Política de Estado: el gobierno puso en marcha el plan para urbanizar todas las villas en una década
Se presentó un fideicomiso inicial de $11 mil millones, de los cuales un tercio será destinado a la creación de lotes con servicios y el resto a la urbanización de 400 barrios populares por año, de los 4.400 que hay en todo el país.
El Gobierno puso en marcha el fideicomiso, que contará con alrededor de 11.000 millones de pesos, para avanzar en proyectos de urbanización de los 4.400 barrios populares del país, según el acuerdo firmado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el presidente del BICE Fideicomisos, Jorge Tanús.
Se trata del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con recursos por unos 11.000 millones de pesos recaudados mediante el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS), de los cuales un tercio será destinado a la creación de lotes con servicios y el resto a la urbanización de los asentamientos ya inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
"Con la constitución del fideicomiso empezamos un proceso de urbanización que va a ser la política más relevante de los próximos años; tenemos el objetivo de ir urbanizando de a 400 barrios por año, en un proceso de diez años, una verdadera política de Estado, que comenzamos hoy", reflexionó Arroyo.
Por su parte, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, dijo: "Nuestro objetivo de impulsar el desarrollo estructural de la economía argentina no puede perder de vista a los sectores con más necesidades; el desarrollo es sustentable, inclusivo y solidario y el anuncio de hoy es un paso en esa dirección".
La titular de Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda Miño, consideró que se trata de una "herramienta fundamental para hacer de la integración de los barrios una política de Estado que se sostenga en el tiempo. Estoy convencida de que esta es la única manera de saldar una deuda histórica con los millones de personas que aún vivimos sin acceso a servicios básicos y también la posibilidad de dar respuesta a la demanda habitacional de las nuevas generaciones impulsando el loteo social", expresó.
En tanto, Tanús planteó que el aporte del BICE pasa por "administrar los fideicomisos que financian obras en todo el país, con eficiencia, transparencia y profesionalismo. De este modo vehiculizamos la realización de obras impulsadas por el Gobierno nacional que mejoran las condiciones de vida de todos los argentinos", remarcó.
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) puede nutrirse también de aportes del Tesoro Nacional que le sean asignados por la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales, y donaciones, entre otros.
De la firma del acuerdo también participaron la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, Fernanda García Monticelli; el subsecretario de Políticas de Integración y Formación, Daniel Menéndez; la directora del BICE, Marcela Passo y de manera virtual el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E), Martín Cosentino Moreto.
El presidente aseguró que habrá otro tipo de ayudas para quienes dejen de cobrar el IFE
Así lo sostuvo tras las quejas de sectores del Frente de Todos, quienes le recriminaron la lentitud en la sanción del aporte de las grandes fortunas.
El presidente Alberto Fernández aseguró que el gobierno nacional auxiliará a quienes “lo necesiten”. Lo hizo tras el anuncio de su ministro de Economía, Martín Guzmán, de que no habrá una cuarta edición del Ingreso Familiar de Emergencia en los últimos dos meses del año.
"Hemos gastado mucho dinero en urgencia social. Esperamos una economía que esté trabajando el año que viene. Cada IFE costó $90 mil millones de pesos. Todo eso en el próximo presupuesto desaparece. Creemos que no hará falta. Esa demanda será mucho menor que la de hoy. Todos tienen que estar seguros que vamos a auxiliar a los que lo necesiten. Pero podemos tener un criterio de selectividad mucho más preciso que el que tuvimos hasta ahora”, aseguró el jefe de Estado este jueves por la tarde en Radio Con Vos.
“El IFE pensamos que era un aporte, una ayuda que iba a llegar a 2.5 millones de personas. Pero hubo 9 millones de argentinos que lo necesitaban. Ahora sabemos quién es quién”, afirmó el mandatario
A su vez, sobre el aumento de los servicios públicos, el presidente señaló: "Creo que tenemos que tener lógicas distintas. Las tarifas no pueden corregirse como se corrigieron antes. Las tarifas son para pagar un servicio público, por lo cual el Estado debe tener intervención. Debe haber un precio justo. Se exterminaron las tarifas dolarizadas”
“Hay un dato que la pandemia nos ha permitido ver. Nos permitió detectar quienes necesitan la ayuda. Fueron múltiples las ayudas que el Estado dio, los ATP, créditos para monotributistas. Sabemos en donde estamos parados”, aseguró el mandatario.
