La economía del aborto

Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó el informe «La economía del aborto», realizado por su Observatorio de Géneros, en el que se detallan los costos ocultos del aborto clandestino y se destaca la importancia de su legalización en nuestro país. A tan solo 24 horas de que comience a debatirse el proyecto que podría legalizar el aborto en Argentina, el informe es un aporte cuantitativo a los datos ya existentes y de amplia circulación relativos a la afectación de la salud y vulneración de derechos que provocan la clandestinidad de las prácticas de aborto en la actualidad.

Según un estudio realizado por Silvia Mario y Edith A. Pantelides en el año 2009, se estima que en Argentina se producen entre 372.000 y 522.000 abortos por año, lo cual en promedio arroja un estimado de 447.000. Dicho número es consistente con el último dato arrojado por la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), el cual ronda los 450.000 abortos al año.

Cuadro elaborado por CEPA, en base a datos de la DEIS, Min. de Salud.

Del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requiere una intervención leve, el 31% presenta complicaciones de gravedad media y el 2% corresponde a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.

La metodología utilizada en el informe para estimar el costo de cada tipo de tratamiento médico asociado a cada nivel de gravedad y se valorizó cada uno, considerando los costos del sistema de salud público a diciembre del año 2020. El trabajo se realizó en el marco de un cruce interdisciplinario entre economistas del CEPA y médicas.

Considerando el total de egresos hospitalarios por abortos incompletos anuales y la probabilidad de ocurrencia detallada anteriormente del tipo de complicación, el costo total ponderado de tratamientos por abortos incompletos alcanza en total la suma de $2.586.000.000 al año. Esto arroja un costo promedio por aborto clandestino de $56.700.

Cuadro elaborado por el CEPA en base a datos del Ministerio de Salud, REEDAS, Monteverde y Tarragona 2018

Teniendo en cuenta dichos datos y si se compara con el valor de una caja de misoprostol (el método más accesible, y uno de los más seguros), con los costos que le implica al sistema de salud público atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto realizado bajo condiciones de riesgo, el informe concluye que el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito.

Del mismo modo, para calcular el costo de los métodos seguros para la interrupción del embarazo, se tomaron las indicaciones establecidas por el Ministerio de Salud y por los manuales de Socorristas en Red, con el asesoramiento de profesionales de salud expertxs en la materia.

El costo en el que incurre el sistema de salud por los abortos incompletos en comparación con los costos de una caja de misoprostol, explica que con lo que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 personas gestantes, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 personas gestantes (lo que significa el 95% de los abortos clandestinos estimados en Argentina en un año).

Asimismo, si el Estado tuviera una política pública de Aborto Legal Seguro y Gratuito, se hubiera ahorrado el 88% del costo fiscal por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos. En efecto, por los 45.600 egresos hospitalarios, una atención a tiempo con misoprostol y AMEU, en caso de requerirse, el costo se hubiera ubicado en torno a los $314 millones.

Cabe destacar que los costos evaluados en el informe no contemplan los costos de «bolsillo» (los costos de realizarse un aborto de manera privada), ni los costos asociados a las secuelas psicológicas, emocionales, económicas, laborales y de cuidado, que implican los daños asociados a los abortos inseguros. Si se hubieran considerado estas variables todas estas dimensiones, el costo estimado sería considerablemente superior.

Fuente: AnRed

Archivo de CORREPI: la agenda

antirrepresiva y la pandemia

Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020.

A un año del nuevo gobierno, CORREPI presentará, el 18 de diciembre, el “Informe sobre la Situación Represiva Nacional”, con la actualización del Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en este período, marcado por las particularidades de la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado en el DNU 297/20, y la persistencia de la violencia y la represión por parte de las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho de todo el país.

Después de cuatro años de macrismo, con récord en cifras de gatillo fácil y represión, uno de los puntos fuertes de demanda popular, no sólo de las organizaciones antirrepresivas y de DD.HH., era poner freno a esa violencia estatal. A tal punto esos reclamos también eran levantados por buena parte de la base social que votó a Alberto Fernández, que el presidente, en su discurso de asunción, se vio obligado a repudiar el gatillo fácil.

