COLOMBIA.

 

Desplazadas por la guerra: cómo 

seguir viva lejos, en la miseria y sin 

tus hijxs

Por David Carranza Muñoz. Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre de 2020.

Ana Meira Castro perdió la custodia de dos de sus hijos: el gobierno colombiano se los quitó con el argumento de que no podía garantizarles sus derechos. El mayor, de 14 años, se ahorcó en un instituto de menores, según las autoridades. Al menos hace más de un año que no puede verlo.

El cuerpo de Darwin(*) yace en el pequeño féretro. Tiene el brazo izquierdo sobre el estómago y el derecho caído al costado. Las piernas envueltas en una tela roja, cubiertas por un plástico transparente. La camisa azul le cubre hasta la parte alta de su cuello. Esta es la última imagen que Ana Meira Castro tendrá de su hijo de 14 años.

Ana Meira abandonó el barrio Pambilero –en El Charco, municipio costero al noroccidente de Nariño– por “los conflictos y la violencia”. Una tarde de 2007 su barrio se llenó de extraños armados. “Los unos hablaban de los otros. Iban y venían en lanchas, buscaban comida e información. Nosotros nos limitábamos a atenderlos con respeto y a responder lo que requerían”, recuerda.

–¿Dónde está Edison? –preguntaron por el papá de sus hijos–. Si no aparece, los matamos a ustedes.

Cada día Ana Meira se enteraba de los cadáveres que aparecían al costado de la carretera y de los restos humanos que arrastraba la corriente del río Tapaje. Las amenazas de esa gente son serias, pensó. No había más tiempo: empacó las pocas cosas que tenía y se fue con sus cuatro hijos a Cali. Tenía 24 años.

La familia de Ana Meira fue una de las 1.600 que se vieron forzadas a huir de Nariño en 2007 por los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército. El informe del Comité Internacional de la Cruz Roja de ese año concluyó que en 68% de los municipios del país hubo casos de desplazamiento y que los más afectados fueron El Charco, Tame (Arauca) y Puerto Asís (Putumayo). En 2005 el índice de pobreza en El Charco era de 80,37%.

Ana Meira llegó al barrio El Valladito de Cali, un sector al oriente de la ciudad que forma parte del distrito de Aguablanca, donde habitan unas 750.000 personas, casi 30% de la población de Cali. La gran mayoría son víctimas de desplazamiento forzado, especialmente de la región del Pacífico.

–Yo vivía del rebusque –cuenta Ana Meira.

En su pueblo la comida y el comercio llegaban por las aguas del Pacífico. En Cali era diferente. De los edificios y el cemento no brotaban frutos para comer ni peces para cocinar.

–Por sugerencia de unas vecinas, me puse en la cabeza un platón lleno de chontaduros y me fui a las calles a vender.

En El Valladito había, y todavía hay, muchas personas en la misma situación que Ana Meira, por eso es común que se reciban recomendaciones sobre qué hacer cuando se llega a la ciudad. Uno de esos consejos fue que se presentara ante la Unidad de Atención y Orientación al Desplazado (UAO) para hacer su registro y el de sus hijos como víctimas de ese fenómeno. La UAO es hoy el Centro Regional de Atención Integral a las Víctimas, un espacio en donde se articulan varias entidades del Estado para orientar, acompañar y hacer el seguimiento a las personas que sufrieron la guerra, con el fin de facilitar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El objetivo de este trámite es que el Estado disponga las condiciones de protección, consolidación y estabilización económica de los desplazados internos como consecuencia del conflicto armado, que desde 1985 suman unas 7,7 millones de personas.

La noche del 7 de diciembre de 2011, Ana Meira y su familia festejaron el Día de las Velitas con sus vecinos. Esta festividad es muy popular en Colombia, una tradición en la que las comunidades se reúnen a encender velas para venerar a la virgen María Inmaculada y así dar comienzo a la Navidad. En el barrio hubo pólvora, música y comida. Los niños se juntaron y corrieron por las calles para recolectar la cera que se desprendía de las velas.

