrán continuar en los cargos a donde habían sido trasladados y tomar decisiones hasta que sean designados los jueces titulares. El Consejo deberá convocar a un nuevo concurso, contra lo que quería el oficialismo, que era ampliar el concurso ya en marcha para dos vacantes e incorporar al orden de mérito a quienes habían habían rendido examen y pasado por la entrevista. Habrá que ver si vuelve a la Cámara Federal, tal como pidió al Senado, el juez Eduardo Farah, que había llegado a ese cargo por concurso. En ese caso se concursaría solo un cargo. También se deberá abrir un concurso para el tribunal oral.
Otra consecuencia de la sentencia es que los gobiernos tendrán limitaciones para trasladar jueces: podrían hacerlo pero no en forma definitiva.
La sentencia se conocería este martes y ofrecería una definición concreta sobre los requisitos para los traslados y su duración. El trío de jueces de la Corte Rosatti-Lorenzetti-Maqueda es el mismo que firmó las acordadas de 2018 que el otro trío, el de los jueces atrincherados, intentó usar para argumentar a su favor. No parece que la Corte Suprema les vaya a dar la razón, al menos en un todo.
La Cámara Federal reactivó una denuncia de Socma
El Grupo Macri ataca en la
Justicia a los funcionarios
que investigan el escándalo
del Correo
Imagen: Leandro Teysseire
El caso del Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri que tiene una deuda millonaria con el Estado desde hace 19 años, se convirtió en nuevo blanco de una metodología utilizada por el macrismo a través de la cual se abren causas y acusaciones contra quienes están a cargo de investigar esos grandes expedientes que lo comprometen. Esta vez la Cámara Federal, con las firmas de Martín Irurzun y Mariano Llorens, ordenó reactivar una denuncia que había hecho la empresa Socma --que controla al Correo-- para cuestionar la designación de la interventora Flor Inés Farber en la firma después de que quedaron a la vista un sinfín de irregularidades en el concurso de acreedores. Los camaristas no sólo dispusieron reabrir el caso que había cerrado el juez Sebastián Casanello por “inexistencia de delito”, sino que lo hicieron en función del pedido de la familia Macri que apunta específicamente contra la fiscal comercial Gabriela Boquín, el procurador del Tesoro, Carlos Zaninni, y el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen. Avalan algunas medidas insólitas, como analizar los llamados de todos ellos, estudiar sus computadoras y analizar sus e-mails. Esto sucede, además, en momentos en que puede avanzar la quiebra de la firma postal.
Boquín es la fiscal que frenó en 2017 el intento por licuar la deuda del Correo que se plasmaría a través de un acuerdo que consideró "ruinoso" y "abusivo" entre la empresa y los representantes estatales enviados por el gobierno de Mauricio Macri, que estaba de ambos lados del mostrador. Por ese entonces la deuda era ya de 4 mil millones de pesos. La fiscal, además, denunció maniobras de vaciamiento por más de 35 millones de pesos.
Tanto Nissen como Zaninni llegaron a sus cargos actuales con el gobierno de Alberto Fernández, todavía no hace un año. El primero, por su función, cuestionó balances del Correo y al segundo le toca participar del expediente y defender los intereses estatales, por lo que al igual que Boquín pidió la intervención. La familia Macri los acusa de haber desatado una persecución política y judicial, en la que involucra también a la interventora y a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, en un expediente que debió haber abierto el "cramdown" o salvataje ya en 2004, pero recién lo tramita ahora. El gran fantasma para los Macri es la declaración de quiebra, y es lo que explica que el ex presidente haya dedicado declaraciones de sus últimas entrevistas a cuestionar a la fiscal que desnudó las maniobras.
Socma, que pertenece a hermanos e hijos de Mauricio Macri (a éstos últimos les cedió las acciones en un proceso denunciado por Mariano Macri), hizo la denuncia en los tribunales de Comodoro Py cuando Farber fue designada como interventora, un paso que fue consecuencia de la sucesión de anomalías denunciadas por Boquín. La presentación estaba focalizada en ese nombramiento, y decía que el sorteo no había sido informado a las partes, pero también apuntaba a salpicar a la fiscalía ya que planteaba una supuesta connivencia entre investigadores, organismos del Estado y el poder político. Casanello cerró la causa por no encontrar delito e invocó argumentos del fiscal Carlos Rívolo, que decía que las disconformidades con el expediente comercial se deben plantear ahí, donde hay instancias revisoras, y agregaba que no veía objeción al sorteo de la interventora, informado públicamente en la causa.
