Fernández anunció el pase a la fase de distanciamiento por la caída de casos
El fin del aislamiento para casi todo el país
La nueva etapa será hasta el 20 de diciembre. Confirmó la intención de vacunar a 13 millones de personas antes del otoño con la vacuna rusa Sputnik.
Debido al descenso de casos registrado en las últimas semanas, el presidente Alberto Fernández anunció que todo el país pasa a la fase de distanciamiento social (Dispo) hasta el 20 de diciembre a excepción de las ciudades de Bariloche, en Río Negro, y de Puerto Deseado, en Santa Cruz, que siguen complicadas y continuarán en aislamiento (ASPO). El Presidente convocó a los gobernadores a sumarse al Comité de Vacunación que espera vacunar a un total de 13 millones de personas -el 25 por ciento de la población, calculó- antes del inicio del otoño, cuestión de tener a los grupos de riesgo inmunizados ante una eventual segunda ola de contagios como la que está ocurriendo en Europa. En tanto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció nuevas flexibilizaciones para esta etapa que incluirán la posibilidad de mayor asistencia en bares y restaurantes, mientras que los salones de fiesta y boliches podrán ofrecer servicio gastronómico y las reuniones sociales podrán ampliarse hasta 20 personas.
Previo al anuncio, el Presidente mantuvo un encuentro virtual con los gobernadores para evaluar la situación sanitaria de cada zona. Fernández luego mostró dos filminas que graficaban que tanto en el AMBA como en el resto del país el pico de los casos ya había quedado atrás y que se verificaba una merma lenta pero sostenida tanto de los contagios como de los fallecidos, que calculó en un 30 por ciento. "Eso nos da muchas expectativas de que si seguimos cuidándonos y priorizando el distanciamiento social y los cuidados podremos, más rápido que tarde, ir terminando esta etapa de la pandemia", comentó. En el caso del área metropolitana, ese pico sucedió en la semana 35 y en el resto del país en la semana 41. En definitiva, ayer se registraron 7.846 nuevos casos con 275 fallecidos en todo el país.
En la etapa que termina este domingo, había ciudades de diez provincias que se encontraban en ASPO. "El trabajo focalizado que realizamos en las provincias más afectadas ha rendido buenos resultados", explicó respecto a la decisión de llevar todo el territorio a la fase de Dispo. Además de las complicadas Bariloche y Puerto Deseado, comentó que seguían de cerca lo que ocurría en Corrientes y Chaco, pero que la suba reciente de contagios coincidía con un mayor número de testeos. Además, que podían analizar la situación con cierta tranquilidad porque la capacidad sanitaria en ambos casos estaba lejos de verse colmada. De hecho, ayer la ocupación de camas en el AMBA fue del 59,2 por ciento y el en resto del país del 56,2 por ciento.
El Plan V
Una parte importante del diálogo con los gobernadores tuvo que ver con la estrategia necesaria para llevar adelante el plan de vacunación. En el anuncio posterior, donde el Presidente estuvo acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, y la directora del PAMI, Luana Volnovich, confirmó que la primera vacuna en llegar será la Sputnik V. "Estamos trabajando a todo vapor con la Federación Rusa para que en los meses de enero y febrero podamos vacunar a 10 millones de argentinos", sostuvo.
También, que junto al personal de la salud, los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, a los mayores de 60 años y a quienes tengan entre 18 y 59 años y sufran alguna enfermedad prevalente, se incluya en esta primera etapa a los docentes. "A partir de allí vamos a poder pensar en cómo se retoman las clases, aunque esto es materia de cada jurisdicción, pero si les damos certeza a los docentes al ser inmunizados, todo va a ser más fácil", informó.
La importancia de generar una infraestructura en las provincias tiene que ver no sólo con el armado de centros de vacunación que apuunte a que se llegue a toda la población involucrada, sino también garantizar que se mantenga la temperatura necesaria, que para colmo son diferentes según los laboratorios. "Las vacunas que estamos recibiendo requieren una temperatura de 18 grados bajo cero y eso solo lo podemos garantizar con freezers adecuados que puedan llegar a todos los rincones del país, hay que cuidar que en el traslado no se pierda la cadena de frío", dijo.
El Presidente detalló que las que llegarán a partir de marzo son las que le toquen al país en el mecanismo internacional Covax, donde el Gobierno ya depositó 30 millones de dólares, según reveló. Las otras por las que ya firmaron contratos son las de Astra Zeneca-Oxford y las de Pfizer. Con todas esas dosis esperan abarcar a todos los argentinos mayores de 18 años. En todos los casos, explicó, los gastos correrán por cuenta del Estado por lo que la vacunación será gratuita y no obligatoria.
Riesgo cubierto
El objetivo primordial es llegar con la población de riesgo vacunada para el otoño. Fernández comentó que la experiencia europea mostró que el relajamiento social que se produce la merma de contagios en el verano, derivó en la grave segunda ola que se observa en todo el Viejo Continente, con las consecuencias de fallecidos para los grupos de riesgo. En el país, comentó, el promedio de edad de los contagiados es de 38 años, pero el de los fallecidos es de 74 años, con lo que -una vez más- queda demostrado cómo el virus afecta casi exclusivamente a los adultos mayores.
Adelantó que serán necesarios unos 20 mil voluntarios para cumplir con el plan de vacunación en todo el país. Con ellos esperan cumplir con la meta de aplicar las dosis, "con mucho esfuerzo", a entre 4,5 y 5 millones de argentinos por mes. "Les pido a todos que colaboren, lo que estamos buscando es salir del riesgo que la pandemia nos provoca lo más rápido posible, inmunizar a la mayor cantidad de argentinos. Les pido la colaboración de todos, el esfuerzo mancomunado de todos", reiteró.
Como es habitual, cada jurisdicción comunicará qué acitividades quedarán habilitadas o flexibilizadas para esta nueva etapa. El gobernador Axel Kicillof dará una conferencia de prensa hoy a las 10.30, aunque en su oficina adelantaron que no habrá grandes novedades porque ya tienen todas las actividades posibles funcionando. Allí el trabajo fuerte está centrado ahora en la temporada veraniega.
Quien se adelantó fue Rodríguez Larreta. Ayer, explicó que los visitantes que lleguen en micro a CABA deberán testearse en la terminal Dellepiane mientras quienes lo hagan en auto particular tendrán que hacerlo en la central ubicada en Costanera Sur. No deberán hacer cuarentena y el costo lo deberán cubrir con su asistencia médica. Además de los anuncios referidos a la educación y la vuelta de clases para febrero -sin esperar a que se complete el cronograma de vacunación-, hubo todo un tramo dedicado al entretenimiento. Por ejemplo, que bares y restaurantes pasarán a tener como horario tope de cierre las 3 de la madrugada en vez de la una como ahora, y que los salones de fiesta y boliches bailables podrán abrirse pero para funcionar como locales gastronómicos. Para los eventos al aire libre, en tanto, amplió la capacidad máxima a 500 personas.
Mostró la hoja de ruta ante industriales
El plan de Martín Guzmán para controlar al dólar
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, descartó esta semana que vaya a producirse una devaluación. Lo dijo la misma tarde que el ministro de Economía, Martín Guzmán, conversaba sobre el tema con la cúpula de la Unión Industrial Argentina. La primera reunión presencial del funcionario y parte de su equipo con los empresarios fabriles ocurrió este miércoles, el fatídico 25 de noviembre, marcado para la historia por el fallecimiento de Diego Maradona. La dolorosa noticia fue un comentario obligado de la reunión. Pero lo más sustancial del encuentro resultó cuando hablaron del dólar, la brecha cambiaria, la inflación y el panorama económico que se abre a corto plazo.