Esa noche Darwin, su tercer hijo, se perdió entre la multitud. Ana Meira lo buscó hasta el amanecer, pero no lo encontró. Al día siguiente fue al puesto de la Policía. Los agentes le dijeron que el niño, en ese entonces de seis años, estaba en la estación, pero que lo entregarían al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad estatal a cargo de la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

En el instituto le dijeron a Ana Meira que antes de devolverle a su hijo, unos funcionarios tendrían que hacer una visita a su casa. Cuando fueron, le dijeron que la casa “no reunía las condiciones de habitabilidad propicias”, cuenta la mujer. El piso era de tierra y las paredes de madera. Además, le exigieron que debía tener un cuarto para cada uno de sus hijos.

Un documento del organismo, firmado por la defensora de familia María Salas, sostiene que no hay constancia de que alguno de los funcionarios del instituto hubiera afirmado que las condiciones no eran “propicias”. El mismo documento informa que el 9 de marzo de 2012 había comenzado el proceso de restablecimiento de derechos de Darwin.

Según ese documento, los derechos de Darwin, en ese momento de siete años, se encontraban “amenazados, vulnerados o inobservados” por parte de sus padres. Por esta razón, el Estado tenía la obligación de asistir al menor. También en ese registro se habla de un posible proceso de adoptabilidad que “contrarrestara la vulneración de los derechos”. La mamá del niño asegura que nunca existió un desinterés por ninguno de sus hijos.

–Uno allá tiene todo, pero llega a esta ciudad a enfrentarse al monstruo –dice Ana Meira.

El 24 de enero de 2014, la mujer encontró a Yerry(*), el cuarto de sus hijos, de seis años, recostado en la cama con fiebre. Lo notó extraño. Le preguntó qué le pasaba, pero el niño no respondió. Tras un largo rato, Yerry se recostó sobre ella y la abrazó. Le contó que un vecino de 16 años había abusado sexualmente de él.

La mujer lo llevó a una clínica, donde el abuso sexual quedó registrado en su historial médico. El centro de salud informó al ICBF sobre lo que había pasado con Yerry y el instituto también se hizo cargo del niño. Ana Meira presentó una denuncia penal, pero, según Nieves Vásquez, su abogada, el proceso nunca arrojó resultados. La mamá de Yerry identificó al joven que abusó de su hijo. “La familia del muchacho le dijo que si decía algo la mataban a ella o a Yerry. Allá en el barrio uno no puede decir nada porque lo matan”, dice la abogada.

Además de las amenazas, había motivos de sobra para desconfiar de los resultados de la Justicia. 80% de estos casos quedan en la impunidad, según la Fiscalía y la Procuraduría. Esto, a pesar de que, en 2018, por ejemplo, 87% de exámenes por delitos sexuales fueron practicados a niños, niñas y adolescentes, lo que equivale a 22.794 menores de edad violentados.

Foto: Stephanie Monte

Ana Meira asegura que siempre estuvo pendiente de sus hijos, aun cuando dos de ellos quedaron bajo custodia del Estado. “Íbamos a celebrarles los cumpleaños allá y todo”, cuenta. Sin embargo, dice que en varias de esas visitas le exigieron firmar documentos para poder verlos. Ella lo hizo sin entender lo que aceptaba. Ana Meira y su abogada están convencidas de que esas firmas fueron las que habilitaron al ICBF a abrir los procesos de adoptabilidad de sus dos hijos. El instituto dice que no obró con deslealtad y que avisaron sobre todas las decisiones que se tomaron con respecto a los niños.

El 23 de marzo de 2017, el Juzgado Séptimo de Familia de Cali declaró a Darwin en situación de adoptabilidad. Esa decisión disolvió el vínculo legal de madre e hijo entre Ana Meira y Darwin. El caso de Yerry, aunque se presentó para el mismo proceso, se encuentra en el Consejo de Estado pendiente por resolver ante un conflicto de competencias.