Los camaristas Irurzun y Llorens ordenaron reabrir el caso con el argumento de que la decisión de Casanello había sido prematura. Lo hicieron en base a una presentación de la familia Macri que confirma que el lawfare sigue vigente, o por lo menos algunos jueces parecen dispuestos a aplicar sus principios. El principal interés de esta denuncia es poner obstáculos y cuestionar el expediente concursal del Correo, pero --además-- darle una connotación política a la cuestión. Las revelaciones de la fiscal Boquín, sin embargo, ocurrieron durante el gobierno del propio Macri.
La Cámara dice que "se impone realizar las diligencias necesarias a fin de establecer o descartar si el abuso de autoridad, la falsedad ideológica de documento público y la alteración de sistema informático denunciados encuentran algún respaldo" y para eso dice que son procedentes las medidas propuestas por Socma/Macri: registros de llamadas entre Boquín, Zaninni, Nissen y Gils Carbó desde la época en que la fiscal denunció el acuerdo, peritar sus correos electrónicos, "registrar" las computadoras particulares y documentación ligada al caso Correo, citar como testigos al ex ministro de Justicia Germán Garvano, al ex senador del PJ Miguel Angel Pichetto y al diptuado Pablo Tonelli (este último denunciado por la fiscal Boquín por el vaciamiento junto con otros ex funcionarios como José Torello). Le dan vía libre a que se revisen el expediente concursal y el penal, donde fueron indagagados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y otros, pero su situación procesal sigue en el limbo.
Todo parece destinado a dilatar a favor de la familia Macri y a presionar a Boquín, que ahora debe expedirse sobre la intervención (apelada por el Correo) y que nunca dejó de profundizar en la investigación de irregularidades. Mientras tanto, el "salvataje" entra en una de las últimas fases y la quiebra aparece en el horizonte.
El ministro Martín Guzmán definió la política fiscal para el último bimestre del año
Señales para domesticar a
leones de la city
Imagen: Leandro Teysseire
Economía continúa con su hoja de ruta para desarmar las presiones de la brecha cambiaria y normalizar el mercado financiero. El ministro Martín Guzmán anunció un esquema de gestión de la política fiscal para el último bimestre del año. Informó que el Tesoro no recibirá nuevos adelantos transitorios del Banco Central durante noviembre y diciembre.
Las necesidades fiscales se cubrirán con emisiones de títulos colocados al sector privado. Con esta agenda se anunció para este martes una nueva licitación de bonos en pesos con tasas de interés variables. A su vez, se dieron nuevas precisiones sobre el canje de deuda que se hará la próxima semanas para los fondos de inversión, como Pimco, que quedaron con activos en moneda local.
“Durante este año la gestión fiscal ha sido afectada por los severos impactos de la pandemia manifestados en la contracción de los ingresos públicos y en urgentes e ineludibles necesidades de gastos”, dijeron en el Palacio de Hacienda. Para agregar que “frente a la imposibilidad de acceder al financiamiento a través del mercado de capitales, el mayor déficit fiscal significó un aumento de los requerimientos de asistencia financiera por parte del Banco Central”.
En Economía se explicó que en los últimos meses la paulatina (pero aún incipiente) recuperación de la actividad repercutió positivamente en la recaudación impositiva, mientras que el financiamiento en el mercado interno ha permitido renovar vencimientos y captar recursos netos. Aseguran que se crearon las condiciones para establecer con mayor certidumbre el sendero fiscal hacia el final del año.
“Durante los meses de noviembre y diciembre no se solicitarán asistencias del Banco Central al Tesoro en forma de Adelantos Transitorios, tras las cancelaciones efectuadas en los últimos días”, anunció para moderar expectativas del mercado respecto de los niveles de emisión monetaria de los últimos meses. “En cuanto a la política financiera para el cierre del año, se apunta a renovar la totalidad de los vencimientos de capital e intereses y obtener financiamiento neto de mercado por hasta un 10 por ciento respecto al total de vencimientos de dicho período”, precisó.