“Ustedes son formadores de opinión, lo tienen que salir a decir en público. Acá no habrá ninguna devaluación. La brecha cambiaria está estabilizada y cuando se cierre el acuerdo con el FMI se reducirá a niveles tolerables”, aseguró Guzmán, buscando lo mismo que el Gobierno había solicitado al titular de la Cámara de la Construcción, con buenos réditos
Desde que Alberto Fernández lo empoderó como dueño de la última palabra en el gabinete económico, Guzmán empezó una ronda de entrevistas con el establishment para transmitir la visión del gobierno y trabajar sobre las expectativas. Las charlas son a agenda abierta.
En la reunión con la UIA, el ministro estuvo acompañado por el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias; el secretario de Energía, Darío Martínez; la nueva jefa de asesores, Melina Mallamace, y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos. La delegación empresaria la encabezó el presidente de la central fabril, Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), con la presencia de los vicepresidentes primero, Luis Betnaza (Techint); segundo, Daniel Funes de Rioja (Copal), y tercero, Guillermo Moretti (Santa Fe). También asistieron Carolina Castro, primera mujer en integrar la mesa chica de la UIA, quien fue subsecretaria Pyme el primer año y medio del gobierno de Cambiemos, y Diego Coatz, economista jefe de la entidad.
“Vos sabés que para nosotros el dólar no está atrasado. Está bien, es competitivo”, dijo Acevedo, ante la evaluación del ministro sobre las fuertes tensiones cambiarias de octubre. Guzmán las atribuyó a la presión de fondos de inversión extranjeros que pretendían apurar el remate de los bonos en pesos que compraron durante el gobierno de Macri y abandonar el país. Pero les transmitió a los industriales su preocupación por el comportamiento especulativo de la mayoría de los sectores empresarios a partir de esa situación, con maniobras de todo tipo, como el adelanto de importaciones, el pago anticipado de deudas con el exterior, la retención de insumos y mercaderías y remarcaciones de precios por la brecha cambiaria, pese a la estabilidad del tipo de cambio oficial.
El titular de Hacienda afirmó que no habrá devaluación y dejó en claro que el Gobierno espera una intervención pública de los industriales en esa línea, para terminar de neutralizar las corridas permanentes. Sin estabilidad del dólar, coincidieron funcionarios y empresarios, la recuperación económica que empieza a tomar velocidad se verá comprometida. El objetivo de Guzmán fue involucrar a los empresarios en la defensa del modelo económico que más los favorece, con desarrollo productivo y expansión del mercado interno.
La misma estrategia aplica el Gobierno con la Cámara de la Construcción, con la cual acordó dos proyectos de ley para estimular al sector y reactivar el crédito hipotecario, con blanqueo de capitales incluido. Y trabaja en un acuerdo con el Consejo Agroindustrial, del que participan las grandes exportadoras del sector y un amplio universo de economías regionales agropecuarias.
La defensa de los industriales ante el reclamo de Guzmán por subas de precios con la excusa de la brecha cambiaria fue que se tienen que cubrir de una eventual devaluación, que esa brecha estaría anticipando. La tarea del ministro, justamente, es cortar el círculo. Junto con Chodos, explicó que el Gobierno avanza de buena manera en las negociaciones con el FMI y que el anuncio de un acuerdo, seguramente durante el verano, será clave para pinchar burbujas especulativas y reducir la brecha entre el dólar oficial y los financieros a niveles “tolerables”.
Funes de Rioja, presidente de la cámara de industrias alimenticias, le pidió al ministro habilitar mayores aumentos a productos incluidos en el programa de precios máximos. Sostuvo que más allá de las cuestiones cambiarias, hubo incrementos de costos que no fueron compensados por los ajustes autorizados por el gobierno. Los industriales apuntaron que esa situación se agravará el año que viene cuando termine el congelamiento de tarifas.
Guzmán fue categórico en la respuesta. Dijo que el año que viene hay que recuperar poder adquisitivo de los salarios y que la industria tendrá que ir por detrás con las correcciones de precios. El mayor caudal de ventas, con una capacidad ociosa cercana al 40 por ciento, permitirá absorber esa situación, interpretó el ministro. “Este año bajamos 20 puntos la inflación. Eso también lo tienen que ver. Qué suponían, con la herencia que dejó Macri, que íbamos a empezar a producir como si no hubiera pasado nada. Y después vino la pandemia, pero ahora hay que pasar de página”, remarcó.
Betnaza, en tono conciliador, elogió la actitud dialoguista del Gobierno y los cambios al plan de estímulo para la producción de gas, incorporando pedidos empresarios. En cambio, se sumó a Castro cuando arremetió contra el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que en los próximos días se convertirá en ley en el Senado. "Les pedí hace tiempo que me trajeran alternativas para analizar", les devolvió el ministro. Además, mencionó que se oponen a esa ayuda por única vez, pero le demandan al Estado el pago de reintegros a la exportación, que vienen demorados, y la quita de retenciones. Los empresarios, resignados a la aprobación de la ley, pidieron que se contemplen sus planteos en la reglamentación posterior.
El punto de mayor acuerdo entre funcionarios e industriales fue la descripción de un escenario económico de rebote tras la depresión de la pandemia, y la perspectiva de un 2021 con fuerte crecimiento. “En Santa Fe estamos trabajando en niveles prepandemia. El problema son los faltantes de productos. Viene todo muy retrasado”, le dijo Moretti a Guzmán.
La producción de chapa de Techint se ubica en este momento en 240 toneladas por mes, cuando el promedio durante los últimos dos años del gobierno de Macri rondaba las 170 toneladas. El problema es que en la etapa más difícil del coronavirus la producción bajó a 40 toneladas. Ahora que la economía va para arriba, la demanda de insumos supera la respuesta productiva y eso también presiona sobre la inflación.
Guzmán señaló que el ordenamiento macroeconómico y productivo está en marcha, y que si se logran superar definitivamente las presiones cambiarias, el proceso tomará otra fortaleza. Para que eso ocurra, insistió, la especulación tiene que terminar.
La demora genera preocupación en el macrismo
Ley del arrepentido: La Cámara de Casación ya tiene listo el fallo
Imagen: NA
La sentencia de la Cámara de Casación Penal Federal que analizará la validez de la Ley del arrepentido y la de las declaraciones que se basaron en ella para sostener la causa de las fotocopias de los cuadernos, ya está lista. El tribunal podría poner en jaque con su decisión el expediente propiamente dicho, que se construyó con los relatos de imputados colaboradores, muchos de ellos empresarios de la obra pública que ofrecieron un relato determinado a cambio de su obtener su libertad durante le proceso y aspirar a una pena morigerada. La mayor parte de la investigación está elevada ya a juicio oral, sin fecha de audiencias. Por supuestas razones administrativas, el fallo de Casación tendrá las firmas definitivas y se conocerá la semana próxima. El resultado aún es un enigma y, de hecho, a cualquiera de los integrantes de la Sala I se les podría ocurrir cambiar algo. Pase lo que pase, por el tenor de los reclamos y las posiciones de las partes, la discusión desembocará en la Corte Suprema y eso dilatará un juicio.