El ICBF y la Fundación Caicedo González, organización que maneja los hogares sustitutos donde estuvieron los hijos de Ana Meira, aseguran que la última visita de la madre fue en agosto de 2018. Ella lo niega. Dice que durante todo el tiempo que estuvo separada de sus hijos sólo se ausentó por dos meses, tiempo en el que volvió a El Charco porque le resultaba más fácil conseguir trabajo y dinero que usaría para hacer las refacciones a su casa que le habían exigido los funcionarios. Incluso, asegura que dio aviso al instituto antes de dejar Cali, pero que fue informalmente, en una conversación.

A Ana Meira le impidieron ponerse en contacto con sus hijos desde mediados de 2019, según cuenta. No pudo volver a verlos ni a hablar por teléfono con ellos. No recibió información alguna hasta el mensaje de Whatsapp que llegó a su celular el 19 de diciembre, en el que le pedían que fuera al día siguiente al instituto.

El 20 de diciembre, cuando Ana Meira llegó a la cita que le había agendado la defensora de familia Karina Vélez en una de las sedes del instituto en Cali, la funcionaria le entregó un documento.

–Tiene que firmarlo antes de contarle lo que pasó.

La mujer se negó. La funcionaria le arrebató el documento y la miró a los ojos.

–Su hijo Darwin se suicidó. Se ahorcó.

Ana Meira se quedó sin palabras.

–Apure, m’hija, que el entierro es ya.

El cuerpo del niño fue encontrado con signos de asfixia por ahorcamiento. El cuerpo ingresó a la morgue a las 6.43 de la tarde del 18 de diciembre de 2019. Vestía un pantalón verde y una camiseta azul talla XL que no correspondía con su 1,72 metros de estatura.

“Era mamá para entregarle el muerto, pero no era mamá para entregarle al niño vivo”, dice la abogada Vásquez. Inmediatamente después de que supo lo que había pasado con Darwin, Ana Meira preguntó por su otro hijo.

–¿Yerry cómo está? ¿Dónde está?

–Ese niño tampoco es suyo, es del instituto –le dijo la defensora Vélez.

Yerry no pudo ver a su mamá ni siquiera tras la muerte de su hermano.

Foto: Stephanie Monte

Lo único que Ana Meira sabe de Yerry es por el informe que dio la Fundación Caicedo González para contestar a una de sus tutelas. En el documento dice que el niño tuvo una consulta de medicina general el 27 de diciembre de 2019 en la que el médico le diagnosticó desnutrición y trastorno de estrés postraumático, por lo que lo remitió a psicología.

En enero de 2020, Yerry tuvo otro control médico, en el que registró un peso de 38 kg y una altura de 1,48 metros. Según Ana Milena Lemos, directora ejecutiva y representante legal de la fundación, esas cifras indican que se encontraba dentro de los parámetros adecuados para la edad. Sin embargo, de acuerdo con una tabla del Texas Heart Institute, Yerry estaba por debajo del peso adecuado.

Ante la impotencia y la desilusión en la Justicia colombiana, la abogada Vásquez llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Me condenaron a mí y a mi familia por ser pobre y desplazada”, dice Ana Meira. “Me vengo desplazada por la violencia de El Charco, Nariño. Aquí el gobierno me levanta mis dos hijos, devuelve uno muerto y el otro desaparecido. ¿Puede ser justo eso para una madre?”.

(*) Los nombres fueron modificados por motivos legales. Este artículo fue producido en el marco del Laboratorio de Periodismo Situado.

Fuente: La Diaria (Uruguay)

Foto principal: Stephanie Monte

Presidentes de la empresa Drummond promovieron y financiaron el 

paramilitarismo

Por Oscar H. Avellaneda. Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre de 2020.

Una fiscal delegada acusó formalmente al actual presidente de la Drummond Colombia, José Miguel Linares Martínez por “presunta” financiación del paramilitarismo cuando fue gerente jurídico y vicepresidente de asuntos Corporativos de la multinacional entre los años 2000 y 2006.

