18 de enero de 2021
Reportaje a Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio y Servicios
Un acompañamiento que significó 900 millones
Santa Fe fue de los Estados provinciales que más invirtió en ayudas económicas al comercio en el marco de la pandemia por covid-19. Así lo aseguró el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, y señaló que 2020 terminó con ayudas concretas de parte del gobierno provincial del orden de los 900 millones de pesos sólo en ese rubro. El funcionario destacó además el reciente lanzamiento de Billetera Santa Fe “que apunta a que en los sectores comerciales más afectados podamos apoyar con reintegros que es una inversión multimillonaria de la provincia como nunca se había dado en estos temas”. Ferreterías, materiales para la construcción y supermercados que habían sido los “privilegiados” en los primeros meses de la pandemia, también terminan el año en baja respecto del 2019. El programa Precios Santafesinos mantiene los actuales números hasta el 31 de este mes, luego “nos iremos adecuando a lo que ya determinó nación que es un incremento para Precios Cuidados del orden del 5,6%”, avisó Aviano. El 2021 también viene con incertidumbre pero hay “una decisión firme del Estado nacional y provincial de acompañar los procesos que hagan al fortalecimiento del mercado interno”, confirmó el funcionario a Rosario/12.
Más allá de los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) de la nación y de otras medidas provinciales como fueron el congelamiento de tarifas, el diferimiento de pagos, los convenios de impuestos y servicios que se promovieron para los distintos rubros de la actividad comercial afectada, “a mediados de año tuvimos que salir a implementar el Programa de Asistencia Económica de Emergencia que atravesó todo el 2020. Al principio se había pensado como un programa de tres meses pero las instrucciones del gobernador (Omar) Perotti fueron claras: toda actividad que sigue complicada con su funcionamiento tenemos que estar acompañando desde el Estado provincial”, señaló Aviano. Y aseguró que “terminamos con alrededor de 7 mil unidades económicas del sector comercial de distintos rubros asistidas. Muchas de ellas continúan, como los jardines maternales, los transportes escolares, todo el grupo relacionado con los salones de eventos y los servicios que se prestan alrededor de esa actividad. Así el 2020 terminó con una inversión provincial en estas ayudas del orden de los 900 millones de pesos en asistencia económica directa”.
Sobre la caída de la actividad económica comercial y el cierre de locales, el funcionario de Comercio señaló que “aún no tenemos las cifras concretas del año que pasó, pero sabemos que la caída es importante y que en algunos rubros comerciales está en el orden de los dos dígitos. Al principio de la pandemia todo lo que era ferretería, materiales de construcción y supermercados tuvo tres o cuatro meses de altos niveles de facturación. Pero eso lamentablemente después se fue amesetando y disipando en el transcurso del segundo semestre y terminando un año por debajo de lo que había sido 2019”.
Aviano informó que el programa Precios Santafesinos “sigue en vigencia hasta el 31 de enero con los precios actuales y luego nos vamos a acoplar con los ajustes del orden del 5,6% de los precios que anunció la nación en esta semana para Precios Cuidados. Sabemos que lo que ha impactado en los precios ha tenido que ver con el desequilibrio de las variantes macroeconómicas que es lo que nos está demandando para este año, que es trabajar sobre la competitividad de las empresas con políticas de incentivo al consumo y a la demanda”.
Si bien este año también va a ser de incertidumbre, “hay una decisión firme del Estado nacional y provincial de acompañar procesos que hagan al fortalecimiento del mercado interno. En estos momentos de crisis son las primeras medidas que se tienen que tomar para el resurgimiento de la actividad provincial a partir de estimular la demanda”, dijo el secretario de Comercio Interior y Servicios. Y destacó que por eso en estos días “lanzamos Billetera Santa Fe, que apunta a que en los sectores comerciales más afectados podamos apoyar con reintegros, lo que implica una inversión multimillonaria de la provincia como nunca se había dado en estos temas. Y también dando una señal importante siendo Santa Fe la provincia que más va a aportar desde las arcas provinciales a políticas de fomento al consumo interno”, concluyó.