Entrada su gestión, el nuevo gobierno no tomó medidas que efectivamente redujeran la intervención represiva de las fuerzas –excepto las acertadas derogaciones de algunos de los protocolos Bullrich- y, llegado el impacto de la pandemia, tomó otras que contradicen abiertamente esa orientación. Los resultados, hoy, indican que el aparato represivo estatal sigue siendo responsable de hechos aberrantes como asesinatos, torturas y desapariciones.

policia-facundo-astudillo-castro — (Imagen: Página 12)

La desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro y Francisco Javier Cruz en la provincia de Buenos aires, y de Luis Armando Espinoza en Tucumán, el asesinato de Ceferino Nadal, asfixiado por la rodilla de un policía en plena vía pública, o el asesinato de Florencia Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa del Conlara, San Luis, fueron quizás los hechos más visibilizados y sobre los que aún no se han resuelto sanciones serias contra los responsables.

Con la ampliación de facultades a las fuerzas para el control de la circulación y cumplimiento del ASPO, pronto se conocieron denuncias de hostigamiento, detenciones, torturas y asesinatos, sobre todo en los barrios populares. Durante el primer mes, CORREPI publicó reportes diarios con decenas de situaciones de violencia represiva en todo el país, seguidos por infinidad de notas denunciando los hechos que se fueron acumulando.

Un capítulo importante fue la situación en las cárceles, en las que lxs presxs realizaron protestas por condiciones sanitarias elementales para afrontar la pandemia, que fueron reprimidas como única respuesta. La represión se cobró su cuota de personas heridas y asesinadas, hubo más de 50 muertes por COVID y otras 200 muertes evitables a lo largo del año.
Dentro de este escenario, la provincia de Buenos Aires, con Sergio Berni a la cabeza del ministerio de Seguridad, es responsable por más de la mitad de los casos del país, con las desapariciones de Facundo y Francisco, el desalojo violento de decenas de tomas de tierras y la represión a reclamos de trabajadores como hechos más visibles.

Carcel-de-Devoto-Covid-19-portada — (Imagen: La Obrera Colectivo Fotográfico)

Así, la consigna #FueraBerni es otra de las banderas que levanta el movimiento popular en la lucha contra la represión.

La contracara de estos hechos fue la concesión del gobierno ante la protesta extorsiva de la bonaerense otorgando aumentos y beneficios, sumado a los recursos para equipamiento y obras entregadas a los municipios, cuestión que no hace más que fortalecer un aparato que no sólo tiene como función esencial el disciplinamiento social, sino que, además, es una de las fuerzas con mayores niveles de descomposición y corrupción en su haber.

Según el Informe que presentará CORREPI, la represión del Estado sigue cobrándose un muerto por día aproximadamente. Es por eso que la lucha contra el gatillo fácil y la represión es una lucha que todas las organizaciones del campo popular debemos tomar.

En este sentido, acompañamos no sólo la iniciativa de esta presentación, sino también la exigencia del cumplimiento de la agenda antirrepresiva urgente que plantea CORREPI sobre cuestiones de trascendencia como las detenciones arbitrarias, la legislación represiva que creció en los últimos años, la estructura y protocolos de actuación de las fuerzas, el uso del arma reglamentaria, entre otros. Apoyamos la promoción de esas medidas, que permitirían mejorar sensiblemente la protección de la vida y la integridad física de las personas frente a la violencia descargada por el aparato represivo estatal.

Fuente: La Tinta

Qué aprobó el plenario de

comisiones y qué se votará en el

recinto

Resumen Latinoamericano, 10 diciembre 2020.

El proyecto de ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria de Embarazo –que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación– obtuvo dictamen por amplia mayoría de cuatro comisiones en la Cámara de Diputados y se comenzó a tratar este jueves a partir de las 11 en una sesión que estiman se extenderá por 24 horas. Primero se tratará el proyecto IVE y luego el Plan de los 1000 días.

Los principales puntos del proyecto de ley de aborto legal son:

El aborto se permitirá hasta la semana catorce inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de saludo con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.
En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
En los casos de adolescentes de entre 13 y 16, deberá tener un acompañante o «referente afectivo».
Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.
El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.
Los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación.
El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.
Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
El Estado tiene la responsabilidad de implementar la Ley número 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.
Se modifica el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera: «ARTÍCULO 85. – El o la que causare un aborto será reprimido: 1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86».
El artículo 86 quedará redactado así: «No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional».