El tema genera tanta preocupación en la oposición política que supo fomentar el uso de los “arrepentidos” para hacer crecer causas que pudieran perjudicar a ex funcionarios y a la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, e irrita tanto a los medios que les son afines, que en los últimos días éstos llegaron a deslizar teorías disparatadas que intentaban asociar al juez de Casación Daniel Petrone al kirchnerismo. Petrone es uno de los que debe fallar; también deben hacerlo Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña. Este último escribió un voto de cerca de 60 páginas, Figueroa redactó más de 100 y Petrone adhirió a alguno de ellos con 17, según pudo saber Página/12 por allegados al tribunal. Barroetaveña tuvo apendicitis y recién volvió este viernes.
La clave es que por primera vez un tribunal superior acepta entrar en el análisis de la constitucionalidad de la Ley del arrepentido votada en 2016 por impulso del macrismo y de los cuestionamientos sobre cómo recibieron declaración el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli a quienes iban privando de su libertad en base a las anotaciones del chofer Oscar Centeno (el primer “arrepentido”). Los acuerdos para colaborar o delatar no fueron filmados ni grabados, aunque la ley exige un registro técnico. Para el dúo Bonadio-Stornelli no hacía falta más que un acta. El fiscal de Casación, Raúl Pleé, respalda esta posición, y esta semana se sumó a intentar condicionar una sentencia, con el paradójico argumento de que “los políticos involucrados” quieren condicionarla. “No creo que la Cámara de Casación analice anular las confesiones de los arrepentidos”, dijo. Pleé no fue a la audiencia con las partes pero después pidió anular el pedido de la jueza Figueroa para obtener las grabaciones de las declaraciones de los arrepentidos que, como era obvio, no existían. La fiscal de juicio, Fabiana León, terminó reenviando a Casación lo que le había dado Stornelli: una lista de 24 imputados colaboradores cuyas declaraciones están registradas sólo por escrito.
* La defensa de Julio De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, se focalizó en que los hechos atribuidos a los ex funcionarios procesados son anteriores a la Ley del Arrepentido que se usó en este caso, y que no corresponde esa aplicación retroactiva. También objetó la falta de grabación o filmación de los arrepentimientos.
* Laura Fechino, abogada del ex funcionario Hernán Gómez, planteó que a diferencia de la ley original que preveía el “arrepentimiento” en casos de drogas, la ley de 2016 atenta contra la prohibición de autoincriminarse. Hoy, si un arrepentido miente o no aporta datos certeros puede tener una pena de 4 años, o sea que iría a la cárcel, lo que hace que esto sea más grave que el falso testimonio. Además, quien se arrepiente no puede dar marcha atrás. “Aniquila” –argumenta ella — el derecho constitucional a no ser obligado a declarar o no declarar contra sí mismo. A eso se suma que tal como está planteada la figura del arrepentido hoy genera una “coacción”: el Código procesal dice que nadie puede ser coaccionado o amenazado para declarar en contra de su voluntad y ni habrá artilugios para obtener una confesión. Sin embargo, la ley del Arrepentido prevé el otorgamiento de la excarcelación inmediata a cambio de la delación, una forma de inducción. Eso a la vez contradice que la libertad debe ser regla durante le prcoeso.
Fechino también pidió la nulidad puntual de la declaración de Centeno porque en la fiscalía le leyeron su derecho a arrepentirse pero no el derecho negarse a declarar. Se sabe, además, que a su abogado de entonces le impidieron verlo y le terminaron asignado un defensor oficial. Nadie le dijo tampoco que la entrega de los cuadernos podía ser producto de un delito de violación de secreto.
* El constitucionalista Eduardo Barcesat, defensor de Gerardo Ferreyra, desarrolló para el caso, la teoría del fruto del árbol envenenado, por las pruebas obtenidas ilícitamente.
Si la Cámara declara la inconstitucionalidad de algún artículo o acepta anular declaraciones, la causa podría volver a primera instancia para ser reformulada. Todavía es una hipótesis. Esta semana el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó 213 sobreseimientos de un caso anexo al de los cuadernos, por falta de pruebas sólidas.
Media sanción para la reforma del Ministerio Público Fiscal
El Senado aprobó el cambio de la mayoría necesaria para la designación del Procurador
Tras la media sanción, el Frente de Todos quedó más cerca de tener un nuevo procurador con acuerdo del Senado, trámite que la oposición tiene bloqueado desde marzo. Con este proyecto, para designar al jefe de los fiscales se pasa de una mayoría especial, dos tercios del Senado, a una mayoría absoluta que implica la mitad más uno de los integrantes del cuerpo.
"Todos los que se ajusten a la ley no van a tener ningún problema, no van a ser perseguidos", dijo el senador por Neuquén Oscar Parrilli para descartar el mito de que el kirchnerismo avanza con esto para "meter presos a dirigentes opositores". Remarcó que con esta reforma están "dando certezas y seguridades". "No se trata de Rafecas sí, Rafecas no. Se trata de Casal sí, Casal no. Muchos quieren que siga como interino", agregó en referencia al actual procurador que no recibió acuerdo del Senado y fue designado por un decreto de Mauricio Macri.
Con la norma actual, el oficialismo no alcanza el número suficiente (48 votos) para designar al candidato del Gobierno, Daniel Rafecas, sin el apoyo de Juntos por el Cambio. Frente a este escenario, la coalición opositora se opuso desde marzo hasta la fecha en avanzar con el pliego y darle al bloque oficialista las voluntades que le faltan. El proyecto que anoche tuvo media sanción indica que se necesitan 37 votos afirmativos para designar al funcionario judicial. A este número, el Frente de Todos llega con comodidad ya que son 40 dentro del bloque.
Este proyecto prevé, además, que el cargo de procurador deje de ser vitalicio para pasar a durar cinco años. Contempla que el puesto puede renovarse por otro período de la misma cantidad de tiempo, pero debe ser ratificado por el Ejecutivo y el Senado. "Era lógica esa mayoría de dos tercios cuando el cargo era vitalicio y que la única posibilidad de remoción era por mal desempeño en el ejercicio de las funciones. Insertando la periodicidad en el cargo es necesario que se relajen esas mayorías. Porque si no, vamos a seguir permitiendo que comande la política criminal en la Argentina un procurador interino", defendió el proyecto la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (FdT).
En tanto, Juntos por el Cambio insistió con el argumento de que "el kirchnerismo quiere copar la Justicia". Para la senadora por Córdoba Laura Rodríguez Machado (PRO) este proyecto "es un instrumento legal para ejercer un brutal avance contra el Ministerio Público Fiscal, que es el organismo independiente que tiene a su cargo investigar los delitos de corrupción en la Argentina". Cabe destacar que varios de los puntos de esta iniciativa surgen a partir de proyectos presentados por el senador Martín Lousteau (UCR) y los ex legisladores Federico Pinedo (PRO) y Ángel Rozas (UCR), cuando estaban en el cargo.
El cierre de Juntos por el Cambio estuvo a cargo del titular del interbloque, Luis Naidenoff (UCR). "El núcleo central de la reforma es cubrir una vacante sin una mayoría calificada, por una comisión bicameral del Congreso. No hay procurador general porque no se discute, no lo han puesto a consideración", sostuvo el formoseño. En la misma línea, dijo que "acá hay una agenda clara de control" y que el proyecto se trata de una "contrarreforma constitucional". "Atropellan la Constitución por romper la lógica del acuerdo", insistió.