Alejo Ramos Padilla se hace cargo de la causa por el espionaje a familiares del ARA San Juan
La decisión fue adoptada por el juez federal de Mar del Plata, quien consideró que el caso está vinculado con las acciones ilegales que realizaba la AFI macrista y que se investiga en Dolores.
La causa por el supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan fue remitida hoy por la justicia federal de Mar del Plata a la de Dolores para que se acumule al expediente que instruye el magistrado Alejo Ramos Padilla, en el que se investiga a una banda dedicada a la inteligencia ilícita y la extorsión, integrada, entre otros, por el falso abogado Marcelo D´Alessio.
La decisión fue adoptada por el titular del juzgado federal 3 de la ciudad balnearia, Santiago Inchausti, quien sostuvo que el caso está vinculado al supuesto espionaje ilegal desplegado desde las bases AMBA que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) colocó en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Cambiemos y que se investiga en Dolores.
“La presente causa es un desprendimiento sin decisión judicial de aquella que tramita ante el Juzgado Federal de Dolores, pues integra su objeto procesal”, sostuvo el juez Inchausti en el fallo al que accedió la agencia Télam.
“En efecto –continuó-, se han dispuesto medidas de prueba ordenadas por el titular de esa judicatura que, precisamente, conllevaron al secuestro de la misma documentación que dio origen a la denuncia que hizo la AFI en este juzgado, siendo que el Juzgado Federal de Dolores no extrajo testimonios, sino que inició una causa nueva para tramitar ante esa misma sede”, sostuvo el magistrado.
La causa que hasta hoy tramitaba en Mar del Plata se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Camaño, quien presentó elementos que permitían inferir que durante el gobernó de la Mauricio Macri se había espiado a los familiares de las víctimas del Ara San Juan.
Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez Ramos Padilla en el marco del caso D´alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases “AMBA”.
“Se hallaron documentos e informes confeccionados en los años 2018 y 2019, los que reflejan tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de familiares de las victimas del hundimiento del Ara San Juan y Buque Rigel”, recordó el juez Inchuasti en la resolución con la dispuso la remisión del caso a Dolores.
En el expediente que lleva adelante el juez Ramos Padilla se acreditó que, entre fines de 2016 y diciembre de 2017, desde las delegaciones provinciales de la AFI se desplegaron tareas de inteligencia ilegal, en forma constante y coordinada en casi todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en perjuicio de numerosas personas y organizaciones sobre la base exclusiva de su afinidad, pertenencia o actividad política.
“Uno de los puntos de la investigación está centrado en lo que se identifica como ´Proyecto AMBA´ que, según se expresa, consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, a cuya tarea se sumaron otras tres bases preexistentes ubicadas en las principales ciudades de la provincia, entre ellas la ciudad de Mar del Plata”, remarcó el juez Inchausti.
Mientras tramitó en Mar del Plata, la causa en la que se investiga el espionaje a familiares del tripulantes del ARA San Juan estuvo delegada en el fiscal Daniel Adler quien recibió el testimonio de las víctimas y dispuso las primeras medidas de prueba.
Fuente:TiempoArgentino
12.11.2020 / Frente de Todos
Alberto valoró como "un paso más" hacia federalismo la ley de capitales alternas
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que propone que 24 ciudades del país sean "capitales alternas", para realizar allí reuniones con parte del gabinete nacional, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. En el marco de la campaña electoral, Fernández les había propuesto a los gobernadores la idea de establecer capitales móviles y rotativas para fortalecer el federalismo.
"Argentina debe comenzar a funcionar como un país federal y descentralizarse para que el poder esté también en el interior", sostuvo el mandatario en un comunicado de prensa difundido por la Presidencia.
Ayer, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que propone que 24 ciudades del país sean "capitales alternas", para realizar allí reuniones con parte del gabinete nacional, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.
En el marco de la campaña electoral, en septiembre de 2019 en Mendoza, Fernández les había propuesto a los gobernadores la idea de establecer capitales móviles y rotativas para fortalecer el federalismo.
"Crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al Gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí, y escuchar 'in situ' los problemas. Porque una cosa es ver estadísticas y otra es ver y escuchar a la gente, porque uno puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto", había dicho en ese momento el jefe de Estado.