La iniciativa del Gobierno fue modificada para asegurarse más apoyos también en el Senado. Se agregó un artículo que se refiere a la objeción de conciencia en las instituciones de salud privadas y de obras sociales, que establece que en caso de que todo su personal se declare objetor, “deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación”, es decir, será su responsabilidad que se garantice la IVE en otro centro de salud. “Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.

Los otros dos cambios al texto se refieren a la atención a menores de 16 años: por un lado se modificó la redacción pero no los requisitos para que ellas puedan accedan a la práctica; por otro, se agregó que en caso de violación, la obligación de denunciar y dar intervención al organismo de protección administrativo de derechos de cada jurisdicción, no debe obstruir el aborto ni vulnerar el derecho a la privacidad y confidencialidad de la niña o adolescente, para evitar, por ejemplo, que se difundan sus datos personales.

El dictamen de mayoría obtuvo 77 votos. El de minoría, de rechazo al proyecto del Ejecutivo, 30. Y hubo 4 abstenciones. La plenaria de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidades y Acción Social y Salud Pública, sesionó en el recinto.

La mayoría de los integrantes de las cuatro comisiones estuvieron presentes aunque también hubo diputadxs justificados por su condición de personas de riesgo frente a la covid que lo hicieron de manera remota, como sucederá en la sesión de este jueves. La reunión, presidida por la diputada oficialista Cecilia Moreau, titular de Legislación General, comenzó poco antes de las 17.30 y se extendió alrededor de una hora y media.

Las reformas que se incorporaron al proyecto del Ejecutivo fueron acordadas para favorecer que una vez que obtenga media sanción en Diputados –como se espera que ocurra en la madrugada o la mañana del viernes– pueda ser tratado sin cambios en el Senado.

La discusión en la Cámara Alta podría empezar la semana próxima, con un esquema similar al que se dio en Diputados: dos o tres audiencias informativas con expositores a favor y en contra, y la votación quedaría para después de Navidad, aunque no estaría definida aún la fecha. Podría ser el 29 de diciembre o pasar para febrero.

La redacción final del dictamen se consensuó en una reunión que se hizo de manera virtual el martes por la tarde, en la que participaron la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, un equipo de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, que encabeza Vilma Ibarra –quien coordinó la redacción del proyecto–, lxs presidentxs de las cuatro comisiones que dictaminaron, la senadora Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque oficialista en la cámara Alta, y algunas legisladoras verdes más del oficialismo y la oposición.

El cambio más significativo tiene que ver con la incorporación del artículo 11°, cuyo título es “Objeción de conciencia. Obligaciones de los establecimientos de salud” y dice: “Aquellos efectores de salud del Subsector Privado o de la Seguridad Social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia” individual “deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó. En todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley.

Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación. Todas las derivaciones contempladas en este artículo deberán facturarse de acuerdo con la cobertura a favor del efector que realice la práctica”.

En el Gobierno aclararon que no se crea la objeción de conciencia institucional, sino que se establece cómo debe actuar un centro de salud privado o de una obra social cuando todos sus profesionales se declaran objetores. No le quita responsabilidad frente a la solicitud de una IVE sino que la obliga a derivar y garantizar que se cumpla con la práctica. Además, no habilita a una institución a ser objetora en sí.

También se incluyeron modificaciones en el artículo 5° para proteger la intimidad y la privacidad de las menores de edad en caso de que soliciten a una ILE cuando hayan sido violadas. Y en la redacción del artículo 8° que define el régimen de atención de niñas y adolescentes.

En la reunión plenaria se volvieron a escuchar voces a favor y en contra de diputadxs del oficialismo y la oposición, con argumentos ya pronunciados la semana pasada (ver aparte). De un lado y del otro destacaron el tono respetuoso del debate.

Fue muy interesante la intervención del diputado radical por San Luis, José Riccardo, que apoyó el dictamen de mayoría y le sacó la careta a los celestes que, como Carmen Polledo, del PRO y vicepresidenta de la comisión de Acción Social y Salud, reclamaron más educación sexual integral para prevenir embarazos no intencionales y así reducir la tasa de abortos.