"La oposición dijo claramente: 'la propuesta del procurador general solo lo hacemos si es en audiencia pública presencial'", contestó el jefe del bloque oficialista, José Mayans, y contraatacó: "yo no miento, a algunos les va a crecer la nariz y se les va a caer el barbijo de tan mentirosos que son". "Si no es presencial, olvídense de los dos tercios, esa es la amenaza que recibimos". "Estamos dando un paso para darle al pueblo una justicia que tenga un desempeño digno. Queremos tener un mejor país", enfatizó.
Además, subrayó que la última procuradora con acuerdo del Senado, Alejandra Gils Carbó, que renunció al cargo después de la presión que hizo el gobierno de Macri, "fue víctima de un ataque verdaderamente mafioso". Sobre el cierre de la sesión se leyeron una serie de modificaciones al despacho de la comisión de Justicia, que el oficialismo aprobó sin complicaciones.
Informe: Antonio Riccobene
Informe final del Banco Nación. Las inconsistencias del balance 2019
Vicentin: Operatoria irregular y vaciamiento
El Banco de la Nación Argentina presentó el informe final sobre la operatoria irregular y el intento de vaciamiento del patrimonio del grupo Vicentín. El trabajo tuvo como objetivo analizar los factores que provocaron la crisis financiera de Vicentín SAIC, cerealera santafesina que aún mantiene una deuda de más de u$s 300 millones con la entidad oficial, por préstamos otorgados de modo irregular durante los últimos meses de gestión de Javier González Fraga al frente del Banco.
Según revela el informe elaborado por los investigadores Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, "existen importantes inconsistencias entre la información del balance de Vicentin SAIC del ejercicio 2019 –enviado finalmente al juez en septiembre de 2020- y la información presentada por la firma con anterioridad. Estas diferencias resultan centrales para entender la crisis final del grupo".
Concluye que la crisis de Vicentin se habría producido por "un proceso de sobreendeudamiento ocultado por sus directivos y no por la falta de rentabilidad en sus operaciones comerciales", que es lo que el último balance presentado pretende justificar.
Como ilustración, el informe final presenta un resumen de las principales inconsistencias halladas, agrupadas en tres tipos.
Impacto de la devaluación
∗ En el balance del 2018, la firma aseguró que la devaluación había mejorado la competitividad del sector; mientras en su balance de 2019 manifestó que la devaluación producida a posteriori de las elecciones PASO de agosto de 2019, la perjudicó severamente. Sin embargo, en septiembre de ese año Vicentin sostuvo en una presentación a sus acreedores que la depreciación del peso había incrementado su rentabilidad.
∗ A nivel contable, mientras que en la información suministrada inicialmente en el balance de sumas y saldos sobre el ejercicio 2019 había mostrado un impacto limitado de sólo AR$ 1.900 millones (“diferencia de cambio”), en el balance definitivo la pérdida fue de AR$ 52.000 millones.
∗ Vicentin exporta más del 90% de su producción y a partir de 2016 se vio beneficiada por la significativa reducción de las retenciones a las exportaciones, que le significaron un ahorro de US$ 1.445 millones en el cuatrienio 2016-2019, con un pico el último año de US$ 555 millones.
Impacto de la sequía de 2018 y el aumento de las importaciones
∗ Vicentin aseguró que resultó afectada por la sequía de las campañas 2017/2018, fenómeno anterior al inicio del período fiscal del año 2019. A su vez, este hecho no fue mencionado como perjudicial en el balance 2018.
∗ La firma aseguró que el margen bruto de industrialización cayó severamente por la pérdida del diferencial de derechos de exportaciones. Sin embargo, dicha caída aconteció en el período fiscal 2018 y no fue mencionada en sus memorias de dicho año.
∗ Para el año 2019, Vicentin manifestó en sus memorias un incremento en sus costos operativos y financieros de apenas US$ 23 millones, cuando facturó US$ 4000 millones en el ejercicio. Sin embargo, en sus balances, los costos de la empresa se duplicaron en el año 2019 respecto a años anteriores, monto que terminó superando al antes mencionado.
∗ Según su argumentación, la apertura comercial y financiera terminaron provocando los mayores perjuicios para la firma, siendo estas las mismas políticas que destacó como auspiciosas en las anteriores memorias de sus estados contables.
Inconsistencias a nivel patrimonial, activos y pasivos
∗ Mientras que la información contable presentada con anterioridad mostraba para octubre de 2019 un patrimonio neto positivo en US$ 1.220 millones, el balance de 2019 declaró un patrimonio negativo en US$ 293 millones. E incluso este último monto se encuentra sobrevaluado debido a que existen partidas del activo con nula posibilidad de cobro.
∗ Las deudas comerciales que figuran en el balance de 2019 son 5 veces superiores a las declaradas anteriormente en el balance de sumas y saldos. A su vez, la firma aseguró que la venta de Renova le sirvió para cancelar deudas comerciales, sin embargo, entre octubre de 2019 y febrero de 2020, dicha partida se mantuvo sin alteraciones.
∗ En las presentaciones anteriores, la firma declaró tener bienes de cambio por US$ 1.445 millones para octubre de 2019, pero en el balance de 2019 el monto se redujo a US$ 121 millones para esa misma fecha.
El titular de la entidad dijo que le pedirán al Senado que modifique el proyecto
Sigue el lobby de la UIA contra el aporte de las grandes fortunas
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La Unión Industrial Argentina (UIA) le pedirá al Senado que modifique el proyecto del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que la semana que viene podría convertirse en ley. “Está bien gravar la demostración de riqueza, pero no la productividad”, aseguró Miguel Acevedo, presidente de la UIA, durante una conferencia virtual con periodistas, donde se presentó la Conferencia Industrial que se realizará la semana que viene.
“La relación más complicada hoy es con el Congreso”, indicó Acevedo y criticó la sanción de la ley del teletrabajo, el aporte extraordinario que ya tiene media sanción en Diputados y la ley de etiquetado de alimentos que ya fue girada a comisiones para comenzar a tratarse en Diputados.
“No se gravan las herramientas con las que trabaja un plomero, se grava la ganancia que pueda tener”, criticó Acevedo sobre el alcance del aporte, que será para 12 mil personas, el 1,2 por ciento de quienes pagan bienes personales, según la AFIP. Desde la UIA estiman que 5000 de esas personas son empresarios pymes con compañías de entre 100 a 500 personas. “Son las que crean empleo formal y en muchos casos el valor del aporte son 3 o 4 años de utilidades”, indicó Diego Coatz, economista jefe de la UIA, durante la charla por zoom.
La entidad le entregó un informe sobre el aporte extraordinario a la mayoría de los bloques del Congreso y al ministro de Economía, Martín Guzmán. “Les pedimos a los senadores poder hablarlo”, anticipó Acevedo. En el documento plantean introducir modificaciones para que en la base de imposición no haya acciones en activos productivos. Ya lo habían presentado al departamento de legislación en Diputados, sin éxito, dado que el proyecto se aprobó sin cambios.