En ese sentido, sostuvo: "Soy el más federal de los porteños", y propuso "gobernar de otro modo, ser un gobierno de un presidente y 24 gobernadores que nos vamos a sentar en una mesa para resolver las urgencias de la Argentina".
La ahora ley dispone que 24 ciudades funcionen durante los próximos tres años como "capitales alternas", impulsando el esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales, nacionales y organizaciones de la sociedad civil.
El Ministerio del Interior estará a cargo de coordinar la elaboración del plan de trabajo de los encuentros, que serán "convocados con una periodicidad no mayor a 30 días".
Los distritos que oficiarán de capitales alternas son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis.
Además, las ciudades de Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).
"La mesa militar es una rémora de la Argentina que ya nadie quiere"
El Presidente repudió el espacio que reúne a exmilitares y expolicías y aclaró que quienes conducen ahora las FF.AA. "son oficiales de la democracia".
"La mesa militar es una rémora de la Argentina que ya nadie quiere". Con estas declaraciones, el presidente Alberto Fernández repudió a la mesa militar que reúne a exmilitares y expolicías, que cosechó en las últimas horas una condena contundente del Gobierno nacional y de organismos de Derechos Humanos.
El mandatario coincidió "absolutamente" con las declaraciones de su ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien aseguró que el espacio que reúne a exmilitares y expolicías "conspira contra las propias FF.AA. en ejercicio, contra el ministro de Defensa y contra el Presidente de la Nación.
"A mí me parece una enorme rémora de una Argentina que ya nadie quiere, que ni siquiera quieren los actuales oficiales de las FF.AA.. Yo estoy convencido de eso. Son personajes que viven en otro tiempo de la Argentina. Ellos son los que manejaron el Ejército durante todos esos años, en los que los sueldos de los militares fueron todos aportes no remunerativos, sueldos miserables por los que no pagaban jubilación. Fuimos nosotros los que cambiamos esa situación", consideró en una entrevista que brindó este jueves a Radio Con Vos sobre los integrantes de la llamada "mesa de enlace" militar.
"Gracias a Dios, quienes conducen las FF.AA. son todos militares de la democracia. Estoy seguro que no prestarán atención a los dinosaurios que tanto daño le hicieron a la Argentina", confió el jefe del Ejecutivo Nacional.
La llamada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, que reúne a exmilitares y expolicías, cosechó este jueves el repudio de funcionarixs, legisladorxs y dirigentxs de derechos humanos, quienes denunciaron el intento de la agrupación de "desestabilizar, conspirar y desgastar" al Gobierno nacional.
"Claramente es una acción que busca conspirar, desestabilizar y desgastar o intentar cuestionar el rol de la política de defensa que hoy se lleva adelante en la Argentina", consideró el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
En declaraciones a AM 750 y otras radios, el titular de esa cartera rechazó la aparición de la agrupación, que fue presentada formalmente el miércoles pasado en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV), que tiene entre sus miembros a ex militares acusados por "conspiración" y espionaje ilegal.
Allí, la agrupación anunció que tendrá el objetivo de "representar ante la dirigencia política y la opinión pública al conjunto de los uniformados que cumplen servicio en todo el país".
Rossi afirmó que el Gobierno analiza "denunciar penalmente" a sus integrantes porque lo que buscan es "disputar la conducción militar" en funciones y bajo juramento de respeto a la Constitución Nacional.
"Hacer este manifiesto y presentarse como 'mesa de enlace', no tiene nada que ver con el rol democrático que tiene que cumplir el personal retirado de las FF.AA. de la Argentina", insistió el ministro.
Tras las reacciones de rechazo, la SMSV que preside Daniel Reimundes, un militar retirado procesado por espionaje ilegal, salió a despegarse de la agrupación.
En un comunicado, firmado por Reimundes, la institución aclaró que "concedió el uso de un salón, como lo hace habitualmente con sus asociados, para el desarrollo de una reunión informativa, en la que se presentó la denominada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, de la que la Sociedad Militar Seguro de Vida no forma ni formará parte".
Señaló, además, que esa mutual "no financia, no ha financiado, ni financiará, ningún proyecto que se aparte de su función mutualista, exclusivamente orientada a brindar servicios mutuales a sus asociados".