El incremento de financiamiento neto que supere ese umbral del 10 por ciento de roll over (refinanciación) del Tesoro será destinado a reducir adicionalmente el nivel de asistencia del Banco Central. “Esta adecuación de las políticas presupuestarias, que supone continuar protegiendo a los sectores de la sociedad que permanecen en estado de vulnerabilidad y avanzar en la normalización del financiamiento del sector público”, detalló Hacienda.
Además precisaron que “esta estrategia de gestión fiscal contribuye a crear un puente de previsibilidad entre la ejecución presupuestaria del corriente año y el Presupuesto 2021, que contempla una considerable reducción de las necesidades de financiamiento y del crédito del Banco Central al gobierno”.
Guzmán planteó que la apuesta es cerrar la brecha cambiaria e indicó que el principal objetivo es recuperar el crecimiento del mercado interno. “El sistema financiero está bien, está robusto. Los dólares están en los encajes y en los bancos, de manera que no hay que tener ningún temor. Si hay una gran lección que aprendimos los argentinos es cuidar los depósitos de la gente y no prestar dólares a quien no produce dólares", planteó.
A la vez sostuvo que "tenemos con qué hacer frente a la necesidad de divisas. La brecha es un tema que nos ocupa porque los mercados paralelos generan expectativas y el contado con liquidación es también un mercado, existe, no lo podemos negar, pero debemos hacer que no sea tan volátil". Guzmán indicó que "cuando hay controles de capitales como ahora, hay brecha, pero lo importante es que eso no se traslada a los precios".
El titular del Palacio de Hacienda señaló que "las tensiones cambiarias ya existían y se profundizaron. Estamos buscando que la brecha vaya a 0, ahora está en el 90 por ciento y creemos que si baja a niveles del 50 o 60 sería más adecuado". Dijo además que "la renegociación de la deuda era necesaria pero no es suficiente y ahora necesitamos que la economía se recupere transitando un sendero de estabilidad y para lograr eso, es necesario poner las cuentas en orden a una velocidad que nos permita crecer y usar la política pública para alentar la generación de trabajo y las exportaciones para tener las divisas que necesitamos".
Fuente:Pagina12
Jueces trasladados: la Corte busca un fallo que muestre unidad entre los supremos
Este martes se vuelve a reunir el máximo tribunal del país, que hace más de un mes trata el per sáltum pedido por Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Pretenden evitar una votación cerrada.
La Corte Suprema volverá a reunirse este martes para seguir buscando una solución de consenso al planteo de los jueces con sus traslados suspendidos Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.
El encuentro de los cincos ministros es parte de la agenda habitual de la Corte, que viene reuniéndose de manera virtual para resolver las cuestiones jurídicas y administrativas cada martes y jueves a las 11.
Si bien los expedientes de Bertuzzi, Bruglia y Castelli están en el primer lugar de la agenda institucional del máximo tribunal, no hay garantías de que mañana se vaya a definir si los jueces estuvieron bien trasladados ya que subyacen diferencias entre los ministros en cuanto a la solución y los argumentos.
Para poder emitir un fallo, la decisión tiene que estar refrendada por una mayoría de tres miembros, aunque no coincidan en los argumentos.
Según trascendió, la pretensión del tribunal es que este expediente, que concitó la mayor atención social y mediática de los últimos meses, salga con algo más de un mayoría reglamentaria para dar hacia afuera una señal de cohesión interna.
En este sentido, deben remontar la iniciativa del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien a fines de septiembre, en uso de sus facultades, convocó de manera unilateral a un "acuerdo extraordinario" para resolver si aceptaban el pedido de "per saltum" de los jueces, algo que finalmente ocurrió.
A la búsqueda de una postura interna común, se suma la inusual demora para resolver el recurso de los jueces y el vencimiento, justamente mañana, de la "licencia extraordinaria" que la Corte otorgó a Bertuzzi, Bruglia y Castelli, por 30 días y con goce de haberes.
Si por alguna razón la Corte no extendiera la licencia de los tres jueces, deberían volver a sus tribunales de origen, precisamente lo que vienen tratando de evitar con los varios recursos que presentaron a la justicia y con la búsqueda de apoyo público y político con sus apariciones en los medios de comunicación.
En marzo de 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados del Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires -primera instancia-, a la Sala I de la Cámara Criminal Federal -segunda instancia-, mientras que Castelli pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires.
En los fallos que involucran conflictos de poderes, la Corte suele buscar decisiones de "equilibrio" que concedan parte de razón o beneficio a todos los actores y sobre todo que no incrementen las tensiones en el sistema institucional.