Riccardo recordó que después del debate de 2018 se firmó un dictamen para eliminar la objeción de conciencia que habilita actualmente a colegios confesionales a adaptar los contenidos de la ESI a su ideario institucional”, pero los sectores que en aquella oportunidad como hoy se oponen a despenalizar y legalizar la IVE, impidieron el tratamiento para reformar la Ley 26.150 de ESI, que buscaba que todxs lxs alumnxs reciban información basada en evidencia científica y no en “dogmas. El diputado radical pidió que la Comisión de Educación se aboqué “inmediatamente” a avanzar con ese tema. “Soy católico pero no fui elegido acá para representar a mi Iglesia”, agregó.

La diputada Romina del Pla –cuyo mandato termina este miércoles por acuerdo con su bloque del FIT- planteó una disidencia parcial con el dictamen de mayoría y rechazó el artículo 11° que se agregó: “Se parece mucho a la objeción de conciencia institucional”, dijo, y opinó que se trata de “una concesión enorme a las iglesias”.

Los principales puntos del dictamen de mayoría son:

Despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo, como ya está previsto en el Código Penal –desde 1921– cuando corre riesgo “la vida o la salud integral” de la mujer o persona con capacidad de gestar y en caso de violación. En este último supuesto, se exigirá una declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida.
Las obras sociales y prepagas además de hospitales deben garantizar la práctica de manera gratuita. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
Realizada la solicitud de IVE, en el establecimiento de salud pondrá a disposición de las personas gestantes que así lo requieran –pero no son obligatorios ni condición para la realización de la práctica–, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, lo siguiente:

-Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios.

-Atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso.

-Acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

¿Qué establece en casos de menores de edad?

Sigue los lineamientos del Código Civil y Comercial.
En los casos de personas menores de 13 años, la solicitud de IVE deberá ser efectuada mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.
En los casos de adolescentes de entre 13 a 16 años, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno/a de sus representantes legales
Las personas mayores de 16 años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento, a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley.

¿Qué establece en casos de personas con discapacidad mental?

Si se tratara de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley, podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna y, si lo deseare, con la asistencia del sistema de apoyo previsto en el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación.

¿Qué establece en relación al derecho a la objeción de conciencia?

El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá:

-Mantener su decisión en todos los ámbitos, público, privado o de la seguridad social, en que ejerza su profesión.

-Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

-Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.

-Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.

-El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

-No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.

-El incumplimiento de las obligaciones establecidas dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

* Se agrega el artículo 11° sobre “Objeción de conciencia. Obligaciones de los establecimientos de salud”, detallado más arriba.

Otros ejes:

* Reafirma la obligación del Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, “estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.

* Establece sanciones penales de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para “el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.”

* Ordena a los ministerios de Salud a realizar capacitaciones para el personal de salud sobre esta ley.

Modificaciones en el Código Penal

El proyecto mantiene el aborto en el Código Penal y agrega entre los permisos que lo convierten en legal, la IVE dentro de las primeras 14 semanas de gestación. De esta forma, modifica al artículo 86 y lo redacta así: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante: 1º) Si el embarazo fuere producto de una violación. En este caso, se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante el o la profesional o personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. 2º) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante”.

Y prevé sanciones para quien aborte después de los plazos previstos pero reduce las penas previstas actualmente que llegan a 4 años y las hace excarcelables e incluso la mujer o persona gestante puede ser eximida de pena: De esa forma sustituye el artículo 88, por el siguiente: “Será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año, la persona gestante que, luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible”.

La marea verde agita las calles cercanas al Congreso, apoyando la ley por el aborto legal, seguro y gratuito

Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020.

La Cámara de Diputados trata el proyecto de legalización del aborto. Mientras los legisladores debaten en el recinto, fuera del Congreso hay manifestaciones a favor y en contra de la sanción de la iniciativa.

Una muchedumbre juvenil se volcó durante todo el día a la zona del Congreso e inundó las calles de los alrededores con una nueva ola verde en apoyo al aborto legal, seguro y gratuito, aspirando a que sea ley ya.

También, al otro lado de las vallas donde las pro ley del aborto eran mayoría, se encontraban quienes se identifican contra dicha medida y agitan banderas y pañuelos celestes «pro vida». Siempre acompañadxs de gente vinculadas a iglesias locales.

Imágenes de la calle: Julia Mottura

Desalojo y represión de la Policía salteña en contra de pueblos originarios

Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020.