Rosario está en condiciones óptimas para aplicar a ley de IVE
Una práctica que ya no requerirá razones
Publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo habilita a cualquier mujer o persona gestante a concurrir al centro de salud -público o privado- y pedir la práctica en un plazo de diez días. Es un derecho. ¿Cómo se va a garantizar? En Rosario, entre enero y noviembre de 2020, se hicieron en el ámbito de la salud municipal 442 interrupciones legales del embarazo, de las cuales 130 se hicieron en centros de salud de atención primaria. Desde 2012, la ciudad no registra muertes por abortos clandestinos. “Nosotros tenemos una mesa, un equipo que trabaja las políticas de salud sexual y reproductiva, y tenemos una historia de trabajo sobre este tema. Lo que vamos a hacer es avanzar. Hasta ahora teníamos una interpretación amplia de la causal salud. La ley habilita y crea un marco de una intervención más general, que en la ciudad y los propios equipos incorpora la modificación con respecto a las causales. El resto lo venimos trabajando, con el abordaje del problema como un tema más de salud”, adelantó el secretario de Salud Pública municipal Leonardo Caruana, quien dijo que la ciudad ya proporciona abortos por AMEU (Aspiración Manual Endouterina) y también cuenta con misoprostol, la droga utilizada para interrumpir embarazos. Además “el equipo se compromete con las consejerías posaborto, que están funcionando en el municipio”.
El funcionario municipal afirmó que deberán “modificar las cuestiones comunicacionales, tanto con cartelería o los medios de difusión”, pero también subrayó que “los equipos en salud tienen muy asumido recepcionar estas demandas. Sobre la respuesta de la salud privada, que deberá garantizar la práctica ya que está contemplada en el Programa Médico Obligatorio, confió en que “todos los subsistemas” cumplan con la ley.
Caruana consideró que “la ley era totalmente necesaria, pero no alcanza si no se siguen monitoreando los servicios de salud. Es necesario seguir gestionando, monitoreando que estén los insumos, los equipos, en todos los lugares”. Por eso subrayó que “la ley es un hito, es un punto de llegada de una construcción social”, aunque consideró necesario “seguir trabajando juntos para que siempre se garantice” la IVE.
En ese sentido, Caruana destacó “lo que significan los colectivos sociales y la relación con el Estado para transformarlo. La ley es un ejemplo más de esa agenda de cambios” que propone la sociedad civil.
Justamente, desde la sociedad civil así lo consideran las feministas que vienen acompañando a mujeres y personas gestantes que desean abortar. “Tal vez nosotras lo que suponemos es que todo el país se va a parecer un poco más a la situación rosarina, sería deseable que suceda en todo el país. Pasa que en la ciudad, la ILE funciona relativamente bien hace bastante tiempo y aún así para algunas personas es difícil acceder. Ni pensar en Corrientes o Mendoza, que son lugares súper hostiles para las personas que quieren abortar y para los médicos que puedan garantizar esas prácticas. Esperamos que al menos se iguale la situación en el resto del país”, plantea Laura Clementi, integrante de Las Fugas, la colectiva de Rosario que forma parte de la red de Socorristas.
Su compañera socorrista Stefanía Flores agrega: “Que se haya aprobado y promulgado la IVE es el nuevo escalón con el cual vamos a conformar esta lucha. Que haya una ley no implica que eso se garantice per se. Va a ser un punto de inicio y ahora tal vez el trabajo sea estar vigilando que esto se cumpla, que el acceso sea real para las personas”.
Desde esa organización consideran que “con ley o sin ley, puertas adentro del consultorio es innegable que le médique o le profesional de la salud tiene un poder y una autoridad en ese espacio. Por más que haya una ley, se haya aprobado, se haya promulgado, no significa que la relación paciente médique funcione sin problemas. Nuestro activismo como socorristas no pasa por que haya una ley, sino con todo el acompañamiento que hacemos, no sólo con brindar la información. También consideramos que en el país estructuralmente hay un imaginario respecto al aborto que es estigmatizante”.
Desde el activismo, las Socorristas plantean: “No nos parece que sea exclusivo de los médicos. Creemos que es una práctica cultural ancestral, ahora tenemos la tecnología y el avance científico para saber que hay una forma recomendada para hacerlo y todo. No tiene que estar en el sistema médico”. Por lo mismo, postulan el “aborto feminista”, para que cada persona se lo pueda gestionar “y que no esté sola”. Para ellas, “la información completa y el acompañamiento hacen que el aborto sea seguro”. En esa línea, Stefanía y Laura cuestionan que “sólo se difunda la cuestión traumática del aborto, cuando lo traumático es el estigma alrededor del aborto y el prejuicio”.