Los letrados de la Corte están buscando posturas "salomónicas" que preserven la autonomía del Poder Judicial sin por ello desautorizar al Ejecutivo ni al Legislativo, aún cuando si se confirma o se niega la suspensión de los traslados, esto se leerá en términos políticos como un triunfo o fracaso para el oficialismo o la oposición.
El único voto que está claro por ahora es el del propio Rosenkrantz que motorizó la intervención del tribunal en la certeza de que avalar la suspensión de la movilidad de los jueces implicaría una "revisión" mucho más amplia del instituto del traslado de magistrado y que eso pondría en cuestión la "estabilidad" que les otorga la Constitución.
Campos del Bellaco S.A.: los oscuros intereses detrás del violento desalojo en Guernica
La información surge de la investigación realizada por el Equipo de Investigación Política (Edipo) de la Revista Crisis y fue difundida el sábado posterior al violento desalojo ejecutado por el gobierno provincial a partir de una resolución del Juez Martín Rizzo.
Se trata de la actualización de una investigación publicada por la misma revista el 30 de septiembre en la que adelantaban que “los poderes establecidos acusan a los ocupantes por utilizar un método ilegal, pero nadie se pregunta quiénes son los supuestos dueños legítimos de los terrenos en disputa”.
Aquella investigación adelantaba que “a pesar de las dimensiones del emprendimiento denominado Country San Cirano, El Bellaco dejó de pagar el impuesto inmobiliario en 2018 y registra deudas ante la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) por 970.959 pesos, según consulta realizada el 15 de septiembre de 2020”.
Además, Edipo logró establecer que “un año más tarde, en junio de 2019, la empresa dejó de aportar al seguro y a la obra social de sus empleados, motivo por el cuál en febrero de 2020 la aseguradora Experta ART rescindió su cobertura”.
En aquel entonces identificaron que “el presidente y al mismo tiempo representante legal de El Bellaco S.A. es Gervasio Pérez Pesado, miembro de una familia tradicional de La Plata. Su papá jugó en el Club de Rugby Los Tilos, mientras que él y sus hermanos pertenecieron al Santa Bárbara Hockey Club”.
Desde 2008, y en el marco de la explosión inmobiliaria del denominado “Corredor Canning”, la sociedad que controla el Grupo Campos de El Bellaco sumó al empresario Ricardo Alberto Calderwood (miembro honorario de la Sociedad Rural Argentina) y modificó su objeto social que, a partir de ese momento, se enfoca a la realización de, “toda clase de operaciones inmobiliarias”.
El equipo de investigación de la Revista Crisis avanzó ahora con una gestión ante el Registro de la Propiedad donde, explican, “conseguimos una copia del Dominio Inmueble de Guernica. Entonces supimos que El Bellaco SA adquirió esa parcela el 20 de julio de 1983, escriturando el 24 de octubre del mismo año.”
Al mismo tiempo, de esa documentación surge que la empresa El Bellaco S.A. “había sido creada el 10 de mayo de 1983, muy poco antes de la compra del terreno”. El dato más concluyente y que, en palabras de los mismos autores de la investigación, “cierra el círculo” es el que indica que “César Emilio Pérez Pesado fallecido en 2013 y padre de Gervasio, fue funcionario de la dictadura por lo menos entre 1980 y 1982” ostentando el cargo de “asesor de la Subsecretaría General” a través del cual operaba como asesor de la diplomatura así como presuntamente en tareas legislativas.
Por último, el informa identifica la asociación que el mismo Pérez Pesado sostenía con el intendente de facto de la ciudad de La Plata, Abel Blas Román, Estudio Pérez Pesado - Román y asociados desde el año 1964.
Como conclusión provisoria, los investigadores de la revista deciden formular una pregunta "dirigida a ese sistema político, cuyo primer mandamiento parece ser la defensa la propiedad privada: ¿ustedes saben bien lo que están defendiendo, verdad?".
Los trabajadores de empresas autogestionadas lograron una extensión de la asistencia extraordinaria por la pandemia
Alrededor de 35 mil trabajadores perciben el beneficio desde el mes de abril y mayo. En los primeros dos meses habían sido $6 mil que luego se elevaron hasta los $16.500 durante un período de dos meses más para luego extenderse primero por un mes y ahora por dos meses más hasta los $9 mil. El acuerdo que había sido notificado días atrás a los dirigentes del sector fue formalizado este lunes mediante la resolución 623/2020 de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo.