Por orden de la auxiliar de la fiscalía penal de Cachi provincia de Salta, María Juarez Mattar y del fiscal penal Juan Carlos Molinati, se dió la orden de intervención en una finca de Las Pailas, motivo por el cual la policía procedió al desalojo de los integrantes de la comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas de su propio territorio ancestral en Cachi, de una forma violenta y brutal, se vivieron momentos de extrema tensión pasadas las horas del mediodía de ayer.

Las comunidades sostienen que no están usurpando tierra, ya que les pertenece por derecho. Esto inició con la denuncia por usurpación de la supuesta propietaria de la finca, Florencia Wayar, mientras que un grupo de 30 personas integrantes de la comunidad indígena indicaron que esa tierra les pertenece y que esperan respuesta de la Justicia para que este asunto quede solucionado.

La orden de desalojo les había llegado el pasado domingo y el martes desde la comunidad habían informado que había quedado momentáneamente sin efecto tras el pedido de intervención del “Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Nación, a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia de Salta para que expresen si la ocupación del territorio en cuestión se encuentra contemplada por la Emergencia Territorial de la Ley 26.160, como así también dio intervención del Defensor Penal Oficial, dando un plazo de 48 hs. a los organismos para tales tareas.

(Foto: UPND SALTA)

A pesar de estas aclaraciones, procedieron al desalojo, represión y detención, informaron que la policía los atacó con balas de goma y detuvieron ilegalmente a un menor de edad, también a los referentes del pueblo diaguita Hernán Fabián, Verónica Cruz, Héctor Fabián, vocal diaguita y responsable del instituto provincial de pueblos indígenas en Salta, asimismo con Juan Condori quien es delegado del consejo de participación indígena ante el instituto nacional de asuntos indígenas (INAÍ).

Mientras la lucha de las comunidades originarias denuncian maniobras políticas, por parte del gobierno, reclamaban que el accionar policial protege a los usurpadores territoriales, para que continúen con sus tareas de intromisión en territorio Comunitario ancestral, haciendo referencia a que ellos son los verdaderos dueños de las tierras. Las comunidades aclaran que pretenden desconocer el Derecho Originario recalcando que se trata de derechos constitucionales que tienen como pueblos preexistentes.

Fuente: AnRed

Acto en apoyo a la COOPI de Villa

Carlos Paz, para demandar que “el

agua no es un negocio”

Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020.

Bajo la consigna “el agua no es un negocio” cerca de mil personas participaron este miércoles de un acto en defensa de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, Córdoba.

El evento se desarrolló en los jardines municipales y contó con la presencia de referentes del arco político local y provincial, integrantes de organizaciones cooperativas, sociales, sindicales, culturales y de derechos humanos.

Mientras se desarrollaba el acto, en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia se concretaba una audiencia entre representantes municipales y del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias.

“Estamos en apoyo a la Cooperativa y totalmente en contra de las medidas que está queriendo tomar el municipio. Una cosa de locos, increíble. Evidentemente ellos quieren dos motivos: privatizar o tomar los servicios. Las dos cosas son totalmente inviables para Carlos Paz”, expresó Miguel Molina, presidente del Centro Vecinal de barrio Villa Independencia.

Giuliana Bravo, vecina de San Antonio, aseguró que la Cooperativa “es muy indispensable para toda la comunidad, tanto para las comunas del sur como la ciudad de Villa Carlos Paz”. “Este apoyo que le brindamos es para que no baje los brazos”, agregó.

Eva Calamita contó que vive en Villa Carlos Paz desde 1976 y que en ese momento “tenía un agua sucia, barrosa, que no era posible de tomar” y cada tres o cuatro días “tenía que ir a la calle de las canillas a buscar agua, cargar bidones y tenerlos en mi casa para tomar el agua más saludable”. También, afirmó que “una vez que la Cooperativa comienza a trabajar fuertemente en esa zona mejoró el servicio, nunca nos faltó el agua, nunca tuvimos inconvenientes”.

Lucía, integrante del movimiento Ni una Menos, destacó el trabajo de la Cooperativa Integral no sólo para brindar el servicio de agua: “Decidimos estar acá porque sabemos de la importancia de un servicio esencial como es el agua. Conocemos todo el laburo que tiene la Coopi por detrás, su banco de sangre, sus servicios en relación a la cultura, los espacios que brinda, la radio”.