La acusación también implica a Augusto Jiménez Mejía, quien fue presidente de la Drummond Colombia entre 1989 y 2013.

La Fiscalía los acusó de incurrir en el delito de concierto para delinquir por haber financiado y promovido el “Frente Juan Andrés Álvarez” del bloque Norte del grupo paramilitar de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a cambio de “seguridad” para la empresa.

“Para la Fiscalía resulta clara la responsabilidad de los directivos de Drummond, Augusto Jiménez Mejía y José Miguel Linares Martínez, quienes, con plenas facultades para intervenir en todas las acciones, contratos y convenios, y dirigir el servicio de asesoría jurídica al interior de la empresa, decidieron contratar con personas que, abiertamente, sostuvieron vínculos paramilitares, como Jaime Blanco Maya, quien, a su vez, vinculó a Jairo de Jesús Charris Castro y José Arístides Peinado” señala la decisión.

Esas conductas tuvieron como propósito cometer actos punibles, como los homicidios, que en forma sistemática y generalizada afectaron de manera grave a la población.

El ente acusador determinó que los directivos “conocieron de ese contexto macrocriminal, el que afectó, además, a empleados de la multinacional que dirigían, y pese a ello intervinieron en la contratación con (Jaime) Blanco Maya, por cuyo medio se destinaron los recursos al grupo armado ilegal”

Blanco Maya era un contratista de la multinacional que fue condenado por el asesinato de dos sindicalistas, y actualmente tiene el proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En la misma resolución fueron declarados delitos de lesa humanidad, los actos criminales de ese bloque paramilitar.

La Drummond fue señalada por Rafael García, exdirectivo del DAS, condenado por la infiltración paramilitar de la entidad, y quien declaró que usando el DAS, Jorge Noguera y él hicieron envíos de cocaína a EEUU y otros países.

García afirma que presenció cuando el presidente de la Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, le entregó una «maleta llena de dinero» en el 2001 a un representante del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo para que mataran a líderes sindicales.

García también asegura, en el documento, que Álvaro Uribe Vélez conocía y aprobaba las relaciones del DAS con los grupos paramilitares.

La Drummond es una empresa norteamericana, que extrae y exporta el carbón de Colombia, y en el pasado cínica y descaradamente negó tener relación con escuadrones de extrema derecha en Colombia:

“Drummond manifiesta públicamente que no ha hecho ni hará pagos, acuerdos o transacciones con grupos al margen de la ley y niega enfáticamente que la empresa o cualquiera de sus directivos haya tenido relación alguna con el asesinato de sindicalistas”.

Otra multinacional estadounidense, la gigante frutera Chiquita Brands, reconoció que entregó 1,7 millones de dólares a grupos paramilitares en Colombia y acordó con el Departamento de Justicia de EEUU pagar 25 millones de dólares para financiar a los paramilitares.

Numerosos políticos y empresarios de la burguesía colombiana, muchos de ellos aliados del expresidente, exsenador y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, tienen sus manos manchadas de sangre, debido a sus vínculos con los paramilitares de las AUC, que han traficado cocaína, cometido masacres y robado millones de hectáreas de tierras a los campesinos colombianos.

(Foto de portada: Augusto Jiménez Mejía, expresidente de la multinacional en Colombia, y José Miguel Linares Martínez. Crédito: Gsboticias).

Fuente: PaCoCol

Denuncian el asesinato del líder 

social Alirio de Jesús Serna Sierra 

en Antioquia

Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020.

El Instituto para el Estudio, el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) denunció este jueves a través de su cuenta en Twitter, el asesinato de otro líder social, Alirio de Jesús Serna Sierra, hecho sucedido esta vez en el departamento de Antioquia. En lo que va de año, ya han sido asesinados 296 líderes sociales colombianos.

«Reconocido líder asesinado el día de hoy. Apoyaba proyectos de carácter social para la comunidad. Con Alirio son 295 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2020», anunció Indepaz en su mensaje virtual.