La semana que viene el proyecto se convertiría en ley, dado que cuenta con los votos en el Senado. La sesión sería el jueves que viene, según fuentes parlamentarias, el mismo día que el presidente Alberto Fernández participará del cierre de la Conferencia Industrial anual que organiza la UIA, este año llamada “Produciendo Argentina: agenda federal para la reactivación y el crecimiento”.
Ley de abastecimiento
Por otro lado, desde la UIA aseguran que la relación con el Gobierno “es correcta”, debido a que el diálogo es fluido, pese a no siempre estar de acuerdo. Este miércoles, se reunieron con Guzmán. Coinciden con el Poder Ejecutivo en que el tipo de cambio no está atrasado. “La UIA no pide una devaluación, que quede bien claro”, definió Acevedo.
La mayor preocupación que le transmitieron al Ministro es por la brecha cambiaria. "Hay que ver cómo se baja, y si se hace a través de las expectativas, porque más que económico, es un tema político”, definió Acevedo. Para el industrial, la solución pasa por “buscar consensos y de dar algún tipo de previsibilidad de lo que va a pasar en la parte política, eso va a dar una macroeconomía ordenada”, opinó.
Uno de los temas donde la UIA se mostró en la vereda de enfrente del Gobierno fue en cuanto a la amenaza de Alberto Fernández de aplicar la ley de abastecimiento por los faltantes en el sector de la construcción. “Ya lo cuestionamos cuando se sancionó la ley e interpusimos acciones judiciales”, recordó Daniel Funes de Rioja en la videoconferencia, quien presidirá la conferencia industrial de la semana que viene.
El abogado pidió que se usen “otros elementos normativos para evitar abusos de defensa de la competencia” y dijo que lo que hay que mirar son las causas de los faltantes. Como ejemplo puso a la industria alimenticia. “Hay precios congelados con aumentos importantes de insumos que desbordan la estructura de costos”, describió, y opinó que deberían terminarse las medidas de emergencia, como Precios Máximos. Para Coatz, los faltantes de insumos no se tratan de una generalidad sino “cuestiones puntuales” que surgen por la brecha cambiaria.
El próximo tema a discutir con el Gobierno será sobre el trabajo en la pospandemia. “Los interrogantes son cuánto tiempo más vamos a tener a gente fuera del plantel con temas como la escolaridad, y los costos adicionales para el traslado del personal”, anticipó Acevedo. Funes de Rioja informó que se “el 20-25 por ciento de la dotación está liberada de prestar servicios, cuando debería estar reinsertándose en la actividad”.
Fuente:Pagina12
Fernández: "Trece millones de personas deberían estar vacunándose entre enero y marzo"
El presidente anunció que se prepara un fuerte operativo de vacunación antes del otoño, para disminuir el alcance de una posible segunda ola.
El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que "trece millones de personas deberían estar vacunándose entre enero y marzo" contra el coronavirus, antes de que llegue el otoño porque, según aseguró, una segunda ola podría producirse "en otoño", tal como ocurrió en Europa. Por eso pidió máximos cuidados en el verano, sobre todo en los jóvenes, que "actúan como vectores" de contagio en los adultos mayores, que son los que más riesgo corren ante los contagios de coronavirus, al anunciar la continuidad de medidas ante la pandemia de coronavirus a días de que finalice la última prórroga.
Al anunciar las medidas que se tomarán frente a la pandemia, el jefe de Estado dijo que con ese fin se "está avanzando con todos los proveedores de vacunas" y armando un plan de vacunación con el Comando Estratégico, en conjunto con todos los gobernadores.
En ese sentido convocó "a todos" a sumarse "como voluntarios" para ayudar en la campaña de vacunación y poder inmunizar a entre 4 y 5 millones de argentinos por mes. También explicó que la vacuna va a ser gratuita y no va a ser obligatoria.
"Confiamos en poder llevar adelante este plan de vacunación y para ello convoco a todos a ser parte de esta epopeya de cuidar la salud de los que están en riesgo", enfatizó.
El oficialismo consiguió media sanción a la reforma del Ministerio Público Fiscal
Con los votos propios y con críticas de la oposición, el Frente de Todos giró a Diputados un proyecto que busca limitar a cinco años el mandato del Procurador y relaja la mayoría para nombrarlo.
Con cambios en unos 17 artículos en el recinto, el Frente de Todos aprobó con 42 votos afirmativos y 27 votos negativos el proyecto que modifica la cantidad de votos necesarios para designar al Procurador General de la Nación y que limita el mandato –actualmente hasta la edad de 75- a cinco años a partir de la modificando la Ley del Ministerio Público Fiscal, cuyo proyecto giró a la Cámara de Diputados.
Durante el debate, que tuvo unos 18 oradores, el oficialismo recordó la persecución que sufrió la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó cuando asumió el macrismo al gobierno, lo que la empujo a renunciar a su cargo. Incluso, el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau en su exposición acepto la acusación. “Es cierto que renunció, dice el oficialismo por presiones, puede ser”.
Por el lado de la oposición de Juntos por el Cambio, defendieron al actual jefe de fiscales interino, Eduardo Casal, y señalaron que la sesión fue una puesta en escena para que el oficialismo pueda avanzar con su remoción y designar al juez Daniel Rafecas, cuyo pliego está paralizado en la Comisión de Asuntos Constitucional porque el espacio político no cuenta con la mayoría agravada -dos tercios- que establece la norma actual.
El dictamen de mayoría fue firmado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el viernes pasado, luego de que se unificaran tres proyectos, dos de ellos de los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, que habían sido presentados en diciembre de 2019.
Pasadas las 16.30, elvmiembro informante del oficialismo, Oscar Parrilli, aclaró: “Acá no se trata de Rafecas sí, Rafecas no. Se trata de Casal sí, Casal no. Porque muchos quieren que sigan Casal como interino que es el que le sirvió durante estos dos años”.
En cuento al límite en la duración del cargo que le corresponderá al jefe de los fiscales, el neuquino señaló que “la Constitución no habla de que el procurador sea vitalicio”. “Solo hay dos países en América Latina donde el procurador tiene cargo vitalicio, Cuba y Argentina, ahora solo quedará Cuba”, agregó.
En tanto, a lo referido con los votos necesarios para su designación, Parrilli argumentó que “como ya no es vitalicio no nos parece conveniente que ya no tenga los dos tercios”. “No estamos diciendo que no busquemos los dos tercios. La ley no prohíbe los dos tercios”, aclaró y apuntó que será elegido con “mayoría absoluta, 37 miembros, no mayoría simple como se dijo”.
El senador del Frente de Todos recordó que Gils Carbó “fue designada con el respaldo del “92% de los senadores” e hizo mención a la “despiadada, brutal y feroz persecución” que vivió durante el gobierno de Cambiemos. En ese punto, manifestó: “Terminó renunciando, en diciembre de 2017, porque en octubre de ese año, en connivencia con sectores del Poder Judicial, un gran diario publicó el teléfono de su hija, y le empezaron a llover las amenazas e intimidaciones de todo tipo. Finalmente terminó renunciado porque estaba en riesgo y juego no solamente la estabilidad en el cargo, sino la seguridad de su hija y toda su familia”.
En ese marco “nombraron como interino a Casal porque no les convenía buscar un procurador que representara a todos los sectores políticos”, agregó.