El acto contó con el acompañamiento musicla de Pachi Herrera y Jorge Peralta. https://archive.org/embed/vecinxs-en-defensa-coopi-09-12-020

La palabra de dirigentes políticos. Concejales y dirigentes de diferentes espacios políticos locales participaron del acto. Estuvieron lxs edilxs Gustavo Molina, Daniel Ribetti, Natalia Lenci y Carlos Quaranta, el referente del frente Capaz Walter Gispert, el exconcejal y dirigente de Ciudad Futura Adrián Lizarriturri y el líder de Carlos Paz Despierta Emilio Iosa. El concejal Jorge Lassaga envió una carta de apoyo.

“Vamos a seguir respaldando la lucha de la cooperativa porque creemos que es una institución que es un emblema de la comunidad de Carlos Paz. Creemos que el servicios público que brindan es un ejemplo para la ciudad, para todo Córdoba y para el país”, dijo el concejal peronista Carlos Quaranta.

Y añadió: “Desde mi espacio político con la legisladora Mariana Caserio y el legislador Miguel Maldonado vamos a seguir respaldando el trabajo de la Cooperativa. Y a nivel nacional con el senador Carlos Caserio que seguirá trabajando por el sostenimiento de esta cooperativa. Estaos convencidos que es lo mejor para la ciudad.

El concejal Gustavo Molina del Frente Capaz habló del cerramiento del gobierno de Carlos Paz Unido. “Frente al autoritarismo vamos a ofrecer democracia y pluralidad de ideas”, dijo enfáticamente.

El líder de su espacio, Walter Gispert, habló de la necesidad de armar una Multisectorial que le ponga un freno al gobierno. “La única forma de vencer al poder es con el poder, que se construye en la unidad. Hay que construir una multisectorial que le ponga un freno a estas decisiones inconsultas del gobierno”.

Desde el espacio Carlos Paz Despierta también se hicieron presentes. El edil Daniel Ribetti aseguró que el octavo voto que necesita Carlos Paz Unido para seguir adelante con su plan de destrucción de la COOPI, no lo van a tener. “No la van a tener fácil. Un municipio que no es capaz de prestar el servicio de salud como corresponde, que tienen un conflicto abierto en plena pandemia; un municipio que tardó 230 días en poner a funcionar un sistema precario de transporte”, enumeró al hacer referencia a las deficiencias de la gestión municipal.

Emilio Iosa, líder del espacio y excandidato a intendente, subrayó que “el cooperativismo puede ser amigo del Estado y el Estado tiene que ser amigo del cooperativismo”. “Estoy como dirigente político y como vecino porque creo en esta ciudad. Y creo que la Cooperativa puede tener una y 20 oportunidades mas, a pesar de tener muchas diferencias con la dirigencia”, expresó.

Solidaridad del Movimiento Cooperativo. Las federaciones y cooperativas de base también expresaron su apoyo a la COOPI en este difícil momento.

“La COOPI es una referencia ineludible a nivel nacional y provincial. Desde esta integración cooperativa -que incluye a 270 localidades a lo largo de 20 provincias- abogamos por la apertura de un espacio de recapacitación”, dijo Alberto Calvo de Colsecor.

Raúl Hoya, representante de FACE (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad) y FECESCOR (Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba) dijo: “No podemos entender que el municipio no pueda tener dialogo y un acuerdo con la COOPI. Estamos hablando de que está en juego una institución que es propiedad de todos”.

Pablo Tissera, del Instituto Movilizador de Fondos de Cooperativos expresó sus sospechas de que “detrás de todo esto, hay negocios”. “Por eso nos tenemos que poner firmes y no movernos de estos espacios, que es la calle. Es acá donde tenemos que acompañar a la cooperativa”, subrayó.

fuente: Radio Villanos

Berni “cambió de opinión” por Bergoglio y ahora defiende el aborto clandestino

Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020.

El ministro de Kicillof y apóstol de la mano dura volvió a hacer declaraciones de derecha, aprovechando el debate en el Congreso y un terrible caso de violencia a manos de un joven de 15 años.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, hizo declaraciones en el canal TN donde juntó caprichosamente dos temas de la agenda pública: la legalización del aborto y la llamada “inseguridad”.

