Porque tenemos memoria y sabemos la verdad luchamos por la justicia
POR JAY WEAVER
Roberto Guillermo Bravo es a primera vista un exitoso inmigrante estadounidense.
Nacido y criado en Argentina, se graduó de la Academia Naval de ese país y fue teniente antes de venir a Estados Unidos para trabajar como agregado militar en la embajada argentina. Después de retirarse de la vida militar, Bravo se mudó con su familia a Miami, se naturalizó estadounidense y comenzó su propio negocio.
Pero a los 78 años, una supuesta atrocidad en su pasado ha vuelto a perseguirlo, por segunda vez.
Bravo, quien vive en una casa frente al mar con piscina y yate en North Miami, es buscado por su país natal en una petición de extradición que lo acusa de varios asesinatos en una prisión militar hace casi 50 años. La petición, presentada el año pasado, se ha dilatado debido a la pandemia del COVID-19, pero probablemente la decida un juez federal en Miami el próximo año.
Hace una década, Bravo sobrevivió a una denuncia de extradición similar cuando otro juez federal de Miami falló a su favor, pero esta vez las autoridades argentinas y los fiscales federales dicen que el caso es más fuerte porque se basa en pruebas de un juicio argentino de 2012 en que tres de los compañeros oficiales de Bravo fueron declarados culpables del asesinato de presos que datan de agosto de 1972.
En Argentina Bravo enfrenta cargos de participar en la muerte a tiros de 16 prisioneros desarmados y de herir a otros tres reclusos que eran miembros de un grupo de izquierda que se oponía al presidente respaldado por el ejército del país.
Los familiares de las víctimas, ultimadas en lo que describen como la “masacre” de la prisión también han demandado a Bravo en el tribunal federal de Miami porque es ciudadano estadounidense que vive aquí. Alegan que cuando era un oficial de 30 años en la prisión naval de Trelew, cometió los asesinatos “extrajudiciales” y violaciones de los derechos humanos, según la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, de Estados Unidos .
Bravo, quien fue arrestado en su casa de Sans Souci Estates por alguaciles federales en octubre del año pasado, es un hombre libre por ahora porque se le permitió depositar un bono de garantía personal de $4 millones firmada por nueve familiares y amigos y una fianza adicional de $1 millón con el depósito de $100,000. Eso fue autorizado por el juez magistrado Edwin Torres, quien rechazó el argumento de la fiscalía para mantenerlo detenido.
Un abogado que representa a familiares de las víctimas dijo que apoyan la solicitud de extradición para el juicio penal de Bravo por cargos de homicidio con agravantes en Argentina. Pero el abogado dijo que también quieren ver “alguna responsabilidad y medida de justicia” en su caso civil federal, especialmente porque se ha permitido a Bravo vivir con impunidad en el “puerto seguro” de Estados Unidos durante decenios.
“Ha vivido una vida cómoda y exitosa durante casi 50 años después de cometer estos crímenes”, dijo Claret Vargas, abogado de la organización sin fines de lucro de San Francisco, Centro para la Justicia y la Responsabilidad, que presentó la demanda en nombre de las víctimas de los asesinatos en prisión militar. “Esperamos que sea extraditado, eso es lo que todas las familias quieren”.
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El abogado defensor de Bravo, Neal Sonnett, lo describió como “un hombre de negocios honesto y contribuyente con un historial sin mancha quien se mudó con su familia a Estados Unidos en 1980 después de retirarse de las fuerzas armadas argentinas”.
Sonnett le dijo al Miami Herald que la solicitud de extradición de Argentina y la demanda civil de las víctimas deben ser rechazadas, calificando las acusaciones “falsas” porque los asesinatos en prisiones militares ocurrieron como resultado de un levantamiento de presos por parte de “terroristas”. También describió la segunda petición de extradición de Argentina como una “caricatura judicial” porque ya se solucionó por parte de un juez federal de Miami a favor de Bravo.
“La demanda contra Roberto Bravo es legalmente equivocada, falsa y moralmente en bancarrota”, dijo Sonnett. “Los hechos de la queja ocurrieron hace casi 50 años y un intento de 2010 por parte de Argentina de extraditar al Sr. Bravo fue negado por un juez federal, quien determinó que el Sr. Bravo había sido absuelto en Argentina de cualquier irregularidad y que los cargos presentados en Argentina más de 30 años después fueron “delitos políticos” prohibidos por nuestro tratado de extradición”.
El caso de Bravo ha resucitado la dolorosa era de las opresivas dictaduras respaldadas por el ejército en los años 70 y 80 que más tarde fueron responsables de la “desaparición” de innumerables disidentes izquierdistas calificados “terroristas” que buscaban derrocar al gobierno. El período fue conocido como la Guerra Sucia.
“Mi padre sobrevivió a la masacre de Trelew y quiso dedicar su vida a exponer la verdad de lo que sucedió, pero fue asesinado antes que pudiera ver justicia”, dijo Raquel Camps, hija del difunto Alberto Camps y el principal demandante en la demanda de Miami, en un comunicado.
Que la demanda de los familiares avance depende de una moción para desestimar el caso de tortura por parte del abogado de Bravo, Sonnett, quien debe presentar la moción en enero, que es probable que se base en motivos técnicos, como el estatuto de limitaciones.