En diálogo con Tiempo, Ramiro Martínez Presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) ratificó que “los representantes del sector nos reunimos con el ministro Claudio Moroni hace 15 días atrás y le extendimos el planteo de la necesidad de la continuidad del programa línea 1 hasta por lo menos diciembre”.
Allí, el dirigente recordó que ante la cartera laboral explicaron que “los números del PTA que asiste a 35 mil trabajadoras de todo el país no representa una imputación presupuestaria alta en comparación con el ATP que perciben grandes empresas y algunas multinacionales y el IFE”.
El dirigente manifestó su satisfacción: “es una lucha importante que aunó criterios dentro del marco del cooperativismo. El ministro supo entender la realidad de la población del mundo cooperativo y, en base a eso, logramos que 35 mil compañeros puedan acceder a una séptima cuota. Casi 300 cooperativas ya habían cobrado en octubre y ahora van a cobrar en noviembre y diciembre y otras que lo van a hacer progresivamente en diferentes meses”.
Desde el sector específico de prensa la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) se había sumado al reclamo de la Conarcoop y difundido el texto suscripto en común: “la situación sigue siendo dramática para nuestro sector y exigimos nuevas respuestas urgentes. Las empresas continúan percibiendo la ATP. Entonces nos vuelve la pregunta: ¿por qué no continuar con el respaldo a nuestras cooperativas que, como las PyMEs, necesitamos del acompañamiento del Estado para mantener los puestos de trabajo y los niveles de producción?".
Eva Herrera, secretaria de Medios Cooperativos y Autogestionados de la FATPREN había señalado en su momento que “el gobierno decidió extender un mes más el beneficio económico de la Línea 1 del Ministerio de Trabajo. Es una buena noticia, pero desde el sector creemos que sería más que importante que ese beneficio se extienda hasta el mes de diciembre”.
Al mismo tiempo adelantó que “debería analizarse que dicha extensión abarque incluso los meses de verano. En esa etapa del año los medios de comunicación cooperativos y autogestionados, por ejemplo, tienen un menor ingreso ya que la recaudación por publicidad disminuye y eso impacta directamente en los anticipos de retorno de cada socio afectando sus ingresos”.
La dirigente de los medios autogestionados a nivel nacional señaló que “los trabajadores de prensa fuimos considerados esenciales en el marco de la pandemia. No dejamos de trabajar, pese a las circunstancias, porque tenemos un compromiso con cada una de nuestras comunidades: llegar con la información en el marco de la emergencia sanitaria y eso debe ser valorado por el Estado Nacional en su justa medida”.
Desde el ministerio señalaron que “la ayuda económica incluye a las unidades productivas autogestionadas por trabajadores que suspendieron su actividad productiva o disminuyeron sus niveles de ingresos económicos como consecuencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.Desde el ministerio señalaron que “la ayuda económica incluye a las unidades productivas autogestionadas por trabajadores que suspendieron su actividad productiva o disminuyeron sus niveles de ingresos económicos como consecuencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
03.11.2020 / CONGRESO
El Presupuesto 2021
comenzará a ser analizado
por el Senado
El proyecto de Cálculo de Gastos y Recursos para el Ejercicio 2021 comenzará a
ser discutido este martes en el marco del plenario de la comisión de Presupuesto y
Hacienda. Participarán los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego
Bastourre; y de Política Económica, Haroldo Montagu.
Fuentes del Palacio de Hacienda y de la Cámara alta confirmaron que la reunión se realizará por teleconferencia a partir de las 16.30, en el marco de un plenario de la comisión de Presupuesto y Hacienda.
También está previsto que participen del encuentro funcionarios de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con el voto positivo de los legisladores del oficialismo y de otros bloques. El primer Presupuesto del Gobierno de Alberto Fernández cosechó 139 votos a favor, 90 abstenciones, de Juntos por el Cambio, y 15 votos en contra, tras casi 20 horas de debate en la Cámara baja.
Declaran la emergencia agropecuaria en Córdoba, Corrientes y Chaco
La decisión del Ministerio de Agricultura, publicada este martes en el
Boletín Oficial, se debe a los últimos incendios y la sequía que afecta
actualmente a las tres provincias.