Desde la oposición, fue la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado quien acusó al oficialismo de estar en medio de una interna en cuanto a la persona seleccionada para estar a cargo del organismo institucional. Al respecto, manifestó: “es vox populi que a Rafecas lo estaría poniendo Alberto Fernández, que a Cristina no le gusta y que va a poner otro”.
La legisladora por Córdoba afirmó que “es mucho más si aprobamos los dos tercios como mayoría necesaria para la designación del procurador, sino que se trata de un instrumento legal para ejercer un brutal avance contra el Ministerio Público Fiscal, que es un organismo independiente, por lo menos hasta que se sancione esta ley, que tiene a su cargo a través de los fiscales investigar delitos de corrupción”. “El objetivo es lograr la impunidad y poner a los fiscales argentinos de rodillas”, finalizó.
Antes de la votación, el rionegrino Martín Doñate (FDT) leyó los cambios formulados en el proyecto, entre los cuales se establece que en caso de licencia, recusación, excusación o impedimento transitorio del Procurador General de la Nación, las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por Procurador seleccionado por sorteo público, o un/a fiscal coordinador/a de distrito, o por un/a fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo, de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto. A falta de reglamentación, intervendrá quien tenga más antigüedad en tal cargo.
En caso de vacancia o licencia prolongada superior a los treinta (30) días las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un/a procurador/a fiscal, o un/a fiscal coordinador/a de distrito, o por un/a fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo elegido/a por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto. A falta de reglamentación, intervendrá quien tenga más antigüedad en tal cargo.
El proyecto además establece que el procurador solo podrá ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. El proceso podrá iniciarse por dos vías: decisión fundada del Poder Ejecutivo comunicada a la Cámara de Diputados, o a solicitud de cualquier diputado.
En ambos casos, para la acusación ante el Senado se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara baja -129 diputados-. Luego, el Senado se encargará del juicio, y finalmente, para la remoción se requerirán los dos tercios -48 votos-, como en la actualidad.
Asimismo, indica que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la bicameral de Ministerio Público Fiscal del Congreso. En cuanto a la relación con los servicios de Inteligencia, reza que en ningún caso los fiscales podrán requerir “tareas o funciones de investigación criminal” a los organismos de Inteligencia ya que esa conducta será considerada causal de remoción. Un punto novedoso es que se incluyen los principios de perspectiva de género y federalismo.
Fuente:TiempoArgentino
27.11.2020 / Congreso
Debate en el Senado por la Procuración: "Muchos quieren que siga Casal porque le sirve a sus intereses"
Oscar Parrilli dijo que el proyecto de modificación del Ministerio Público para cambiar el número con el cual elegir al jefe de los fiscales, entre otros aspectos, "no se trata de Rafecas sí o Rafecas no" sino que es "Casal sí o Casal no", ya que éste “sirve a los intereses” de la oposición y es "presionable" y cometió "atrocidades”.
En el marco del debate del proyecto de modificación del Ministerio Público, que entre otras cosas propone cambiar el número para elegir al jefe de los fiscales, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Oscar Parrilli, aseguró que el objetivo de la iniciativa no tiene que ver con la falta de consenso para elegir al juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el presidente Alberto Fernández, sino para remover al procurador interino, Eduardo Casal, porque básicamente lo acusó de trabajar para Juntos por el Cambio.
“Acá no se trata de Rafecas sí o Rafecas no. Se trata de Casal sí o Casal no. Hay muchos que quieren que siga el procurador interino porque le sirve a sus intereses. Presionable y con todas las atrocidades que está haciendo”, destacó Parrilli.
El ex titular de la AFI pronunció estas palabras al abrir el debate de la sesión especial en la que se modifica la Ley de Ministerio Público.
En ese marco, Parrilli agregó que la oposición acusa al Gobierno nacional “de hacer las cosas que hicieron ellos", entre las que mencionó "intentar manipular a la justicia” y destacó que el oficialismo pretende, por el contrario, “dar certezas y seguridades”.
“Los que se ajusten a la ley no van a ser perseguidos, ni va a haber espionaje político como hubo a opositores y a sus mismos compañeros de ruta”, enumeró el legislador, cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al recordar las acusaciones que se investigan en la justicia de un presunto espionaje de la administración de Mauricio Macri a figuras de la vida pública argentina.
El senador neuquino reiteró que “el gobierno envió la propuesta de un nuevo procurador y la oposición no lo quiere votar porque quieren que siga Casal”.
“Les sirve y, además, impidió que comience la implementación del nuevo Código Procesal Penal”, sentenció.
Fuente:PoliticaArgentina
"El objetivo es tener la ley del aborto antes de fin de año"
Así lo manifestó la diputada nacional Mónica Macha, del Frente de Todos, quien también adelantó que el tratamiento de la ley esta vez será "más corto" que en 2018.
En declaraciones a El Destape Radio, Macha afirmó que "la media sanción desde ya" que estará aprobada antes de fin de año y dijo que "lo que estamos tratando de lograr es sancionar la ley durante 2020 para cumplir con el objetivo de tener la ley antes de que termine el año".
De esta manera, Macha se mostró optimista frente a la posibilidad de que el Senado debata y convierta en ley durante 2020 la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo el pasado 17 de noviembre.
Respecto al trámite del proyecto, la diputada del Frente de Todos afirmó que "vamos a tener un tratamiento habitual pero más corto que en 2018 que fue extremadamente largo".
La diputada explicó que el proyecto "se va a tratar toda la semana que viene" en la Cámara baja y precisó que "el martes va a haber una reunión informativa con el Poder Ejecutivo, entre martes y miércoles habrá reuniones informativas y jueves y viernes la discusión de diputados".
"La idea es dictaminar el viernes", concluyó la diputada.
Fuente:Infonews
Las maniobras de Casal para proteger a Macri
Mientras se discute una nueva ley del Ministerio
Público, el procurador interino Casal cuida a Macri en dos casos clave: Correo
y Stornelli.
28 DE NOVIEMBRE, 2020
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El procurador interino Eduardo Casal es una de las piezas clave en el entramado judicial del lawfare que sigue en su lugar para cumplir una función: proteger a Mauricio Macri y operar en su favor. La persecución a la fiscala Gabriela Boquin por el caso Correo Argentino es el caso clave. Macri no es el único cuidado por Casal, también lo es el procesado fiscal Carlos Stornelli. La diferencia entre el trato del interino Casal hacia Boquin y Stornelli evidencia sus motivaciones.
El rechazo intransigente de la oposición para terminar con el extenso interinato de Casal se explica por estas relaciones promiscuas con Macri que aún hoy, a casi un año del nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández, continúan vigentes. Y rinden frutos. De allí, el intento de bloquear la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal que busca, entre otras cosas, establecer un lapso de 5 años para el mandato del jefe de los fiscales y bajar a mayoría absoluta los votos necesarios para elegir a un nuevo procurador general. Casal es funcional a Cambiemos.
Caso Correo
Macri utilizó (y utiliza) al interino Casal para influir en el tema judicial que más le preocupa: Correo Argentino. No es para menos: por un lado, en el fuero comercial, la fiscala Boquin logró frenar la condonación de la multimillonaria deuda que tienen los Macri con el Estado y el caso se encamina a una quiebra luego de casi 20 años de dilación. Si Correo quiebra sus deudas las tiene que asumir SOCMA, la nave nodriza del holding Macri. Para intentar frenar a Boquin el interino Casal desplegó una batería de maniobras que incluyen el armado de un sumario por una falsa denuncia por maltrato laboral y el vaciamiento de su fiscalía, entre otras.