Berni pidió que se impulse (por enésima vez) el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, tal como salieron a reclamar públicamente diversos exponentes de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich, tras el crimen de un ciclista armenio en el barrio de Retiro a manos, presuntamente, de un joven de 15 años.

Pero Berni se metió en el debate con una frase que demuestra mucho más que su posición sobre la baja de edad de imputabilidad. “Si estamos en una sociedad que está discutiendo la interrupción o no de un embarazo, mal podríamos hacernos los distraídos y no discutir la edad de imputabilidad”.

En “superministro” bonaerense del Frente de Todos reiteró que su Gobierno debe abrir la discusión sobre en qué momento de la adolescencia alguien puede ser detenido, juzgado y condenado penalmente. Aunque, fiel a su demagogia, aclaró que bajar la edad de imputabilidad a los 15 años “no solucionará el problema” de la llamada “inseguridad”.

Para justificar su postura, Berni dijo que “hay que animarse a discutir la ley” de imputabilidad de menores “porque la sociedad cambió, hace cuarenta años se daba el registro cuando uno tenía 21 años y ahora se lo dan cuando tiene 16. Eso quiere decir que hay una evolución que tiene que ser en todos los ámbitos de la vida”. Y terminó afirmando que “desde el punto de vista científico un chico de 14 años comprende lo que está haciendo”. Bien cuadrado.

Pero saliendo del tema, se metió en otro al que no fue llamado. “He leído con mucha concentración las palabras del papa Francisco y la verdad es que estoy poniendo en duda qué haría si tuviera que votar”, dijo en relación a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

“Si fuera diputado, hoy no estoy convencido de votarlo”, afirmó demostrando un giro en sus declaraciones respecto a otros momentos. La demagogia punitivista y prorreligiosa no es algo nuevo en Berni, aunque sus aspiraciones electorales, buscando ganar cada vez más terreno en los sectores reaccionarios, claramente avanza cada día un poco más.

Vale recordar que, pese a los discursos de ocasión del gobernador Kicillof o de algunas de sus funcionarias de las políticas de género, Berni sigue siendo el ministro estrella de la Gobernación y manejando los resortes de la Policía Bonaerense, cumpliendo el más nefasto rol de encubridor de esa fuerza represiva respecto a los más diversos crímenes que ejecuta día a día en el territorio provincial.

Si sos de Provincia de Buenos Aires: Ponete en contacto y organizate con el PTS en el Frente de Izquierda o con Pan y Rosas en tu trabajo, lugar de estudio o barrio.

Sacristía y ultraderecha en la manifestación celeste: «al aborto no se lo debate, se lo

combate»

Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020.

Desde temprano, los autoproclamados “provida” fueron llegando a la Plaza del Congreso para ubicarse sobre Hipólito Yrigoyen, con un escenario propio y pantalla gigante, tal como ocurrió también en 2018. Uno de los referentes declaró que fueron reprimidos por agentes porteños.

Algunos aferrados a sus biblias, otros amplificando sus insultos a Sergio Massa y Cristina Kirchner con la ayuda de megáfonos, todos con alguna identificación celeste, el color que se volvió emblema del rechazo a la legalización del aborto.

Desde temprano, los manifestantes autoproclamados “provida” fueron llegando a la Plaza del Congreso para ubicarse en ese espacio delimitado por las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, sobre Hipólito Yrigoyen, enfrentados a los pañuelos verdes, tal como ocurrió también en 2018, con un escenario propio y pantalla gigante.

«Religión o muerte«. En letras blancas sobre fondo negro, y con una calavera en el centro, eso se leía en una bandera colgada en un farol de la Plaza Congreso, a pesar de que en el escenario montado sobre la esquina de las avenidas Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen el acto central de la organización denominada «Unidad Provida» –que reúne cerca de 150 agrupaciones celestes de todo el país– era iniciado por un presentador que aseguraba «somos un pueblo de paz, provida, profamilia».

Pasadas las 17 horas del jueves, por el costado de la bandera, una mujer se dirigía de rodillas, con una estatuilla de la Virgen María en una mano y un muñeco de bebé crucificado en la otra, hacia el acto que comenzaba con el video de una ecografía en las pantallas. Previamente, la misma mujer había recibido el vino y la hostia en el marco de una pequeña misa montada sobre el césped de la plaza, donde también se había clavado una serie de cruces que representaban el «cementerio de los inocentes».