Para las Socorristas, “queda mucho por divulgar sobre abortos y los métodos para hacerlos, porque algunos profesionales todavía no se actualizaron. Hemos acompañado a personas con el tratamiento mal indicado. La ley es un inicio”.
En la intersección entre activismos y pertenencia –como trabajarxs- al sistema de salud, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir plantea una agenda concreta, también a la espera de una pronta reglamentación. “Hacemos hincapié en que se pueda garantizar el acceso a todas las mujeres y personas gestantes, que se pueda definir cómo reglamentar la objeción de conciencia”, indicó Paula Botta, integrante de la red. Sobre el Registro, plantea que “en Santa Fe no tuvo mucho éxito el Registro Público de Objetores de Conciencia” y lanzó “una propuesta de algunos espacios para que haya algo contrario que sería publicitar quiénes son los profesionales que sí acompañan interrupciones. Ese es un punto clave”.
La otra urgencia es “el acceso a la terapéutica, es decir al misoprostol”. Esta droga considerada esencial por la Organización Mundial de la Salud hoy se vende en farmacias con dos marcas comerciales (una tiene uso específico y la otra es utilizada para úlceras gástricas y también contiene diclofenac), con precios que oscilan entre los 6.200 y más de 10.000 pesos. Además, el laboratorio farmacéutico de la provincia de Santa Fe, LIF, también produce, aunque aún no está autorizado a vender a otras provincias. Existe otra droga, no disponible en la Argentina, que se llama mifepristona y que combinada con misoprostol tiene una eficacia de entre 98 y 99 por ciento para hacer abortos. “El ANMAT tiene que aprobar la mifepristona, ya no hay más excusas”, plantea Botta y también pide que se garantice “la aplicación de la técnica de aspiración manual endouterina en todo el territorio de la Argentina”. Sobre la disparidad geográfica, recordó que en algunas provincias del país –como Mendoza y San Juan– no está autorizada siquiera la venta de misoprostol en farmacias. “Sigue siendo muy heterogéneo en el país”, afirma.
Botta plantea otros dos puntos. Uno es la difusión del derecho, a través de folletería, en todos los centros de salud y hospitales. Considera imperioso que “las mujeres y las personas gestantes consulten tempranamente en los servicios de salud. Por lo tanto, el tema de la folletería es algo importante”.
Desde su práctica como integrante de la Red, Botta plantea que “cuando se da la consulta de un Evatest positivo se tiene que dar la posibilidad del derecho de continuar el embarazo con los controles como también el derecho a interrumpirlo hasta las 14 semanas a voluntad de la mujer”.
Desde la perspectiva de la profesional, “el cambio más importante en la práctica cotidiana es que los profesionales de la salud ya no tenemos que interrogar sobre la causa de la solicitud. Desde la gestión de los servicios de salud, venimos dando una discusión sobre cómo van a ser estas consultas, hay experiencias en otros países. La idea es que tampoco sea un trámite, que la persona llegue, se le de la medicación y se vaya, la idea es que pueda haber una atención que no se remita a lo médico o terapéutico, que sea integral, pero nunca tiene que ser un obstáculo la repregunta sobre por qué solicita la interrupción”.
72 horas
Siprus va a la huelga
"Pretenden cerrar un acuerdo con un gremio que siempre firma propuestas a la baja, sabiendo que la inmensa mayoría de los profesionales de la salud, con la representación de Siprus, nos negamos a garantizar que los trabajadores pierdan sus derechos", dijo en un comunicado.
Para Siprus, el 70% tendrá aumentos por debajo de la inflación, "perjudicando más a terapistas e intensivistas, a las guardias y a Atención Primaria de Salud y a los que tienen más antigüedad, siendo que estos grupos pierden hasta 10% frente a la inflación". También asegura que deja de lado a monotributistas, las deudas salariales y de adicionales, el cambio de escalafón y los pases a planta.