Por otro lado, existe una causa penal donde Macri fue denunciado por este intento de favorecer a su familia desde su cargo presidencial y por el vaciamiento de la empresa. Comparte carátula con Oscar Aguad, quien era su ministro de Comunicación y fue el encargado de la maniobra para que el Estado aceptara una propuesta de pago ínfima por parte de la familia Macri, y los tocayos Jaime Kleidermacher y Jaime Cibilis Robirosa, uno abogado y otro presidente de Correo Argentino. En ese expediente el juez Ariel Lijo hace malabares para demorarlo y no llamar a indagatoria a Macri. El rol de Casal allí fue desplazar al fiscal Juan Pedro Zoni, que le tocaba investigar el caso desde Comodoro Py y no se alineaba con los intereses del presidente PRO.
La protección de Casal a Macri en el caso de la fiscala Boquin incluye, como informó El Destape, una serie de aprietes para desplazarla de la fiscalía ante la Cámara Comercial.
El mismo día que Alberto presentó su proyecto de Reforma Judicial el interino Casal le inició un sumario Boquin. Se basa en una denuncia por supuestos maltratos laborales, sostenida en la declaración de una ex empleada de la fiscalía de Boquin cuyo esposo, el juez Sebastián Sánchez Cannavó, está concursando para acceder a la Sala B de la Cámara Comercial. Es un dato muy relevante: es la Sala que interviene en el caso Correo Argentino.
La maniobra, tal como informó El Destape, se inició con la unificación de los expedientes 157 y 1535, ambos de 2018, en los cuales 2 personas denunciaban maltrato laboral contra Boquin. Una es Verónica Fernández, que tiene una discapacidad por la cual tenía un régimen laboral diferenciado, que denunció malos tratos pero hay documentación a la que accedió El Destape donde reconoce la sensibilidad de Boquin respecto a su condición y lo documentos indican que no hubo motivos para su enojo.
La peona clave de esta jugada es Marina Nieves Calzia, que trabajó en la fiscalía comercial de Boquin entre mayo de 2015 y abril de 2017 e inició un reclamo interno en la Procuración por supuestos maltratos laborales. Boquin y Calzia se conocen desde hace años, ya que la ahora denunciante era secretaria de Ricardo Nissen en la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas donde la fiscal realizó numerosas actividades y llegó incluso a ser vicepresidenta de la institución. Cuando Calzia pasó a trabajar en la fiscalía de Boquín aún no se había recibido de abogada. Aprobó un buen número de materias y terminó la carrera en el ambiente que ahora denuncia como hostil.
En el expediente constan intercambios vía mail y Whatsapp certificadas por escribano que muestran la buena relación y trato entre Boquin y Calzia. Pero no los tuvieron en cuenta.
Las presiones sobre la fiscala Boquin no son nuevas. Apenas frenó la maniobra de Macri para condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia de la deuda que tienen con el Estado hubo un raid de declaraciones en su contra por parte de la primera plana macrista. Luegosufrió sospechosos ataques e intermitencias en su custodia policial, incluido el robo de documentación de su auto (del cuál no tocaron ninguna otra cosa de valor) y la aparición de su gato muerto, ambos hechos en la puerta de su casa.
Macri nombró a Boquin en todas las charlas con periodistas serviciales que tuvo en su último raid televisivo. Tuvo efecto: logró que se reactive el sumario contra Boquin basado en una denuncia falsa y que la Cámara Federal de Comodoro Py ordene investigarla en una contradenuncia. Nada dijo Casal.
La última maniobra contra la fiscala Boquin fue hace unas semanas cuando, tal como informó El Destape, los Macri la recusaron. ¿Con que excusa? Llegan al extremo de plantear que vio afectada su objetividad porque “se siente presionada” por Macri. Una clara inversión de la carga de la prueba: es un hecho que la presionaron mediática y judicialmente, que hubo sospechosas fallas en su custodia, que le robaron papeles del caso Correo de su auto, que su gato apareció muerto en la puerta de su casa, que le armaron una falsa denuncia por violencia laboral. Y ahora la acusan de parcial.
Boquin ya rechazó el planteo, entre otras cosas porque no hay vía legal para recusar a un fiscal comercial. Nada dijo Casal.
Caso Stornelli
El otro ejemplo que condensa las razones por las que el macrismo busca blindar a Casal es el caso Stornelli. El procurador general interino se transformó en el protector del procesado titular de la Fiscalía Federal N° 4 con asiento en Comodoro Py.
Casal frenó los sumarios internos que se le abrieron a Stornelli por sus vínculos con la banda de D’Alessio, que fue definida por la Justicia como una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal. Los sumarios son los únicos que pueden desencadenar, vía un jury, que Stornelli pierda los fueros que posee y en los que se recuesta para evitar ser detenido. Incluso, el procurador general podría suspenderlo en el cargo, tal como sucedió en la provincia de Buenos Aires con otro fiscal relacionado a la banda de D’Alessio: Juan Ignacio Bidone. A este fiscal general de Mercedes, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, lo suspendió de inmediato. Está claro que Stornelli representa otros intereses.
El primer sumario que adormeció Casal fue el que se generó porque Stornelli no iba a declarar al juzgado federal de Dolores en el marco del D’Alessiogate, donde se lo citó a indagatoria en reiteradas ocasiones. Luego de meses y 6 llamados a indagatoria, en noviembre de 2019, el Consejo Evaluador que asesora al procurador dictaminó que debía presentarse porque si no debía enfrentar un juicio político. Ese fue el disparador que llevó al fiscal del caso de las fotocopias de los Cuadernos a prestar indagatoria ante el juez Alejo Ramos Padilla.
Pero otro de los sumarios que había en la Procuración por el mismo caso quedó congelado. Se trata del que analiza la conducta del fiscal por los delitos que se le achacan en la causa que involucra al espía ilegal Marcelo D’Alessio y a la AFI macrista. Stornelli fue procesado por 8 hechos en ese expediente, tiene prohibido salir del país y le retuvieron el pasaporte. Ramos Padilla lo considera “penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso ideal”. Está a un paso del juicio oral. La excusa que esgrimió siempre para defenderse de esa acusación nunca prosperó porque carece de sustento: que el D’Alessiogate fue una operación que se tejió para derribar la causa Cuadernos. Es una coartada que está atada a la archivada “Operación Puf”, una operación mediático-judicial que impulsó la AFI macrista con escuchas ilegales tomadas en la cárcel de Ezeiza y que Stornelli junto a la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, llevaron a Comodoro Py.
Esto no es todo. El 19 de mayo pasado, el senador Oscar Parrilli requirió la destitución vía juicio político de Stornelli por su rol en el caso “Cuadernos”. Los acusó de “mal desempeño en sus funciones” y de ser el armador de la persecución contra opositores durante el gobierno de Mauricio Macri junto al difunto juez Claudio Bonadío y al defensor oficial Gustavo Kollmann, quien representó al chofer Oscar Centeno en la causa de las fotocopias. En su presentación ante el MPF, Parrilli le reclamó a Casal que se excuse de intervenir porque consideró que durante la gestión cambiemita tuvo una actitud “encubridora” de Stornelli por la que “deberá responder oportunamente”. El procurador rechazó la excusación.