Allí, con cerca de cincuenta fieles a su alrededor, el cura daba su sermón: «Como católicos no podemos dejarnos avasallar por estos ignorantes«, decía y señalaba al Congreso donde los diputados y diputadas ya debatían el proyecto de IVE desde la mañana. Además, el hombre agregaba que «si los católicos tenemos que morir como lo hizo Cristo en la cruz, lo vamos a hacer», para evitar ser «cómplices de este genocidio«.

“Hace dos años les dijimos que no, y ahora volvemos a mostrar nuestro compromiso con el prójimo, no hacemos descarte de nadie, sino que lo incluimos”, argumenta frente a la cámara de televisión una mujer que llegó de Moreno. En una mano sostiene una manualidad casera que intentar parecer un bebé. En la otra, atenta a los detalles, un rosario de cuencas celestes.

Algunos de los manifestantes que piden “salvar las dos vidas” pasaron la noche en las inmediaciones del Congreso. Fueron los encargados de la decoración estable de ese lado de la plaza: “No queremos un ministerio de muerte” o “Matar un niño por nacer no es un derecho” son, apenas, algunos ejemplos del tono de los carteles. También forman parte del merchandising favorito las banderas y escarapelas argentinas. Algunos redoblantes. Cero glitter.

“Los que deberían representar a la Nación y a la vida están haciendo todo lo contrario. Un aborto no es una operación, es matar una bolsa de vida. las mujeres son fuentes de vida, les tienen que meter una tijera, un bisturí, algo adentro para abortar, eso no puede ser un derecho”, se lamenta un hombre canoso de rigurosa camisa celeste, quizás vaticinando el voto desfavorable –para sus convicciones– de los diputados. Después, como si necesitara justificarse, agrega: “Dios es vida y yo creo en Dios”.

Alrededor de las 20 horas, comenzó a sonar el himno nacional, mientras una gran cruz todavía se mantenía al costado del «cementerio de los inocentes» y una bandera argentina con un feto en el lugar del sol flameaba frente al Congreso. Desde el otro lado de la plaza continuaba llegando el reclamo de la marea verde por «aborto legal en el hospital«.

Denuncias de represión

La Fundación + Vida, una de las presencias más activas entre los manifestantes autoproclamados “la mayoría celeste, denunció que fueron «reprimidos» por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada de este jueves mientras intentaban armar un escenario alternativo al montado por la Cámara de Diputados y que no había sido autorizado.
César Francke, uno de los referentes del grupo, le dijo a Télam que cerca de la 1.30 sufrieron una «brutal represión por parte de la Policía de la Ciudad a cargo del subcomisario Suárez que tras mediar palabra y estar en diálogo envió a la policía corriendo».

Desde la Policía de la Ciudad, en tanto, informaron que fueron demoradas cuatro personas por «atentado y resistencia», y aclararon que ya fueron liberadas.
«El Congreso de la Nación organizó la sesión otorgando escenarios y pantallas tantos a quienes están a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (pañuelos verdes) como a quienes se manifiestan en contra (pañuelos celestes). Esta estructura no estaba autorizada para su emplazamiento», indicó el parte de la Policía porteña. Además, agregaron que «los miembros de este grupo no acudieron a las reuniones preparatorias realizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad dónde se acordaron los detalles de esta jornada» y recordaron que «esta agrupación es la responsable de los escraches a los diputados que votaran a favor de la ILE que se realizaron hace semanas y por la que hay causas por hostigamiento». Además, agregaron que «los miembros de este grupo no acudieron a las reuniones preparatorias realizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad dónde se acordaron los detalles de esta jornada» y recordaron que «esta agrupación es la responsable de los escraches a los diputados que votaran a favor de la ILE que se realizaron hace semanas y por la que hay causas por hostigamiento».

La marea verde no aflojó en la calle y espera que a primeras horas de este viernes se apruebe la ley de aborto seguro, legal y gratuito

Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020.

Mientras la Cámara baja trata el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado por el Poder Ejecutivo que se espera será votado alrededor de las 7 de la mañana, en la calle decenas de miles de mujeres y disidencias mantuvieron una movilización verde durante todo el dia y la noche del jueves y la madrugada del viernes. Optimismo de que la ley será votada afirmativamente y luego deberá ir al Senado.