La institución colombiana destaca además que Serna coordinaba «proyectos de carácter social para la comunidad (…) en la vereda de La Esperanza del corregimiento San José del municipio Andes». 

Sumado al asesinato del concejal por el partido político Alianza Social Independiente,Franco Nativel, ocurrida también este jueves, Indepaz denunció que a lo largo de 2020 han sido asesinados 296 líderes sociales. 

Por su parte, la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en el país suramericano ha documentado que, desde la firma del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo y el Gobierno en noviembre de 2016, han sido asesinados 244 miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Fuente: TeleSUR

 Asesinan a concejal campesino en 

El Arado, Cauca

Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) confirmó este viernes el asesinato del concejal del municipio de San Sebastián, Franco Nativel Salamanca Hoyos, hecho ocurrido en las inmediaciones del sector de El Arado, en el departamento del Cauca.

De acuerdo a la información preliminar suministrada por Indepaz, Hoyos era un reconocido líder social y político, integrante del Partido político Alianza Social Indígena (ASI), e igualmente integrante de la Asociación Campesina.

Seguidamente, el dirigente político fue miembro de la coordinación departamental del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pusoc), vocero del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

Por su parte, el partido político Alianza Social Independiente (ASI) condenó el asesinato del concejal y aseguró en un comunicado que es necesario que paren estos hechos violentos que le han quitado “la vida y la tranquilidad a millones de colombianos”.

“Señor Iván Duque Márquez, que este asesinato y las decenas de masacres que han ocurrió en su Gobierno no queden en la impunidad, usted puede evitar estos hechos violentos si tuviera la voluntad, pero al parecer las ve solo como estadísticas, preocupa su indolencia”, aseveró el comunicado de las ASI.

Franco Nativel Salamanca, quien también pertenecía a la Coordinadora del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) y la organización Marcha Patriótica, según Indepaz, sería el líder social y defensor de derechos humanos 296 asesinado durante el 2020.

Fuente: TeleSUR

Petro denuncia que el Senado 

excluye al movimiento Colombia 

Humana de la vida política

Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020.

El senador colombiano Gustavo Petro responsabilizó este viernes al presidente Iván Duque y al partido Centro Democrático de utilizar la aprobación de la reforma al Código Electoral para negar la personería jurídica a su instituto, Colombia Humana, y con ello excluirlo de la vida política del país.

Mediante un mensaje difundido a través de la red social Twitter, Petro consideró que se le ha propinado «un golpe profundo a la posibilidad democrática de nuestra Patria».

Con anterioridad, durante una sesión del Congreso en que fue aprobada la ley del Código Electoral, la mayoría de los senadores no aprobó un artículo nuevo, el cual ayudaba a garantizar que los grupos significativos de ciudadanos pudieran quedar habilitados para hacer coaliciones con otros partidos, pasar el umbral en las elecciones y lograr su personería jurídica.

«Con esta negativa del Senado (…)  se excluye a Colombia Humana, la segunda fuerza política de la nación, de la vida política legal del país, por tal razón voté no al Código Electoral», expresó Petro durante la sesión.

Agregó que, como no se desea otorgarles personería jurídica, «mientras Centro Democrático tiene 60.000 millones de pesos en campaña, nosotros tenemos cero porque no existimos en la vida política de Colombia».

Aseveró que el partido Centro Democrático es «el artífice de esta destrucción democrática», al utilizar la aprobación del Código Electoral, «que debería ser una ley de consenso político de Colombia, como un instrumento para acabar con la segunda fuerza política y un aspirante serio a conquistar la Presidencia de la República», valoró.

El legislador consideró que millones de ciudadanos quedan excluidos por la decisión en el Senado, tras la cual se oculta «un proyecto político antidemocrático que cree que su opción de poder pasa por la exclusión de los demás» y que «ha determinado (…) que Colombia Humana no existe ni puede participar en las elecciones de 2022», manifestó.