Operativos conjuntos en barrios, centros comerciales y la costa
La Policía a la calle
Imagen: Prensa de Gobernación
El Ministerio de Seguridad provincial llevó adelante diversos controles durante el fin de semana que abarcaron desde los barrios de la periferia hasta los puntos de mayor atracción turística. De los operativos participaron distintas divisiones de la Policía en conjunto con fuerzas federales y la Municipalidad.
De acuerdo a lo que explicó la coordinadora de la Secretaría de Seguridad Pública, Priscila Villalobos, en lo que respecta a los delitos predatorios "se trabaja en las zonas de mayor concentración de personas, comercios y locales gastronómicos” mientras que en la zona costera de la ciudad participa la PAT y la Dirección de "Pumas". Además, mencionó que se trabaja en conjunto en la zona de parques "con la innovación de la Policía Montada y perros”.
“Estos operativos se replican en las ciudades de mayor concentración poblacional, sumado a los municipios más turísticos, donde coordinamos con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Turismo”, destacó la funcionaria de la cartera de Seguridad.
Por su parte, Adrián Forni, jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, detalló que desde la fuerza planifican objetivos específicos y cada uno de los equipos tiene asignada áreas de la ciudad de alta peligrosidad. "Estos grupos están entrenados para operar en pasillos, en lugares que tienen características violentas. La idea es ir bajado cada mas la incidencia grave que tienen los barrios periféricos”, resaltó.
Las autoridades partidarias asumen el 6 de febrero
Proclamación y unidad en el PJ
Imagen: Prensa Partido Justicialista
El peronismo santafesino tendrá nuevas autoridades a partir del próximo sábado 6 de febrero, día en el que se reunirá el Consejo Ejecutivo del Peronismo Provincial para proclamar a quienes liderarán el partido hasta 2024. La ceremonia estará marcada por la unidad partidaria, la paridad en los cargos y el apoyo a las gestiones provincial y nacional.
El Consejo Ejecutivo provincial peronista se reunió el viernes pasado para organizar la asunción de autoridades para el próximo período y delinear lo que será el armado político partidario "respetando la diversidad de espacios y referencias en el territorio santafesino", destacaron en un comunicado. En ese último encuentro preparatorio se acordó la fecha y hora para la proclamación: sábado 6 de febrero a las 10 de la mañana.
La construcción de unidad partidaria y en paridad, el apoyo a las gestiones de Omar Perotti y Alejandra Rodenas en Santa Fe y Alberto Fernández y Cristina Fernández en la Nación, la articulación permanente con funcionarios/as y legisladores/as del Frente de Todos en provincia y nación, la escuela de formación política, el diálogo fluido con afiliados/as y diversos espacios de militancia, y el trabajo conjunto con el Partido Justicialista Nacional, son otros de los puntos que el Consejo Ejecutivo llevará a la reunión de proclamación de autoridades.
"La compleja etapa política que transitamos en Santa Fe con los embates de una oposición provincial sesgada por el odio y reagrupándose desde el antiperonismo, con las terribles consecuencias del gobierno antipopular y ajustador del macrismo y sus aliados, a las que se suman las secuelas de la pandemia que estamos atravesando, nos interpela y exige a toda a la conducción justicialista el esfuerzo por la unidad y la consolidación de la herramienta política para el proyecto nacional, popular, democrático, feminista y latinoamericanista", explicaron desde el PJ santafesino.
En ese sentido, destacaron la importancia que tiene la unidad entre los distintos espacios que conforman el justicialismo: "Será la fortaleza para que los gobiernos en municipios, comunas, provincia y nación avancen en ampliación de derechos como históricamente ha sido el compromiso de este movimiento emancipador, bajo sus históricas banderas: Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política".
Fuente:Rosario12
Vicentin: el escenario completo a casi un año de iniciado el concurso de acreedores
Cuando faltan pocos días para que se cumpla un año desde la presentación del Concurso Preventivo de Acreedores de la empresa Vicentín, el Juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, hizo públicas una serie de resoluciones donde admitió a la gran mayorías de los acreedores que se presentaron reclamando deudas de la empresa, dejó afuera a unos pocos.