Rossi había advertido que la cartera de Defensa "no va a permitir" que el dinero que el Estado destina a los salarios del personal de las Fuerzas Armadas sea utilizado para "financiar operaciones políticas" que son ajenas a las funciones del personal militar.
Antes de comunicado de la mutual, el ministro indicó además que la Sociedad Militar Seguros de Vida, "seguramente es fuente de financiamiento de muchas de estas actividades, ya que es una mutual que tiene una enorme cantidad de recursos y que muchas veces se utiliza para una cantidad de operaciones que son operaciones políticas".
En ese marco, se refirió a uno de los principales impulsores de la autodenominada "mesa de enlace": Ernesto Juan Bossi, un militar retirado, que estuvo en la ex Side durante el gobierno de la Alianza y bregó por lograr que las Fuerzas Armadas se involucraran en inteligencia interna.
El ministro recordó que Bossi, quien fue además presidente de la Sociedad Militar Seguro de Vida, "es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner y fue denunciado en ese momento".
Fuente:Infonews
Espionaje al ARA San Juan: remiten la causa a Dolores para que se
investigue en Caso D’Alessio
El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, consideró que el
expediente es conexo al que está en manos del magistrado Alejo Ramos Padilla,
quien investiga a diversas bases de la AFI del proyecto AMBA. El
rol de Macri.
13 DE NOVIEMBRE, 2020
Por FRANCO MIZRAHI
El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, resolvió este jueves remitir la causa en que se investiga el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan a la justicia de Dolores. Consideró que el expediente es conexo al caso D’Alessio, que está en manos del magistrado Alejo Ramos Padilla, dado que allí se analiza el rol de la base marplatense de la AFI en el marco del Proyecto AMBA. A través de esa iniciativa, la agencia de inteligencia espió a decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales. Consultados por este medio, los abogados de la querella mayoritaria dijeron que van a analizar la resolución pero que “en principio tiene lógica”. También señalaron que el material de la pesquisa compromete al expresidente Mauricio Macri.
Si bien no había planteos sobre la competencia del caso, Inchausti señaló que “dada la existencia de un proceso anterior originario –y del que el juez interviniente no declaró su incompetencia– corresponde remitir la presente causa para su acumulación a la causa N° 88/2019 del registro del Juzgado Federal de Dolores”. “Nos encontramos ante una identidad de hechos –actividad de inteligencia ilícita sobre organizaciones sociales – que, a su vez, se encuentran sustentados en la misma prueba”, explicó.
El caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan y el buque Rigel estaba delegado en el fiscal federal de Mar de Plata, Daniel Adler, quien estaba tomando testimoniales a las víctimas de las tareas de inteligencia ilegal. El juez aclaró que las medidas que se tomaron en el expediente fueron “en virtud de la urgencia del caso y para garantizar los derechos de las víctimas” por lo que requirió al Ministerio Público Fiscal “que arbitre los medios necesarios para remitir al Juzgado Federal de Dolores las actuaciones que tramitaron ante esa sede fiscal”.
En su resolución, Inchausti recordó que la causa del espionaje a los familiares del ARA San Juan y el Buque Rigel se inició el 23 de septiembre por una presentación de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien pidió la citación indagatoria del expresidente Mauricio Macri y los jefes de la exSIDE macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En aquel escrito, que publicó este medio, Caamaño expresó que se halló el material comprometedor al analizar un pedido que había realizado Ramos Padilla sobre “la Delegación Provincial de Mar del Plata”. El juez de Dolores estaba investigando el espionaje ilegal que la AFI macrista desplegó en la provincia de Buenos Aires desde sus nueve bases bonaerense, nucleadas en el Proyecto AMBA. Una de ellas es la marplatense. Se trata de un caso derivado del D’Alessiogate, donde se desprende el espionaje electoral de 2017, por ejemplo.
De acuerdo a Ramos Padilla, “aproximadamente entre fines de 2016 y diciembre de 2017, desde las delegaciones provinciales de dicha Agencia se desplegaron tareas de inteligencia ilegal, en forma constante y coordinada en casi todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en perjuicio de numerosas personas y organizaciones sobre la base exclusiva de su afinidad, pertenencia o actividad política”. La AFI infiltró organizaciones sociales y políticas y llegó a realizar espionaje ilegal hasta en comedores y merenderos. Las operaciones ilegales las realizaron desde las seis bases de inteligencia creadas en el conurbano bonaerense (Morón, San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza) a las que sumaron las históricas de La Plata, Mar del Plata y Bahia Blanca. Todo lo manejaba el agente Pablo Pinamonti, coordinador del Proyecto AMBA, procesado en el marco del D’Alessiogate.