En ese marco, la corporación judicial decidió blindar a Stornelli. El Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal (MPF), con una integración diferente a la que se inclinó por el juicio político si no se presentaba en la indagatoria, propuso cerrar el sumario que se había abierto para analizar su accionar en la causa Cuadernos.
De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio, el consejo –integrado por 5 fiscales generales- propuso clausurar la investigación en contra de Stornelli por 4 votos contra 1. La mayoría la conformaron fiscales generales relacionados a Stornelli y su entorno.
Entre otras cuestiones, los cinco fiscales generales que integran el consejo debatieron si las actas escritas en las que se registró el testimonio de los imputados colaboradores del caso “Cuadernos” bastan para ser considerados “medios técnicos idóneos” para una posterior revisión de las declaraciones. Es decir, si era necesario o no grabar las audiencias de los arrepentidos. Cuatro fiscales generales avalaron a Stornelli. Únicamente, Alejandro Alagia cuestionó, y en duros términos, el accionar de sus pares
¿Quiénes fueron los integrantes del Ministerio Público Fiscal que respaldaron a Stornelli?
-Oscar Ciruzzi, quien mantiene un vínculo cercano a Stornelli, por lo que debía excusarse de intervenir. Está relacionado al mundo Boca, al igual que el fiscal procesado.
-Susana Pernas, quien por decisión de Casal reemplazó en el consejo a Adriana García Netto. Está relacionada al fiscal Carlos Rívolo, quien colaboró con Sotrnelli en la instrucción del caso Cuadernos. Es decir, un interesado en que no se cuestione esa investigación. Pernas es secretaria general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPF de la Nación, que preside Rívolo.
-Julio Piaggio. Se jubiló el 28 de febrero, al dejar de ser fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Según publicó Ricardo Ragendorfer en el diario Tiempo Argentino fue “juez federal de Lomas de Zamora durante la última dictadura" y "luego se recicló como fiscal en la Cámara Federal de La Plata, desde donde conspiró contra los Juicios de la Verdad”. Se lo relaciona al fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plee, uno de los “protectores” de Stornelli en Comodoro Py.
-Guillermo Pérez de la Fuente. Es fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Tal como publicó Ragendorfer en Tiempo Argentino, “en sus años mozos fue agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Su nombre está en la lista del Personal Civil de Inteligencia (PCI) desclasificada en 2009 por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM)”.
Por decisión de Casal, el mentado Consejo Evaluador es el que analiza los sumarios contra los fiscales y firma dictámenes no vinculantes pero que sirven de apoyo al procurador para tomar sus decisiones.
Los intereses del macrismo para sostener a Casal parecen más que evidentes.
Fuente:ElDestape
27/11/2020 REPORTE DE SALUD
Murieron 275 personas y hubo 7.846 nuevos contagios de coronavirus en el país
Con las cifras este viernes, la cantidad de fallecidos llegó a los 38.216 y los contagios a 1.407.277 desde el inicio de la pandemia.
Otras 275 personas fallecieron y 7.846 contrajeron coronavirus en las últimas 24 horas en el país, mientras el presidente Alberto Fernández anunció que continuará el distanciamiento sanitario en todo el país -con la excepción de las ciudades de San Carlos de Bariloche y Puerto Deseado, a la vez que subrayó que "trece millones de personas deberían estar vacunándose entre enero y marzo" contra el Covid-19.
Al hablar desde la Casa Rosada, Fernández anunció una nueva extensión de los protocolos obligatorios contra el virus, y aseguró que en últimas semanas, tras la última prórroga de las medidas de cuidado, se vio "una clara mejoría" de la situación epidemiológica tanto en el AMBA como en las provincias, y que "los contagios cayeron 30 por ciento", así como también la cantidad de decesos.
Pero advirtió que una segunda ola podría producirse "en otoño", tal como ocurrió en Europa, y por eso pidió máximos cuidados en el verano, sobre todo en los jóvenes que "actúan como vectores" de contagio en los adultos mayores, que son los que más riesgo corren frente al coronavirus.
En tanto, el Ministerio de Salud informó que desde el inicio de la pandemia el número de fallecidos se elevó a 38.216 y los contagiados llegaron a 1.407.277, de los cuales 1.235.257 son pacientes recuperados.
Detalló además que hay 4.120 personas internadas en camas de terapia intensiva en todo el país, con un porcentaje de ocupación del 56,2% a nivel nacional y del 59,2% en el Área Metropolitana Bonaerense.
Los casos registrados este viernes pertenecen a la provincia de Buenos Aires 2.124, Ciudad de Buenos Aires 414, Catamarca 3, Chaco 258, Chubut 264, Corrientes 158, Córdoba 834, Entre Ríos 298, Formosa 1, Jujuy 22, La Pampa 105, La Rioja 29, Mendoza 202, Misiones 4, Neuquén 204, Río Negro 202, Salta 51, San Juan 234, San Luis 114, Santa Cruz 293, Santa Fe 1.446, Santiago del Estero 158, Tierra del Fuego 86 y Tucuman 398.
Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó que ante la proximidad de la llegada de la vacuna contra el coronavirus, es necesario "seguir cuidándose" y afirmó que, en el contexto de la próxima temporada estival, "se profundizará el seguimiento y testeo de contactos estrechos".
Kicillof hizo estas declaraciones durante las reuniones que mantuvo con intendentes e integrantes del Comité de Expertos para analizar la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires y coordinar los pasos a seguir en la próxima etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo) y ante el inicio de la temporada de verano.
En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, expresó que, si se logra "vacunar 6 millones de personas para marzo" en la provincia de Buenos Aires, "la segunda ola será muy diferente, con poca mortalidad porque el virus circulará en aquellas personas que no tienen mayoritariamente casos graves".
"Vamos a tener una herramienta que nos permitirá bajar muchísimo la circulación del virus, donde el sistema de salud no colapsará. Tendremos un año muchísimo mejor, porque, además, vamos a seguir vacunando durante los meses del invierno", expresó el funcionario provincial en declaraciones radiales.
En el plano internacional, el mundo superó los 61 millones de casos de coronavirus tras sumar más de 580.000 en las últimas 24 horas y, pese al hartazgo por restricciones que suelen generar fricciones sociales y políticas, mantiene la esperanza de la llegada de las vacunas salvadoras que los Gobiernos pugnan por garantizarse con denuedo.
En todo el planeta se registraron en el último día 581.797 casos, que se suman a un total de más de 61,02 millones, mientras que la cifra global de fallecidos se situaba en más de 1,43 millones y más de 39,1 millones de personas lograron superar la enfermedad.
Estados Unidos, el país más afectado, reportó en las últimas semanas los peores datos de casos de toda la pandemia y computa en este balance más de 110.000 positivos, con lo que eleva el total a 12,8 millones en tanto las víctimas mortales se elevaron a 263.455.
India, segunda nación azotada, seguía con la tendencia a la baja y si bien ya supera los 9,3 millones de casos y acumula 135.715 fallecidos, y confirmó que podrá vacunar a su población desde principios de 2021.
Lo hará mediante el inmunizante pionero ruso Sputnik V, que cuenta con el 95% de eficacia en los ensayos clínicos realizados, equivalente a los elaborados por la alianza alemana-estadounidense BioNTech-Pfizer y a la del laboratorio norteamericano Moderna.
Fuente:Telam
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