En las resoluciones también se establecieron “las prioridades de cobro” en caso de quiebra y se definió quien cobrará en pesos y quien lo hará en dólares, punto que se espera genere el reclamo de los productores que recibirán pesos pero reclamaban cobrar en moneda estadounidense
En el concurso se admitieron 1727 presentaciones de acreedores, sobre de 2638, de los cuales el 75% entran en la categoría de acreedores granarios (acopios, productores, corredores, cooperativas, etc). También se confirmaron las acreencias de entidades financieras y bancarias, proveedores de servicios, accionistas y organismos públicos.
“Han concurrido tempestivamente a verificar sus créditos un total de 1321 acreedores granarios, de los cuales 1065 formularon su pedido en pesos, mientras que otros 390 lo han hecho en dólares estadounidenses. El total de los peticionantes en ambas monedas totaliza 1455 acreedores concurrentes, dado que 134 de los mencionados formularon pedidos en ambas monedas”, explica uno de los escritos de Lorenzini.
Ganaron los bancos
Con las resoluciones el juez dolarizó la mayor parte de los créditos que reclaman los bancos internacionales, los locales que se fondearon en el exterior como el Banco Nación, que confirmo una acreencia de 296,8 millones de dólares.
“Una vez más ganaron los bancos internacionales. No queda claro cómo y cuándo cobrará el Banco Nación. Mientras tanto es imprescindible saber que Vicentin fugó 795 millones de dólares entre agosto de 2019 y enero de 2020 que eran propiedad del pueblo argentino. Y que esa maniobra delictiva no debe quedar impune.”, declaró el diputado provincial y miembro de la comisión de seguimiento del caso en la Legislatura Santafesina Carlos Del Frade al conocerse las resoluciones.
También recibirán dólares Cargill por 2.426.250 , Compañía De Insumos y Granos, por 1.343.300, y Matesur Sociedad Anónima, 285 mil dólares.
Por otro lado con la pesificación de la deuda de los productores y la dolarización de los bancos extranjeros, estos últimos pasan a tener mucho más peso en el destino final de la empresa, lo que hace temer la posibilidad del desmembramiento de la misma tras una posible quiebra.
A los amigos (y socios) todo
Entre los más perjudicados se encuentra el mayor acreedor granario de Vicentin, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que confirmó una deuda de 5.425 millones de pesos argentinos, y con esta definición pierde peso en una posible salida nacional del concurso como se barajó en algún momento.
Las deudas se consolidan así al tipo de cambio de febrero pasado, $65, mientras que en la actualidad cotiza a $85,55, y para el momento que finalice el concurso y puedan cobrarlo probablemente la devaluación sea aun mayor.
Mejor suerte que ACA corrieron algunas empresas estrechamente vinculadas a la centenaria firma de Avellaneda, como es el caso de Vicentin Paraguay a la que Lorenzini le admitió una deuda de 37,8 millones de dólares o a Renova (empresa en la que Vicentin es socia con Glencore) a la que le reconoció 24,1 millones.
La sede paraguaya de Vicentín está apuntada por la justicia como una de las herramientas claves para “fugar” parte de la plata que hoy no saben si cobrarán los productores locales.
En la misma semana que se conocen las resoluciones de Lorenzini el fiscal Francisco Cabrera de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de Paraguay, citó al abogado Mariano Moyano que representa a varios de los acreedores más grandes, a ratificar su denuncia por presuntos delitos de conducta indebida en situación de crisis y lavado de activos por parte de Vicentin Paraguay.
Los privilegiados y los que quedaron afuera
Apenas 10 acreedores entraron en la categoría de "privilegio especial o general", lo que les otorga prioridad a la hora del cobro en caso de quiebra. Uno de ellos es el Banco Nación, y se suman las Municipalidades de Avellaneda, Rosario y San Lorenzo, además de organismos nacionales o provinciales como el API (Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe), la Dirección General de Rentas de Formosa, la Administración Tributaria de la Provincia de Entre Ríos (ATER) y la Dirección General de Rentas de Tucumán.
Bajo la figura de inadmisibles, figuran los créditos insinuados, en la categoría de fiscales e impositivos, por Obra Social de Serenos de Buques (OSSDEB); Obra Social de Capataces estibadores portuarios (OSCEP); Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de algodón y afines Rep. Arg.; Rentas de Córdoba; Sindicato de Obreros y empleados aceiteros del departamento de San Lorenzo; Dirección General de Rentas de Misiones, AFIP; Municipalidad de Reconquista; Oleaginosa San Lorenzo SA y Algodonera Avellaneda.