Ramos Padilla está avanzando con esta nueva pata del caso D’Alessio. Ya tomó más de una decenas de indagatorias. En este marco, Inchausti destacó que “según se desprende de lo informado por el juez federal de Dolores, tres de las personas que fueron incluidas en la presente denuncia ya han sido citadas a prestar declaración” en la causa 88/2019.
No obstante, el conflicto de competencia aún no está saldado. La causa recién llegará a Dolores 72 horas después de remitida. Y resta la respuesta de Ramos Padilla, quien podría rechazarla. Además, las partes fueron notificadas y pueden interponer recursos contra la decisión de Inchausti.
Por ejemplo, Majdalani se presentó en la causa en la víspera de la decisión de Inchausti y es de esperar que más temprano que tarde plantee llevar la causa a los tribunales de Comodoro Py, como lo viene haciendo en todas las causas de espionaje ilegal que la involucran.
Consultada por El Destape, la abogada Valeria Carreras, que patrocina a la querella mayoritaria junto a Lorena Arias y Fernando Burlando, aseguró: “Vamos a analizar la resolución. En principio tiene lógica, aunque los delitos consistentes en tareas de espionaje e inteligencia ilegal se dieron en Mar del Plata, lo cierto es que la causa antecedente es la de Dolores”.
En ese sentido, indicó que “como querella mayoritaria queremos que se avance en la investigación, cuyos hechos (espionaje ilegal, fotografías, fichas personales, ingresos a redes sociales e infiltraciones) están probados. Resta poder establecer los responsables”.
Carreras agregó a este medio que el material compromete a Macri: “A todas luces indican los propios informes ilegales que se trataba de evitar cualquier mancha o perjuicio sobre la figura del presidente ingeniero Mauricio Macri, ergo, habiendo ese móvil, no resulta difícil inferir quién debe ser imputado”.
Fuente:ElDestape
12/11/2020 CORONAVIRUS
Argentina llegó al pico de contagios según un modelo matemático de la UNTREF
Al comienzo de la epidemia, “este indicador (que se mide en segundos) va disminuyendo su valor ya que las infecciones se producen cada vez más rápido y al alcanzarse el pico en la tasa de contagios (número de infecciones por día) asume un valor casi constante”.
Los investigadores Néstor Barraza, Verónica Moreno y Gabriel Pena elaboraron un modelo matemático que permite calcular el tiempo medio entre infecciones (MTBI, por sus iniciales en inglés) consecutivas en una misma población, correspondan o no al mismo agente y que pueden estar separadas en distancia, tomando los datos de infectados desde el día en que se produce el primer contagio hasta el día actual.
De este modo, los investigadores afirman que el modelo aporta una forma de medir el progreso de la enfermedad.
Al comienzo de la epidemia, “este indicador (que se mide en segundos) va disminuyendo su valor ya que las infecciones se producen cada vez más rápido y al alcanzarse el pico en la tasa de contagios (número de infecciones por día) asume un valor casi constante”, explicaron en un comunicado emitido por la casa de altos estudios.
“Luego del pico comienza a aumentar su valor, ya que las infecciones se producen más esporádicamente”, agregaron, y señalaron que, de esto último, se “desprende que predecir el mínimo de este indicador equivale a predecir el momento en que se produce el pico en la tasa de contagios de la población”.
“El MTBI permite medir la velocidad de propagación de la epidemia. En esta primera etapa obtuvimos el indicador y medimos el progreso de la enfermedad y lo comparamos con picos producidos en distintos países, y con eso pudimos hacer un análisis cualitativo que nos permitió determinar este pico de contagios”, explicó Barraza.
Este modelo innovador fue bien recibido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicado en la revista científica Chaos, Solitons & Fractals de la editorial Elsevier.
La UNTREF informó que el mismo "se basa en un proceso estocástico (sometido al azar) que se utiliza en modelos de confiabilidad de software para medir y predecir la detección de fallas de software; toma en cuenta desde el día del primer contagio y aprende de toda la curva".
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