El Ministerio de Agricultura declaró la emergencia agropecuaria en las provincias de Córdoba, Corrientes y Chaco, a través de la resoluciones 223/2020, 224/2020 y 225/2020 publicadas este martes en el Boletín Oficial.
En el caso de Córdoba, la emergencia rige desde el 1 de setiembre último y hasta el 31 de agosto de 2021 para las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios en las zonas de San Carlos Minas, Norte Punilla, Villa Cura Brochero, Mina Clavero, Valle Paravachasca, Las Albahacas, Panaholma y San José de la Quintana.
Para Corrientes, el periodo declarado en emergencia será del 1 de setiembre último y hasta el mismo día de 2021 para las explotaciones ganaderas afectadas por sequía de los departamentos Bella Vista, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Goya, Itatí, Lavalle, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar y San Roque.
Y en Chaco, la declaración va desde el 1 de octubre último y hasta el 1 de abril de 2021 para las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas afectadas por sequía en todo el territorio provincial.
Las tres resoluciones precisaron que a los efectos de poder acogerse a los beneficios, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos.
Por su parte, el Gobierno provincial remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
En tanto, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios gocen de los beneficios previstos.
Fuente:Infonews
Ginés adelantó que no solo la vacuna de Rusia
estaría en diciembre
El titular de Salud indicó que "la idea es vacunar al 2/3 de la
población" y destacó que también llegarían dosis de la vacuna de
Pfizer.
03 DE NOVIEMBRE, 2020
El ministro de Salud, Ginés González García, explicó sobre el anuncio que realizó el lunes el presidente Alberto Fernández con respecto a llegada de millones de dosis de la vacuna Sputnik V y aclaró que no será la única que puede llegar a estar disponible para diciembre, ya que, se estima que también esté disponible la vacuna de Pifzer en diciembre y de AstraZeneca en marzo.
"No hay ningún convenio, hay una intención de acuerdo comercial”, subrayó el funcionario sobre la compra de la vacuna Sputnik. En una entrevista con Luis Novaresio en Animales Sueltos. “Estamos negociando con todos los que pareciera que vienen en la punta de esta carrera internacional”, explicó resaltando no solo la vacuna rusa, sino además la de AstraZeneca y la de Pfizer, entre otras.
En ese sentido, adelantó que la Argentina tiene propuestas para el mes de diciembre de la llegada de otras vacunas, aunque “no el volumen que dice tener Rusia” y apuntó sobre la logística que deberá realizar el Gobierno: "La idea es vacunar como mínimo a 2/3 de la población”. Afirmó que "las dosis serán gratuitas" y pidió prudencia ya que todas las vacunas más avanzadas aún se encuentran en fase 3:
“Tienen que cumplir las normas, todas son auspiciosas, pero la fase 3 marca la efectividad, si es útil previniendo, y esa fase suele ser larga. La parte de seguridad (fase 1 y 2) ya están cubiertas, después viene un gran desafío logístico; la vacunación más masiva del mundo, no va a ser simple", planteó.
Con respecto a cómo será la distribución de las dosis entre las provincias, más allá de los focos con mayor circulación del virus, Ginés indicó que habrá “equidad absoluta”: “No va a haber prioridades, la distribución será equitativa”, aseguró.-
En esa línea, el funcionario analizó la situación que ahora atraviesa Europa con una segunda ola de contagios, a lo cual, advirtió que en Argentina "hay riesgo de una segunda ola de contagios”. No obstante, aseveró que el combate del COVID-19 “no tiene libreto ni libretita” y replicó que "lo que está pasando está terminando con todas las verdades que creían que tenían los europeos de la primera ola”.
Asimismo, el titular de Salud indicó que por el momento no se puede prever cuándo será el segundo rebrote en el país y arremetió: "Es una adivinanza, estamos luchando para que bajen los contagios”.
Fuente:ElDestape
Argentina podría
comprar "25 millones
de vacunas" rusas
entre diciembre y enero, ratificó Fernández
Alberto Fernández destacó que la propuesta
"es muy importante porque permitiría vacunar
a los sectores que están en riesgo, de todo el
país”.
El presidente Alberto Fernández ratificó este lunes por la noche que el
Estado Nacional "tiene la posibilidad de adquirir, entre diciembre y enero,
25 millones de vacunas Sputnik V" contra el coronavirus producidas en Rusia
y aseguró que encargó que se desarrollen "todos los pasos necesarios para
garantizar que cuenten con el debido registro".