Recordó que cada vez que en la historia de Colombia sucede un hecho como este, ha estallado la violencia. «Colombia Humana no les va a responder con la guerra y la violencia. Les va a responder derrotándolos en las urnas», expresó.

Fuente: TeleSUR

El delincuente venezolano Leopoldo

López se reunió con la alcaldesa 

Claudia López y Álvaro Uribe

Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre de 2020.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López se reunió con el terrorista de ultraderecha y fugitivo de la justicia Venezolana Leopoldo López, y le brindó varios minutos para que hiciera una intervención política en un encuentro de integración en la Alcaldía, donde asistieron algunos migrantes venezolanos.

López, a quien la derecha internacional ensalza como “preso político” fue acusado y condenado en el año 2015 por “instigación a delinquir, intimidación pública, daños a la propiedad estatal y homicidio intencional calificado”, en hechos que ejecutó como parte del llamado «Plan La Salida», que buscaba derrocar al presidente Nicolás Maduro, y produjo focos de violencia en varias ciudades de Venezuela, especialmente en Caracas, que dejaron 43 personas muertas, más de 800 heridos y daños materiales en infraestructuras públicas y privadas, por lo que fue juzgado y condenado a 13 años y 9 meses de prisión.

Este político de ultraderecha, que en su juventud estuvo ligado a la organización extremista “Tradición, familia y propiedad”, fue también inhabilitado por hechos de corrupción, y está vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU.

Proviene de una de las familias más adineradas de Venezuela que a los 18 años lo envió a estudiar en el elitista «Kenyon College» de EEUU, para posteriormente culminar sus estudios en una institución estrechamente vinculada a la CIA, el «Kennedy School of Government» de la Universidad de Harvard.

De regreso a Venezuela, comenzó a trabajar en un alto puesto de la petrolera estatal PDVSA, gracias a su madre, quien en esos momentos ocupaba el cargo de Directora de Asuntos Públicos de la empresa. Más adelante, López enfrentó un juicio por fraude, debido al desvío de fondos de PDVSA para sus proyectos politiqueros.

En el año 2000 fundó junto a Enrique Capriles el partido político Primero Justicia, con el apoyo económico del gobierno de EEUU, presidido por George Bush, a través de la “National Endowment for Democracy” (NED).

Esa institución se dedica, según su primer presidente, Carl Gershman, a “llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la CIA durante décadas”, y añade que la organización se creó porque no estaba bien visto por el mundo que los “movimientos democráticos” de países extranjeros estuvieran financiados por la CIA.

El 11 de Abril de 2002 participó en el Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, elegido democráticamente, liderando la detención ilegal del Ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín.

Había participado en la lectura del manifiesto que Primero Justicia hizo antes del golpe de Estado, reclamando la renuncia de Hugo Chávez y la disolución de diversos organismos. Exactamente las mismas primeras medidas que tomaron los golpistas durante su breve control del poder.

López fue generosamente amnistiado por Chávez y la causa contra él por estos hechos se cerró el 31 de diciembre de 2007.

Ha liderado una estrategia de violencia criminal para desestabilizar al Gobierno Venezolano, y en numerosos vídeos ha llamado a realizar “acciones no pacíficas”.

En una asamblea celebrada en la Iglesia “Los Samanes” en la que participaban como orador junto a Alejandro Peña Esclusa, este último afirmó que la estrategia de su organización ante cualquier proceso electoral en Venezuela, pasa por no reconocer los resultados. En la misma grabación se puede escuchar cómo se propone una estrategia para crear focos de protesta simultáneos para “prender candela”.

En el año 2011, la Contraloría de Venezuela lo inhabilitó por tres años, hasta 2014, por desviar recursos públicos cuando era alcalde de Chacao (2000-2008). Posteriormente, fue precandidato presidencial (aunque sabía que estaba inhabilitado) y se alió con Álvaro Uribe Vélez con quien se reunió en varias ocasiones para solicitar su “asesoría”.