Sonnett ha logrado defender a Bravo, superando una petición de extradición previa del gobierno argentino. En 2010, el magistrado Robert Dubé se negó a certificar la petición del país. Señaló que Bravo estaba protegido por una ley de amnistía argentina, fue exonerado por un tribunal militar y que el testimonio de tres sobrevivientes de los tiroteos en la prisión no era creíble.
Significativamente, Dubé descubrió que al menos uno de los 19 prisioneros atacó a un guardia e intentó arrebatarle el arma inmediatamente antes que estallara el tiroteo en 1972. Como resultado, el juez determinó que el ataque a tiros era de naturaleza “política” y Bravo no pudo ser acusado bajo el tratado de extradición entre Estados Unidos y Argentina porque se estaba defendiendo de una rebelión.
Esa cuestión política —contra pruebas que muestran que los prisioneros estaban desarmados cuando Bravo y los otros oficiales les dispararon— pesará mucho sobre Torres, el juez de magistrado que decide si lo extradita.
Según la denuncia de extradición y otros registros judiciales, 25 presos afiliados a un grupo de izquierda militante opuesto al gobierno militar argentino escapó de la Penitenciaría de Rawson en la provincia de Chubut el 15 de agosto de 1972, lo que resultó en la muerte a tiros de un guardia de prisiones.
De los 25 fugados, seis finalmente escaparon en un avión secuestrado, pero los otros 19 fueron recapturados y llevados a la Base Aérea Naval Almirante Zar en Trelew, Argentina.
Durante su encarcelamiento allí, Bravo fue teniente en el Batallón de Infantería Naval No. 4 de Argentina en la base.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, dice la petición de extradición, los 19 prisioneros de la base naval argentina en Trelew dormían cuando Bravo y otros cuatro oficiales llegaron con ametralladoras y pistolas calibre .45.
“Los oficiales ordenaron a los prisioneros que se levantaran y fueran sus celdas con la cabeza baja”, dice la nueva denuncia de extradición, basada en pruebas de las autoridades argentinas. “Momentos más tarde, los oficiales navales les dispararon a corta distancia.
“Muchos de los prisioneros murieron instantáneamente de los disparos iniciales”, prosigue la denuncia. “Los oficiales navales entonces procedieron a determinar si había sobrevivientes e intentaron ejecutarlos. Bravo localizó a varios prisioneros que no murieron inicialmente y les disparó con su pistola”.
Tres de los 19 prisioneros sobrevivieron a los tiroteos y se convirtieron en testigos clave, entre ellos el padre de Raquel Camps, Alberto, aunque él y los otros dos sobrevivientes que declararon murieron más tarde.
A pesar de perder el caso de extradición hace una década, los fiscales federales en Miami argumentan que la denuncia de extradición más reciente es más fuerte. Señalan el juicio argentino en 2012 contra tres de los compañeros oficiales navales de Bravo que estuvieron involucrados en la masacre de la prisión. Fueron procesados y condenados sobre la base de pruebas de testigos que mostraban que los oficiales mataron a tiros a reclusos desarmados a corta distancia, según la denuncia de extradición presentada por la fiscalía federal. Bravo no pudo ser juzgado en rebeldía bajo la ley argentina.
“En particular, las conclusiones del tribunal de primera instancia y del tribunal de apelación [en Argentina] rechazaron varias defensas jurídicas y de hecho planteadas por Bravo durante su procedimiento previo de extradición, incluida su reclamación de amnistía legal, la absolución previa en una investigación militar y la supuesta falta de credibilidad de las declaraciones de los sobrevivientes”, según la denuncia de extradición.
En una audiencia de extradición a principios de este año, el fiscal federal Jason Wu argumentó que Bravo y los otros oficiales no actuaron en defensa propia.
“El Tribunal de Primera Instancia argentino [en 2012] concluyó más allá de una duda razonable que un grupo de oficiales militares, incluido el Sr. Bravo, masacró prisioneros desarmados e indefensos en la oscuridad de la noche, y esas conclusiones son una causa más que suficiente para certificar esta solicitud”, dijo Wu en la audiencia de extradición de marzo pasado.
Pero el abogado defensor de Bravo, Sonnett, no respondió nada sobre los hechos y la ley, argumentando que todavía hay una falta de causa probable que su cliente cometió cualquier delito en la prisión militar. Dijo que los tiroteos en la prisión de Trelew no eran “ejecuciones sumarias” y el hecho de que había tres sobrevivientes demuestra ese punto.
Sonnett argumentó que Bravo y los otros oficiales de la prisión naval se defendían de los miembros encarcelados de un grupo terrorista izquierdista conocido como los Montoneros, que en agosto de 1972 había escapado de otra prisión una semana antes antes de ser recapturados y encarcelados en la prisión naval de Trelew.
“Estas personas eran montoneros, eran guerrilleros”, dijo Sonnett en la audiencia. “Eran gente muy dura e ilegal. Habían escapado de una prisión de máxima seguridad seis días antes”.
“El informe [argentino] deja claro que [uno de los prisioneros] intentó quitarle el arma a uno de los guardias [en la prisión de Trelew], y fue cuando comenzó el tiroteo, donde les dispararon indiscriminadamente.
Fuente:ElNuevoHerald
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