Fernández dijo además que igualmente "seguimos tratando con distintos
investigadores, fabricantes y gobiernos para tener acceso a cualquiera de las
vacunas que actualmente se encuentran en fase 3".
"Como señalé en una entrevista periodística, efectivamente el Estado Nacional
tiene la posibilidad de adquirir, entre diciembre y enero, 25 millones de vacunas
Sputnik V desarrolladas por el Instituto Gamaleya de Rusia", sostuvo el Presidente
en un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter.
Señaló que "la Federación Rusa, a través de su Fondo Soberano, se comunicó
semanas atrás con nuestro Gobierno para saber si estábamos interesados en
contar con una cantidad determinada de dosis de la vacuna, la cual se encuentra
actualmente en un estadio avanzando de fase 3".
"Por ese motivo encomendé a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y a
mi asesora Cecilia Nicolini la tarea de viajar a Rusia para conocer los avances de
esta vacuna, su seguridad y su capacidad para generar inmunidad", añadió.
El primer mandatario aclaró que "también les pedí expresamente que lleven a cabo
todos los pasos necesarios para garantizar que cuente con el debido registro, como
el resto de las vacunas que estamos contemplando adquirir".
"Se trata de un avance muy importante, porque si todo sale según lo esperado
nuestro país estará en condiciones de comenzar a vacunar a la población de riesgo
entre el final de este año y el comienzo del próximo", ratificó Fernández.
Dijo también que "aun así, seguimos tratando con distintos investigadores,
fabricantes y gobiernos para tener acceso a cualquiera de las vacunas que
actualmente se encuentran en fase 3".
"Estamos con muy buenas expectativas y muy esperanzados de poder tener una
vacuna este año. Pero hasta entonces debemos continuar con las medidas de
prevención y los cuidados pertinentes", abundó el Jefe de Estado.
03/11/2020 DIPUTADOS
El oficialismo buscará avanzar en la
derogación de un
decreto de Macri
sobre tierras rurales
Según la diputada Graciela Landriscini (Frente
de Todos-Rio Negro), autora del proyecto, se
busca dejar si efecto un decreto que se elaboró
, "con el objetivo de favorecer la inversión
extranjera, de acuerdo a la fundamentación de
ese entonces, en un marco de desregulación
económica".
El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará este martes, en la comisión de Legislación, que se emita dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley que
propone derogar el decreto 820/16 del expresidente Mauricio Macri, por el cual se
modificó el Régimen de tierras rurales para facilitar sus transacciones.
Según la diputada Graciela Landriscini (Frente de Todos-Rio Negro), autora del
proyecto, se busca dejar si efecto un decreto que se elaboró, "con el objetivo de
favorecer la inversión extranjera, de acuerdo a la fundamentación de ese entonces,
en un marco de desregulación económica".
Según fundamentó la legisladora patagónica, "Argentina es el octavo país del
mundo en cantidad de hectáreas de tierra rural, lo que representa casi el noventa y
seis por ciento (96%) de su superficie y en el 2011 se sancionó la ley 26.737, que
fijó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión
o Tenencia de las Tierra Rurales para controlar la venta y su extranjerización".
"Esta ley se aprobó para proteger la soberanía de los bienes naturales del país, considerando a la tierra rural como un recurso estratégico no renovable y buscando
evitar su mercantilización y extranjerización. Con ese objetivo se dispuso en 2011
una rigurosa reglamentación que el Decreto de Cambiemos flexibilizó", remarcó Landriscini.
Al detallar los alcances del decreto de Cambiemos, la diputada cuestionó "la
ampliación de posibilidades para inversores o adquirentes extranjeros, al
considerar como titular extranjero a quien posea más del 51% del capital social de
una persona jurídica, cuando en la anterior reglamentación era considerado a partir
del 25%".
"La eliminación de los controles cruzados de la Unidad de Información Financiera y
la AFIP, que se habían dispuesto para prevenir el posible lavado de activos o la
elusión fiscal mediante la adquisición de tierras; y la eliminación del límite del 15%
del territorio nacional, provincial o municipal en las zonas industriales, y de las
sanciones previstas en caso de incumplimiento de la ley", fue otro de los puntos
puestos de relieve por la diputada.
Fuente:Telam
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