En el caso de los gremios aceiteros (SOEA y la Federación Nacional) ambos explicaron en comunicación con Rosario Plus que tiene que ver con acreencias vinculadas a sueldos atrasados o desactualizados, y aportes, que en su mayoría fueron abonados.
Los acreedores granarios que quedaron afuera fueron Julio Cesar Anthieni, Mariela Patricia Kern, la empresa Provinvest S.A. y Sucesion de Cernotto Agustin
La lista de los reclamos inadmisibles en el rubro bienes y servicios es la más extensa. La encabeza KPMG (la consultora internacional que se desempeñó como auditor externo de Vicentin y dejó la tarea por no querer firmar el cuestionado y demorado balance 2019 de la empresa.
En el pelotón están Motores y Servicios (de San Francisco, Córdoba), Mediterranean Shipping Company S.A. (la segunda empresa naviera del mundo en términos de capacidad de carga de los buques portacontenedores y que opera en Terminal Puerto Rosario dirigida por Vicentin), Olam International Limited (multinacional cuya principal actividad en el país está vincualda al proceso con maní para Adecoagro), Selmat Group (empresa sanlorencina dedicada a los servicios logísticos marítimos y terrestres) y Ukon Limited (desarrollador inmobiliario de origen británico).
También figuran Raul Angel Corgniali (contador de la empresa La Estrella del Litoral, con sede en Avellaneda y dedicada a la construcción de embarcaciones de placer, mercantes, propulsadas o no y/o artefactos navales. Transporte fluvial de personas, animales, maquinarias y tractores y el desarrollo del turismo aventura), Praxair Argentina SA (producctora de gases industriales), Plant Design SA (inscripta como empresa de servicios de arquitectura e ingeniería), Laura Antonia Consani (dedicada a la instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas con asiento en Capitán Bermudez), Servicios Sanitarios SRL (empresa rosarina dedicada al alquiler de baños portatiles y casillas de vigilancia) y hasta una academia de inglés de Reconquista de nombre EFE reclamaba una deuda.
En el caso de los acreedores financieros solo Aval Ganadero SRF y el Banco Industrial SA no fueron admitidos. Ambos reclamaban deudas del fideicomiso financiero Vincentin Exportaciones
Finalmente quedaron afuera del reparto dos accionistas que reclamaban dividendos. El contador Roberto Alejandro Gazze, ex director financiero de la empresa investigado por el fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Rosario por los préstamos del Nación y la empresa financiera Diferol S.A, controlada por Vicentín.
Según el juez “el pedido de verificación de Roberto Gazze, no se ha acompañado de la documental necesaria para respaldar su pedido, por lo que siguiendo la opinión de la sindicatura, será declarado inadmisible”.
En el caso de Diferol S.A. “la acreedora concurrente solicita la verificación de un crédito a su favor, conforme saldos resultantes de una cuenta corriente comercial que vincula a ésta con la concursada. Acompaña notas de débitos donde se computan intereses referidos a la cuenta corriente mencionada. Sin perjuicio de ello, no surge de la documental obrante en su legajo individual s-2 la causa de los fondos de esa cuenta”
A reclamar a febrero
La Justicia determinó que durante el próximo mes se podrán presentar los reclamos correspondientes por la categorización de los acreedores hasta el 26 de febrero. Allí seguramente acudirán varios de los productores que el 4 de noviembre pasado protestaron frente a las oficinas del estudio de la sindicatura del concurso de acreedores, pidiendo que no les pesifiquen las deudas, cosa que ocurrió esta semana.
A su vez, Lorenzini designó al Guillermo Nudenberg, abogado de Rosario, como subinterventor de la empresa ocupando el lugar que dejó vacante María Victoria Stratta por el rechazo de la provincia a ocuparlo.
Fuente:RosarioPlus
Desde este martes
Profesionales de la salud de Santa Fe anunciaron un paro de 72 horas por reclamos salariales
Los médicos nucleados en Siprus cuestionaron al gobierno provincial ante la falta de convocatoria para discutir la
paritaria, luego de haber rechazado la última oferta salarial. Además, cuestionaron al sindicato Amra por "firmar
siempre propuestas a la baja"
17 de enero de 2021
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