Según el diario digital “El Economista” en un artículo del 24 de febrero de 2014, documentos filtrados por WikiLeaks revelaron las estrechas relaciones entre López y el Gobierno de EEUU. En dichos documentos queda en evidencia que el Gobierno norteamericano llevaba 12 años financiando a la oposición venezolana, incluyendo a varias personas y organizaciones que tomaron parte en el Golpe de Estado de 2002.

Durante los años en que se mantuvo cumpliendo su condena en la cárcel de Ramo Verde, su esposa Lilian Tintori denunció supuestas violaciones de sus Derechos Humanos, sin poderlas demostrar, pero con gran despliegue mediático, llegando a afirmar en una ocasión que había muerto, rumor difundido por el periodista venezolano Leopoldo Castillo desde Miami, quien publicó en su cuenta en Twitter el supuesto “traslado de Leopoldo López desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales”.

De inmediato el Senador de la Florida Marco Rubio “confirmó”… “el dirigente opositor Leopoldo López ha sido trasladado al Hospital Militar en muy serias condiciones”, y Tintori, se trasladó allí acompañada por los medios de prensa internacionales que difundieron “su dolor y lágrimas”.

La mentira y falsedad de la información obtuvieron amplio despliegue de la prensa internacional, sin que fuera desmentida ni criticada posteriormente por los comentaristas de derecha, de modo que no recibieron por ello ni siquiera un llamado de atención de carácter moral.

¿Por qué este prontuario criminal es desconocido por la Alcaldesa?

Lo cierto es que al reunirse con este delincuente Claudia López se ha quitado la careta de «centro-izquierda» afirmando que hoy por hoy Venezuela está “bajo una dictadura” que no le da garantías a su ciudadanía y es un “escenario de violaciones de derechos humanos”

En su discurso, la mandataria se dirigió a él, y cínicamente afirmó:

“…no estaba planeado, pero me parece muy afortunado recibir a Leopoldo López en la Alcaldía de Bogotá, en nuestra ciudad. Verlo en libertad nos da felicidad, nos da esperanza”, y le dijo que quería reconocer “su valentía, la de su familia y de su pueblo por defender sus derechos a costa de sacrificios muy grandes”, y le ofreció a él y a “todas las familias de Venezuela”, su afecto y respeto.

Segundos después le dio la palabra y el prófugo, olvidando el criminal bloqueo económico y político de EEUU contra Venezuela, aseguró que “Bogotá es la ciudad del planeta tierra en donde hay más venezolanos fuera de su territorio” como consecuencia de una “dictadura que hace sufrir” a sus ciudadanos.

Iván Duque, quien ocupa ilegalmente la presidencia de Colombia gracias a la compra de votos con dineros del narcotráfico, ha confesado que su régimen ayudó a la fuga de Leopoldo López y le dijo:

“Sabemos cómo en los últimos meses estuviste expuesto a perder la vida por la persecución del régimen y cuando era inminente ese intento por acallar el alma, el espíritu y tu voz. Te dije que aquí estaba Colombia”

“Algún día, cuando se escriba esa historia, podremos contar los detalles de cómo te protegimos entre quienes te quieren en tu territorio y nosotros para que hoy seas una voz libre en el mundo.

Duque, al igual que Claudia López, le aseguró: “nos complace tenerlo en nuestro país”.

La Concejal Heidy Sánchez Barreto al denunciar el hecho expresó:

“¡El show de la alcaldesa @ClaudiaLopez! ¡Leopoldo López estuvo en el evento de la Alcaldía: la xenofobia con distinción de clase!

En twitter los bogotanos puntualizaron que “Lo de Claudia no es xenofobia es aporofobia” (rechazo a los pobres)

Hace dos días Leopoldo López se reunió también con su “buen amigo” el también expresidiario Álvaro Uribe Vélez, según informó el terrorista venezolano en su cuenta de twitter.

Queda clara la convergencia política entre Iván Duque, su patrón Álvaro Uribe y la alcaldesa Claudia López.

Fuente: PaCoCol

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